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El Consejo de Ministros, en su reunión del día 3 de junio de 2016, ha adoptado el Acuerdo por el que se formalizan los criterios de distribución y la distribución resultante del crédito de 6.000.000 de euros del Programa de Reforma de la Administración de Justicia.

Para general conocimiento se procede a la publicación del referido acuerdo que figura como anexo a esta orden.

Madrid, 3 de junio de 2016. - El Ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo.

ANEXO

Acuerdo por el que se formalizan los criterios de distribución y la distribución resultante del crédito de 6.000.000 de euros del Programa de Reforma de la Administración de Justicia

De conformidad con el artículo 86.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, quedan formalizados los criterios de distribución, así como la distribución resultante, entre las Comunidades Autónomas con traspaso de medios materiales para el funcionamiento de la Administración de Justicia, del crédito destinado al Programa de Reforma de la Administración de Justicia, tal y como se acordó en el Pleno de la Conferencia Sectorial de Administración de Justicia celebrada el día 25 de febrero de 2016.

El crédito objeto de reparto es el siguiente:

Denominación	Importe – (Euros)	Aplicación presupuestaria
Comunidades Autónomas: Programa de Reforma de la Administración de Justicia	6.000.000	13 02 112A 450
Total	6.000.000

Los criterios de reparto y las distribuciones resultantes son las que se acordaron en la Conferencia Sectorial en los términos que figuran en el anexo al presente Acuerdo.

Este acuerdo de Consejo de Ministros tiene por objeto exclusivamente la distribución entre las Comunidades Autónomas con traspaso de medios materiales de las habilitaciones de gasto en que consiste el crédito presupuestario, así como su formalización, sin que en ningún caso pueda entenderse que el mismo implique la ejecución del citado crédito presupuestario, el nacimiento de ningún tipo de obligación económica con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, a favor de las comunidades autónomas, ni, en consecuencia, la existencia de ningún derecho de cobro de las comunidades autónomas frente a la Administración General del Estado o sus entidades públicas vinculadas o dependientes.

ANEXO

Distribución del crédito del Programa para Reforma de la Administración de Justicia, de los presupuestos del Ministerio de Justicia para 2016, entre las Comunidades Autónomas con traspaso de medios materiales

En la reunión del Pleno de la Conferencia Sectorial de Administración Justicia de 25 de febrero de 2016 se ha acordado la distribución del crédito para la implantación del Programa de Reforma de la Administración de Justicia entre las Comunidades Autónomas con traspaso de medios para la mejora del funcionamiento de la Administración de Justicia, con el fin de colaborar en el impulso de las nuevas tecnologías, en la dotación de medios materiales necesarios para el mantenimiento de la organización judicial, así como la implementación de mejoras que incidan en un servicio público de mejor calidad. Todo ello por los siguientes importes:

Comunidad Autónoma	Propuesta población/litigiosidad/planta
	Euros	Porcentaje
Andalucía	1.381.629	23,0
Aragón	192.144	3,2
Asturias	173.357	2,9
Canarias	351.476	5,9
Cantabria	97.002	1,6
Cataluña	1.112.909	18,5
Comunidad Valenciana	779.320	13,0
Galicia	427.611	7,1
La Rioja	45.306	0,8
Comunidad de Madrid	1.048.138	17,5
Comunidad Foral de Navarra	93.192	1,6
País Vasco	297.916	4,9
Total	6.000.000	100

De conformidad con la regla sexta del apartado 2 del artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y de acuerdo con la cláusula Cuarta de los Convenios de colaboración entre el Ministerio de Justicia y las Consejerías de las Comunidades Autónomas con traspasos de medios, por los que se formalizan los compromisos financieros del Acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 22 de mayo de 2015, en el que se aprueba la distribución del crédito del Programa de Reforma de la Administración de Justicia de 2015, con fecha 9 de marzo de 2016 se les solicito a dichas comunidades el informe relativo a su ejecución, y en concreto, a la ejecución financiera del crédito trasferido, que contempla los extremos previstos en la regla séptima del artículo 86.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.

A la vista de estos informes, se deduce que de las 12 Comunidades Autónomas con traspasos de medios, 7 de ellas –Cantabria, Cataluña, Galicia, La Rioja, Comunidad de Madrid, Comunidad Foral de Navarra y País Vasco–, certifican la ausencia de remanente del ejercicio anterior y 5 de ellas –Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Canarias y Comunidad Valenciana–, certifican la existencia de remanente del ejercicio anterior.

Por ello, y de acuerdo con la regla sexta del apartado 2 del artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, a las 5 Comunidades Autónomas que han certificado la existencia de remanente del ejercicio 2015, se ha procedido a descontárselo de la cantidad, acordada en el Pleno de la Conferencia Sectorial en su reunión del 25 de febrero de 2016.

En el cuadro se hace referencia de ello:

Comunidad Autónoma	Distribución crédito ejercicio 2015 – (Euros)	Sin remanente 2015	Con remanente 2015 – (Euros)	Distribución crédito ejercicio 2016 – (Euros)	Cantidad a transferir a las CCAA 2016 – (Euros)
Andalucía	1.466.899		4.817,45	1.381.629	1.376.811,55
Aragón	153.607		3.753,44	192.144	188.390,56
Asturias	147.808		3.556,79	173.357	169.800,21
Canarias	347.594		117,92	351.476	351.358,08
Cantabria	83.949	Sin remanente.		97.002	97.002,00
Cataluña	1.186.744	Sin remanente.		1.112.909	1.112.909,00
Comunidad Valenciana	859.879		319,04	779.320	779.000,96
Galicia	346.836	Sin remanente.		427.611	427.611,00
La Rioja	39.867	Sin remanente.		45.306	45.306,00
Comunidad de Madrid	1.024.769	Sin remanente.		1.048.138	1.048.138,00
Comunidad Foral de Navarra	83.534	Sin remanente.		93.192	93.192,00
País Vasco	258.513	Sin remanente.		297.916	297.916,00
Total	6.000.000			6.000.000	5.987.435,36

Los criterios de reparto adoptados han sido los siguientes:

Para la distribución del crédito por Comunidades Autónomas se han tenido en cuenta los siguientes indicadores:

1. Población de derecho (datos referenciados a 1 de enero de 2015).

2. Litigiosidad (número de asuntos ingresados en juzgados y tribunales en el año 2015).

3. Planta judicial (número de unidades judiciales a 1 de enero de 2016).

Compromisos financieros: Las Comunidades Autónomas beneficiarias del crédito se comprometen a destinar el mismo a la reforma de la Administración de Justicia, y en concreto al impulso de las nuevas tecnologías, a la dotación de medios materiales necesarios para el mantenimiento de la organización judicial y a la implementación de mejoras que incidan en un servicio público de calidad, en los términos que se acuerden en los correspondientes convenios.

En conexión con el uso de las nuevas tecnologías operado en nuestra sociedad hay que ofrecer una Justicia acorde a estas necesidades, para ello es preciso desarrollar tres líneas clave para conseguir una Justicia ágil, accesible y de calidad:

Justicia digital: El objetivo es alcanzar el papel cero en los juzgados y tribunales, seguir avanzando en la implantación del expediente digital.

Justicia abierta: El objetivo es entablar una relación más sencilla y efectiva con el ciudadano y con los operadores jurídicos.

Justicia innovadora: El objetivo es seguir en la línea de actuación de implementar la oficina judicial y fiscal en todo el territorio nacional.

En definitiva, se apuesta por una Justicia como servicio público, la mejora de la organización judicial debe ir apoyada por un uso masivo de las tecnologías, reto en el que no solo está implicado el Ministerio de Justicia sino todas las Comunidades Autónomas con traspaso de medios materiales, que han de avanzar hasta conseguir:

Sistemas de Gestión Procesal compatibles entre sí que permitan la plena interoperabilidad.

Digitalización de los procesos de tramitación y gestión procesal así como la conexión digital de las oficinas judiciales con los diferentes actores que intervienen en los procedimientos.

La implementación de la Oficina Judicial y Fiscal es otro de los retos de la Administración de Justicia. Este modelo de organización y funcionamiento de los órganos judiciales facilita el mejor aprovechamiento tanto de los recursos humanos como materiales de la Administración de Justicia, elevando cualitativa y cuantitativamente la actividad de los distintos órganos judiciales en funcionamiento. En este objetivo, las Comunidades Autónomas con traspaso de medios tienen una implicación directa para facilitar la implantación del nuevo modelo organizativo en cada uno de sus territorios.

Por último, no hay que olvidar que la Justicia supone un factor de competitividad vinculado a la seguridad jurídica que ofrece un país, lo que facilita el tráfico económico y jurídico. Uno de los compromisos de un Estado de Derecho es ofrecer la seguridad jurídica necesaria con el fin de conseguir mayores oportunidades de atraer el capital y los recursos productivos que se requieren para crear riqueza y generar puestos de trabajo.

En consecuencia, si se consigue que la Administración de Justicia mejore sus tiempos de resolución de los asuntos ingresados, así como su funcionamiento general, con un marco normativo claro y una gestión eficiente de los recursos, se darán las condiciones para trasladar un mensaje de confianza para aquellos que tienen que buscar y analizar cuál es el escenario más apropiado para establecer su actividad de negocio en un entorno tan global y competitivo como el actual. En la búsqueda de este objetivo tanto el Ministerio de Justicia como las Comunidades Autónomas con traspaso de medios han de tener una implicación directa, dotando de los recursos humanos y los medios materiales necesarios para garantizar el funcionamiento de la Administración de Justicia.

Por todo ello, todas las Comunidades Autónomas representadas en el Pleno de la Conferencia Sectorial de Administración de Justicia se comprometen a destinar las cuantías que les correspondan por la distribución acordada de la partida extraordinaria del Programa de Reforma de la Administración de Justicia, al cumplimiento de uno o varios de los objetivos arriba señalados.