DOUE-L-2018-82063
Europeo
Unión Europea
Decisión
20181217
2010/2018

Decisión (PESC) 2018/2010 del Consejo, de 17 de diciembre de 2018, en apoyo de la lucha contra la proliferación y tráfico ilícitos de armas pequeñas y armas ligeras (APAL) y de sus municiones y su impacto en América Latina y el Caribe en el marco de la Estrategia de la UE contra las armas de fuego, armas pequeñas y armas ligeras ilícitas y su munición «Seguridad de las armas, protección de los ciudadanos».
Diario Oficial de la Unión Europea
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/doue/2018/322/L00027-00037.pdf
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https://data.europa.eu/eli/dec/2018/2010/spa
América del Sur
Armas
Comercio
Cooperación internacional
Organización de las Naciones Unidas
Pacificación
Política Exterior y de Seguridad Común
Seguridad ciudadana
Esta disposición ha dejado de estar vigente
SE MODIFICA
el art. 5.2, por Decisión 2021/1693, de 21 de septiembre de 2021
Relaciones internacionales
Seguridad y Defensa
Unión Europea
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de la Unión Europea, y en particular su artículo 28, apartado 1, y su artículo 31, apartado 1,
Vista la propuesta de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad,
Considerando lo siguiente:
(1) | El 19 de noviembre de 2018, el Consejo adoptó la Estrategia de la UE contra las armas de fuego, armas pequeñas y armas ligeras ilícitas y su munición titulada «Seguridad de las armas, protección de los ciudadanos» (en lo sucesivo, «Estrategia de la UE contra las APAL»), que establece directrices para la actuación de la Unión en materia de armas pequeñas y ligeras (en lo sucesivo, «APAL»).
(2) | La Estrategia de la UE contra las APAL señala que la Unión buscará sinergias con los Estados y organizaciones regionales pertinentes de América para reducir la proliferación y el tráfico ilícitos de APAL, con miras a la reducción de la violencia armada y la actividad delictiva.
(3) (4) | Se ha constatado que América Latina y el Caribe son dos regiones gravemente afectadas por la proliferación y la acumulación excesiva de APAL. En la sexta reunión bienal de Estados, de 2016, sobre el Programa de Acción de las Naciones Unidas para prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos (en lo sucesivo, «Programa de Acción»), adoptado el 20 de julio de 2001, todos los Estados miembros de la ONU ratificaron su compromiso de impedir el tráfico ilícito de APAL. Los Estados se congratularon del progreso alcanzado en el fortalecimiento de la cooperación subregional y regional y se comprometieron a crear o reforzar, según corresponda, dichos mecanismos de cooperación, coordinación e intercambio de información, incluidas las mejores prácticas, con el fin de apoyar la ejecución del Programa de Acción.
(5) | La Organización de los Estados Americanos (OEA) es la Secretaría de la Convención Interamericana contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados (CIFTA) y coordina y aplica las iniciativas regionales de lucha contra las APAL en América.
(6) | La Unión desea financiar un proyecto destinado a reducir la amenaza que constituyen la distribución y el tráfico ilícitos de APAL y de sus municiones en América Latina y el Caribe.
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
Artículo 1
Con miras a la aplicación de la Estrategia de la UE contra las armas de fuego, armas pequeñas y armas ligeras ilícitas y su munición titulada «Seguridad de las armas, protección de los ciudadanos» (en lo sucesivo, «Estrategia de la UE contra las APAL»), así como a fomentar la paz y la seguridad, el proyecto de la OEA para reducir la amenaza que constituyen la acumulación y el tráfico ilícitos de APAL y de sus municiones en América Latina y el Caribe que apoyará la Unión tendrá los objetivos específicos siguientes:
— reforzar la seguridad física y los sistemas de gestión de los arsenales militares nacionales y demás arsenales institucionales mejorando las medidas de seguridad de las instalaciones y el control de inventario,
— reforzar las capacidades nacionales de destrucción de las APAL y municiones incautadas, excedentarias o poco seguras,
— mejorar la capacidad nacional de marcado y rastreo de APAL y fomentar la cooperación regional en el rastreo de armas y municiones confiscadas,
— mejorar los mecanismos de transferencia de APAL por medio de la legislación, los controles fronterizos y la coordinación regional del país, y
— promover comportamientos socialmente responsables en las comunidades seleccionadas, centrándose en grupos gravemente afectados por la violencia armada, en particular recurriendo a campañas de entrega o a otras estrategias concebidas para reducir la incidencia local de los delitos violentos.
La Unión financiará el proyecto, cuya descripción detallada figura en el anexo.
Artículo 2
1. La Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (en lo sucesivo, «Alta Representante») será responsable de la ejecución de la presente Decisión.
2. La ejecución técnica del proyecto mencionado en el artículo 1 correrá a cargo de la OEA.
3. La OEA desempeñará sus funciones bajo la responsabilidad de la Alta Representante. A tal fin, la Alta Representante suscribirá los acuerdos necesarios con la OEA.
Artículo 3
1. El importe de referencia financiera para la ejecución del proyecto citado en el artículo 1 financiado por la Unión será de 3 000 000 EUR. El programa será financiado en su totalidad por la Unión, con las contribuciones en especies del Ministerio de Asuntos Exteriores de España y el beneficiario.
2. Los gastos financiados con cargo al importe de referencia especificado en el apartado 1 se administrarán con arreglo a las normas y los procedimientos aplicables al presupuesto de la Unión.
3. La Comisión supervisará la correcta administración de los gastos a que se refiere el apartado 1. Para ello, la Comisión celebrará el acuerdo necesario con la OEA. En dicho acuerdo se estipulará que la OEA deberá dar a las contribuciones de la Unión una publicidad acorde con sus dimensiones.
4. La Comisión procurará celebrar el acuerdo mencionado en el apartado 3 lo antes posible después de la entrada en vigor de la presente Decisión. Informará al Consejo de cualquier dificultad con la que se tope durante dicho proceso y de la fecha de celebración del acuerdo.
Artículo 4
1. La Alta Representante informará al Consejo sobre la aplicación de la presente Decisión basándose en informes trimestrales elaborados por la OEA. Estos informes constituirán la base de la evaluación que llevará a cabo el Consejo.
2. La Comisión informará sobre los aspectos financieros del proyecto que menciona el artículo 1.
Artículo 5
1. La presente Decisión entrará en vigor el día de su adopción.
2. La presente Decisión caducará 36 meses después de la celebración del acuerdo a que se refiere el artículo 3, apartado 3, o, si en ese período no se ha celebrado ningún acuerdo, seis meses después de la fecha de entrada en vigor.
Hecho en Bruselas, el 17 de diciembre de 2018.
Por el Consejo
La Presidenta
E. KÖSTINGER
ANEXO
PROYECTO RELATIVO A LA LUCHA CONTRA LA PROLIFERACIÓN Y EL TRÁFICO ILÍCITOS DE ARMAS PEQUEÑAS Y ARMAS LIGERAS (APAL) Y DE SUS MUNICIONES Y SU IMPACTO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE LA UE CONTRA LAS ARMAS DE FUEGO, ARMAS PEQUEÑAS Y ARMAS LIGERAS ILÍCITAS Y SU MUNICIÓN «SEGURIDAD DE LAS ARMAS, PROTECCIÓN DE LOS CIUDADANOS»
1. Introducción y objetivos
1.1. Introducción
La proliferación de armas pequeñas y ligeras y municiones ilícitas es uno de los principales factores que contribuyen a los elevados niveles de violencia e inestabilidad en varios países de América Latina y el Caribe. Casi la mitad de las víctimas de homicidio tenían entre 15 y 29 años, y el uso de armas de fuego es especialmente frecuente en la región, donde dos tercios (el 66 %) de los homicidios se cometen con armas de fuego. La estadística recopilada por «Small Arms Survey» para su publicación Carga global de la violencia armada, 2015 revela además que los diez países con los índices más elevados de muertes relacionadas con APAL entre los años 2010 y 2015 eran todos Estados americanos, todos con índices de homicidio por arma de fuego superiores a 20 por cada 100 000 habitantes.
Los Gobiernos de América Latina y del Caribe han rechazado la fabricación y el tráfico ilícitos de armas con su apoyo a varios instrumentos internacionales, entre ellos la Convención Interamericana contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados (CIFTA), el Programa de Acción para prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos y el Instrumento Internacional de Localización. Sin embargo, las fuerzas armadas y otras fuerzas de seguridad mantienen grandes arsenales de APAL y municiones que a menudo están mal protegidos o administrados de manera irresponsable. Todos los años, las fuerzas de seguridad de la región incautan miles de APAL y toneladas de municiones, todas ilegales. Se ha descubierto que parte del material incautado procede de arsenales militares tanto de la región como del exterior, pues algunas organizaciones criminales bien financiadas, como las organizaciones de tráfico de estupefacientes, las bandas internacionales y los traficantes internacionales de armas, han desbordado las capacidades de represión de los países.
Se ha constatado que no solo la proliferación de armas pequeñas, sino también la disponibilidad de armas de fuego para la población en general, aumentan el riesgo de violencia por arma de fuego. El Informe de 2014 de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la situación mundial de la prevención de la violencia revela, a través de estudios transversales entre los países participantes, que la disponibilidad de armas de fuego es, de hecho, un factor de riesgo de homicidio. El informe advierte también que las armas de fuego en general son muy comunes en América, y el arma de uso predominante en los enfrentamientos violentos. Otra de las conclusiones del informe es que la facilidad de acceso a las armas de fuego y el consumo excesivo de bebidas alcohólicas también van estrechamente asociados a diversos tipos de violencia.
Otro problema merecedor de estudio es que la disponibilidad de armas de fuego afecta de manera diferente a hombres y mujeres. La disponibilidad generalizada de armas de fuego contribuye al número de amenazas con este tipo de armas, así como al índice de letalidad de la violencia doméstica en los hogares de las mujeres maltratadas. Según la Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas, un porcentaje desproporcionado de las personas que poseen o utilizan armas pequeñas son hombres, tanto en situaciones de conflicto como en otro tipo de situaciones. La mayoría de los incidentes en los que un hombre agrede a una mujer revelan la utilización de las armas de fuego como armas intimidatorias u homicidas. En los casos en los que se recurrió a un arma de fuego la probabilidad de que las víctimas de violencia doméstica presentasen heridas visibles era menor, pero era mayor la probabilidad de que sufrieran intimidación. Las armas de fuego se utilizan sobre todo para amenazar al otro (el 69,1 %), y cuando los infractores usan este tipo de armas tienden menos a golpear a la víctima con los puños o con los pies, por ejemplo.
El recurso a armas de cualquier tipo se asocia con gran variedad de conductas violentas cuyos resultados para la víctima van más allá de las lesiones físicas. Las amenazas y la intimidación tienen consecuencias psicológicas y generan traumas, y muchas de las víctimas evitan denunciar ante las autoridades este tipo de violencia porque temen las represalias. Profesionales como los sanitarios, los trabajadores sociales y los funcionarios de seguridad pública necesitan formación para poder responder a las situaciones violentas en las que interviene el uso de APAL.
La intervención de la comunidad y la creación de una red de apoyo de la comunidad podrían ayudar mejor a las víctimas de delitos con arma de fuego y contribuir a impedir aquellos comportamientos violentos que puedan desencadenar especialmente homicidios intencionados. Una comunidad activa contribuye a crear confianza, transparencia, comunicación y compromiso en su labor.
Desde 2009, el Departamento de Seguridad Pública (DSP) de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) (DSP de la OEA) apoya los esfuerzos de los Estados miembros de la OEA por controlar el flujo de APAL y municiones ilegales y administrar los arsenales públicos mediante el Programa de Asistencia para el Control de Armas y Municiones (PACAM). El PACAM ha ejecutado proyectos con la mayoría de los treinta y cuatro Estados miembros activos de la OEA, con arreglo a las disposiciones de la CIFTA. Estas actividades se han traducido en el marcado de más de 290 000 armas de fuego y la destrucción de 60 000 armas de otro tipo y de más de 1 700 toneladas de municiones en toda la región.
Aunque en el marcado de APAL, la seguridad física y la gestión de los arsenales se han conseguido resultados significativos, persisten importantes asimetrías en cuanto a capacidades nacionales, en particular entre los países de Centroamérica y el Caribe. En casi todos los países de la región la aplicación sistemática de los protocolos de gestión de arsenales sigue siendo incompleta pero, gracias al éxito de actividades anteriores del PACAM y a la creciente confianza de las autoridades nacionales en el papel que desempeña la OEA en este campo, ha aumentado la demanda de asistencia técnica, asesoramiento y cooperación.
Durante la ejecución de los proyectos anteriores del PACAM, así como durante las reuniones recientes de la CIFTA, varios Estados miembros de la OEA solicitaron asistencia técnica en los ámbitos en los que está previsto centrar el proyecto propuesto. Los países que solicitan apoyo para mejorar la seguridad física y las capacidades de gestión de los arsenales son Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Jamaica, República Dominicana y Dominica. Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá han solicitado apoyo para la destrucción de las APAL y municiones excedentes, obsoletas o confiscadas. Entretanto, ha habido una demanda elevada de formación y asistencia en marcado y rastreo de APAL, con la solicitud de ayuda de Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, Bahamas, Barbados, Jamaica, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Guyana, Surinam, Uruguay y Paraguay.
El proyecto incluirá también un componente preventivo, que consistirá en intervenciones colaborativas intersectoriales y centradas en las comunidades, cuya finalidad será reducir los factores de riesgo relacionados con la violencia, del que serán beneficiarios directos los profesionales antes mencionados y cuyos objetivos indirectos serán los infractores y sus víctimas.
El componente preventivo se llevará a cabo en una comunidad seleccionada de los tres países seleccionados. Posiblemente, para llevar a cabo iniciativas colaborativas de prevención de la violencia por arma de fuego en las distintas comunidades, será preciso adaptar las intervenciones para atender las necesidades de determinadas poblaciones y ajustarse a las modalidades de participación de la comunidad y a las distintas combinaciones entre retos y oportunidades. Si bien todavía no se ha seleccionado específicamente a los países en los que se centrarán estos esfuerzos, Guatemala, El Salvador, Honduras y Jamaica son candidatos probables al proyecto por sus elevadísimos niveles de delincuencia violenta y de uso asociado de armas de fuego.
1.2. Objetivos
A lo largo de este proyecto trienal, el DSP se propone reforzar la capacidad de los Gobiernos de los Estados miembros de la OEA de controlar y reducir la proliferación y el tráfico ilícitos de armas pequeñas y armas ligeras (APAL) y de municiones convencionales en la región, y reforzar la capacidad de las comunidades seleccionadas de impedir la violencia armada. La asistencia técnica y la cooperación con los Estados miembros que apoyan el objetivo general del proyecto se basarán en los siguientes objetivos de:
— reforzar la seguridad física y los sistemas de gestión de los arsenales militares nacionales y demás arsenales institucionales mejorando las medidas de seguridad de las instalaciones y el control de inventario,
— reforzar las capacidades nacionales de destrucción de las APAL y municiones incautadas, excedentarias o poco seguras,
— mejorar la capacidad nacional de marcado y rastreo de APAL y fomentar la cooperación regional en el rastreo de armas y municiones confiscadas,
— mejorar los mecanismos de transferencia de APAL por medio de la legislación, los controles fronterizos y la coordinación regional del país, y
— promover comportamientos socialmente responsables en las comunidades seleccionadas, centrándose en grupos gravemente afectados por la violencia armada, en particular recurriendo a campañas de entrega o a otras estrategias concebidas para reducir la incidencia local de los delitos violentos.
2. Selección del organismo de ejecución y coordinación con otras iniciativas de financiación pertinentes
2.1. Organismo de ejecución: la Organización de los Estados Americanos (OEA)
La OEA desempeña un papel fundamental en el marco regional en materia de prevención de la proliferación ilícita de armas pequeñas, armas ligeras, municiones y explosivos en América Latina y el Caribe. En 1997, la región pasó a ser la primera del mundo en adoptar un instrumento regional de control de estas armas, con la firma de la CIFTA. La OEA, encargada de la Secretaría Técnica de la CIFTA, se encuentra en una posición excepcional para coordinar los esfuerzos que, en todo el Hemisferio Occidental, tratan de combatir la proliferación incontrolada e ilícita de armas pequeñas, armas ligeras y municiones como medida necesaria para mejorar la seguridad ciudadana y reducir la violencia armada. En el desempeño de sus funciones, el DSP de la OEA ha ejecutado proyectos y programas para ayudar a los Estados miembros de la OEA a cumplir sus obligaciones de garantizar la seguridad de los arsenales nacionales de armas de fuego, aplicar medidas legislativas para tipificar como delito penal en el Derecho nacional la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, hacer obligatorio el marcado de las armas e intercambiar información con otros firmantes de la CIFTA respecto al seguimiento de la información y a los modelos de tráfico ilícito. Desde 2007, los proyectos de la OEA con apoyo de donantes internacionales facilitan formación, asistencia técnica y equipo a veintinueve países de la región, lo que ha dado lugar al marcado de casi 300 000 armas de fuego, a la destrucción de otras 65 000 armas sobrantes o confiscadas y a la eliminación de más de 1 700 toneladas de municiones sobrantes, caducadas o poco seguras. Ninguna otra organización regional ni subregional panamericana tiene la influencia política, la pericia técnica ni el alcance geográfico para dar apoyo y asistencia a los treinta y cinco Estados americanos.
(Cuba sigue siendo el único Estado miembro inactivo de la OEA, y su estatuto futuro está sujeto a un proceso de diálogo que podrá iniciarse a instancias del Gobierno de Cuba y conforme a las prácticas, objetivos y principios de la OEA).
Además, los Estados miembros de la OEA han encomendado a su DSP la responsabilidad de elaborar un plan de acción en el hemisferio para impedir y reducir los homicidios. Uno de los objetivos del plan es reducir la disponibilidad de las armas y el acceso a estas. Dos de los instrumentos del DSP para ejecutar el plan son el Programa y la Red Interamericana para la Prevención de la Violencia y el Delito. El componente preventivo de este proyecto se ejecutará siguiendo las directrices del Programa y de la Red: liderazgo de la juventud, consideración de los tres niveles de prevención, fundamento en las pruebas científicas, coordinación intersectorial, participación social mediante la capacitación de la comunidad, fomento de la cooperación internacional, promoción de una cultura de la paz, y perspectiva de género y de derechos humanos.
2.2. Coordinación con otras iniciativas de financiación pertinentes
Como práctica general, el DSP de la OEA coordina sus actividades con otros organismos y organizaciones que reciben fondos tanto de los mismos Estados y organismos donantes como de otros diferentes. En el caso de las organizaciones que reciben apoyo de la Unión para trabajos relativos a las actividades propuestas en este proyecto, el Programa Mundial sobre Armas de Fuego de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) guarda relación directa con el proyecto. El centro de referencia de esta coordinación serán tanto la oficina regional de la UNODC en México como las oficinas de los países en los que se lleven a cabo actividades específicas del proyecto. Dado el trabajo que la UNODC está desarrollando en este ámbito, las actividades del proyecto se armonizarán con los pilares del Programa Mundial sobre Armas de Fuego.
Con respecto al desarrollo legislativo y de políticas, el DSP de la OEA seguirá trabajando en este ámbito a través de la CIFTA mediante las reuniones anuales de su comité consultivo y mediante los grupos de trabajo especiales que han desarrollado, y siguen perfeccionando, modelos de legislación para los Estados partes. El objetivo 4 de esta propuesta es mejorar los mecanismos de transferencia de APAL por medio de la legislación nacional, los controles fronterizos y la coordinación regional, con insistencia particular en los mecanismos jurídicos. Entre las actividades se incluirán un taller regional para desarrollar mecanismos para las transferencias transfronterizas legales y su seguimiento, el desarrollo de una red virtual de coordinación para la puesta en común de información sobre las transferencias legales y el tráfico ilícito, y la asistencia jurídica a Estados concretos. Las herramientas legislativas ya desarrolladas por la UNODC serán importantes para orientar el trabajo del proyecto de la OEA en este ámbito; durante el proceso de desarrollo de estos marcos regionales se solicitará el asesoramiento y la experiencia de la UNODC, en particular invitando a los representantes de la UNODC a participar en talleres y a formular observaciones durante el desarrollo de una red virtual de coordinación.
En cuanto a las medidas preventivas y de seguridad, el DSP de la OEA se pondrá en contacto con la UNODC para organizar debates en los que se compartan experiencias sobre proyectos relativos al marcado y rastreo de armas de fuego. Dado que en proyectos anteriores de la OEA este ha sido un ámbito en el que se ha puesto énfasis, en las primeras etapas del proyecto la asistencia del personal de la UNODC a las reuniones del Comité Consultivo de la CIFTA podría facilitar el intercambio de experiencias.
La recopilación y el análisis de datos, que es otro de los pilares del Programa Mundial sobre Armas de Fuego, brindará una buena ocasión para que la OEA comparta la información recopilada durante las actividades del proyecto con la UNODC. A este respecto, el DSP de la OEA se propone ponerse en contacto con la oficina principal de la UNODC en Viena, así como con su oficina de enlace en Nueva York y su oficina regional en México, para coordinar las maneras de compartir información sobre las actividades del proyecto que alimente su análisis de los modelos y tendencias mundiales del tráfico.
3. Descripción del proyecto
3.1. Descripción
El propósito general de este proyecto consiste en reforzar la capacidad de los Gobiernos de los Estados miembros de la OEA de controlar y reducir la proliferación y el tráfico ilícitos de armas pequeñas y armas ligeras (APAL) y de municiones convencionales en América Latina y el Caribe y reducir la incidencia de las APAL en las poblaciones y comunidades vulnerables de la región. Partiendo de las actividades anteriores llevadas a cabo por el DSP de la OEA mediante su Programa de Asistencia para el Control de Armas y Municiones (PACAM), las actividades del proyecto se centrarán en poner a seguro los arsenales públicos de armas pequeñas, armas ligeras y municiones con seguridad física y con medidas de gestión de los arsenales, impedir el tráfico ilícito de armas y municiones a través de las fronteras internacionales de la región y detectar y rastrear las armas pequeñas, armas ligeras y municiones que sean incautadas por las autoridades públicas con el fin de determinar su origen. Durante la ejecución del proyecto, la OEA formará a los organismos nacionales responsables de la seguridad física y de la gestión de los arsenales y facilitará equipo y programas informáticos para el control nacional de inventarios.
La labor de gestión de los arsenales incluirá también la asistencia a las Administraciones para la destrucción de las APAL y municiones incautadas, excedentes y poco seguras. La OEA reforzará un proyecto anterior que proveía de equipo y formación para el marcado y el rastreo de APAL brindando asistencia a aquellos Estados miembros que no hubieran recibido apoyo en este ámbito, así como a aquellos Estados miembros que sí lo hubieran recibido pero hubiesen solicitado posteriormente más formación y apoyo para el mantenimiento del material de marcado. En el desempeño de su papel de coordinación en su calidad de Secretaría de la CIFTA, la OEA facilitará asesoramiento y asistencia técnica a los Estados miembros para la elaboración de legislación que fomente medidas para impedir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos de APAL y municiones, conforme a lo dispuesto en la CIFTA. Además, habrá un programa preventivo piloto que se centrará en unas comunidades seleccionadas de dos o tres de los países más gravemente afectados por la violencia armada relacionada con la proliferación de las APAL. El calendario previsto para la ejecución de los proyectos es de treinta y seis meses.
3.2. Metodología
3.2.1. Estructura organizativa
Este proyecto será ejecutado por el DSP de la OEA, en coordinación con los Estados miembros de la OEA que reciben apoyo. El equipo de gestión del DSP de la OEA para el proyecto estará formado por cinco miembros de la plantilla destinados en la sede de la OEA en Washington D.C.; de la ejecución del proyecto se hará cargo un equipo de apoyo técnico destinado en la región y personal contractual local de los Estados miembros, según las actividades específicas que deban llevarse a cabo.
El equipo del Programa de Asistencia para el Control de Armas y Municiones (PACAM) situado en la región estará formado por un jefe de equipo o coordinador, un experto en gestión de la información y bases de datos, un especialista en apoyo logístico y administrativo y tres técnicos con experiencia en seguridad, identificación, marcado y destrucción de armas de fuego y con una certificación de nivel 3 en desactivación de explosivos, conforme a las normas sobre competencia en desactivación de explosivos del acuerdo de trabajo del Comité Europeo de Normalización. Para la formación y las tareas de alta especialización, la OEA podrá contratar también apoyo temporal de otras organizaciones técnicas asociadas, entre ellas la Fundación Humanitaria Golden West, de amplia experiencia en el desarrollo de tecnologías innovadoras y adecuadas para resolver problemas operativos en el ámbito de las municiones, los explosivos, las minas terrestres y las APAL.
En un principio, el equipo de gestión del programa del DSP de la OEA se coordinará directamente con las autoridades de los Estados miembros que hayan solicitado anteriormente apoyo en cuestiones de APAL y municiones. En algunos casos la OEA tiene acuerdos de cooperación en vigor para dar asistencia a los Estados miembros en los ámbitos de la seguridad física, la gestión de arsenales, y el marcado y el rastreo de APAL que sentarán la base de la asistencia técnica. El equipo de asistencia técnica del PACAM deberá poder atender las solicitudes de asistencia con formación y mantenimiento del equipo para el marcado de APAL inmediatamente a partir del inicio del proyecto.
3.2.2. Planteamiento técnico
Para las solicitudes de asistencia en materia de seguridad física, gestión de arsenales y destrucción de APAL o municiones es necesario que un miembro del equipo de gestión del programa del DSP de la OEA lleve a cabo una evaluación inicial con el apoyo del equipo técnico del PACAM. Partiendo de estas evaluaciones, el equipo de gestión propondrá a las autoridades nacionales planes de acción por país, que se llevarán a cabo con el apoyo del equipo técnico del PACAM, atendiendo a las prioridades más urgentes y según los fondos disponibles. Las actividades de destrucción de municiones tendrán en cuenta la antigüedad, el estado y la obsolescencia del material, y darán prioridad al material que suponga una amenaza más grave para la seguridad y la prevención públicas por explosiones imprevistas o por desviación. Las armas pequeñas y armas ligeras serán destinadas a ser destruidas con arreglo a unos criterios analíticos que tendrán en cuenta la funcionalidad, la letalidad y el riesgo de desviación. De las armas incautadas o confiscadas solo se destruirán aquellas que hayan entregado las autoridades y ya no sean necesarias para ser presentadas como prueba en los procedimientos judiciales. Todos los planes de acción por país que se desarrollen tendrán en cuenta las siguientes directrices:
— las Directrices Técnicas Internacionales sobre Municiones,
— las normas sobre armas de fuego de la OEA: marcado y registro, y
— el manual de destrucción del Departamento de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas: armas pequeñas y ligeras, municiones y explosivos.
Con el fin de mejorar la coordinación regional sobre la legislación en materia de APAL, los mecanismos de transferencia y los controles fronterizos de los distintos países, la OEA realizará talleres regionales en paralelo a las reuniones anuales del comité consultivo de la CIFTA. El apoyo a estos talleres servirá también para aumentar la participación de las autoridades nacionales pertinentes en las reuniones de la CIFTA y estos constituirán otros tantos foros para determinar los problemas comunes y sus soluciones. El equipo de gestión del DSP de la OEA contribuirá a la elaboración de los órdenes del día de las reuniones de la CIFTA, y coordinará e impartirá los talleres. Estos se centrarán en temas específicos del ámbito de la cooperación y la coordinación regionales con el fin de determinar las necesidades de formación y asistencia técnica que tengan en común países y subregiones limítrofes. Un centro de atención particular de los talleres regionales será el desarrollo de un sistema regional de notificación para las transferencias legales de armas que sea coherente con las disposiciones de la CIFTA y que tenga también en cuenta las directrices de transparencia que figuran en el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA), que han firmado y ratificado algunos de los Estados miembros de la OEA y firmantes de la CIFTA.
Los cursos de formación posteriores serán coordinados por el equipo de gestión del DSP de la OEA y presentados por el equipo técnico del PACAM, con la participación de los Estados miembros en los niveles nacional y subregional, a fin de mejorar la comunicación entre las autoridades nacionales con responsabilidades similares dentro de zonas geográficas concretas. Uno de los cursos irá orientado a la formación de las autoridades aduaneras y portuarias en el registro de inventarios de armas y municiones incautadas con el fin de fomentar el rastreo y contribuir a la determinación de los modelos de tráfico como medio para reducir el contrabando de armas y promover la mejora de la información sobre incautaciones. El equipo del PACAM facilitará programas y material informáticos para apoyar estas actividades una vez esté formado el personal nacional. En paralelo a esta formación, el equipo del PACAM presentará información, así como unas guías impresas para su distribución, que cubran la identificación, la clasificación y la seguridad de APAL y municiones para evitar accidentes.
El componente preventivo del proyecto se centrará en una comunidad de cada uno de los tres países seleccionados. El DSP de la OEA coordinará las evaluaciones de las comunidades, empezando por el método SIDIE (Sistema de Diagnóstico Estratégico), que evaluará los riesgos de violencia por arma de fuego en la comunidad seleccionada, en particular en los grupos de mayor riesgo, así como sus capacidades y carencias a la hora de protegerse. Se levantará inventario de los servicios facilitados por el Estado y la sociedad civil para asistir y proteger a las víctimas de la violencia armada y se elaborará una lista de medidas recomendadas a las autoridades locales. La evaluación tendrá en cuenta la dimensión de género y seguirá un planteamiento basado en los derechos humanos.
El segundo paso del proceso consistirá en crear las capacidades de los sanitarios, trabajadores sociales y funcionarios de Justicia y Policía locales para que puedan asistir y proteger mejor a las víctimas de violencia y de delitos y actúen para evitar la reincidencia de los infractores. Se hará hincapié sobre todo en el trabajo con las víctimas y los violentos dentro de la pareja. Se dispensará apoyo psicológico y psicosocial creando grupos de ayuda mutua o reforzando los existentes y se estudiarán las posibilidades de reinserción laboral de las víctimas. Se animará a las víctimas y a sus familias a presentar informes sobre sucesos violentos y amenazas y se formará a los funcionarios de justicia y a los agentes de seguridad para que puedan responder mejor a este tipo de violencia. Se animará a los proveedores de asistencia sanitaria y a los profesionales del sector de la justicia a que incorporen a su labor la asistencia psicológica a los delincuentes, en tanto que estrategia de prevención de riesgos y para evitar reincidencias.
En estas actividades se implicará también a la comunidad, para subsanar sus deficiencias, inventariar y reforzar las redes de protección existentes y trabajar conjuntamente con las redes de prevención oficial existentes. Las actividades incluirán cursos de formación en técnicas de resolución no violenta de conflictos dirigidos a los responsables de las comunidades y en particular, cuando proceda, campañas de reducción de riesgos relacionados con las armas pequeñas y las armas ligeras. Algunas de las intervenciones pueden orientarse a aquellos grupos considerados más vulnerables al inicio del proceso, como los jóvenes con comportamientos de riesgo (por ejemplo, terapia multisistémica) o las mujeres (actividad empresarial). Todas las actividades de desarrollo de capacidades se evaluarán con los instrumentos más adecuados, como cuestionarios o grupos de debate. Además, una vez se hayan determinado las intervenciones, se diseñarán instrumentos específicos para evaluarlas.
3.2.3. Perspectiva de género
Como el conflicto armado afecta a mujeres, hombres y jóvenes de ambos sexos de formas diversas, el proyecto tendrá en cuenta el hecho de que en América Latina y en el Caribe las mujeres y las niñas sufren discriminación por razón de sexo y están expuestas a violencia sexual. A fin de promover y apoyar la participación activa y significativa de la mujer en todos los mecanismos de prevención de la violencia y de resolución de conflictos, la perspectiva de género se tendrá en cuenta en todas las actividades. Una de las principales medidas será la incorporación de las mujeres en todos los niveles de la ejecución de los proyectos, empezando por la Secretaría General de la OEA, tanto para objetivos de tipo técnico como para los relativos a la resolución de conflictos y a la prevención de la violencia. Para ello, lo primero es que participen en la Secretaría de Seguridad Multidimensional de la OEA y en la dirección del DSP de la OEA y, a renglón seguido, que formen parte del personal técnico nacional y del PACAM encargado de la seguridad física, la gestión de arsenales y las operaciones de control y destrucción de APAL, así como del personal local para la prevención de la violencia. Las actividades de prevención de la violencia prestarán una atención especial a las necesidades de las mujeres y las niñas en materia de seguridad y protección dentro de sus comunidades y a su participación en la búsqueda de soluciones a los problemas que se planteen. Se buscará la participación de las organizaciones regionales y locales dirigidas por mujeres en calidad de socios en actividades específicas, en función de la compatibilidad de los objetivos sociales de su organización con los del proyecto de que se trate y de sus experiencias anteriores en los ámbitos técnicos del proyecto.
3.2.4. Coordinación externa
Además de la coordinación y la colaboración con las autoridades nacionales en toda la región, la OEA coordinará y colaborará con otras instituciones y organizaciones durante la ejecución del proyecto. Las entidades enumeradas a continuación podrían prestar apoyo en cuestiones específicas y contribuir a promover la iniciativa en la región:
— | la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en particular, en su caso, sus oficinas regionales y nacionales: el Programa mundial sobre armas de fuego y, en particular, los controles a su tránsito y corretaje,
— | el Programa Centroamericano para el Control de Armas Pequeñas y Ligeras (CASAC) del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA): promoción de iniciativas regionales para América Central mediante la participación en talleres regionales y el seguimiento de proyectos anteriores relativos a armas pequeñas y ligeras financiados por el SEAE,
— | el Organismo de ejecución de la CARICOM sobre delincuencia y seguridad (IMPACS): coordinación con la Red Regional de Información Balística Integrada (RIBIN),
— | INTERPOL: asistencia técnica a la formación en materia de APAL (iARMS),
— | la agencia federal de los Estados Unidos para el alcohol, el tabaco, las armas de fuego y los explosivos (ATF): asistencia técnica especializada para el rastreo de APAL (e-Trace),
— | la Real Policía Montada de Canadá: cooperación técnica para impulsar la formación sobre identificación y clasificación de APAL,
— | «Conflict Armament Research»: coordinación y asistencia técnica para el rastreo de APAL a través de la iniciativa I-Trace,
— | organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la prevención de la delincuencia y la violencia, en particular la Red Centroamericana por la Paz y la Seguridad Humana (REDCEPAZ), el Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (IEPADES – Guatemala), Interpeace (América Central), la Alianza para la prevención de la violencia (Jamaica) y el Grupo de empoderamiento de la Costa Norte (Trinidad y Tobago).
3.3. Objetivos de los proyectos y actividades
Objetivo 1: Reforzar la seguridad física y los sistemas de gestión de los arsenales militares nacionales y demás arsenales institucionales mejorando las medidas de seguridad de las instalaciones y el control del inventario
Actividades de apoyo:
— | Actividad 1.1: Evaluar la situación de las instituciones nacionales en materia de seguridad física y gestión de arsenales (SFGA) en un mínimo de nueve Estados miembros de la OEA.
— | Actividad 1.2: Desarrollar un programa informático de control de inventarios de APAL y municiones y ponerlo a disposición de todos los Estados miembros de la OEA, junto con la formación necesaria para utilizarlo, a través de la CIFTA.
— | Actividad 1.3: Impartir a las autoridades nacionales pertinentes formación sobre buenas prácticas en materia de SFGA, en particular, en lo que respecta a la identificación y la clasificación de APAL, en talleres organizados con ocasión de actos relacionados con la CIFTA.
Resultados previstos:
— | Nueve evaluaciones a escala nacional de las capacidades y necesidades en materia de seguridad física y de gestión de arsenales.
— | Desarrollar y distribuir a un mínimo de nueve Estados miembros de la OEA un programa informático de control de inventario.
— | Organizar dos talleres sobre buenas prácticas en materia de SFGA para formar a un total de sesenta miembros del personal nacional de quince Estados miembros de la OEA.
Objetivo 2: Reforzar las capacidades nacionales de destrucción de las APAL y municiones incautadas, excedentarias o poco seguras
Actividades de apoyo:
— | Actividad 2.1: Impartir formación a un mínimo de ocho Estados miembros de la OEA sobre destrucción de las APAL y municiones incautadas, excedentarias o no deseadas, prestar asistencia técnica al respecto y llevar a cabo una supervisión.
— | Actividad 2.2: Coordinarse con el Gobierno español para impartir en la Academia de Ingenieros del Ejército, en Madrid, una formación avanzada sobre desactivación de explosivos y municiones a sesenta técnicos de los Estados miembros de la OEA.
Resultados previstos:
— | Formar al menos a doscientos agentes procedentes de ocho Estados miembros de la OEA en actividades de destrucción segura de APAL, municiones y explosivos.
— | Destruir 300 toneladas de municiones y de 30 000 APAL.
— | Formar al menos a sesenta técnicos nacionales en el nivel 3 de desactivación de explosivos de las normas del Comité Europeo de Normalización (CEN).
Objetivo 3: Mejorar la capacidad nacional de marcado y rastreo de APAL y fomentar la cooperación regional en el rastreo de armas y municiones confiscadas
Actividades de apoyo:
— | Actividad 3.1: Efectuar al menos una visita de asistencia a efectos de mantenimiento y formación a dieciocho Estados miembros de la OEA que hayan recibido previamente equipo para el marcado de APAL y formación en la materia en el marco de la OEA.
— | Actividad 3.2: Proporcionar una cantidad limitada de equipo para el marcado de APAL a aquellos Estados miembros de la OEA que soliciten maquinaria y material informático para reforzar sus capacidades en materia de marcado y registro.
— | Actividad 3.3: Presentar el equipo para el marcado de APAL a tres Estados miembros de la OEA que no hayan recibido previamente asistencia y proporcionarles formación en la materia.
— | Actividad 3.4: Reagrupar los datos procedentes de las APAL incautadas por las autoridades nacionales y destruidas en el curso de la Actividad 2.1 a fin de remontarse hasta sus países de origen y de tránsito y analizar las pautas del tráfico ilícito.
Resultados previstos:
— | Formar a doscientos técnicos procedentes de dieciocho Estados miembros de la OEA en la utilización de equipo para el marcado y el registro de APAL.
— | Reparar los dispositivos de marcado dañados o entregar nuevos dispositivos a los Estados miembros de la OEA para que cada uno de los veinticinco Estados que haya participado en el proyecto inicial de marcado de APAL de la OEA pueda contar con al menos un dispositivo en estado de funcionamiento.
— | Proporcionar al menos un dispositivo de marcado y soportes lógicos y sistemas de registro de APAL a tres Estados miembros de la OEA que no hayan participado en el proyecto inicial de la OEA de marcado de APAL.
— | Proporcionar a la organización «Conflict Armament Research Ltd» (CAR) datos de identificación procedentes de los registros de los Estados miembros de la OEA y referentes a cerca de 30 000 APAL incautadas, para que puedan utilizarse y analizarse en el marco de la iniciativa I-Trace, así como a los servicios policiales internacionales encargados del rastreo de armas de fuego individuales gracias al sistema iARMS de INTERPOL y a la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego de los Estados Unidos.
Objetivo 4: Mejorar los mecanismos de transferencia de APAL por medio de la legislación, los controles fronterizos y la coordinación regional del país
Actividades de apoyo:
— | Actividad 4.1: Impartir un taller regional en el marco de la CIFTA para poner a punto un mecanismo de comunicación transfronteriza y regional y un mecanismo de comunicación que permitan informar a los países vecinos del rastreo de transferencias ilícitas de armas y facilitarlo.
— | Actividad 4.2: Establecer una red de coordinación virtual para el intercambio de información relativa al tráfico de armas y la fabricación ilícitos.
— | Actividad 4.3: Proporcionar asistencia jurídica sobre la legislación nacional relativa al control de las APAL a aquellos Estados miembros de la OEA que soliciten apoyo.
Resultados previstos:
— | Que los Estados partes en la CIFTA coordinen y aprueben un formato normalizado para dejar constancia del rastreo de transferencias ilícitas de armas en el continente americano.
— | Crear y poner en funcionamiento una plataforma virtual de notificación previa de transferencias de armas a partir del modelo del sistema en línea de notificaciones previas a la exportación para productos químicos precursores (PEN).
— | Prestar a cinco Estados miembros de la OEA asistencia jurídica para el desarrollo de su propio control nacional de APAL, municiones y explosivos.
Objetivo 5: Promover comportamientos socialmente responsables en las comunidades seleccionadas, centrándose en grupos gravemente afectados por la violencia armada, mediante intervenciones colaborativas intersectoriales destinadas a reducir el riesgo de delitos violentos y la reincidencia, en una comunidad concreta de cada uno de los tres países participantes
Actividades de apoyo:
— | Actividad 5.1: Coordinar y dirigir evaluaciones diagnósticas de las pautas de la violencia armada y de cuestiones vinculadas a este fenómeno en las comunidades seleccionadas de tres Estados miembros de la OEA (una por país), a fin de identificar a aquellas poblaciones que sufren una tasa elevada de delitos cometidos con APAL y en cuyo seno las actividades de prevención reducirían probablemente los niveles de violencia, e inventariar los servicios estatales y de la sociedad civil existentes para ayudar a las víctimas de delitos y de violencia.
— | Actividad 5.2: Impartir cursos de formación a los proveedores de asistencia sanitaria, a los trabajadores sociales, a los funcionarios de justicia y a los agentes encargados de la seguridad pública, a fin de mejorar sus capacidades y asistir a las víctimas de violencia en la pareja y de otras formas de violencia armada y proporcionar formación sobre técnicas de resolución no violenta de conflictos a los responsables de las comunidades, en particular a los varones, a fin de prevenir la reincidencia.
— | Actividad 5.3: Organizar talleres de refuerzo de las capacidades de las comunidades sobre prevención de la violencia destinados a aumentar los factores de protección en aquellas poblaciones de las tres comunidades seleccionadas que se consideren más expuestas a la violencia y a la violencia vinculada a las armas de fuego.
— | Actividad 5.4: Evaluar la eficacia de las intervenciones de prevención del proyecto.
Resultados previstos:
— | Realizar tres evaluaciones locales [relativas en particular a las características locales de la violencia por arma de fuego, las poblaciones vulnerables existentes, el número de actos violentos por arma de fuego cometidos entre miembros de una pareja y los servicios locales de asistencia y protección que se prestan a las víctimas de violencia y de violencia armada, y que incluyan una lista de recomendaciones destinadas a los encargados de tomar decisiones en las tres comunidades seleccionadas].
— | Reforzar tres redes comunitarias con el fin de impulsar los factores que permiten hacer frente a los riesgos de violencia por arma de fuego.
— | Formar a trescientos proveedores de servicios sanitarios y funcionarios de los servicios estatales y de la sociedad civil con el fin de mejorar las capacidades de prevención y atenuación de la violencia armada.
— | Realizar, en el seno de una comunidad de cada uno de los tres países beneficiarios seleccionados, intervenciones precisas orientadas a los grupos más expuestos a la violencia por arma de fuego, y evaluarlas.
4. Beneficiarios
Los beneficiarios directos de los objetivos 1 a 4 son las instituciones y las autoridades nacionales responsables del control de APAL, municiones y explosivos en América Latina y el Caribe. En lo que respecta a la seguridad física, la gestión de arsenales y la destrucción de APAL, municiones y explosivos, los ministerios de Defensa y Seguridad Pública de los Gobiernos de Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Jamaica, República Dominicana y Panamá serán los beneficiarios del desarrollo de capacidades. Además de estos Estados, los correspondientes ministerios de Bahamas, Barbados, Trinidad y Tobago, Guyana, Surinam, Uruguay y Paraguay serán los beneficiarios directos del refuerzo de las capacidades de marcado y rastreo de APAL. Las autoridades de control de APAL de toda la región serán asimismo beneficiarias de las actividades de formación y transmisión de información y de las iniciativas de cooperación regional y coordinación. Las autoridades locales de tres de los países más gravemente afectados por la delincuencia violenta y otras formas de violencia armada recibirán formación en materia de prevención y mitigación de la violencia. Los beneficiarios últimos de las actividades realizadas para el logro de los cinco objetivos indicados serán los ciudadanos de América Central, el Caribe y una selección de las naciones sudamericanas que se ven afectadas por altos niveles de delincuencia y violencia armada.
5. Proyección pública de la actividad de la Unión Europea
El DSP de la OEA garantizará que todas las actividades de los proyectos reconozcan el apoyo financiero de la Unión al proyecto en cuestión de múltiples formas. El apoyo de la UE se subrayará a través de comunicados de prensa, intervenciones y entrevistas a diversos medios de comunicación con motivo de acontecimientos de gran proyección pública. Todo el equipo, el material impreso y los programas informáticos donados a los países beneficiarios se etiquetarán como financiados por la Unión. El personal de cada uno de los proyectos exhibirá el logotipo de la UE en todos los gorros, monos o uniformes de trabajo, como una clara estrategia de marca. El apoyo de la Unión se publicará y hará visible en las páginas web y las publicaciones de la OEA relacionadas con el proyecto y los programas receptores de ayuda.
6. Duración
El calendario previsto para la ejecución de los proyectos es de treinta y seis meses.
7. Configuración general
La ejecución técnica del proyecto correrá a cargo del DSP de la OEA mediante dos programas ya existentes: el Programa de Asistencia para el Control de Armas y Municiones (PACAM) y el Programa Interamericano y la Red Interamericana de Prevención de la Violencia y el Delito. El cometido del Departamento en la ejecución y el apoyo a la CIFTA por medio de su Plan de Acción para 2018-2022 supondrá un vínculo esencial para apoyar la creación nacional de capacidades.
8. Socios
El DSP de la OEA ejecutará el proyecto en colaboración con las autoridades nacionales de control de APAL, municiones y explosivos, y con las autoridades responsables de la seguridad pública de los países receptores de la ayuda. El principal objetivo de esta labor se centrará en las subregiones de América Central y del Caribe en las que los índices de violencia armada siguen siendo elevados y los recursos financieros y las capacidades nacionales son más limitados.
9. Información
Se presentarán con periodicidad trimestral informes de situación descriptivos para poder efectuar en tiempo oportuno el seguimiento y la evaluación adecuados.