(1)

La Convención sobre los Efectos Internacionales de las Ventas Judiciales de Buques (en lo sucesivo, «Convención de Beijing sobre la Ventas Judiciales de Buques» o «Convención») fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York el 7 de diciembre de 2022.

(2)

De conformidad con la Decisión (UE) 2024/414 del Consejo (2), la Convención se firmó el 14 de marzo de 2024 en nombre de la Unión en lo que respecta a las materias que son de su competencia exclusiva, a reserva de su celebración en una fecha posterior.

(3)

La Convención es el primer instrumento internacional que establece un régimen armonizado para dar efecto internacional a las ventas judiciales, preservando al mismo tiempo el Derecho interno que regula el procedimiento de las ventas judiciales y las circunstancias en las que las ventas judiciales confieren un título de propiedad legítimo. La Convención refuerza el marco jurídico internacional vigente en materia de transporte marítimo y navegación y constituye una contribución valiosa al desarrollo de unas relaciones económicas internacionales armoniosas. Al garantizar la seguridad jurídica en cuanto al título de propiedad que el comprador adquiere en el buque que navega a escala internacional, la Convención está concebida para maximizar el precio que se puede obtener por el buque en el mercado y los ingresos disponibles para su distribución entre los acreedores, así como para promover el comercio internacional. Por consiguiente, es deseable que la Convención se aplique lo antes posible.

(4)

La celebración de la Convención en nombre de la Unión contribuirá a garantizar la seguridad jurídica y la previsibilidad a escala internacional y europea mediante la creación de un régimen uniforme para los efectos internacionales de las ventas judiciales de buques, que son objetivos fundamentales de la Unión que deben realizarse en sus actividades de conformidad con el artículo 3, apartado 5, del Tratado de la Unión Europea.

(5)

La Unión desarrolla una cooperación judicial en materia civil con repercusión transfronteriza, basada en el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales y extrajudiciales. En ese contexto, el legislador de la Unión ha adoptado, entre otros instrumentos, los Reglamentos (UE) n.o 1215/2012 (3) y (UE) 2020/1784 (4) del Parlamento Europeo y del Consejo. La Unión tiene competencia exclusiva sobre las materias tratadas por dichos Reglamentos, mientras que las demás materias tratadas en la Convención no están comprendidas en el ámbito de dicha competencia.

(6)

La Unión debe adherirse a la Convención únicamente en lo que respecta a materias que son competencia exclusiva de la Unión, a saber, en la medida en que las disposiciones pertinentes de la Convención puedan afectar a normas comunes o alterar el alcance de estas. En la actualidad, la Unión tiene competencia exclusiva en lo que respecta a determinadas disposiciones de la Convención relativas a cuestiones relacionadas con la cooperación judicial en materia civil, tal como se recoge en la Declaración adjunta relativa a la competencia de la Unión, y los Estados miembros conservan su competencia en la medida en que la Convención no afecte a normas comunes o altere el alcance de estas. La adhesión de la Unión a la Convención en lo que respecta a materias que son de su competencia exclusiva se entiende sin perjuicio de las prerrogativas de los Estados miembros en lo que respecta a la ratificación de la Convención, para materias que sean de su competencia nacional.

(7)

La Convención establece que la organización regional de integración económica deberá hacer una declaración en la que se especifiquen las materias que se rigen por la Convención respecto de las cuales sus Estados miembros hayan transferido competencia a esa organización. La Convención también establece que dicha declaración se hará en el momento de la firma, ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. En el momento de la firma, la Unión hizo la declaración en la que indica su competencia en las materias reguladas por la Convención.

(8)

De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.o 21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y sin perjuicio del artículo 4 de dicho Protocolo, Irlanda no participa en la adopción de la presente Decisión y no queda vinculada por ella ni sujeta a su aplicación.

(9)

(10)

De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.o 22 sobre la posición de Dinamarca, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Dinamarca no participa en la adopción de la presente Decisión y no queda vinculada por esta ni sujeta a su aplicación.

Procede aprobar la Convención y aprobar la Declaración adjunta relativa a la competencia de la Unión.