(1)

Como se subraya en el Libro Blanco Conjunto de la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y la Comisión, de 19 de marzo de 2025, sobre la preparación en materia de defensa europea 2030, la Unión se enfrenta a una amenaza grave y creciente relacionada con el retorno de conflictos a gran escala en Europa en el contexto de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y otras actividades híbridas dirigidas contra la Unión y sus Estados miembros. Por tanto, es imperativo que la Unión adopte medidas decisivas para reforzar su preparación en materia de defensa y la resiliencia de la sociedad en su conjunto. Hay una necesidad urgente de potenciar el grado de preparación en materia de defensa europea y de subsanar las carencias críticas en materia de capacidades, para garantizar que, a más tardar en 2030, Europa cuente con una posición fuerte y suficiente en materia de defensa, como ha subrayado el Consejo Europeo.

(2)

La creación o ampliación de instalaciones e infraestructuras y la realización de actividades relacionadas con la preparación en materia de defensa a menudo requieren solicitar varias autorizaciones y aprobaciones pertinentes. Los procesos de concesión de autorizaciones existentes para las evaluaciones en diversos ámbitos suelen ser largos y gravosos, lo que afecta de manera desproporcionada a las pequeñas empresas de mediana capitalización y a las pymes. Actualmente, esos procedimientos carecen de disposiciones a escala de la Unión sobre los procedimientos acelerados específicos de las actividades de preparación en materia de defensa, lo que impide la potenciación de la producción de defensa y las infraestructuras conexas de manera oportuna, así como de actividades e inversiones esenciales de preparación en materia de defensa para satisfacer las demandas emergentes en materia de seguridad.

(3)

Deben racionalizarse los procesos de concesión de autorizaciones de los Estados miembros para los proyectos de preparación en materia de defensa, garantizando al mismo tiempo que dichos proyectos sean seguros y cumplan los requisitos medioambientales, sociales y laborales, así como los requisitos de seguridad durante todas las fases del proceso. El Derecho medioambiental de la Unión establece condiciones comunes para el contenido y el proceso de concesión de autorizaciones a nivel nacional, garantizando así un alto nivel de protección del medioambiente, permitiendo el desarrollo sostenible y responsable de las capacidades industriales de defensa y de la cadena de valor de las materias primas de Europa y evitando al mismo tiempo retrasos administrativos innecesarios que podrían obstaculizar la preparación en materia de defensa. El presente Reglamento se entiende sin perjuicio de las obligaciones derivadas de otros actos legislativos de la Unión pertinentes.

(4)

Los procesos de concesión de autorizaciones nacionales complejos y largos, con diferencias de un Estado miembro a otro, socavan la seguridad, la certidumbre y la planificación de las inversiones necesarias para los operadores económicos en toda la Unión y para el fortalecimiento efectivo de la preparación en materia de defensa de los Estados miembros y hacen que se corra el riesgo de disuadir a las pymes innovadoras y a las pequeñas empresas de mediana capitalización de entrar en el sector de la defensa o de expandirse dentro de él. La estructura y la duración de un proceso de concesión de autorizaciones para proyectos pertinentes también pueden diferir considerablemente de un Estado miembro a otro. Por consiguiente, a fin de garantizar y acelerar su ejecución efectiva, los Estados miembros deben aplicar procesos de concesión de autorizaciones racionalizados y predecibles.

(5)

Sobre la base de las previsiones de adopción gradual de los instrumentos propuestos en el marco del Plan ReArmar Europa / Preparación 2030, la inversión en defensa podría alcanzar un importe de al menos 800 000 000 000 EUR en los próximos cuatro años. Dicho nivel de inversión también brinda la oportunidad de desarrollar la base industrial y tecnológica de la defensa europea (BITDE) en el mercado interior, al permitir que agentes competitivos, innovadores y diversos en el ámbito de la tecnología de defensa participen en la BITDE de forma efectiva, garantizando al mismo tiempo una participación justa en el mercado de defensa, incluidas las pymes, y respetando plenamente las normas sociales, laborales, de seguridad y medioambientales de la Unión y nacionales. Por lo tanto, es esencial simplificar y armonizar la normativa de manera que mejore la eficiencia, la transparencia y la rendición de cuentas. Al racionalizar y armonizar los marcos reglamentarios, la Unión puede crear un entorno más propicio para que las industrias de defensa operen, innoven y generen las capacidades necesarias para garantizar la seguridad y la preparación europeas en materia de defensa.

(6)

La preparación en materia de defensa debe entenderse como la capacidad de los Estados miembros para anticipar, prevenir y responder a las crisis relacionadas con la defensa, tal como se contemplan en la Directiva 2009/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (3), mediante un enfoque proactivo y coordinado. Ese enfoque incluye garantizar la disponibilidad de la capacidad industrial de defensa exigida para adquirir y mantener los recursos, capacidades e infraestructuras necesarios con el fin de responder eficazmente a tales crisis.

(7)

A la luz de los obstáculos detectados, conviene establecer medidas extraordinarias para acelerar los procesos de concesión de autorizaciones para los proyectos de preparación en materia de defensa en toda la Unión. Dichas medidas deben aplicarse a los proyectos que los Estados miembros consideren proyectos de preparación en materia de defensa en el sentido del presente Reglamento.

(8)

Los proyectos de preparación en materia de defensa, incluidas las actividades industriales y gubernamentales conexas, pueden, en su caso, incluirse en el ámbito de aplicación de las disposiciones vigentes del Derecho de la Unión, también en el ámbito del Derecho medioambiental de la Unión, que permiten excepciones por motivos de interés público superior, seguridad pública o en respuesta a una crisis. Los Estados miembros pueden utilizar dichas excepciones cuando proceda para fines de actividades e inversiones de preparación en materia de defensa. En este contexto, las medidas compensatorias o de mitigación que podrían ser necesarias en el marco del proceso de concesión de autorizaciones son instrumentos dirigidos a garantizar que los intereses de los sectores pertinentes se salvaguarden de manera proporcionada, con vistas a la consecución oportuna del objetivo de preparación en materia de defensa de aquí a 2030.

(9)

Aunque algunos Estados miembros han adoptado o es probable que adopten medidas para acelerar sus procesos de concesión de autorizaciones para la industria de la defensa, esto podría hacerse de diversas formas, lo que podría obstaculizar el funcionamiento del mercado interior en el sector de la defensa. Dichas divergencias se han convertido en cuellos de botella para las cadenas de suministro europeas pertinentes para los productos de defensa. Con el fin de garantizar el funcionamiento del mercado interior, es necesario establecer normas y plazos armonizados para acelerar los procesos de concesión de autorizaciones.

(10)

Si bien las instituciones de la Unión pueden proporcionar orientaciones y un marco, la responsabilidad de autorizar y facilitar los procesos de concesión de autorizaciones acelerados recae principalmente en los Estados miembros. Los Estados miembros son los mejor situados para aplicar cambios que se ajusten a su situación administrativa y reglamentaria específica.

(11)

Existe una necesidad acuciante de reducir la complejidad y la duración de los procesos de concesión de autorizaciones para los proyectos de preparación en materia de defensa, garantizando al mismo tiempo que dichos procesos sean accesibles para las empresas de mediana capitalización, las pequeñas empresas de mediana capitalización y las pymes que contribuyan al desarrollo de tecnologías de defensa nuevas y emergentes.

(12)

En situaciones de crisis de la cadena de suministro, la incertidumbre puede obstaculizar las decisiones oportunas y la planificación de las inversiones. Se anima a los Estados miembros a que, a través de los marcos establecidos de la Unión para la cooperación en materia de defensa, compartan información pertinente sobre los riesgos y cuellos de botella en las cadenas de suministro con el fin de fomentar una asignación eficiente de los recursos y reforzar la preparación de la Unión en materia de defensa, respetando plenamente la seguridad nacional y los requisitos de confidencialidad.

(13)

A fin de abordar los retos detectados, es importante que los operadores económicos que desarrollan actividades en el ámbito de la defensa se beneficien de normas que hayan demostrado su eficacia a la hora de racionalizar los procesos de concesión de autorizaciones industriales, reducir los plazos de concesión de autorizaciones para las actividades de la industria de defensa, como la construcción de nuevas plantas e infraestructuras conexas, la ampliación de las instalaciones existentes, la creación de centros de ensayo, la formación, la certificación y la investigación y el desarrollo, también en los ámbitos de la creación de prototipos y la transferencia de tecnología, al mismo tiempo que se aprovechan y amplían las disposiciones vigentes aplicables.

(14)

Para garantizar que un proceso de concesión de autorizaciones racionalizado incluya toda la cadena de valor de la defensa, el concepto de industria de defensa no solo debe incluir a las empresas que fabrican productos relacionados con la defensa tal como se definen en la Directiva 2009/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (4), sino también a las empresas que presten servicios que estén directamente relacionados con esos productos. Además, para abordar los principales cuellos de botella en las inversiones en defensa, el proceso de concesión de autorizaciones en virtud del presente Reglamento debe incluir todas las autorizaciones pertinentes, incluidas las aprobaciones o licencias necesarias para construir, ampliar, convertir y explotar los proyectos de preparación en materia de defensa o readaptar instalaciones, equipos o actividades para la fabricación de productos o componentes de defensa, o para otras actividades que formen parte de un proyecto de preparación en materia de defensa. La introducción de la concesión de esas autorizaciones en un procedimiento único, coordinado y acotado en el tiempo, desde la confirmación de que la solicitud de autorización está completa hasta la notificación de la decisión global por parte del punto de contacto único, reduce la fragmentación, acorta los plazos de procedimiento y mejora la seguridad jurídica.

(15)

El cumplimiento del Derecho de la Unión, también en relación con la gestión de residuos y la protección del agua, el aire, los ecosistemas, los hábitats, los yacimientos arqueológicos y la biodiversidad, es una parte fundamental del procedimiento de concesión de autorizaciones, también en el sector de la defensa. Tales normas son una salvaguardia esencial para garantizar que se eviten o minimicen los efectos negativos. Sin embargo, con el fin de garantizar que los procesos de concesión de autorizaciones para los proyectos de preparación en materia de defensa sean predecibles y oportunos, debe aprovecharse cualquier potencial para simplificar las evaluaciones y autorizaciones necesarias sin reducir, por ejemplo, el nivel de protección del medioambiente. A este respecto, debe garantizarse que las evaluaciones se agrupen para evitar solapamientos innecesarios.

(16)

En función de su organización administrativa y de sus necesidades de defensa y seguridad nacional, cada Estado miembro debe determinar, al recibir una solicitud de autorización completa, si un proyecto situado en su territorio puede considerarse un proyecto de preparación en materia de defensa.

(17)

Los Estados miembros deben garantizar que los procedimientos de concesión de autorizaciones y de evaluación exigidos por el Derecho nacional se organicen de forma coordinada y complementaria con los exigidos por el Derecho de la Unión, evitando solapamientos, duplicaciones y retrasos administrativos innecesarios, y manteniendo al mismo tiempo un elevado nivel de protección del medio ambiente.

(18)

Para salvaguardar la confianza en la simplificación de los procesos administrativos, los procedimientos acelerados y el mercado interior, es importante que los puntos de contacto únicos y todas las autoridades nacionales competentes que participen en el proceso de concesión de autorizaciones sean imparciales y mantengan los principios de competencia leal, la transparencia de la toma de decisiones, la publicación de estadísticas no confidenciales sobre las decisiones de concesión de autorizaciones y no discriminación en cuanto al acceso para pymes y empresas de todos los tamaños en toda la Unión.

(19)

Para facilitar el tratamiento eficiente y oportuno de las solicitudes de autorización relacionadas con las actividades de preparación en materia de defensa y el aumento de la producción en el sector de la defensa, los Estados miembros deben garantizar que las autoridades nacionales competentes apliquen procedimientos acelerados. Dichas autoridades deben ofrecer el tratamiento jurídico más ágil posible para las solicitudes de autorización en cuestión, permitiendo así responder de manera oportuna a las necesidades de preparación en materia de defensa.

(20)

El establecimiento de un punto de contacto único para las solicitudes de autorizaciones relacionadas con las actividades de defensa tiene por objeto racionalizar la comunicación, determinar con claridad las responsabilidades, reducir las cargas administrativas y acelerar aún más el proceso de concesión de autorizaciones con plazos claros y jurídicamente vinculantes, proporcionando así una vía eficiente para las solicitudes relacionadas con la defensa. Además, aportará seguridad a los inversores al garantizar el tratamiento rápido de las solicitudes de autorización y limitar los riesgos para las inversiones relacionados con los largos procedimientos.

(21)

Los Estados miembros deben poder elegir, cuando sea necesario para reflejar su organización administrativa descentralizada, si establecen o designan su punto de contacto único a nivel local, regional o nacional, o a cualquier otro nivel administrativo pertinente. Los Estados miembros deben garantizar que se establezcan mecanismos de coordinación eficaces y que dicho punto de contacto único actúe como interfaz única para cada proyecto. Además, las autoridades competentes deben especificar y poner a disposición del punto de contacto único los requisitos y el alcance de la información solicitada por el promotor de un proyecto antes de que comience el proceso de concesión de la autorización. El punto de contacto único debe encargarse de comunicar esa información al promotor de proyecto. Los promotores de proyectos deben poder interactuar antes y durante el proceso de concesión de autorizaciones con un punto de contacto único responsable de facilitar y coordinar todo el proceso de concesión de autorizaciones. Debe corresponder a los Estados miembros decidir, en virtud del Derecho nacional, si un punto de contacto único puede actuar como autoridad competente y emitir decisiones globales. Para garantizar el cumplimiento efectivo de sus responsabilidades, los Estados miembros deben dotar de personal y recursos suficientes a sus puntos de contacto únicos así como a cualquier autoridad que participe en el proceso de concesión de autorizaciones.

(22)

Para acelerar la plena capacidad operativa de los puntos de contacto únicos, es importante que los Estados miembros aprovechen, en la medida de lo posible, la posible complementariedad con los puntos de contacto únicos existentes, por ejemplo, los establecidos en virtud del Reglamento (UE) 2024/1735 del Parlamento Europeo y del Consejo (5) o del Reglamento (UE) 2024/1252 del Parlamento Europeo y del Consejo (6).

(23)

Los Estados miembros deben prestar el apoyo administrativo necesario a los proyectos de preparación en materia de defensa situados en su territorio, a fin de facilitar su ejecución oportuna y eficaz. Es importante garantizar que los promotores de proyectos reciban el mismo trato independientemente del Estado miembro en el que estén establecidos. Además, conviene prestar especial atención a las necesidades de las pymes y las empresas de mediana capitalización, que a menudo se enfrentan a costes de cumplimiento más elevados y a una capacidad administrativa limitada. A tal fin, el punto de contacto único debe proporcionar orientación personalizada y servicios de asesoramiento temprano a las pymes, las empresas de mediana capitalización y las pequeñas empresas de mediana capitalización. Dicho apoyo puede incluir servicios de asistencia técnica, plantillas armonizadas y herramientas digitales, que ofrezcan orientaciones claras sobre la documentación y los requisitos de cumplimiento, así como asistencia a lo largo de todo el proceso de concesión de autorizaciones, de modo que los agentes más pequeños puedan participar de manera eficaz y sin una carga administrativa desproporcionada.

(24)

Los puntos de contacto únicos deben recopilar, tratar y comunicar la información pertinente de manera coherente y oportuna. En aras de la transparencia, el seguimiento ex post y la comparabilidad a escala de la Unión, y para promover una aplicación coherente y eficiente del presente Reglamento, los Estados miembros deben presentar anualmente a la Comisión un informe estadístico sobre la aplicación del presente Reglamento en el que se exponga el número total de solicitudes de autorización concedidas, incluidas las concedidas tácitamente, con arreglo a los procedimientos establecidos por el presente Reglamento. Con el fin de valorar si los procedimientos establecidos por el presente Reglamento contribuyen eficazmente a sus objetivos, la Comisión debe evaluar periódicamente la aplicación del presente Reglamento, en particular en lo que se refiere a los plazos de los procesos de concesión de autorizaciones, la participación de las pymes en proyectos de preparación en materia de defensa y el mecanismo de aprobación tácita.

(25)

La transparencia y la igualdad de acceso a la información son cruciales para la aplicación efectiva de los procesos de concesión de autorizaciones. Todos los promotores de proyectos, independientemente del Estado miembro en el que estén establecidos, deben tener acceso a información en línea centralizada y de fácil acceso, siempre que dicha publicación no afecte a la seguridad nacional y tenga debidamente en cuenta los requisitos de confidencialidad. Dicha información debe incluir datos pormenorizados sobre los puntos de contacto únicos, los procesos de concesión de autorizaciones, los mecanismos de resolución de conflictos, los servicios de financiación e inversión y los instrumentos de financiación de la Unión o nacionales disponibles.

(26)

Los Estados miembros deben garantizar el intercambio digital entre el promotor de proyecto, el punto de contacto único y las autoridades competentes, también a través de un portal interoperable cuando esté disponible, con el fin de facilitar la presentación electrónica de documentos y, de ser posible, la reutilización de la información ya presentada en el marco de otros procedimientos de la Unión o nacionales.

(27)

A petición de un Estado miembro, la Comisión debe ofrecer apoyo al punto de contacto único para el desarrollo de capacidades (incluida asistencia técnica, formación, seguimiento y evaluación), con el fin de desarrollar y fortalecer las capacidades, los procesos y los recursos que los puntos de contacto únicos deben implementar a efectos del presente Reglamento. La Comisión debe hacer todo lo posible por conceder un trato prioritario a dichas solicitudes. Dicho apoyo entra en el ámbito de aplicación de las acciones de apoyo en el marco del Reglamento (UE) 2025/2643 del Parlamento Europeo y del Consejo (7).

(28)

Con el fin de garantizar la claridad sobre el estado de la concesión de autorizaciones para los proyectos de preparación en materia de defensa y limitar los efectos de posibles abusos de la vía judicial sin socavar el control judicial efectivo, todo conflicto relativo al proceso de concesión de autorizaciones debe resolverse de manera oportuna. A tal fin, los proyectos de preparación en materia de defensa deben tratarse como urgentes en todos los procedimientos administrativos, judiciales y de resolución de conflictos que les afecten en la medida en que el Derecho nacional contemple tales procedimientos de urgencia.

(29)

Con el fin de proporcionar a los promotores de proyectos y a los demás inversores la seguridad y la claridad necesarias para aumentar el desarrollo de proyectos de preparación en materia de defensa, los Estados miembros deben garantizar que el proceso de concesión de autorizaciones relacionado con dichos proyectos no supere los plazos preestablecidos. El presente Reglamento establece el plazo estándar de 42 días hábiles para el proceso de concesión de autorizaciones y ofrece flexibilidad para prorrogar dicho plazo en determinados casos. A fin de evitar retrasos injustificados, la posibilidad de prorrogar dicho plazo debe limitarse a las circunstancias excepcionales establecidas en el presente Reglamento. Toda prórroga en el proceso de concesión de autorizaciones debe basarse en razones claramente definidas y debidamente justificadas. El punto de contacto único debe proporcionar una explicación motivada que demuestre que existen circunstancias excepcionales y que se necesita más tiempo para completar las evaluaciones pendientes. Los motivos de la prórroga y la fecha prevista de la decisión global deben comunicarse por escrito al promotor de proyecto de manera oportuna y transparente.

(30)

El proceso de concesión de autorizaciones debe comenzar cuando el punto de contacto único notifique al promotor de proyecto que la solicitud de autorización recibida está completa y debe finalizar cuando el punto de contacto único notifique al promotor de proyecto la decisión global.

(31)

Si el Derecho de la Unión o nacional exige un informe de evaluación de impacto ambiental u otras evaluaciones como parte de un proceso de autorización, solo se debe considerar que una solicitud de autorización está completa a efectos del presente Reglamento cuando el promotor de proyecto haya aportado el informe de evaluación de impacto ambiental u otras evaluaciones. Cuando proceda, las autoridades nacionales competentes deben desempeñar sus obligaciones de evaluación, incluidas las evaluaciones derivadas de la Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (8), en particular su artículo 1, apartado 2, letra g), incisos iii), iv) y v), así como cualquier otra evaluación exigida por el Derecho de la Unión o nacional, antes de que finalice el proceso de concesión de autorizaciones. Además, las evaluaciones combinadas a que se refiere el presente Reglamento deben efectuarse de tal forma que no den lugar a una prórroga de los plazos que se fijan en él.

(32)

Si, al expirar los plazos establecidos en virtud del presente Reglamento, no se ha informado al promotor de proyecto del resultado del proceso de concesión de autorizaciones, se debe considerar que las autorizaciones en cuestión han sido concedidas y que el promotor de proyecto está autorizado a ejecutar el proyecto de preparación en materia de defensa. El punto de contacto único debe informar al promotor de proyecto de la aprobación tácita en un plazo de ocho días hábiles y, en su caso, especificar las condiciones y los requisitos a los que están sujetas dichas autorizaciones, de conformidad con el Derecho de la Unión o nacional aplicable. Dicha aprobación tácita se entiende sin perjuicio de las obligaciones de los Estados miembros de efectuar exámenes caso por caso, procedimientos de evaluación o consultas públicas, que deben realizarse de conformidad con el Derecho de la Unión o nacional. Los Estados miembros deben poder establecer excepciones a la norma general por las que se permita a las autoridades competentes no aplicar la aprobación tácita a una solicitud de autorización concreta cuando puedan demostrar, sobre la base de pruebas debidamente fundamentadas y verificables, que el proyecto en cuestión supone un riesgo grave para la salud humana o la seguridad nacional. Los riesgos para la salud humana también podrían referirse a riesgos derivados de los efectos medioambientales. Toda excepción debe limitarse a lo estrictamente necesario para hacer frente al riesgo detectado.

(33)

El presente Reglamento se entiende sin perjuicio de las obligaciones derivadas del Derecho internacional, cuando proceda.

(34)

Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, la adopción de procesos de concesión de autorizaciones racionalizados y acelerados por parte de los Estados miembros para proyectos de preparación en materia de defensa, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros ya que las diferentes normativas destinadas a acelerar los procesos de concesión de autorizaciones para la industria de la defensa obstaculizarían el funcionamiento del mercado interior en el sector de la defensa, sino que, debido a la necesidad de tener disposiciones armonizadas a escala de la Unión, este objetivo puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(35)

El presente Reglamento se entiende sin perjuicio de la responsabilidad de los Estados miembros de salvaguardar la seguridad nacional y del carácter específico de la política de seguridad y defensa de determinados Estados miembros. La seguridad nacional sigue siendo responsabilidad exclusiva de cada Estado miembro.

1)

«proyecto de preparación en materia de defensa»: el conjunto de actividades, inversiones y medidas destinadas a mejorar la preparación en materia de defensa de uno o varios Estados miembros conjuntamente, incluido mediante el desarrollo o la modernización de la industria de defensa;

2)

«industria de defensa»: todas las empresas dedicadas a la investigación, el desarrollo, la producción, la fabricación o el suministro de productos relacionados con la defensa, tal como se definen en el artículo 3, punto 1, de la Directiva 2009/43/CE, o a la prestación de servicios directamente relacionados con dichos productos para todos y cada uno de los elementos de su ciclo de vida;

3)

«preparación en materia de defensa»: el estado de preparación de uno o varios Estados miembros para anticipar, prevenir o responder a una crisis, tal como se define en el artículo 1, punto 10, de la Directiva 2009/81/CE, relacionada con la defensa;

4)

«empresa de mediana capitalización»: una empresa de mediana capitalización, tal como se define en el artículo 2, punto 15, del Reglamento (UE) 2021/697 del Parlamento Europeo y del Consejo (9);

5)

«pequeña empresa de mediana capitalización»: una pequeña empresa de mediana capitalización, tal como se define en el anexo de la Recomendación (UE) 2025/1099 de la Comisión (10);

6)

«pequeña y mediana empresa» o «pyme»: una pequeña y mediana empresa, tal como se define en el artículo 2 del anexo de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión (11);

7)

«proceso de concesión de autorizaciones»: un proceso que incluye todas las autorizaciones pertinentes, incluidas aprobaciones o licencias, necesarias para construir, ampliar, convertir y explotar proyectos de preparación en materia de defensa o readaptar instalaciones, equipos o actividades para un proyecto de preparación en materia de defensa y todas las etapas administrativas necesarias, desde la confirmación de que la solicitud de autorización está completa hasta la notificación de la decisión global sobre el resultado del proceso por parte del punto de contacto único de que se trate;

8)

«promotor de proyecto»: toda empresa o consorcio de empresas que desarrolla un proyecto de preparación en materia de defensa;

9)

«decisión global»: la decisión adoptada por las autoridades competentes por la que se determina si un promotor de proyecto está autorizado a ejecutar un proyecto de preparación en materia de defensa, sin perjuicio de cualquier decisión adoptada en el contexto de un procedimiento de recurso.