(1)

La corrupción sigue siendo un problema importante a escala de la Unión que supone una amenaza para la estabilidad y la seguridad de las sociedades, ya que, por ejemplo, facilita la delincuencia organizada y otras formas graves de delincuencia. La corrupción socava las instituciones democráticas y los valores universales en los que se basa la Unión, en particular el Estado de Derecho, la democracia, la igualdad y la protección de los derechos fundamentales. Pone en peligro el desarrollo, la prosperidad y la sostenibilidad e inclusividad de nuestras economías. La lucha contra la corrupción es esencial para reforzar la calidad de la democracia y para la plena materialización del Estado de Derecho. Para prevenir y combatir eficazmente la corrupción, es necesario aplicar un enfoque integral y multidisciplinar. El objetivo de la presente Directiva es luchar contra la corrupción mediante el Derecho penal, posibilitando una mejor cooperación transfronteriza entre las autoridades competentes.

(2)

La Decisión marco 2003/568/JAI del Consejo (4) establece requisitos respecto de la tipificación de la corrupción que afecta al sector privado. El Convenio establecido sobre la base del artículo K.3, apartado 2, letra c), del Tratado de la Unión Europea, relativo a la lucha contra los actos de corrupción en las que estén implicados funcionarios de las Comunidades Europeas o de los Estados miembros de la Unión Europea (5) (en lo sucesivo, «Convenio relativo a la lucha contra los actos de corrupción en los que estén implicados funcionarios de las Comunidades Europeas o de los Estados miembros de la Unión Europea») trata determinados actos de corrupción por parte de funcionarios de las Comunidades Europeas o de los Estados miembros en general. Sin embargo, esos instrumentos no son lo suficientemente exhaustivos, y los actuales tipos penales correspondientes a los delitos de corrupción varían de un Estado miembro a otro, lo que dificulta una respuesta coherente y eficaz en toda la Unión. También se han detectado lagunas en el efectivo cumplimiento de las normas y obstáculos en la cooperación entre las autoridades competentes de los distintos Estados miembros. La presente Directiva tiene como objetivo modificar y ampliar las disposiciones de esos instrumentos. Dado que las modificaciones que han de realizarse son importantes tanto por su número como por su naturaleza, y en aras de la claridad, conviene sustituir ambos instrumentos en su totalidad por lo que respecta a los Estados miembros vinculados por la presente Directiva.

(3)

El marco jurídico vigente debe actualizarse y reforzarse para facilitar una lucha eficaz contra la corrupción en toda la Unión. La presente Directiva tiene por objeto tipificar delitos de corrupción que se cometan intencionadamente. La intencionalidad y el conocimiento pueden deducirse de circunstancias fácticas y objetivas. Dado que la presente Directiva establece normas mínimas, los Estados miembros son libres de adoptar o mantener disposiciones más estrictas en materia de delitos de corrupción. La presente Directiva se basa en el marco jurídico vigente y no debe ser interpretada en el sentido de que persigue debilitar las normas nacionales en vigor en materia de lucha contra la corrupción.

(4)

La corrupción es un fenómeno transnacional que afecta a todas las sociedades y a todas las economías. Toda medida que se adopte a nivel nacional o de la Unión debe reconocer esa dimensión internacional. La acción de la Unión debe, por tanto, tener en cuenta la labor del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO), la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

(5)

Para abordar de manera eficaz las causas subyacentes y las consecuencias de las diversas manifestaciones de la corrupción, es necesario un enfoque coordinado y armonizado entre los Estados miembros. La lucha eficaz contra la corrupción requiere mecanismos tanto preventivos como represivos. Se anima por tanto a los Estados miembros a que adopten una panoplia de medidas preventivas, legislativas y cooperativas en el marco de la lucha contra la corrupción. Aunque la corrupción es, ante todo, un delito, y los delitos específicos de corrupción y los delitos relacionados con la corrupción se tipifican en el Derecho nacional e internacional, las faltas de integridad, los conflictos de intereses no declarados o las infracciones graves de las normas de integridad pueden dar como resultado delitos de corrupción si no se les hace frente. La prevención de la corrupción mitiga la necesidad de recurrir a la represión penal y aporta otros beneficios, ya que fomenta la confianza de los ciudadanos y la regulación de la conducta de los funcionarios públicos. Los enfoques eficaces de lucha contra la corrupción en todos los Estados miembros deben basarse en medidas para mejorar la transparencia y la integridad, incluida mediante la regulación en ámbitos como los conflictos de intereses, los grupos de presión y las «puertas giratorias». Los organismos públicos deben aspirar a los máximos niveles de integridad, transparencia y libertad ante influencias indebidas como elemento importante de la lucha contra la corrupción de forma más general. Un servicio público dotado de un personal con un alto nivel de capacidades e integridad constituye un pilar fundamental para unos Estados miembros eficientes, transparentes y eficaces que aspiran a erradicar la corrupción de manera eficaz. La mejora de la transparencia, la eficiencia y el uso de criterios objetivos en la contratación y promoción de funcionarios públicos podría contribuir a lograr dicha dotación de personal. Dado que el sector privado también desempeña un papel clave en la prevención y la detección de la corrupción, los Estados miembros pueden fomentar el desarrollo y la aplicación de mecanismos de cumplimiento sólidos y eficaces en las empresas privadas. A fin de garantizar un enfoque común en relación con la eficacia de dichos mecanismos de cumplimiento —que podría incluir un mapa de riesgos, un código de conducta, una evaluación por terceros y un control y una auditoría internos— los Estados miembros pueden cooperar en el desarrollo de directrices comunes.

(6)

Si bien la presente Directiva respeta plenamente todas las disposiciones pertinentes de las constituciones nacionales, los principios constitucionales y las leyes nacionales, se hace hincapié en que proteger indebidamente a las personas —en particular a las que ocupan cargos públicos— de la rendición de cuentas por delitos de corrupción podría socavar la confianza de los ciudadanos de manera incompatible con los objetivos de la presente Directiva.

(7)

Sin perjuicio de su autonomía administrativa e institucional, los Estados miembros deben contar con organismos o unidades organizativas encargados de prevenir y reprimir la corrupción. La presente Directiva no obliga a los Estados miembros a crear nuevos organismos o unidades organizativas, por ejemplo, órganos jurisdiccionales especializados, y pueden optar por asignar al mismo organismo o unidad organizativa funciones tanto preventivas como represivas, así como tareas relacionadas con otros delitos, como la delincuencia organizada. De conformidad con el principio de autonomía de los Estados miembros, no es necesario que dichos organismos o unidades sean organismos centrales o unidades organizativas centrales. Con pleno respeto a la autonomía institucional y administrativa de los Estados miembros, cuando tales organismos de lucha contra la corrupción tengan la facultad de tomar decisiones sobre los casos que se pongan en su conocimiento o que hayan identificado, o de formular cualquier recomendación que consideren necesaria, deben actuar sin interferencias indebidas ni influencias indebidas de otros y, por tanto, estar protegidos frente a intervenciones o presiones externas indebidas. Con el fin de garantizar que tales organismos o unidades organizativas funcionen eficazmente, los Estados miembros deben garantizar que los recursos y las competencias que se atribuyan a dichos organismos o unidades organizativas sean acordes con la correcta administración de sus tareas y posibiliten la adquisición de conocimientos especializados en materia de prevención y represión de la corrupción.

(8)

Con el fin de concienciar a los ciudadanos sobre el alcance, las características y los efectos de la corrupción, debe ser posible adoptar diversas medidas, también en cooperación con las partes interesadas pertinentes, como la sociedad civil, el mundo académico y los medios de comunicación. Tales medidas podrían incluir, por ejemplo, fuentes de información específicas, recopilaciones de publicaciones y normas pertinentes, y campañas de sensibilización y seminarios abiertos al público en los que se emplee un lenguaje accesible.

(9)

La Unión es parte en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC, por sus siglas en inglés), el instrumento jurídico internacional más completo en este ámbito, que combina varias medidas para prevenir y combatir la corrupción. La Convención exige a sus partes que adopten medidas legislativas y de otra índole para tipificar delitos relacionados con el soborno, la malversación, la apropiación indebida y el blanqueo de capitales y que consideren la posibilidad de adoptar también medidas legislativas y de otra índole para tipificar conductas accesorias, como el abuso de funciones, el tráfico de influencias y el enriquecimiento ilícito. En consonancia con los compromisos contenidos en la declaración política aprobada en el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 2021 contra la corrupción, titulada «Nuestro compromiso común de afrontar eficazmente los desafíos y aplicar medidas para prevenir y combatir la corrupción y reforzar la cooperación internacional», la Unión debe, en la medida de lo posible, ir más allá de las normas mínimas de la UNCAC y adoptar medidas accesorias para prevenir y combatir la corrupción. La presente Directiva se basa en las observaciones y buenas prácticas que emanan del Mecanismo de Examen de la Aplicación de la UNCAC.

(10)

Teniendo en cuenta la evolución de las amenazas de corrupción, las obligaciones jurídicas de la Unión y de los Estados miembros derivadas del Derecho internacional, y el desarrollo de los marcos jurídicos nacionales, la tipificación de los delitos de corrupción debe aproximarse en mayor medida en todos los Estados miembros de modo que abarque de manera más exhaustiva las conductas corruptas.

(11)

Para evitar la impunidad de los delitos de corrupción en el sector público, el ámbito de aplicación de la presente Directiva debe estar bien delimitado. En primer lugar, el concepto de funcionario público debe incluir también a las personas que trabajan en organizaciones internacionales como las instituciones, órganos y organismos de la Unión y los órganos jurisdiccionales internacionales. En segundo lugar, dado que muchas entidades o personas ejercen funciones públicas sin ocupar un cargo oficial, el concepto de funcionario público debe abarcar a todos los agentes pertinentes, ya hayan sido nombrados, elegidos o empleados en virtud de un contrato, que ocupen un cargo oficial administrativo o judicial, así como a todas las personas que presten un servicio público que hayan sido investidas de autoridad pública o que estén sujetas al control o la supervisión de las autoridades públicas en relación con el desempeño de dicha función de servicio público, incluso si no ocupan un cargo oficial. A los efectos de la presente Directiva, la definición de funcionario público debe abarcar asimismo a las personas que desempeñen funciones de servicio público en empresas estatales o controladas por el Estado, en fundaciones de administración de activos y empresas de propiedad privada que desempeñen funciones de servicio público y en las personas jurídicas creadas o mantenidas por ellas. Toda persona que ocupe un cargo legislativo a nivel nacional, regional o local debe ser equiparada a los funcionarios nacionales a efectos de la presente Directiva y de conformidad con el Derecho nacional.

(12)

Debe entenderse por altos cargos las personas que ejercen funciones ejecutivas, administrativas, legislativas o judiciales clave. Dichas funciones pueden incluir la participación activa en el desarrollo o la ejecución de funciones gubernamentales, la determinación y la aplicación de políticas, la aplicación de las leyes, la propuesta o la aplicación de legislación, la adopción y la aplicación de disposiciones o decretos normativos, la toma de decisiones sobre el gasto público y la toma de decisiones sobre el nombramiento de personas para funciones ejecutivas, administrativas, legislativas o judiciales clave, así como la resolución de causas judiciales. Entre los altos cargos se puede incluir a funcionarios nacionales, como los jefes de los gobiernos centrales y regionales, los miembros de los gobiernos centrales y regionales, los viceministros, los secretarios de Estado, los asesores políticos clave, los jefes y los miembros de los gabinetes de los ministros (cuando dichos gabinetes se hayan creado), los miembros de las cámaras parlamentarias, los miembros de los tribunales constitucionales y supremos, el fiscal general y los miembros de las instituciones superiores de auditoría, así como los miembros del Colegio de Comisarios de la Comisión Europea y los diputados al Parlamento Europeo.

(13)

Es necesario reforzar el marco jurídico para luchar contra el cohecho y el soborno y garantizar que las fuerzas o cuerpos de seguridad y las autoridades judiciales dispongan de instrumentos eficaces y proporcionados para tal fin. En el contexto del cohecho de funcionarios públicos, pueden distinguirse dos tipos de cohecho. Se produce cohecho activo cuando alguien promete, ofrece o concede un beneficio indebido de cualquier tipo para influir en un funcionario público. Se produce cohecho pasivo cuando un funcionario público pide o recibe ese beneficio indebido, o acepta la oferta o la promesa de tal beneficio, a fin de actuar o de abstenerse de actuar de una determinada manera. Los beneficios pueden ser tangibles o intangibles, y pecuniarios o no pecuniarios. Un beneficio no se considera indebido cuando, por ejemplo, está permitido por la ley o por normas administrativas, o cuando se trata de obsequios mínimos o de muy escaso valor. La presente Directiva debe establecer también normas mínimas relativas al soborno y a otras formas de corrupción en el sector privado, en el que entre las víctimas inmediatas figuran las empresas que se ven injustamente afectadas y en el que cada soborno puede restringir la libre competencia. El delito de cohecho se basa en los delitos de corrupción pasiva y activa definidos en los artículos 2 y 3 del Convenio relativo a la lucha contra los actos de corrupción en los que estén implicados funcionarios de las Comunidades Europeas o de los Estados miembros de la Unión Europea, y no debe interpretarse ni aplicarse de manera más indulgente que dichas disposiciones del Convenio.

(14)

Las conductas que incumplan los deberes profesionales por parte de los directores o trabajadores de entidades del sector privado durante las actividades económicas, financieras o empresariales pueden perjudicar los intereses de una empresa del sector privado y pueden, asimismo, distorsionar la competencia en relación con la adquisición de bienes o servicios comerciales, en detrimento tanto de los posibles competidores como del público en general. La tipificación del soborno tiene como objetivo impedir ambos tipos de daño. Debe contribuir a impedir que terceros interfieran en el ejercicio adecuado de la actividad empresarial mediante la promesa, el ofrecimiento o la concesión de cualquier beneficio indebido a los directores o trabajadores de entidades del sector privado a fin de que actúen o se abstengan de actuar, incumpliendo sus deberes (soborno activo). Este delito debe asimismo incluir a los directores y trabajadores de entidades del sector privado que pidan o reciban cualquier beneficio indebido, o que acepten la oferta o la promesa de tal beneficio, para actuar o abstenerse de actuar, incumpliendo sus deberes (soborno pasivo).

(15)

Para garantizar que los funcionarios públicos no perjudiquen intencionadamente los intereses financieros de la entidad pública o privada de que se trate mediante el uso de fondos con fines distintos a los previstos, deben establecerse normas sobre el delito de malversación, por parte de dichos funcionarios públicos, de los bienes cuya gestión se les haya encomendado. Para que la malversación constituya delito, debe dar lugar a un beneficio para el funcionario público o para un tercero, o perjudicar los intereses financieros de la entidad pública o privada de que se trate. Para aplicar un enfoque integral a la lucha contra la corrupción, también se anima a los Estados miembros a tipificar la apropiación indebida en el sector privado. Los Estados miembros no deben tipificar el delito de tal manera que sea necesario acreditar tanto los daños y perjuicios como un beneficio.

(16)

La influencia sobre los responsables políticos con miras a obtener un beneficio indebido puede obstaculizar gravemente el funcionamiento adecuado de las administraciones públicas. Para combatirla de forma adecuada, los elementos constitutivos del delito de tráfico de influencias deben abarcar dos situaciones diferentes cuando se lleve a cabo intencionadamente. En primer lugar, el delito debe abarcar la promesa, el ofrecimiento o la concesión de cualquier beneficio indebido para que se ejerza una influencia indebida a fin de obtener un beneficio indebido de un funcionario público. En segundo lugar, también debe abarcar la petición o la recepción de cualquier beneficio indebido, o la aceptación de una oferta o de una promesa de este, para ejercer una influencia indebida a fin de obtener un beneficio indebido de un funcionario público. Dicho comportamiento debe constituir un delito, con independencia de que la influencia fuera supuesta o real, de si se ha ejercido realmente y de si ha conducido o no al resultado previsto. El delito no debe abarcar el ejercicio legítimo de formas reconocidas de representación legal o de intereses que puedan aspirar a influir legítimamente en la toma de decisiones públicas, sin implicar ningún intercambio indebido de beneficios. Tales formas de representación de intereses, como las actividades de defensa de derechos e intereses, suelen llevarse a cabo en un entorno regulado, precisamente para que no sea la falta de transparencia lo que les permita convertirse en pasarelas a la corrupción. La implantación de normas adicionales eficaces sobre la declaración de conflictos de intereses, las «puertas giratorias» o la financiación de los partidos políticos también puede ayudar a evitar resquicios jurídicos e influencias indebidas. A efectos del delito de tráfico de influencias, el beneficio indebido por ejercer una influencia indebida incluye la remuneración por esas formas de representación cuando dichas actividades se lleven a cabo de manera que se cumplan los demás elementos del delito, también a causa de una infracción pertinente de las normas aplicables.

(17)

El ejercicio ilícito de las funciones públicas puede socavar la confianza de los ciudadanos, el Estado de Derecho y la equidad económica, y puede causar graves perjuicios al interés público. Para prevenir tales daños, los Estados miembros deben identificar las vulneraciones graves del Derecho, ya sean acciones, omisiones o ambas. Entre dichas vulneraciones graves podrían incluirse, por ejemplo, la vulneración de disposiciones legislativas o reglamentarias destinadas a garantizar un libre acceso y la contratación en igualdad de condiciones para los candidatos, o la deliberada aplicación incorrecta del Derecho por parte de jueces o árbitros. Los Estados miembros deben poder limitar la aplicación del delito de ejercicio ilícito de las funciones públicas a determinadas categorías de funcionarios públicos. A la hora de identificar las vulneraciones graves del Derecho pertinentes, los Estados miembros podrían tener en cuenta cuestiones como si la conducta se llevó a cabo con el fin de obtener un beneficio indebido para el funcionario en cuestión o para un tercero o si se llevó a cabo con el fin de causar daños a los derechos o intereses legítimos de una persona.

(18)

La obstrucción a la justicia es un delito que coadyuva a la corrupción, entre otros delitos. Así lo reconoce el Derecho penal de los Estados miembros. Es por lo tanto necesario tipificar la obstrucción a la justicia, que implica el ejercicio de la fuerza física, amenazas o intimidación, o la inducción al falso testimonio. También deben incluirse en el ámbito de este delito las acciones con las que se pretende interferir en la prestación de testimonio o la práctica de pruebas, o en el ejercicio de los deberes oficiales de funcionarios judiciales o de las fuerzas o cuerpos de seguridad. En consonancia con la UNCAC, la presente Directiva solo se aplica a la obstrucción a la justicia en los procedimientos relativos a un delito de corrupción. Al transponer la presente Directiva, los Estados miembros no deben estar obligados a establecer un tipo específico para el delito de obstrucción a la justicia en relación con los delitos de corrupción, tal como se establece en el capítulo II de la presente Directiva, cuando su Derecho nacional incluya una disposición general que tipifique la obstrucción a la justicia y que sea aplicable a todos los delitos, incluidos los de corrupción. Los Estados miembros siguen teniendo libertad para tipificar este comportamiento a través de varios delitos a nivel nacional.

(19)

La corrupción está motivada por el afán de obtener beneficios indebidos, tanto económicos como de otra naturaleza. El enriquecimiento derivado de los delitos de corrupción debe tipificarse con el fin de reducir los incentivos que animan a los delincuentes y las organizaciones delictivas a cometer nuevos actos delictivos y de disuadir a toda persona de que consienta en hacer de propietario aparente para los delincuentes. Esta medida debe dificultar a su vez la ocultación de los bienes adquiridos ilícitamente y frenar la propagación de la corrupción, así como reducir los daños causados a la sociedad. La transparencia ayuda a las autoridades competentes a detectar los posibles casos de enriquecimiento ilícito. Por ejemplo, en los países donde se obliga a los funcionarios públicos a declarar sus activos a intervalos periódicos (además de en el momento de asumir o de abandonar su cargo), las autoridades pueden evaluar si los activos declarados se corresponden con los ingresos declarados.

(20)

Los Estados miembros deben adoptar medidas para tipificar como delito punible la receptación, el encubrimiento o la ocultación intencionados de la naturaleza, el origen, la localización, la disposición, el movimiento o la propiedad reales de bienes o de derechos sobre esos bienes, a sabiendas de que dichos bienes provienen de la comisión de delitos de cohecho, soborno, malversación, apropiación indebida, tráfico de influencias, obstrucción a la justicia o inducción, complicidad y tentativa, tal como se establecen en la presente Directiva.

(21)

La financiación política ilegal puede ser un medio para inducir a los responsables políticos a tomar decisiones que podrían redundar en interés del financiador. Los Estados miembros deben considerar la posibilidad de adoptar las medidas adecuadas contra los tipos de financiación política ilegal en consonancia con el principio de proporcionalidad y las normas en materia de rendición de cuentas y de transparencia a nivel de la Unión y nacional, respetando plenamente las libertades fundamentales del mercado interior y los derechos electorales de los ciudadanos de la Unión. Si bien no se contempla en la presente Directiva, los Estados miembros podrían considerar la posibilidad de tipificar dicha financiación política ilegal cuando represente una amenaza para la democracia de los Estados miembros y de la Unión.

(22)

El delito de enriquecimiento por delitos de corrupción debe abarcar el comportamiento de un funcionario público que adquiera, posea o utilice bienes con el conocimiento de que provienen de los delitos de corrupción cometidos por otro funcionario público. Los delitos de enriquecimiento por delitos de corrupción y ocultación se entienden sin perjuicio de la Directiva (UE) 2018/1673 del Parlamento Europeo y del Consejo (6) y, en particular, de su artículo 3, apartado 5, así como de su considerando 11 sobre «autoblanqueo», cuando proceda. Al examinar si los bienes provienen de algún tipo de participación criminal en un delito de corrupción y si la persona en cuestión tenía conocimiento de ese extremo, deben tenerse en cuenta las circunstancias específicas del caso, como, por ejemplo, el hecho de que el valor de los bienes sea desproporcionado con respecto a los ingresos lícitos del acusado y de que la actividad delictiva y la adquisición de bienes se hayan producido en un mismo período. No debe considerarse necesario probar todos los elementos de hecho ni todas las circunstancias relacionadas con la participación delictiva, incluida la identidad del autor. Además, los productos obtenidos de los delitos de corrupción pueden decomisarse sobre la base de la Directiva (UE) 2024/1260 del Parlamento Europeo y del Consejo (7). Dicha Directiva también incluye disposiciones sobre otros tipos de decomiso, incluido, en determinadas condiciones, el decomiso de los productos, o de otros bienes cuyo valor corresponda a los productos, que hayan sido transferidos a terceros por una persona sospechosa o acusada o hayan sido adquiridos por terceros de una persona sospechosa o acusada, cuando los terceros en cuestión tenían o debían haber tenido conocimiento de que el objetivo de la transferencia o adquisición era evitar el decomiso.

(23)

Con ánimo de dificultar la corrupción en toda la Unión, los Estados miembros deben establecer unos tipos y grados mínimos de sanciones tanto penales como no penales para los delitos que se definen en la presente Directiva. Los grados máximos de las penas de prisión y otras sanciones deben ser lo suficientemente elevados como para disuadir a los posibles autores y reflejar el carácter pernicioso de la corrupción. Al mismo tiempo, esos grados deben ser proporcionales a la gravedad de cada delito de corrupción y coherentes con los grados de las sanciones penales fijadas en el Derecho de la Unión y nacional. Los Estados miembros deben garantizar que las sanciones se apliquen en la medida necesaria para desalentar la comisión de dichos delitos. Si el Derecho nacional establece la posibilidad de aplicar penas condicionales, de suspender la aplicación de la pena o de conceder la excarcelación anticipada, la libertad condicional o el indulto a personas condenadas por cualquiera de los delitos contemplados en la presente Directiva, las autoridades judiciales deben tener en cuenta, entre otros factores, la gravedad de los delitos de que se trate.

(24)

La presente Directiva no debe afectar a la aplicación correcta y efectiva de medidas o sanciones disciplinarias que no sean de naturaleza penal, como las sanciones administrativas. Las sanciones que no puedan equipararse con sanciones penales y que se hayan impuesto a la misma persona por la misma conducta pueden tenerse en cuenta a la hora de fijar la pena a esa persona por alguno de los delitos tipificados en la presente Directiva. Debe respetarse plenamente el principio non bis in idem, o prohibición de ser juzgado o condenado dos veces en un proceso penal por los mismos hechos delictivos.

(25)

Se anima a los Estados miembros a que permitan a sus autoridades competentes imponer, de forma adicional o como alternativa a la pena de prisión, sanciones o medidas que no sean necesariamente de carácter penal, como la exclusión de los procedimientos de contratación pública o la prohibición temporal de presentarse como candidatos a cargos públicos. Dichas medidas tienen un efecto disuasorio general y podrían reducir la reincidencia por parte de los autores condenados. Los Estados miembros deben considerar también la posibilidad de establecer procedimientos para la suspensión o el traslado temporal de todo funcionario público acusado de alguno de los delitos contemplados en la presente Directiva, teniendo presente la necesidad de respetar el principio de presunción de inocencia y el derecho a la tutela judicial efectiva.

(26)

Para mejorar la respuesta de la justicia penal a los delitos relacionados con la corrupción y disuadir de su comisión, es preciso aclarar el régimen de sanciones contra las personas físicas y jurídicas y armonizarlo con otros instrumentos del Derecho penal de la Unión. De conformidad con las Directivas 2009/81/CE (8), 2014/23/UE (9), 2014/24/UE (10) y 2014/25/UE (11) del Parlamento Europeo y del Consejo, la condena, mediante sentencia firme, por corrupción es motivo de exclusión de la participación en un procedimiento de contratación pública o de adjudicación de concesiones. No obstante, los Estados miembros también deben poder decidir que, entre las sanciones o medidas penales o no penales que se puede imponer a las personas jurídicas y a las personas físicas, se incluya la exclusión de dichas personas jurídicas de los procedimientos de contratación pública o de las concesiones, con el fin de abarcar también los procedimientos de contratación pública y de adjudicación de concesiones que estén por debajo de los umbrales de las Directivas pertinentes.

(27)

Las personas jurídicas no deben poder eludir su responsabilidad recurriendo a intermediarios —por ejemplo, otras personas jurídicas vinculadas a ellas— que ofrezcan, prometan o den un soborno a un funcionario público en su nombre. Además, las multas aplicables a las personas jurídicas deben calcularse teniendo en cuenta su volumen de negocios mundial o conforme a importes máximos fijos. En el contexto de los delitos de corrupción se están aplicando resoluciones sin celebración de juicio, que a menudo se consideran una forma pragmática y eficiente de resolver casos que, de otro modo, requerirían una cantidad considerable de tiempo y de recursos para su investigación y acusación antes de llegar a un órgano jurisdiccional. Sin embargo, las resoluciones sin celebración de juicio también podrían plantear algunos retos, y se anima a los Estados miembros a que los tengan en cuenta.

(28)

Si bien no hay obligación de aumentar las penas, los Estados miembros deben garantizar que el juez o el órgano jurisdiccional pueda tener en cuenta las circunstancias agravantes establecidas en la presente Directiva, tal como se haya transpuesto al Derecho nacional, cuando condenen a los autores. Queda a discreción del juez o del órgano jurisdiccional determinar si aumenta la pena como consecuencia de las circunstancias agravantes específicas, teniendo en cuenta las circunstancias específicas de cada caso. Los Estados miembros no deben estar obligados a prever circunstancias agravantes siempre y cuando, en su Derecho nacional, los delitos tipificados en la Decisión marco 2008/841/JAI del Consejo (12) sean punibles como delitos independientes y este hecho podría dar lugar a sanciones más severas.

(29)

Los Estados miembros deben garantizar que el juez o el órgano jurisdiccional pueda tener en cuenta las circunstancias atenuantes establecidas en la presente Directiva, tal como se haya transpuesto al Derecho nacional, al condenar a los autores. Respetando la discrecionalidad judicial, tales circunstancias deben abarcar los casos en que los autores proporcionen información a las autoridades o colaboren de otro modo con ellas. Del mismo modo, deben poder considerarse circunstancias atenuantes, al sancionar a las personas jurídicas, el hecho de que dichas personas jurídicas hayan aplicado con eficacia, y tras la debida evaluación, auténticos controles internos y programas de deontología y cumplimiento. Debe también considerarse la posibilidad de imponer sanciones menos severas cuando, en el momento del descubrimiento del delito, las personas jurídicas comuniquen información y adopten medidas de reparación rápidamente. De cualquier modo, queda a la discreción del juez o del órgano jurisdiccional determinar la cuantía efectiva de la sanción en función de las circunstancias atenuantes específicas, teniendo en cuenta las circunstancias específicas de cada caso individual, incluso, cuando proceda, el hecho de que la persona jurídica disponga de programas de cumplimiento con fines únicamente cosméticos, también denominados «de fachada».

(30)

Los diputados al parlamento y otros funcionarios públicos pueden gozar de inmunidad o aforamiento frente a su investigación o enjuiciamiento, lo que contribuye a reforzar su independencia, protegiéndolos contra denuncias infundadas, en particular en relación con las opiniones expresadas o los votos emitidos en el ejercicio de sus funciones. No obstante, este tipo de inmunidad puede obstaculizar la investigación y el enjuiciamiento efectivos de los delitos de corrupción, en particular en lo que incide en la detección y la investigación o el enjuiciamiento de otras personas que no gozan de inmunidad y que podrían haber participado en el delito. Debe, por lo tanto, existir un equilibrio adecuado entre, por una parte, las inmunidades o aforamientos concedidos a los funcionarios públicos por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones y, por otra, la posibilidad de investigar, enjuiciar y resolver judicialmente de forma eficaz sobre los delitos de corrupción. Los Estados miembros deben garantizar que puedan levantarse los privilegios y la inmunidad frente a la investigación y el enjuiciamiento que se concedan a los funcionarios nacionales en relación con los delitos contemplados en la presente Directiva. No obstante, los Estados miembros no deben estar obligados a reformar sus constituciones o principios constitucionales nacionales al transponer la presente Directiva. Al transponer la presente Directiva al Derecho nacional, así como al aplicar la normativa nacional que transponga la presente Directiva, se deben tener debidamente en cuenta dichos privilegios e inmunidad, incluido el respeto de la libertad de mandato de los diputados. La presente Directiva no debe afectar el ejercicio legítimo de formas reconocidas de representación de intereses que puedan aspirar a influir legítimamente en la toma de decisiones públicas, sin implicar ningún intercambio indebido de beneficios. La representación de intereses es importante para la creación de políticas que cuenten con el apoyo de la sociedad civil y puede contribuir legítimamente al sector público.

(31)

Sin perjuicio de la configuración de sus sistemas judiciales nacionales, las facultades discrecionales que, con arreglo al Derecho nacional, permiten no ejercer la acción penal contra determinadas personas por los delitos contemplados en la presente Directiva deben ejercerse con arreglo a reglas y criterios claros. Dichas reglas deben procurar tener en cuenta la necesidad, en general, de que los delitos de corrupción se castiguen con sanciones penales efectivas, proporcionadas y disuasorias, y deben garantizar la eficacia del proceso judicial.

(32)

La presente Directiva se entiende sin perjuicio de los principios y normas generales del Derecho penal nacional sobre aplicación y ejecución de sentencias de conformidad con las circunstancias concretas de cada caso.

(33)

Dada, en particular, la movilidad de determinados autores y productos de las actividades delictivas, así como la complejidad de las investigaciones transfronterizas necesarias para luchar contra la corrupción, todos los Estados miembros deben establecer su jurisdicción de forma que las autoridades competentes estén facultadas para investigar y enjuiciar ese delito eficazmente, en particular cuando se cometa en su totalidad o en parte en su territorio. Como parte de esta obligación, los Estados miembros deben garantizar que su jurisdicción se extienda también a las situaciones en las que un delito se cometa mediante un sistema de información utilizado en su territorio, independientemente de que dicha tecnología esté o no basada en él.

(34)

Para garantizar que las autoridades competentes dispongan de tiempo suficiente para llevar a cabo investigaciones y enjuiciamientos complejos, la presente Directiva establece un plazo mínimo de prescripción que permite la detección, investigación, enjuiciamiento y la resolución judicial de los delitos de corrupción durante un período de tiempo suficiente tras su comisión, sin que ello afecte a los Estados miembros que no establezcan plazos de prescripción para la investigación, el enjuiciamiento y la ejecución de las penas.

(35)

Los delitos de corrupción pueden resultar difíciles de identificar e investigar, ya que se producen principalmente de manera encubierta. Así pues, una considerable proporción de los delitos de corrupción nunca son detectados, lo que deja a quienes participen en el delito libres de beneficiarse del producto de su corrupción. Cuanto más se tarda en detectar un delito de corrupción, más difícil es obtener pruebas. Debe garantizarse, por lo tanto, que las fuerzas o cuerpos de seguridad y las autoridades competentes dispongan de los instrumentos de investigación adecuados para recabar las pruebas pertinentes de este tipo de delitos, que a menudo afectan a más de un Estado miembro. Además, los Estados miembros deben impartir la formación suficiente, en estrecha coordinación con la Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial (CEPOL), incluido el uso de los instrumentos de investigación para el mejor desarrollo de los procesos y la identificación y valoración del producto de la corrupción en el contexto de las operaciones de recuperación de activos y decomiso. Por otra parte, la presente Directiva facilita la obtención de información y pruebas al establecer circunstancias atenuantes para los autores que ayuden a las autoridades. La formación de las fuerzas o cuerpos de seguridad y de las autoridades judiciales debe referirse a la investigación penal y los procesos penales de los delitos que entran en el ámbito de aplicación de la presente Directiva.

(36)

Las personas que transmiten a las autoridades competentes información sobre casos de corrupción pasados, en curso o planeados y que han adquirido esa información en el contexto de sus actividades laborales corren el riesgo de sufrir represalias en dicho contexto. Este tipo de denuncias pueden reforzar el cumplimiento de las normas al permitir que las autoridades competentes prevengan, detecten y persigan eficazmente la corrupción. Ante el interés general en proteger a las instituciones públicas y privadas frente a tales actos y en mejorar la transparencia, la buena gobernanza y la rendición de cuentas, es necesario garantizar la existencia de mecanismos eficaces que permitan a los denunciantes usar canales confidenciales y alertar a las autoridades competentes, y que los protejan de posibles represalias. La Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo (13) se aplica a las denuncias de infracciones que afectan a los intereses financieros de la Unión a que se refiere el artículo 325 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y que se especifican más detalladamente en las medidas pertinentes de la Unión y, por tanto, se aplica a la denuncia de todas las infracciones penales que entran en el ámbito de aplicación de la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo (14). Por lo que se refiere a los delitos contemplados en la presente Directiva, la Directiva (UE) 2019/1937 debe ser aplicable, en las condiciones en esta establecidas, a su denuncia y a la protección de quienes las denuncien. Además de cumplir las obligaciones que dimanan de la Directiva (UE) 2019/1937, las autoridades competentes nacionales deben garantizar que las personas que aporten pruebas o cooperen de otro modo en el contexto de investigaciones penales tengan acceso a la protección necesaria, de conformidad con el Derecho nacional.

(37)

Dado que el público en general se ve afectado negativamente por los delitos de corrupción y que, por lo general, no puede representarse a sí mismo como víctima en los procesos penales, a efectos de la ejecución efectiva, el público interesado debe tener la posibilidad de actuar en nombre del interés general en los casos de corrupción, de conformidad con el Derecho nacional y en las condiciones que dispongan las normas procesales pertinentes. La presente Directiva no obliga a los Estados miembros a introducir nuevos derechos procesales para el público interesado. No obstante, cuando en un Estado miembro existan estos derechos procesales para el público interesado —como el derecho a participar en los procedimientos como parte civil— en situaciones equivalentes relativas a delitos distintos de los establecidos con arreglo a la presente Directiva, el público interesado también debe gozar de dichos derechos procesales en procesos relativos a los delitos de corrupción tipificados en la presente Directiva. Los derechos del público interesado se entienden sin perjuicio de los derechos de las víctimas tal como se establecen en la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (15). Los conceptos de «público interesado» y «víctima» deben mantenerse diferenciados, y los Estados miembros no deben estar obligados a aplicar los derechos de las víctimas al público interesado. La presente Directiva no obliga a los Estados miembros a conceder al público interesado los derechos procesales en procesos penales que concedan a categorías de personas distintas del público interesado.

(38)

La presente Directiva exige a los Estados miembros que adopten y publiquen una estrategia nacional de prevención y lucha contra la corrupción. Se anima a los Estados miembros a que elaboren la estrategia nacional en consulta con la sociedad civil, los organismos o unidades organizativas de lucha contra la corrupción, expertos independientes, investigadores y otras partes interesadas. La estrategia nacional debe tener en cuenta las necesidades, especificidades y retos de los Estados miembros.

(39)

Las organizaciones de la sociedad civil independientes son cruciales para el buen funcionamiento de la democracia y desempeñan un papel clave en la defensa de los valores comunes en los que se fundamenta la Unión. Ejercen la función esencial de guardianas del Estado de Derecho alertando sobre las amenazas que lo ponen en peligro, contribuyendo a exigir responsabilidades a las autoridades competentes y garantizando el respeto de los derechos fundamentales. Los Estados miembros deben promover la participación de la sociedad civil en las actividades de lucha contra la corrupción, cuando proceda.

(40)

El pluralismo y la libertad de los medios de comunicación son factores clave para el funcionamiento del Estado de Derecho, la rendición de cuentas democrática, la igualdad y la lucha contra la corrupción. Los medios de comunicación independientes y plurales y, especialmente, el periodismo de investigación desempeñan un importante papel en el control de los asuntos públicos, ya que detectan posibles casos de corrupción y faltas de integridad, contribuyen a la actividad de concienciación y promueven la integridad. Los Estados miembros tienen la obligación de garantizar un entorno en el que los periodistas puedan ejercer su labor, garantizar su seguridad y fomentar proactivamente la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación. La Recomendación de la Comisión sobre la garantía de la protección, la seguridad y el empoderamiento de los periodistas y los otros profesionales de los medios de comunicación en la Unión Europea, de 16 de septiembre de 2021, la Recomendación de la Comisión sobre la protección de periodistas y defensores de los derechos humanos en la esfera pública frente a procedimientos judiciales manifiestamente infundados o abusivos («demandas estratégicas contra la participación pública»), de 27 de abril de 2022, y la Directiva (UE) 2024/1069 del Parlamento Europeo y del Consejo (16) incluyen importantes salvaguardias y normas para garantizar que los periodistas, los defensores de los derechos humanos y otras personas puedan desempeñar sus funciones sin obstáculos.

(41)

Para abordar de forma eficaz los delitos tipificados en la presente Directiva, es necesario que las autoridades competentes de los Estados miembros recopilen datos estadísticos exactos, coherentes y comparables sobre dichos delitos. Los Estados miembros deben, por tanto, garantizar que exista un sistema adecuado de recogida, elaboración y transmisión de los datos estadísticos existentes sobre los delitos tipificados en la presente Directiva. Es importante que los Estados miembros utilicen esos datos estadísticos para analizar la magnitud y las tendencias de los delitos relacionados con la corrupción, así como para proporcionar información a los ciudadanos. Los Estados miembros deben publicar datos estadísticos pertinentes sobre los procedimientos relacionados con los delitos de corrupción, extraídos de los datos que ya existen a nivel centralizado o descentralizado en todo el Estado miembro. Esos datos pueden ser analizados y utilizados por la Comisión en el contexto del seguimiento, la aplicación y la evaluación de la presente Directiva, así como de la aplicación de cualquiera de los instrumentos del conjunto de instrumentos al servicio del Estado de Derecho, como el Informe anual sobre el Estado de Derecho.

(42)

Para luchar eficazmente contra la corrupción, es fundamental el intercambio eficiente de información entre las autoridades competentes responsables de la prevención, la detección, la investigación o el enjuiciamiento de los delitos de corrupción. Los Estados miembros deben garantizar que las fuerzas o cuerpos de seguridad competentes intercambien información mediante la Aplicación de la Red de Intercambio Seguro de Información (SIENA) de Europol de manera efectiva y oportuna con arreglo al Derecho nacional y de la Unión. La presente Directiva, cuyo objetivo es fijar tipos comunes de los delitos de corrupción, debe servir de referencia para el intercambio de información y la colaboración entre las autoridades nacionales competentes conforme a los Reglamentos (UE) n.o 603/2013 (17), (UE) 2018/1240 (18) y (UE) 2018/1862 (19) del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas (UE) 2016/681 (20), (UE) 2019/1153 (21) y (UE) 2023/977 (22) del Parlamento Europeo y del Consejo y la Decisión 2008/633/JAI del Consejo (23).

(43)

La corrupción es una preocupación de carácter transversal y los puntos vulnerables, al igual que la manera más adecuada de tratarlos, varían de un sector a otro. Por lo tanto, los Estados miembros deben, a intervalos adecuados, llevar a cabo evaluaciones que les permitan identificar los sectores o profesiones con mayor riesgo de corrupción y elaborar medidas para hacer frente a los principales riesgos en esos sectores o profesiones identificados, también mediante la organización periódica, cuando proceda, de actividades de concienciación adaptadas a las especificidades de dichos sectores o profesiones identificados. Los Estados miembros que dispongan ya de estrategias nacionales generales de lucha contra la corrupción podrían optar por tratar sus evaluaciones de riesgos en dichas estrategias, siempre que los riesgos se evalúen y las medidas se revisen periódicamente. Por ejemplo, tal como se declara en el informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones de 23 de enero de 2019, titulado «Regímenes de ciudadanía y residencia para inversores en la Unión Europea», los regímenes de residencia para inversores se hallan entre los sectores que presentan un alto riesgo de corrupción, por lo que deben incluirse en las evaluaciones de los sectores más vulnerables frente a la corrupción y en las sesiones de formación que deben impartir los Estados miembros en cumplimiento de la presente Directiva.

(44)

Para dispensar a los intereses financieros de la Unión el mismo nivel de protección que a los intereses financieros nacionales, las disposiciones de la Directiva (UE) 2017/1371 deben alinearse con las de la presente Directiva. A tal fin, las normas sobre las sanciones penales o no penales, las circunstancias agravantes y atenuantes y los plazos de prescripción aplicables a las infracciones penales que afecten a los intereses financieros de la Unión deben ser equivalentes a las establecidas en la presente Directiva.

(45)

Mediante su aplicación, la presente Directiva debe conferir a los intereses financieros de la Unión un nivel de protección equivalente al de los intereses financieros nacionales.

(46)

Dado que los objetivos de la presente Directiva, a saber, establecer normas mínimas comunes a la tipificación de los delitos en el ámbito de la corrupción en todos los Estados miembros y la disponibilidad de sanciones penales efectivas, proporcionadas y disuasorias para dichos delitos, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a las dimensiones y a los efectos de la presente Directiva, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea (TUE). De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(47)

El efecto disuasorio previsto de la aplicación de sanciones de Derecho penal requiere una especial cautela en lo que se refiere a los derechos fundamentales. La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, en particular, por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y en particular el derecho a la libertad y a la seguridad, el derecho a la protección de los datos personales, la libertad profesional y el derecho a trabajar, la libertad de empresa, el derecho a la propiedad y el derecho a una tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, la presunción de inocencia y el derecho de defensa, el principio de legalidad y el de proporcionalidad de los delitos y de las penas, así como el principio non bis in idem.

(48)

De conformidad con el artículo 42, apartado 1, del Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo (24), el Supervisor Europeo de Protección de Datos emitió su dictamen el 21 de junio de 2023.

(49)

De conformidad con el artículo 3 del Protocolo n.o 21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al TUE y al TFUE, Irlanda ha notificado, mediante carta de 10 de julio de 2023, su deseo de participar en la adopción y aplicación de la presente Directiva.

(50)

De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.o 22 sobre la posición de Dinamarca, anejo al TUE y al TFUE, Dinamarca no participa en la adopción de la presente Directiva y no queda vinculada por ella ni sujeta a su aplicación. La Decisión marco 2003/568/JAI seguirá siendo vinculante para Dinamarca y aplicable a Dinamarca.