EL REINO DE BÉLGICA,

LA REPÚBLICA DE BULGARIA,

LA REPÚBLICA CHECA,

EL REINO DE DINAMARCA,

LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA,

LA REPÚBLICA DE ESTONIA,

IRLANDA,

LA REPÚBLICA HELÉNICA,

EL REINO DE ESPAÑA,

LA REPÚBLICA FRANCESA,

LA REPÚBLICA DE CROACIA,

LA REPÚBLICA ITALIANA,

LA REPÚBLICA DE CHIPRE,

LA REPÚBLICA DE LETONIA,

LA REPÚBLICA DE LITUANIA,

EL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO,

LA REPÚBLICA DE MALTA,

EL REINO DE LOS PAÍSES BAJOS,

LA REPÚBLICA DE AUSTRIA,

LA REPÚBLICA DE POLONIA,

LA REPÚBLICA PORTUGUESA,

RUMANÍA,

LA REPÚBLICA DE ESLOVENIA,

LA REPÚBLICA ESLOVACA,

LA REPÚBLICA DE FINLANDIA,

EL REINO DE SUECIA, y

LA UNION EUROPEA

en lo sucesivo denominadas conjuntamente «Partes»,

TENIENDO PRESENTE el Tratado sobre la Carta de la Energía, firmado en Lisboa el 17 de diciembre de 1994  (1) y aprobado en nombre de las Comunidades Europeas mediante la Decisión del Consejo y la Comisión 98/181/CE, CECA, Euratom, de 23 de septiembre de 1997  (2), en la versión correspondiente a su última modificación;

TENIENDO PRESENTES las normas de Derecho internacional consuetudinario codificadas en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, celebrada en Viena el 23 de mayo de 1969;

CONSIDERANDO que los miembros de una organización regional de integración económica, en el sentido del artículo 1, punto 3, del Tratado sobre la Carta de la Energía, expresan por el presente un entendimiento común sobre la interpretación y aplicación de un tratado en sus relaciones entre sí;

RECORDANDO que la denuncia del Tratado sobre la Carta de la Energía no afecta a la composición de la organización regional de integración económica mencionada en el Tratado, ni impide que se pueda expresar un entendimiento común sobre la interpretación y aplicación de dicho Tratado mientras pueda considerarse que surte efectos jurídicos en relación con una Parte que ha denunciado y, en particular, con respecto al artículo 47, apartado 3, del Tratado sobre la Carta de la Energía;

TENIENDO PRESENTES el Tratado de la Unión Europea (TUE), el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), y los principios generales del Derecho de la Unión;

CONSIDERANDO que las referencias a la Unión Europea en el presente Acuerdo deben entenderse también como referencias a su antecesora, la Comunidad Económica Europea y, posteriormente, la Comunidad Europea, hasta que esta última fue sustituida por la Unión Europea;

RECORDANDO que, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Permanente de Justicia Internacional (3) y de la Corte Internacional de Justicia (4), el derecho de interpretar auténticamente una regla jurídica corresponde solo a las Partes del convenio internacional en relación con dicho convenio;

RECORDANDO que los Estados miembros de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Estados miembros») han atribuido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el derecho de interpretar auténticamente el Derecho de la Unión, como explicó el TJUE en su sentencia de 30 de mayo de 2006, en el asunto C-459/03, entre la Comisión e Irlanda (Mox Plant) (5),que declaró que la competencia exclusiva para interpretar y aplicar el Derecho de la Unión se extiende a la interpretación y aplicación de los acuerdos internacionales en los que la Unión Europea y sus Estados miembros sean Parte, en caso de controversia entre dos Estados miembros o entre la Unión Europea y un Estado miembro;

RECORDANDO que, de conformidad con el artículo 344 del TFUE, los Estados miembros se comprometen a no someter las controversias relativas a la interpretación o aplicación de los Tratados a un procedimiento de solución distinto de los previstos en los mismos;

RECORDANDO que, en su sentencia de 6 de marzo de 2018, en el asunto C-284/16, Achmea (6), el TJUE señaló que los artículos 267 y 344 del TFUE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una disposición de un acuerdo internacional celebrado entre Estados miembros de la Unión Europea conforme a la cual un inversor de uno de esos Estados miembros puede, en caso de controversia sobre inversiones realizadas en el otro Estado miembro, iniciar un procedimiento contra este último ante un tribunal arbitral cuya competencia se ha comprometido a aceptar dicho Estado miembro;

RECORDANDO la posición reiterada de la Unión Europea según la cual el Tratado sobre la Carta de la Energía no estaba destinado a aplicarse en las relaciones en el interior de la Unión y que no era ni podía haber sido la intención de la Unión Europea, de la Comunidad Europea de la Energía Atómica y de sus Estados miembros, que el Tratado sobre la Carta de la Energía creara obligaciones entre ellos, ya que se negoció como instrumento de la política energética exterior de la Unión Europea para establecer un marco para la cooperación energética con terceros países, mientras que, por el contrario, la política energética interna de la Unión Europea consiste en un sistema complejo de normas destinado a crear un mercado interior en el ámbito de la energía que regulan exclusivamente las relaciones entre los Estados miembros en dicho ámbito;

RECORDANDO que, en su sentencia de 2 de septiembre de 2021, en el asunto C-741/19, entre República de Moldavia y Komstroy (7) (en lo sucesivo, «sentencia Komstroy»), confirmada en su dictamen de 16 de junio de 2022, 1/20 (8), el TJUE declaró que el artículo 26, apartado 2, letra c), del Tratado sobre la Carta de la Energía debe interpretarse en el sentido de que no es aplicable a las controversias entre un Estado miembro y un inversor de otro Estado miembro en relación con una inversión realizada por este en el primer Estado miembro;

RECORDANDO que, como interpretación del órgano jurisdiccional competente y en virtud de un principio general del Derecho internacional público, la interpretación del Tratado sobre la Carta de la Energía en la sentencia Komstroy es de aplicación desde la aprobación del Tratado sobre la Carta de la Energía por las Comunidades Europeas y sus Estados miembros;

CONSIDERANDO que los artículos 267 TFUE y 344 TFUE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una interpretación del artículo 26 del Tratado sobre la Carta de la Energía que permita que las controversias entre, por una parte, un inversor de un Estado miembro y, por otra parte, otro Estado miembro o la Unión Europea se resuelvan ante un tribunal de arbitraje («procedimiento de arbitraje en el interior de la Unión»);

CONSIDERANDO, en cualquier caso, que, cuando una controversia entre, por un lado, un inversor de un Estado miembro y, por otro lado, otro Estado miembro o la Unión Europea no pueda resolverse de forma amistosa, una de las Partes en dicha controversia puede, como siempre, optar por someterla a los órganos jurisdiccionales o administrativos competentes, de conformidad con la normativa nacional, como garantizan los principios generales del Derecho y el respeto de los derechos fundamentales, consagrados, entre otros textos, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea;

EN EL ENTENDIMIENTO COMÚN, expresado en el presente Acuerdo de que, como consecuencia de ello, las cláusulas como el artículo 26 del Tratado sobre la Carta de la Energía no podían en el pasado, y no pueden, ni ahora ni en el futuro, servir de base jurídica para un procedimiento de arbitraje iniciado por un inversor de un Estado miembro en relación con inversiones en otro Estado miembro;

REITERANDO la Declaración n.o 17 relativa a la primacía, aneja al Acta Final de la Conferencia intergubernamental que adoptó el Tratado de Lisboa, en la que se recuerda que los Tratados y el Derecho adoptado por la Unión sobre la base de los Tratados tienen primacía sobre el Derecho de los Estados miembros, y que el principio de primacía constituye una norma de conflicto en sus relaciones mutuas;

RECORDANDO, por consiguiente, que, para resolver cualquier conflicto de normas, los acuerdos internacionales celebrados por los Estados miembros con arreglo al Derecho internacional solo pueden aplicarse en las relaciones en el interior de la Unión en la medida en que sus disposiciones sean compatibles con los Tratados de la Unión;

CONSIDERANDO que, como consecuencia de la inaplicabilidad del artículo 26 del Tratado sobre la Carta de la Energía como base jurídica para los procedimientos de arbitraje en el interior de la Unión, el artículo 47, apartado 3, del Tratado sobre la Carta de la Energía no puede extenderse, ni se quiso que se extendiese, a tales procedimientos;

CONSIDERANDO que, como consecuencia de la inaplicabilidad del artículo 26 del Tratado sobre la Carta de la Energía como base jurídica para los procedimientos de arbitraje en el interior de la Unión, las Partes afectadas por procedimientos de arbitraje en el interior de la Unión en curso, ya sea como demandadas o como Estado miembro del inversor, deben cooperar para garantizar que se ponga en conocimiento del tribunal de arbitraje de que se trate la existencia del presente Acuerdo, para que pueda llegar a la conclusión de que procede declarar que carece de competencia y se inhiba;

CONSIDERANDO, además, que no se deben entablar nuevos procedimientos de arbitraje en el interior de la Unión; y CONVINIENDO en que, cuando, no obstante, se notifique la solicitud de arbitraje, las Partes afectadas por dicho procedimiento, ya sea como demandadas o como Estado miembro del inversor, deben cooperar para que se ponga en conocimiento del tribunal de arbitraje de que se trate la existencia del presente Acuerdo, para que pueda declarar que el artículo 26 del Tratado sobre la Carta de la Energía no puede servir de base jurídica para tal procedimiento;

CONSIDERANDO, no obstante, que no deben impugnarse las transacciones y los laudos en los casos de arbitraje sobre inversiones en el interior de la Unión que ya no puedan declararse nulos o anularse y que se hayan cumplido voluntariamente o que se hayan ejecutado con carácter cosa de juzgada;

LAMENTANDO que ya se han dictado laudos arbitrales, siguen dictándose y pueden aún dictarse, por parte de tribunales de arbitraje en procedimientos de arbitraje en el interior de la Unión incoados con arreglo al artículo 26 del Tratado sobre la Carta de la Energía, de manera contraria al Derecho de la Unión Europea, y específicamente en contra de la jurisprudencia del TJUE;

LAMENTANDO asimismo que dichos laudos arbitrales sean objeto de procesos de ejecución, incluso en terceros países, que, en los procedimientos de arbitraje en el interior de la Unión en curso supuestamente basados en el artículo 26 del Tratado sobre la Carta de la Energía, los tribunales de arbitraje no se declaren incompetentes y se inhiban de conocer; y que las instituciones de arbitraje sigan incoando nuevos procedimientos de arbitraje y no inadmitan a trámite las solicitudes de arbitraje por ser manifiestamente improcedentes debido a la falta de potestad para recurrir a la vía arbitral;

CONSIDERANDO, por tanto, que es necesario reiterar, expresa e inequívocamente, la posición congruente de las Partes mediante un acuerdo que reafirme su entendimiento común sobre la interpretación y aplicación del Tratado sobre la Carta de la Energía, tal como lo interpreta el TJUE, en lo que se refiere a los procedimientos de arbitraje en el interior de la Unión;

CONSIDERANDO que, según la sentencia del Tribunal Internacional de Justicia de 5 de febrero de 1970, Barcelona Traction, Light and Power Company Limited  (9), y como explicó el TJUE en la sentencia Komstroy, determinadas disposiciones del Tratado sobre la Carta de la Energía tienen por objeto regular las relaciones bilaterales;

CONSIDERANDO, por tanto, que el presente Acuerdo solo se refiere a las relaciones bilaterales entre las Partes, y, por extensión, los inversores de dichos Estados miembros como Partes Contratantes en el Tratado sobre la Carta de la Energía, y que, en consecuencia, el presente Acuerdo solo afecta a dichas Partes Contratantes en el Tratado sobre la Carta de la Energía que se rigen por el Derecho de la Unión Europea como organización regional de integración económica, en el sentido del artículo 1, punto 3, del Tratado sobre la Carta de la Energía, y no afecta al disfrute por las demás Partes Contratantes en el Tratado sobre la Carta de la Energía de los derechos que les otorga dicho Tratado ni al cumplimiento de sus obligaciones;

RECORDANDO que las Partes han informado a las Partes Contratantes en el Tratado sobre la Carta de la Energía de su intención de celebrar el presente Acuerdo;

CONSIDERANDO que, al celebrar el presente Acuerdo, y en consonancia con las obligaciones jurídicas que les impone el Derecho de la Unión Europea, pero sin perjuicio de su derecho a presentar las demandas que consideren oportunas en relación con los gastos que tengan como demandados en relación con procedimientos de arbitraje en el interior de la Unión, las Partes garantizan el cumplimiento pleno y efectivo de la sentencia Komstroy y subrayan la inexigibilidad de los laudos arbitrales existentes, la obligación de los tribunales de arbitraje de poner fin inmediatamente a cualquier procedimiento de arbitraje en el interior de la Unión, la obligación de las instituciones de arbitraje de no incoar ningún procedimiento de arbitraje nuevo en el interior de la Unión, en consonancia con las competencias respectivas derivadas del artículo 36, apartado 3, del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados (en lo sucesivo, «CIADI»), celebrado en Washington el 18 de marzo de 1965, y del artículo 12 de las reglas de arbitraje del Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo, y la obligación de los tribunales de arbitraje de declarar que todo procedimiento de arbitraje en el interior de la Unión que se pretenda entablar ante ellos carece de base jurídica;

EN EL ENTENDIMIENTO de que el presente Acuerdo abarca todos los procedimientos de arbitraje entre inversores y Estados que impliquen a las Partes en controversias en el interior de la Unión basadas en el artículo 26 del Tratado sobre la Carta de la Energía bajo cualquier convenio o conjunto de reglas de arbitraje, incluidos el CIADI, las reglas de arbitraje del CIADI, del Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo, y de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, y el arbitraje ad hoc, y

TENIENDO EN CUENTA que las disposiciones del presente Acuerdo se entienden sin perjuicio del derecho de la Comisión Europea o cualquiera de los Estados miembros a interponer recurso ante el TJUE al amparo de los artículos 258, 259 y 260 del TFUE;

HAN CONVENIDO EN LO SIGUIENTE: