DOUE-L-2003-80265
Europeo
Unión Europea
Decisión
20021219
93/2003

Decisión del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por la que se autoriza a los Estados miembros a firmar, en interés de la Comunidad, el Convenio de La Haya de 1996 relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños.
Diario Oficial de la Unión Europea
20030221
48
L
1
24
/doue/2003/048/L00001-00024.pdf
L
N
N
N
L
Acuerdos internacionales
Cooperación judicial internacional
Derechos del niño
Enjuiciamiento Civil
Matrimonio
Menores
Sentencias
Tutela
Contiene Convenio de 19 de octubre de 1996, adjunto a la misma.
CITA
Reglamento 1347/2000, de 29 de mayo
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular la letra c) de su artículo 61 y su artículo 300,
Vista la propuesta de la Comisión,
Considerando lo siguiente:
(1) La Comunidad se ha propuesto crear un espacio judicial común basado en el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales.
(2) El Convenio relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños, celebrado el 19 de octubre de 1996 en el marco de la Conferencia de Derecho Internacional Privado de La Haya, en lo sucesivo denominado el Convenio, constituye una valiosa contribución ala protección de los menores en el ámbito internacional y es, por tanto, deseable que sus disposiciones se apliquen cuanto antes.
(3) Determinados artículos del Convenio afectan al Derecho comunitario derivado relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales, especialmente al Reglamento (CE) no 1347/2000del Consejo, de 29 de mayo de 2000, relativo ala competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental sobre los hijos comunes (1).
(4) La Comunidad, por tanto, tiene competencia exclusiva en lo que se refiere a las disposiciones pertinentes del Convenio en la medida en que dichos artículos afectan ala normativa comunitaria adoptada en la materia. Los Estados miembros deberían conservar sus competencias en las materias contempladas en el Convenio que no afectan al Derecho comunitario.
(5) El texto del Convenio únicamente reconoce la condición de partes a los Estados soberanos, por lo que actualmente la Comunidad no puede firmar o ratificar dicho Convenio ni adherirse al mismo.
(6) Por ello conviene que el Consejo autorice excepcionalmente a los Estados miembros a firmar el Convenio en interés de la Comunidad y en las condiciones que expresa la presente Decisión.
(7) Teniendo en cuenta los artículos 23, 26 y 52 del Convenio, una resolución judicial adoptada por un Estado miembro en las materias regidas por el Convenio puede ser reconocida y ejecutada en otros Estados miembros con arreglo a las normas pertinentes del Derecho comunitario.
(8) El Reino Unido e Irlanda participan en la adopción y en la aplicación de la presente Decisión.
(9) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Dinamarca no participa en la adopción dela presente Decisión, no está obligada por ella ni sometida a su aplicación.
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
Artículo 1
1. El Consejo autoriza a los Estados miembros a firmar, en interés de la Comunidad, el Convenio relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños, celebrado el 19 de octubre de 1996, en lo sucesivo denominado el Convenio, siempre que se cumplan las condiciones expuestas en los artículos siguientes.
2. El texto del Convenio se adjunta a la presente Decisión (2).
3. En la presente Decisión, por "Estado miembro" se entenderá todo Estado miembro, excepto Dinamarca.
Artículo 2
Al firmar el Convenio, los Estados miembros formularán la siguiente declaración:
"En los artículos 23, 26 y 52 del Convenio se permite a las Partes Contratantes cierto grado de flexibilidad para aplicar un régimen sencillo y rápido de reconocimiento y ejecución de las sentencias. Las normas comunitarias prevén un sistema de reconocimiento y ejecución que es como mínimo tan favorable como las normas que establece el Convenio.
En consecuencia, una sentencia dictada en un órgano jurisdiccional de un Estado miembro de la Unión Europea en relación con una materia contemplada en el Convenio será reconocida y ejecutada en [...] (3), aplicando las normas internas correspondientes del Derecho comunitario (4).
Artículo 3
Los Estados miembros adoptarán las disposiciones necesarias para que el Convenio se firme antes del 1 de junio de 2003.
Artículo 4
Al firmar el Convenio, los Estados miembros informarán por escrito al Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos de que la firma ha tenido lugar con arreglo a lo dispuesto en la presente Decisión.
Los destinatarios de la presente Decisión son los Estados miembros, de conformidad con el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.
Hecho en Bruselas el 19 de diciembre de 2002.
Por el Consejo
El Presidente
L. ESPERSEN
______________________________________
(1) DO L 160 de 30.6.2000, p. 19; Reglamento modificado por el Reglamento (CE) no 1185/2002 de la Comisión (DO L 173 de3.7.2002, p. 3).
(2) Véase la página 3 del presente Diario Oficial.
(3) Estado miembro que efectúe la declaración.
(4) El Reglamento (CE) no 1347/2000desempeña un especial papel en este ámbito, puesto que se refiere a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental sobre los hijos comunes.".
CONVENTION ON JURISDICTION, APPLICABLE LAW, RECOGNITION, ENFORCEMENT ANDCOOPERATION IN RESPECT OF PARENTAL RESPONSIBILITY AND MEASURES FOR THEPROTECTION OF CHILDREN
(Concluded 19 October 1996)
The States signatory to the present Convention,
Considering the need to improve the protection of children in international situations,
Wishing to avoid conflicts between their legal systems in respect of jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of measures for the protection of children,
Recalling the importance of international cooperation for the protection of children,
Confirming that the best interests of the child are to be a primary consideration,
Noting that the Convention of 5 October 1961 concerning the powers of authorities and the law applicable in respect of the protection of minors is in need of revision,
Desiring to establish common provisions to this effect, taking into account the United Nations Convention on the Rights of the Child of 20 November 1989,
Have agreed on the following provisions:
CHAPTER I
SCOPE OF THE CONVENTION
Article 1
1. The objects of the present Convention are:
(a) to determine the State whose authorities have jurisdiction to take measures directed to the protection of the person or property of the child;
(b) to determine which law is to be applied by such authorities in exercising their jurisdiction;
(c) to determine the law applicable to parental responsibility;
(d) to provide for the recognition and enforcement of such measures of protection in all Contracting States;
(e) to establish such cooperation between the authorities of the Contracting States as may be necessary in order to achieve the purposes of this Convention.
2. For the purposes of this Convention, the term 'parental responsibility' includes parental authority, or any analogous relationship of authority determining the rights, powers and responsibilities of parents, guardians or other legal representatives in relation to the person or the property of the child.
Article 2
The Convention applies to children from the moment of their
birth until they reach the age of 18 years.
Article 3
The measures referred to in Article 1 may deal in particular with:
(a) the attribution, exercise, termination or restriction of parental responsibility, as well as its delegation;
(b) rights of custody, including rights relating to the care of the person of the child and, in particular, the right to determine the child's place of residence, as well as rights of access including the right to take a child for a limited period of time to a place other than the child's habitual residence;
(c) guardianship, curatorship and analogous institutions;
(d) the designation and functions of any person or body having charge of the child's person or property, representing or assisting the child;
(e) the placement of the child in a foster family or ininstitutional care, or the provision of care by 'kafala' or an analogous institution;
(f) the supervision by a public authority of the care of a child by any person having charge of the child;
(g) the administration, conservation or disposal of the child's property.
Article 4
The Convention does not apply to:
(a) the establishment or contesting of a parent-child relationship;
(b) decisions on adoption, measures preparatory to adoption, or the annulment or revocation of adoption;
(c) the name and forenames of the child;
(d) emancipation;
(e) maintenance obligations;
(f) trusts or succession;
(g) social security;
(h) public measures of a general nature in matters of education or health;
(i) measures taken as a result of penal offences committed by children;
(j) decisions on the right of asylum and on immigration.
CHAPTER II
JURISDICTION
Article 5
1. The judicial or administrative authorities of the Contracting State of the habitual residence of the child have jurisdiction to take measures directed to the protection of the child's person or property.
2. Subject to Article 7, in case of a change of the child's habitual residence to another Contracting State, the authorities of the State of the new habitual residence have jurisdiction.
Article 6
1. For refugee children and children who, due to disturbances occurring in their country, are internationally displaced, the authorities of the Contracting State on the territory of which these children are present as a result of their displacement have the jurisdiction provided for in Article 5(1).
2. The provisions of the preceding paragraph also apply to children whose habitual residence cannot be established.
Article 7
1. In case of wrongful removal or retention of the child, the authorities of the Contracting State in which the child was habitually resident immediately before the removal or retention keep their jurisdiction until the child has acquired a habitual residence in another State, and
(a) each person, institution or other body having rights of custody has acquiesced in the removal or retention; or
(b) the child has resided in that other State for a period of at least one year after the person, institution or other body having rights of custody has or should have had knowledge of the whereabouts of the child, no request for return lodged within that period is still pending, and the child is settled in his or her new environment.
2. The removal or the retention of a child is to be considered wrongful where:
(a) it is in breach of rights of custody attributed to a person, an institution or any other body, either jointly or alone, under the law of the State in which the child was habitually resident immediately before the removal or retention; and
(b) at the time of removal or retention those rights were actually exercised, either jointly or alone, or would have been so exercised but for the removal or retention.
The rights of custody mentioned in subparagraph a above, may arise in particular by operation of law or by reason of a judicial or administrative decision, or by reason of an agreement having legal effect under the law of that State.
3. So long as the authorities first mentioned in paragraph 1keep their jurisdiction, the authorities of the Contracting State to which the child has been removed or in which he or she has been retained can take only such urgent measures under Article 11 as are necessary for the protection of the person or property of the child.
Article 8
1. By way of exception, the authority of a Contracting State having jurisdiction under Article 5 or Article 6, if it considers that the authority of another Contracting State would be better placed in the particular case to assess the best interests of the child, may either:
- request that other authority, directly or with the assistance of the Central Authority of its State, to assume jurisdiction to take such measures of protection as it considers to be necessary, or- suspend consideration of the case and invite the parties to introduce such a request before the authority of that other State.
2. The Contracting States whose authorities may be addressed as provided in the preceding paragraph are:
(a) a State of which the child is a national;
(b) a State in which property of the child is located;
(c) a State whose authorities are seised of an application for divorce or legal separation of the child's parents, or for annulment of their marriage;
(d) a State with which the child has a substantial connection.
3. The authorities concerned may proceed to an exchange of views.
4. The authority addressed as provided in paragraph 1may assume jurisdiction, in place of the authority having jurisdiction under Article 5 or Article 6, if it considers that this is in the child's best interests.
Article 9
1. If the authorities of a Contracting State referred to in Article 8(2), consider that they are better placed in theparticular case to assess the child's best interests, they may either:
- request the competent authority of the Contracting State of the habitual residence of the child, directly or with the assistance of the Central Authority of that State, that they be authorised to exercise jurisdiction to take the measures of protection which they consider to be necessary, or- invite the parties to introduce such a request before the authority of the Contracting State of the habitual residence of the child.
2. The authorities concerned may proceed to an exchange of views.
3. The authority initiating the request may exercise jurisdiction in place of the authority of the Contracting State of the habitual residence of the child only if the latter authority has accepted the request.
Article 10
1. Without prejudice to Articles 5 to 9, the authorities of a Contracting State exercising jurisdiction to decide upon an application for divorce or legal separation of the parents of a child habitually resident in another Contracting State, or for annulment of their marriage, may, if the law of their State so provides, take measures directed to the protection of the person or property of such child if:
(a) at the time of commencement of the proceedings, one of his or her parents habitually resides in that State and one of them has parental responsibility in relation to the child, and(b) the jurisdiction of these authorities to take such measures has been accepted by the parents, as well as by any other person who has parental responsibility in relation to the child, and is in the best interests of the child.
2. The jurisdiction provided for by paragraph 1 to take measures for the protection of the child ceases as soon as the decision allowing or refusing the application for divorce, legal separation or annulment of the marriage has become final, or the proceedings have come to an end for another reason.
Article 111. In all cases of urgency, the authorities of any Contracting State, in whose territory the child or property belonging to the child is present, have jurisdiction to take any necessary measures of protection.
2. The measures taken under the preceding paragraph with regard to a child habitually resident in a Contracting State shall lapse as soon as the authorities which have jurisdiction under Articles 5 to 10 have taken the measures required by the situation.
3. The measures taken under paragraph 1 with regard to a child who is habitually resident in a non-Contracting States hall lapse in each Contracting State as soon as measures required by the situation and taken by the authorities of another State are recognised in the Contracting State in question.
Article 121. Subject to Article 7, the authorities of a Contracting State, in whose territory the child or property belonging to the child is present, have jurisdiction to take measures of a provisional character for the protection of the person or property of the child which have a territorial effect limited to the State in question, in so far as such measures are not incompatible with measures already taken by authorities which have jurisdiction under Articles 5 to 10.
2. The measures taken under the preceding paragraph with regard to a child habitually resident in a Contracting State shall lapse as soon as the authorities which have jurisdiction under Articles 5 to 10 have taken a decision in respect of the measures of protection which may be required by the situation.
3. The measures taken under paragraph 1 with regard to a child who is habitually resident in a non-Contracting States hall lapse in the Contracting State where the measures were taken as soon as measures required by the situation and taken by the authorities of another State are recognised in the Contracting State in question.
Article 13
1. The authorities of a Contracting State which have jurisdiction under Articles 5 to 10 to take measures for the protection of the person or property of the child must abstain from exercising this jurisdiction if, at the time of the commencement of the proceedings, corresponding measures have been requested from the authorities of another Contracting State having jurisdiction under Articles 5 to 10 at the time of the request and are still under consideration.
2. The provisions of the preceding paragraph shall not apply if the authorities before whom the request for measures was initially introduced have declined jurisdiction.
Article 14
The measures taken in application of Articles 5 to 10 remain in force according to their terms, even if a change of circumstances has eliminated the basis upon which jurisdiction was founded, so long as the authorities which have jurisdiction under the Convention have not modified, replaced or terminated such measures.
CHAPTER III
APPLICABLE LAW
Article 15
1. In exercising their jurisdiction under the provisions of Chapter II, the authorities of the Contracting States shall apply their own law.
2. However, in so far as the protection of the person or the property of the child requires, they may exceptionally apply or take into consideration the law of another State with which the situation has a substantial connection.
3. If the child's habitual residence changes to another Contracting State, the law of that other State governs, from the time of the change, the conditions of application of the measures taken in the State of the former habitual residence.
Article 16
1. The attribution or extinction of parental responsibility by operation of law, without the intervention of a judicial or administrative authority, is governed by the law of the State of the habitual residence of the child.
2. The attribution or extinction of parental responsibility by an agreement or a unilateral act, without intervention of a judicial or administrative authority, is governed by the law of the State of the child's habitual residence at the time when the agreement or unilateral act takes effect.
3. Parental responsibility which exists under the law of the State of the child's habitual residence subsists after a change of that habitual residence to another State.
4. If the child's habitual residence changes, the attribution of parental responsibility by operation of law to a person who does not already have such responsibility is governed by the law of the State of the new habitual residence.
Article 17
The exercise of parental responsibility is governed by the law of the State of the child's habitual residence. If the child's habitual residence changes, it is governed by the law of the State of the new habitual residence.
Article 18
The parental responsibility referred to in Article 16 may be terminated, or the conditions of its exercise modified, by measures taken under this Convention.
Article 19
1. The validity of a transaction entered into between a third party and another person who would be entitled to act as the child's legal representative under the law of the State where the transaction was concluded cannot be contested, and the third party cannot be held liable, on the sole ground that the other person was not entitled to act as the child's legal representative under the law designated by the provisions of this Chapter, unless the third party knew or should have known that the parental responsibility was governed by the latter law.
2. The preceding paragraph applies only if the transaction was entered into between persons present on the territory of the same State.
Article 20
The provisions of this Chapter apply even if the law designated by them is the law of a non-Contracting State.
Article 21
1. In this Chapter the term 'law' means the law in force in a State other than its choice of law rules.
2. However, if the law applicable according to Article 16 is that of a non-Contracting State and if the choice of law rules of that State designate the law of another non-Contracting State which would apply its own law, the law of the latter State applies. If that other non-Contracting State would not apply its own law, the applicable law is that designated by Article 16.
Article 22
The application of the law designated by the provisions of this Chapter can be refused only if this application would be manifestly contrary to public policy, taking into account the best interests of the child.
CHAPTER IV
RECOGNITION AND ENFORCEMENT
Article 23
1. The measures taken by the authorities of a Contracting State shall be recognised by operation of law in all other Contracting States.
2. Recognition may however be refused:
(a) if the measure was taken by an authority whose jurisdiction was not based on one of the grounds provided for in Chapter II;
b) if the measure was taken, except in a case of urgency, in the context of a judicial or administrative proceeding, without the child having been provided the opportunity to be heard, in violation of fundamental principles of procedure of the requested State;
(c) on the request of any person claiming that the measure infringes his or her parental responsibility, if such measure was taken, except in a case of urgency, without such person having been given an opportunity to be heard;
(d) if such recognition is manifestly contrary to public policyof the requested State, taking into account the best interests of the child;
(e) if the measure is incompatible with a later measure taken in the non-Contracting State of the habitual residence of the child, where this later measure fulfils the requirements for recognition in the requested State;
(f) if the procedure provided in Article 33 has not be encomplied with.
Article 24
Without prejudice to Article 23(1), any interested person may request from the competent authorities of a Contracting State that they decide on the recognition or non-recognition of a measure taken in another Contracting State. The procedure is governed by the law of the requested State.
Article 25
The authority of the requested State is bound by the findings of fact on which the authority of the State where the measure was taken based its jurisdiction.
Article 26
1. If measures taken in one Contracting State and enforceable there require enforcement in another Contracting State, they shall, upon request by an interested party, be declared enforceable or registered for the purpose of enforcement in that other State according to the procedure provided in the law of the latter State.
2. Each Contracting State shall apply to the declaration of enforceability or registration a simple and rapid procedure.
3. The declaration of enforceability or registration may berefused only for one of the reasons set out in Article 23(2).
Article 27
Without prejudice to such review as is necessary in the application of the preceding Articles, there shall be no review of the merits of the measure taken.
Article 28
Measures taken in one Contracting State and declared enforceable, or registered for the purpose of enforcement, in another Contracting State shall be enforced in the latter State as if they had been taken by the authorities of that State. Enforcement takes place in accordance with the law of the requested State to the extent provided by such law, taking into consideration the best interests of the child.
CHAPTER V
COOPERATION
Article 29
1. A Contracting State shall designate a Central Authority to discharge the duties which are imposed by the Convention on such authorities.
2. Federal States, States with more than one system of law or States having autonomous territorial units shall be free to appoint more than one Central Authority and to specify the territorial or personal extent of their functions. Where a State has appointed more than one Central Authority, it shall designate the Central Authority to which any communication may be addressed for transmission to the appropriate Central Authority within that State.
Article 30
1. Central Authorities shall cooperate with each other and promote cooperation amongst the competent authorities in their States to achieve the purposes of the Convention.
2. They shall, in connection with the application of the Convention, take appropriate steps to provide information as to the laws of, and services available in, their States relating to the protection of children.
Article 31
The Central Authority of a Contracting State, either directly or through public authorities or other bodies, shall take all appropriate steps to:
(a) facilitate the communications and offer the assistance provided for in Articles 8 and 9 and in this Chapter;
(b) facilitate, by mediation, conciliation or similar means, agreed solutions for the protection of the person or property of the child in situations to which the Convention applies;
(c) provide, on the request of a competent authority of another Contracting State, assistance in discovering the whereabouts of a child where it appears that the child may be present and in need of protection within the territory of the requested State.
Article 32
On a request made with supporting reasons by the Central Authority or other competent authority of any Contracting State with which the child has a substantial connection, the Central Authority of the Contracting State in which the child is habitually resident and present may, directly or through public authorities or other bodies:
(a) provide a report on the situation of the child;
(b) request the competent authority of its State to consider the need to take measures for the protection of the person or property of the child.
Article 33
1. If an authority having jurisdiction under Articles 5 to 10contemplates the placement of the child in a foster family or institutional care, or the provision of care by 'kafala' or ananalogous institution, and if such placement or such provision of care is to take place in another Contracting State, it shall first consult with the Central Authority or other competent authority of the latter State. To that effect it shall transmit are port on the child together with the reasons for the proposed placement or provision of care.
2. The decision on the placement or provision of care maybe made in the requesting State only if the Central Authority or other competent authority of the requested State has consented to the placement or provision of care, taking into account the child's best interests.
Article 34
1. Where a measure of protection is contemplated, the competent authorities under the Convention, if the situation of the child so requires, may request any authority of another Contracting State which has information relevant to the protection of the child to communicate such information.
2. A Contracting State may declare that requests under paragraph 1 shall be communicated to its authorities only through its Central Authority.
Article 35
1. The competent authorities of a Contracting State may request the authorities of another Contracting State to assist in the implementation of measures of protection taken under this Convention, especially in securing the effective exercise of rights of access as well as of the right to maintain direct contacts on a regular basis.
2. The authorities of a Contracting State in which the child does not habitually reside may, on the request of a parent residing in that State who is seeking to obtain or to maintain access to the child, gather information or evidence and may make a finding on the suitability of that parent to exercise access and on the conditions under which access is to be exercised. An authority exercising jurisdiction under Articles 5to 10 to determine an application concerning access to the child, shall admit and consider such information, evidence and finding before reaching its decision.
3. An authority having jurisdiction under Articles 5 to 10to decide on access may adjourn a proceeding pending the outcome of a request made under paragraph 2, in particular, when it is considering an application to restrict or terminate access rights granted in the State of the child's former habitual residence.
4. Nothing in this Article shall prevent an authority having jurisdiction under Articles 5 to 10 from taking provisional measures pending the outcome of the request made under paragraph 2.
Article 36
In any case where the child is exposed to a serious danger, the competent authorities of the Contracting State where measures for the protection of the child have been taken or are under consideration, if they are informed that the child's residence has changed to, or that the child is present in another State, shall inform the authorities of that other State about the danger involved and the measures taken or under consideration.
Article 37
An authority shall not request or transmit any information under this Chapter if to do so would, in its opinion, be likely to place the child's person or property in danger, or constitute a serious threat to the liberty or life of a member of the child's family.
Article 38
1. Without prejudice to the possibility of imposing reasonable charges for the provision of services, Central Authorities and other public authorities of Contracting States shall be artheir own costs in applying the provisions of this Chapter.
2. Any Contracting State may enter into agreements with one or more other Contracting States concerning the all ocationof charges.
Article 39
Any Contracting State may enter into agreements with one or more other Contracting States with a view to improving the application of this Chapter in their mutual relations. The States which have concluded such an agreement shall transmit a copy to the depositary of the Convention.
CHAPTER VI
GENERAL PROVISIONS
Article 40
1. The authorities of the Contracting State of the child's habitual residence, or of the Contracting State where ameasure of protection has been taken, may deliver to the person having parental responsibility or to the person entrusted with protection of the child's person or property, at his or her request, a certificate indicating the capacity in which that person is entitled to act and the powers conferred upon him or her.
2. The capacity and powers indicated in the certificate are presumed to be vested in that person, in the absence of proof to the contrary.
3. Each Contracting State shall designate the authorities competent to draw up the certificate.
Article 41
Personal data gathered or transmitted under the Convention shall be used only for the purposes for which they were gathered or transmitted.
Article 42
The authorities to whom information is transmitted shall ensure its confidentiality, in accordance with the law of their State.
Article 43
All documents forwarded or delivered under this Convention shall be exempt from legalisation or any analogous formality.
Article 44
Each Contracting State may designate the authorities to which requests under Articles 8, 9 and 33 are to be addressed.
Article 45
1. The designations referred to in Articles 29 and 44 shall be communicated to the Permanent Bureau of The Hague Conference on Private International Law.
2. The declaration referred to in Article 34 (2), shall be made to the depositary of the Convention.
Article 46
A Contracting State in which different systems of law or sets of rules of law apply to the protection of the child and his orher property shall not be bound to apply the rules of the Convention to conflicts solely between such different systems or sets of rules of law.
Article 47
In relation to a State in which two or more systems of law or sets of rules of law with regard to any matter dealt with in this Convention apply in different territorial units:
1. any reference to habitual residence in that State shall be construed as referring to habitual residence in a territorial unit;
2. any reference to the presence of the child in that State shall be construed as referring to presence in a territorial unit;
3. any reference to the location of property of the child in that State shall be construed as referring to location of property of the child in a territorial unit;
4. any reference to the State of which the child is a national shall be construed as referring to the territorial unit designated by the law of that State or, in the absence of relevant rules, to the territorial unit with which the child has the closest connection;
5. any reference to the State whose authorities are seised of an application for divorce or legal separation of the child's parents, or for annulment of their marriage, shall be construed as referring to the territorial unit whose authorities are seised of such application;
6. any reference to the State with which the child has a substantial connection shall be construed as referring to the territorial unit with which the child has such aconnection;
7. any reference to the State to which the child has been removed or in which he or she has been retained shall be construed as referring to the relevant territorial unit to which the child has been removed or in which he or she has been retained;
8. any reference to bodies or authorities of that State, other than Central Authorities, shall be construed as referring to those authorised to act in the relevant territorial unit;
9. any reference to the law or procedure or authority of the State in which a measure has been taken shall be construed as referring to the law or procedure or authority of the territorial unit in which such measure was taken;
10. any reference to the law or procedure or authority of the requested State shall be construed as referring to the law or procedure or authority of the territorial unit in which recognition or enforcement is sought.
Article 48
For the purpose of identifying the applicable law under Chapter III, in relation to a State which comprises two or more territorial units each of which has its own system of law or set of rules of law in respect of matters covered by this Convention, the following rules apply:
(a) if there are rules in force in such a State identifying which territorial unit's law is applicable, the law of that unit applies;
(b) in the absence of such rules, the law of the relevant territorial unit as defined in Article 47 applies.
Article 49
For the purpose of identifying the applicable law under Chapter III, in relation to a State which has two or more systems of law or sets of rules of law applicable to different categories of persons in respect of matters covered by this Convention, the following rules apply:
(a) if there are rules in force in such a State identifying which among such laws applies, that law applies;
(b) in the absence of such rules, the law of the system or the set of rules of law with which the child has the closest connection applies.
Article 50
This Convention shall not affect the application of the Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction, as between Parties to both Conventions. Nothing, however, precludes provisions of this Convention from being invoked for the purposes of obtaining the return of a child who has been wrongfully removed or retained or of organising access rights.
Article 51
In relations between the Contracting States, this Convention replaces the Convention of 5 October 1961 concerning the powers of authorities and the law applicable in respect of the protection of minors, and the Convention governing the guardianship of minors, signed at The Hague 12 June 1902, without prejudice to the recognition of measures taken under the Convention of 5 October 1961 mentioned above.
Article 52
1. This Convention does not affect any international instrument to which Contracting States are Parties and which contains provisions on matters governed by the Convention, unless a contrary declaration is made by the States, Parties to such instrument.
2. This Convention does not affect the possibility for one or more Contracting States to conclude agreements which contain, in respect of children habitually resident in any of the States, Parties to such agreements, provisions on matters governed by this Convention.
3. Agreements to be concluded by one or more Contracting States on matters within the scope of this Convention do not affect, in the relationship of such States with other Contracting States, the application of the provisions of this Convention.
4. The preceding paragraphs also apply to uniform laws based on special ties of a regional or other nature between the States concerned.
Article 53
1. The Convention shall apply to measures only if they are taken in a State after the Convention has entered into force for that State.
2. The Convention shall apply to the recognition and enforcement of measures taken after its entry into force as between the State where the measures have been taken and the requested State.
Article 54
1. Any communication sent to the Central Authority or to another authority of a Contracting State shall be in the original language, and shall be accompanied by a translation into the official language or one of the official languages of the other State or, where that is not feasible, a translation into French or English.
2. However, a Contracting State may, by making a reservation in accordance with Article 60, object to the use of either French or English, but not both.
Article 55
1. A Contracting State may, in accordance with Article 60:
(a) reserve the jurisdiction of its authorities to take measures directed to the protection of property of a child situated on its territory;
(b) reserve the right not to recognise any parental responsibility or measure in so far as it is incompatible with any measure taken by its authorities in relation to that property.
2. The reservation may be restricted to certain categories of property.
Article 56
The Secretary General of The Hague Conference on Private International Law shall at regular intervals convoke a Special Commission in order to review the practical operation of the Convention.
CHAPTER VII
FINAL CLAUSES
Article 57
1. The Convention shall be open for signature by the States which were Members of The Hague Conference on Private International Law at the time of its eighteenth session.
2. It shall be ratified, accepted or approved and the instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands, depositary of the Convention.
Article 58
1. Any other State may accede to the Convention after it has entered into force in accordance with Article 61, paragraph1.
2. The instrument of accession shall be deposited with the depositary.
3. Such accession shall have effect only as regards the relations between the acceding State and those Contracting States which have not raised an objection to its accession in the six months after the receipt of the notification referred to in Article 63(b). Such an objection may also be raised by States at the time when they ratify, accept or approve the Convention after an accession. Any such objection shall be notified to the depositary.
Article 59
1. If a State has two or more territorial units in which different systems of law are applicable in relation to matters dealt with in this Convention, it may at the time of signature, ratification, acceptance, approval or accession declare that the Convention shall extend to all its territorial units or only to one or more of them and may modify this declaration by submitting another declaration at any time.
2. Any such declaration shall be notified to the depositary and shall state expressly the territorial units to which the Convention applies.
3. If a State makes no declaration under this Article, the Convention is to extend to all territorial units of that State.
Article 60
1. Any State may, not later than the time of ratification, acceptance, approval or accession, or at the time of making a declaration in terms of Article 59, make one or both of the reservations provided for in Article 54 (2), and Article 55. No other reservation shall be permitted.
2. Any State may at any time withdraw a reservation it has made. The withdrawal shall be notified to the depositary.
3. The reservation shall cease to have effect on the first day of the third calendar month after the notification referred to in the preceding paragraph.
Article 61
1. The Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of three months after the deposit of the third instrument of ratification, acceptance or approval referred to in Article 57.
2. Thereafter the Convention shall enter into force:
(a) for each State ratifying, accepting or approving it subsequently, on the first day of the month following the expiration of three months after the deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession;
(b) for each State acceding, on the first day of the month following the expiration of three months after the expiration of the period of six months provided in Article 58(3);
(c) for a territorial unit to which the Convention has been extended in conformity with Article 59, on the first day of the month following the expiration of three months after the notification referred to in that Article.
Article 62
1. A State Party to the Convention may denounce it by a notification in writing addressed to the depositary. The denunciation may be limited to certain territorial units to which the Convention applies.
2. The denunciation takes effect on the first day of the month following the expiration of 12 months after the notification is received by the depositary. Where a longer period for the denunciation to take effect is specified in the notification, the denunciation takes effect upon the expiration of such longer period.
Article 63
The depositary shall notify the States Members of The Hague Conference on Private International Law and the States which have acceded in accordance with Article 58 of the following:
(a) the signatures, ratifications, acceptances and approvals referred to in Article 57;
(b) the accessions and objections raised to accessions referred o in Article 58;
(c) the date on which the Convention enters into force in accordance with Article 61;
(d) the declarations referred to in Article 34 (2), and Article 59;
(e) the agreements referred to in Article 39;
(f) the reservations referred to in Article 54 (2), and Article 55and the withdrawals referred to in Article 60 (2);
(g) the denunciations referred to in Article 62.
In witness whereof the undersigned, being duly authorized there to, have signed this Convention.
Done at The Hague, on the 19th day of October 1996, in the English and French languages, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Government of the Kingdom of the Netherlands, and of which a certified copy shall be sent, through diplomatic channels, to each of the States Members of The Hague Conference on Private International Law at the date of its eighteenth session.
CONVENTION CONCERNANT LA COMPÉTENCE, LA LOI APPLICABLE, LA RECONNAISSANCE,
L'EXÉCUTION ET LA COOPÉRATION EN MATIÈRE DERESPONSABILITÉ PARENTALEET DE MESURES DE PROTECTION DES ENFANTS
(Conclue le 19 octobre 1996)
Les États signataires de la présente Convention,
Considérant qu'il convient de renforcer la protection des enfants dans les situations à caractère international,
Désirant éviter des conflits entre leurs systèmes juridiques en matière de compétence, loi applicable, reconnaissance et exécution des mesures de protection des enfants,
Rappelant l'importance de la coopération internationale pour la protection des enfants,
Confirmant que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale,
Constatant la nécessité de réviser la Convention du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la lo iapplicable en matière de protection des mineurs,
Désirant établir des dispositions communes à cet effet, en tenant compte de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, du 20 novembre 1989,
Sont convenus des dispositions suivantes:
CHAPITRE I
CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION
Article premier
1. La présente Convention a pour objet:
a) de déterminer l'État dont les autorités ont compétence pour prendre des mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l'enfant;
b) de déterminer la loi applicable par ces autorités dans l'exercice de leur compétence;
c) de déterminer la loi applicable à la responsabilité parentale;
d) d'assurer la reconnaissance et l'exécution des mesures deprotection dans tous les États contractants;
e) d'établir entre les autorités des États contractants lacoopération nécessaire à la réalisation des objectifs de la Convention.
2. Aux fins de la Convention, l'expression "responsabilité parentale" comprend l'autorité parentale ou tout autre rapportd'autorité analogue déterminant les droits, les pouvoirs et les obligations des parents, d'un tuteur ou autre représentant légalà l'égard de la personne ou des biens de l'enfant.
Article 2
La Convention s'applique aux enfants à partir de leur naissance et jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 18 ans.
Article 3
Les mesures prévues à l'article premier peuvent porter not amment sur:
a) l'attribution, l'exercice et le retrait total ou partiel de la responsabilité parentale, ainsi que la délégation de celle ci;
b) le droit de garde, comprenant le droit portant sur les soins de la personne de l'enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence, ainsi que le droit devisite, comprenant le droit d'emmener l'enfant pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle;
c) la tutelle, la curatelle et les institutions analogues;
d) la désignation et les fonctions de toute personne ou organisme chargé de s'occuper de la personne ou des biens de l'enfant, de le représenter ou de l'assister;
e) le placement de l'enfant dans une famille d'accueil ou dans un établissement, ou son recueil légal par kafala ou par une institution analogue;
f) la supervision par les autorités publiques des soins dispensés à l'enfant par toute personne ayant la charge de cet enfant;
g) l'administration, la conservation ou la disposition des biens de l'enfant.
Article 4
Sont exclus du domaine de la Convention:
a) l'établissement et la contestation de la filiation;
b) la décision sur l'adoption et les mesures qui la préparent, ainsi que l'annulation et la révocation de l'adoption;
c) les nom et prénoms de l'enfant;
d) l'émancipation;
e) les obligations alimentaires;
f) les trusts et successions;
g) la sécurité sociale;
h) les mesures publiques de caractère général en matière d'éducation et de santé;
i) les mesures prises en conséquence d'infractions pénales commises par des enfants;
j) les décisions sur le droit d'asile et en matière d'immigration.
CHAPITRE II
COMPÉTENCE
Article 5
1. Les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'État contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens.
2. Sous réserve de l'article 7, en cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre État contractant, sont compétentes les autorités de l'État de la nouvelle résidence habituelle.
Article 6
1. Pour les enfants réfugiés et les enfants qui, par suite de troubles prévalant dans leur pays, sont internationale ment déplacés, les autorités de l'État contractant sur le territoire duquel ces enfants sont présents du fait de leur déplacement exercent la compétence prévue au paragraphe premier de l'article 5.
2. La disposition du paragraphe précédent s'applique également aux enfants dont la résidence habituelle ne peut être établie.
Article 7
1. En cas de déplacement ou de non-retour illicite de l'enfant, les autorités de l'État contractant dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour conservent leur compétence jusqu'au moment où l'enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre État et que:
a) toute personne, institution ou autre organisme ayant le droit de garde a acquiescé au déplacement ou au non retour; ou
b) l'enfant a résidé dans cet autre État pour une période d'aumoins un an après que la personne, l'institution ou tout autre organisme ayant le droit de garde a connu ou auraitdû connaître le lieu où se trouvait l'enfant, aucunedemande de retour présentée pendant cette période n'estencore en cours d'examen, et l'enfant s'est intégré dans son nouveau milieu.
2. Le déplacement ou le non-retour de l'enfant est considéré comme illicite:
a) lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué àune personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'État dans lequell'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avantson déplacement ou son non-retour, etb) que ce droit était exercé de façon effective, seul ouconjointement, au moment du déplacement ou du nonretour, ou l'eût été si de tels événements n'étaientsurvenus.
Le droit de garde visé à la lettre a) peut notamment résulterd'une attribution de plein droit, d'une décision judiciaire ou administrative, ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet État.
3. Tant que les autorités mentionnées au paragraphe premier conservent leur compétence, les autorités de l'État contractant où l'enfant a été déplacé ou retenu ne peuvent prendre que les mesures urgentes nécessaires à la protection de la personne ou des biens de l'enfant, conformément à l'article 11.
Article 8
1. À titre d'exception, l'autorité de l'État contractant compétente en application des articles 5 ou 6, si elle considère quel'autorité d'un autre État contractant serait mieux à même d'apprécier dans un cas particulier l'intérêt supérieur del'enfant, peut- soit demander à cette autorité, directement ou avec le concours de l'Autorité centrale de cet État, d'accepter la compétence pour prendre les mesures de protection qu'elle estimera nécessaires,
- soit surseoir à statuer et inviter les parties à saisir d'unetelle demande l'autorité de cet autre État.
2. Les États contractants dont une autorité peut être requise ou saisie dans les conditions fixées au paragraphe précédent sont:
a) un État dont l'enfant possède la nationalité,
b) un État dans lequel sont situés des biens de l'enfant,
c) un État dont une autorité est saisie d'une demande en divorce ou séparation de corps des parents de l'enfant, ou en annulation de leur mariage,
d) un État avec lequel l'enfant présente un lien étroit.
3. Les autorités concernées peuvent procéder à un échange de vues.
4. L'autorité requise ou saisie dans les conditions prévues au paragraphe premier peut accepter la compétence, en lieu et place de l'autorité compétente en application des articles 5 ou6, si elle considère que tel est l'intérêt supérieur de l'enfant.
Article 9
1. Les autorités des États contractants mentionnés à l'article8, paragraphe 2, si elles considèrent qu'elles sont les mieux à même d'apprécier dans un cas particulier l'intérêt supérieur de l'enfant, peuvent- soit demander à l'autorité compétente de l'État contractant de la résidence habituelle de l'enfant, directement ou avecle concours de l'Autorité centrale de cet État, de leur permettre d'exercer la compétence pour prendre les mesures de protection qu'elles estiment nécessaires,
- soit inviter les parties à présenter une telle demande devant les autorités de l'État contractant de la résidence habituelle de l'enfant.
2. Les autorités concernées peuvent procéder à un échange de vues.
3. L'autorité à l'origine de la demande ne peut exercer la compétence en lieu et place de l'autorité de l'État contractant de la résidence habituelle de l'enfant que si cette autorité a accepté la demande.
Article 10
1. Sans préjudice des articles 5 à 9, les autorités d'un État contractant, dans l'exercice de leur compétence pour connaître d'une demande en divorce ou séparation de corps des parents d'un enfant résidant habituellement dans un autre État contractant, ou en annulation de leur mariage, peuvent prendre, si la loi de leur État le permet, des mesures de protection de la personne ou des biens de l'enfant,
a) si, au commencement de la procédure, l'un des parents réside habituellement dans cet État et que l'un d'eux ait la responsabilité parentale à l'égard de l'enfant, et
b) si la compétence de ces autorités pour prendre de telles mesures a été acceptée par les parents, ainsi que par toute autre personne ayant la responsabilité parentale à l'égard de l'enfant et si cette compétence est conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant.
2. La compétence prévue au paragraphe premier pour prendre des mesures de protection de l'enfant cesse dès lorsque la décision faisant droit ou rejetant la demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage est devenue définitive ou que la procédure a pris fin pour un autre motif.
Article 11
1. Dans tous les cas d'urgence, les autorités de chaque État contractant sur le territoire duquel se trouve l'enfant ou des biens lui appartenant sont compétentes pour prendre les mesures de protection nécessaires.
2. Les mesures prises en application du paragraphe précédent à l'égard d'un enfant ayant sa résidence habituelle dans un État contractant cessent d'avoir effet dès que les autorités compétentes en vertu des articles 5 à 10 ont pris les mesures exigées par la situation.
3. Les mesures prises en application du paragraphe premier à l'égard d'un enfant ayant sa résidence habituelle dans un État non contractant cessent d'avoir effet dans chaque État contractant dès qu'y sont reconnues les mesures exigées par la situation, prises par les autorités d'un autre État.
Article 12
1. Sous réserve de l'article 7, les autorités d'un État contractant sur le territoire duquel se trouve l'enfant ou des biens lui appartenant sont compétentes pour prendre des mesures de protection de la personne ou des biens de l'enfant, ayant un caractère provisoire et une efficacité territoriale restreinte à cet État, pour autant que de telles mesures ne soient pas incompatibles avec celles déjà prises par les autorités compétentes en vertu des articles 5 à 10.
2. Les mesures prises en application du paragraphe précédent à l'égard d'un enfant ayant sa résidence habituelle dans un État contractant cessent d'avoir effet dès que les autorités compétentes en vertu des articles 5 à 10 se sont prononcées sur les mesures que pourrait exiger la situation.
3. Les mesures prises en application du paragraphe premier à l'égard d'un enfant ayant sa résidence habituelle dans un État non contractant cessent d'avoir effet dans l'État contractant où elles ont été prises dès qu'y sont reconnues les mesures exigées par la situation, prises par les autorités d'un autre État.
Article 13
1. Les autorités d'un État contractant qui sont compétentes selon les articles 5 à 10 pour prendre des mesures de protection de la personne ou des biens de l'enfant doivent s'abstenir de statuer si, lors de l'introduction de la procédure, des mesures correspondantes ont été demandées aux autorités d'un autre État contractant alors compétentes en vertu des articles 5 à 10et sont encore en cours d'examen.
2. La disposition du paragraphe précédent ne s'applique pass i les autorités devant lesquelles la demande de mesures a été initialement présentée ont renoncé à leur compétence.
Article 14
Les mesures prises en application des articles 5 à 10 restent en vigueur dans les limites qui sont les leurs, même lorsqu' unchangement des circonstances a fait disparaître l'élément sur le quel était fondée la compétence, tant que les autorités compétentes en vertu de la Convention ne les ont pas modifiées, remplacées ou levées.
CHAPITRE III
LOI APPLICABLE
Article 15
1. Dans l'exercice de la compétence qui leur est attribuée par les dispositions du chapitre II, les autorités des États contractants appliquent leur loi.
2. Toutefois, dans la mesure où la protection de la personne ou des biens de l'enfant le requiert, elles peuvent exceptionnellement appliquer ou prendre en considération la loi d'un autre État avec lequel la situation présente un lien étroit.
3. En cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre État contractant, la loi de cet autre État régit, à partir du moment où le changement est survenu, les conditions d'application des mesures prises dans l'État de l'ancienne résidence habituelle.
Article 16
1. L'attribution ou l'extinction de plein droit d'une responsabilité parentale, sans intervention d'une autorité judiciaire ou administrative, est régie par la loi de l'État de la résidence habituelle de l'enfant.
2. L'attribution ou l'extinction d'une responsabilité parentale par un accord ou un acte unilatéral, sans intervention d'une autorité judiciaire ou administrative, est régie par la loi de l'État de la résidence habituelle de l'enfant au moment où l'accord ou l'acte unilatéral prend effet.
3. La responsabilité parentale existant selon la loi de l'État de la résidence habituelle de l'enfant subsiste après le changement de cette résidence habituelle dans un autre État.
4. En cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant, l'attribution de plein droit de la responsabilité parentale à une personne qui n'est pas déjà investie de cette responsabilité est régie par la loi de l'État de la nouvelle résidence habituelle.
Article 17
L'exercice de la responsabilité parentale est régi par la loi de l'État de la résidence habituelle de l'enfant. En cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant, il est régi par la loi de l'État de la nouvelle résidence habituelle.
Article 18
La responsabilité parentale prévue à l'article 16 pourra être retirée ou ses conditions d'exercice modifiées par des mesures prises en application de la Convention.
Article 19
1. La validité d'un acte passé entre un tiers et une autre personne qui aurait la qualité de représentant légal selon la loi de l'État où l'acte a été passé ne peut être contestée, ni la responsabilité du tiers engagée, pour le seul motif que l'autre personne n'avait pas la qualité de représentant légal en vertu de la loi désignée par les dispositions du présent chapitre, sauf si le tiers savait ou devait savoir que la responsabilité parentale était régie par cette loi.
2. Le paragraphe précédent ne s'applique que dans le cas où l'acte a été passé entre personnes présentes sur le territoire d'un même État.
Article 20
Les dispositions du présent chapitre sont applicables même sila loi qu'elles désignent est celle d'un État non contractant.
Article 21
1. Au sens du présent chapitre, le terme "loi" désigne le droit en vigueur dans un État, à l'exclusion des règles de conflit de lois.
2. Toutefois, si la loi applicable en vertu de l'article 16 est celle d'un État non contractant et que les règles de conflit de cet État désignent la loi d'un autre État non contractant quia ppliquerait sa propre loi, la loi de cet autre État est applicable.
Si la loi de cet autre État non contractant ne se reconnaît pas applicable, la loi applicable est celle désignée par l'article 16.
Article 22
L'application de la loi désignée par les dispositions du présent chapitre ne peut être écartée que si cette application est manifestement contraire à l'ordre public, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant.
CHAPITRE IV
RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION
Article 23
1. Les mesures prises par les autorités d'un État contractant sont reconnues de plein droit dans les autres États contractants.
2. Toutefois, la reconnaissance peut être refusée:
a) si la mesure a été prise par une autorité dont la compétence n'était pas fondée sur un chef de compétence prévu au chapitre II;
b) si la mesure a été prise, hors le cas d'urgence, dans le cadre d'une procédure judiciaire ou administrative, sans qu'ait été donnée à l'enfant la possibilité d'être entendu, en violation des principes fondamentaux de procédure de l'État requis;
c) à la demande de toute personne prétendant que cette mesure porte atteinte à sa responsabilité parentale, si cette mesure a été prise, hors le cas d'urgence, sans qu'ait été donnée à cette personne la possibilité d'être entendue;
d) si la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'État requis, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant;
e) si la mesure est incompatible avec une mesure prise postérieurement dans l'État non contractant de la résidence habituelle de l'enfant, lorsque cette dernière mesure réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'État requis;
f) si la procédure prévue à l'article 33 n'a pas été respectée.
Article 24
Sans préjudice de l'article 23, paragraphe premier, toute personne intéressée peut demander aux autorités compétentes d'un État contractant qu'il soit statué sur la reconnaissance ou la non-reconnaissance d'une mesure prise dans un autre État contractant. La procédure est régie par la loi de l'État requis.
Article 25
L'autorité de l'État requis est liée par les constatations de fait sur lesquelles l'autorité de l'État qui a pris la mesure a fondé sa compétence.
Article 26
1. Si les mesures prises dans un État contractant et qui y sont exécutoires comportent des actes d'exécution dans un autre État contractant, elles sont, dans cet autre État, déclarées exécutoires ou enregistrées aux fins d'exécution, sur requête de toute partie intéressée, selon la procédure prévue par la loi de cet État.
2. Chaque État contractant applique à la déclaration d'exequatur ou à l'enregistrement une procédure simple et rapide.
3. La déclaration d'exequatur ou l'enregistrement ne peuvent être refusés que pour l'un des motifs prévus à l'article 23, paragraphe 2.
Article 27
Sous réserve de ce qui est nécessaire pour l'application des articles qui précèdent, l'autorité de l'État requis ne procédera à aucune révision au fond de la mesure prise.
Article 28
Les mesures prises dans un État contractant, qui sont déclarées exécutoires ou enregistrées aux fins d'exécution dans un autre État contractant, y sont mises à exécution comme si elles avaient été prises par les autorités de cet autre État. La mise à exécution des mesures se fait conformément à la loi de l'État requis dans les limites qui y sont prévues, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant.
CHAPITRE V
COOPÉRATION
Article 29
1. Chaque État contractant désigne une Autorité central echargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées parla Convention.
2. Un État fédéral, un État dans lequel plusieurs systèmes de droit sont en vigueur ou un État ayant des unités territoriales autonomes est libre de désigner plus d'une Autorité centrale et de spécifier l'étendue territoriale ou personnelle de leurs fonctions. L'État qui fait usage de cette faculté désigne l'Autorité centrale à laquelle toute communication peut être adressée en vue de sa transmission à l'Autorité centrale compétente au se inde cet État.
Article 30
1. Les Autorités centrales doivent coopérer entre elles et promouvoir la coopération entre les autorités compétentes de leur État pour réaliser les objectifs de la Convention.
2. Elles prennent, dans le cadre de l'application de la Convention, les dispositions appropriées pour fournir des informations sur leur législation, ainsi que sur les services disponibles dans leur État en matière de protection de l'enfant.
Article 31
L'Autorité centrale d'un État contractant prend soit directement, soit avec le concours d'autorités publiques ou d'autresorganismes, toutes dispositions appropriées pour:
a) faciliter les communications et offrir l'assistance prévues aux articles 8 et 9 et au présent chapitre;
b) faciliter par la médiation, la conciliation ou tout autre mode analogue, des ententes à l'amiable sur la protection de la personne ou des biens de l'enfant, dans les situations auxquelles s'applique la Convention;
c) aider, sur demande d'une autorité compétente d'un autre État contractant, à localiser l'enfant lorsqu'il paraît que celui-ci est présent sur le territoire de l'État requis et a besoin de protection.
Article 32
Sur demande motivée de l'Autorité centrale ou d'une autre autorité compétente d'un État contractant avec lequel l'enfanta un lien étroit, l'Autorité centrale de l'État contractant dans lequel l'enfant a sa résidence habituelle et dans lequel il est présent peut, soit directement, soit avec le concours d'autorités publiques ou d'autres organismes,
a) fournir un rapport sur la situation de l'enfant;
b) demander à l'autorité compétente de son État d'examiner l'opportunité de prendre des mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l'enfant.
Article 33
1. Lorsque l'autorité compétente en vertu des articles 5 à10 envisage le placement de l'enfant dans une famille d'accueil ou dans un établissement, ou son recueil légal par kafala ou par une institution analogue, et que ce placement ou ce recueil aura lieu dans un autre État contractant, elle consulte au préalable l'Autorité centrale ou une autre autorité compétente de ce dernier État. Elle lui communique à cet effet un rapport sur l'enfant et les motifs de sa proposition sur le placement ou le recueil.
2. La décision sur le placement ou le recueil ne peut être prise dans l'État requérant que si l'Autorité centrale ou une autre autorité compétente de l'État requis a approuvé ce placement ou ce recueil, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant.
Article 34
1. Lorsqu'une mesure de protection est envisagée, les autorités compétentes en vertu de la Convention peuvent, si la situation de l'enfant l'exige, demander à toute autorité d'un autre État contractant qui détient des informations utiles pour la protection de l'enfant de les lui communiquer.
2. Chaque État contractant pourra déclarer que les demandes prévues au paragraphe premier ne pourront être acheminé es que par l'intermédiaire de son Autorité centrale.
Article 35
1. Les autorités compétentes d'un État contractant peuvent demander aux autorités d'un autre État contractant de prêter leur assistance à la mise en oeuvre de mesures de protection prises en application de la Convention, en particulier pour assurer l'exercice effectif d'un droit de visite, ainsi que du droit de maintenir des contacts directs réguliers.
2. Les autorités d'un État contractant dans lequel l'enfant n'a pas sa résidence habituelle peuvent, à la demande d'un parent résidant dans cet État et souhaitant obtenir ou conserver un droit de visite, recueillir des renseignements ou des preuves et se prononcer sur l'aptitude de ce parent à exercer le droit de visite et sur les conditions dans lesquelles il pourrait l'exercer.
L'autorité compétente en vertu des articles 5 à 10 pour statuer sur le droit de visite devra, avant de se prononcer, prendre en considération ces renseignements, preuves ou conclusions.
3. Une autorité compétente en vertu des articles 5 à 10pour statuer sur le droit de visite peut suspendre la procédure jusqu'au terme de la procédure prévue au paragraphe 2, notamment lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à modifier ou supprimer le droit de visite conféré par les autorités de l'État de l'ancienne résidence habituelle.
4. Cet article n'empêche pas une autorité compétente en vertu des articles 5 à 10 de prendre des mesures provisoires jusqu'au terme de la procédure prévue au paragraphe 2.
Article 36
Dans le cas où l'enfant est exposé à un grave danger, les autorités compétentes de l'État contractant dans lequel des mesures de protection de cet enfant ont été prises ou sont envoie de l'être, si elles sont informées du changement de résidence ou de la présence de l'enfant dans un autre État, avisent les autorités de cet État de ce danger et des mesures prises ou en cours d'examen.
Article 37
Une autorité ne peut demander ou transmettre des informations en application de ce chapitre si elle est d'avis qu'unetelle demande ou transmission pourrait mettre en danger la personne ou les biens de l'enfant, ou constituer une menace grave pour la liberté ou la vie d'un membre de sa famille.
Article 38
1. Sans préjudice de la possibilité de réclamer des frais raisonnables correspondant aux services fournis, les Autorités centrales et les autres autorités publiques des États contractants supportent leurs frais découlant de l'application des dispositions du présent chapitre.
2. Un État contractant peut conclure des accords avec un ou plusieurs autres États contractants sur la répartition des frais.
Article 39
Tout État contractant pourra conclure avec un ou plusieurs autres États contractants des accords en vue de favoriser dans leurs rapports réciproques l'application du présent chapitre.
Les États qui ont conclu de tels accords en transmettront une copie au dépositaire de la Convention.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 40
1. Les autorités de l'État contractant de la résidence habituelle de l'enfant ou de l'État contractant où une mesure de protection a été prise peuvent délivrer au titulaire de la responsabilité parentale ou à toute personne à qui est confiée la protection de la personne ou des biens de l'enfant, à sa demande, un certificat indiquant sa qualité et les pouvoirs qui lui sont conférés.
2. La qualité et les pouvoirs indiqués par le certificat sont tenus pour établis, sauf preuve contraire.
3. Chaque État contractant désigne les autorités habilitées à établir le certificat.
Article 41
Les données personnelles rassemblées ou transmises conformément à la Convention ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles pour lesquelles elles ont été rassemblées ou transmises.
Article 42
Les autorités auxquelles des informations sont transmises en assurent la confidentialité conformément à la loi de leur État.
Article 43
Les documents transmis ou délivrés en application de la Convention sont dispensés de toute légalisation ou de toute formalité analogue.
Article 44
Chaque État contractant peut désigner les autorités à qui les demandes prévues aux articles 8, 9 et 33 doivent être envoyées.
Article 45
1. Les désignations mentionnées aux articles 29 et 44 sont communiquées au bureau permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé.
2. La déclaration mentionnée à l'article 34, paragraphe 2, est faite au dépositaire de la Convention.
Article 46
Un État contractant dans lequel des systèmes de droit ou des ensembles de règles différents s'appliquent en matière de protection de l'enfant et de ses biens n'est pas tenu d'appliquer les règles de la Convention aux conflits concernant uniquement ces différents systèmes ou ensembles de règles.
Article 47
Au regard d'un État dans lequel deux ou plusieurs systèmes de droit ou ensembles de règles ayant trait aux questions régies par la présente Convention s'appliquent dans des unités territoriales différentes:
1) toute référence à la résidence habituelle dans cet État vise la résidence habituelle dans une unité territoriale;
2) toute référence à la présence de l'enfant dans cet État vise la présence de l'enfant dans une unité territoriale;
3) toute référence à la situation des biens de l'enfant dans cet État vise la situation des biens de l'enfant dans une unité territoriale;
4) toute référence à l'État dont l'enfant possède la nationalité vise l'unité territoriale désignée par la loi de cet État ou, en l'absence de règles pertinentes, l'unité territoriale avec laquelle l'enfant présente le lien le plus étroit;
5) toute référence à l'État dont une autorité est saisie d'une demande en divorce ou séparation de corps des parents de l'enfant, ou en annulation de leur mariage, vise l'unité territoriale dont une autorité est saisie d'une telle demande;
6) toute référence à l'État avec lequel l'enfant présente un lien étroit vise l'unité territoriale avec laquelle l'enfant présente ce lien;
7) toute référence à l'État où l'enfant a été déplacé ou retenuvise l'unité territoriale dans laquelle l'enfant a été déplacé ou retenu;
8) toute référence aux organismes ou autorités de cet État, autres que les Autorités centrales, vise les organismes ou autorités habilités à agir dans l'unité territoriale concernée;
9) toute référence à la loi, à la procédure ou à l'autorité de l'État où une mesure a été prise vise la loi, la procédure ou l'autorité de l'unité territoriale dans laquelle cette mesure a été prise;
10) toute référence à la loi, à la procédure ou à l'autorité de l'État requis vise la loi, la procédure ou l'autorité de l'unité territoriale dans laquelle la reconnaissance ou l'exécution est invoquée.
Article 48
Pour identifier la loi applicable en vertu du chapitre III, lorsqu'un État comprend deux ou plusieurs unités territoriales dont chacune a son propre système de droit ou un ensemble de règles ayant trait aux questions régies par la présente Convention, les règles suivantes s'appliquent:
a) en présence de règles en vigueur dans cet État identifiant l'unité territoriale dont la loi est applicable, la loi de cette unité s'applique;
b) en l'absence de telles règles, la loi de l'unité territoriale définie selon les dispositions de l'article 47 s'applique.
Article 49
Pour identifier la loi applicable en vertu du chapitre III, lorsqu'un État comprend deux ou plusieurs systèmes de droit ou ensembles de règles applicables à des catégories différentes de personnes pour les questions régies par la présente Convention, les règles suivantes s'appliquent:
a) en présence de règles en vigueur dans cet État identifiant laquelle de ces lois est applicable, cette loi s'applique;
b) en l'absence de telles règles, la loi du système ou de l'ensemble de règles avec lequel l'enfant présente le lien le plus étroit s'applique.
Article 50
La présente Convention n'affecte pas la Convention du25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, dans les relations entre les parties aux deux Conventions. Rien n'empêche cependant que des dispositions de la présente Convention soient invoquées pour obtenirle re tour d'un enfant qui a été déplacé ou retenu illicitement, ou pour organiser le droit de visite.
Article 51
Dans les rapports entre les États contractants, la présente Convention remplace la Convention du 5 octobre 1961concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs et la Convention pour régler la tutelle des mineurs, signée à La Haye le 12 juin 1902, sans préjudice de la reconnaissance des mesures prises selon la Convention du 5 octobre 1961 précitée.
Article 52
1. La Convention ne déroge pas aux instruments internationaux auxquels des États contractants sont Parties et qui contiennent des dispositions sur les matières réglées par la présente Convention, à moins qu'une déclaration contraire ne soit faite par les États liés par de tels instruments.
2. La Convention n'affecte pas la possibilité pour un ou plusieurs États contractants de conclure des accords qui contiennent, en ce qui concerne les enfants habituellement résidents dans l'un des États parties à de tels accords, des dispositions sur les matières réglées par la présente Convention.
3. Les accords à conclure par un ou plusieurs États contractants sur des matières réglées par la présente Convention n'affectent pas, dans les rapports de ces États avec les autres États contractants, l'application des dispositions de la présente Convention.
4. Les paragraphes précédents s'appliquent également aux lois uniformes reposant sur l'existence entre les États concernés de liens spéciaux, notamment de nature régionale.
Article 53
1. La Convention ne s'applique qu'aux mesures prises dans un État après l'entrée en vigueur de la Convention pour cet État.
2. La Convention s'applique à la reconnaissance et à l'exécution des mesures prises après son entrée en vigueur dans les rapports entre l'État où les mesures ont été prises et l'État requis.
Article 54
1. Toute communication à l'Autorité centrale ou à touteautre autorité d'un État contractant est adressée dans la langue originale et accompagnée d'une traduction dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de cet État ou, lorsque cette traduction est difficilement réalisable, d'une traductionen français ou en anglais.
2. Toutefois, un État contractant pourra, en faisant laréserve prévue à l'article 60, s'opposer à l'utilisation soit dufrançais, soit de l'anglais.
Article 55
1. Un État contractant pourra, conformément à l'article 60:
a) réserver la compétence de ses autorités pour prendre des mesures tendant à la protection des biens d'un enfant situés sur son territoire;
b) se réserver de ne pas reconnaître une responsabilité parentale ou une mesure qui serait incompatible avec une mesure prise par ses autorités par rapport à ces biens.
2. La réserve pourra être restreinte à certaines catégories de biens.
Article 56
Le Secrétaire général de la Conférence de La Haye de droit international privé convoque périodiquement une commission spéciale afin d'examiner le fonctionnement pratique de la Convention.
CHAPITRE VII
CLAUSES FINALES
Article 57
1. La Convention est ouverte à la signature des États qui étaient membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa dix-huitième session.
2. Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du ministère des affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas, dépositaire de la Convention.
Article 58
1. Tout autre État pourra adhérer à la Convention après son entrée en vigueur en vertu de l'article 61, paragraphe 1.
2. L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du dépositaire.
3. L'adhésion n'aura d'effet que dans les rapports entre l'État adhérant et les États contractants qui n'auront pas élevé d'objection à son encontre dans les six mois après la réception de la notification prévue à l'article 63, lettre b). Une telle objection pourra également être élevée par tout État au moment d'une ratification, acceptation ou approbation de la Convention, ultérieure à l'adhésion. Ces objections seront notifiées au dépositaire.
Article 59
1. Un État qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s'appliquent aux matières régies par la présente Convention pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, déclarer que la Convention s'appliquera à toutes ses unités territoriales ou seulement à l'une ou à plusieurs d'entre elles, et pourra à tout moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration.
2. Ces déclarations seront notifiées au dépositaire et indiqueront expressément les unités territoriales auxquelles la Convention s'applique.
3. Si un État ne fait pas de déclaration en vertu du présent article, la Convention s'appliquera à l'ensemble du territoire de cet État.
Article 60
1. Tout État contractant pourra, au plus tard au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, ou au moment d'une déclaration faite en vertu de l'article59, faire soit l'une, soit les deux réserves prévues aux articles 54, paragraphe 2, et 55. Aucune autre réserve ne sera admise.
2. Tout État pourra, à tout moment, retirer une réserve qu'ilaura faite. Ce retrait sera notifié au dépositaire.
3. L'effet de la réserve cessera le premier jour du troisième mois du calendrier après la notification mentionnée auparagraphe précédent.
Article 61
1. La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après le dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation prévu par l'article 57.
2. Par la suite, la Convention entrera en vigueur:
a) pour chaque État ratifiant, acceptant ou approuvantpostérieurement, le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
b) pour chaque État adhérant, le premier jour du moissuivant l'expiration d'une période de trois mois après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 58, paragraphe 3;
c) pour les unités territoriales auxquelles la Convention a été étendue conformément à l'article 59, le premier jourdu mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après la notification visée dans cet article.
Article 62
1. Tout État partie à la Convention pourra dénoncer celle cipar une notification adressée par écrit au dépositaire. La dénonciation pourra se limiter à certaines unités territoriales auxquelles s'applique la Convention.
2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de douze mois après la date de réception de la notification par le dépositaire. Lors qu'une période plus longue pour la prise d'effet de la dénonciation est spécifiée dans la notification, la dénonciation prendra effet à l'expiration de la période en question.
Article 63
Le dépositaire notifiera aux États membres de la Conférence de La Haye de droit international privé, ainsi qu'aux États qui auront adhéré conformément aux dispositions de l'article 58:
a) les signatures, ratifications, acceptations et approbations visées à l'article 57;
b) les adhésions et les objections aux adhésions visées à l'article 58;
c) la date à laquelle la Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'article 61;
d) les déclarations mentionnées aux articles 34, paragraphe2, et 59;
e) les accords mentionnés à l'article 39;
f) les réserves visées aux articles 54, paragraphe 2, et 55 et le retrait des réserves prévu à l'article 60, paragraphe 2;
g) les dénonciations visées à l'article 62.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait à La Haye, le 19 octobre 1996, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du gouvernement du Royaume des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des États membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de la dix-huitième session.