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El Real Decreto 895/2017, de 6 de octubre (BOE del 20), por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, por lo que se hace preciso adecuar la titularidad de las Unidades con nivel orgánico de Subdirección General, con efectos del día 21 de octubre de 2017.

En su virtud y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 63.1.l, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, esta Subsecretaría ha dispuesto los siguientes nombramientos:

Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal.

Don José Manuel Jaquotot Sáenz de Miera, funcionario del Cuerpo de Ingenieros de Montes del Estado, con número de Registro de Personal 1307172157 A0101 que venía desempeñando el cargo de Subdirector/Subdirectora General de Silvicultura y Montes, con carácter definitivo, como Subdirector/Subdirectora General de Política Forestal, mediante la misma forma de provisión.

Secretaría General de Pesca.

Doña Mónica Corrales Rodrigañez, funcionaria del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, con número de Registro de Personal 0040344135A1111, que venía desempeñando el cargo de Subdirector/Subdirectora General de Asuntos Jurídicos, con carácter definitivo, como Subdirector/Subdirectora General de Asuntos Jurídicos y Gobernanza Pesquera Internacional, mediante la misma forma de provisión.

Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura.

Doña M. Aurora de Blas Carbonero, funcionaria del Cuerpo Nacional Veterinario, con número de Registro de Personal, 0252368424 A0102 que venía desempeñando el cargo de Subdirector/Subdirectora General de Economía Pesquera, con carácter definitivo, como Subdirector/Subdirectora General de Acuicultura y Comercialización Pesquera, mediante la misma forma de provisión.

Contra la presente Resolución se podrá interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado en el plazo de un mes desde su publicación o bien recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde su publicación, ante el órgano judicial competente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, significándose, que en caso de interponer recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo.

Madrid, 31 de octubre de 2017.–El Subsecretario de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Jaime Haddad Sánchez de Cueto.