DOUE-L-2008-81050
Europeo
Unión Europea
Decisión
20080605
431/2008

Decisión del Consejo, de 5 de junio de 2008, por la que se autoriza a algunos Estados miembros a ratificar o adherirse, en interés de la Comunidad Europea, al Convenio de La Haya de 1996 relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y medidas de protección de los niños, y por la que se autoriza a algunos Estados miembros a formular una declaración sobre la aplicación de las normas internas correspondientes del Derecho comunitario.
Diario Oficial de la Unión Europea
20080611
151
L
36
48
/doue/2008/151/L00036-00048.pdf
L
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N
N
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Acuerdos internacionales
Cooperación judicial internacional
Derecho Comunitario
Derechos del niño
Divorcio
Enjuiciamiento Civil
Matrimonio
Menores
Sentencias
Tutela
Contiene Convenio, de 19 de octubre de 1996.
Aplicable desde el 11 de junio de 2008.
CITA
Reglamento 2201/2003, de 27 de noviembre
Administración de Justicia
Derecho Civil
Relaciones internacionales
Unión Europea
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y, en particular, su artículo 61, letra c), y su artículo 67, apartado 1, en relación con su artículo 300, apartado 2, párrafo primero, y su artículo 300, apartado 3, párrafo primero,
Vista la propuesta de la Comisión,
Visto el dictamen del Parlamento Europeo (1),
Considerando lo siguiente:
(1) La Comunidad está trabajando en favor del establecimiento de un espacio judicial común basado en el principio del reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales.
(2) El Convenio relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y medidas de protección de los niños, celebrado el 19 de octubre de 1996 en el marco de la Conferencia de La Haya sobre derecho internacional privado (denominado en lo sucesivo «el Convenio ») constituye una contribución valiosa a la protección de los niños a nivel internacional. Es por lo tanto deseable que se apliquen cuanto antes sus disposiciones.
(3) La Decisión 2003/93/CE del Consejo (2) autorizó a los Estados miembros a firmar el Convenio en interés de la Comunidad. Los Estados que eran Estados miembros de la Comunidad en ese momento firmaron el Convenio el 1 de abril de 2003, excepto los Países Bajos que ya lo había firmado. Otros Estados miembros que no eran Estados miembros de la Comunidad el 1 de abril de 2003 también han firmado el Convenio.
(4) Con motivo de la adopción de la Decisión 2003/93/CE, el Consejo y la Comisión acordaron que la Decisión vendría seguida por una propuesta de la Comisión de Decisión del Consejo por la que se autoriza a los Estados miembros a ratificar o adherirse al Convenio en interés de la Comunidad en el momento adecuado.
(5) Algunos Estados miembros ya han ratificado o se han adherido al Convenio.
(6) Ciertos artículos del Convenio afectan al Derecho derivado comunitario sobre la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales, en especial el Reglamento (CE) no 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental (3). Los Estados miembros mantienen su competencia en las áreas cubiertas por el Convenio que no afectan al Derecho comunitario. La Comunidad y los Estados miembros comparten de esta manera la competencia para ser parte en el Convenio.
(7) De conformidad con el Convenio, solamente los Estados soberanos pueden ser parte del mismo. Por esa razón, la Comunidad no puede ratificar o adherirse a dicho Convenio.
(8) El Consejo debe por lo tanto autorizar a los Estados miembros, excepcionalmente, a ratificar o adherirse al Convenio en interés de la Comunidad en las condiciones establecidas en la presente Decisión, pero no a los Estados miembros que ya han ratificado o ya se han adherido al Convenio.
_______________
(1) DO C 82 E de 1.4.2004, p. 307.
(2) DO L 48 de 21.2.2003, p. 3.
(3) DO L 338 de 23.12.2003, p. 1. Reglamento modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 2116/2004 (DO L 367 de 14.12.2004, p. 1).
(9) Para salvaguardar la aplicación del Derecho comunitario sobre reconocimiento y ejecución en la Comunidad, el artículo 2 de la Decisión 2003/93/CE exigía que los Estados miembros formularan una declaración al firmar el Convenio.
(10) Los Estados miembros que firmaron el Convenio el 1 de abril de 2003 formularon en esa ocasión la declaración recogida en el artículo 2 de la Decisión 2003/93/CE. Otros Estados miembros que no firmaron el Convenio con arreglo a la Decisión 2003/93/CE formularon la declaración tras su adhesión a la Unión Europea. Sin embargo, algunos Estados miembros no han formulado la declaración y, por lo tanto, deben formular ahora la declaración recogida en el artículo 2 de la presente Decisión.
(11) Los Estados miembros que están autorizados a ratificar o adherirse al Convenio por la presente Decisión, deben hacerlo simultáneamente. Estos Estados miembros deben, por tanto, intercambiar información sobre el estado de sus procedimientos de ratificación o de adhesión para preparar el depósito simultáneo de sus instrumentos de ratificación o de adhesión.
(12) El Reino Unido e Irlanda participan en la adopción y aplicación de la presente Decisión.
(13) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Dinamarca no participa en la adopción de la presente Decisión, la cual no vinculará ni se aplicará a la misma.
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
Artículo 1
1. El Consejo autoriza a Bélgica, Alemania, Irlanda, Grecia, España, Francia, Italia, Chipre, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Austria, Polonia, Portugal, Rumanía, Finlandia, Suecia y Reino Unido a ratificar o adherirse al Convenio de La Haya de 1996 relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y medidas de protección de los niños (denominado en lo sucesivo «el Convenio»), en interés de la Comunidad, de acuerdo con las condiciones establecidas en los artículos 3 y 4.
2. El texto del Convenio se adjunta a la presente Decisión.
Artículo 2
El Consejo autoriza a Bulgaria, Chipre, Letonia, Malta, Países Bajos y Polonia a formular la siguiente declaración:
«En los artículos 23, 26 y 52 del Convenio se permite a las Partes contratantes cierto grado de flexibilidad para aplicar un régimen sencillo y rápido de reconocimiento y ejecución de las resoluciones judiciales. Las normas comunitarias establecen un sistema de reconocimiento y ejecución que es como mínimo tan favorable como las normas establecidas el Convenio.
En consecuencia, una resolución dictada por un órgano jurisdiccional de un Estado miembro de la Unión Europea en relación con una materia contemplada en el Convenio será reconocida y ejecutada en … (1) aplicando las normas internas correspondientes del Derecho comunitario (2).
___________
(1) Estado miembro que efectúe la declaración.
(2) El Reglamento (CE) no 2201/2003 desempeña un especial papel en este ámbito, puesto que se refiere a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental.».
Artículo 3
1. Los Estados miembros mencionados en el artículo 1, apartado 1, tomarán las medidas necesarias para depositar simultáneamente los instrumentos de ratificación o de adhesión ante el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos a ser posible antes del 5 de junio de 2010.
2. Los Estados miembros a que se refiere el apartado 1 intercambiarán información, en el seno del Consejo, con la Comisión, antes del 5 de diciembre de 2009, sobre la fecha prevista para la conclusión de sus procedimientos parlamentarios necesarios para la ratificación o la adhesión. Sobre esta base, se determinarán la fecha y las modalidades para el depósito simultáneo.
Artículo 4
Los Estados miembros mencionados en el artículo 1, apartado 1, informarán por escrito al Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos de la conclusión de sus procedimientos parlamentarios necesarios para la ratificación o la adhesión, indicando que posteriormente se depositarán los instrumentos de ratificación o de adhesión de conformidad con la presente Decisión.
Artículo 5
La presente Decisión será aplicable a partir del día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Artículo 6
Los destinatarios de la presente Decisión son todos los Estados miembros, excepto Dinamarca, República Checa, Estonia, Lituania, Hungría, Eslovenia y Eslovaquia.
Hecho en Luxemburgo, el 5 de junio de 2008.
Por el Consejo
El Presidente
D. MATE
TRADUCCIÓN
CONVENIO RELATIVO A LA COMPETENCIA, LA LEY APLICABLE, EL RECONOCIMIENTO, LA EJECUCIÓN Y LA COOPERACIÓN EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD PARENTAL Y DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS
( hecho el 19 de octubre de 1996 )
Los Estados signatarios del presente Convenio,
Considerando que conviene mejorar la protección de los niños en las situaciones de carácter internacional;
Deseando evitar conflictos entre sus sistemas jurídicos en materia de competencia, ley aplicable, reconocimiento y ejecución de medidas de protección de los niños;
Recordando la importancia de la cooperación internacional para la protección de los niños;
Confirmando que el interés superior del niño merece una consideración primordial;
Constatando la necesidad de revisar el Convenio de 5 de octubre de 1961 sobre competencia de autoridades y ley aplicable en materia de protección de menores;
Deseando establecer disposiciones comunes a tal fin, teniendo en cuenta el Convenio de Naciones Unidas sobre los derechos del niño, de 20 de noviembre de 1989,
Han acordado las disposiciones siguientes:
CAPÍTULO I
ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL CONVENIO
Artículo 1
1. El presente Convenio tiene por objeto:
a) determinar el Estado cuyas autoridades son competentes para tomar las medidas de protección de la persona o de los bienes del niño;
b) determinar la ley aplicable por estas autoridades en el ejercicio de su competencia;
c) determinar la ley aplicable a la responsabilidad parental; d) asegurar el reconocimiento y la ejecución de las medidas de protección en todos los Estados contratantes; e) establecer entre las autoridades de los Estados contratantes la cooperación necesaria para conseguir los objetivos del Convenio.
2. A los fines del Convenio, la expresión «responsabilidad parental» comprende la autoridad parental o cualquier otra relación de autoridad análoga que determine los derechos, poderes y obligaciones de los padres, tutores o de otro representante legal respecto a la persona o los bienes del niño.
Artículo 2
El Convenio se aplica a los niños a partir de su nacimiento y hasta que alcancen la edad de 18 años.
Artículo 3
Las medidas previstas en el artículo primero pueden referirse, en particular, a:
a) la atribución, ejercicio y privación total o parcial de la responsabilidad parental, así como su delegación;
b) el derecho de guarda, incluyendo el derecho relativo al cuidado de la persona del niño y, en particular, el de decidir sobre su lugar de residencia, así como el derecho de visita, incluyendo el derecho de trasladar al niño durante un período limitado de tiempo a un lugar distinto del de su residencia habitual;
c) la tutela, la curatela y otras instituciones análogas; d) la designación y las funciones de toda persona u organismo encargado de ocuparse de la persona o de los bienes del niño, de representarlo o de asistirlo;
e) la colocación del niño en una familia de acogida o en un establecimiento, o su protección legal mediante kafala o mediante una institución análoga;
f) la supervisión por las autoridades públicas del cuidado dispensado al niño por toda persona que lo tenga a su cargo; g) la administración, conservación o disposición de los bienes del niño.
Artículo 4
Están excluidos del ámbito del Convenio:
a) el establecimiento y la impugnación de la filiación;
b) la decisión sobre la adopción y las medidas que la preparan, así como la anulación y la revocación de la adopción;
c) el nombre y apellidos del niño;
d) la emancipación;
e) las obligaciones alimenticias;
f) los trusts y las sucesiones;
g) la seguridad social;
h) las medidas públicas de carácter general en materia de educación y salud;
i) las medidas adoptadas como consecuencia de infracciones penales cometidas por los niños;
j) las decisiones sobre el derecho de asilo y en materia de inmigración.
CAPÍTULO II
COMPETENCIA
Artículo 5
1. Las autoridades, tanto judiciales como administrativas, del Estado contratante de la residencia habitual del niño son competentes para adoptar las medidas para la protección de su persona o de sus bienes.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7, en caso de cambio de la residencia habitual del niño a otro Estado contratante, son competentes las autoridades del Estado de la nueva residencia habitual.
Artículo 6
1. Para los niños refugiados y aquellos niños que, como consecuencia de desórdenes en sus respectivos países, están internacionalmente desplazados, las autoridades del Estado contratante en cuyo territorio se encuentran como consecuencia del desplazamiento ejercen la competencia prevista en el artículo 5, apartado 1.
2. La disposición del apartado precedente se aplica también a los niños cuya residencia habitual no pueda determinarse.
Artículo 7
1. En caso de desplazamiento o retención ilícitos del niño, las autoridades del Estado contratante en el que el niño tenía su residencia habitual inmediatamente antes de su desplazamiento o su retención conservan la competencia hasta el momento en que el niño adquiera una residencia habitual en otro Estado y:
a) toda persona, institución u otro organismo que tenga la guarda acceda al desplazamiento o a la retención, o b) el niño resida en este otro Estado por un período de al menos un año desde que la persona, institución o cualquier otro organismo que tenga la guarda conozca o debiera haber conocido el lugar en que se encuentra el niño, sin que se encuentre todavía pendiente petición alguna de retorno presentada en este plazo, y el niño se hubiera integrado en su nuevo medio.
2. El desplazamiento o la retención del niño se considera ilícito:
a) cuando se haya producido con infracción de un derecho de guarda, atribuido, separada o conjuntamente, a una persona, a una institución o a cualquier otro organismo, con arreglo al Derecho vigente en el Estado en que el niño tenía su residencia habitual inmediatamente antes de su traslado o de su retención, y
b) este derecho se ejercía de forma efectiva, separada o conjuntamente, en el momento del desplazamiento o de la retención, o lo hubiera sido si no se hubieran producido tales acontecimientos.
El derecho de guarda a que se refiere la letra a) puede resultar, en particular, de una atribución de pleno derecho, de una decisión judicial o administrativa o de un acuerdo vigente según el Derecho de dicho Estado.
3. Mientras las autoridades mencionadas en el apartado 1 conserven su competencia, las autoridades del Estado contratante al que el niño ha sido desplazado o donde se encuentra retenido solamente pueden tomar las medidas urgentes necesarias para la protección de la persona o los bienes del niño, de acuerdo con el artículo 11.
Artículo 8
1. Excepcionalmente, si la autoridad del Estado contratante competente según los artículos 5 o 6, considera que la autoridad de otro Estado contratante está en mejor situación para apreciar, en un caso particular, el interés superior del niño, puede:
— solicitara esta autoridad, directamente o con la colaboración de la Autoridad Central de este Estado, que acepte la competencia para adoptar las medidas de protección que estime necesarias, o
— suspender la decisión sobre el caso e invitar a las partes a presentar la demanda ante la autoridad de este otro Estado.
2. Los Estados contratantes cuya autoridad puede ser requerida en las condiciones previstas en el apartado precedente son:
a) un Estado del que el niño posea la nacionalidad; b) un Estado en que estén situados bienes del niño; c) un Estado en el que se esté conociendo de una demanda de divorcio o separación de cuerpos de los padres del niño o de anulación de su matrimonio;
d) un Estado con el que el niño mantenga algún vínculo estrecho.
3. Las autoridades interesadas pueden proceder a un intercambio de opiniones.
4. La autoridad requerida en las condiciones previstas en el apartado 1 puede aceptar la competencia, en lugar de la autoridad competente según los artículos 5 o 6, si considera que ello responde al interés superior del niño.
Artículo 9
1. Si las autoridades de los Estados contratantes mencionados en el artículo 8, apartado 2, consideran que están en mejor situación para apreciar, en un caso particular, el interés superior del niño, pueden, ya sea:
— solicitar a la autoridad competente del Estado contratante de la residencia habitual del niño, directamente o con la cooperación de la Autoridad Central de este Estado, que les permita ejercer su competencia para adoptar las medidas de protección que estimen necesarias, o ya sea — invitar a las partes a presentar dicha petición ante las autoridades del Estado contratante de la residencia habitual del niño.
2. Las autoridades interesadas pueden proceder a un intercambio de opiniones.
3. La autoridad de origen de la solicitud solo puede ejercer su competencia en lugar de la autoridad del Estado contratante de la residencia habitual del niño si esta autoridad ha aceptado la petición.
Artículo 10
Sin perjuicio de los artículos 5 a 9, las autoridades de un Estado contratante, en el ejercicio de su competencia para conocer de una demanda de divorcio o separación de cuerpos de los padres de un niño con residencia habitual en otro Estado contratante o en anulación de su matrimonio, pueden adoptar, si la ley de su Estado lo permite, medidas de protección de la persona o de los bienes del niño, si:
a) uno de los padres reside habitualmente en dicho Estado en el momento de iniciarse el procedimiento y uno de ellos tiene la responsabilidad parental respecto al niño, y
b) la competencia de estas autoridades para adoptar tales medidas ha sido aceptada por los padres, así como por cualquier otra persona que tenga la responsabilidad parental respecto al niño, si esta competencia responde al interés superior del niño.
2. La competencia prevista en el apartado 1 para adoptar medidas de protección del niño cesa cuando la decisión aceptando o desestimando la demanda de divorcio, separación de cuerpos o anulación del matrimonio sea firme o el procedimiento finaliza por otro motivo.
Artículo 11
1. En caso de urgencia, son competentes para adoptar las medidas de protección necesarias las autoridades de cualquier Estado contratante en cuyo territorio se encuentren el niño o bienes que le pertenezcan.
2. Las medidas adoptadas en aplicación del apartado precedente respecto de un niño que tuviera su residencia habitual en un Estado contratante dejan de tener efecto desde que las autoridades competentes, en virtud de los artículos 5 a 10, adopten las medidas exigidas por la situación.
3. Las medidas adoptadas en aplicación del apartado 1 respecto de un niño que tenga su residencia habitual en un Estado no contratante dejan de tener efecto en todo Estado contratante desde que las medidas exigidas por la situación y adoptadas por las autoridades de otro Estado se reconocen en dicho Estado contratante.
Artículo 12
1. Sin perjuicio del artículo 7, son competentes para adoptar medidas de protección de la persona o bienes del niño, con carácter provisional y eficacia territorial restringida a este Estado, las autoridades del Estado contratante en cuyo territorio se encuentren el niño o bienes que le pertenezcan, siempre que tales medidas no sean incompatibles con las ya adoptadas por las autoridades competentes según los artículos 5 a 10.
2. Las medidas adoptadas en aplicación del apartado precedente respecto a un niño que tenga su residencia en un Estado contratante dejan de surtir efecto desde el momento en que las autoridades competentes en virtud de los artículos 5 a 10 se hayan pronunciado sobre las medidas que pueda exigir la situación.
3. Las medidas adoptadas en aplicación del apartado 1 respecto de un niño que tenga su residencia habitual en un Estado no contratante dejan de surtir efecto en el Estado contratante en que han sido adoptadas desde el momento en que se reconocen las medidas exigidas por la situación, adoptadas por las autoridades de otro Estado.
Artículo 13
1. Las autoridades de un Estado contratante que sean competentes para adoptar medidas de protección de la persona o de los bienes del niño según los artículos 5 a 10, deben abstenerse de ejercer su competencia si, en el momento de iniciarse el procedimiento, se hubieran solicitado las medidas correspondientes a las autoridades de otro Estado contratante que fueran competentes en virtud de los artículos 5 a 10 en el momento de la petición y estuvieran todavía en proceso de examen.
2. La disposición del apartado precedente no se aplica si las autoridades ante las que se presentó inicialmente la petición de medidas han declinado su competencia.
Artículo 14
Las medidas adoptadas en aplicación de los artículos 5 a 10 continúan en vigor en sus propios términos, incluso cuando un cambio de las circunstancias ha hecho desaparecer la base sobre la que se fundaba la competencia, en tanto que las autoridades competentes en virtud del Convenio no las hayan modificado, reemplazado o dejado sin efecto.
CAPÍTULO III
LEY APLICABLE
Artículo 15
1. En el ejercicio de la competencia atribuida por las disposiciones del capítulo II, las autoridades de los Estados contratantes aplican su propia ley.
2. No obstante, en la medida en que la protección de la persona o de los bienes del niño lo requiera, pueden excepcionalmente aplicar o tomar en consideración la ley de otro Estado con el que la situación tenga un vínculo estrecho.
3. En caso de cambio de la residencia habitual del niño a otro Estado contratante, la ley de este otro Estado rige las condiciones de aplicación de las medidas adoptadas en el Estado de la anterior residencia habitual a partir del momento en que se produce la modificación.
Artículo 16
1. La atribución o la extinción de pleno derecho de la responsabilidad parental, sin intervención de una autoridad judicial o administrativa, se rige por la ley del Estado de la residencia habitual del niño.
2. La atribución o la extinción de la responsabilidad parental en virtud de un acuerdo o de un acto unilateral, sin intervención de una autoridad judicial o administrativa, se rige por la ley del Estado de la residencia habitual del niño en el momento en que deviene eficaz el acuerdo o el acto unilateral.
3. La responsabilidad parental existente según la ley del Estado de la residencia habitual del niño subsiste después del cambio de esta residencia habitual a otro Estado.
4. En caso de cambio de la residencia habitual del niño, la atribución de pleno derecho de la responsabilidad parental a una persona que no estuviera ya investida de tal responsabilidad se rige por la ley del Estado de la nueva residencia habitual.
Artículo 17
El ejercicio de la responsabilidad parental se rige por la ley del Estado de la residencia habitual del niño. En caso de cambio de la residencia habitual del niño, se rige por la ley del Estado de la nueva residencia habitual.
Artículo 18
Podrá privarse de la responsabilidad parental a que se refiere el artículo 16 o modificarse las condiciones de su ejercicio mediante medidas adoptadas en aplicación del Convenio.
Artículo 19
1. No puede impugnarse la validez de un acto celebrado entre un tercero y una persona que tendría la condición de representante legal según la ley del Estado en que se ha celebrado el acto, ni declararse la responsabilidad del tercero, por el único motivo de que dicha persona no tuviera la condición de representante legal en virtud de la ley designada por las disposiciones del presente capítulo, salvo que el tercero supiera o debiera haber sabido que la responsabilidad parental se regía por esta ley.
2. El apartado precedente solo se aplica en los casos en que el acto se ha celebrado entre personas presentes en el territorio de un mismo Estado.
Artículo 20
Las disposiciones del presente capítulo se aplicarán incluso si designan la ley de un Estado no contratante.
Artículo 21
1. A efectos del presente capítulo, se entenderá por «ley» el Derecho vigente en un Estado, con exclusión de sus normas de conflicto de leyes.
2. No obstante, si la ley aplicable en virtud del artículo 16 fuera la de un Estado no contratante y las normas de conflicto de dicho Estado remitieran a la ley de otro Estado no contratante que aplicaría su propia ley, la ley aplicable será la de este último Estado. Si este otro Estado no contratante no aplicaría su propia ley, se aplicará la ley designada por el artículo 16.
Artículo 22
La aplicación de la ley designada por las disposiciones del presente capítulo solo puede excluirse si es manifiestamente contraria al orden público, teniendo en cuenta el interés superior del niño.
CAPÍTULO IV
RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN
Artículo 23
1. Las medidas adoptadas por las autoridades de un Estado contratante se reconocerán de pleno derecho en los demás Estados contratantes.
2. No obstante, el reconocimiento podrá denegarse:
a) si la medida se ha adoptado por una autoridad cuya competencia no estuviera fundada en uno de los criterios previstos en el capítulo II;
b) si, excepto en caso de urgencia, la medida se ha adoptado en el marco de un procedimiento judicial o administrativo, en el que el niño no ha tenido la posibilidad de ser oído, en violación de principios fundamentales de procedimiento del Estado requerido;
c) a petición de toda persona que sostenga que la medida atenta contra su responsabilidad parental, si, excepto en caso de urgencia, la medida se ha adoptado sin que dicha persona haya tenido la posibilidad de ser oída;
d) si el reconocimiento es manifiestamente contrario al orden público del Estado requerido, teniendo en cuenta el interés superior del niño;
e) si la medida es incompatible con una medida adoptada posteriormente en el Estado no contratante de la residencia habitual del niño, cuando esta última medida reúna las condiciones necesarias para su reconocimiento en el Estado requerido; f) si no se ha respetado el procedimiento previsto en el artículo 33.
Artículo 24
Sin perjuicio del artículo 23, apartado 1, toda persona interesada puede solicitar a las autoridades competentes de un Estado contratante que decidan acerca del reconocimiento o no reconocimiento de una medida adoptada en otro Estado contratante.
El procedimiento se rige por la ley del Estado requerido.
Artículo 25
La autoridad del Estado requerido está vinculada por las constataciones de hecho sobre las que la autoridad del Estado que ha adoptado la medida haya fundado su competencia.
Artículo 26
1. Si las medidas adoptadas en un Estado contratante y ejecutorias en el mismo comportan actos de ejecución en otro Estado contratante, serán declaradas ejecutorias o registradas a los fines de ejecución en este otro Estado, a petición de toda parte interesada, según el procedimiento previsto por la ley de este Estado.
2. Cada Estado contratante aplicará un procedimiento simple y rápido a la declaración de exequátur o al registro.
3. La declaración de exequátur o el registro no pueden denegarse más que por uno de los motivos previstos en el artículo 23, apartado 2.
Artículo 27
Sin perjuicio de la revisión necesaria en aplicación de los artículos precedentes, la autoridad del Estado requerido no procederá a revisión alguna en cuando al fondo de la medida adoptada.
Artículo 28
Las medidas adoptadas en un Estado contratante, declaradas ejecutorias o registradas a los fines de ejecución en otro Estado contratante, se ejecutarán como si hubiesen sido tomadas por las autoridades de este otro Estado. La ejecución se realizará conforme a la ley del Estado requerido en la medida prevista por dicha ley, teniendo en cuenta el interés superior del niño.
CAPÍTULO V
COOPERACIÓN
Artículo 29
1. Todo Estado contratante designará una autoridad central encargada de dar cumplimiento a las obligaciones que el Convenio le impone.
2. Un Estado federal, un Estado en el que están en vigor varios sistemas jurídicos o un Estado con unidades territoriales autónomas puede designar más de una autoridad central y especificar la extensión territorial o personal de sus atribuciones. El Estado que haga uso de esta facultad, designará la autoridad central a la que puede dirigirse toda comunicación para su transmisión a la autoridad central competente dentro de ese Estado.
Artículo 30
1. Las autoridad central deberán cooperar entre ellas y promover la colaboración entre las autoridades competentes de sus respectivos Estados para alcanzar los objetivos del Convenio.
2. Dichas autoridades adoptarán, en el marco de la aplicación del Convenio, las disposiciones apropiadas para proporcionar informaciones sobre su legislación, así como sobre los servicios disponibles en sus respectivos Estados en materia de protección del niño.
Artículo 31
La autoridad central de un Estado contratante tomará, ya sea directamente o con la cooperación de autoridades públicas o de otros organismos, todas las medidas apropiadas para:
a) facilitar las comunicaciones y ofrecer la asistencia previstas en los artículos 8 y 9 y en el presente capítulo;
b) facilitar por la mediación, la conciliación o cualquier otro procedimiento análogo, acuerdos amistosos para la protección de la persona o de los bienes del niño, en las situaciones a las que se aplica el Convenio;
c) ayudar, a petición de una autoridad competente de otro Estado contratante, a localizar al niño cuando parezca que este se encuentra en el territorio del Estado requerido y necesita protección.
Artículo 32
A petición motivada de la autoridad central o de otra autoridad competente de un Estado contratante con el que el niño tenga un vínculo estrecho, la autoridad central del Estado contratante en que el niño tenga su residencia habitual y en el que este se encuentre, puede, sea directamente, sea con el concurso de autoridades públicas o de otros organismos,
a) proporcionar un informe sobre la situación del niño;
b) solicitar a la autoridad competente de su Estado que examine la oportunidad de adoptar medidas para la protección de la persona o de los bienes del niño.
Artículo 33
1. Cuando la autoridad competente en virtud de los artículos 5 a 10 prevea la colocación del niño en una familia de acogida o en un establecimiento o su protección legal por kafala o por una institución análoga, y esta colocación o este acogimiento haya de tener lugar en otro Estado contratante, consultará previamente a la autoridad central o a otra autoridad competente de este último Estado. A este efecto le transmitirá un informe sobre el niño y los motivos de su proposición sobre la colocación o el acogimiento.
2. El Estado requirente solo puede adoptar la decisión sobre la colocación o el acogimiento si la autoridad central u otra autoridad competente del Estado requerido ha aprobado esta colocación o este acogimiento, teniendo en cuenta el interés superior del niño.
Artículo 34
1. Cuando se prevé una medida de protección, las autoridades competentes en virtud del Convenio pueden, si la situación del niño lo exige, solicitar que toda autoridad de otro Estado contratante les transmita las informaciones útiles que pueda tener para la protección del niño.
2. Todo Estado contratante podrá declarar que las solicitudes previstas en el apartado 1 solo podrán realizarse a través de su autoridad central.
Artículo 35
1. Las autoridades competentes de un Estado contratante pueden pedir a las autoridades de otro Estado contratante que les presten su asistencia para la puesta en práctica de las medidas de protección adoptadas en aplicación del Convenio, en particular para asegurar el ejercicio efectivo de un derecho de visita, así como el derecho a mantener contactos directos regulares.
2. Las autoridades de un Estado contratante en el que el niño no tenga su residencia habitual pueden, a petición de un progenitor que resida en este Estado y desee obtener o conservar un derecho de visita, recabar informaciones o pruebas y pronunciarse sobre la aptitud de este progenitor para ejercer el derecho de visita y sobre las condiciones en las que podría ejercerlo. La autoridad competente para decidir sobre el derecho de visita en virtud de los artículos 5 a 10 deberá, antes de pronunciarse, admitir y tomar en consideración estas informaciones, pruebas o conclusiones.
3. Una autoridad competente para decidir sobre el derecho de visita en virtud de los artículos 5 a 10 puede suspender el procedimiento hasta que se resuelva sobre la solicitud hecha de acuerdo con el apartado 2, particularmente cuando se le haya presentado una solicitud para modificar o suprimir el derecho de visita concedido por las autoridades del Estado de la antigua residencia habitual.
4. Las disposiciones de este artículo no impiden que una autoridad competente en virtud de los artículos 5 a 10 tome medidas provisionales hasta que se resuelva sobre la solicitud hecha de acuerdo con el apartado 2.
Artículo 36
En caso de que el niño esté expuesto a un grave peligro, las autoridades competentes del Estado contratante en el que se hayan adoptado o estén en vías de adoptarse medidas de protección de este niño, avisarán, si son informadas del cambio de residencia o de la presencia del niño en otro Estado, a las autoridades de este Estado acerca del peligro y de las medidas adoptadas o en curso de examen.
Artículo 37
Una autoridad no puede solicitar o transmitir informaciones en aplicación de este capítulo si considera que tal solicitud o transmisión podría poner en peligro la persona o los bienes del niño o constituir una amenaza grave para la libertad o la vida de un miembro de su familia.
Artículo 38
1. Sin perjuicio de la posibilidad de reclamar los gastos razonables correspondientes a los servicios prestados, las autoridad central y las demás autoridades públicas de los Estados contratantes soportarán sus gastos derivados de la aplicación de las disposiciones del presente capítulo.
2. Todo Estado contratante puede concluir acuerdos con otro o varios Estados contratantes sobre el reparto de gastos.
Artículo 39
Todo Estado contratante podrá concluir acuerdos con otro o varios Estados contratantes para mejorar la aplicación del presente capítulo en sus relaciones recíprocas. Los Estados que hayan concluido tales acuerdos transmitirán una copia al depositario del Convenio.
CAPÍTULO VI
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 40
1. Las autoridades del Estado contratante de la residencia habitual del niño o del Estado contratante en que se ha adoptado una medida de protección podrán expedir un certificado al titular de la responsabilidad parental o a toda otra persona a quien se haya confiado la protección de la persona o de los bienes del niño, a petición suya, indicando su condición y los poderes que le han sido atribuidos.
2. La condición y los poderes indicados por el certificado se tendrán por ciertos, salvo prueba en contrario.
3. Cada Estado contratante designará las autoridades competentes para expedir el certificado.
Artículo 41
Los datos personales que se hubieran obtenido o transmitido conforme al Convenio, no podrán utilizarse para fines distintos de aquellos para los que se obtuvieron o transmitieron.
Artículo 42
Las autoridades a las que se transmitan informaciones, garantizarán su confidencialidad conforme a la ley de su Estado.
Artículo 43
Los documentos transmitidos o expedidos en aplicación del Convenio estarán exentos de legalización o cualquier otra formalidad análoga.
Artículo 44
Todo Estado contratante podrá designar las autoridades a las que deben dirigirse las solicitudes previstas en los artículos 8, 9 y 33.
Artículo 45
1. Las designaciones a que se refieren los artículos 29 y 44 se comunicarán a la Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado.
2. La declaración a que se refiere el artículo 34, apartado 2, se hará al depositario del Convenio.
Artículo 46
Un Estado contratante en el que se aplican sistemas jurídicos o conjuntos de normas diferentes en materia de protección del niño y de sus bienes no está obligado a aplicar las normas del Convenio a los conflictos únicamente relacionados con estos diferentes sistemas o conjuntos de reglas.
Artículo 47
En relación con un Estado en el que dos o más sistemas jurídicos o conjuntos de reglas relativas a las cuestiones reguladas en el presente Convenio se aplican en unidades territoriales diferentes:
1) Cualquier referencia a la residencia habitual en este Estado se refiere a la residencia habitual en una unidad territorial;
2) Cualquier referencia a la presencia del niño en este Estado se refiere a la presencia del niño en una unidad territorial;
3) Cualquier referencia a la situación de los bienes del niño en este Estado se refiere a la situación de los bienes del niño en una unidad territorial;
4) Cualquier referencia al Estado del que el niño posee la nacionalidad se refiere a la unidad territorial designada por la ley de este Estado o, en ausencia de reglas pertinentes, a la unidad territorial con la que el niño presente el vínculo más estrecho;
5) Cualquier referencia al Estado en el que se presenta a una autoridad una demanda de divorcio o separación de cuerpos de los padres del niño o en anulación de su matrimonio, se refiere a la unidad territorial en la que se presenta dicha demanda a una autoridad;
6) Cualquier referencia al Estado con el que el niño presenta un vínculo estrecho se refiere a la unidad territorial con la que el niño presenta este vínculo;
7) Cualquier referencia al Estado al que el niño ha sido trasladado o retenido se refiere a la unidad territorial a la que el niño ha sido desplazado o retenido;
8) Cualquier referencia a los organismos o autoridades de este Estado, diferentes de las autoridades centrales, se refiere a los organismos o autoridades habilitados para actuar en la unidad territorial afectada;
9) Cualquier referencia a la ley, el procedimiento o la autoridad del Estado en que la medida ha sido adoptada se refiere a la ley, el procedimiento o la autoridad de la unidad territorial en la que dicha medida ha sido adoptada;
10) Cualquier referencia a la ley, el procedimiento o la autoridad del Estado requerido se refiere a la ley, el procedimiento o la autoridad de la unidad territorial en la que se invoca el reconocimiento o la ejecución.
Artículo 48
Para determinar la ley aplicable en virtud del capítulo III, en el caso de que un Estado comprenda dos o más unidades territoriales, cada una de las cuales posea su propio sistema jurídico o un conjunto de reglas relativas a las cuestiones reguladas por el presente Convenio, se aplican las reglas siguientes:
a) en el caso de que en dicho Estado existan normas vigentes que identifiquen la unidad territorial cuya ley deberá ser aplicada, se aplicará dicha ley;
b) en defecto de tales normas, se aplicará la ley de la unidad territorial determinada según las disposiciones del artículo 47.
Artículo 49
A los fines de determinar la ley aplicable en virtud del capítulo III, cuando un Estado tenga, para las cuestiones reguladas por el presente Convenio, dos o más sistemas jurídicos o conjuntos de reglas aplicables a categorías diferentes de personas, se aplicarán las reglas siguientes:
a) en el caso de que en dicho Estado existan normas vigentes que identifique cual de estas leyes es aplicable, se aplicará esta ley;
b) a falta de tales normas, se aplicará la ley del sistema o del conjunto de reglas con el que el niño presente el vínculo más estrecho.
Artículo 50
El presente Convenio no afecta al Convenio de 25 de octubre de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, en las relaciones entre las Partes en ambos Convenios. Nada impide, sin embargo, que se invoquen disposiciones del presente Convenio para obtener el retorno de un niño que ha sido ilícitamente desplazado o retenido, o para organizar el derecho de visita.
Artículo 51
En las relaciones entre los Estados contratantes, el presente Convenio sustituye al Convenio de 5 de octubre de 1961 sobre competencia de autoridades y ley aplicable en materia de protección de menores y al Convenio para regular la tutela de los menores, firmado en La Haya el 12 de junio de 1902, sin perjuicio del reconocimiento de las medidas adoptadas según el Convenio de 5 de octubre de 1961 antes citado.
Artículo 52
1. El Convenio no derogará los instrumentos internacionales en que los Estados contratantes sean partes y que contengan disposiciones sobre materias reguladas por el presente Convenio, salvo declaración en contrario de los Estados vinculados por dichos instrumentos.
2. El Convenio no afectará a la posibilidad para uno o varios Estados contratantes de concluir acuerdos que contengan disposiciones sobre las materias reguladas por el presente Convenio, respecto a niños que tengan su residencia habitual en uno de los Estados parte en tales acuerdos.
3. Los acuerdos a concluir por uno o varios Estados contratantes sobre materias reguladas por el presente Convenio no afectarán a la aplicación de las disposiciones del presente Convenio en las relaciones de estos Estados con los demás Estados contratantes.
4. Los apartados precedentes se aplicarán igualmente a las leyes uniformes basadas en la existencia entre los Estados afectados de vínculos especiales, particularmente de naturaleza regional.
Artículo 53
1. El Convenio se aplicará tan solo a las medidas adoptadas en un Estado después de la entrada en vigor del Convenio para dicho Estado.
2. El Convenio se aplicará al reconocimiento y a la ejecución de las medidas adoptadas después de su entrada en vigor en las relaciones entre el Estado en que se han adoptado las medidas y el Estado requerido.
Artículo 54
1. Toda comunicación a la autoridad central o a cualquier otra autoridad de un Estado contratante se dirigirá en la lengua original y acompañada de una traducción a la lengua oficial o a una de las lenguas oficiales de este Estado o, cuando esta traducción sea difícilmente realizable, de una traducción al francés o al inglés.
2. No obstante, un Estado contratante podrá oponerse a la utilización sea del francés, sea del inglés, haciendo la reserva prevista en el artículo 60.
Artículo 55
1. Todo Estado contratante podrá, conforme al artículo 60:
a) reservarse la competencia de sus autoridades para tomar medidas de protección de los bienes de un niño situados en su territorio;
b) reservarse el derecho de no reconocer una responsabilidad parental o una medida que sería incompatible con una medida adoptada por sus autoridades en relación con dichos bienes.
2. La reserva podrá restringirse a ciertas categorías de bienes.
Artículo 56
El Secretario General de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado convocará periódicamente una Comisión especial para examinar el funcionamiento práctico del Convenio.
CAPÍTULO VII
CLÁUSULAS FINALES
Artículo 57
1. El Convenio está abierto a la firma de los Estados que fueren miembros de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado cuando se celebró su decimoctava sesión.
2. Será ratificado, aceptado o aprobado, y los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación se depositarán en el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos, depositario del Convenio.
Artículo 58
1. Cualquier otro Estado podrá adherirse al Convenio después de su entrada en vigor en virtud del artículo 61, apartado 1.
2. El instrumento de adhesión se depositará en poder del depositario.
3. La adhesión solo surtirá efecto en las relaciones entre el Estado adherente y los Estados contratantes que no hubiesen formulado objeción a la adhesión en los seis meses siguientes a la recepción de la notificación a que se refiere el artículo 63, apartado b). Podrá asimismo formular una objeción al respecto cualquier Estado en el momento de la ratificación, aceptación o aprobación del Convenio posterior a la adhesión. Dichas objeciones serán notificadas al depositario del Convenio.
Artículo 59
1. Cuando un Estado comprenda dos o más unidades territoriales en las que se apliquen sistemas jurídicos diferentes en lo que se refiere a cuestiones reguladas por el presente Convenio, podrá declarar, en el momento de la firma, ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, que el Convenio se aplicará a todas sus unidades territoriales o solamente a una o varias de ellas y podrá en cualquier momento modificar esta declaración haciendo otra nueva.
2. Toda declaración de esta naturaleza será notificada al depositario del Convenio y en ella se indicarán expresamente las unidades territoriales a las que el Convenio será aplicable.
3. En el caso de que un Estado no formule declaración alguna al amparo del presente artículo, el Convenio se aplicará a la totalidad del territorio de dicho Estado.
Artículo 60
1. Todo Estado contratante podrá, a más tardar en el momento de la ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, o en el momento de una declaración hecha en virtud del artículo 59, hacer una o ambas reservas previstas en los artículos 54, apartado 2, y 55. No se admitirá ninguna otra reserva.
2. Todo Estado podrá, en cualquier momento, retirar una reserva que hubiera hecho. Este retiro se notificará al depositario.
3. La reserva dejará de surtir efecto el día primero del mes siguiente a la expiración de un período de tres meses después de la notificación mencionada en el apartado precedente.
Artículo 61
1. El Convenio entrará en vigor el día primero del mes siguiente a la expiración de un período de tres meses después del depósito del tercer instrumento de ratificación, de aceptación o de aprobación previsto por el artículo 57.
2. En lo sucesivo, el Convenio entrará en vigor:
a) para cada Estado que lo ratifique, acepte o apruebe posteriormente, el día primero del mes siguiente a la expiración de un período de tres meses después del depósito de su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión;
b) para cada Estado que se adhiera, el día primero del mes siguiente a la expiración de un período de tres meses después de la expiración del plazo de seis meses previsto en el artículo 58, apartado 3;
c) para las unidades territoriales a las que se haya hecho extensiva la aplicación del Convenio de conformidad con el artículo 59, el día primero del mes siguiente a la expiración de un período de tres meses después de la notificación prevista en dicho artículo.
Artículo 62
1. Todo Estado parte en el presente Convenio podrá denunciarlo mediante notificación por escrito dirigida al depositario.
La denuncia podrá limitarse a ciertas unidades territoriales a las que se aplique el Convenio.
2. La denuncia surtirá efecto el día primero del mes siguiente a la expiración de un período de 12 meses después de la fecha de recepción de la notificación por el depositario. En caso de que en la notificación se fije un período más largo para que la denuncia surta efecto, este tendrá efecto cuando transcurra dicho período.
Artículo 63
El depositario notificará a los Estados miembros de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado así como a los Estados que se hayan adherido de conformidad con las disposiciones del artículo 58:
a) las firmas, ratificaciones, aceptaciones y aprobaciones a que se refiere el artículo 57;
b) las adhesiones y las objeciones a las adhesiones a que se refiere el artículo 58;
c) la fecha en la que el Convenio entrará en vigor de conformidad con las disposiciones del artículo 61;
d) las declaraciones a que se refieren los artículos 34, apartado 2, y 59;
e) los acuerdos a que se refiere el artículo 39;
f) las reservas a que se refieren los artículos 54, apartado 2, y 55 y el retiro de las reservas prevista en el artículo 60, apartado 2;
g) las denuncias a que se refiere el artículo 62.
En fe de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados, han firmado el presente Convenio.
Hecho en La Haya, el 19 de octubre de 1996, en francés e inglés, siendo ambos textos igualmente auténticos, en un solo ejemplar, que será depositado en los archivos del Gobierno del Reino de los Países Bajos y del cual se remitirá por vía diplomática una copia auténtica a cada uno de los Estados miembros de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado en el momento de celebrarse su decimoctava sesión.