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II.

III.

IV.

V.

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Las acciones que se lleven a cabo como parte del Programa de Asociación deberán estar inspiradas en los objetivos generales de la asociación política y la integración económica y dar pleno cumplimiento al AA/ZLCAP, incluido su preámbulo.

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Las prioridades del Programa de Asociación reflejan la responsabilidad de la UE y la República de Moldavia en cuanto a la plena aplicación de las disposiciones de su Acuerdo de Asociación.

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Ambas Partes deben participar en la ejecución del Programa de Asociación, respetando plenamente los principios de apropiación, transparencia, rendición de cuentas e integración.

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El Programa de Asociación también compromete a la República de Moldavia en el diálogo en curso sobre las reformas relacionadas con la asociación;

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El Programa de Asociación tiene por objeto lograr resultados tangibles y sostenibles mediante la progresiva implementación de prioridades estratégicas a través de medidas prácticas. Ambas Partes velarán en particular por que toda la legislación y los documentos estratégicos que se elaboren en el marco del Programa de Asociación sean preparados e implementados escrupulosamente en el marco de un proceso integrador, transparente y basado en datos contrastados en el que participen la sociedad civil y otras partes interesadas pertinentes.

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Las Partes reconocen la importancia de apoyar las prioridades acordadas con medios políticos, técnicos y financieros internos apropiados y suficientes.

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La ejecución del Programa de Asociación será objeto de seguimiento, informes anuales, incluso sobre los avances globales, y de evaluación, tomando también como referencia índices y datos generalmente reconocidos, elaborados en el marco de proyectos financiados por la UE. Se revisarán los progresos realizados, en particular durante las reuniones de las estructuras bilaterales que crea el Acuerdo de Asociación. También se permitirá a la sociedad civil centrar sus actividades de supervisión en el Programa de Asociación.

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La Unión Europea apoyará a la República de Moldavia en la realización de los objetivos y las prioridades establecidos en el Programa de Asociación. para ello: ofrecerá todas las fuentes de apoyo de la UE disponibles; aportará pericia técnica y asesoramiento; facilitará el intercambio de buenas prácticas, conocimientos especializados e información; y contribuirá al desarrollo de capacidades y al fortalecimiento de las instituciones. Asimismo, fomentará y procurará coordinar el apoyo de los demás socios de la República de Moldavia y reforzará el enfoque coordinado del apoyo del Equipo Europa, que combina recursos de la UE, de sus Estados miembros y de instituciones financieras, y utilizará sus instrumentos financieros pertinentes para favorecer la ejecución del Programa de Asociación. No obstante, este apoyo seguirá siendo estrictamente condicional y estará vinculado a los progresos concretos del programa de reformas acordado con la UE, en particular en los ámbitos de la democracia, la justicia y la lucha contra la corrupción. Por otra parte, el Programa de Asociación no es un documento de programación financiera ni sustituye a la programación financiera que realicen las Partes.

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Garantizar que las elecciones presidenciales, parlamentarias y locales se celebren de manera democrática, con arreglo a las normas acordadas a nivel internacional y europeo. Garantizar la independencia y profesionalización de la Comisión Electoral Central.

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Garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la legalidad de la financiación de los partidos políticos y las campañas electorales, de acuerdo con las normas internacionales y las mejores prácticas, e implementar en tiempo oportuno mecanismos estrictos y adecuados de supervisión y sanción.

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Garantizar el pluralismo político y facilitar la representación política y la participación inclusiva de las personas pertenecientes a grupos vulnerables y de las minorías, así como una cuota de género del 40 % entre los cargos electivos, con el objetivo de alcanzar una cuota similar en los nombramientos a nivel central y regional.

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Garantizar unas instituciones de gobierno y unas autoridades administrativas responsables, transparentes, eficientes, eficaces y dotadas de suficientes recursos a nivel nacional y local, libres de corrupción e influencias indebidas.

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Reforzar el papel y el funcionamiento del Parlamento, en particular velando por que se tomen las medidas necesarias para asignar recursos y mejorar los mecanismos para poder garantizar un proceso legislativo totalmente transparente, previsible y participativo; transparencia en los nombramientos, de acuerdo con las mejores prácticas internacionales, y mayor eficacia en la supervisión y el control de la ejecución de las leyes.

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Modificar la ley sobre transparencia en la toma de decisiones y el Reglamento del Parlamento para definir el mecanismo del procedimiento de emergencia utilizado por el Parlamento y para garantizar una participación adecuada de la sociedad civil.

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Seguir mejorando la plataforma de legislación electrónica e introducir el sistema de votación electrónica en el Parlamento.

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Garantizar la independencia e imparcialidad del poder judicial, de conformidad con las normas europeas.

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Reforzar el papel del Tribunal Constitucional mejorando el marco jurídico (especialmente, derogando el código de jurisdicción constitucional) y los mecanismos institucionales para mejorar la tasa de ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional y recuperar la confianza pública).

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En la Administración Pública, garantizar un nivel salarial competitivo y un sistema de ascensos transparente y basado en los méritos con el fin de atraer y retener el talento.

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en un plazo de tres a cuatro años:

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en un plazo de siete años:

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Evaluar las conclusiones y la evolución de la situación desde la Estrategia de Reforma de la Administración Pública de 2016, y adoptar nuevas medidas de reforma en función de los resultados de la evaluación.

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Seguir realizando evaluaciones de impacto ex ante y velar por que los costes de las reformas se calculen de manera sistemática. Reforzar las capacidades institucionales de ambas actividades. Garantizar el funcionamiento de foros interministeriales de resolución de conflictos tanto en los niveles administrativos como políticos más altos.

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Proseguir la reforma de las instituciones gubernamentales, las autoridades administrativas y las empresas de propiedad estatal para mejorar la rendición de cuentas, la eficiencia y la eficacia. Seguir desarrollando el sistema de elaboración y coordinación de las políticas para mejorar la integración, coherencia, eficiencia, previsibilidad y transparencia del proceso de toma de decisiones.

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Seguir mejorando la calidad y accesibilidad de los servicios públicos, en particular reforzando su digitalización e implementando mecanismos de seguimiento sólidos, así como mecanismos de información sobre la experiencia de los usuarios. Garantizar una función pública profesional y un sistema de gestión de recursos humanos moderno.

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Proseguir la reforma de la Administración Pública de acuerdo con los Principios de Administración Pública y en consulta con la sociedad civil, a la que se implicará cada vez más, a fin de establecer una función pública sujeta a rendición de cuentas, eficiente, transparente, basada en el mérito profesional y en datos fehacientes, que cuente con su propio código deontológico y esté libre de presiones políticas.

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Realizar un análisis del impacto de la configuración de la Administración Pública local en los intereses de los ciudadanos. Desarrollar formas de reforzar la democracia local, la autonomía y la descentralización, con arreglo al conjunto de normas internacionales y europeas, con el fin de garantizar la participación local de los ciudadanos y mejorar la prestación de servicios locales a los ciudadanos, en particular explorando posibles reformas de la administración territorial.

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Crear paquetes de incentivos para facilitar la agrupación voluntaria y el desarrollo socioeconómico local.

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La UE seguirá apoyando la participación de la región autónoma de Gagauzia en la implementación de las políticas públicas pertinentes, de conformidad con la ley de 1994 sobre el estatuto jurídico especial de Gagauzia.

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Mejorar la gobernanza presupuestaria prosiguiendo la reforma de la gestión de la Hacienda Pública sobre la base de una estrategia nacional de gestión de la Hacienda Pública.

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Mejorar la gestión de la inversión pública para que sea más eficaz, velando en particular por la transparencia en la toma de decisiones sobre la asignación de fondos, preparando una reserva de proyectos listos para recibir inversión, desarrollando capacidad de gestión de proyectos y sistemas de seguimiento para mejorar la absorción de fondos, y garantizando la calidad de los proyectos finalizados.

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Seguir desarrollando la normativa de rendición de cuentas de los gestores en el sector público sobre la base de los principios de control interno y auditoría de la Hacienda Pública establecidos por la UE/SIGMA.

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Velar por una mayor armonización de la auditoría pública externa con las normas de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, aumentar la calidad y el impacto del trabajo realizado por la Entidad Fiscalizadora Superior, reforzar el control parlamentario y la supervisión de la Hacienda Pública.

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Seguir trabajando para garantizar la libertad de expresión, en internet y fuera de internet, y la independencia de los medios de comunicación, de acuerdo con las recomendaciones del Consejo de Europa, la Unión Europea y la OSCE.

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Continuar el diálogo para intercambiar las mejores prácticas en materia de libertad y pluralismo de los medios de comunicación, despenalización de la difamación, protección de las fuentes periodísticas y diversidad cultural en los medios de comunicación.

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Aprobar una legislación nueva para mejorar el acceso a la información y en materia de publicidad, así como medidas de apoyo a los medios de comunicación, dirigidas también a la producción y la difusión de contenidos de interés público.

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Sobre la base del concepto de medios de comunicación, adoptar e implementar una estrategia y el correspondiente programa de medidas, desarrollando también mecanismos y capacidades de supervisión.

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Abordar la incitación al odio en los medios de comunicación, incluido en los medios en línea y en las redes sociales, y contrarrestar la desinformación.

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Crear las condiciones necesarias para la plena independencia, profesionalidad, operatividad y responsabilidad del organismo de supervisión audiovisual (Consejo Audiovisual) y de los organismos públicos de radiodifusión.

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Apoyar a los organismos autónomos de la prensa escrita y adoptar medidas de apoyo a los medios de comunicación locales y regionales.

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Garantizar la competitividad en el mercado publicitario y la transparencia en cuanto a beneficiarios finales y afiliaciones políticas.

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Crear herramientas eficientes y efectivas para evitar la monopolización de los mercados publicitarios.

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en un plazo de tres a cuatro años:

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en un plazo de siete años:

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Velar por la aplicación de la Ley de organizaciones no comerciales, que tiene por objeto mejorar el marco jurídico para la participación efectiva de la sociedad civil en el proceso de toma de decisiones.

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Adoptar e implementar un nuevo documento estratégico para el desarrollo de la sociedad civil.

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Seguir promoviendo y protegiendo un entorno propicio para la sociedad civil. Reaccionar ante las campañas sistemáticas de difamación y los ataques contra organizaciones de la sociedad civil.

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Reforzar el marco de participación de la sociedad civil en la elaboración y el control de ejecución de las políticas públicas.

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Fomentar y reforzar la sostenibilidad financiera de la sociedad civil. Implementar un mecanismo funcional para garantizar la asignación transparente y basada en los méritos de fondos estatales a las organizaciones de la sociedad civil, incluidas campañas de información pública por parte de las autoridades públicas.

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Apoyar el espíritu cívico y de voluntariado activo, así como el emprendimiento social.

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Organizar campañas de información pública para difundir información exacta sobre el papel y la importancia de la sociedad civil y permitir que los ciudadanos se interesen y participen en iniciativas cívicas.

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Proseguir la desinstitucionalización infantil y velar por que el número de niños acogidos en instituciones se reduzca gradualmente a cero, completando así la desinstitucionalización, mientras se van desarrollando formas alternativas de atención y cuidados.

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Adoptar el «Programa de protección de la infancia», de conformidad con lo dispuesto en la Decisión n.o 386/2020 del Gobierno y el correspondiente plan de acción.

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Mejorar la protección de los niños que se han quedado atrás como consecuencia de la migración, incluida la prestación de apoyo social y psicológico.

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Abordar la cuestión de la prevención de la delincuencia infantil en el marco del Programa de Protección de la Infancia.

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Abordar el problema de los niños de la calle mediante mecanismos de protección social y programas de rehabilitación y reinserción.

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Prevenir y erradicar todo tipo de violencia contra los niños y víctimas potenciales de violencia, abandono, abusos, explotación y trabajo infantil, velando especialmente por el cumplimiento efectivo del Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual y otros mecanismos internacionales pertinentes.

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Evitar la separación familiar y reforzar la reintegración familiar y la desinstitucionalización.

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Adaptar la justicia a los menores, promover la reintegración y la inclusión (delincuentes, víctimas y testigos).

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Reforzar y apoyar los enfoques intersectoriales en la prestación de servicios a los menores y las familias a nivel local y regional.

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Implementar las observaciones finales del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y reforzar la cooperación de la sociedad civil y las instituciones independientes de defensa de los derechos humanos (Defensor del Pueblo para los Derechos del Niño).

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Facilitar la inclusión social de los menores en situaciones de vulnerabilidad y con discapacidades (bienestar, educación, desarrollo, protección y salud).

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Reforzar la parentalidad positiva para garantizar el respeto y la defensa de los derechos de los niños y adolescentes.

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Promover comportamientos saludables entre los niños, los adolescentes y los jóvenes (nutrición, actividad física, prevención del abuso de sustancias, salud sexual y reproductiva, enfermedades transmisibles, apoyo psicológico, etc.).

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Reforzar la participación de niños, adolescentes y jóvenes en la toma de decisiones a diferentes niveles.

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Reforzar y promover una educación formal y no formal inclusivas a través de enfoques centrados en la infancia.

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Promover la resiliencia digital de niños, adolescentes y jóvenes y sensibilizarlos a esta cuestión; garantizar la seguridad de los niños en internet.

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Ofrecer formación completa y especializada a los profesionales que trabajan con menores (cuerpos y fuerzas de seguridad, poder judicial, sanidad, sector social, etc.).

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Proteger a todas las mujeres y niñas de todas las formas de violencia y prevenir, perseguir y erradicar la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, en particular ratificando y velando por el pleno cumplimiento del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul).

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Trabajar por cambiar las percepciones en torno a los estereotipos de género y las normas patriarcales que limitan la igualdad de derechos de las mujeres.

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Apoyar la implicación de los hombres en el cuidado de los niños mediante campañas de sensibilización sobre la paternidad.

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Trabajar con los autores de delitos, sobre la base de las mejores prácticas internacionales, para reducir y prevenir la violencia contra todas las mujeres y niñas.

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Desarrollar programas de alojamiento y asistencia especializada para las víctimas de violencia doméstica, sexual y de género.

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Asumir un papel proactivo desde el gobierno en la protección y promoción de la igualdad de derechos de las mujeres y las niñas.

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Se otorga especial prioridad a la prevención de todas las formas de violencia de género, así como al apoyo a reforzar e incrementar la participación y el liderazgo de las mujeres en la prevención de conflictos y en los procesos de paz.

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Implementar las Observaciones finales del Comité de las Naciones Unidas para la eliminación de la discriminación contra la mujer.

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Desarrollar programas y servicios de asesoramiento psicológico para los autores de delitos, con el fin de cambiar los comportamientos y promover una cultura contra la violencia.

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Seguir tomando medidas para garantizar la igualdad para todos y luchar contra la discriminación por cualquier motivo, independientemente del sexo, origen racial o étnico, religión o creencias, discapacidad, edad, lengua, identidad de género, orientación sexual, capacidad u otro motivo, en la vida social, política y económica, a fin de permitir la igualdad de oportunidades.

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Implementar y supervisar la legislación nacional adecuada a la Directiva sobre igualdad racial (Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000).

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Garantizar el cumplimiento efectivo de la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial.

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Luchar contra la discriminación de todas las minorías étnicas en la República de Moldavia, en particular de la comunidad romaní.

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Mejorar la inclusión y la igualdad de oportunidades de la población gitana y luchar contra el antigitanismo.

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Garantizar un mecanismo eficaz de coordinación en materia de género a nivel gubernamental.

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Garantizar la recogida de datos desagregados por sexo y edad a nivel nacional para apoyar la toma de decisiones (ex ante), la implementación de las políticas en diferentes fases, el seguimiento y la evaluación (ex post) (2).

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Lograr un equilibrio entre mujeres y hombres (3) en cargos directivos del poder legislativo y la administración (instituciones, organismos y agencias gubernamentales), así como un equilibrio de género en la toma de decisiones a nivel nacional y local.

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Aumentar la proporción de mujeres en el sector privado, mejorar sus condiciones de trabajo, luchar contra su explotación, particularmente en el trabajo agrícola y los cuidados informales, y fomentar el espíritu emprendedor de estas en las zonas rurales.

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Eliminar la discriminación, los malos tratos y la violencia contra las mujeres en el sistema sanitario.

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Integrar un componente de igualdad de género en el cometido de los sindicatos, colocándolos entre los principales promotores de la igualdad de género en el lugar de trabajo y en el marco de la concertación social.

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Velar por que las campañas electorales ofrezcan representaciones respetuosas y exactas de mujeres y hombres, abordando de manera activa los estereotipos de género.

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Luchar contra los estereotipos de género y el antigitanismo en los contenidos de los medios de comunicación.

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en un plazo de tres a cuatro años:

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en un plazo de siete años:

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Seguir ampliando y reforzando la cooperación y la alineación en el ámbito de la política exterior y de seguridad, incluida la política común de seguridad y defensa (PCSD), en particular en consonancia con los principios de soberanía e integridad territorial, consagrados en el Acuerdo de Asociación UE — Moldavia. Se abordarán en particular cuestiones como la prevención de conflictos y la gestión de crisis, la estabilidad regional, el desarme, la no proliferación, el control de armamento y el control de las exportaciones, utilizando los foros bilaterales, internacionales y regionales.

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Proseguir las consultas encaminadas a desarrollar las capacidades necesarias para contribuir a la gestión de las respuestas a crisis a nivel nacional e internacional, y eventualmente a las operaciones internacionales de mantenimiento de la paz.

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Integrar el género en el ámbito de la seguridad y promover la participación y el liderazgo de las mujeres en las negociaciones de paz y en los procesos de paz.

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Seguir reforzando la cooperación entre la República de Moldavia y la UE en materia de seguridad, en particular en la lucha contra las amenazas híbridas, el refuerzo de la ciberseguridad y la lucha contra la desinformación.

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En el ámbito del desarrollo de capacidades contra las amenazas híbridas, ayudar a la República de Moldavia a: Elaborar el protocolo operativo para la lucha contra las amenazas híbridas, crear un mecanismo de alerta rápida, concienciar sobre las amenazas híbridas proporcionando formación y realizando pruebas piloto de resistencia.

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Adecuarse a las normas establecidas en las Directivas de la UE sobre infraestructuras críticas. Apoyar los esfuerzos para mejorar la resiliencia del sector de la energía frente a los ciberataques. Apoyar la mejora de la conectividad intragubernamental, incluida la infraestructura física necesaria para el intercambio de datos, y la mejora de la capacidad nacional para protegerse eficazmente de los ciberataques.

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Seguir reforzando la cooperación en el desarrollo de capacidades de comunicación estratégica, particularmente luchando contra la desinformación, apoyando el refuerzo de la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación, y ayudando a proteger el entorno informativo moldavo de la desinformación.

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Impulsar la cooperación práctica en materia de prevención de conflictos y gestión de crisis, facilitando la participación de la República de Moldavia en las operaciones civiles y militares de gestión de crisis dirigidas por la UE, y ofreciendo actividades de formación en el ámbito de la PCSD.

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Mejorar la cooperación en los foros multilaterales con el fin de defender un orden internacional basado en normas, con vistas también a aumentar la armonización con las posiciones de la UE en los foros multilaterales.

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Avanzar en el intercambio de información sobre organizaciones y grupos terroristas, sus actividades y redes de apoyo, de conformidad con el Derecho internacional y con la legislación aprobada por las Partes, en particular por medio del Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica entre la República de Moldavia y Europol y del Acuerdo de Cooperación entre la República de Moldavia y Eurojust.

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Seguir implementando la Resolución 2396 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y, en particular, compartir información sobre sospechosos de terrorismo con el fin de identificar, detectar y enjuiciar a los combatientes terroristas extranjeros.

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Reforzar la cooperación en materia de riesgos químicos, biológicos, radiológicos y nucleares (QBRN) desde la perspectiva de la lucha contra el terrorismo, las amenazas híbridas y la reducción del riesgo de desastres, tras la aprobación de la estrategia nacional de no proliferación de armas de destrucción masiva (ADM) y reducción de los riesgos QBRN, y apoyando la mejora de las capacidades nacionales de prevención y lucha contra el tráfico de materiales QBRN, en particular velando por la participación de expertos nacionales en actividades de formación e intercambio.

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La UE apoyará una cooperación específica para luchar contra el tráfico de armas de fuego.

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Seguimiento de la implementación de las recomendaciones formuladas por el MONEYVAL en relación con la no proliferación.

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Mejorar las capacidades nacionales legislativas, estratégicas y operativas para prevenir, detectar y combatir la fabricación, transferencia y circulación ilícitas de armas pequeñas y ligeras (APAL).

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Seguir manteniendo la resolución del conflicto transnistrio como uno de los asuntos centrales del orden del día en el diálogo político y la cooperación entre las Partes, a la espera de su resolución y sin perjuicio del formato de negociación establecido.

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Desarrollar un enfoque unificado, integral y coherente entre organismos con el fin de desarrollar y aplicar políticas de reintegración.

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Reforzar la realización de actividades en el marco de las medidas de fomento de la confianza.

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Proseguir un diálogo constructivo en relación con la situación de la parte central (Transnistria) de la frontera entre la República de Moldavia y Ucrania con todos los interlocutores pertinentes y, en su caso, en cooperación con la Misión de asistencia fronteriza de la UE.

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Seguir desarrollando, adoptando e implementando la legislación en el ámbito de la justicia y los cuerpos y fuerzas de seguridad para garantizar la independencia, la rendición de cuentas, imparcialidad, integridad, profesionalidad y eficiencia del Poder Judicial, en particular de la fiscalía, que deben estar libres de injerencias indebidas, políticas o de cualquier otro tipo; garantizar una política de tolerancia cero hacia la corrupción y prevenir todo tipo de comportamientos corruptos.

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Velar por la implementación de la estrategia para garantizar la independencia e integridad del sector de la justicia para 2021-2024 y de su plan de acción.

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Garantizar la independencia y la rendición de cuentas de los órganos autónomos del poder judicial y de la fiscalía, especialmente adecuando el marco legislativo relativo a la composición del Consejo Superior de Fiscales y el Consejo Superior de la Magistratura a las normas europeas, incluso mediante modificaciones de la Constitución.

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Promover la correcta aplicación del concepto de independencia del poder judicial y de autonomía de la fiscalía, a fin de preservar la rendición de cuentas institucional e individual, evitando influencias externas indebidas, especialmente en casos particulares.

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Velar por la independencia funcional de las dos fiscalías especializadas: luchar contra la corrupción de alto nivel y luchar contra la delincuencia organizada.

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Implementar normas sobre inmunidad funcional de la judicatura acordes con las normas europeas y las mejores prácticas internacionales.

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Mejorar la integridad de jueces y fiscales, en particular reforzando los mecanismos existentes, como los controles de las declaraciones de patrimonio y de conflictos de intereses, y procedimientos disciplinarios objetivos, eficientes y transparentes.

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Garantizar que el nombramiento de los candidatos a los cargos judiciales y fiscales y las promociones de jueces y fiscales emanen de una autoridad independiente, mediante un procedimiento transparente y basado exclusivamente en los méritos, en función de criterios objetivos establecidos por ley y acordes con las normas europeas.

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Seguir mejorando los sistemas de evaluación de resultados de jueces y fiscales en consonancia con las normas y las mejores prácticas europeas.

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Seguir desarrollando la formación judicial como una formación multidisciplinar y práctica, complementaria de la formación jurídica, destinada fundamentalmente a la transmisión de técnicas y valores profesionales, con especial atención a la función de los jueces.

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Finalizar el proceso de reorganización de los partidos judiciales y el estudio de viabilidad de la optimización de la fiscalía.

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Reforzar las capacidades financieras, operativas y de recursos humanos de los organismos anticorrupción, garantizar el acceso a las bases de datos pertinentes y mejorar la coordinación y cooperación entre estos organismos, con una delimitación clara de competencias y funciones.

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Optimizar las competencias de los organismos anticorrupción para asegurar un reparto más eficaz de estas, y en particular para mejorar la capacidad de lucha contra la corrupción de alto nivel.

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Establecer un mecanismo obligatorio de cooperación entre los organismos anticorrupción.

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Reforzar la cooperación judicial y operativa internacional a través de los equipos conjuntos de investigación, la asistencia judicial mutua y los sistemas de grupos operativos para garantizar la eficiencia y eficacia de las investigaciones transnacionales (transfronterizas) de la corrupción de alto nivel.

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Reforzar el sistema de declaración electrónica, incluido el componente de aprendizaje electrónico, y otras capacidades operativas y analíticas de la Autoridad Nacional de Integridad, entre otras cosas mediante la reorganización de la estructura de la Autoridad Nacional de Integridad con el personal/la masa salarial actuales, y mejorar el marco jurídico sobre declaraciones y control de activos y de conflictos de intereses, concediendo asimismo las autorizaciones oficiales necesarias y dejando constancia de la solicitud/recepción de datos electrónicos de personas jurídicas tras los procedimientos de investigación realizados por los inspectores de integridad.

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Garantizar la implementación, el seguimiento y la actualización efectivos de la Estrategia de Recuperación de Activos por fraude Bancario.

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Reforzar la capacidad y el potencial de la Agencia de Recuperación de Activos Penales y mejorar los datos en materia de incautación, confiscación, gestión y recuperación definitiva de activos de origen delictivo.

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Promover las mejores prácticas en la aplicación del decomiso ampliado en los casos de corrupción de alto nivel, delincuencia grave organizada y blanqueo de capitales.

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Velar por la aprobación e implementación de la nueva Estrategia Nacional Anticorrupción como instrumento clave para prevenir y combatir la corrupción a todos los niveles.

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Seguir concienciando sobre las diferentes formas y tipos de corrupción y sobre cómo evitarlas.

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Mejorar el sistema de investigación y enjuiciamiento de los casos de corrupción de altos funcionarios, garantizando la transparencia del procedimiento judicial mediante, entre otras cosas, la creación de las condiciones necesarias para su cobertura pública por los medios de comunicación. En este sentido, la Fiscalía Anticorrupción debe centrarse en los grandes casos de corrupción y reforzar sus capacidades para luchar contra la corrupción de alto nivel.

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La Fiscalía Anticorrupción debe fomentar la cooperación jurídica internacional con sus homólogos extranjeros en la investigación de casos de corrupción de alto nivel y blanqueo de capitales, en particular teniendo en cuenta el carácter transnacional de los delitos.

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Lograr resultados más tangibles en la lucha contra la corrupción mejorando el historial de la lucha contra la corrupción, mediante investigaciones debidamente fundamentadas, así como sanciones más disuasorias y el cumplimiento efectivo de las condenas, especialmente en el caso de los altos funcionarios.

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Garantizar una cooperación eficaz con las instituciones y los órganos competentes de la UE y prestarles apoyo, en especial a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), en la realización de verificaciones e inspecciones in situ en relación con la gestión y el control de los fondos de la UE, y a la Fiscalía Europea, en sus investigaciones y enjuiciamientos de delitos que afectan a los intereses financieros de la Unión, de acuerdo con las normas y procedimientos aplicables.

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Proseguir la aproximación de la legislación de la República de Moldavia al acervo de la UE en el ámbito de la lucha contra el fraude y aplicar las disposiciones de la legislación de la UE según lo previsto en los anexos pertinentes del Acuerdo de Asociación.

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Velar por la correcta implementación y el pleno cumplimiento del marco jurídico del FAM/CTF, de acuerdo con el marco jurídico pertinente de la UE y las normas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

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Realizar el seguimiento de la implementación de las recomendaciones formuladas por el MONEYVAL en la quinta ronda del proceso de evaluación recíproca.

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Adoptar una estrategia nacional actualizada en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y velar por su implementación efectiva para mejorar el sistema de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, en consonancia con las recomendaciones del MONEYVAL y del GAFI.

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Seguir reforzando la capacidad y el potencial de la Unidad de Información Financiera y garantizar la correcta cooperación de esta con sus homólogos en los Estados miembros de la UE.

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Garantizar la transparencia mediante:

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Reforzar la cooperación judicial y operativa internacional a través de equipos conjuntos de investigación, asistencia judicial mutua y sistemas de grupos operativos para garantizar la eficiencia y eficacia de las investigaciones transnacionales (transfronterizas) de casos de blanqueo de capitales de alto nivel.

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Elaborar un nuevo documento estratégico integral sobre prevención y lucha contra la delincuencia organizada, basado en la anterior estrategia para 2011-2019.

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Crear y potenciar de manera efectiva un sistema paralelo de investigaciones financieras dedicado a la identificación, inmovilización y confiscación de los activos generados por la delincuencia organizada.

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Desarrollar un sistema eficaz de cooperación con Europol, Eurojust y otros socios internacionales para investigar los grupos de delincuencia organizada, identificar, inmovilizar y confiscar los activos generados por la delincuencia organizada y localizados en otro país.

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Optimizar el reparto de competencias en materia de delitos fiscales y económicos de la manera más eficaz entre las distintas autoridades.

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Aumentar la participación de las autoridades moldavas en el proyecto de análisis sobre la delincuencia organizada en Europa del Este [Analysis Project Eastern European Organised Crime (EEOC)].

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Desarrollar las capacidades y el potencial del Centro de Asesoramiento Judicial y Forense de acuerdo con las normas europeas y las mejores prácticas a nivel local y nacional.

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Elaborar un nuevo documento estratégico sobre orden público y seguridad que defina las funciones y el mandato de las instituciones pertinentes (incluida la policía y los carabineros) dependientes del Ministerio del Interior, teniendo en cuenta los retos actuales y las buenas prácticas internacionales.

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Impulsar la cooperación operativa y estratégica con Europol, en particular compartiendo la información operativa y estratégica.

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Aumentar la participación en el ciclo de actuación de la UE contra la delincuencia organizada y las formas graves de delincuencia internacional (EMPACT).

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Seguir avanzando en la reforma integral de la policía, en consonancia con las normas y las mejores prácticas europeas, con el fin de seguir desarrollando, a nivel nacional y local, una fuerza policial accesible, responsable, eficiente, transparente, libre de corrupción, profesional y dotada de recursos suficientes.

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Reforzar la rendición de cuentas y asegurarse de que no se producen influencias indebidas en la policía.

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Mejorar la cooperación operativa (interoperabilidad) entre la inspección de policía y de inteligencia financiera y los servicios y unidades aduaneros y fiscales a través de la interoperabilidad y el intercambio de datos (por ejemplo, sobre la base de acuerdos específicos de intercambio de datos). Deben designarse funcionarios de enlace entre servicios para facilitar la cooperación operativa. Debe considerarse el proceder a intercambios temporales de personal con fines de formación.

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Continuar desarrollando el Centro de Formación Conjunta de las Fuerzas Policiales como entidad funcionalmente autónoma dentro de la Academia de Formación «Stefan cel Mare», con el fin de ofrecer una formación continua apropiada, tanto básica como especializada, en particular formación altamente especializada cuando proceda. Este centro de formación colaborará de forma estrecha y operativa con la CEPOL y los centros de formación de la policía de los Estados miembros de la UE, basándose para ello en el Acuerdo operativo entre la República de Moldavia y la Agencia de la UE para la Formación Policial (CEPOL) de 2012.

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Proseguir la cooperación en la prevención en materia de drogas a través de los proyectos y programas regionales y la plena armonización de las políticas sobre drogas con las posiciones de la UE. Velar por la implementación de la Estrategia nacional contra la droga 2020-27 y la plena participación en el programa EU4Monitoring Drugs, gestionado por el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías.

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Creación y puesta en funcionamiento de la Agencia Nacional Antidrogas.

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Velar por la implementación continuada de la estrategia nacional de prevención y lucha contra la trata de seres humanos para el período 2018-2023.

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Velar por el desarrollo de capacidades de los cuerpos policiales, el poder judicial y la fiscalía para garantizar la cooperación con las agencias de la UE y de los Estados miembros de la UE en la prevención y la lucha contra la trata de seres humanos.

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Reforzar las capacidades para garantizar la identificación temprana, así como la prestación de asistencia y apoyo eficaces y adecuados a todas las víctimas o posibles víctimas de la trata de seres humanos, incluida la asistencia jurídica, médica, psicológica y social a través de las autoridades profesionales o las ONG, teniendo en cuenta las especificidades de género y la condición de los menores.

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Intensificar los esfuerzos en la lucha contra la ciberdelincuencia, en particular mediante la creación de un marco jurídico e institucional integral acorde con el Convenio de Budapest.

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Colaborar con las instituciones asociadas de la UE en las capacidades de formación y el desarrollo de capacidades técnicas para luchar eficazmente contra la ciberdelincuencia.

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Velar por la implementación de las medidas relacionadas con el Componente de ciberseguridad de la Estrategia de seguridad de la información de la República de Moldavia para los años 2019-2024 y su plan de acción.

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Reforzar la ciberseguridad incorporando al ordenamiento interno la Directiva (UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2016, relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información en la Unión (Directiva SRI).

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Identificar y constituir formalmente un Equipo Nacional de Respuesta a Emergencias informáticas (CERT) y establecer una clara división de cometidos y competencias entre las agencias responsables de la ciberseguridad.

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Diseñar un enfoque para mejorar la cooperación en el ámbito de la ciberseguridad mediante el intercambio de información y mejores prácticas, en particular sobre la utilización del enfoque diversificado para la 5G desarrollado por la UE.

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Continuar con la armonización del marco jurídico nacional con el Derecho de la UE en materia de protección de datos personales, especialmente con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo.

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Seguir aplicando de manera transversal el marco jurídico en materia de protección de datos personales, con el fin de garantizar efectivamente un elevado nivel de protección de datos, de acuerdo con los instrumentos y normas europeos e internacionales

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en un plazo de tres a cuatro años:

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en un plazo de siete años:

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Intensificar la cooperación entre la República de Moldavia y Eurojust.

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Adherirse a los convenios multilaterales sobre cooperación judicial en materia civil, en especial al Convenio de 1970 sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil, y cumplir dichos convenios;

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Trabajar por la adhesión a los convenios multilaterales sobre protección de la infancia y su implementación, en particular los Convenios de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado relativos al Derecho de familia, como el Convenio de 1996 relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños, y el Convenio de 2007 sobre cobro internacional de alimentos para niños y otros miembros de la familia, sobre la base de los resultados de los estudios de viabilidad que se han de llevar a cabo.

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en un plazo de tres a cuatro años:

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en un plazo de siete años:

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en un plazo de tres a cuatro años:

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en un plazo de siete años:

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en un plazo de tres a cuatro años:

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en un plazo de siete años:

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Seguir con las reformas educativas para lograr una oferta educativa más eficiente y pertinente.

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Desarrollar y aplicar una nueva estrategia nacional de educación «Educación 2030» y su programa de ejecución.

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Digitalizar el proceso educativo. Integrar la innovación y la tecnología digital en todos los contextos de aprendizaje.

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Conectar e integrar mejor la educación, la investigación y la innovación para contribuir al desarrollo económico y social de la República de Moldavia.

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Fomentar un enfoque estratégico de la educación y formación profesionales para garantizar su accesibilidad, calidad y pertinencia.

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Reforzar la cooperación, el desarrollo de capacidades y la movilidad a través de los programas e iniciativas de la UE y promover la participación activa de la República de Moldavia en los programas Erasmus+ y el Cuerpo Europeo de Solidaridad.

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Mejorar la calidad de la formación inicial y continua del profesorado, hacer más atractivas las carreras profesionales del profesorado y mejorar su desarrollo.

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Mejorar la calidad de los materiales didácticos, incluidos los libros de texto, adaptándolos a los nuevos planes de estudios.

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Reforzar el enfoque estratégico de la política de juventud, mejorar los intercambios y la cooperación en el ámbito de la educación no formal.

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Reforzar la educación y la formación inclusivas a todos los niveles.

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Crear un ecosistema de aprendizaje permanente, incluida la validación funcional de la experiencia profesional previa.

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en un plazo de tres a cuatro años:

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Intercambiar información y buenas prácticas en el ámbito del deporte y la actividad física, centrándose en los estilos de vida saludables, el medio ambiente, los valores sociales y educativos del deporte y la buena gobernanza en el deporte.

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Seguir cooperando en la Semana Europea del Deporte anual.

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Elaborar un nuevo documento estratégico sobre sanidad, con un componente de sanidad electrónica, orientado a mejorar el acceso a los servicios sanitarios y la calidad de estos.

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Abordar los aspectos de la salud relacionados con el género, en particular teniendo en cuenta los riesgos sanitarios y las enfermedades específicos de las mujeres.

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Desarrollar e implementar el Plan nacional plurianual de desarrollo institucional de la sanidad (ANSP).

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Implementar un nuevo programa nacional de prevención y control de enfermedades no transmisibles para reducir la carga de morbilidad y la prevalencia de los factores de riesgo y mejorar la lucha contra las enfermedades, de conformidad con la Agenda de los ODS para 2030.

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Aumentar la alfabetización sanitaria, empoderando a las comunidades y a la población para que adopten un estilo de vida más saludable.

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Reforzar la colaboración en el ámbito de la salud pública, en particular con vistas a mejorar la preparación frente a pandemias y la implementación del Reglamento Sanitario Internacional, y a reforzar los sistemas sanitarios.

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Proseguir la aproximación de la legislación de la UE en materia de enfermedades transmisibles y de calidad y seguridad de los órganos humanos destinados al trasplante.

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Preparar y empezar a implementar las directrices del Consejo Internacional para la Armonización de los Requisitos Técnicos de los Productos Farmacéuticos de Uso Humano (ICH).

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Supervisar la evolución macroeconómica, analizar los retos políticos clave e intercambiar información sobre las mejores prácticas, intensificando el diálogo macroeconómico regular para mejorar la calidad de las políticas económicas.

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Seguir reforzando la independencia y las competencias reglamentarias y desarrollando la capacidad del Banco Nacional de Moldavia y de la Comisión Nacional de los Mercados Financieros en materia de regulación, control y supervisión del sector financiero, para garantizar su solidez.

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Compartir la experiencia de la UE en materia de política monetaria y cambiaria, incluido el papel internacional del euro, para seguir desarrollando las capacidades de la República de Moldavia en estos ámbitos.

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Reforzar la política del Estado en materia de titularidad para mejorar la eficiencia de las empresas estatales y reducir los riesgos fiscales, y garantizar procesos de privatización abiertos, competitivos y transparentes en consonancia con las mejores prácticas de la UE.

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Cumplir los criterios para poder adherirse a la zona única de pagos en euros (SEPA).

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Mejorar las capacidades institucionales, la eficiencia, la transparencia y el marco normativo de la competencia.

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Seguir aproximando la legislación de la República de Moldavia sobre contabilidad y auditoría a la normativa de la UE y de los instrumentos internacionales enumerados en el anexo II del Acuerdo de Asociación.

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Intercambiar información pertinente y precisa en plazo oportuno sobre la situación de la legislación vigente y su conformidad con el Derecho de la UE, según el formato acordado entre las Partes, para implementar la legislación de la UE con arreglo al calendario acordado.

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Señalar los ámbitos en los que hacen falta formación, desarrollo de capacidades y conocimientos especializados.

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Seguir implementando la reforma del sistema de inspecciones y de distintos organismos de inspección para mejorar la eficiencia y reducir las posibilidades de corrupción, teniendo por objetivos últimos la mejora del entorno empresarial y del cumplimiento de la normativa.

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Desarrollar la capacidad administrativa de las instituciones estatales de la República de Moldavia encargadas de la aplicación del Derecho de sociedades, la contabilidad, la auditoría y la gobernanza empresarial.

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Iniciar debates sobre la creación de un registro de la titularidad real de las empresas.

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Mejorar el marco reglamentario sobre resolución de las situaciones de insolvencia o de cierre de empresas.

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en un plazo de tres a cuatro años:

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en un plazo de siete años:

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en un plazo de tres a cuatro años:

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en un plazo de siete años:

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en un plazo de tres a cuatro años:

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en un plazo de tres a cuatro años:

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en un plazo de siete años:

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en un plazo de tres a cuatro años:

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en un plazo de siete años:

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Proseguir la aproximación legislativa en el ámbito aduanero mediante la implementación del Código Aduanero de 2021, de acuerdo con el Código Aduanero de la Unión y otros actos contemplados en el anexo XXVI del Acuerdo de Asociación.

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Implementar la Fase 5 del Nuevo Sistema de Tránsito Informatizado y adherirse al Convenio relativo a un régimen común de tránsito (del que actualmente solo es observador).

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Continuar el proceso para garantizar el reconocimiento mutuo de los operadores económicos autorizados (OEA).

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Implementar un sistema eficaz de control de las importaciones de productos sujetos a impuestos especiales (alcohol y productos del tabaco) exentos del pago de derechos de aduana, de impuestos especiales y del impuesto sobre el valor añadido. Las acciones propuestas se llevarán a cabo utilizando marcas especiales y reduciendo los límites máximos en la calificación del contrabando a efectos de la aplicación de la responsabilidad penal.

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Mejorar la capacidad de la Administración Tributaria a fin de evitar la acumulación de retrasos, garantizar una recaudación fiscal eficaz y potenciar la lucha contra el fraude y la elusión fiscal.

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Seguir impulsando la cooperación con la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y con las Administraciones Tributarias de los Estados miembros de la UE, intercambiando nuevas experiencias y tendencias en materia de fiscalidad.

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Velar por la aplicación de las recomendaciones de los expertos del Foro Mundial de la OCDE sobre transparencia e intercambio de información en materia fiscal.

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Velar por el mantenimiento de una normativa sobre tiendas libres de impuestos plenamente acorde con la normativa de la UE, limitando las ventas libres de impuestos a los viajeros que viajen al extranjero por vía aérea o marítima.

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Reforzar la cooperación con la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y la Fiscalía Europea en la lucha contra el contrabando de cigarrillos.

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Revisar y aumentar las sanciones del código penal y del código de infracciones para garantizar un efecto disuasorio adecuado en la prevención y la lucha contra el contrabando y la evasión fiscal.

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Adherirse al Protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco.

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Adaptar la legislación nacional a la normativa de la UE con arreglo al anexo pertinente del Acuerdo de Asociación, a saber, las disposiciones relativas al IVA y a los impuestos especiales:

Productos del tabaco

Impuestos especiales sobre el alcohol

Impuestos sobre los productos energéticos y la electricidad

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Adoptar e implementar el nuevo programa de desarrollo sectorial para las pymes para el período 2021-2025, sobre la base de la última evaluación de la iniciativa «Small Business Act» para Europa.

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Reforzar la capacidad de la Organización para el Desarrollo de las Pequeñas y Medianas Empresas (ODIMM) para implementar los programas de apoyo a las pymes.

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Facilitar la participación de la República de Moldavia en el nuevo programa para el mercado único, la competitividad y las empresas (parte del Programa para la Competitividad de las Empresas y para las Pequeñas y Medianas Empresas, incluidas las acciones de seguimiento de la Red Europea para las Empresas y Erasmus para Jóvenes Emprendedores).

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Reforzar las asociaciones empresariales (incluidas las sectoriales) a fin de mejorar el diálogo entre los sectores público y privado.

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Colaborar, también con las instituciones financieras internacionales, para seguir mejorando el acceso de las pymes a la financiación.

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Reforzar los proveedores de servicios para el desarrollo empresarial.

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Fomentar las prácticas ecológicas de las pymes en sus procesos de trabajo para lograr un uso eficiente de los recursos y una economía sostenible.

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Estimular el desarrollo de programas e instrumentos para incrementar la competitividad de las pymes siguiendo un enfoque de especialización inteligente del desarrollo nacional y regional.

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Facilitar la transferencia de tecnología y mejorar los conocimientos, las capacidades y la disposición de las pymes para implementar innovaciones.

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Apoyar la transformación digital del sector privado facilitando la alfabetización digital y estimulando la automatización y el uso de la inteligencia artificial.

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Reforzar el emprendimiento social, especialmente en las zonas rurales, como enfoque empresarial viable para las pymes moldavas con el fin de reducir las desigualdades sociales, crear empleo y facilitar el acceso de los colectivos desfavorecidos a las oportunidades económicas.

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Cooperar con la República de Moldavia y brindarle apoyo para adoptar medidas eficaces, basadas en datos contrastados, que ayuden a las pymes y los trabajadores moldavos durante la pandemia de COVID-19 y en la posterior fase de recuperación.

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Fomentar la modernización de la agricultura, el desarrollo de sectores con valor añadido y potencial de exportación, velando al mismo tiempo por la transferencia de conocimientos a los agricultores.

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Velar por la gestión sostenible de los recursos naturales, en particular actuando contra la erosión del suelo, apoyando la agricultura ecológica e implementando medidas relacionadas con el clima.

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Reducir la vulnerabilidad del sector agrícola a los imprevistos climáticos.

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Mejorar la calidad de vida en las zonas rurales, en particular mediante la diversificación de las actividades económicas en las zonas rurales y el desarrollo del turismo rural.

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Seguir desplegando el enfoque Leader y ampliar la cooperación con los grupos de acción local. Integrarlo en las políticas nacionales de desarrollo rural.

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Crear, fomentar y aplicar programas sectoriales orientados a subsectores agrícolas específicos.

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Mejorar las capacidades de las administraciones central y locales en las políticas de desarrollo rural.

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Reforzar la capacidad del organismo de intervención y pagos para la agricultura con el fin de garantizar la transparencia, la eficiencia y la previsibilidad de las ayudas estatales desembolsadas.

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Desarrollar e implementar el programa NARDS 2020+.

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en un plazo de tres a cuatro años:

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en un plazo de siete años:

Seguridad energética

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Seguir avanzando en la integración del mercado energético de la República de Moldavia en la UE.

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Intensificar gradualmente la aproximación de la legislación de la República de Moldavia en materia de energía a la de la UE, de acuerdo con el anexo VIII (revisado) del Acuerdo de Asociación y las obligaciones derivadas del Tratado de la Comunidad de la Energía.

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Implementar plenamente el tercer paquete energético. Por lo tanto, completar la desagregación en los sectores de la electricidad y el gas lo antes posible, de conformidad con los compromisos del Tratado de la Comunidad de la Energía y en estrecha consulta con la Secretaría de la Comunidad de la Energía, a fin de avanzar en la liberalización del mercado, permitir el acceso real de terceros y la apertura del mercado y garantizar la independencia y la rendición de cuentas de la autoridad nacional de reglamentación para establecer un entorno regulador transparente y estable.

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Aumentar la transparencia en el sector eléctrico para crear un clima de inversión atractivo y estable, abordando las cuestiones institucionales, jurídicas, fiscales y de otra índole.

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Mejorar la eficiencia energética en general, dando prioridad al sector de la construcción.

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Aumentar la cuota de fuentes renovables en el sector eléctrico, garantizando al tiempo que el suministro de energía siga siendo seguro y asequible para los consumidores y las empresas. Para que esto suceda, es esencial que el mercado de la energía esté plenamente integrado, interconectado y se vaya digitalizando.

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Sobre la base de la ley para el fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, desarrollar programas de apoyo, normas administrativas y otras medidas para promover un mayor uso de las energías renovables, garantizando al mismo tiempo que el suministro de energía siga siendo seguro y asequible para los consumidores y las empresas.

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Crear un marco de inversión propicio y estable basado en el mercado para aumentar la inversión en energías renovables, utilizando las mejores prácticas de la UE.

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Garantizar la descarbonización al menor coste posible mediante la integración inteligente de las energías renovables, la eficiencia energética y otras soluciones sostenibles en todos los sectores.

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cooperar en la gestión segura de los residuos radiactivos en la República de Moldavia, apoyando la implementación de la Estrategia Nacional de Gestión de Residuos Radiactivos de 2017.

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en materia de conectividad

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en materia de seguridad vial

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en materia de sistemas de transporte sostenibles

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en un plazo de tres a cuatro años:

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en un plazo de siete años:

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Reforzar un enfoque multirriesgos, multilateral e integrado de la gestión del riesgo de catástrofes.

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Reforzar los vínculos entre la reducción del riesgo de catástrofes y la resiliencia y adaptación al cambio climático.

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Reforzar los sistemas multirriesgos, de previsión multisectoriales y de alerta temprana, así como los mecanismos de comunicación de riesgo de catástrofes y de emergencias.

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Mejorar la comprensión de los riesgos promoviendo la recogida y el intercambio de datos de base sobre pérdidas y daños.

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Mejorar la preparación ante las catástrofes para dar una respuesta eficaz mediante el intercambio de conocimientos especializados y mejores prácticas, cursos de formación, ejercicios y demás iniciativas de desarrollo de capacidades;

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Vincular el desarrollo de capacidades a las carencias en la capacidad de respuesta;

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Apoyar el uso eficiente de los sistemas de alerta temprana;

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Reforzar los vínculos entre la comunidad científica, el ámbito operativo y los responsables de la toma de decisiones, a fin de abordar las carencias de conocimientos y tecnologías en materia de gestión de riesgo de catástrofes;

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Mejorar la concienciación de la población sobre los riesgos subyacentes de catástrofes.

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Garantizar una comunicación eficaz las 24 horas del día, en particular mediante el intercambio de alertas tempranas y de información sobre catástrofes de grandes dimensiones que afecten a la UE y a la República de Moldavia, así como a terceros países cuando alguna de las Partes participe en el dispositivo de respuesta a la catástrofe.

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Facilitarse asistencia mutua y regional, en particular a través del Mecanismo de Protección Civil de la Unión en caso de emergencia grave, según proceda y en función de los recursos disponibles.

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Promover la aplicación de la legislación del país anfitrión en materia de ayudas.

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Fomentar la coordinación interinstitucional eficaz y los vínculos intersectoriales para facilitar la ayuda internacional en las operaciones de respuesta a las catástrofes.

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Seguir mejorando las capacidades para recibir y prestar asistencia internacional.

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en un plazo de tres a cuatro años:

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en un plazo de siete años:

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Reforzar la implementación de la Convención de la UNESCO, de 2005, sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales.

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Cooperar en el desarrollo de una política cultural inclusiva en Moldavia y en la preservación y valorización del patrimonio cultural y natural, con vistas a fomentar el desarrollo socioeconómico.

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Reforzar la conexión cultural de la República de Moldavia con la diáspora.

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Aumentar la participación de los operadores del sector cultural y creativo de la República de Moldavia en los programas de cooperación cultural y audiovisual, en particular en «Europa Creativa».

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Adoptar legislación secundaria para el Código de Servicios de Medios Audiovisuales de la República de Moldavia y garantizar su aplicación plena y efectiva.

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Velar por una competencia efectiva y leal en el sector de la publicidad.

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Velar por la aplicación efectiva del Código de Servicios de Medios Audiovisuales de la República de Moldavia, con el fin de abordar la concentración de la propiedad de los medios de comunicación, de acuerdo con las mejores prácticas de la UE.

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Llevar a cabo una revisión inter pares del Consejo Audiovisual.

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Velar por que los procesos de modificación de la legislación audiovisual, incluida la transposición de las normas europeas, sean plenamente transparentes y participativos.

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Garantizar un diálogo permanente sobre la política audiovisual y las normas internacionales aplicables.

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Cooperar en la lucha contra el discurso de odio, el racismo y la xenofobia en el sector audiovisual y en los medios de comunicación.

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Implementar el proceso de digitalización.

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Garantizar una comunicación bien documentada y específica de las oportunidades y los beneficios tangibles que brinda el Acuerdo de Asociación UE-República de Moldavia, con especial énfasis en la ZLCAP.

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Garantizar una proyección pública adecuada de todos los proyectos y programas de la UE y de sus repercusiones, mediante una estrecha colaboración con los medios de comunicación, la sociedad civil y la comunidad empresarial a escala local, regional y nacional.

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Emprender campañas de comunicación con vistas a estimular y mantener la demanda social del programa de reformas transformadoras basadas en el Acuerdo de Asociación.

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Reforzar la cooperación en materia de comunicación estratégica para consolidar la resiliencia del Estado y de la sociedad frente a la desinformación. En particular, apoyar el desarrollo de capacidades institucionales para hacer frente a los efectos perjudiciales de la información errónea y la desinformación, que, especialmente en internet y propiciadas por las tecnologías de inteligencia artificial, buscan engañar al público en general y constituyen una grave amenaza para los procesos políticos y de formulación de políticas democráticos, además de poner en peligro la salud, la seguridad y el entorno de los ciudadanos, al tiempo que erosionan la confianza en las instituciones públicas.

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Ampliar y diversificar el marco de cooperación práctica para incluir a actores de la sociedad civil y a otros actores e instituciones pertinentes.

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en un plazo de tres a cuatro años:

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en un plazo de siete años: