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Con fecha 29 de septiembre de 2015 se ha suscrito el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Justicia y la Comunidad Foral de Navarra por el que se formalizan los compromisos financieros del Acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 22 de mayo de 2015 en el que se aprueba la distribución del crédito del programa de reforma de la Administración de Justicia.
En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de marzo de 1990, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho Convenio, que figura como anexo a esta Resolución.
Madrid, 14 de octubre de 2015.–La Secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés Martín.
En Madrid, a 29 de septiembre de 2015.
REUNIDOS
El Ministro de Justicia, Sr. D. Rafael Catalá Polo, de acuerdo con el Real Decreto 829/2014, de 28 de septiembre, y en uso de las competencias que le corresponden en virtud de la Disposición Adicional Decimotercera de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
La Consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia del Gobierno de Navarra, Sra. Dña. María José Beaumont Aristu, nombrada por Decreto Foral de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 12/2015, de 22 de julio y, en ejercicio de las atribuciones que le están conferidas en virtud del artículo 90.1 de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.
EXPONEN
I. El Estado tiene competencia exclusiva en materia de Administración de Justicia conforme establece el artículo 149.1.5.ª de la Constitución Española.
II. El Real Decreto 813/1999, de 14 de mayo, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Foral de Navarra, en materia de provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia establece en su Anexo apartado 2.b), que la adquisición de inmuebles, mobiliario y enseres para el uso de los órganos judiciales con sede en la Comunidad Foral de Navarra, corresponde a la citada Comunidad. Además, el apartado 6 del mismo Anexo establece en su punto 1, que se traspasan a esta Comunidad los bienes, derechos y obligaciones afectos al ejercicio de las funciones que asume la Comunidad Foral de Navarra.
III. El artículo n.º 60 de la L.O. 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (LORAFNA 13/82) establece que, en relación con la Administración de Justicia, exceptuada la Jurisdicción Militar, corresponde a Navarra: 1. Ejercer todas las facultades que las Leyes Orgánicas del Poder Judicial y del Consejo General del Poder Judicial reconozcan o atribuyan al Gobierno del Estado. 2. Participar en la delimitación de las demarcaciones territoriales de los órganos jurisdiccionales que ejerzan sus funciones en Navarra y en la localización de su capitalidad. Asimismo el artículo 5, del Decreto Foral de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 8/2015, de 22 de julio, por el que se establece la estructura departamental de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, establece que corresponde al Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, ejercer las competencias atribuidas a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra en materia de Administración de Justicia.
IV. La sociedad española del siglo XXI demanda una Justicia que, como pilar del Estado de Derecho garantice los derechos de los ciudadanos inmersos en los procesos judiciales. En respuesta a esta demanda el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con traspaso de medios, siempre dentro del planteamiento de la Justicia como servicio público, han de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, el impulso de la Oficina Judicial y Fiscal -que facilita el mejor aprovechamiento tanto de los recursos humanos como materiales de la Administración de Justicia, elevando cualitativa y cuantitativamente la actividad de los distintos órganos judiciales en funcionamiento-, y el uso masivo de las tecnologías.
Con este fin y para que las Comunidades Autónomas competentes puedan impulsar la mejora de la Justicia en su ámbito territorial, especialmente en aquellos aspectos que tengan mayor incidencia en el servicio que se presta a la ciudadanía, la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015, fijó una partida en los Presupuestos del Ministerio de Justicia de seis millones de euros (6.000.000,00 €) en el Capítulo IV – Transferencias Corrientes – aplicación presupuestaria 13 02 112A 450, Comunidades Autónomas Programa de Reforma de la Administración de Justicia.
V. De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para proceder al traspaso a la Comunidad Foral de Navarra del crédito presupuestario correspondiente –una vez acordados los criterios objetivos y la distribución resultante por el Pleno de la Conferencia Sectorial y tras la aprobación de la distribución definitiva entre Comunidades Autónomas por Acuerdo de Consejo de Ministros, previo informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (en adelante MINHAP)– será necesario proceder a la suscripción de un convenio de colaboración a través del cual se formalicen los compromisos financieros vinculados a dicho crédito.
VI. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recoge, en su Título I, los principios de colaboración entre las Administraciones Públicas, entre los cuales consta el de prestar la cooperación y asistencia activas que las Administraciones pudieran recabar mutuamente para el ejercicio eficaz de sus competencias, así como la posibilidad de celebrar convenios de colaboración con los órganos correspondientes de las Administraciones de las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias.
VII. El Pleno de la Conferencia Sectorial de Administración de Justicia acordó el 8 de abril de 2015 la distribución y criterios de reparto del crédito, siendo la distribución definitiva aprobada, tras informe favorable del MINHAP, por acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 22 de mayo de 2015, publicado en el BOE de 23 de mayo de 2015.
VIII. Con el fin de dar cumplimiento al procedimiento para la distribución territorial de los créditos regulado en el apartado 2 del artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, y proceder a la transferencia del crédito correspondiente a la Comunidad Foral de Navarra, las partes manifiestan su interés en suscribir el presente convenio de colaboración a través del cual se formalizan los compromisos financieros, de acuerdo con las siguientes
CLÁUSULAS
El presente convenio tiene por objeto formalizar los compromisos financieros entre el Ministerio de Justicia y la Comunidad Foral de Navarra, vinculados al crédito de seis millones de euros (6.000.000,00 €) del Programa de Reforma de la Administración de Justicia.
El Ministerio de Justicia se compromete a:
Ordenar el pago de la cuantía de ochenta y tres mil quinientos treinta y cuatro euros (83.534,00 €) del Capítulo IV –Transferencias Corrientes– aplicación presupuestaria 13 02 112A 450: Comunidades Autónomas Programa de Reforma de la Administración de Justicia de los Presupuestos de Justicia para 2015 a la Comunidad Foral de Navarra según lo acordado en el Pleno de la Conferencia Sectorial de Administración de Justicia de 8 de abril de 2015, aprobado en el Acuerdo del Consejo de Ministros, de fecha 22 de mayo de 2015. El libramiento de la citada cuantía se efectuará atendiendo a lo establecido en la regla quinta del artículo 86.2 de la Ley General Presupuestaria.
La Comunidad Foral de Navarra se compromete a:
Destinar, durante el ejercicio 2015, la cuantía recibida en concepto de crédito para la Reforma de la Administración de Justicia a todos o a algunos de los siguientes compromisos financieros, asumidos en el Pleno de la Conferencia Sectorial de Administración de Justicia de 8 de abril de 2015, en concreto:
– Mejora de la asistencia jurídica gratuita que conlleve un incremento de las garantías de los derechos de los ciudadanos inmersos en los procesos judiciales.
– Impulso de las nuevas tecnologías para conseguir una justicia ágil, accesible y de calidad:
• Justicia digital: el objetivo es alcanzar el papel cero en los juzgados y tribunales, avanzándose en la implantación del expediente digital.
• Justicia abierta: el objetivo es entablar una relación más sencilla y efectiva con el ciudadano y con los operadores jurídicos.
• Justicia innovadora: el objetivo es seguir en la línea de actuación de implantar la oficina judicial y fiscal en todo el territorio nacional.
• Sistemas de Gestión Procesal compatibles entre sí que permitan la plena interoperabilidad.
• Digitalización de los procesos de tramitación y gestión procesal así como la conexión digital de las oficinas judiciales con los diferentes actores que intervienen en los procedimientos.
– Dotación de medios materiales necesarios para el mantenimiento de la organización judicial e implementación de la Oficina Judicial y Fiscal.
–Incentivación de mejoras que incidan en un servicio público de calidad.
• Informar al Ministerio de Justicia, antes del 31 de marzo de 2016, del cumplimiento de los compromisos financieros asumidos con el presente convenio, en los términos establecidos en la regla séptima del artículo 86.2 de la Ley General Presupuestaria.
La transferencia de crédito derivada de este convenio, por importe de ochenta y tres mil quinientos treinta y cuatro euros (83.534,00 €), se realizará por el Ministerio de Justicia con cargo al Capítulo IV –Transferencias Corrientes– aplicación presupuestaria 13 02 112A 450, Comunidades Autónomas Programa de Reforma de la Administración de Justicia de los Presupuestos del Ministerio de Justicia para 2015, en los términos establecidos en la regla quinta del artículo 86.2 de la Ley General Presupuestaria.
Conforme a lo establecido en la cláusula segunda del presente convenio antes del 31 de marzo de 2016, la Comunidad Foral de Navarra deberá presentar un informe relativo a la ejecución del mismo y, en concreto, a la ejecución financiera del crédito extraordinario transferido, que contemple los extremos previstos en la regla séptima del artículo 86.2 de la Ley General Presupuestaria.
El presente convenio surtirá efectos al día siguiente de su firma hasta el cumplimiento total de las obligaciones de las partes y en todo caso hasta el 31 de marzo de 2016.
El presente convenio de colaboración tiene naturaleza administrativa, quedando excluido del ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público al amparo de lo dispuesto en su artículo 4.1 C). No obstante, los principios de dicho texto sí serán de aplicación para resolver las dudas y lagunas que puedan plantearse, como establece el artículo 4.2 del mismo texto legal.
Al tener naturaleza administrativa, el orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para resolver las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre las partes, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Y, de conformidad con cuanto antecede, en el ejercicio de las facultades que legalmente corresponden a cada uno de los firmantes, obligando con ello a las Instituciones que representan, suscriben el presente convenio por duplicado ejemplar en el lugar y fecha señalados al principio.–El Ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo.–La Consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia del Gobierno de Navarra, María José Beaumont Aristu.
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