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La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha dictado sentencia, con fecha 1 de diciembre de 1995, en el recurso contencioso-administrativo número 3/10/1993, en el que son partes, de una, como demandante, don Alfonso Aldea Marinero, y de otra, como demandada, la Administración General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado.

El citado recurso se promovió contra Resolución presunta del Ministerio para las Administraciones Públicas, que desestimaba el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de la Función Pública de fecha 18 de noviembre de 1991, sobre concurso para la provisión de plazas vacantes de funcionarios de Administración Local.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallo: Rechazamos la causa de inadmisibilidad propuesta por el Abogado del Estado y desestimamos íntegramente el presente recurso contencioso-administrativo número 03/10/1993, interpuesto por el funcionario municipal don Alfonso Aldea Marinero contra la resolución del Ministerio para las Administraciones Públicas de 18 de noviembre de 1991, que al resolver el concurso de traslados para la provisión de puestos de trabajo vacantes reservados a los funcionarios de la Administración Local, no le adjudicó el de Interventor del Ayuntamiento de Logroño que había solicitado, al no haber sido propuesto para ello por dicha Corporación Municipal, al ser conforme con el ordenamiento jurídico, por lo que lo ratificamos, absolviendo a la Administración demandada de las pretensiones contra ella deducidas; sin condena en las costas causadas en el proceso.»

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución, 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.

Madrid, 5 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992, «Boletín Oficial del Estado» del 22), el Subsecretario, Jaime RodríguezArana Muñoz.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Función Pública.