EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea,
Vista la Decisión 74/120/CEE del Consejo, de 18 de febrero de 1974, relativa a la realización de un elevado grado de convergencia de las políticas económicas de los Estados miembros de la Comunidad Económica Europea (1), modificada por las Decisiones 75/787/CEE (2) y 79/136/CEE (3), y, en particular su artículo 4,
Vista la propuesta de la Comisión,
visto el dictamen del Parlamento Europeo (4),
Visto el dictamen del Comité Económico y Social (5),
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
Artículo 1
El Consejo adopta el informe anual sobre la situación económica y las orientaciones de política que debe seguir la Comunidad comprendidas en la parte I del informe adjunto a la presente Decisión y establece las orientaciones de política económica que deben seguir los Estados miembros, comprendidas en la parte II de dicho informe.
Artículo 2
Los destinatarios de la presente Decisión son los Estados miembros.
Hecho en Bruselas, el 22 de diciembre de 1987
Por el Consejo
El Presidente
N. WIHJELM
INFORME ECONÓMICO ANUAL 1987/1988
INFORME ECONÓMICO ANUAL 1987/1988
ÍNDICE
...........................................................Página
Preámbulo.....................................................4
...............Parte I - La economía de la Comunidad
1. Es necesario y posible un crecimiento más dinámico.........5
Resumen y conclusiones de política económica..................5
1.1. Situación económica de la Comunidad y perspectivas
para 1988.....................................................5
1.2. Los desequilibrios de la economía mundial................5
1.3. Las tareas que deben llevarse a cabo: crecimiento,
cohesión y mercado interior...................................6
1.4. Las políticas económicas.................................7
2. Evolución y perspectivas económicas........................8
2.1. La economía mundial......................................8
2.2. El proceso de ajuste y la cooperación internacional......9
2.3. Las perspectivas económicas de la Comunidad para 1987
y 1988.......................................................10
2.4. Empleo y desempleo......................................12
2.5. Las perspectivas económicas a medio plazo de la
Comunidad....................................................13
3. Las fuerzas internas del crecimiento y la interdependencia
de los Estados miembros......................................14
3.1. El mercado interior y la adaptación de las estructuras
económicas, motores del crecimiento..........................15
3.2. El proceso macroeconómico...............................16
3.3. Las interdependencias entre los Estados miembros........17
3.4. Las condiciones del éxito...............................18
4. Políticas estructurales comunitarias y nacionales.........19
4.1. La mejora de la adaptabilidad de los mercados...........19
4.2. Competitividad, investigación y desarrollo, industria
y servicios..................................................21
4.3. Acciones para una mayor cohesión económica y social.....23
5. Orientaciones y problemas de las políticas
macroeconómicas..............................................24
5.1. Evoluciones y políticas monetarias......................24
5.2. La liberación de los movimientos de capitales y el
reforzamiento del SME........................................25
5.3. Evoluciones y políticas presupuestarias.................26
Cuadros técnicos: Crecimiento y empleo.......................30
..................Tipos de interés a largo plazo.............34
...............Parte II - La política económica de los Estados miembros
Capítulos por países.........................................37
Bélgica......................................................37
Dinamarca....................................................40
República Federal de Alemania................................43
Grecia.......................................................47
España.......................................................50
Francia......................................................53
Irlanda......................................................56
Italia.......................................................59
Luxemburgo...................................................62
Países Bajos.................................................64
Portugal.....................................................67
Reino Unido..................................................70
Anexo estadístico: Cuadros...................................76
...................Gráficos.................................106
PREÁMBULO
Después de la aprobación por la Comisión del Informe económico anual 1987-1988 el 14 de octubre de 1987, se produjo en las Bolsas de los grandes países industriales una caída importante de las cotizaciones. En los Estados Unidos y en casi todos los países de la Comunidad se ha producido una baja de los tipos de interés de diversa magnitud. El dólar se ha depreciado con respecto al ECU y al yen en un mercado muy inestable.
Se desprende de estos acontecimientos que las previsiones económicas del Informe económico anual deberían ser revisadas. La forma y amplitud de estas revisiones dependen estrechamente de cuándo y a qué nivel se estabilizarán los mercados de divisas y financieros.
El análisis básico del Informe económico anual sobre el entorno internacional y el problema del bajo crecimiento económico y el paro mantiene su validez.
Una reducción significativa y duradera del déficit presupuestario de los Estados Unidos es un elemento esencial para la solución de los problemas actuales de la economía mundial. Es esperanzador el plan de reducir los gastos y aumentar los ingresos por un importe neto de 30 200 millones de dólares en el presupuesto de 1988 y en 45900 millones de dólares en el ejercicio de 1989. Sin embargo, este plan tiene que ser aceptado sin demora por el Congreso y puesto rápidamente en práctica.
Siguen siendo válidas las orientaciones generales de política económica para la Comunidad contenidas en el Informe anual. Su realización es hoy más necesaria que nunca. La consecución de las políticas macroeconómicas y estructurales para acelerar el crecimiento interno reviste un interés propio para la Comunidad. Al mismo tiempo, también contribuye a la corrección de los desequilibrios internacionales. Tal y como se decidió en el Consejo en su sesión de 16 de noviembre de 1987, los Estados miembros de la Comunidad están decididos a contribuir por medio de la oferta y la demanda a mejorar las condiciones para un crecimiento no inflacionario potenciado desde el interior y a reducir los desequilibrios exteriores.
Los Estados miembros están dispuestos a cooperar con otros países para garantizar un desarrollo estable de los mercados mundiales de divisas y financieros. Para ello es necesario una política macroecnómica que revista credibilidad, llevada a cabo desde una base multilateral, al objeto de acelerar el ajuste de los desequilibrios internacionales de balanza de pagos.
Habida cuenta de las incertidumbres reinantes en la economía mundial que pueden influir de forma decisiva en el comportamiento de los inversores y de los consumidores, es más necesario que nunca que la Comunidad y sus Estados miembros estén dispuestos a adaptar sus políticas económicas a las necesidades de la coyuntura económica.
PARTE I
LA ECONOMÍA DE LA COMUNIDAD
1. ES NECESARIO Y POSIBLE UN CRECIMIENTO MÁS DINÁMICO
Resumen y conclusiones de política económica
1.1. Situación económica de la Comunidad y perspectivas para 1988
Desde 1982, las economías de la Comunidad han cobrado fuerza: el nivel y la convergencia de las tasas de inflación no tienen precedentes desde los años sesenta, la rentabilidad del capital y la adaptabilidad de los mercados han experimentado una clara mejora, y determinados ajustes estructurales, con frecuencia dolorosos, han reforzado el potencial de producción. De hecho, hasta 1986 el crecimiento económico manifiesta una aceleración, habiéndose situado en ese año en un 2,6 % de promedio para la Comunidad.
En 1987, en cambio, el crecimiento se ha reducido con respecto a 1986, y apenas supera el 2%. No se ha materializado, por tanto, la esperanza de una nueva aceleración. Desde finales de 1986 y a lo largo de 1987, las exportaciones de la Comunidad a terceros países han disminuido en términos reales bajo el efecto de dos factores: en primer lugar, la apreciación efectiva de las monedas europeas, que ha deteriorado la competitividad de la Comunidad no sólo con respecto a Estados Unidos sino también frente a otros países como los recientemente industrializados. En segundo lugar, los mercados tradicionales de la Comunidad están prácticamente estancados, e incluso las importaciones de los países de la OPEP muestran una disminución muy sensible. Por otra parte, las importaciones de la Comunidad han conservado un ritmo sostenido. Como consecuencia, el comercio exterior ha supuesto para la Comunidad la pérdida, aproximadamente, de un punto porcentual de crecimiento, tanto en 1986 como en 1987. Este aspecto representa una contribución de la Comunidad al proceso de ajuste internacional en modo alguno desdeñable. En 1986, el deterioro del entorno exterior se vio compensado por el impulso que experimenté la demanda interna debido a la mejora de las relaciones de intercambio. No obstante, los efectos de dicha mejora sobre las rentas reales y sobre el consumo privado se están agotando. A esto hay que añadir que numerosas empresas de los sectores exportadores se han visto obligadas a revisar a la baja sus proyectos de inversión. La disminución del comercio extracomunitario y las incertidumbres ligadas a la volatilidad de los tipos de cambio y de los tipos de interés han contribuido a ello en gran medida.
En 1988, el crecimiento debería mantenerse a un ritmo ligeramente superior al 2 %. Un crecimiento de esta magnitud apenas es suficiente para estabilizar la tasa de desempleo al intolerable nivel de un 12 %, aproximadamente. Sin duda, el comercio extracomunitario se recuperará ligeramente. Con todo, es probable que su contribución al crecimiento siga siendo negativa, mientras que la contribución de la demanda interna volverá a reducirse. Se presenta ahora un riesgo. Determinados países, como España, Italia, Portugal y el Reino Unido, han podido mantener hasta ahora ritmos de crecimiento superiores al 3 %. De este modo, han contribuido a sostener el comercio intracomunitario y el crecimiento en la Comunidad. Para proteger su equilibrio exterior, algunos de ellos pueden verse obligados a frenar su propio crecimiento si la expansión de los países con los que mantienen relaciones comerciales se mantiene en términos mediocres, lo cual afectarla al conjunto de la Comunidad. Este riesgo se vería acentuado en caso de producirse un nuevo deterioro del entorno internacional.
1.2. Los desequilibrios de la economía mundial
La economía mundial sigue sujeta a dos graves desequilibrios: la estructura de las balanzas de pagos entre los países industrializados y el endeudamiento de los países en vías de desarrollo. En 1987, el déficit exterior por cuenta corriente de Estados Unidos sigue aumentando y alcanza los 150000 millones de dólares (3,5 % del PIB). El excedente de Japón (cerca de 85000 millones de dólares, es decir, un 3,8 % del PIB) se mantiene en cifras muy elevadas. Por su parte, el excedente liberado por la Comunidad está disminuyendo sin lugar a dudas. Ahora bien, en 1987, esta disminución tiene por contrapartida la mejora de la balanza por cuenta corriente de los países exportadores de petróleo, debida principalmente a la disminución de sus importaciones. La deuda de los países en desarrollo ha seguido aumentando (1200000 millones de dólares en 1987). Determinados acuerdos de reestructuración y, hasta finales de 1986, la caída de los tipos de interés han contribuido a atenuar la carga de dicha deuda. Pero el reciente aumento de los tipos de interés afecta de nuevo negativamente a dichos países.
Se observan elementos positivos. Los flujos reales de mercancías contribuyen a la recuperación de las balanzas comerciales. La cooperación internacional emprendida está conduciendo a ajustes de las políticas que van en la dirección correcta. Tras el Acuerdo del Louvre de febrero de 1987, se ha conseguido estabilizar el tipo de cambio del dólar. La cumbre de los países industrializados que tuvo lugar en Venecia en junio de 1987 y, posteriormente, la reunión del "grupo de los siete" en Washington, en septiembre de 1987, han confirmado tal orientación. La UNCTAD VII demuestra que es posible realizar con los países en desarrollo un análisis común de los principales problemas de la economía mundial. Las reuniones del Banco Mundial y del FMI de septiembre de 1987 han supuesto algunos progresos, en particular en lo relativo a los temas del endeudamiento de los países africanos y del aumento del capital del Banco Mundial. Por último, la "Ronda Uruguay" permite seguir con los esfuerzos en el marco del GATT para refrenar y rechazar el proteccionismo.
Sin embargo, subsisten importantes riesgos. En 1988, el restablecimiento de los equilibrios internacionales de las balanzas de pagos mantendrá un ritmo lento. Sigue siendo necesaria una mayor estabilidad en los mercados de cambio para dar tiempo a que los considerables ajustes de los tipos de cambio que ya se han producido ejerzan todos sus efectos positivos. Pueden contribuir a ello asimismo las intervenciones de los bancos centrales y la gestión internacional de las diferencias de los tipos de interés. No obstante, para estabilizar de un modo duradero las expectativas de cambio, es necesario sobre todo que el restablecimiento de los equilibrios internacionales de balanza de pagos progrese más rápidamente. De lo contrario, la diferencia de tipos de interés entre Estados Unidos, por una parte, y Europa y Japón, por otra, puede aumentar aún más. Esto podría provocar, en particular, nuevos aumentos de los tipos en Estados Unidos, con el consiguiente empeoramiento de la situación de los países en desarrollo, ya afectada por el debilitamiento del comercio mundial.
En tales condiciones, sería deseable que la evolución relativa de las demandas internas entre los distintos países industrializados siga contribuyendo a reducir los desequilibrios comerciales a un nivel de crecimiento mundial elevado. Según las previsiones actuales, las perspectivas para 1988 no son alentadoras. Sigue siendo esencial que Estados Unidos se mantengan en la vía de la reducción de su déficit presupuestario. Pero resulta asimismo necesario que Japón realice claros esfuerzos para crear unas condiciones que favorezcan un mayor volumen de importaciones mediante el refuerzo de su crecimiento y una mayor apertura de sus mercados. También la Comunidad, reforzando su propio crecimiento, puede contribuir a sostener el comercio mundial y participar al mismo tiempo en la reabsorción de los desequilibrios internacionales de las balanzas de pagos.
1.3. Las tareas que deben llevarse a cabo: crecimiento, cohesión y mercado interior
Habida cuenta de los nuevos datos de la economía mundial, la Comunidad no se beneficiará ya de impulsos exteriores. En el momento actual, aplicar la estrategia de cooperación para el crecimiento y el empleo significa: conseguir pasar de un crecimiento sostenido por factores externos a un crecimiento basado en las fuerzas internas, reducir la duración del debilitamiento coyuntural y, de este modo, liberarse más rápidamente de la trampa del crecimiento lento al que la Comunidad parece estar condenada a medio plazo. De este modo, podrá situarse de nuevo en la vía de la reducción del desempleo, disfrutar de todos los beneficios de la realización del gran mercado interior y reforzar su cohesión económica y social. Para aprovechar plenamente las bazas de que dispone la Comunidad, siguen siendo indispensables una mayor cooperación y la aplicación de políticas comunitarias ambiciosas. Es necesario asimismo reforzar el consenso con los interlocutores sociales y entre ellos acerca de las políticas que deben llevarse a cabo, intensificando el diálogo sobre todos los temas de la estrategia, tanto a nivel comunitario como nacional.
Para reforzar la cohesión económica y social de la Comunidad, se requiere un esfuerzo constante y coordinado de todos los Estados miembros, como está previsto en el artículo 130 B del Tratado, modificado ahora por el Acta única Europea. Deben cumplirse tres condiciones. En primer lugar, se trata de crear en Europa un contexto de crecimiento dinámico ; a este respecto, es necesario un crecimiento suficiente en los países más avanzados. En segundo lugar, para los países menos avanzados, es fundamental aplicar políticas que mejoren las condiciones internas de su desarrollo, en particular la rentabilidad y la eficacia de sus inversiones, así como la situación de la hacienda pública. Esto crearía condiciones favorables para las importaciones de capitales privados. En tercer lugar, la Comunidad debería sostener el proceso de ajuste por medio de los fondos estructurales, de sus instrumentos financieros y del BEI. La Comisión propone duplicar el volumen de los fondos estructurales en términos reales de aquí a 1992, e incrementar la eficacia de los mismos.
La consecución del mercado interior de aquí a 1992 crea un dinamismo importante. Es fundamental no decepcionar la espera de los agentes económicos en dicha tarea. Deberán realizarse progresos rápidos hacia la abolición de los controles en las fronteras y de las formalidades aduaneras, hacia la eliminación de los obstáculos fiscales a la libre circulación de bienes y servicios, hacia la armonización de las normas técnicas y hacia la unificación de los contratos públicos. A este respecto, la Comisión efectuó en 1987 propuestas dirigidas a la aproximación de los tipos de imposición indirecta y a la armonización de su estructura, así como a la unificación de los contratos públicos.
La reducción de los costes que se derivará de la consecución del mercado interior, las economías de escala, la mayor competencia, la ampliación de la base económica para la investigación y desarrollo darán lugar a una disminución de los presupuestos públicos, a ganancias de productividad, a una mejora de la competitividad en los mercados exteriores y a un reforzamiento del comercio intracomunitario. El mercado interior creará nuevas oportunidades de inversión y abrirá nuevos horizontes para los empresarios. Para que dichas oportunidades se aprovechen rápida y plenamente, es necesario poner de manifiesto el carácter irreversible de esta tarea acelerando su realización. Para la consecución del gran mercado interior, habría que aprovechar asimismo las ventajas de una red de infraestructuras adaptada a sus dimensiones. La realización de grandes proyectos de infraestructura de interés comunitario debería contribuir a ello.
Sin embargo, los incrementos de productividad conseguidos sólo se traducirán en un mayor volumen de empleo y un aumento más rápido del nivel de vida sí se explota plenamente el potencial de producción. Un crecimiento más sostenido facilitará también la consideración de la dimensión social y regional de la realización del mercado interior.
1.4. Las políticas económicas
En primer lugar, sigue siendo indispensable la consecución de políticas estructurales dirigidas a una mayor adaptabilidad de los mercados. A este respecto, las recomendaciones sobre políticas de oferta recogidas en los Informes económicos anuales de los últimos años siguen siendo totalmente válidas. En particular, la supresión de los obstáculos que pesan sobre las pequeñas y medianas empresas, una mayor competencia y la reducción de las subvenciones relativas a la utilización productiva de los recursos permitirán reforzar aún más los determinantes internos del crecimiento. Por otra parte, la mayor adaptabilidad del mercado de trabajo, y una reorganización y reducción del tiempo de trabajo que sean neutras en términos de costes, así como las inversiones en formación profesional deberían contribuir a mejorar los resultados en materia de empleo.
La realización del mercado interior y las políticas estructurales proporcionan importantes impulsos, que podrán desarrollar plenamente sus efectos si se insertan en un contexto macroeconómico dinámico. Para suplir la falta de puestos de trabajo, las inversiones deberían aumentar durante los próximos años a un ritmo claramente superior al del PIB. A este respecto, las perspectivas de demanda, la rentabilidad y los tipos de interés reales son decisivos. A falta de impulsos procedentes del exterior, las perspectivas de demanda dependen en gran medida de una evolución satisfactoria del consumo privado y, por consiguiente, de b evolución de la renta disponible de las familias. Pero el incremento de los costes salariales reales per cápita deben mantenerse a un nivel moderado para que siga mejorando la rentabilidad y la competitividad. En tales condiciones, las reducciones de la fiscalidad que afectan a las familias y a las empresas deben contribuir también a un mayor dinamismo. Un aumento de las inversiones públicas económicamente rentables reforzaría el potencial de producción, aportando al mismo tiempo un deseable apoyo a la demanda interna. También sería positiva una reducción de los tipos de interés reales. A tal fin, es importante que no se ponga en duda la credibilidad del saneamiento a medio plazo de la hacienda pública ; que las expectativas de inflación se estabilicen en un nivel bajo y que se reabsorban los desequilibrios financieros. Estos factores reducirían asimismo la carga de los presupuestos públicos. Para que sea duradera, la aceleración del crecimiento debe permitir el mantenimiento de una posición exterior sostenible a medio plazo. Cuando las condiciones de la oferta mejoran simultáneamente, es posible conseguir cierta aceleración del crecimiento, protegiendo al mismo tiempo las cuentas exteriores, sin riesgos de reactivación de la inflación.
A pesar del alto nivel de los tipos de interés reales las políticas monetarias permiten actualmente una financiación del crecimiento satisfactoria. Aun teniendo en cuenta las innovaciones financieras que se están produciendo en determinados países, la expansión monetaria sigue siendo importante. Lo fundamental ahora es evitar la acumulación de un excedente de liquidez que sería inflacionista. Este riesgo será menor en la medida en que otros determinantes de la inflación, en particular la evolución de los costes salariales, evolucionen favorablemente.
Dentro del SME, la gestión de los diferenciales de interés ha contribuido más que en el pasado a la estabilización de los tipos de cambio. La liberalización acelerada de los movimientos de capitales debería ir acompañada de un reforzamiento del sistema. Los resultados del Consejo de Economía y Finanzas de Nyborg constituyen un paso importante a este respecto. Para lograr una estabilidad duradera del sistema, es importante que esa cooperación pueda seguir apoyándose en un amplio consenso en lo relativo a las políticas monetarias orientadas a la estabilidad.
En las circunstancias actuales, la política monetaria está sujeta a determinadas limitaciones. La política presupuestaria desempeña, pues, un papel más importante. En primer lugar, deben proseguirse resueltamente los esfuerzos de reestructuración de los gastos e ingresos públicos. Desde el punto de vista del déficit público, todos los países de la Comunidad, considerados aisladamente, siguen enfrentándose a grandes obstáculos. En algunos países, la evolución y el nivel de la deuda pública siguen siendo excesivos y son necesarios considerables esfuerzos de saneamiento. Los efectos de dichos esfuerzos sobre el déficit se ven sin embargo atenuados y retardados por la debilidad del crecimiento y las depreciaciones fiscales resultantes. En otros, la situación presupuestaria es más favorable y las reducciones, fiscales previstas para el próximo año y los Siguientes aportan un deseable sostén al crecimiento, cuyos efectos positivos se apreciarán también a medio plazo. En algunos de esos países, las consecuencias de la desaceleración del crecimiento sobre los ingresos fiscales combinadas con las desgravaciones fiscales previstas están conduciendo ya a un aumento del déficit público.
Una situación de crecimiento insatisfactorio implica un riesgo importante: los países cuya situación presupuestaria sea más difícil podrían verse obligados a adoptar medidas adicionales para alcanzar sus objetivos de saneamiento de la hacienda pública. Esto tendría consecuencias negativas sobre su propio crecimiento y sobre el de los países con los que mantienen relaciones comerciales, con las consiguientes repercusiones sobre los márgenes de maniobra de estos últimos. Se advierte así la importancia de que las autoridades presupuestarias nacionales tengan también en cuenta en sus decisiones las interdependencias existentes entre las economías de la Comunidad. Con la adhesión de España y Portugal, que aportan actualmente un valioso sostén al comercio intracomunitario, se ha ampliado el ámbito de dichas interdependencias. Estas deberían aumentar aún más con la realización plena del mercado interior y con la liberalización de los movimientos de capitales.
De producirse una nueva desaceleración del crecimiento, un esfuerzo común y bien administrado en el tiempo permitirá utilizar de forma positiva las interdependencias entre los Estados miembros. Así lo ha previsto el Consejo de Economía y Hacienda en sus conclusiones de julio de 1987. Evidentemente, este esfuerzo ha de respetarlos objetivos y las restricciones existentes a nivel nacional. No obstante, si cada uno de los países puede contar con un crecimiento más dinámico de los países con los que comercia, el peso de sus propias restricciones exteriores y presupuestarias se reducirá, y podrá contribuir a su vez a un reforzamiento no inflacionista del crecimiento.
La Comunidad se enfrenta a un contexto internacional difícil. Debe contar con sus propias posibilidades. Sin embargo, dispone de importantes bazas: los ajustes estructurales en curso, la mejora de la rentabilidad y la reducción de la inflación crean condiciones favorables para un crecimiento más fuerte y generador de empleo. El gran mercado interior proporcionará a las economías de la Comunidad un mayor dinamismo y acelerará el progreso tecnológico. La consecución de dicho mercado ha de completarse con unas políticas comunitarias eficaces que deberían contribuir asimismo a una mayor cohesión económica y social. Una cooperación más estrecha entre los Estados miembros mejorará la eficacia de las políticas económicas. Para reforzar el consenso sobre las políticas que deban aplicarse sigue siendo indispensable la prosecución del diálogo social. De este modo, el aprovechamiento de la dimensión comunitaria permitirá a Europa dar un mayor dinamismo a sus economías y contribuir a la estabilización del entorno internacional.
2. EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS
2. 1. La economía mundial
La sobrevaloración del dólar que se estableció progresivamente durante la primera mitad de los años ochenta se ha corregido considerablemente a partir de 1985, y de nuevo en 1986 y durante los dos primeros meses de 1987 (véase gráfico 1). Los escasos progresos logrados por Estados Unidos en lo relativo a la reducción del déficit de su balanza por cuenta corriente y las expectativas de un nuevo retroceso del dólar han alimentado temporalmente una dinámica propia de devaluación. Así, entre el mes de marzo de 1985 y el mes de febrero de 1987, el dólar perdió aproximadamente un 40 % de su valor con respecto al ECU. No se produjo un período de calma en los mercados de cambio hasta el acuerdo del Louvre de febrero de 1987. Los principales países industrializados manifestaron en esa ocasión un consenso en cuanto a la necesidad de mantener los tipos de cambio a niveles cercanos a los que habían alcanzado y, en este contexto, los bancos centrales intervinieron de forma masiva en los mercados de cambio. Como consecuencia de ello, la cotización del dólar pudo estabilizarse aproximadamente al nivel que tenía en 1981, año caracterizado por unos desequilibrios de la balanza por cuenta corriente relativamente poco importantes.
El aumento del precio del petróleo bruto fue mayor en 1987 de lo que se había previsto un año antes. El precio medio de importación en la Comunidad debería situarse en unos 17 dólares barril, frente a 13,7 dólares en 1986. Por consiguiente, a diferencia de lo que ocurrió en 1986, la evolución del precio del petróleo ya no debería contribuir a la reducción de las tasas de inflación. Para el año próximo se prevé un aumento limitado de los precios. Sin embargo, existen graves dudas sobre la evolución del precio del petróleo debido a las tensiones políticas en el Golfo Pérsico y a la fragilidad de las cuotas de producción acordadas por la OPEP.
El precio en dólares de las demás materias primas debería aumentar ligeramente en 1987 y 1988 (véase gráfico 2). Por consiguiente, teniendo en cuenta que, simultáneamente, el aumento de los precios de los productos manufacturados se está acelerando, las relaciones de intercambio de los países en desarrollo exportadores de materias primas deberían deteriorarse de nuevo.
La expansión del comercio mundial durante los últimos doce meses ha sido inferior a las previsiones del otoño pasado. Durante el primer semestre de 1987, hubo incluso un estancamiento del volumen de las importaciones de los países no comunitarios. Para 1987, se espera un crecimiento de las importaciones mundiales totales (incluida la CE) del orden del 3,5 %, frente a la tasa cercana al 4,9 % registrada en 1986 (véase cuadro 3). Para la Comunidad, las perspectivas son aún más sombrías. Si se ponderan las importaciones mundiales (excluida la Comunidad) en función de la estructura de las exportaciones comunitarias, se deduce que, para el año en curso, el crecimiento de los mercados de exportación de la Comunidad será inferior al 1 % (véase cuadro 5). Habrá que esperar hasta 1988 para que se produzca una recuperación del comercio mundial. La escasa expansión del comercio mundial en 1987 se explica fundamentalmente por la compresión de las importaciones de los países de la OPEP y por un crecimiento de las importaciones de Estados Unidos claramente menos rápido.
En Estados Unidos, el déficit presupuestario debería reducirse sensiblemente durante el ejercicio actual, pero dicha reducción ha de atribuirse fundamentalmente al excepcional aumento de los ingresos fiscales provocado por la reforma fiscal. En 1988, no se podrá contar ya con este efecto específico. Además, Estados Unidos ha fijado ahora para 1993 su objetivo de reabsorción del déficit federal, que estaba previsto inicialmente para 1991 en la Ley Gramm-Rudman. El repliegue del dólar y el consiguiente aumento de los precios de las importaciones se traducirán en 1987 en una aceleración de la inflación. Al mismo tiempo, se manifiestan ya los primeros signos de la incidencia prevista de la depreciación del dólar sobre los intercambios de bienes. Por primera vez desde 1980, el comercio exterior ha contribuido positivamente al crecimiento del PIB real. No obstante, teniendo en cuenta que los efectos negativos de las modificaciones de los precios de importación y exportación compensan por el momento las ganancias obtenidas gracias a las modificaciones de las cantidades, tampoco hay que esperar que se produzca este año una disminución del déficit de la balanza comercial nominal de Estados Unidos (efecto de la curva en J). También el déficit de la balanza por cuenta corriente debería aumentar de nuevo en 1987, elevándose a 154000 millones de dólares, lo que representa un 3,5 % del PNB. No se espera una mejora hasta 1988. La inversión debería recuperarse en 1988 después del retroceso real registrado este año. En total, el crecimiento del PNB podría acelerarse ligeramente, de un 2,3 % (1987) a un 2,7 % (1988).
En cuanto a Japón, debido a su estrecha dependencia con respecto a las exportaciones, la fuerte apreciación del yen del año pasado ha dado lugar a un claro retroceso de la tasa de crecimiento del PNB, que pasó del 4,5 % en 1985 al 2,4 % en 1986. A lo largo de este año y del siguiente, es posible que se reanude el crecimiento, ya que la demanda interna está registrando una evolución dinámica y se está reduciendo la contribución negativa del comercio exterior al crecimiento. Este proceso está sostenido por el programa de gastos (por un total de 6540000 millones de yen) adoptado en 1987. El crecimiento de la inversión debería situarse en una tasa superior al 7%, con una intensificación de la inversión pública y en vivienda que compensaría la atonía de la inversión productiva. A pesar de la reanudación del crecimiento, la tasa de desempleo debería mantenerse en 1987 y 1988 en tomo al 3 %, nivel muy elevado si se tiene en cuenta la historia de Japón. El superávit de la balanza por cuenta corriente japonesa debería situarse en unos 85000 millones de dólares en 1987 (es decir, aproximadamente un 3,8 % del PNB), alcanzando así el orden de magnitud del año precedente.
Con excepción de los países asiáticos de reciente industrialización, la situación de los países en desarrollo apenas ha mejorado en 1986/1987, debido a la debilidad del crecimiento mundial y al bajo nivel de los precios de las materias primas (véanse cuadros 7 y 8). El empeoramiento del saldo de la balanza por cuenta corriente del conjunto de los países en desarrollo que se ha registrado en 1986 se debe sobre todo a la caída de los precios del petróleo y refleja el deterioro de la balanza petrolífera de los países exportadores de petróleo. Por el contrario, la balanza por cuenta corriente de los países no exportadores de petróleo se ha beneficiado claramente de la caída del precio del petróleo. La contribución extranjera privada a la financiación del déficit exterior de dichos países sigue siendo muy limitada.
Como en el pasado, la situación de los países en desarrollo no exportadores de petróleo se caracteriza por una gran heterogeneidad. Mientras que los países de Extremo Oriente siguen registrando altas tasas de crecimiento del PIB, el crecimiento de los países con rentas medias de América Latina y Europa se mantiene a niveles moderados. La situación en los países del Africa subsahariana - caracterizada en algunos lugares por grandes caídas de los niveles de vida - sigue siendo preocupante.
2.2. El proceso de ajuste y la cooperación internacional
La cooperación internacional se ha emprendido por la vía de la reducción de los desequilibrios mundiales y está conduciendo a ajustes de las políticas que van en la dirección correcta. En particular, los esfuerzos para estabilizar el tipo de cambio del dólar han sido fructíferos, aunque los progresos registrados en el plano de la reducción de los principales desequilibrios son aún insuficientes. Los dos problemas fundamentales, a saber, los desequilibrios de las balanzas por cuenta corriente entre los principales países industrializados y el endeudamiento de los países en desarrollo, siguen planteando dificultades acuciantes. La solución de los mismos seguirá siendo primordial en los próximos años.
Los desequilibrios sin precedentes de las balanzas por cuenta corriente quedan reflejados en el gráfico 3. En 1985, dichos desequilibrios ya habían alcanzado un nivel insostenible, aumentando con ello el riesgo de una "caída en picado" para la economía mundial. En este contexto, los principales países industrializados habían alcanzado un consenso sobre el deseado ajuste de las paridades, consenso que ya se había puesto de manifiesto en septiembre de 1985 en el Acuerdo del Plaza. Esto se tradujo en los mercados monetarios en una caída persistente del dólar. Tras unas modificaciones de los tipos de cambio tan importantes como las que se produjeron en un período tan corto, se adoptó en el marco del Acuerdo del Louvre, el compromiso de estabilizar la cotización del dólar con objeto de que los flujos comerciales pudieran ajustarse a la nueva configuración de los cambios e iniciar de este modo la estabilización de las balanzas por cuenta corriente. Este compromiso se ha confirmado en la reunión del Grupo de los Siete que se celebró en septiembre de 1987 en Washington. El ajuste de las balanzas exteriores que se está produciendo actualmente muestra sin duda ciertos progresos, pero también presenta unas deficiencias preocupantes. Es cierto que la evolución de las balanzas comerciales de Japón y de la Comunidad, a precios constantes de 1985, va en la dirección adecuada y llevaría consigo un deterioro de unos 23000 millones de dólares y de 36000 millones de dólares, respectivamente, entre 1986 y 1988 (véase cuadro 6). Sin embargo, este deterioro corresponde a una mejora de la balanza de pagos de Estados Unidos de tan sólo 36000 millones de dólares entre los dos años. Los países en desarrollo, en particular los países exportadores de petróleo, que han reducido considerablemente sus importaciones, aseguran una contrapartida importante. Así, pues, el proceso de ajuste entre los países industrializados evoluciona de forma poco satisfactoria.
Resulta difícil evaluar si el tipo de cambio actual del dólar es capaz de restablecer a medio plazo el equilibrio de las balanzas por cuenta comente. Lo cierto es que, desde 1985, los movimientos de los tipos de cambio reales han permitido corregir en gran medida la tendencia a la sobrevaloración del dólar registrada durante la primera mitad de los años ochenta. En lo que se refiere al yen japonés, la apreciación que se ha producido desde 1985 ha compensado con creces la depreciación real anterior. Por consiguiente, se podría deducir que las modificaciones de los tipos de cambio ocurridas desde 1985 podrían ser suficientes para conducir a un progreso significativo hacia el equilibrio de los pagos internacionales, siempre que vayan acompañadas de políticas macroeconómicas de conjunto compatibles con un ajuste más rápido.
Durante el primer semestre de 1987, las intervenciones de los bancos centrales han contribuido en gran medida a la financiación del déficit de la balanza por cuenta corriente de Estados Unidos y a la estabilización del dólar. Ahora bien, a medio plazo, esas intervenciones no bastan por sí solas para garantizar la estabilización duradera de los tipos de cambio que exige un proceso de ajuste ordenado. La estabilización del tipo de cambio del dólar sólo será posible si se combinan un diferencial positivo de tipos de interés y una diferencia negativa de crecimiento de la demanda interna final entre Estados Unidos por una parte y, por otra, Japón y Europa. La evolución de los diferenciales de interés desde principios de año ya ha contribuido a una estabilización de los tipos de cambio. Así, por ejemplo, entre enero y agosto de 1987, el diferencial de tipos de interés entre Estados Unidos y Alemania, en lo que se refiere a los tipos nominales tanto a lo largo como a corto plazo, se incrementó en un porcentaje cercano al 1 %, contrarrestando de este modo el movimiento de depreciación del dólar. Las previsiones a corto plazo parten de la hipótesis de que el diferencial no se reducirá en 1988. En cualquier caso, es importante que el nivel medio de los tipos de interés sea el mínimo posible, manteniendo siempre los diferenciales necesarios. En efecto, unos tipos de interés elevados en Estados Unidos no sólo atraen las inversiones hacia ese país, sino que también agravan la situación de los países en desarrollo muy endeudados.
No obstante, la estabilización del dólar y la reducción duradera de los desequilibrios de las balanzas exteriores implican ante todo la existencia de una diferencia de crecimiento adecuada entre la demanda interior de Japón y Europa, por una parte, y la de Estados Unidos, por otra. En efecto, la experiencia demuestra que una modificación importante de los tipos de cambio produce sus efectos más rápidamente cuando se acelera el crecimiento de los países con superávit, porque induce una expansión de las importaciones decisiva para el restablecimiento del equilibrio de la balanza exterior del país deficitario. En 1987, parece que se están realizando progresos notables en este ámbito. Mientras que el crecimiento de la demanda final interna en Estados Unidos es inferior en un 1 % aproximadamente al de los 19 principales países con los que mantiene relaciones comerciales, Japón y la Comunidad registran una diferencia de crecimiento positiva con respecto a los países con los que comercian, que asciende aproximadamente al 1,6 % y al 0,5 %, respectivamente (véase cuadro 4). A nivel comunitario, hay que reconocer sin embargo que dicha evolución se debe más a la deceleración de la actividad económica mundial que a la aceleración de la demanda final interior. Además, de acuerdo con las previsiones para 1988, esas diferencias tenderán a reducirse, excepto en el caso de Japón, en lugar de aumentar, como sería deseable y necesario. Por otra parte, en 1988, el crecimiento de la demanda final interior en Estados Unidos sólo será inferior a la medía de los principales países con los que comercia en un 0,7 %. Con relación a la Comunidad, la diferencia de crecimiento podría incluso ser inexistente. De confirmarse estas previsiones, el comercio exterior sólo aportaría el próximo año una contribución limitada a la reducción de los desequilibrios de las balanzas por cuenta corriente entre los países industrializados. Esto podría comprometer la credibilidad del proceso de ajuste a medio plazo e incrementaría el riesgo de una nueva caída del dólar y de un reforzamiento de las medidas proteccionistas. Por consiguiente, es necesario que la política económica contrarreste dicha evolución. Paralelamente, hay que conseguir que las diferencias de crecimiento indispensables se consigan a un nivel de crecimiento elevado, pero no inflacionista. Esto es indispensable para empezar a solucionar el acuciante problema del desempleo en Europa. Por otra parte, una recesión en Estados Unidos afectaría a los países cuya balanza exterior sea deficitaria y a los países en desarrollo muy endeudados.
Este año, en parte debido a las modificaciones del tipo de cambio, el nivel de endeudamiento de los países en desarrollo seguirá aumentando, aunque también es cierto que la relación entre el servicio de la deuda y las exportaciones ha disminuido en cierta medida. La carga de la deuda se ha reducido debido a la caída de los tipos de interés que se registró hasta 1986 y a los acuerdos de nuevos escalonamientos celebrados, en particular, en el marco del Club de París. Pero las recientes subidas de los tipos de interés actúan de nuevo en detrimento de los países en desarrollo. La séptima Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD VH), celebrada en julio de 1987 en Ginebra, puso de manifiesto que era posible llevar a cabo un análisis común con los países en desarrollo sobre los principales problemas de la economía mundial. Durante las conferencias del Banco Mundial y del FMI de septiembre de 1987 en Washington, se lograron algunos éxitos, en particular en lo relativo a las negociaciones sobre ampliaciones del capital del Banco Mundial, que ya se han entablado. Existe un amplio consenso sobre la necesidad de sostener los esfuerzos de ajuste de los países con bajas rentas, endeudados principalmente con acreedores oficiales, aliviando el peso de su deuda y aumentando el volumen de los flujos de capital concedidos con tipos favorables. En los demás países endeudados, sería preciso, con arreglo a los objetivos de crecimiento y de ajuste estructural, movilizar los recursos internos y canalizar una masa suficiente de medios de financiación externos y, más particularmente, de capitales privados.
Sin embargo, los propios países industrializados, a la vez que contribuyen a la aceleración del crecimiento mundial, deben renunciar a las medidas proteccionistas y abrir sus mercados para permitir que los países en desarrollo incrementen sus exportaciones y, de este modo, facilitar el reembolso de sus empréstitos. Por consiguiente, sería deseable que se realizaran rápidos progresos durante las negociaciones actuales (Ronda Uruguay) en el marco del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). De todos modos, los problemas internacionales sólo podrán resolverse si se corrigen los desequilibrios de las balanzas por cuenta corriente y se supera la crisis de endeudamiento ; teniendo en cuenta la creciente interpenetración de las economías, esto sólo puede lograrse en el marco de una mayor cooperación y coordinación internacional. A este respecto, el sistema de vigilancia multilateral reforzada que se acordó en 1985 en la Cumbre de Tokio, y que se confirmo en junio de 1987 en Venecia, podría resultar un instrumento útil para evitar incompatibilidades entre las políticas económicas y, en su caso, descubrir a tiempo posibles desviaciones. A este respecto, también es necesario que la Comunidad pueda hablar con una sola voz en los encuentros internacionales de los próximos meses. Esto vale no sólo para la política comercial y los problemas de endeudamiento de los países en desarrollo, sino también en el ámbito de la cooperación económica y monetaria entre las grandes zonas industrializadas.
2.1. Las perspectivas económicas de la Comunidad para 1987 y 1988
Este año, el crecimiento económico de la Comunidad, con unas previsiones sobre la tasa de crecimiento del PIB del 2,2 %, es claramente inferior a lo que se había previsto en el último Informe económico anual. Por lo tanto, la esperanza de una aceleración del crecimiento no se ha materializado. La comparación entre las previsiones del año pasado y las estimaciones más recientes ponen de manifiesto las dos principales causas de este fenómeno: las exportaciones y la inversión en bienes de equipo (véas cuadro 9).
Aunque, por razones ligadas al ajuste internacional (que ya se han comentado anteriormente), no se pueda contar con el comercio exterior para fomentar el crecimiento en Europa, lo cierto es que la disminución del ritmo de aumento de la demanda exterior ha sido mayor de lo que se había previsto.
Por una parte, la reducción de los precios del petróleo bruto ha incitado a los países de la OPEP a reducir considerablemente sus importaciones. Por otra parte, la competitividad vía precios de los productores europeos se ha deteriorado sensiblemente como consecuencia de las modificaciones de los tipos de cambio. Con relación a 1985, la Comunidad ha tenido que soportar una apreciación de su tipo de cambio efectivo real de un 20 % aproximadamente con respecto a los principales países con los que comercia (véase cuadro 10). Además, algunos países de reciente industrialización del Pacífico han podido mejorar su competitividad internacional en la medida en que su moneda se ha devaluado a la vez que el dólar. Simultáneamente, la cotización del yen japonés con respecto al ECU sólo se ha apreciado en un 9 %, de modo que la competitividad de la Comunidad en términos de precios sólo ha experimentado una mejora relativa moderada. Como pone de manifiesto una encuesta realizada en nombre de la Comisión entre diversos empresarios en abril/mayo de 1987, la amplitud de las variaciones de los tipos de cambio ha sorprendido a numerosas empresas industriales, lo que las ha llevado a revisar sensiblemente sus previsiones y sus proyectos (véase cuadro 11). Los resultados de la encuesta revelan que las empresas han realizado importantes revisiones a la baja de sus previsiones de beneficios. Al mismo tiempo, las perspectivas de ventas a medio plazo también han disminuido considerablemente. Teniendo en cuenta este deterioro simultáneo de los dos determinantes fundamentales de la inversión, no es extraño que se hayan aplazado determinados proyectos de inversión. Esto explica que el crecimiento de la inversión en bienes de equipo tal como se ha registrado en la contabilidad nacional haya sido claramente inferior en 1987 a las previsiones del pasado otoño.
La revisión de los proyectos de inversión de las empresas ya había comenzado el segundo semestre de 1986. La amplitud de dicha revisión también se refleja en las encuestas habituales sobre inversión efectuadas en la Comunidad. Mientras que en marzo/abril de 1986 todavía se esperaba para este año un crecimiento real de la inversión en la industria del 10 %, en octubre/noviembre del mismo año sólo se preveía ya una progresión del 5 %. Esto representa la revisión más importante desde 1981. De acuerdo con las previsiones más recientes, la formación bruta de capital fijo en volumen debería incrementarse en 1988 en un 3,3 % aproximadamente, frente al 3,6 % de este año, y la ligera recuperación de la inversión en el sector de la construcción no compensará la progresión más débil de las inversiones en bienes de equipo.
La evolución del consumo privado también ha sido más desfavorable de lo que se había previsto. En 1987, una nueva reducción de los precios de importación y el claro incremento de la renta disponible de las familias que dicha baja originó contribuyeron de nuevo a una expansión del consumo privado de un 3 % aproximadamente. No obstante, en la medida en que el ahorro absorbe una parte de esas rentas suplementarias, el estímulo al crecimiento no es suficiente para dar lugar a una dinámica de crecimiento apreciable. En 1988, de acuerdo con las previsiones, el consumo privado debería crecer sólo el 2,7 % aproximadamente, debido a un aumento más débil de la renta disponible real.
A pesar de la mejora de las condiciones de la oferta, la transición de un crecimiento sostenido por las exportaciones a un crecimiento basado principalmente en las fuerzas internas ha sido insuficiente para aproximarse a los objetivos de crecimiento y empleo de la estrategia comunitaria. La contribución de la demanda final interior al crecimiento del PIB ha aumentado de un modo constante de 1981 a 1986, pasando de - 0,5 puntos a 3,5 puntos porcentuales, sin que ello haya bastado para compensar la incidencia del comercio exterior, particularmente negativa durante los años 1986/1987. Al atenuarse poco a poco la incidencia favorable de las relaciones de intercambio en 1986, sólo se habría podido impedir la desaceleración que se produjo en 1987 mediante una gestión aún más flexible de la política presupuestaria. Durante esos dos años, sólo aumentaron de un modo apreciable las importaciones realizadas en el marco de los intercambios intracomunitarios, en particular con un desarrollo sostenido del comercio de España y Portugal con los demás países de la Comunidad (véase Capítulo 3.3).
Para 1988, no se prevé ninguna mejora. Al contrario, el crecimiento de la demanda final interna debería hacerse aún más lento y no rebasar un 2,7 % aproximadamente, frente a un 3,2 % en 1987 y un 3,8 % en 1986. Esta situación se caracteriza al mismo tiempo por una gran disparidad de las tasas de crecimiento dentro de la Comunidad. Entre los grandes países de la Comunidad, por ejemplo en Francia y Alemania, el crecimiento de la demanda final interna con unas tasas respectivas de tan sólo un 2,0 % y un 2,3 % en 1988, debería ser inferior a la media comunitaria. Por el contrario, las tasas de crecimiento previstas para Italia y el Reino Unido (3,3 %) y para España y Portugal (casi un 5 %), se sitúan muy por encima de la media comunitaria. En algunos de estos países, el crecimiento puede tropezar con obstáculos externos que se están acentuando (véase cuadro 1). Estos obstáculos podrían atenuarse si las economías más prósperas de la Comunidad experimentaran un crecimiento más dinámico. A falta de esta perspectiva, el crecimiento del PIB de la Comunidad no debería alcanzar en 1988 tasas superiores a las de 1987. La contribución del sector exterior sería sólo ligeramente negativa, ya que el crecimiento de las importaciones está disminuyendo y el de las exportaciones extracomunitarias es positivo.
La evolución favorable de los precios ha proseguido y la inflación ha seguido disminuyendo en la mayoría de los países. El aumento de los precios al consumo (algo más del 3 % en la Comunidad) es incluso inferior a la media de los años sesenta. Este proceso de estabilización comenzó ya a principios de los años ochenta bajo el efecto de políticas monetarias centradas en la estabilidad y, además, se ha visto favorecido desde entonces por la caída de los precios de la energía y de las importaciones. Al ajustarse rápidamente los salarios nominales a las menores tasas de inflación, y al mantenerse, a niveles moderados el crecimiento de los salarios reales (véase cuadro 14), las influencias externas particularmente favorables han traído consigo una evolución positiva del nivel de los costes internos, creándose de este modo las bases de una estabilidad duradera. Aunque el proceso de reducción de la inflación se está agotando a nivel comunitario, se espera, para 1987 y 1988, un nuevo reforzamiento de la convergencia de los precios hacia la tasa de inflación más baja (véase cuadro 12). Esto se debe a que la disminución de la inflación ha sido particularmente notable en los países en que la tasa de inflación se había mantenido, en términos relativos, a niveles elevados.
La convergencia de los niveles de vida en la Comunidad, es decir la convergencia real, apenas registra mejoras. Por el contrario, las disparidades, medidas por el producto interior bruto per cápita, han tendido más bien a aumentar desde la primera crisis del petróleo, pese a los grandes progresos realizados en los años sesenta (véase cuadro 13). Actualmente, el PIB per cápita de Portugal y Grecia es inferior a la media comunitaria en un 45 %, el de Irlanda en un 35 % y el de España en un 25 % aproximadamente. Sin duda alguna, desde 1985, España y Portugal han conseguido reducir su diferencia con respecto a la media comunitaria mediante un crecimiento dinámico. Pero, considerados desde una perspectiva global, estos progresos son todavía demasiado débiles y, por otra parte, nada indica que, para 1988, las regiones desfavorecidas consigan superar rápidamente su retraso. Sin embargo, es fundamental para la cohesión económica y social de la Comunidad que este proceso de recuperación se ponga en marcha (véase Capítulo 3.3).
2.4. Empleo y desempleo
La consecuencia de la deceleración del crecimiento es que la Comunidad sigue sin aproximarse a su objetivo prioritario, es decir, a una reducción significativa del desempleo. Para 1987 y 1988 se espera un aumento del empleo de un 0,8 % y 0,6 %, respectivamente, frente a un 0,8 % en 1986. Estas cifras son aún insuficientes para reducir de forma apreciable la tasa de desempleo, que debería alcanzar cerca de un 12 % para el conjunto de la Comunidad durante esos dos años (véase cuadro 1). Sin embargo, la relación que Parece establecerse en 1987 y 1988 entre el crecimiento económico y el del empleo confirma lo que se ha observado desde hace varios años, a saber, que hemos llegado a un crecimiento que genera más empleo (a este respecto, véase el recuadro "Crecimiento y empleo").
En 1987 y 1988, el empleo total aumentará, en principio, a un ritmo superior a la media en España, Italia y el Reino Unido, e inferior en Bélgica, Dinamarca, Grecia, Irlanda y Francia (véase cuadro 1). La expansión del empleo desde 1985 no es ni suficientemente general, ni suficientemente importante como para mejorar de forma apreciable la situación del mercado de trabajo. Sólo el aumento del empleo en el sector de servicios contrarresta la tendencia a la baja del empleo en la agricultura y la industria manufacturera (véase cuadro 15) y el crecimiento no es suficiente de momento para invertir, o por lo menos para detener esta tendencia a la disminución del empleo en la industria manufacturera. En los sectores sometidos a las dolorosas reestructuraciones impuestas por el proceso de ajuste mundial, como los sectores del carbón, del acero y de la construcción naval, el empleo ha disminuido considerablemente. De unos 3,2 millones de puestos de trabajo suprimidos en la industria entre 1982 y 1986, 100000 correspondieron a la siderurgia, casi 150000 a las minas de carbón y 80000 a los astilleros. Deben esperarse otras reducciones de plantilla en los sectores con problemas. Esta evolución tendrá efectos particularmente apreciables sobre el desempleo, ya que, en determinadas regiones, el empleo depende a menudo en gran medida de esos sectores industriales. Para 1987, así como para 1988, cabe esperar de nuevo una ligera disminución del número de personas empleadas en la industria manufacturera. Sólo España y los Países Bajos deberían registrar en 1987 y 1988 un aumento significativo del empleo industrial. En conjunto, la expansión del empleo en la Comunidad se debe al sector de servicios.
Formas de trabajo nuevas o modificadas, así como medidas de política del mercado de trabajo, han contribuido a la expansión del empleo. El tiempo de trabajo por persona empleada ha disminuido en casi todos los Estados miembros, como consecuencia de la reducción y de la reorganización de la jornada laboral semanal, así como de la extensión del trabajo a tiempo parcial. En lo que se refiere a la ordenación del tiempo de trabajo, se multiplican los sistemas flexibles (véase Capítulo 4.1.4), que permiten disociar el tiempo de trabajo de los asalariados y el tiempo de producción. El auge del trabajo a tiempo parcial permite asimismo una utilización más flexible de la mano de obra. En 1986, un 13,5 % de los asalariados (EUR 9) ocupaban un puesto de trabajo a tiempo parcial, frente a sólo un 10,8 % en 1979. En Dinamarca, los Países Bajos y el Reino Unido, cerca de una cuarta parte de los asalariados tenían un puesto de trabajo a tiempo parcial (véase cuadro 6). La mano de obra a tiempo parcial es principalmente femenina, y la mayor parte de estos puestos de trabajo corresponden al sector de servicios. Siempre que la reducción de la jornada de trabajo o el trabajo a tiempo parcial respondan a los deseos de los asalariados y que puedan conciliarse con las necesidades de la empresa, una ordenación más flexible del tiempo de trabajo y del tiempo de producción abrirá muchas posibilidades de creación de empleo (6). La proliferación de los contratos de trabajo de duración determinada debería facilitar el acceso al mercado de trabajo de personas antes desempleadas. En el Reino Unido, por ejemplo, la proporción personas empleadas con contratos de duración limitada dentro del conjunto de los asalariados pasó de un 5 % en 1983 a un 5,5 % en 1985. En Francia, esta proporción pasó de un 2,3% a un 3,2% durante el mismo período y, en la República Federal de Alemania, de un 4,2 % a un 6,8 % en un solo año (de 1984 a 1985). Entre las personas que trabajan con contratos de duración limitada, la proporción de jóvenes y de asalariados a tiempo parcial es superior a la media (véase cuadro 17). Con frecuencia, esto se debe a la elaboración de nuevas leyes o a medidas específicas en favor del empleo (véase Capítulo 4.1).
En 1986, por primera vez desde 1979, el aumento del empleo total permitió detener la progresión del desempleo. Sin embargo, el incremento de la demanda de mano de obra es apenas superior al aumento de la población activa. La presión demográfica sobre el mercado de trabajo está disminuyendo, pero la participación en la vida activa, sobre todo de las mujeres, debería seguir aumentando. Por consiguiente, se prevé que, en 1988, el número de desempleados se mantendrá al elevado nivel de 16 millones de personas.
En lo que se refiere a la distribución regional, el desempleo no sólo es más importante en las regiones económicamente débiles que en las más avanzadas, sino que, además, ha crecido a un ritmo más rápido que el correspondiente a la media comunitaria. Así, en 1985 por ejemplo, la tasa de desempleo fue superior al 20 % en las 25 regiones económicamente más débiles, frente al 6,6 % en las 25 regiones más avanzadas (véase cuadro 20). Lo más preocupante es que, de acuerdo con las previsiones, la expansión total de la población de la Comunidad en edad de trabajar, es decir 6,7 millones de personas de aquí a 1995, procede en más de la mitad de los casos de las regiones más desfavorecidas (véase cuadro 21).
Las diferentes categorías de la población activa se ven afectadas de un modo muy diverso por las elevadas tasas de desempleo. El riesgo de desempleo es muy alto para los jóvenes, las mujeres, los trabajadores de edad avanzada y los trabajadores sin cualificación. En la Comunidad, más de la tercera parte de los desempleados son jóvenes, aunque la situación varía mucho según los países. En 1986, la proporción de desempleados menores de 25 años era del 48 % en Italia, del 43 % en España, pero tan sólo del 23 % en Dinamarca y del 22 % en la República Federal de Alemania. Sin embargo, durante los últimos años, el desempleo juvenil en la Comunidad ha disminuido ligeramente: en 1986, un 36 % de los desempleados eran menores de 25 años, frente al 38 % en 1984 ; un 22,7 % de la población activa de menos de 25 años de edad (personas con un puesto de trabajo y desempleados) estaba en paro en 1986, frente al 23,5 % en 1984. Esta evolución se explica por la menor presión demográfica y los numerosos programas de lucha contra el desempleo juvenil, incluidas las medidas del Fondo Social Europeo. El desempleo de las mujeres también constituye un problema específico del mercado de trabajo. La tasa de desempleo femenino no ha dejado de crecer durante los últimos años, hasta alcanzar un 13,2 % en 1986 (véase cuadro 18). En abril de 1986, la tasa de desempleo femenino, evaluada de acuerdo con la encuesta de población activa realizada por sondeo en la Comunidad, era particularmente alta en España (25,9 %), en Irlanda (20,2 %) y en Bélgica (16,8%). Los problemas del mercado de trabajo son, además, la fuente del preocupante aumento del número de desempleados de larga duración. Actualmente, más de la mitad de los desempleados se encuentran sin trabajo desde hace más de un año, según la encuesta por sondeo de la población activa. En 1983, dicha proporción era de un 46 % (véase cuadro 19). Este fenómeno es particularmente notable en Bélgica, Italia e Irlanda, donde más de las dos terceras partes de los desempleados se encuentran sin trabajo desde hace más de un año. En España y en los Países Bajos, la proporción de desempleados de larga duración supera con creces el 50 %. El importante aumento del desempleo de larga duración hace aún más urgente la búsqueda de una solución a los problemas del mercado de trabajo.
2.5. Las perspectivas económicas a medio plazo de la Comunidad
También a medio plazo, la reabsorción del desempleo requiere un crecimiento más fuerte y que cree más empleo. Como se señaló anteriormente, hay un conjunto de condiciones económicas internas para un mayor crecimiento que ya ha experimentado una cierta mejora. Pero, debido a las necesidades del proceso de ajuste internacional, no se puede contar con impulsos externos positivos.
Cuando se intenta cuantificar las perspectivas económicas a medio plazo para la Comunidad a partir de esos datos de base, hay que tener presente que las previsiones a medio plazo, a diferencia de las previsiones a corto plazo, no pueden interpretarse en ningún caso como una previsión de la evolución económica probable. Ahora bien, si se utilizan hipótesis plausibles acerca de la evolución internacional, de los principales mecanismos de reacción y comportamientos económicos y de la política económica que deba llevarse a cabo, dichas previsiones pueden poner de manifiesto las evoluciones posibles. En lo que se refiere a los datos que pueden verificarse hoy por hoy (véase cuadro 22), las proyecciones a medio plazo establecidas por los servicios de la Comisión desde comienzos de los años ochenta han abordado de un modo bastante realista los problemas de crecimiento y de desempleo de la Comunidad. Pese al éxito relativo, es indudable que cualquier nueva proyección plantea nuevas incertidumbres, y que determinados fenómenos sólo pueden ser aprehendidos de un modo imperfecto por las proyecciones macroeconómicas. Esto es así no sólo en lo que se refiere al entorno internacional, sino también en lo relativo a la evolución interna. Por ejemplo, las proyecciones macroeconómicas sólo pueden tener en cuenta de forma diferida (y quizá ni siquiera así por el momento) las modificaciones progresivas de las relaciones económicas resultantes de los esfuerzos realizados por todos los Estados miembros para mejorar la adaptabilidad de los mercados o para fomentar la consecución del mercado interior.
La presente proyección para el año 1991 se basa en las siguientes hipótesis: durante los Próximos años, el ECU no registrará nuevas apreciaciones significativas con respecto al dólar, pero el yen manifestará todavía una tendencia moderada a la apreciación ; el precio del petróleo puede aumentar progresivamente durante los próximos años, sin que se produzca por ello una nueva crisis del petróleo; la situación de los países en desarrollo seguirá siendo difícil, pero sus importaciones podrían aumentar de nuevo de forma apreciable paralelamente a la recuperación del comercio mundial. De un modo global, bajo estas hipótesis, el comercio mundial (volumen total de importaciones, sin incluir a la Comunidad) podría alcanzar de aquí a 1990/91 una tasa de crecimiento ligeramente inferior al 5 % (véase cuadro 23). En lo que se refiere a la política económica en la Comunidad, se ha supuesto que se mantendrá la línea actual de la política presupuestaria, incluidas las reducciones de impuestos programadas en los grandes países y una evolución algo más dinámica de las inversiones públicas; que la política monetaria seguirá orientada hacia la estabilidad, pero ofreciendo un margen suficiente para el crecimiento real y que la evolución de los salarios reales seguirá siendo moderada, aunque con una ligera aceleración con respecto al período 1981-1986.
De acuerdo con dichas hipótesis, la Comunidad registrará en los años 1987-1991 una media de crecimiento de un 2,5 % (véase cuadro 24). La tasa de inflación se estabilizaría en su nivel actual, es decir, en algo más del 3 %. La rentabilidad de las inversiones seguiría creciendo, pero a un ritmo claramente más lento que durante los cinco años precedentes (véase gráfico 13). Las inversiones de las empresas tendrían un dinamismo algo mayor, pero aún serían insuficientes para crear el número de puestos de trabajo deseado. El incremento del empleo (0,7 % anual) sólo daría lugar a una ligera disminución de la tasa de desempleo, que en 1991 ascendería todavía a más de un 10 %. El superávit de la balanza por cuenta corriente de la Comunidad se reabsorbería progresivamente, lo cual, teniendo en cuenta las necesidades del proceso de ajuste internacional, sería normal ; sin embargo, debería evitarse la aparición del importante déficit a que podría dar lugar una nueva aceleración del crecimiento deseada por motivos de empleo. En cualquier caso, este deterioro de la balanza por cuenta corriente se debería principalmente al aumento esperado del precio del petróleo; suponiendo que el precio del petróleo se mantuviera en 1989 en 18 dólares y no aumentara después más que los precios de las exportaciones de los países industrializados, la balanza por cuenta corriente de la Comunidad seguiría presentando en 1991 un cómodo superávit.
Desde el punto de vista del crecimiento y del empleo, esta proyección es decepcionante y apenas se diferencia de la proyección de referencia establecida en el último Informe económico anual. Pero, como ya se ha señalado, no tiene suficientemente en cuenta la mejora de la adaptabilidad de los mercados y aún no integra la consecución del mercado interior. Sí se tiene en cuenta la evolución anual de las principales variables, resulta que, con relación a la proyección de referencia del año pasado, y superada la depresión de 1987 y 1988, imputable a factores externos, la proyección de este año desemboca en un crecimiento un poco más dinámico (véase gráfico 14). La incidencia sobre el desempleo sigue siendo escasa, pero, al término del período considerado, se registra cierta mejoría del empleo y una disminución algo más pronunciada de la tasa de desempleo. Estos son los primeros signos de una ligera mejoría de las perspectivas, signos que no deben sobreestimarse ni interpretarse en modo alguno como el anuncio de una evolución probable de la coyuntura. Sin embargo, si se modifican los parámetros de las proyecciones, resulta que la ligera mejora se deriva principalmente de las hipótesis de reducción de impuestos y de un aumento algo más sostenido de la inversión pública. Estos factores contribuyen a sostener la demanda y, combinados con una evolución salarial moderada, mejoran la rentabilidad. Por consiguiente, la tarea primordial de la política económica sigue siendo apoyar y acelerar esas evoluciones favorables.
La depreciación del dólar ha proseguido en 1986 y durante los dos primeros meses de 1987. La calma no volvió a los mercados de cambio hasta el Acuerdo del Louvre de febrero de 1987. Las repercusiones esperadas de la depreciación del dólar empezaron a manifestarse en los flujos comerciales reales, pero los progresos siguen siendo insuficientes. Para estabilizar el dólar hasta que se hayan conseguido progresos verosímiles en lo que se refiere al ajuste internacional, no sólo debe haber un diferencial de tipos de interés positivo entre, por una parte, Estados Unidos y, por otra, Japón y Europa, sino que, además, es primordial que exista entre estas dos partes una diferencia de crecimiento negativa adecuada. Aunque la evolución ha sido favorable a este respecto durante 1987, los primeros indicios que se perfilan para 1988 parecen señalar que los diferenciales de crecimiento tenderían más bien a reducirse. Si se confirmaran estas previsiones, la credibilidad del proceso de ajuste a medio plazo podría quedar en entredicho, lo que no haría sino aumentar el riesgo de una nueva caída del dólar y de un reforzamiento de las medidas proteccionistas. Unos progresos claros y verosímiles en la reabsorción del déficit presupuestario de Estados Unidos y una mayor apertura del mercado japonés contribuirían en gran medida a alejar el peligro. En la Comunidad, el claro retroceso de las exportaciones extracomunitarias y el consiguiente empeoramiento del clima de inversión han mermado las esperanzas de aceleración del crecimiento existentes el otoño pasado. Por otra parte, sólo se han registrado débiles progresos en materia de convergencia de los niveles de vida en la Comunidad. Por el contrario, ha proseguido la convergencia de los precios hacía un nivel de inflación más bajo. El incremento del empleo registrado desde 1985 permitió en 1986, por primera vez desde 1979, detener el aumento del desempleo. Las reducciones de la jornada de trabajo, la extensión del trabajo a tiempo parcial, la moderación de las subidas de los salarios reales, las nuevas formas de ordenación del tiempo de trabajo, así como otras medidas en favor del empleo, han hecho del crecimiento un fenómeno más generador de empleo desde hace algunos años. A pesar de estos factores favorables, la tasa de desempleo en la Comunidad apenas disminuirá en 1987/1988, ya que el ritmo de crecimiento se está haciendo más lento. El aumento del desempleo de larga duración es particularmente preocupante. A medio plazo, tampoco hay que esperar un entorno económico internacional más dinámico. En la Comunidad, algunos indicios permiten entrever una ligera mejora del crecimiento y del empleo a medio plazo. Esta mejora está ligada fundamentalmente a las hipótesis de reducción de impuestos y de aumento de la inversión pública, dos medidas de sostenimiento de la demanda que, unidas a una evolución moderada de los salarios reales, aumentan la rentabilidad. Pese a todo, a comienzos de los años noventa, la tasa de desempleo debería situarse todavía por encima del 10 %.
3. LAS FUERZAS INTERNAS DEL CRECIMIENTO Y LA INTERDEPENDECIA DE LOS ESTADOS MIEMBROS
Habida cuenta de las modificaciones del contexto internacional, la Comunidad debe reforzar por sí misma su crecimiento. No se trata sólo de la mayor contribución que pueda aportar al restablecimiento de los equilibrios internacionales al máximo nivel de crecimiento posible. Un crecimiento más fuerte también es necesario para la Comunidad, ante todo para alcanzar sus objetivos internos: reducir el desempleo, aprovechar todas las ventajas derivadas de la consecución del gran mercado interior y reforzar su cohesión económica y social. La consecución de cada uno de estos objetivos internos fundamentales exige un mayor crecimiento. Por otra parte, todos los avances que se realicen hacia la consecución de esos tres fines facilitarán también en gran medida la consecución de los otros dos.
Reforzar su crecimiento interno significa aplicar la Estrategia de Cooperación para el crecimiento y el empleo, que ha sido adoptada para la Comunidad por el Consejo de Ministros con los Informes económicos anuales 1985-86 y 1986-87. Para que sea duradero y, en definitiva, para que pueda adquirir una dinámica autónoma, un crecimiento fuerte debe preservar y consolidar, en caso necesario, los logros de estabilidad interna y externa. Debe basarse en una mayor rentabilidad y adaptabilidad de los mercados. A este respecto, las recomendaciones en materia de política de oferta recogidas en los Informes económicos anuales de los últimos años siguen siendo plenamente válidas.
3. 1. El mercado interior y la adaptación de las estructuras económicas, motores del crecimiento
La consecución de un espacio sin fronteras interiores estimulará considerablemente tanto la oferta como la demanda de la economía comunitaria. La supresión de los obstáculos fiscales y administrativos, el reconocimiento de las normas la apertura de los contratos públicos ejercerán efectos inmediatos y diferidos en el tiempo. En lo que se refiere al sector privado, la incidencia sobre la oferta debería traducirse como sigue:
(i) la supresión de las formalidades aduaneras y de los controles y certificados suplementarios representa en primer lugar ahorros directos de costes para los intercambios intracomunitarios ;
(ii) cuanto más fácil y menos costoso sea para una empresa comercializar sus productos en otros Estados miembros, más rentable le resultará incrementar su capacidad productiva y producir para el gran mercado interior. Esto permite economías de escala significativas ; la productividad se incrementa y los costes por unidad producida disminuyen;
(iii) debido a la mayor transparencia del mercado para los bienes públicos y privados, la competencia en el mercado interior de la Comunidad será más intensa. Por consiguiente, las empresas estarán más motivadas para incrementar su eficacia y mejorar la calidad de sus productos. A medio plazo, el conjunto de las estructuras económicas se verá fortalecido con ello ;
(iv) Por último, el gran mercado interior mejora sensiblemente el marco de un mayor esfuerzo europeo en materia de investigación y desarrollo, ya que las instituciones y las empresas de que se trate pueden acceder al conjunto del mercado comunitario, lo cual redundará en beneficio de la competitividad tecnológica de la Comunidad.
Asimismo, la consecución del mercado interior puede tener repercusiones positivas sobre la demanda privada:
(i) la reducción de los costes unitarios, unida a una mayor competencia, se traduce en precios más bajos y, de este modo, mejora la competitividad. El comercio intracomunitario se ve así fortalecido y, además, es posible satisfacer una demanda extracomunitaria adicional ;
(ii) la diversificación de los productos disponibles en el gran mercado interior responde a las necesidades de las empresas y de los consumidores, y también puede generar una demanda adicional.
En el sector público, la consecución del mercado interior lleva consigo múltiples ahorros de costes ; por una parte, disminuyen los gastos correspondientes al control de las normativas nacionales; por otra, mejoran las posibilidades de abastecimiento puesto que los contratos públicos se adjudican en la Comunidad en condiciones de libre competencia. Con todo ello, aumenta también el margen presupuestario disponible para medidas. de reforzamiento del crecimiento, tanto a nivel de la oferta como de la demanda.
La Comisión ha iniciado una serie de estudios con objeto de evaluar la incidencia cuantitativa de la consecución del mercado interior en determinados sectores. El impacto global debería ser significativo, aunque es difícil cuantificarlo con exactitud debido a la multiplicidad de factores que han de tenerse en cuenta. Además, el efecto global dependerá, en definitiva, de las condiciones en que se cree el mercado interior.
- Unas inversiones adicionales importantes permitirían explotar plenamente las oportunidades generadas por la consecución del mercado interior. Las empresas estarán más preparadas para realizar dichas inversiones en la medida en que tengan conciencia de encontrarse ante un movimiento irreversible. Esas inversiones adicionales llevan consigo un incremento de la demanda y refuerzan la dinámica del crecimiento. Sin embargo, para que exista una verdadera aceleración de las actividades de inversión, es asimismo necesario que mejoren las perspectivas de dar salida a la producción. La realización de grandes proyectos de infraestructura de interés europeo se inscribe también en el marco de la consecución del mercado interior, ya que dichos proyectos contribuyen a dotar a la Comunidad de redes modernas y transnacionales de transporte y de telecomunicaciones, y a superar la fragmentación de las infraestructuras nacionales. Si se insertan en un marco apropiado, una parte importante de estos proyectos puede ser financiada con capitales privados.
- En los Estados miembros, es preciso además incrementar la adaptabilidad de los mercados de bienes, servicios, capitales y trabajo, y fomentar las iniciativas de las empresas (véase Capítulo 4.1), esto contribuye a mejorar las condiciones de la oferta, incita a las empresas a reaccionar más rápidamente ante las nuevas condiciones del mercado interior y acelera la explotación de las ventajas que se derivan de ello. Los ajustes estructurales resultantes pueden generar problemas sociales y regionales. Para no correr el riesgo de que se cuestionen los derechos fundamentales en el ámbito de la seguridad social, de la protección de las conquistas sociales y de las condiciones de trabajo, problema sobre el cual el Consejo de Ministros también ha llamado la atención en su Resolución de 22 de diciembre de 1986, es preciso tener debidamente en cuenta la dimensión social de esos ajustes y enmarcar el proceso de ajuste estructural en un amplio diálogo social. Por otra parte, el reforzamiento de la cohesión económica y social en la Comunidad (véanse Capítulos 3.3 y 4.3) facilitaría el ajuste regional. Por último, los problemas sociales y regionales a que da lugar el proceso de ajuste estructural sólo pueden controlarse adecuadamente en un contexto de mayor crecimiento económico. Así, podrán evitarse más fácilmente los comportamientos defensivos de los gobiernos y de los interlocutores sociales.
Una importante contribución del mercado interior radica en que incrementará la productividad. Sin embargo, para que las ganancias de productividad puedan dar lugar a un aumento del bienestar y del empleo, el crecimiento debe ser suficiente. Sin duda alguna, la consecución del mercado interior fomenta considerablemente todos sus efectos si va unida a un proceso macroeconómico más dinámico.
3.2. El proceso macroeconómico
También la política macroeconómica debe contribuir a liberar a la Comunidad de la trampa del crecimiento lento en la que políticas y comportamientos como los actuales pueden mantenerla atrapada, aunque se perfilan posibilidades de una ligera mejora para el final del decenio (véase Capítulo 2.5). Dicha política debe estar dirigida a promover un crecimiento autosostenido, más fuerte y que cree más empleo, sin poner en peligro la estabilidad interna y externa: sólo así podrá mantenerse a medio plazo ese crecimiento mas rápido.
Por consiguiente, debe establecerse una dinámica equilibrada en la Comunidad entre la inversión y el consumo privado. De 1960 a 1973, la inversión privada creció en la Comunidad algo más rápidamente que el consumo privado, de forma que el peso de la inversión privada en el PIB aumentó ; de 1973 a 1985, la evolución fue completamente diferente: el crecimiento de la inversión experimentó una desaceleración aún mayor que el del PIB, que se redujo en más de la mitad (véase cuadro 25). Para suplir la falta de inversiones que se ha acumulado desde hace más de diez años y la actual insuficiencia de puestos de trabajo, para evitar que aparezcan en el futuro estrangulamientos de la capacidad productiva, y para acelerar la evolución estructural y la modernización capital productivo, la inversión privada deberá aumenta durante los próximos años a un ritmo muy superior al del PIB. Teniendo en cuenta que cada unidad producida requiere hoy, por término medio, más capital que en el pasado, el volumen de inversión necesario para la expansión de la producción y del empleo es ahora mucho más importante que en los años sesenta (véase cuadro 25). Por consiguiente, es preciso que el peso de la inversión en el PIB aumente durante los próximos años.
Sólo será posible conseguirlo si mejoran simultáneamente dos determinantes fundamentales de la inversión privada: las expectativas de demanda y la rentabilidad. Teniendo en cuenta que la Comunidad no puede contar en un futuro previsible con ningún estímulo externo importante de la demanda, el impulso necesario debe proceder de la demanda interna, es decir del consumo privado y de la aceleración de la inversión. Por consiguiente, durante los próximos años, el consumo privado tendría que aumentar aproximadamente al mismo ritmo que el PIB, lo cual exige una mejora adecuada de la renta disponible de las economías domésticas.
Sin embargo, la aceleración de las inversiones exige que su rentabilidad siga aumentando durante algunos años (véase más adelante) ; por consiguiente, el aumento de los salarios reales en la Comunidad debe seguir siendo moderado. Si dicho aumento va acompañado de una expansión más rápida del empleo, la renta de las economías domésticas puede registrar una progresión apropiada, siempre que la política presupuestaria también desempeñe un papel activo en ese proceso, contribuyendo a una mejora de las condiciones de la oferta y a una evolución adecuada de la demanda mediante deducciones fiscales en beneficio de las familias y de las empresas, así como mediante un incremento de las inversiones públicas. Para evitar que los tipos de interés reales experimenten una presión al alza, que sería desfavorable para la inversión privada, una política presupuestaria de este tipo no debería poner en peligro el saneamiento a medio plazo de la hacienda pública.
Gracias a los esfuerzos de saneamiento efectuados en el pasado, algunos Estados miembros tienen ahora la posibilidad de aplicar una política presupuestaria más activa (véase Capítulo 5.3). Dichos países ya han introducido deducciones fiscales o tienen previsto hacerlo. A medio plazo, se perfilan ya los efectos positivos de tales medidas (véase Capítulo 2.5). Ahora bien, si el crecimiento económico se situara durante cierto tiempo por debajo de las expectativas, dichos proyectos podrían peligrar ; la disminución del crecimiento va acompañada de pérdidas de ingresos para los presupuestos públicos y de un incremento de los gastos vinculados a la crisis, con la consiguiente reducción del margen de maniobra presupuestaria. Por consiguiente, para una política de saneamiento presupuestario a medio plazo verosímil y realista, resulta necesario conservar una flexibilidad en la modulación, tanto en lo relativo a la amplitud como al calendario de las medidas de reducciones fiscales previstas. Dichas medidas serán tanto más eficaces, y el riesgo de desequilibro externos insostenibles tanto menor, en la medida en que los Estados miembros que puedan desarrollar una política presupuestaria activa procedan de un modo coordinado. Un crecimiento más sostenido en la Comunidad mejoraría la situación presupuestaria de los demás Estados miembros. Estos podrían entonces contribuir también perspectivas, sin dejar por ello de conceder la máxima prioridad a la consolidación presupuestaria (véase Capítulo 3.3).
Los esfuerzos de saneamiento de los Estados miembros han repercutido considerablemente sobre la inversión pública. Su peso en el PIB ha disminuido en cerca de una tercera parte desde comienzos de los años setenta. Una aceleración de las inversiones públicas económicamente tentables no sólo permitiría incrementar con mayor rapidez el potencial de producción de la Comunidad, sino que tendría asimismo un efecto directo sobre la demanda. La realización de los grandes proyectos de infraestructuras de interés comunitario también puede contribuir a alcanzar dicho objetivo (véase Capítulo 3.1).
No obstante, no sólo es necesario mejorar las perspectivas de la demanda, sino también la rentabilidad. A este respecto, se han realizado notables progresos durante los últimos años. La mayor utilización de las capacidades, la caída de los precios de las principales materias primas y, sobre todo, unos incrementos de los salarios reales inferiores a las ganancias de productividad durante varios años han aportado ya considerables mejoras de la rentabilidad del capital. Sin embargo, el nivel de rentabilidad aún no es el de los años sesenta ; durante dicho periodo, la rentabilidad era suficiente para una dinámica de crecimiento autosostenido, con un menor desempleo. En 1987, la rentabilidad apenas ha registrado aumento alguno. Habida cuenta de las importantes necesidades en materia de inversión privada, y hasta que se inicie un proceso autosostenido de crecimiento, será preciso que la evolución de los salarios siga contribuyendo a mejorar las condiciones de inversión. A este respecto, determinadas reducciones fiscales en favor de los asalariados podrían contribuir a que los incrementos de los costes salariales reales per cápita siguieran siendo moderados.
Una evolución de los salarios que no acentué la presión de los costes y una política monetaria centrada en la estabilidad permiten mantener más fácilmente las tasas de inflación al moderado nivel actual, e incluso reducirlo aún más en varios Estados miembros. Corrigiendo así a la baja las expectativas de inflación, se crearía una base sana para nuevas reducciones de los tipos de interés a largo plazo. Además, la rentabilidad y la mayor capacidad de autofinanciación de las empresas reduciría las tensiones entre la oferta y la demanda de capitales a largo plazo. La disminución de los costes de financiación y la modificación de la relación entre el rendimiento esperado del capital productivo y los tipos de interés en los mercados financieros fomentarán la inversión. Pero, ante todo, la disminución de los tipos de interés a largo plazo reducirá sensiblemente la presión a que están sujetos los presupuestos públicos ; en efecto, en determinados Estados miembros, el importe de la deuda pública es ya equivalente, cuando no superior al del producto nacional bruto anual (véase recuadro sobre los tipos de interés).
En tales condiciones, una aceleración del crecimiento sostenida por la demanda interna contribuiría asimismo a reducir los desequilibrios internacionales de las balanzas por cuenta corriente, situando este proceso al máximo nivel de crecimiento mundial posible. El resultado sería una mayor confianza en la estabilidad de las relaciones económicas y monetarias internacionales, lo cual reduciría los obstáculos que impiden nuevos aumentos de la inversión. Ahora bien, para garantizar una evolución sin problemas, es necesario preservar de un modo satisfactorio el equilibrio externo de la de la Comunidad a medio plazo. Por consiguiente, es preciso mantener y reforzar la competitividad de la Comunidad. Una mejor rentabilidad y una mayor flexibilidad de los mercados permitirán además satisfacer una parte más importante de la demanda interna mediante la producción nacional ; en tales condiciones, es posible mantener a medio plazo el equilibrio externo en un contexto de crecimiento acelerado.
3.3. Las interdependencias entre los Estados miembros
En 1987, cerca de un 60 % de las importaciones y exportaciones de bienes de los Estados miembros proceden de otros Estados miembros o se dirigen a ellos (frente a menos de un 40 % en 1958, véanse cuadros 26 y 27). Las importaciones y exportaciones intracomunitarias de todos los Estados miembros representan, cada una, aproximadamente un 13 % del PIB de la Comunidad. Tras la adhesión de España y Portugal a la Comunidad, esa intensa red de intercambio de bienes se ha reforzado aún más, como consecuencia de las modificaciones que han experimentado los flujos comerciales exteriores de ambos países. Así, en España, la parte de las importaciones procedentes de la Comunidad ha pasado de menos de un 38 % (1985) a más de un 52 % (1987), aumentando, en el mismo período, de menos de un 46 % a más de un 69 % en Portugal. En lo que se refiere a las exportaciones de bienes, las exportaciones de España a la Comunidad pasaron de algo más del 53 % a más del 69 % y las de Portugal, de menos del 63 % al 70 %. La consecución del mercado interior aumentará aún más esa interdependenda. Además, el proceso de liberalización de los movimientos de capitales que se conjuga en particular en el marco del SME, con el mantenimiento de tipos de cambio más estables, crea una interdependencia aún más estrecha entre los mercados monetarios y financieros de los Estados miembros.
Debido a la creciente interdependencia de las economías, los flujos de bienes y de capitales reaccionan más rápidamente. Esto reduce la autonomía de los Estados miembros en la aplicación de su política económica. Sin embargo, es evidente que esta interpenetración de las economías abrirá también nuevas perspectivas de acción común e incrementará las posibilidades de crecimiento de la Comunidad, siempre que las medidas de política económica están mejor coordinadas. Los éxitos de estabilización registrados en el SME revelan que las interdependencias pueden redundar en favor de todos los Estados miembros siempre que se coordinen las políticas monetarias. Es posible - e indispensable - perseverar en, esta dirección (véase Capítulo 5.2).
Lo importante ahora es aprovechar dichas interdependencias para reforzar el crecimiento mediante una mayor coordinación de las políticas presupuestarias. Las restricciones, tanto exteriores como presupuestarias, que pesan a nivel nacional podrían verse atenuadas. En una situación caracterizada por la ausencia de impulsos externos importantes, el resultado es una importante ampliación de las posibilidades de acción de los Estados miembros. En efecto, habida cuenta de la importancia de los intercambios intracomunitarios, los Estados miembros pueden esperar que un crecimiento acelerado tenga, en su caso, repercusiones menos graves sobre sus balanzas por cuenta corriente si se inserta en un enfoque coordinado en, vez de estar aislado (de acuerdo con los cálculos de la OCDE, esas repercusiones se reducirían de la mitad a dos tercios). Esto es particularmente importante para los Estados miembros cuyo margen de maniobra en el plano de la política económica está limitado en función de sus cuentas exteriores ; actualmente éste es el caso, en particular, de Dinamarca y Francia, pero también de Italia, Portugal y España, donde el rápido crecimiento actual podría peligrar con la aparición de un desequilibrio exterior. Por supuesto, la aceleración de la demanda interna que dicho esfuerzo llevaría consigo produciría cierto deterioro de las cuentas exteriores de los países de la Comunidad con terceros países. De este modo, la Comunidad contribuiría al restablecimiento de los equilibrios internacionales de las balanzas de pagos. Ahora bien, para que este esfuerzo dé lugar a una aceleración duradera del crecimiento, es preciso que se apoye en una mejora simultánea de las condiciones de la oferta y no ponga en peligro ni una posición exterior de los países participantes sostenible a medio plazo ni la estabilidad lograda. Un enfoque coordinado permitiría aliviar las restricciones presupuestarias que impiden introducir reducciones de impuestos o incrementar las inversiones públicas, debido a la estrecha interpenetración de los flujos de bienes. Cuando un Estado miembro consigue un crecimiento más fuerte, está contribuyendo de forma importante al crecimiento de los demás Estados miembros; el reforzamiento del crecimiento y los ingresos fiscales adicionales derivados de ello son mucho más importantes que en el caso de iniciativas aisladas. De este modo, es más fácil conciliar las medidas de política presupuestaria y el saneamiento presupuestario a medio plazo. Además, un crecimiento más sostenido en determinados Estados miembros contribuye a mejorar la situación de los que siguen teniendo graves problemas presupuestarios (a título ilustrativo véase el cuadro 29) y les permite contribuir, después de cierto tiempo, al proceso común de aceleración del crecimiento.
Un enfoque coordinado y diferenciado de las políticas presupuestarias permite, a medio plazo, mejorar la convergencia de la hacienda pública de los Estados miembros de la Comunidad. Habida cuenta de que la interdependencia monetaria es cada vez más estrecha, dicha convergencia adquiere gran importancia, ya que, en su ausencia, los Estados miembros cuya situación presupuestaria sea relativamente desfavorable podrían verse obligados a aceptar tipos de interés más altos para evitar la fuga de capitales y las presiones que tal situación ejercería sobre su moneda. Ahora bien, unos tipos de interés más altos obligarían a esos países a aceptar nuevos esfuerzos de ajuste, lo que sería perjudicial para el proceso de crecimiento de la Comunidad.
Una mayor concertación de las políticas económicas a nivel nacional y comunitario facilita asimismo los esfuerzos para acelerar el proceso de recuperación de las regiones y países más desfavorecidos (Grecia, España, Irlanda y Portugal). Este proceso de recuperación ha tenido lugar hasta los años setenta, en particular en España, Grecia y Portugal, países que han podido aumentar su PIB real per cápita mucho más rápidamente que los demás Estados miembros (véanse cuadro 30 y Capítulo 2.3). En España y en Portugal, dicha evolución se ha visto asimismo favorecida por tasas de inversión superiores a la media comunitaria, y la eficacia de las inversiones se ha incrementado en los cuatro países. Este proceso de recuperación ha contado además con la importante ventaja de inscribirse en un entorno de gran crecimiento económico, lo cual ha permitido a dichos países preservar su equilibrio externo.
Sin embargo, en la segunda mitad de los años setenta, la eficacia de las inversiones de dichos países se redujo al nivel medio de los demás Estados miembros (e incluso a un nivel muy inferior en el caso de España). Sólo incrementando considerablemente sus inversiones, Portugal e Irlanda han podido seguir colmando su retraso en términos de PIB por habitante, pero a costa de graves déficit exteriores.
En los años ochenta, en particular en Grecia y en Irlanda, la disminución del ritmo de aumento de la tasa de inversión y unas inversiones cuya eficacia quedó muy por debajo de la media comunitaria han detenido el proceso de recuperación de la renta per cápita. España, sin embargo, mediante un importante esfuerzo de ajuste interno, ha conseguido incrementar la eficacia de sus inversiones hasta colocarla en el nivel medio de los demás Estados miembros ; ha dado alcance a estos últimos en lo que se refiere al crecimiento de la renta per cápita, y actualmente incluso los supera, consiguiendo al mismo tiempo preservar su equilibrio externo.
Para reactivar el proceso de recuperación en un entorno que ya no es el mismo, es preciso que todos los Estados miembros coordinen sus esfuerzos, con arreglo a lo previsto en el artículo 130 B introducido en el Tratado de Roma por el Acta única Europea. A tal fin, el crecimiento debe acelerarse en la Comunidad para facilitar el proceso de ajuste y para evitar que las regiones y los países más desfavorecidos se vean obligados a aplicar políticas restrictivas debido a desequilibrios internos o externos insostenibles. Esto sólo es posible si los Estados miembros con una economía fuerte aportan una contribución suficiente al crecimiento. Sin embargo, es decisivo que las regiones y países más desfavorecidos apliquen políticas que mejoren las condiciones internas de crecimiento, a saber, la rentabilidad y la eficacia de sus inversiones. Con ello intensificarán su acumulación de capital, protegerán sus cuentas exteriores a pesar de un crecimiento rápido y crearán las condiciones necesarias para mayores importaciones de capitales. Además, estas políticas deben contar con una mayor contribución de las instituciones de la Comunidad, en particular de los Fondos estructurales, del Banco Europeo de Inversiones y de los demás instrumentos de financiación existentes, como ya señalo la Comisión en su Comunicación COM(87) 100 al Consejo. Si se consigue así iniciar en estos países un proceso de recuperación autosostenido y duradero, se habrá conseguido reforzar la cohesión económica y social de la Comunidad ; además, los países y las regiones aún menos favorecidos aportarán una contribución significativa al crecimiento de la Comunidad.
3.4. Las condiciones del éxito
Los esfuerzos de los últimos años han incrementado de forma significativa la rentabilidad de las inversiones y la flexibilidad de los mercados en la Comunidad, favoreciendo de este modo un crecimiento más rápido y que crea más empleo, y preservando al mismo tiempo los equilibrios internos y externos. Sin embargo, durante los últimos dos años, el crecimiento ha experimentado una desaceleración, debido sobre todo a factores externos ; como consecuencia de ello, la economía de la Comunidad apenas ha avanzado hacia la consecución de su objetivo principal: una reducción del desempleo significativa y duradera. Al no poder contar en el futuro previsible con influencias exteriores muy positivas, la Comunidad debe, aún más que en el pasado, basarse en sus propias fuerzas.
En este nuevo entorno, la aplicación de la Estrategia de Cooperación tendrá que explotar mejor las ventajas de la dimensión comunitaria: conseguir el mercado interior, acelerar el proceso macroeconómico para lograr un crecimiento estable y más elevado y aprovechar las interdependencias entre los Estados miembros. A tal fin, son indispensables: una cooperación aún más estrecha entre los Estados miembros en el ámbito de la política monetaria y presupuestaria, así como el desarrollo de las políticas comunitarias (véanse Capítulos 4 y 5). Además, la Comunidad debe contribuir a reforzar constantemente la cooperación internacional, a fin de promover, de acuerdo con las otras grandes zonas económicas, la reabsorción de los desequilibrios internacionales y la estabilización de los tipos de cambio, y de alejar las amenazas proteccionistas (véase Capítulo 2.2).
El reforzamiento del diálogo social a nivel nacional y comunitario sigue siendo decisivo para ampliar el consenso sobre los cambios de actitud y las medidas de política económica necesarias para el éxito de la estrategia comunitaria (véase, por ejemplo, el Informe económico anual 1986-87, Capítulos 4-6). A nivel comunitario, se han realizado progresos importantes que se han traducido, en particular, en dos dictámenes conjuntos de los interlocutores sociales ; uno, sobre las opciones fundamentales de la estrategia comunitaria (6 de noviembre de 1986), y el otro, sobre la formación y la motivación, así como la información y la consulta a los asalariados cuando se vayan a introducir nuevas tecnologías en la empresa (6 de marzo de 1987; véase asimismo Capítulo 4.2). Alentada por estos éxitos, la Comisión proseguirá sus esfuerzos para desarrollar a nivel europeo el diálogo con los interlocutores sociales - y entre éstos - sobre todos los demás aspectos de la estrategia comunitaria; esto se ajusta asimismo al artículo 118 B del Tratado, modificado en 1987 por el Acta única Europea. Pero la voluntad de cooperación manifestada por los interlocutores sociales a nivel comunitario debe utilizarse también de forma más adecuada a nivel nacional.
Así, pues, los objetivos que la Comunidad se ha fijado en su Estrategia de Cooperación para el crecimiento y el empleo siguen teniendo vigencia y, con algún retraso, siguen siendo realizables a pesar del entorno exterior.
Durante los próximos años, la Comunidad debe acelerar su crecimiento, preservando siempre la estabilidad lograda, no sólo para contribuir al proceso de ajuste internacional a un nivel de crecimiento lo más alto posible, sino también para alcanzar sus propios objetivos: la reducción del desempleo, el pleno aprovechamiento de todas las ventajas del gran mercado interior y el reforzamiento de su cohesión económica y social. Al no poder esperar impulsos fuertes procedentes del exterior, debe contar en mayor medida con sus propias fuerzas. La consecución del mercado interior estimulará considerablemente su crecimiento haciendo más rentable la producción comunitaria y permitiendo satisfacer una demanda adicional dentro de la Comunidad y en los mercados exteriores. Sin embargo, para explotar plenamente todo el potencial del mercado interior en lo que se refiere al crecimiento y al empleo, la política macroeconómica debe contribuir asimismo a un crecimiento, autosostenido y más rápido, velando sin embargo por no comprometer la estabilización interna y externa. A este respecto, es necesario que la inversión privada registre un aumento netamente superior al del PIB. Al igual que la consecución de un incremento moderado de los salarios reales, las reducciones de impuestos y el incremento de las inversiones públicas podrían contribuir a un reforzamiento de las condiciones de la oferta y a la mejora necesaria de las perspectivas de demanda. Por otra parte, la consecución de una política monetaria centrada en la estabilidad facilita una nueva reducción de los tipos de interés a largo plazo, que también es favorable para la inversión, y, sobre todo, alivia las presiones que pesan sobre los presupuestos públicos. Además, una mayor coordinación de las políticas presupuestarias entre los Estados miembros mitiga las restricciones externas y presupuestarias que reducen considerablemente los márgenes de maniobra de determinados Estados miembros. Por último, serán necesarios esfuerzos coordinados de todos los Estados miembros de la Comunidad para reiniciar un proceso dinámico de recuperación de las regiones y países más desfavorecidos. En las nuevas circunstancias la aplicación de la Estrategia de Cooperación para el crecimiento exige pues un aprovechamiento más correcto de la dimensión comunitaria, lo cual requiere una cooperación más estrecha entre los Estados miembros, el desarrollo de las políticas comunitarias y un amplio diálogo social a escala nacional y comunitaria.
4. POLITICAS ESTRUCTURALES COMUNITARIAS Y NACIONALES
4.1. La mejora de la adaptabilidad de los mercados
4.1.1. A nivel europeo, la consecución del mercado interior constituye el centro de los esfuerzos de mejora del funcionamiento de los mercados. El Consejo Europeo de Bruselas de 29 y 30 de junio de 1987 lo confirmó, e insistió en la importancia de que la consecución del mercado interior se ajuste a las modalidades del Libro Blanco (7) de la Comisión de junio de 1985. El Consejo invitó a los Consejos de Ministros competentes a que explotaran plenamente las mejoras del proceso de decisión resultantes de la entrada en vigor del Acta única Europea. En virtud de las nuevas disposiciones del Tratado (en particular, el artículo 100 A) introducidas por el Acta única Europea, aproximadamente dos tercios del programa del Libro Blanco podrían ser adoptados por mayoría cualificada del Consejo, en cooperación con el Parlamento Europeo. Únicamente las disposiciones fiscales, las relativas a la libre circulación de personas y las relativas a los derechos e intereses de los trabajadores asalariados están excluidas de las nuevas normas. Ya en mayo de 1986 y 1987, en sendos informes anuales sobre la consecución de los objetivos del Libro Blanco [COM(86) 300, COM (87) 203], la Comisión presentó los progresos realizados con relación a las numerosas propuestas específicas existentes. En sus propuestas de comienzos de agosto de 1987 [COM(87) 320-328], la Comisión abordó otro ámbito importante para la supresión de los controles en las fronteras: la aproximación de los tipos y la armonización de la estructura de los impuestos indirectos.
4.1.2. Además de la consecución del mercado interior, el objetivo de una mayor adaptabilidad de los mercados sigue siendo válido para la política económica de la Comunidad. Ya en su Informe económico anual de 1985/86 (8), la Comisión destacó la necesidad de reforzar las medidas dirigidas a incrementar la flexibilidad de los mercados en general, y no sólo del mercado de trabajo. Además, subrayó que el objetivo de una mayor flexibilidad no consiste en poner en entredicho las conquistas sociales, sino en la creación de empleo. Esta es la razón por la cual hay que compaginar, en la medida de lo posible, la eficacia económica con la protección y el reforzamiento de las conquistas sociales fundamentales. En el Informe económico anual 1986-87 (9), la Comisión esbozó numerosas medidas dirigidas a mejorar la flexibilidad de los mercados, algunas de las cuales se sitúan en la óptica de la política del mercado interior.
Es conveniente mencionar además las medidas de la Comunidad en el ámbito de la aproximación de las legislaciones y de la protección de los consumidores que, en el fondo, están dirigidas a incrementar la flexibilidad de los mercados de bienes y servicios dándoles una mayor transparencia. A este respecto, es preciso citar en primer lugar la Directiva de 1979 relativa a la indicación de los precios de los productos alimentarios y, cuando se trate de productos presentados en un envase normalizado, la indicación del precio unitario. Para los demás bienes de consumo, están pendientes en el Consejo desde 1983 propuestas análogas. La información relativa a las características de los productos también se ha mejorado y armonizado en la Comunidad. Es conveniente mencionar a este respecto las disposiciones en materia de etiquetado de los productos alimentarios o de normas de presentación y distribución de sustancias peligrosas. Para estas categorías de productos, debe informarse al consumidor de la composición o de las características especiales de los productos presentados con arreglo a disposiciones uniformes para el conjunto del mercado europeo. Una armonización de las normas de descripción para otras categorías de productos, con arreglo, por ejemplo, a la propuesta relativa a los preparados peligrosos, contribuiría en gran medida a mejorar la transparencia del mercado en la Comunidad.
4.1.3. Toda una serie de acciones dirigidas a mejorar la adaptabilidad de los mercados mediante la desregulación y la liberalización del acceso a dichos mercados se refiere a las pequeñas y medianas empresas (PYMES). En efecto, de acuerdo con todos los datos disponibles, las pequeñas y medianas empresas han constituido la principal fuente de creación de nuevos puestos de trabajo, en particular en los sectores de alta tecnología. Se han establecido dos vías de acción para fomentar el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. Por una parte, se han adoptado medidas dirigidas a mejorar la flexibilidad del mercado y a fomentar la adaptabilidad de las empresas. Dichas medidas comprenden disposiciones destinadas a reducir la carga que las regulaciones comunitarias podrían ocasionar a las empresas ; así ha ocurrido en el caso de las disposiciones fiscales y del derecho de sociedades aplicables a las pequeñas empresas, propuestas por la Comisión. Este es un campo en el que varios Estados miembros se esfuerzan también para facilitar la creación de empresas. Por otra parte, con objeto de promover los intercambios y la cooperación de las empresas más allá de las fronteras nacionales, determinadas acciones se han dirigido a mejorar la información de las empresas en lo relativo a las políticas nacionales y de la Comunidad Europea. Dichas medidas están previstas por el Programa de Acción para las pequeñas y medianas empresas aprobado por el Consejo en noviembre de 1986.
4.1.4. La adaptabilidad del mercado de trabajo sigue siendo una preocupación fundamental para la aplicación de las políticas nacionales de empleo y para la negociación colectiva. En su comunicación relativa a la adaptación interna y externa de la empresa con relación al empleo (10), la Comisión pasa revista a la evolución reciente registrada en los Estados miembros en el plano legislativo y en el ámbito de los convenios colectivos.
Dicho estudio revela que tanto los gobiernos como los interlocutores sociales centran sus esfuerzos en una adaptación cualitativa de la mano de obra: para conseguir una introducción y difusión satisfactoria de las nuevas tecnologías, es cada vez más importante que las empresas dispongan de una mano de obra capacitada y móvil, que sea capaz de adaptarse a los cambios de los mercados mundiales. Se ha acordado la realización de programas de calificación o de formación profesional con una base bilateral o trilateral.
Sectores cada vez más amplios coinciden en que la motivación y la adaptabilidad de la mano de obra serian mayores los asalariados estuvieran implicados y asociados, a través de la información y la consulta, en las decisiones de gestión, en particular cuando éstas tienen repercusiones sobre el empleo. Ha habido un amplio consenso sobre estos temas entre los interlocutores sociales en el marco del diálogo social que ha desarrollado a nivel comunitario (véase Capítulo 3.4)
La ordenación del tiempo de trabajo y la flexibilidad de la duración de utilización de las capacidades productivas siguen siendo objeto de negociaciones. Así, en Dinamarca y en la República Federal de Alemania, se han firmado convenios de larga duración en el sector metalúrgico. Dichos convenios prevén una reducción flexible de la jornada de trabajo, con compensación salarial, de modo que se llegue a una jornada semanal de 37 horas, de aquí a 1990 y a 1989, respectivamente. En Francia, en junio de 1987, se promulgó una nueva Ley sobre ordenación del tiempo de trabajo y sobre el trabajo nocturno de las mujeres en la industria, que amplía las posibilidades de ordenación flexible del trabajo. En Bélgica, en abril de 1986, se concluyó un convenio interprofesional relativo a ordenación del tiempo de trabajo en las empresas, con excepción del sector de la distribución, en el Consejo nacional del trabajo, que fue ratificado por una Ley en julio de 1987.
Hay toda una serie de medidas encaminadas a combatir las altas tasas de desempleo, así como a incluir el aspecto social en las adaptaciones estructurales en las regiones o los sectores industriales (carbón, acero, astilleros) cuya necesidad de ajuste es particularmente elevada y decisiva para el mercado de empleo. Es muy frecuente que el objetivo de dichas medidas sea una mayor calificación o la readaptación profesional de las personas de que se trate. La Comunidad contribuye a ello a través de sus fondos sociales y de los gastos de carácter social del presupuesto CECA. Otro aspecto importante son las ayudas a la creación de empleo, especialmente en las zonas en que se concentran las industrias del acero y del carbón, así como en los astilleros. En este sector, la Comunidad aporta una contribución a través de los fondos regionales y de sus instrumentos financieros.
En algunos países, las formas de trabajo denominadas "atípicas", en particular el trabajo a tiempo parcial, los contratos de duración determinada, el trabajo temporal, han experimentado una considerable expansión durante los últimos años ; se refieren en particular a la contratación de nuevos asalariados. Con frecuencia, tal evolución se ha visto facilitada por una modificación de las leyes y de las disposiciones administrativas.
Se han realizado asimismo determinados esfuerzos para adaptar de un modo más flexible los costes de mano de obra a las nuevas condiciones de los mercados. Se han previsto - o se han introducido - medidas de participación en los beneficios en Bélgica, Dinamarca y el Reino Unido ; en Alemania y Francia, se han ampliado los sistemas de participación en el capital y existentes.
Las medidas dirigidas a una mayor adaptabilidad de la mano de obra la empresa se han completado con políticas de empleo especificas de los Estados miembros. Se ha hecho hincapié sobre todo en las medidas que facilitan la reinserción de los desempleados de larga duración (11). Prosiguiendo con sus esfuerzos en el ámbito de la formación y de la calificación profesional, varios Estados miembros intentan mejorar las oportunidades de contratación de los desempleados de larga duración mediante programas de motivación y de perfeccionamiento profesional, así como mediante estímulos financieros específicos (por ejemplo, suspensión temporal de las contribuciones sociales en Bélgica, Francia e Irlanda, ayudas a la contratación en los Países Bajos, distribución temporal a los salarios en el Reino Unido). Por otra parte, la mayoría de los Estados miembros han creado posibilidades de empleo temporal, especialmente destinadas a los jóvenes que inician su vida profesional, en los servicios públicos o sociales. Estas medidas directas en favor del empleo afectan actualmente a un número considerable de asalariados (véase recuadro "Crecimiento y empleo").
Por último, numerosos gobiernos se esfuerzan por mejorar el conjunto de las iniciativas personales de los desempleados. Los desempleados que se convierten en trabajadores independientes o que quieren crear una empresa, pueden contar no sólo con ayudas estatales en forma de asesoramiento y formación, sino también con una ayuda publica que permite reducir el riesgo financiero (con frecuencia en lugar de las prestaciones en concepto de seguro de desempleo, y a veces combinadas con éste).
4.2. Competitividad, investigación y desarrollo, industria y servicios
Desde hace más de diez años, toda una serie de indicadores vienen recogiendo las dificultades de muchas industrias europeas para hacer frente a la competencia de los principales países industrializados. Así, durante el período comprendido entre 1979 y 1985, la parte correspondiente a las exportaciones comunitarias de productos industriales (excluidos los intercambios intracomunitarios) en el total de las exportaciones de los países de la OCDE disminuyó en 1,4 puntos aproximadamente, y en cerca del doble desde 1963. De 1979 a 1985, la cuota de mercado de Estados Unidos aumentó 0,7 puntos, la de Japón más de 5 puntos (véase cuadro 31). Aunque es cierto que la pérdida de cuotas de mercado, hoy y en el futuro, es un fenómeno en cierto modo ligado al indispensable ajuste de los saldos comerciales a nivel mundial, no por ello deja de ser preocupante que las pérdidas de la Comunidad se concentren en sectores industriales en los que la demanda experimenta una considerable expansión (por ejemplo, componentes eléctricos y electrónicos, informática y ofimática: -2,5 puntos de 1979 a 1985). En dichos sectores, Estados Unidos ha conseguido aumentar su cuota de mercado en 1,2 puntos, y Japón en más de 7 puntos. La Comunidad, por el contrario, ha incrementado sus cuotas de mercado fundamentalmente en los sectores de débil expansión de la demanda (por ejemplo, + 1,9 puntos para el mineral de hierro y acero, textil y materiales de construcción).
Un desglose sectorial más preciso (véase cuadro 32) revela que, desde 1979, la Comunidad ha conseguido ganar cuotas, de mercado fundamentalmente en los sectores de transformación de la madera, de producción y transformación de productos alimentarios, de los textiles y de la confección, así como en el del papel. Sin duda alguna, también Estados Unidos ha sufrido un retroceso en la mayoría de los mercados industriales, pero ha progresado en productos importantes, como los de la industria ofimática y eléctrica. En lo que se refiere a la industria japonesa, su cuota de mercado aumentó en todas las ramas, excepto la industria alimentaria, en el período 1979-85.
Conviene señalar que, de 1979 a 1985, las pérdidas de cuotas de mercado de la industria europea en los mercados comunitarios se redujeron en aproximadamente la mitad a las registradas en los mercados exteriores (véase gráfico 14) y que, desde 1963, esas cuotas apenas han variado. El comercio intracomunitario ha ejercido un claro efecto estabilizador sobre la evolución de las cuotas de mercado para los productos industriales. Por sus efectos positivos sobre la competitividad, la consecución del mercado interior debería aportar además un sostén adicional muy significativo en dicho campo.
Se observa asimismo una evolución estructural desfavorable para las inversiones (véase cuadro 33), sobre todo las del período 1979-82, que se caracterizó por la caída de la inversión en los sectores de gran expansión de la demanda. Sin embargo, con la recuperación general de la inversión registrada desde 1983, las inversiones en dichos sectores experimentaron, al menos hasta 1985, una expansión superior a la media, lo cual indica un fenómeno de recuperación con relación a los competidores de terceros países. Por otra parte, esto contribuyó sin duda alguna a que, entre 1982 y 1985, se detuviera prácticamente por completo el retroceso del empleo en los sectores de gran demanda (véase cuadro 34).
Para apreciar esta evolución de las cuotas de mercado, de la inversión y del empleo, es necesario considerar la estructura de los tipos de cambio entre países industrializados, en particular el alza del dólar que tuvo lugar durante la primera mitad de los años ochenta y su depreciación desde mayo de 1985. Sin embargo, no se debe atribuir a esas variaciones de los tipos de cambio, considerándolas de forma aislada, un peso decisivo en la evolución de los distintos componentes de las cuotas de mercado. Por ejemplo, el retroceso en los mercados de demanda fuerte o media tuvo lugar durante la fase de depreciación del ECU, entre 1981 y 1984 (véase cuadro 31). Sólo los sectores de demanda débil experimentaron un aumento. La apreciación del dólar durante el período 1981-84 no tuvo prácticamente incidencia en los sectores de gran demanda para Estados Unidos. En cambio, sus efectos son visibles para los productos de los sectores con demanda media o débil. Esto confirma el hecho de que los factores tecnológicos y organizativos tienen una influencia determinante precisamente en los sectores en que la demanda es dinámica.
En lo que se refiere a las prioridades de magnitud que han caracterizado su evolución desde 1985, el ECU, considerando su valor medio durante el año, se apreció en aproximadamente un 50 % en relación con el dólar entre 1985 y 1987. Durante dicho período, el tipo de cambio efectivo nominal de las monedas de la CE de los doce (media ponderada con relación a las monedas de los nueve principales países con los que existen relaciones comerciales) aumentó en un 20 %. Teniendo en cuenta que, para el conjunto de la Comunidad, y en relación con los demás países industrializados, los costes salariales unitarios relativos, en moneda nacional, prácticamente no se modificaron, la apreciación del tipo de cambio efectivo ha repercutido enteramente sobre la competitividad: así, la competitividad de la Comunidad, medida por los costes, se deterioró en aproximadamente un 20 % bajo el efecto de la apreciación del ECU. Este hecho también aboga por una evolución moderada de los costes en la Comunidad, en particular de los costes salariales. Pero, habida cuenta de la amplitud de las modificaciones que han tenido lugar, no cabe plantearse la posibilidad de compensar sólo por esta vía el deterioro de la competitividad en términos de costes.
En esta situación, es aún más importante orientar las prioridades hacia la mejora de la competitividad tecnológica de los métodos de producción y de los productos. Es lo que debe deducirse de las pérdidas de cuotas de mercado extracomunitario que tuvieron lugar entre 1979 y 1985 en los sectores industriales clave, independientemente de la evolución de los tipos de cambio: (compárense los cuadros 31 y 32, por ejemplo, con material eléctrico: - 10,5 puntos, material de transporte: - 11,4 puntos, máquinas de oficina: - 6,3 puntos de pérdidas de cuotas de mercado). Por el contrario, el éxito de las importaciones japonesas en el sector de la electrónica y de la construcción de automóviles muestra toda la importancia de utilizar tecnologías de vanguardia en la industria tradicional. En este contexto, sin embargo, cabe destacar que importantes ramas de la industria europea (textil, máquinas herramienta y también el automóvil) han experimentado una recuperación de su situación mediante una racionalización de la producción y mediante innovaciones de productos y métodos de producción.
Para mejorar la competitividad de las tecnologías, la Comunidad realizó importantes esfuerzos de promoción de la innovación industrial en forma de reagrupación y reforzamiento de los programas de investigación y desarrollo, dirigidos a colmar los retrasos tecnológicos. Aun cuando la Comunidad en su conjunto dispone de unas capacidades y unos presupuestos de investigación comparables a los de Estados Unidos, es indudable que Europa se ha visto hasta ahora desfavorecida por la insuficiente cooperación de las empresas europeas en el ámbito de la investigación y por la dispersión de los esfuerzos entre los Estados miembros. En efecto, el conjunto de los gastos relativos a "investigación y desarrollo" a escala comunitaria (investigación gestionada por la Comunidad, EUREKA, ESA, etc.) representa entre un 5 y un 6 % del total de los fondos públicos destinados a la investigación en la Comunidad. La partida "cooperación en materia de investigación" del presupuesto de la Comunidad representa tan sólo el 2,8 % de ese total. El programa marco de investigación para el período 1987-91, adoptado en septiembre de 1987, introducirá sin embargo una nueva dimensión en este sector. A este respecto, es conveniente citar, en el ámbito de las tecnologías avanzadas, los programas ESPRIT (tecnologías de la información), RACE (telecomunicaciones), BRITE (introducción de las tecnologías de vanguardia en las industrias tradicionales), EURAM (materiales avanzados) y los programas de biotecnología.
Los programas de investigación comunitaria sólo son un importante eslabón de una estrategia industrial global que abarca los aspectos nacionales e internacionales de las tecnologías. Así, los programas de investigación están dirigidos a crear la base necesaria para la formulación de propuestas en el ámbito de las normas internacionales, así como a fomentar la cooperación industrial en las etapas posteriores a la investigación. Al mismo tiempo, la cooperación de determinadas empresas europeas en materia de investigación fomenta también una mayor cooperación en otros ámbitos.
Para garantizar que la investigación tenga una verdadera incidencia en la competitividad y que se divulgue en los medios científicos e industriales, la Comisión acaba de iniciar un programa comunitario de educación y formación en nuevas tecnologías (COMETT) que prevé, a escala europea, diversos procedimientos de colaboración entre centros de enseñanza y empresas.
Cuanto más competitiva sea la industria de la Comunidad en lo que se refiere a los costes y a la tecnología, más dinámica podrá ser la expansión del sector de servicios. La experiencia de Europa desde el comienzo de los años setenta muestra que el crecimiento de los servicios comerciales, sectores clave para la creación de empleo, está parcialmente determinado por la demanda procedente de la industria. Por consiguiente, un sector de servicios en pleno auge constituye, en particular desde el punto de vista del empleo, el complemento indispensable de una industria muy productiva y competitiva a escala internacional. A tal fin, los servicios de información y de comunicación revisten una importancia especial. La Comisión acaba de publicar un Libro Verde sobre el futuro marco económico y reglamentario de las telecomunicaciones en Europa, que estudia las medidas necesarias para crear un verdadero mercado interior para los servicios avanzados de la comunicación.
4.3. Acciones para una mayor cohesión económica y social
Con arreglo al artículo 130 A del Acta única Europea, la Comunidad deberá desarrollar y proseguir su acción encaminada a reforzar su cohesión económica y social para promover un desarrollo comunitario global armónico. La Comunidad se ha fijado en particular como objetivo reducir las diferencias entre las distintas regiones y el retraso de las regiones más desfavorecidas. Mediante sus Fondos Estructurales, sus instrumentos financieros y las actividades del BEI, la Comunidad tiene un importante papel que desempeñar al lado de los esfuerzos realizados por los propios Estados miembros para conducir y coordinar sus políticas dirigidas a alcanzar los objetivos del artículo 130 A (véase Capítulo 3.3).
Ya en el mes de febrero del presente año, la Comisión había propuesto orientaciones políticas para la futura organización de los Fondos Estructurales, estableciendo para dichos Fondos cinco objetivos [COM(87) 100]. Dos de esos objetivos se enmarcan en la política regional, a saber, el crecimiento y la adaptación de las economías regionales sujetas a retrasos estructurales, así como la reconversión de las regiones industriales en declive. Tres de esos objetivos tienen un carácter más bien horizontal: la lucha contra el desempleo de larga duración, la promoción de la inserción profesional de los jóvenes y la adaptación acelerada de las estructuras de producción agrarias. La Comisión ha propuesto además duplicar en términos reales, de aquí a 1992, los recursos presupuestarios disponibles de los Fondos Estructurales para alcanzar esos cinco objetivos, y asignarlos prioritariamente, en combinación con los instrumentos financieros, a las regiones desfavorecidas. Tomando como base dichas orientaciones, presentó una propuesta de Reglamento al Consejo el 30 de julio de 1987 [COM(87) 376].
Además del reforzamiento de los Fondos Estructurales, la Comisión centrará sus esfuerzos en el desarrollo de nuevos instrumentos financieros. Estos esfuerzos están dirigidos a fomentar los flujos espontáneos de capitales, haciendo hincapié en la creación de instrumentos comunitarios que permitan al mercado ofrecer nuevos productos financieros que combinen capitales comunitarios y privados. Los capitales que se reúnan de este modo servirían ante todo para financiar proyectos que tengan un interés especial para la Comunidad.
Las medidas propuestas podrán tener efectos cuantitativos notables. Mediante el reforzamiento de los Fondos Estructurales y el desarrollo paralelo de los instrumentos de préstamo, dichos recursos representarán a finales de los años noventa, en algunos países desfavorecidos como Grecia, Irlanda y Portugal, algo más del 4 % -del PIB (frente al porcentaje actual, ligeramente superior al 2 %). Para obtener el efecto esperado sobre el crecimiento, es fundamental que los márgenes financieros así liberados se utilicen para incrementar la inversión.
Para hacer frente a las importantes tareas que le impone el Acta única Europea, en particular la reforma de los Fondos Estructurales, es necesario que la Comunidad cuente con una ampliación de su margen de maniobra presupuestario. En sus informes titulados "Llevar a buen término el Acta única Europea" [COM(87) 100] y "La financiación del presupuesto comunitario" [COM(87) 101], la Comisión ha presentado orientaciones para la política presupuestaria futura. En lo que se refiere a los gastos, los elementos que figuran a continuación tienen una importancia especial para el desarrollo de las políticas estructurales de la Comunidad. El crecimiento de los gastos del FEOGA-Garantía debería seguir siendo limitado en el marco de la disciplina presupuestaria ; la parte de dichos gastos en el presupuesto debería alcanzar algo más del 50 % en 1992, frente a más del 60 % actual; esta disminución del ritmo de aumento de los gastos de garantía permitirá duplicar en términos reales los compromisos correspondientes a los Fondos Estructurales de aquí a 1992; además, los gastos relativos a investigación durante la realización del programa marco 1987/91 deberían ascender a un 3 % del presupuesto, frente al 2,5 % actual. En lo que se refiere a los ingresos, la definición de un límite máximo para los recursos propios igual a un 1,4 % del PNB de la Comunidad garantizaría una mayor seguridad presupuestaria; la Comisión ha propuesto una financiación complementaria, que tenga más en cuenta la capacidad de contribución de los Estados miembros; paralelamente, una mayor disciplina presupuestaria debería asimismo mejorar la gestión del presupuesto.
La consecución del mercado interior debe permitir una mejor asignación de los recursos y, de este modo, contribuir a un mayor crecimiento, fomentando al mismo tiempo la inversión. Sin embargo, es necesario que los agentes económicos perciban rápidamente la irreversibilidad del proyecto para que se preparen para los cambios y para actuar con conocimiento de causa. Esto requiere que se respete el calendario fijado en el Libro Blanco y que se compensen lo antes posible los retrasos que se hayan producido en su aplicación. Deberían facilitarse las reestructuraciones económicas necesarias mediante una mayor adaptabilidad de los mercados, ante todo del mercado de trabajo, mediante una formación profesional más intensa. Una serie de indicadores revelan que los ajustes estructurales en la Comunidad son demasiado lentos comparados con los de los demás países industrializados ; esto es particularmente cierto en lo que se refiere a la competitividad industrial de la Comunidad en los sectores de tecnología avanzada. Por esta razón es muy importante que la Comunidad realice rápidamente los esfuerzos necesarios para incrementar su competitividad tecnológica, también en el marco de la política europea de investigación y desarrollo, y en parte explotando la fuerza de las pequeñas y medianas empresas. El reforzamiento de los Fondos Estructurales comunitarios, su concentración en un número limitado de objetivos y el desarrollo de los instrumentos financieros permitirían, en opinión de la Comisión, que la Comunidad aportara una contribución más eficaz, combinada con los esfuerzos emprendidos por los propios Estados miembros, a la consecución del objetivo de una mayor cohesión económica y social. En este contexto, la Comisión insiste en que se adopten lo antes posible las propuestas relativas a la financiación del presupuesto comunitario y al reforzamiento de la disciplina presupuestaria.
5. ORIENTACIONES Y PROBLEMAS DE LAS POLÍTICAS MACROECONÓMICAS
La Comunidad, que se enfrenta a un entorno internacional difícil ante el cual sólo puede contar con sus propias fuerzas, dispone sin embargo de importantes bazas: un nivel y un grado de convergencia de las tasas de inflación sin precedentes desde hace casi veinticinco años, una posición exterior del conjunto de la Comunidad que en la actualidad es relativamente cómoda, una situación financiera y de rentabilidad de las empresas que ha experimentado una clara mejora, ajustes estructurales que eran dolorosos, pero necesarios. Dichas bazas constituyen una base sólida, sobre la que es posible aplicar una combinación de políticas monetarias y presupuestarias dirigidas a un reforzamiento no inflacionista del crecimiento.
5.1. Evolución y políticas monetarias
Desde comienzos de los años ochenta, la tasa de crecimiento de la masa monetaria ha disminuido en la Comunidad. Dicha tasa, que, por término medio, era superior al 14 % en los años setenta, se sitúa actualmente en tomo al 10 %. Esta progresiva disminución del ritmo de la expansión monetaria ha sostenido el proceso de desinflación. El ritmo de aumento de los precios del PIB se ha reducido en más de un 13 % en 1980 a aproximadamente un 4 % en 1987 (Comunidad de los Doce). Paralelamente, los costes salariales nominales per cápita han experimentado una significativa disminución de su ritmo de crecimiento (de más del 14 % en 1980 a un 5,5 % en 1987), contribuyendo en gran medida a la estabilización. Como consecuencia de ello, se han atenuado considerablemente los efectos restrictivos de las políticas de estabilidad monetaria. Así, la diferencia entre la expansión monetaria y la tasa de inflación, "la masa monetaria real", que es un indicador del volumen de liquidez disponibles para financiar el crecimiento real, ha aumentado progresivamente hasta situarse en la actualidad en tomo al 5 %, una tasa netamente superior a la de producción.
La convergencia de las políticas monetarias ha seguido mejorando sustancialmente, en particular en el seno del SME, como lo indica asimismo la convergencia de los objetivos de expansión monetaria y de crédito establecidos en distintos Países miembros. En la República Federal de Alemania, el objetivo de expansión monetaria (moneda del banco central) ha pasado de la banda del 4 al 7 % de 1981 a una banda del 3 al 6 % en 1987. En Francia, el objetivo de expansión monetaria (M2) se redujo de un 9 % en 1983 a una banda del 3 al 5 % en 1987. En Italia, se ha establecido en 1987 un objetivo del 7 % para la expansión del crédito al sector privado. Esta tasa ya está bastante por debajo de las conseguidas a comienzos de los años ochenta, que eran superiores al 13 %. Aunque esos objetivos hayan sido en ocasiones demasiado ambiciosos, la expansión monetaria efectiva ha experimentado una notable convergencia.
Actualmente, la progresiva disminución del ritmo de la expansión monetaria es menos acusada. Los últimos datos indican que las tasas de expansión monetaria o del crédito son, en su caso, superiores a los límites máximos establecidos como objetivo para 1987 (véase cuadro 36). La tasa de liquidez aumenta en la mayoría de los países de la Comunidad. Hasta ahora, estas evoluciones no han puesto en peligro el proceso de convergencia a la baja de las tasas de inflación.
La valoración que puede hacerse de la orientación de las políticas monetarias en función de los indicadores de liquidez presenta, indudablemente, determinadas incertidumbres: en efecto, la rapidez de las innovaciones financieras, los ajustes estructurales en los mercados monetarios y de capitales, así como el mayor grado de liberalización de los movimientos de capitales, pueden ir acompañados de importantes cambios en las relaciones existentes entre la expansión monetaria y la evolución de otras variables, en particular el PIB. Sin embargo, parece que la orientación de las políticas monetarias ha respondido hasta ahora a las exigencias de la Estrategia de Cooperación ; aun así, sería conveniente establecer ahora un mayor control para evitar que se acumule en la Comunidad un excedente de liquidez que, antes o después, podría transformarse en una reactivación de la inflación.
Durante los últimos doce meses, las políticas monetarias internas han estado muy influidas en Europa por los acontecimientos que han tenido lugar en los mercados de divisas. Sin duda alguna, la apreciación de las monedas europeas frente al dólar facilitaba el objetivo de reducción de la inflación ; pero, simultáneamente, las autoridades monetarias se han visto obligadas a frenar la apreciación demasiado rápida de sus monedas, para evitar una pérdida excesiva de competitividad y limitar los nefastos efectos estructurales a medio plazo de dicha apreciación. Hasta finales de 1986, la depreciación del dólar estuvo acompañada por una reducción de los tipos de interés nominales en Estados Unidos y en Europa, así como por una reducción del diferencial de tipos de interés entre ambas zonas (gráfico 16).
Desde febrero de 1987, los tipos de cambio se han estabilizado. Tras el Acuerdo del Louvre, ajustes flexibles de los tipos de interés, que, en particular, se tradujeron en 1987 en un nuevo aumento del diferencial de tipos de interés entre Estados Unidos y Alemania, así como sustanciales intervenciones en los mercados de divisas permitieron estabilizar de un modo verosímil las expectativas de cambio a corto plazo, a pesar de la persistencia de los desequilibrios internacionales de balanza de pagos.
En el marco del mecanismo de tipos de cambio del SME, a la hora de aplicar sus políticas monetarias, los países han tenido en general más en cuenta las evoluciones económicas de los países con los que comercian. Además de las intervenciones intramarginales, los tipos de interés a corto plazo se han utilizado más que en el pasado para estabilizar las paridades bilateriales de las monedas incluidas en el mecanismo de los tipos de cambio del SME. Por ejemplo, entre finales de 1986 y el verano de 1987, los tipos de interés a corto plazo alemanes bajaron casi un punto, mientras que, en Francia, la disminución fue sólo moderada. Actualmente, las autoridades monetarias tienden a tener en cuenta en mayor medida las exigencias exteriores para intentar alcanzar sus objetivos, por lo menos mientras no se cuestione el objetivo de estabilización interna.
A pesar de la disminución de los tipos de interés a corto plazo hasta mediados de 1987, y de la disminución de las tasas de inflación, los tipos de interés a largo plazo se mantienen a un nivel relativamente alto y, en algunos países, han aumentado en los últimos meses. En septiembre de 1987, como promedio en los países del SME, eran algo superiores al nivel de octubre de 1986, mientras que los tipos a corto plazo, como promedio en los mismos países, han tendido más bien a disminuir. Por otra parte, la diferencia entre el tipo de interés a largo plazo y la tasa de inflación actual sigue siendo muy elevada. Es probable que el rápido retroceso de la inflación durante los últimos años aún no se haya reflejado por completo en todos los países en las expectativas de inflación. Como consecuencia de ello, la diferencia esperada para un período más largo entre tipo de interés nominal y tasa de inflación, que constituye la diferencia decisiva para las inversiones, es probablemente inferior a la diferencia medida de acuerdo con las observaciones corrientes. No es menos cierto que, a pesar de los importantes aumentos de la rentabilidad del capital fijo, nuevos aumentos de los tipos de interés a largo plazo frenarían la inversión productiva y, además, obstaculizarían considerablemente los esfuerzos de saneamiento presupuestario en los países con un alto nivel de deuda pública (véase recuadro).
Parece deseable reducir los tipos a largo plazo. Pero la evolución reciente de dichos tipos, por una parte, y, por otra, la de los tipos a corto plazo, confirman que las autoridades monetarias están sujetas a limitaciones en sus esfuerzos por influir en los tipos a largo plazo. Nuevas reducciones de los tipos a corto plazo, simultáneas a una expansión excesiva de la liquidez, podrían incluso dar lugar a tipos a largo plazo más altos, si llevaran consigo nuevos aumentos de las expectativas inflacionistas. Junto a los factores internos, los tipos a largo plazo reflejan además las tensiones que se producen en los mercados de capitales internacionales. Por su parte, las autoridades monetarias contribuirán a reducir los tipos a largo plazo si convencen a los agentes económicos, mediante políticas verosímiles, de que el objetivo que persiguen a medio plazo es la estabilidad monetaria, estabilizando así de un modo duradero las expectativas inflacionistas a un nivel bajo. A este respecto, el establecimiento y consecución de objetivos cuantitativos de expansión monetaria y de crédito siguen desempeñando un papel importante en los países considerados. Por otra parte, las tensiones que la liberalización acelerada de los movimientos de capitales podría originar en el SME podrán resolverse con mayor rapidez y facilidad si las autoridades monetarias se comprometen firmemente y de un modo duradero a aplicar una política orientada hacia la estabilidad. En particular, los ajustes más flexibles de los tipos a corto plazo que pudieran resultar necesarios sólo deberían tener, en tales condiciones, unas repercusiones atenuadas sobre los tipos a largo plazo y sobre los tipos de interés preferenciales bancarios.
5.2. La liberalización de los movimientos de capitales y el reforzamiento del SME
La consecución del objetivo de libre circulación de capitales se enmarca en un enfoque más amplio dirigido a la consecución del mercado interior manteniendo la cohesión económica y monetaria de la Comunidad. A lo largo del año pasado, se han realizado sustanciales progresos en la vía de la liberalización de los movimientos de capitales en la Comunidad.
El 17 de noviembre de 1986, el Consejo adoptó una nueva Directiva por la que se amplía la obligación comunitaria de liberalización a tres categorías adicionales de operaciones (12). Dicha Directiva entró en vigor el 1 de marzo de 1987 ; sin embargo, España y Portugal tendrán un plazo de aplicación superior, hasta finales de 1990 y finales de 1992, respectivamente.
Varios Estados miembros - Dinamarca, Francia, Italia y España - han adoptado medidas de liberalización que ya exceden de las obligaciones que les impone, en sentido estricto, la Directiva en vigor o el Acta de adhesión. Alemania, los Países Bajos, el Reino Unido y, sin perjuicio de la aplicación de un doble mercado de cambios, Bélgica y Luxemburgo, aplican un régimen de plena libertad de movimientos de capitales. Aparte de los países recientemente incorporados a la Comunidad, tan sólo dos Estados miembros - Grecia e Irlanda - mantienen restricciones sobre determinados movimientos, de capitales normalmente liberalizados, en aplicación de la cláusula de salvaguardia del apartado 3 del artículo 108 del Tratado.
Tales evoluciones alientan a la Comisión a llevar a cabo la iniciativa que emprendió en mayo de 1986 para la completa liberalización de los movimientos de capitales en la Comunidad en 1992. Próximamente, se presentará al Consejo una nueva propuesta de directiva en este sentido, que tendrá en cuenta la situación específica de algunos Estados miembros y que, en su caso, permitirá hacer frente a graves perturbaciones en los mercados monetarios.
Dicha propuesta de la Comisión irá asimismo acompañada de dos propuestas dirigidas a permitir el recurso a los instrumentos de ayuda a la balanza de pagos para apoyar un programa de liberalización de los capitales.
La supresión de los controles de cambios es una condición necesaria, pero no suficiente, para el establecimiento de un sistema financiero integrado, que implique asimismo la libertad efectiva de circulación de los servicios financieros en un marco de normas suficientemente armonizadas para garantizar la libertad del ahorro, asegurar unas condiciones de competencia equitativas entre los intermediarios financieros y evitar el riesgo de distorsiones excesivas en la orientación de los flujos de capitales. Sin llegar a constituir una condición previa para la liberalización de los movimientos de capitales, la adopción y la aplicación de las propuestas presentadas en el Libro Blanco sobre la consecución del mercado interior deberán permitir, en materia de control cautelar, el establecimiento de ese marco, adaptado al nuevo entorno financiero internacional. A este respecto, también en el plano fiscal es necesario aproximar los regímenes de contribución de las sociedades y establecer una cooperación más estrecha entre las autoridades competentes para luchar contra la evasión fiscal.
La supresión de todo control de cambios entre las monedas europeas y una mayor integración de los mercados monetarios y de capitales constituyen un paso importante hacia la unificación monetaria. Sin embargo, las restricciones adicionales que se derivarán de ello para la aplicación de las políticas monetarias de los Estados miembros no deben reducir la estabilidad de los tipos de cambio, que también es necesaria para la consecución y la viabilidad del mercado interior.
Seguir en la vía de la cooperación y de la convergencia de las políticas económicas y monetarias, y reforzar los mecanismos de gestión y funcionamiento del SME constituyen pues una necesidad. El 12 de enero de 1987, los Ministros e Hacienda de la Comunidad encargaron al Comité Monetano y al Comité de Gobernadores el estudio de los medios concretos de dicho reforzamiento. Los trabajos de ambos Comités, sustentados y enriquecidos con propuestas de la Comisión, han dado lugar a una serie de propuestas de mejora del control de las evoluciones económicas y financieras en la Comunidad. El Comité de Gobernadores ha acordado además modificaciones del funcionamiento del SME. El conjunto de dichas propuestas ha sido avalado unánimemente por los Ministros de Economía y Hacienda reunidos en Consejo informal en Nyborg el 12 de septiembre de 1987.
Con objeto de garantizar de forma más adecuada la coherencia y la compatibilidad de los distintos medios de acción en materia de política económica aplicados por los Estados miembros, y de los resultados obtenidos, se ha reforzado el procedimiento de supervisión a medio plazo. Este ejercicio se basa en un conjunto de indicadores macroeconómicos definidos para las necesidades propias de la gestión del SME, pero que complementan en su utilización a los que se ha decidido utilizar a nivel internacional.
La mayor movilidad de capitales exige reaccionar rápidamente a las tensiones que tienen lugar en el Sistema. La cooperación, que sigue apoyándose en un amplio consenso en lo que se refiere a las orientaciones de la política monetaria, se centra ahora cada vez más en los problemas de gestión a corto plazo de los tipos de cambio, es decir, en particular: la utilización más flexible de los márgenes de fluctuación autorizados, la gestión coordinada de los diferenciales de tipos de interés y la mejora de las prácticas y de condiciones de las intervenciones marginales o intramarginales.
También en este caso se ha aplicado un procedimiento de supervisión reforzado para mejorar la detección precoz de las tensiones que pudieran manifestarse en el Sistema y para decidir los medios que podrían resolverlas.
Este enfoque pragmático va acompañado de ciertos cambios útiles en los mecanismos del SME, como la prolongación del período máximo de financiación a muy corto plazo (de 2,5 a 3,5 meses), la duplicación del límite máximo para su renovación automática, el paso "de facto" del umbral de aceptabilidad del ECU del 50 al 100 % en el marco del FTCT. Por último, se ha acordado una presunción de acceso a la financiación a muy corto plazo, bajo determinadas condiciones, en beneficio de las intervenciones intramarginales.
5.3. Evolución y políticas presupuestarias
Por término medio, en la Comunidad, el déficit de las administraciones públicas sigue disminuyendo, en la línea de una evolución iniciada en 1982. En 1987, debería situarse en un 4,5 % del PIB, frente a un 4,8 % en 1986 y aproximadamente un 5,5 % en 1982. Esta reducción para 1987 es sin embargo menor de la que se había previsto al elaborar el último Informe económico anual (1986/87). Esto se explica en gran medida por las consecuencias que la inesperada disminución del ritmo del crecimiento en 1987 tuvo sobre los ingresos fiscales y parafiscales y sobre determinados gastos. Por otra parte, el cociente de la deuda pública sobre el PIB sigue aumentando por término medio en la Comunidad, aunque a un ritmo algo inferior al de comienzos de los años ochenta (véase cuadro 38). La presión fiscal y parafiscal (impuestos directos e indirectos y cotizaciones sociales) conserva prácticamente, en promedio de la Comunidad, su nivel de comienzos de los años ochenta, tras el aumento tendencial registrado durante los años sesenta y setenta. Sin embargo, esa presión ha disminuido en algunos Estados miembros. Por otra parte, los gastos corrientes deberían seguir aumentando, por término medio, en la Comunidad, a un ritmo moderado, y su parte en el PIB disminuiría de un modo significativo, mientras que la parte de las inversiones públicas se mantendría más o menos constante.
En el marco de la Estrategia comunitaria de Cooperación, las opciones presupuestarias deben contribuir - estableciendo o manteniendo a la vez una evolución de la deuda pública sostenible a medio plazo - a un reforzamiento del potencial de producción. A este respecto, los medios a los que es conveniente dar preferencia a medio plazo son una reducción progresiva de la presión fiscal y un esfuerzo especial en el ámbito de las inversiones públicas económicamente rentables (véase Capítulo 3.2). Dichas medidas mejoran las condiciones de la oferta sosteniendo al mismo tiempo la demanda. A esto hay que añadir, en la situación actual, que la política presupuestaria ha adquirido mayor importancia, tanto por la combinación internacional de políticas económicas necesaria para reducir los desequilibrios de balanza de pagos, como por los límites que debe respetar la política monetaria para contribuir activamente a sostener el crecimiento (véase Capítulo 5.1). Se trata de seguir creando condiciones favorables para un crecimiento más fuerte y perdurable, y no simplemente de provocar a corto plazo una mayor absorción interna, que daría lugar a una rápida reducción del superávit corriente y no tendría efectos persistentes sobre el crecimiento y el empleo.
En muchos países, las orientaciones presupuestarias para 1988 ya tienden hacia la Estrategia de Cooperación. Así, por ejemplo, se han previsto reducciones fiscales en la República Federal de Alemania, Francia, el Reino Unido y España, así como en Bélgica y en los Países Bajos. También se perfila cierta recuperación de la inversión pública en algunos países, como en la República Federal de Alemania, Francia y Dinamarca, bajo el efecto de las restricciones presupuestarias, la parte de dicha inversión en el PIB aún sigue disminuyendo de un modo importante (véase cuadro 40).
Existen principalmente dos restricciones macroeconómicas en la aplicación de las políticas de hacienda pública: la restricción presupuestaria propiamente dicha y la restricción exterior. La importancia de dichas restricciones varía sensiblemente de un país a otro.
Si se tienen en cuenta únicamente los niveles de déficit público y de deuda pública, las posiciones actuales son muy divergentes. Sin embargo, las orientaciones que se perfilan tienden hacia una mayor convergencia. De forma esquemática, se pueden distinguir dos grupos de países: en un primer grupo, el déficit de las administraciones públicas es superior a un 5 %, y en ocasiones se aproxima al 10 % del PIB. La incidencia de la deuda pública sobre el PIB, cuyo nivel ya es muy alto, sigue aumentando a un ritmo rápido, entre un 3 y un 8 % anual. Esta incidencia es particularmente alta en Bélgica, Irlanda e Italia. Se aproxima mucho al 100 % del PIB, y en ocasiones supera claramente ese porcentaje. En Grecia y Portugal, esta incidencia es menos alta (entre el 60 y el 70 %), pero el déficit presupuestario sigue próximo al 10 % del PIB. En esos dos países, la necesidad de recurrir cada vez más a una financiación no monetaria del déficit para concluir el proceso de desinflación puede acelerar aún más la dinámica de la deuda pública, lo que hace tanto más necesario y urgente un saneamiento profundo de las finanzas públicas. En España y en los Países Bajos, pese a ser menos importantes que en los países anteriormente citados, las restricciones presupuestarias, tanto desde el punto de vista del nivel de déficit público como del de la deuda pública, siguen siendo significativas. Los siete países de ese primer grupo realizan, en grado diferentes, notables esfuerzos de saneamiento presupuestario. Dichos esfuerzos se traducirían entre 1985 y 1988 en una mejora de sus saldos presupuestarios, excluidos los intereses, de una amplitud de entre 2 y 4 puntos porcentuales del PIB. Pero actualmente, la debilidad del crecimiento y el nivel relativamente alto de los tipos de interés reales hacen más duros dichos esfuerzos.
En cambio, en el segundo grupo de países, la situación presupuestaria es más desahogada. En Dinamarca, Alemania, Francia, el Reino Unido y Luxemburgo, el cociente de la deuda pública sobre el PIB aumenta a un ritmo claramente menos rápido, o incluso disminuye, a partir de un nivel inicial que ya es inferior al de los demás países. En 1987, el saldo de las administraciones públicas en porcentaje del PIB se sitúa, para dichos países, entre - 2,8 % (Francia) y + 1,9 % (Dinamarca), y en + 2,8 % (Luxemburgo). Algunos de esos países, en particular Francia y Alemania, utilizan ya, o tienen previsto hacerlo en 1988, sus márgenes de maniobra para sostener el crecimiento. Además, sus saldos presupuestarios, al igual que el de Dinamarca, sufren las consecuencias de la disminución del ritmo de crecimiento, que origina minusvalías de ingresos fiscales y gastos "de crisis" adicionales. Esto ya ha dado lugar en 1987 a un aumento del déficit de las administraciones públicas en Alemania. En Dinamarca, a pesar de las medidas fiscales restrictivas dirigidas al restablecimiento del equilibrio exterior, el superávit presupuestario debería disminuir en 1987 y 1988. En Francia, de acuerdo con los objetivos del Gobierno, el déficit de las administraciones públicas se reduciría entre 1986 y 1988 (de un 3 % del PIB a un 2,3 %). En la medida en que esos países no puede esperar una expansión más dinámica de los países con los que mantienen relaciones comerciales, sólo disponen, considerados por separado, de márgenes de maniobra adicionales muy limitados, cuando no nulos. En el Reino Unido, el crecimiento del PIB nominal sigue siendo relativamente sostenido. El crecimiento real se acerca al 3 %, mientras que el aumento de los precios del PIB se acelera ligeramente. La depreciación de la libra esterlina hasta el primer semestre de 1987 ha estimulado las exportaciones ; la evolución salarial aporta un importante sostén al consumo privado, pero apenas ha contribuido a la mejora de la rentabilidad. En tales condiciones, el gobierno se ha visto obligado a seguir en la vía de la reducción del déficit presupuestario, y ha conseguido que ésta sea incluso más rápida que la prevista en la estrategia financiera a medio plazo.
Las divergencias de las evoluciones presupuestarias entre los dos grupos de países plantean riesgos importantes. Dificultan la tarea de las autoridades para liberar más rápidamente a la Comunidad de la trampa del crecimiento lento en la que parece estar atrapada a medio plazo: en primer lugar, en los países en que el aumento de la deuda pública es excesiva, pueden ser necesarios esfuerzos de saneamiento presupuestario aún más restrictivos para compensar las consecuencias que un crecimiento poco sostenido por las cuentas exteriores pueda tener sobre los ingresos fiscales. Esto perjudica al crecimiento de dichos países y tiene repercusiones negativas sobre el de sus compañeros, cuyos márgenes de maniobra resultan a su vez afectados. Como consecuencia de ello, el proceso de convergencia y de saneamiento presupuestario se ve considerablemente frenado, lo que hace más dura la tarea de las autoridades monetarias y frena la convergencia a la baja de los tipos de interés reales. Por otra parte, algunos de los países cuyo crecimiento es actualmente superior al promedio comunitario, en particular España, Italia y Portugal, pueden verse obligados (o lo están ya) a dar una orientación más restrictiva a sus políticas para preservar sus cuentas exteriores. Esto reduciría el comercio intracomunitario, que es actualmente un factor importante de la coyuntura. En tal caso, dichos países no estarían en condiciones de obtener todos los beneficios de los esfuerzos e ajuste interno que ya han realizado y que deben proseguir, y dejarían de contribuir, como lo hacen ahora, a sostener el crecimiento en la Comunidad.
Estas evoluciones desfavorables pueden acentuarse en caso de un nuevo debilitamiento del comercio mundial o de una nueva depreciación del dólar, lo cual provocaría una nueva disminución del ritmo del crecimiento en la Comunidad. En tal caso, como ya se ha previsto en las conclusiones del Consejo de Economía y Hacienda de julio de 1987, habrá que estar preparados para utilizar de un modo positivo las interdependencias existentes entre las economías comunitarias en el marco de un esfuerzo común (véase Capítulo 3.3). Este esfuerzo debería contribuir a la consecución de los objetivos internos de la Comunidad y al restablecimiento de los equilibrios internacionales de las balanzas de pagos a un nivel satisfactorio de crecimiento mundial.
Para tener efectos positivos duraderos, dicho esfuerzo debería respetar en todos los Estados miembros los grandes equilibrios macroeconómicos, y más particularmente la consecución o el mantenimiento de posiciones de déficit presupuestario y exterior sostenibles a medio plazo. Las acciones que podrían preverse y el calendario de las mismas deberían tener asimismo en cuenta la situación económica de cada país.
Sólo los cinco países cuya situación presupuestaria es más desahogada, y que representan cerca de un 70 % del PIB de la Comunidad, podrían actualmente - sólo desde el punto de vista de sus situaciones presupuestarias - contribuir de forma activa a sostener el crecimiento.
Si dicho sostén es el factor clave de una solución cooperativa, sus efectos sobre los saldos público o exterior resultarían atenuados. Una acción aislada podría, para uno u otro de dichos países, traducirse rápidamente en desequilibrios exteriores o presupuestarios insostenibles, sin efectos duraderos sobre el crecimiento. Además, es conveniente tener en cuenta el riesgo inflacionista inherente a dicha acción, e incluirlo en particular en una combinación de políticas económicas centrada en la estabilidad de un modo firme y duradero.
Si se tienen en cuenta las situaciones económicas específicas, las contribuciones de cada uno de estos países a la solución cooperativa prevista en caso de un nuevo debilitamiento del crecimiento serían bastante diferentes. Por ejemplo, en Dinamarca y Francia, el estado de las cuentas exteriores requiere, en grados diferentes, que dichos países sigan manteniendo una diferencia de crecimiento negativa con respecto de los principales países con los que comercian, reforzando al mismo tiempo sus potenciales de producción. En Dinamarca, la persistencia de un déficit exterior corriente excesivo sigue ejerciendo un peso importante en la aplicación de la política económica. En Francia, las reducciones fiscales previstas para 1988 deberían ya contribuir a reforzar el crecimiento interno dentro de límites aún compatibles con las restricciones exteriores. Sin embargo, dichos países seguirían estando preparados para adoptar medidas presupuestarias adicionales dirigidas a reforzar su crecimiento interno, tan pronto como sus esfuerzos para mejorar la competitividad de sus propias economías y las políticas aplicadas en los países con los que mantienen relaciones comerciales produzcan efectos positivos sobre sus cuentas exteriores. En Alemania, las reducciones fiscales previstas para 1988 contribuirán, como sería deseable, al paso necesario hacia un crecimiento impulsado por las fuerzas internas. Darán lugar a cierto deterioro del déficit presupuestario, ya afectado por la disminución del ritmo del crecimiento. En el presente inmediato, parece difícil que ese país consiga un impulso presupuestario adicional si actúa solo. Pero, teniendo en cuenta el reforzamiento del potencial de producción que ya se ha logrado, dicho país podría aprovechar todas las ventajas de una acción conjunta con sus compañeros de la Comunidad, lo que ampliaría progresivamente su margen de maniobra y podría permitir acelerar el programa de reducciones fiscales previstas para después de 1988. En el Reino Unido, el riesgo inflacionista es actualmente mayor. Un incremento más moderado de los salarios nominales permitiría atenuarlo, y contribuiría además a mejorar la competitividad de la economía británica, así como a crear condiciones más favorables para la inversión y el empleo. El objetivo de la estabilización del tipo de cambio de la libra esterlina anunciado por las autoridades tras el Acuerdo del Louvre podría contribuir asimismo a contener la inflación. La contribución de este país a un mayor dinamismo en la Comunidad será sin embargo útil, si puede mantener de un modo duradero y en un marco de estabilidad monetaria su tasa de crecimiento real, que, hoy por hoy, es relativamente sostenido.
Los demás países, cuya situación presupuestaria sigue siendo delicada, deberían utilizar los beneficios derivados de un aumento de crecimiento en los países con los que comercian para lograr sus objetivos de saneamiento presupuestario a un ritmo de crecimiento mayor. En este segundo grupo de países, las situaciones también difieren considerablemete. En Bélgica y en los Países Bajos, el crecimiento sigue siendo débil. Ambos países tienen un superávit exterior. Sus economías tienen relaciones particularmente intensas con sus compañeros de la Comunidad. Por consiguiente, un contexto comunitario más dinámico les reportaría considerables beneficios. Ambos países podrían utilizar los márgenes resultantes de un crecimiento más fuerte en los países comunitarios con los que comercian para reforzar los componentes internos de la demanda, manteniendo sus objetivos de reducción progresiva del déficit presupuestario, o para acelerar el proceso de saneamiento presupuestario. En España, Italia y Portugal, el crecimiento debería seguir siendo superior al promedio de la Comunidad, aunque en ligero retroceso con respecto a 1987 ; estos tres países aportan una importante contribución a la expansión relativamente sostenida del comercio intracomunitario. Un mayor crecimiento de los compañeros comunitarios de esos tres países les ayudaría a mantener, o incluso acelerar, su ritmo de crecimiento actual, preservando al mismo tiempo una posición exterior sostenible, y reduciendo como se había previsto, o quizá algo más rápidamente, sus déficit presupuestarios. Por último, en Grecia e Irlanda, el proceso de saneamiento se inscribe en el contexto de un crecimiento muy lento. Además, Grecia aún debe hacer frente a un déficit exterior excesivo. En estos dos países, el saneamiento de la hacienda pública debería seguir siendo la tarea prioritaria.
Aunque esta solución cooperativa pueda parecer difícil de aplicar, resulta necesario tomarla en consideración desde ahora, habida cuenta, en particular, de las incertidumbres que afectan a la economía mundial. En caso de una nueva disminución del ritmo del crecimiento, es indudable que un esfuerzo, distinto según los países y bien gestionado en el tiempo, podría dar lugar a un déficit presupuestario, por término medio, en la Comunidad, algo superior a las previsiones actuales (4,5 % del PIB en 1988). Ahora bien, si se realiza en una situación en la que la adaptabilidad de los mercados y la rentabilidad del capital productivo han mejorado sensiblemente, se podrá esperar un resultado positivo en términos de crecimiento, de aceleración de la inversión, y, por consiguiente, de los ingresos fiscales, más elevado que a finales de los años setenta o a comienzos de los años ochenta. Además, el rendimiento de tal impulso presupuestario sería mayor, puesto que un número importante de países podría participar en él, y que, como consecuencia de ello, el impulso presupuestario inicial para cada uno de los países se cubriría más rápidamente con ingresos fiscales suplementarios. El refuerzo duradero del crecimiento en la Comunidad que podría obtenerse de todo ello contribuiría al objetivo interno principal, que sigue siendo la reducción del desempleo, y facilitaría al mismo tiempo la solución necesaria al problema de los desequilibrios internacionales de las balanzas de pagos.
Los capítulos por países, que son el objeto de la segunda parte de este informe, y constituyen el fundamento de las recomendaciones de política económica, permiten evaluar las restricciones que pesan sobre cada país, considerado por separado. Tanto en lo relativo al saldo exterior como para llevar a cabo los programas de saneamiento presupuestario, de reducciones fiscales o de inversiones públicas, esas restricciones han adquirido mayor peso como consecuencia del debilitamiento del crecimiento. Dichos análisis confirman la necesidad de tener plenamente en cuenta la dimensión comunitaria de las opciones nacionales de política económica
La disminución del ritmo de aumento de la masa monetaria prosigue, aunque de forma menos pronunciada que en el pasado. La disminución del ritmo de aumento, aún mayor, de los precios y de los costes permite liberar un margen de crecimiento real satisfactorio. Sin embargo, es necesario ahora cierto control para evitar que se acumule en la economía un excedente de liquidez. Tras el Acuerdo del Louvre, el tipo de cambio del dólar ha mantenido una evolución más estable. En el SME, una gestión más flexible de los tipos en los mercados monetarios ha contribuido más que en el pasado a estabilizar las paridades bilaterales. La aplicación de políticas monetarias orientadas de un modo verosímil y duradero hacia la estabilidad contribuye a nuevas reducciones de los tipos de interés a largo plazo, que siguen siendo elevados, a pesar de la disminución de los tipos a corto plazo y de la inflación. Dentro del SME, dichas políticas permitirían superar más fácilmente las tensiones que podrían derivarse de la liberalización, ya acelerada, de los movimientos de capitales. Los progresos logrados en septiembre de 1987 con motivo del Consejo de Economía y Hacienda de Nyborg también deberían contribuir a ello. Teniendo en cuenta que la política monetaria ya no puede sostener activamente el crecimiento sin riesgo, la política presupuestaría adquiere mayor importancia, también para mejorar la combinación internacional de políticas económicas. Por término medio, en la Comunidad, el déficit presupuestario sigue retrocediendo ligeramente. Las orientaciones presupuestarias para 1988 van en el sentido establecido por la Estrategia de Cooperación y contribuyen a la mejora de las condiciones de la oferta, aportando un cierto sostén a la demanda. Si se insertan en una política económica de conjunto orientada hacia la estabilidad de un modo duradero, unas reducciones fiscales más rápidas y unas inversiones públicas adicionales compatibles con una posición de deuda pública sostenible a medio plazo contribuirían a reforzar aún más los determinantes del crecimiento. Sin embargo, la aplicación de políticas presupuestarias que permitan sostener mejor el crecimiento se enfrenta con frecuencia, a nivel nacional, con restricciones ligadas al mantenimiento del equilibrio exterior o presupuestario. Dichas restricciones podrían mitigarse en el marco de un esfuerzo común y bien gestionado en el tiempo, que tuviera en cuenta las interdependencias existentes entre los Estados miembros. En el caso de un nuevo debilitamiento del crecimiento, los cinco países de la Comunidad cuya situación presupuestaria es más desahogada podrían participar en dicho esfuerzo en grados diversos, mientras que los demás países utilizarían las ventajas de un aumento de crecimiento de sus compañeros para conseguir su objetivo de saneamiento presupuestario, en su caso, a un ritmo de crecimiento más rápido. Dicho esfuerzo permitiría acelerarla convergencia de las posiciones presupuestarias y atenuaría el riesgo de que determinados países se vieran obligados a frenar aún más su propio crecimiento debido a la acentuación de las restricciones presupuestarias y/o exteriores, situación que también tendría repercusiones negativas en los países con los que mantienen relaciones comerciales.
Crecimiento y empleo
En los años 1986/1983, la tasa de crecimiento anual del producto interior bruto real en la Comunidad fue inferior en la mitad a la tasa de los años 1973/1960, pero el empleo se incrementó dos veces más deprisa. De acuerdo con las previsiones a medio plazo para 1991/1986, debería mantenerse esta relación entre el crecimiento y el empleo, favorable desde el punto de vista de la política de mercado de trabajo (véase cuadro 1).
CUADRO 1
Crecimiento y empleo en la Comunidad
(TABLA OMITIDA)
El umbral de crecimiento a partir del cual puede esperarse un incremento del empleo ha disminuido, por tanto, considerablemente en comparación con los años sesenta. Los servicios de la Comisión han estimado que dicho umbral se situaba en un 4,2 % del PIB real en los años sesenta, en un 2,1 % durante el período 1979/1973, y en un 1,7% durante el período 1987/1979.
GRÁFICO
Umbrales a partir de los cuales el empleo empieza a aumentar
(IMAGEN OMITIDA)
El hecho de que el crecimiento haya generado más empleo durante los últimos años no es un fenómeno nuevo, sino que constituye la prolongación de una tendencia que comenzó con la primera crisis del petróleo de 1973. No obstante, parece que esta tendencia se ha reforzado ligeramente durante los años ochenta y que los factores que la determinan son diferentes.
Entra los factores que aumentan la capacidad del crecimiento para crear empleo pueden citarse los siguientes:
(a) La reducción de la duración media del trabajo por persona ocupada, que permite distribuir el volumen de trabajo entre un mayor número de personas. Esta reducción puede deberse a la disminución de la semana de trabajo, al aumento de las vacaciones anuales de los asalariados y a la multiplicación de los puestos de trabajo a tiempo parcial.
(b) El cambio estructural representado por la creciente importancia del sector de servicios. De acuerdo con la teoría de los tres sectores, en una economía próspera aumenta la parte de la renta nacional destinada a los servicios. Teniendo en cuenta que, por lo general, la cantidad de mano de obra empleada en el sector de servicios es mayor que en el de producción de bienes, dicha evolución incrementa la capacidad del crecimiento para crear empleo.
(c) La disminución del ritmo del proceso de sustitución de capital por trabajo, lo que significa que el incremento del producto nacional se obtiene con relativamente más trabajo y relativamente menos capital. La tendencia a una mayor intensidad de capital se atenúa. El ritmo más lento en la sustitución del capital frena la progresión de la productividad media del trabajo. El crecimiento crea más empleo. Estos tres factores no son independientes, sino que se solapan entre sí. Por consiguiente, no es posible medir con exactitud el efecto de cada uno de ellos. Por lo demás, no son suficientes para explicar la mayor capacidad del crecimiento para crear empleo.
En los cuatro grandes países industrializados de la Comunidad (EUR 4), la duración del trabajo por persona ocupada se ha reducido a largo plazo en cerca de un 1 % anual (véase cuadro 2). En los años sesenta y setenta, la reducción de la duración del trabajo estuvo acompañada de un débil incremento del empleo (0,1 % o 0,2 % anual) ; en el período 1985/1980, tan sólo ha podido frenar el retroceso del empleo. Mientras que en los años sesenta y setenta la reducción de la semana de trabajo y el aumento de las vacaciones anuales eran el centro de las preocupaciones, en estos últimos años la extensión del trabajo a tiempo parcial en la Comunidad ha contribuido en gran medida a incrementar la capacidad del crecimiento para crear empleo. El cuadro 3 muestra la gran importancia que la multiplicación de los puestos de trabajo a tiempo parcial ha tenido sobre la expansión del empleo en los últimos años. Durante el período 1985/1983, el aumento del número de puestos de trabajo se ha debido exclusivamente a la extensión de trabajo a tiempo parcial; el número de asalariados a tiempo completo incluso ha disminuido ligeramente. Las cifras demuestran que el efecto de una reducción de la duración del trabajo (por persona) no depende únicamente de la amplitud de la reducción media, sino que varía según que dicha reducción se opere por la vía de una extensión del trabajo a tiempo parcial o de una disminución de la duración del trabajo de los asalariados a tiempo completo.
Aunque los puestos de trabajo a tiempo parcial han experimentado un aumento apreciable, sobre todo en el sector de servicios (cuya parte en el empleo total pasó de un 16,1 % en 1983 a un 17,3 % en 1935), han aumentado también ligeramente en la industria (de un 5,1 % en 1983 a un 5,7 % en 1985). Esta forma de trabajo se extiende asimismo entre los hombres (3,4 % de la mano de obra masculina en 1985, frente a un 2,8 % en 1983), aunque los trabajos a tiempo parcial siguen correspondiendo principalmente a mujeres (28,7 % de la mano de obra femenina en 1985, frente a un 24,4 % en 1983).
En este aspecto, es preciso señalar que la extensión del trabajo a tiempo parcial explica en gran parte la mayor capacidad del crecimiento para crear empleo. En la medida en que dicha forma de trabajo responda a los deseos de los interesados y no constituya una forma de subempleo involuntario, no cabe añadir nada el respecto, sobre todo si está regulada por los convenios colectivos y no implica ningún perjuicio fundamental en lo que se refiere a la cobertura social o a la carrera. Con todo, no hay que olvidar que con frecuencia los trabajadores a tiempo parcial se contratan en la "reserva de trabajo" (por ejemplo, amas de casa), con lo que el número de desempleados registrados no disminuye en la misma proporción.
El proceso estructural de extensión del sector de servicios prosigue su curso. Desde 1960, la contribución de este sector al empleo total y al producto interior bruto es cada vez más importante (véase cuadro 4). En los últimos años, esta contribución incluso ha aumentado. Hasta 1973, el aumento del valor añadido bruto del sector de servicios era proporcional al crecimiento global ; desde entonces, sobrepasa al crecimiento de la economía. En los últimos años, la gran capacidad de creación de empleo que corresponde al crecimiento del sector de servicios se ha reforzado aún más (Véase cuadro 4). En 1984 y 1985, el valor añadido real de los servicios aumentó en promedio anual en cerca de un 3 %, y estuvo acompañado de una expansión del empleo de aproximadamente un 2 %. Durante el período 1979/1973, los porcentajes correspondientes eran, respectivamente, de un 3,2% y un 1,7%. Esta mayor capacidad de creación de empleo puede, sin duda alguna, atribuirse en gran medida a la multiplicación del trabajo a tiempo parcial.
La tendencia a largo plazo a la intensificación de capital y a los correspondientes ahorros de mano de obra ha reducido su ritmo en la Comunidad desde la primera crisis del petróleo de 1973. Para apreciarlo, puede considerarse el grado en que la sustitución del trabajo por capital ha contribuido al incremento de la productividad por hora del trabajo (véase cuadro 5). Mientras que en el período 1973/1960 la productividad del sector privado (es decir, el conjunto de la economía, menos la agricultura, la vivienda y el sector público) era de un 1,8 % en promedio anual, en el período 1986/1979 fue de un 1,3 % (EUR 4). El retroceso fue especialmente notable en Alemania e Italia. Sin duda alguna, esta evolución se vio favorecida por los moderados aumentos de los salarios reales en los Estados miembros y por la abundante oferta de trabajo en el mercado. Las necesidades de racionalización se atenuaron. Aumentó el número de puestos de trabajo rentables. Con ello se estimuló la expansión del empleo en los sectores con gran intensidad de mano de obra (como el sector de servicios). La tendencia a la disminución del ritmo del proceso de sustitución podría acentuarse con las experiencias actuales de desacoplamiento del tiempo de trabajo y del tiempo de producción. En el futuro, será conveniente preservar y desarrollar todos los factores que incrementan la capacidad del crecimiento para crear empleo. Al mismo tiempo, la disminución del ritmo de aumento de la productividad por hora de trabajo y de la productividad del capital (véase cuadro 5) muestra que el proceso económico ha perdido parte de su eficacia. Actualmente, el crecimiento económico exige relativamente más capital y más trabajo que antes. Por consiguiente, un crecimiento que genere mucho empleo requiere además una expansión de la inversión más que proporcional.
Las medidas adoptadas por los poderes públicos en favor del empleo han contribuido asimismo en los últimos años a aumentar la capacidad generadora de empleo correspondiente al crecimiento. En 1985 y 1986, dichas medidas permitieron dar trabajo a más de un millón de asalariados en la Comunidad. Sin embargo, su efecto sobre el empleo quedó neutralizado en parte por el ritmo de expansión del empleo en los servicios públicos, mucho menos rápido (1 % de promedio anual para el período 1985/1979, frente a un 2,3 % para el período 1979/1973). Por lo demás, en la mayoría de los Estados miembros se observa una tendencia a la estabilización del número de personas ocupadas en los programas del tipo citado, por razones presupuestarias. Lo único que cabe esperar, por tanto, de tales medidas específicas en favor del mercado de trabajo es un efecto estabilizador sobre el empleo, y no un reforzamiento de la capacidad del crecimiento para crear empleo.
Resumen: El umbral a partir del cual el crecimiento del producto interior bruto real va acompañado de una expansión del empleo pasó de más de un 4 % anual antes de 1973 a menos de un 2 % en los años ochenta. Esta mayor capacidad generadora de empleo correspondiente al crecimiento se explica por la reducción la duración media del trabajo por persona ocupada, fenómeno en el que el trabajo a tiempo parcial desempeña un papel cada vez más importante, y por la disminución del ritmo del proceso de sustitución del trabajo por capital, que frena la progresión de la productividad por hora de trabajo. A esto hay que añadir una expansión más que proporcional del sector de servicios, caracterizado por una fuerte intensidad de mano de obra. Todos estos efectos no se acumulan sin más unos a otros, ya que son interdependientes. Con todo, a ellos puede atribuirse en gran parte la mayor capacidad del crecimiento para crear empleo.
CUADRO 2
Volumen de trabajo, duración media del trabajo por persona ocupada
(TABLA OMITIDA)
CUADRO 3
Porcentaje de variación del número de personas ocupadas entre 1983 y 1985
(TABLA OMITIDA)
CUADRO 4
El empleo y el crecimiento en el conjunto de la economía y en el sector de servicios de la Comunidad (EUR 12)
(TABLA OMITIDA)
CUADRO 5
Contribución de la sustitución entre factores de producción a la productividad tendencial en el sector privado (1) ; tasa de crecimiento anual
Definiciones
- Productividad del trabajo = Valor añadido bruto real por hora de trabajo.
- Productividad del capital = Valor añadido bruto real por unidad de capital instalado a precios constantes.
- Productividad global de los factores = media moderada de las productividades del trabajo y del capital. Las ponderaciones corresponden a la distribución de la remuneración de los factores en el valor añadido bruto.
- Contribución de la sustitución del trabajo por capital al incremento de la productividad por hora = diferencia entre la tasa de crecimiento de la productividad de los factores (a este respecto, véase: Economía europea, nº 20, julio 1984).
Fuente: Estimaciones de los servicios de la Comisión.
Recuadro: Tipos de interés a largo plazo
Hay dos razones principales por las que unos tipos de interés a largo plazo menos elevados facilitarían la aplicación de la Estrategia de Cooperación. En primer lugar, contribuirían a un reforzamiento de las inversiones. Además - lo que tal vez sea más importante - aliviarían sensiblemente los presupuestos públicos, ya muy gravados por la carga de la deuda pública. Aumentarían los márgenes de maniobra para una aceleración del saneamiento o para un reforzamiento del crecimiento.
La decisión de invertir depende en gran medida de la diferencia entre el rendimiento previsto de la inversión, por una parte, y el coste de financiación o el rendimiento de una inversión financiera, por otra. Para que se produzca una dinamización de las inversiones ha de aumentar esa diferencia. En los últimos años, el rendimiento ya ha aumentado en gran medida. Con todo, a título indicativo, el rendimiento medio del capital productivo en la Comunidad no ha alcanzado todavía su nivel medio de los años sesenta (véase gráfico 12). Son necesarias - y posibles - nuevas mejoras. A este respecto, una baja de los tipos de interés a largo plazo tendría asimismo una influencia positiva en las inversiones. De acuerdo con los análisis econométricos de los servicios de la Comisión, una baja duradera de los tipos de interés a largo plazo en una magnitud de hasta 0,8 puntos, basada en la estabilización en un nivel bajo de las previsiones inflacionistas, permitiría incrementar en algo más de un 2 %, en cuatro años, el volumen anual de la inversión privada ; la aceleración suplementaria del crecimiento anual de la inversión privada ascendería a un 0,4 - 0,5 %.
El otro elemento importante en cuanto a la evaluación de los tipos de interés a largo plazo es su impacto sobre el déficit público y, por consiguiente, sobre la gestión de la política presupuestaria. Una disminución de los tipos de interés produce ante todo un efecto inmediato sobre el coste del nuevo endeudamiento. Por otra parte, a medida que se renueva la deuda antigua, la disminución citada, cuando es duradera, alivia los presupuestos públicos. Si el efecto inmediato mencionado puede con frecuencia pasarse por alto respecto de los países en los que el déficit presupuestario es muy elevado, el efecto a largo plazo sería beneficioso en todos los países. De acuerdo con las estimaciones de los servicios de la Comisión, el efecto de la disminución de los tipos de interés a largo plazo, estimada en 8 puntos, sobre el déficit presupuestario podría situarse, para el promedio de la Comunidad, entre un 0,5 y un 0,6 % del PIB, una vez que la totalidad de la deuda hubiera vencido y se hubiera renovado a un tipo más bajo. De acuerdo con una evaluación prodente, la reducción realizable en cuatro años sería de 0,4 puntos de porcentaje del PIB. Esta reducción de la carga de interés permitiría devolver progresivamente su flexibilidad a la política presupuestaria.
Esta reducción beneficiaría especialmente a los países con un nivel más alto de endeudamiento público. Contribuiría, en una medida superior a la media, a reducir la dinámica de la deuda pública, que actualmente dichos países sólo pueden frenar liberando excendentes presupuestarios sin que vayan aumentando. Contribuiría así, como es deseable, a una mayor convergencia de las deudas públicas, con la consiguiente repercusión positiva sobre la convergencia a la baja de los tipos de interés.
El juicio sobre el nivel de los tipos de interés nominales depende en gran medida de la diferencia de éstos con respecto a las tasas de inflación, es decir, del "tipo de interés real". A este respecto, son decisivas las previsiones inflacionistas. Al no , ser éstas directamente observables, con frecuencia se utiliza como primera aproximación el "tipo de interés real" registrado por la diferencia entre el tipo nominal y la tasa de inflación corriente. Sin embargo, esta medida plantea problemas especiales cuando la tasa de inflación varía mucho y rápidamente. En tal caso, es probable que la tasa de inflación corriente y la tasa de inflación prevista varíen considerablemente y sorprendan a los agentes económicos. La elección del indicador de inflación es asimismo delicada. Por lo general, los distintos indicadores de la inflación (precios del PIB, precios del consumo privado, costes salariales unitarios nominales) evolucionan paralelamente. Además, cuando se producen modificaciones importantes de precios relativos, como ocurrió en 1986 tras la mejora de la relación de intercambio ligada a la depreciación del dólar y a la caída de los precios del petróleo, pueden aparecer diferencias importantes en la evolución de los distintos indicadores. Es conveniente tener en cuenta estos distintos elementos al evaluar el nivel de los tipos de interés reales y los márgenes existentes para futuras disminuciones.
En una perspectiva histórica, la diferencia actual entre el tipo de interés nominal a largo plazo y la tasa de inflación es elevada, alrededor de un 5 % (véase gráfico). Por supuesto, es claramente superior a su nivel de los años setenta, en que se aproximaba a cero, o incluso era negativa. Pero entonces, más que reflejar la escasez relativa del capital, era la expresión de la inestabilidad monetaria y de unas tasas de inflación elevadas y sometidas a variaciones rápidas. Los tipos de interés han perdido, por tanto, en muchos países el papel que deben desempeñar de canalización de los escasos recursos de ahorro hacia las asignaciones más rentables. Es probable que esto haya dado lugar a un derocche de capitales y haya determinado que el proceso de producción sea aún más intensivo en lo que se refiere al capital. Por lo demás, la diferencia entre tipos de interés y tasas de inflación es actualmente algo mayor que en los años sesenta, los cuales, desde el punto de vista de la estabilidad monetaria, pueden compararse más bien con el período actual. El alto nivel de los tipos de interés reales es también la señal de una falta relativa de ahorro con relación a las necesidades de financiación de los distintos agentes económicos.
Desde comienzos de los años ochenta, las políticas monetarias de estabilidad permiten que los tipos de interés aseguren más eficazmente el equilibrio en los mercado de capitales. Varios factores explican su nivel relativamente alto ; precisamente una evolución favorable de dichos factores es lo que permite esperar que los tipos de interés reales a largo plazo bajen de un modo duradero y sin que se ponga en peligro el logro de estabilidad.
A nivel mundial, el déficit presupuestario y exterior de Estados Unidos, así como la situación de endeudamiento de los países en desarrollo, pesan gravemente sobre los mercados de capitales internacionales. En la medida en que estos desequilibrios se reabsorban, podrán conseguirse márgenes de disminución para los tipos de interés en dichos mercados y, por consiguiente, en los mercados de capitales europeos.
A nivel comunitario, la vuelta a la estabilidad es un fenómeno relativamente reciente y el proceso de desinflación aún no se ha logrado en todos los países. Si las políticas monetarias siguen orientadas hacia la estabilidad de un modo creíble y duradero, y las tasas de inflación siguen bajas, las previsiones inflacionistas deberían bajar aún más, lo que repercutiría favorablemente en los tipos de interés. Por otra parte, una mejora progresiva del equilibrio entre ahorro interno e inversión debería contribuir a una baja relativa de los tipos de interés reales. Tal mejora es posible si, en el marco de la Estrategia de Cooperación, el incremento más rápido de las inversiones puede basarse en un rendimiento creciente que vaya a la par de un aumento progresivo de los márgenes de autofinanciación y, por consiguiente, de un refuerzo simultáneo del ahorro interno. Por otra parte, la continuación de políticas que permitan, cuando sea necesario, un saneamiento progresivo de la hacienda pública, y que mejoren la convergencia de las posiciones de la deuda pública, debería contribuir asimismo a reducir la tensión en los mercados de capitales y a facilitar la tarea de la política monetaria en la estabilización interna y externa. La disminución de los tipos de interés que, de este modo, sería posible en la Comunidad contribuiría a establecer en un nivel más bajo el diferencial entre tipos europeos y americanos que es necesario para la estabilización del dólar.
TIPOS DE INTERÉS A LARGO PLAZO
(promedio anual)
Diferencia entre tipos nominales y variaciones del precio del PIB
(IMAGEN OMITIDA)
1. Se han elegido los precios del PIB como representantes de la inflación interna subyacente. Su evolución es, a largo plazo, sensiblemente igual a la de los precios del consumo privado (media de los años 1970 a 1985: precios del PIB: + 10,1 % anual: precios del consumo privado: + 10,0 % anual para el promedio de (EUR 12). No obstante, algunos años existen diferencias importantes cuando la relación de intercambio se modifica sustancialmente (por ejemplo, 1974: precios del PIB: 13,0 ; precios del consumo privado: 14,6; 1986: precios del PIB: 5,6; precios del consumo privado: 3,7 para el promedio de (EUR 12).
2. El tipo de interés nominal corresponde a la media ponderada de tipos de interés nominales a largo plazo representativos en los mercados de capitales de los países de la Comunidad (Ponderación: PIB precios y PPA 1985).
PARTE II
LA POLÍTICA ECONÓMICA DE LOS ESTADOS MIEMBROS
BÉLGICA
En Bélgica, el importante esfuerzo de ajuste presupuestario realizado durante 1987 ha ejercido una clara influencia sobre la evolución de la demanda interior, cuyo crecimiento ha disminuido de ritmo hasta alcanzar una tasa de sólo un 1,6 % en términos reales ; al ser negativa la contribución del saldo exterior en volumen, la tasa de crecimiento del PIB ha descendido hasta el 1,3 %. Sin embargo, en este contexto poco dinámico, la inversión en capital fijo de las empresas, se ha mantenido muy sostenida, aumentando por segundo año consecutivo en cerca del 8 % en volumen, mientras que la inversión pública disminuyó en un 10 %. El consumo de las economías domésticas sólo ha aumentado en un 1,5 % en volumen, bajo el efecto del menor ritmo de crecimiento de la renta real disponible. El volumen de las importaciones ha aumentado con mayor rapidez que el de las exportaciones, pero los términos reales de intercambio ha continuado mejorando, y la balanza por cuenta corriente se ha saldado con un superávit importante (2,3 % del PIB). Se ha conseguido limitar al 1,8 %, en promedio anual, el alza de los precios al consumo. El desempleo ha disminuido ligeramente, a pesar del efecto contractivo causado en el empleo por las medidas de ajuste presupuestario.
La progresión de la renta disponible en términos reales de las economías domésticas podría acelerarse ligeramente en 1988, permitiendo, bajo la hipótesis de una nueva reducción de la tasa de ahorro, una expansión del consumo privado al mismo ritmo que el año precedente. Estimulada por la amplicación de los márgenes de beneficio y habida cuenta de la evolución siempre moderada de los salarios reales, la inversión privada continuará creciendo. Por otra parte, la contribución del saldo exterior al crecimiento será positiva, mejorando de nuevo la competitividad en términos de costes. En estas condiciones, el superávit de la balanza por cuenta corriente se mantendrá en tomo al 2,5 % del PIB. El índice de expansión del PIB en términos reales podría aproximarse al 2 %, disminuyendo ligeramente la tasa de desempleo. Aunque permanecerá a un nivel moderado, la inflación podría acelerarse en cierta medida, reflejando, entre otras cosas, el cambio de sentido de la tendencia de los precios de importación.
El saneamiento de las finanzas públicas sigue siendo un objetivo absolutamente prioritario. La importancia de la deuda bruta, cuyo nivel habrá alcanzado el 125 % del PIB en 1987 (el 20 % sólo en deuda exterior), el peso de la carga de intereses, que se acercará al 11 % del PIB (mientras que para el conjunto de la Comunidad las cifras correspondientes sólo ascienden al 61 % y el 5 %, respectivamente, y el hecho de que el efecto multiplicador deuda-carga de intereses no siempre ha podido ser neutralizado hacen imperativa la continuación del esfuerzo de saneamiento.
Después de haber logrado una notable disminución del saldo neto pendiente de financiación de la administración central en 1987 (reducción del orden del 3 % del PIB), principalmente gracias a enérgicos recortes del gasto público, el gobierno se propone conseguir en 1988 un saldo presupuestario del 7,4 %, con el fin de llegar, en 1989, al 7 % del PIB previsto en su programa de gobierno. Este objetivo debería perseguirse con la ayuda de una nueva serie de reducciones del gasto, en particular en el campo de las transferencias sociales y de los gastos de funcionamiento, y mediante la creación de nuevos ingresos presupuestarios procedentes, entre otras fuentes, de la privatización de determinadas actividades públicas.
El gobierno ha anunciado al mismo tiempo un ambicioso programa de reforma fiscal excalonado durante el período 1989-1993, que prevé, en particular, una reducción del numero y del nivel de los tipos del impuesto sobre la renta de las personas físicas, cuyos efectos se compensarían en parte con la supresión de una serie de deducciones fiscales en favor de las empresas y de los particulares. Este programa aún ha de presentarse al Parlamento.
Con el fin de atenuar los efectos del saneamiento de las finanzas públicas y del moderado crecimiento de la actividad económica sobre el mercado de trabajo, el programa gubernamental para 1988 contiene también una serie de medidas directas y puntuales a favor del empleo, entre las que figuran posibilidades de reducción de las cargas sociales en ciertos sectores, así como facilidades en favor de los parados jóvenes y de larga duración. La creación de empleo en el sector privado sigue beneficiándose además de la reducción continuada de los costes salariales reales por unidad de producto. Sobre la base de los convenios salariales referidos a 1987 y 1988, el crecimiento del salario real será todavía inferior al de la productividad.
Además, los progresos conseguidos en lo que se refiere al funcionamiento del mercado de trabajo permiten flexibilizar las condiciones de la oferta. En julio de 1987 entró en vigor una nueva legislación que modera las disposiciones legales relativas al trabajo dominical, al trabajo nocturno y a la jornada de trabajo. Dicha legislación permite introducir nuevos sistemas de trabajo mediante convenios colectivos negociados a nivel de sector o de empresa. Esta mayor flexibilidad, así como la moderación de los costes interiores, crean condiciones favorables para el desarrollo de las exportaciones y de la inversión.
La política que se viene aplicando desde 1982, encaminada a restaurar la rentabilidad y a sanear la situación financiera de las empresas, ha conducido ya a una reactivación de la inversión de las empresas, que se ha podido apreciar de forma particular durante el período 1986-1987.
La política monetaria deberá continuar preservando la estabilidad del tipo de cambio del franco belga dentro del Sistema Monetario Europeo, aunque utilizando el margen de maniobra disponible para favorecer una reducción de los tipos de interés y, por consiguiente, de la carga de la deuda pública. Con ocasión del reajuste de enero de 1987, el franco belga se ha revaluado en un 2% con respecto al ECU, después de la revaluación del 1 % que se había producido con motivo del reajuste precedente, en abril de 1986. La existencia de un considerable superávit de la balanza por cuenta corriente y la favorable evolución de la inflación facilitan la aplicación de esta política. Los progresos conseguidos en la reducción del déficit presupuestario pueden aliviar la restricción que imponen las variaciones de los movimientos de capital en materia de tipos de interés. Combinada con un superávit en la balanza por cuenta corriente, esta evolución debería permitir a los poderes públicos reducir la deuda exterior acumulada desde 1979.
El éxito del plan de reactivación de la economía belga depende de la interacción de una serie de factores. El mantenimiento de una tasa de inflación moderada debe favorecer la baja de los tipos de interés, estimular la inversión y reducir la carga de intereses de la deuda pública. La moderación salarial debe permitir salvaguardar la competitividad y mantener la rentabilidad de las empresas a un nivel satisfactorio. Si se reúnen estas condiciones, el crecimiento podría cobrar mayor fuerza y facilitar la consecución del doble objetivo perseguido por las autoridades belgas, a saber, la reducción del déficit presupuestario y el alivio de la carga de los gravámenes obligatorios, objetivo que se enmarca en la estrategia preconizada por la Comunidad y cuya consecución reportaría efectos positivos en materia de empleo. El éxito de su aplicación exige que los poderes públicos mantengan bajo control el gasto público y que la economía belga pueda beneficiarse de unos intercambios intracomunitarios lo suficentemente dinámicos. Desde esta perspectiva, la aplicación del programa de moderación fiscal se mantendría dentro de los límites de la utilización del "dividendo presupuestario" creado por la mejora de las condiciones de crecimiento en la Comunidad.
Bélgica: Principales agregados económicos
(TABLA OMITIDA)
DINAMARCA
En Dinamarca, el producto interior bruto se ha reducido ligeramente en términos reales en 1987, después de cinco años de crecimiento superior a la media comunitaria. Aunque las exportaciones de bienes y servicios ya se habían estancado en 1986, el crecimiento de la actividad había contado con el sostén de una expansión excepcionalmente rápida de la demanda interior (5,7 % en promedio respecto a 1985). Sin embargo, a finales de año, los factores esenciales de la demanda interna se han debilitado considerablemente a consecuencia del deterioro de las perspectivas de exportación y, por tanto, del clima de inversión, de la contracción de la política presupuestaria, efectuada en varias etapas a lo largo del año, y de las medidas encaminadas a elevar la tasa de ahorro de las economías domésticas privadas. El consumo privado, por tanto, ha disminuido en un 5 % aproximadamente (tasa efectiva) entre el tercero y el cuarto trimestre de 1986 y, a pesar de cierta aceleración durante 1987, debería registrar en ese mismo año, en promedio, un leve retroceso con respecto a 1986. Se estima que la construcción de viviendas ha disminuido alrededor de un 10 %, y es probable que la inversión de las empresas también se haya contraído. Aunque la inversión pública haya aumentado ligeramente en relación con 1986, la formación bruta de capital fijo, según las estimaciones, ha disminuido en un 6,5 % en conjunto. Como, por otra parte, ha bajado el nivel de acumulación de existencias, la contracción de la demanda interna total podría aproximarse a un 2 % en términos reales. Las importaciones han disminuido aún más que la demanda interna, mientras que el nivel de exportaciones no se ha modificado apenas, por lo que el impulso debido al saldo exterior ha sido positivo, aunque insuficiente para impedir una ligera contracción de la actividad interior. No obstante, el numero de personas ocupadas debería haber aumentado ligeramente, aunque menos que la población activa, cuyo crecimiento ha sido bastante rápido. En consecuencia, la tasa de desempleo, que estaba bajando desde 1983, ha aumentado ligeramente de 1986 a 1987.
Se estima que los precios de las importaciones han bajado alrededor de un 3,5 % en moneda nacional, mientras que los costes salariales internos por unidad producida han aumentado mucho más rápidamente que en 1986 (en parte por la reducción de la jornada de trabajo) ; los precios al consumo deberían aumentar pues en un 4%, frente a un 3,5% aproximadamente en 1986.
A pesar de esta aceleración de la inflación, las rentas nominales han registrado una clara disminución del ritmo de crecimiento, y la tasa de crecimiento de los ingresos fiscales, excepcionalmente elevada en 1986 a consecuencia de importante aumento de los impuestos, ha disminuido sensiblemente. Por otra parte, el gasto público ha aumentado a causa de los incrementos de salarios concedidos a los funcionarios y del aumento de las transferencias a las economías domésticas. El superávit del presupuesto de las administraciones públicas podría, pues, haber pasado de un 3,3 % del PIB en 1986 a un 1,9 % aproximadamente en 1987. La balanza de bienes y servicios, ligeramente negativa en 1986, ha vuelto a ser positiva en 1987, y, dado que los pagos netos de intereses al extranjero apenas han variado, el déficit exterior por cuenta corriente ha pasado de un 5,1 % del PIB en 1986 a un 2,9 % en 1987.
La actividad debería experimentar en 1988 una cierta aceleración, a causa, sobre todo, de una nueva mejora del saldo exterior en volumen. Aun cuando la expansión de los mercados de exportación no debería acelerarse de forma apreciable y aunque la competitividad se deteriorará aún más, es posible que las exportaciones aumenten más que en 1987, ya que, teniendo en cuenta la debilidad del mercado interior, los productores se orientarían más hacia los mercados exteriores. La demanda interior real debería disminuir todavía en cierta medida, lo que dará lugar a un nuevo retroceso del volumen de importaciones. En promedio anual, el crecimiento del producto interior bruto no debería ser superior a un 1 %, y la tasa de desempleo debería sobrepasar el nivel de 1987. El incremento de los costes interiores se hará más lento pero el aumento de los precios de las importaciones ejercerá una presión al alza. Es, pues, poco probable que se desacelere la inflación. Teniendo en cuenta el deterioro previsto de los términos reales de intercambio (a causa del aumento de los precios de las importaciones y de la disminución de los precios de las exportaciones de productos agrarios), la balanza comercial a precios corrientes no mejorará en la misma medida, que el saldo de los volúmenes de intercambios. Además, la balanza de transacciones invisibles podría deteriorarse a causa de la disminución de las transferencias de la Comunidad. No obstante, el déficit exterior por cuenta corriente debería disminuir de un 2,9 % del PIB en 1987 a un 2,2% aproximadamente en 1988.
Siempre y cuando se mantenga la política actual, en particular las orientaciones generales referentes a la evolución de los gastos de la administración central y de las locales y a la no modificación del régimen fiscal, la situación financiera de las administraciones públicas cambiará poco. El débil crecimiento de la demanda privada ejercerá un efecto de inhibición en los ingresos por impuestos indirectos, pero los impuestos directos deberían aumentar considerablemente a causa de la ampliación de la base imponible derivada de la reforma tributaria (en particular, por la limitación de las posibilidades de deducción de los pagos de intereses). El pago de intereses de la deuda pública debería disminuir en cierta medida y, por tanto, el superávit del presupuesto del conjunto de las administraciones públicas apenas debería modificarse o, en todo caso, superaría ligeramente el 1,9 % del PIB observado en 1987. La necesidad de reforzar la balanza exterior sigue siendo imperativa y justifica un superávit considerable del presupuesto de las administraciones públicas en la medida en que el ahorro del sector privado siga siendo insuficiente. El déficit financiero del sector privado, que había pasado del 2,7 % del PIB en 1985 al 8,6 % en 1986, se ha reabsorbido en parte en 1987, pero todavía debería alcanzar un 3,9 % del PIB en 1988. Cualquier mejora más duradera del saldo financiero del sector privado supone una expansión mayor del ahorro de las economías domésticas y justifica, entre tanto, la continuación de una política monetaria prudente.
El deterioro del saldo financiero del sector privado en 1986 (debido a la vez a la disminución de la tasa de ahorro y al auge de la construcción de viviendas y de la inversión de las empresas) ha provocado un fuerte aumento de los tipos de interés nominales a largo plazo, que han pasado del 9 % en marzo de 1986 a más del 12% en septiembre de 1987. Al margen de un breve episodio alcista en enero de 1987, justamente antes del alineamiento dentro del SME, los tipos de interés a corto plazo no han aumentado en la misma medida que los tipos a largo plazo, lo que ha acentuado la inclinación de la curva de rendimiento.
No obstante, la diferencia entre los tipos de interés a corto plazo en Dinamarca y en Alemania ha aumentado notablemente desde principios de 1986. El hecho de que los tipos de interés daneses no hayan seguido el movimiento general de baja de los tipos dentro del SME ha contribuido a mantener la posición relativamente fuerte de la corona danesa dentro del margen de fluctuación y, por consiguiente, a frenar el alza de los precios al consumo, a pesar de la aceleración de los costes interiores. De hecho, el endurecimiento de las condiciones monetarias internas refleja más un proceso de ajuste "endógeno" al aumento de los costes que un cambio deliberado de orientación. Cualquier progreso que se realice en la reducción del déficit de la balanza por cuenta corriente contribuirá a rebajar los tipos de interés a largo plazo y a estimular la inversión privada.
El crecimiento ha sido excepcionalmente dinámico de 1984 a 1986 a causa, sobre todo, del auge de la inversión privada, estimulada por una mayor rentabilidad y por unas perspectivas de exportación favorables. Sin embargo, la diferencia cada vez mayor entre la expansión de la demanda interior en Dinamarca y en los demás países escandinavos y de la Comunidad, unida al deterioro de la competitividad de los costes y de los precios, ha llevado el déficit de la balanza por cuenta corriente a un nivel insostenible. Teniendo en cuenta esta situación y el elevado nivel de la deuda exterior y de los pagos de intereses correspondientes, la atenuación de la restricción exterior debería ser el objetivo prioritario de la política gubernamental. Para ello, es esencial la contribución de las políticas presupuestaria y monetaria, sí bien la moderación salarial es también importante para favorecer el retorno a un crecimiento tan dinámico como el de los últimos años. El fortalecimiento de la demanda exterior contribuirá a aliviar la restricción exterior. En este aspecto, sería conveniente conseguir un crecimiento acelerado de los intercambios intracomunitarios, sostenido por políticas macroeconómicas adecuadas en los Estados miembros.
Dinamarca: Principales agregados económicos, 1983-1988
(TABLA OMITIDA)
REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA
Durante el segundo semestre de 1986, la fuerte apreciación del marco, sobre todo con respecto al dólar, se ha traducido en una contracción de las exportaciones en términos reales y en un aumento de las importaciones, especialmente de productos acabados. A pesar del dinamismo persistente de la demanda interior, los efectos inhibidores del sector exterior han frenado cada vez más la evolución económica.
En 1987, estas influencias externas han seguido deprimiendo de forma significativa la evolución económica. Bajo el efecto de la nueva apreciación del marco, en un 10 % aproximadamente con respecto al dólar, y de un invierno riguroso que frenó considerablemente la actividad económica, la producción disminuyó en el primer trimestre. Sin embargo los factores que habían frenado las exportaciones perdieron fuerza en el período siguiente y éstas se reactivaron desde el segundo trimestre, aunque, en promedio anual, su volumen no debería superar el nivel de 1986. La demanda interna ha seguido aumentando mucho más rápidamente que la producción, aún cuando su ritmo de expansión haya sido muy inferior al de 1986, sobre todo a causa de cierta disminución del ritmo de crecimiento del consumo privado. La evolución desfavorable de las exportaciones también ha frenado el ritmo de expansión de la inversión en bienes de equipo, que, no obstante, parece estar acelerándose por el momento ; esa inversión gira, sin embargo, en torno a la racionalización. La construcción ha seguido estancado, no sólo a causa del mal tiempo, sino también porque la tendencia a la baja de la demanda de viviendas no parece cambiar de sentido. Dado que la demanda global se ha satisfecho cada vez más a través de importaciones, debido a la competitividad de los precios de estas últimas, y teniendo en cuenta el estancamiento de las exportaciones, el PIB de 1987 debería aumentar alrededor de un 1,5 %, es decir, un punto menos que la demanda global. En estas condiciones, la expansión del empleo ha sido relativamente débil. La tasa media anual de expansión del empleo del 0,5 % no basta ya para reducir el desempleo por debajo del nivel alcanzado en promedio en 1986. Al igual que el año pasado, el saldo real de la balanza de bienes y servicios ha disminuido de forma significativa; a precios constantes, se ha reducido prácticamente a la mitad con respecto a 1985. Sin embargo, debido a las considerables ganancias conseguidas a nivel de los términos reales de intercambio, el superávit nominal de la balanza por cuenta corriente sólo ha descendido en medio punto aproximadamente, para situarse en el 3,7% del PIB.
En 1988, el crecimiento de la demanda interior no debería hacerse más lenta respecto a 1987. La renta bruta de las economías domésticas procedente del trabajo asalariado podría aumentar algo menos que en 1987 (apenas un 4 %), pero, por otra parte, a principios de 1988 entrarán en vigor reducciones de impuestos que elevarán considerablemente la renta disponible de dichas economías. A pesar de cierta aceleración del aumento de los Precios al consumo (aproximadamente un 2%), la renta disponible de las economías domésticas debería aumentar más de un 2% en términos reales. Gracias a una expansión algo más sostenida de los mercados de exportación y suponiendo que se produzca sólo una apreciación moderada del tipo de cambio real del marco, las exportaciones experimentarán de nuevo un crecimiento moderado, mientras que las importaciones podrían progresar aproximadamente al mismo ritmo que en 1987. El producto interior bruto debería, pues, aumentar alrededor de un 2 % en 1988. La evolución de los precios en el conjunto de la economía se traduciría en un incremento de un 2 % aproximadamente y debería ser en gran parte paralela a la de los costes interiores. El superávit de la balanza por cuenta corriente disminuiría de nuevo en proporciones análogas a las de 1987, es decir, alrededor de un 0,5 % y alcanzaría, por tanto, algo más del 3 % del PIB en 1988.
En 1988, el empleo registrará una expansión semejante a la de 1987, pero el número de personas ocupadas en la industria podría disminuir de nuevo. Si el empleo aumenta en unas 70000 unidades para el conjunto de la economía, el desempleo se elevará ligeramente.
El elevado nivel del desempleo y su ligera tendencia al alza siguen siendo preocupantes. Los interlocutores sociales y los responsables de la política económica deben explotar plena y conjuntamente las posibilidades de reabsorción del desempleo. Según los convenios colectivos firmados a principios de año, los costes salariales per cápita aumentarán en 1987 en un 3,5 %. Si el aumento de los costes salariales unitarios no ha dado lugar a una reducción de los beneficios de las empresas, esto se debe únicamente a la considerable mejora de los términos reales de intercambio. Es indispensable que el aumento de los salarios reales siga siendo moderado, ya que la tendencia a invertir continúa reafirmándose, a pesar del deterioro de la competitividad provocado por la revaluación. A este respecto, el convenio colectivo firmado recientemente en la metalurgia contiene también elementos positivos: ciertamente, la jornada de trabajo se reducirá progresivamente en una hora y media, lo que, dados los incrementos anuales pactados, dará lugar a un aumento de los costes salariales por hora de alrededor de un 4% anual ; lo importante es que, por vez primera, los interlocutores sociales han firmado un convenio de tres años, lo que permite a las empresas elaborar sus planes sobre una base más sólida, aunque constituye para la política económica oficial un desafío importante en el plano del mantenimiento de las condiciones del equilibrio global. Dada la importancia de este sector industrial, que representa alrededor de un 50 % del empleo en la industria manufacturera, la evolución de los costes salariales para el conjunto de la economía queda así esbozada a plazo medio, lo que constituye un triunfo importante para la política monetaria y presupuestaria.
Teniendo en cuenta la perspectiva de una ligera disminución de los costes salariales reales por unidad producida, la rentabilidad de las empresas sigue siendo globalmente favorable. La tasa de beneficio (medida por el excedente neto de explotación en porcentaje del stock neto de capital), que alcanzó su nivel más bajo en 1981, mejorará ligeramente y se situará el próximo año en tomo al nivel de los primeros años setenta. Dado que las empresas pueden contar con un crecimiento estable, aunque moderado, de la demanda, las condiciones de inversión no son desfavorables en conjunto.
Aun cuando la República Federal ya ha contribuido notablemente a reducir los desequilibrios internacionales de las balanzas de pagos (si se considera la contracción de la contribución en términos reales del sector exterior entre 1986 y 1988, esa reducción asciende a más del 2,5 % del PNB), el superávit de la balanza por cuenta corriente en valor se reabsorbe sólo de forma muy progresiva a causa de la considerable mejora de los términos reales de intercambio.
El objetivo de la política presupuestaria sigue siendo reducir la importancia relativa de la absorción por el Estado, de unos recursos escasos limitando fuertemente la progresión del gasto ; sin embargo, desde 1986, se observa cierta reorientación: hasta 1985, la limitación del gasto tenía como objetivo esencial reducir los déficit presupuestarios y detener la tendencia al alza de la deuda pública en porcentaje del producto nacional bruto. En cambio, desde 1986, el margen de maniobra conseguido se utiliza para aliviar la presión fiscal. Si los impuestos directos habían experimentado ya en 1986 una reducción del orden de un 0,6 % del PIB, en 1988 se introducirá una nueva reducción algo más importante (del 0,6 al 0,7 % del PIB); las reducciones inicialmente previstas se han incrementado en 5000 millones a consecuencia e Acuerdo del Louvre de febrero de 1987, gracias a la aplicación anticipada de una parte de la reforma fiscal prevista para 1990. Con todo, las reducciones de impuestos previstas a partir de 1990 darán lugar a una nueva reducción de la presión fiscal de alrededor de un 1 % del PIB. Además, en 1986 y 1987 la política presupuestaria ha sostenido el crecimiento, en la medida en que la inversión pública ha aumentado con mucha mayor rapidez que el producto nacional bruto. Finalmente, en 1987 los estabilizadores económicos han producido todos sus efectos, ya que el gobierno federal no ha tratado de compensar las pérdidas de ingresos fiscales reduciendo correlativamente el gasto. Por ello, el déficit del presupuesto global de 1987 ha aumentado por vez primera desde 1981.
Como ya se ha señalado, la política presupuestaria se ha caracterizado en 1988 por considerables reducciones de impuestos (13000 a 14000 millones de marcos en total, es decir, del 0,6 al 0,7 % del PIB). Esto no sólo ha reforzado la demanda global, sino que también ha estimulado la de los trabajadores y de las empresas.
Teniendo en cuenta las perspectivas de crecimiento moderado, no se podrá, por tanto, impedir un nuevo aumento de los déficit presupuestarios. En efecto, el saldo que debe financiar el Estado central (Estado Federal y Lánder) podría ascender a un 2,7 % del PIB en 1988 (lo que representa una progresión igual a un 0,3 % del PIB) ; el déficit público total (entes públicos territoriales y fondos especiales del Estado Federal) registrará un aumento de la misma magnitud, es decir, aproximadamente un 3 % del PIB. Habiéndose ajustado ya la expansión del gasto a la evolución más desfavorable de los ingresos, una expansión temporal de los déficit debida a las reducciones de los impuestos no debe traducirse en una pérdida de confianza en la solidez de la política presupuestaria. Sin embargo, en lo que se refiere a la reducción de las subvenciones y a las decisiones relativas a la financiación de la reforma fiscal, habría que velar por que los factores de crecimiento puedan desarrollarse plenamente. Una reducción enérgica de las subvenciones debería impedir, en particular, el mantenimiento de estructuras de producción no viables a más largo plazo.
Desde principios de 1986, la tasa media anual de expansión de la masa monetaria del banco central ha sido superior a un 7% mientras que, para el mismo período, el producto nacional, en términos nominales, sólo ha aumentado alrededor de un 5 % anual. En un principio, lo que provocó la aceleración de la expansión monetaria fue sobre todo la expansión de los activos monetarios muy líquidos, debida a la baja de los tipos de interés, pero posteriormente, a partir de mediados del año pasado, se ha generalizado la expansión de los agregados monetarios. El nivel poco elevado de los tipos de interés, unido a la baja de los precios, ha reducido considerablemente los costes de oportunidad de mantener riqueza en forma de dinero, mientras que la oferta monetaria ha acusado la influencia del fuerte crecimiento de los créditos netos frente al extranjero en manos de las instituciones de crédito.
La política monetaria se halla dividida entre los objetivos interiores y los exteriores ; en una situación de este tipo, las medidas indispensables para frenar la expansión monetaria corren el peligro de verse obstaculizadas por el hecho de que el DM podría verse sujeto de nuevo a presiones inconvenientes al alza. Por otra parte, la evolución observada desde el mes de mayo de 1987 ha demostrado claramente que las posibilidades del banco central de ejercer una influencia directa con sus medidas sobre los tipos de interés a largo plazo son limitadas. Así, a partir del mes de mayo, el mercado de capital ha dejado de seguir las orientaciones del Bundesbank; por el contrario, han aumentado sensiblemente los rendimientos de la deuda pública (más de medio punto). Es probable que esto no denote tanto una modificación de las expectativas de inflación de los inversores como una influencia creciente de la evolución de los tipos de cambio y de los tipos de interés internacionales. Desde el punto de vista de la política monetaria, seria deseable que la expansión monetaria disminuyera progresivamente con el fin de iniciar el próximo año con un ritmo menos rápido de expansión. En este aspecto, las perspectivas podrían no ser desfavorables si el entorno exterior manifestara una mayor estabilidad que en 1986-1987.
Se han proseguido los esfuerzos encaminados a aumentar la flexibilidad de los mercados. En estos últimos años, se ha concedido con frecuencia prioridad a facilitar el acceso al mercado de los trabajadores autónomos que crean su propia empresa y de las empresas nuevas, a proporcionarles mayores oportunidades de disponer de capital propio y a liberar su actividad del mayor número posible de trabas. En cambio, no se ha progresado en lo que se refiere a la reducción de las subvenciones, que, por el contrario, han experimentado una fuerte expansión, especialmente en 1986, imputable a la apreciación del DM pero también a las presiones crecientes de los grupos de interés. Los interlocutores sociales han contribuido a mejorar las posibilidades de empleo adoptando nuevas medidas moderadas con el fin de reducir la semana laboral y ampliando las posibilidades de introducir una ordenación más flexible del tiempo de trabajo ; al mismo tiempo, la Oficina Federal de Trabajo ha desarrollado acciones encaminadas a promover la formación y el perfeccionamiento profesionales.
En conjunto, las perspectivas de la evolución económica en la República Federal para 1988 no son completamente satisfactorias, sobre todo si se considera que no parece que vaya a lograrse progreso alguno en cuanto a la reducción del desempleo. La experiencia del pasado muestra, sin embargo, que una reactivación de las exportaciones como la que se observa desde mediados 1987 se traduce después de algún tiempo en un fortalecimiento general de la dinámica del crecimiento interno, lo que podría contribuir a reabsorber en mayor medida el superávit exterior. Ahora bien, si el crecimiento económico se caracterizara de nuevo por un dinamismo mucho menor, habría que reconsiderar la orientación de la política presupuestaria, no sólo para impedir un nuevo deterioro del mercado de trabajo, sino también para prevenir una relajación de los esfuerzos de modernización de la capacidad productiva. Ciertamente, la situación presupuestaria podría agravarse, pero esto no debería afectar a la credibilidad de una política centrada en la estabilidad, sobre todo si la política monetaria sigue fiel á su orientación fundamental de financiación del crecimiento potencial.
República Federal de Alemania: Principales agregados económicos 1983-1988
(TABLA OMITIDA)
GRECIA
En Grecia, se han conseguido nuevos progresos en 1987 en la vía de la estabilización, a pesar de no haber podido mantener todos los objetivos marcados inicialmente. El déficit de la balanza por cuenta corriente se ha reducido de nuevo, a costa de una contracción de la demanda interna y del PIB ; el déficit del sector público en relación con el PIB ha seguido bajando y los agregados monetarios han crecido menos que en 1986. La inflación ha tendido a bajar, mientras que la tasa de desempleo se ha mantenido inalterada, habiéndose compensado la disminución del empleo total con una reducción equivalente de la población activa. En 1988, el crecimiento de la actividad tenderá a ser de nuevo positivo. Tanto el consumo real como la tasa de ahorro de las economías domésticas tenderán a estabilizarse y la inversión seguirá creciendo, lo que se tradicirá en una expansión real de la demanda y de la producción. El incremento de los precios debería ser menos rápido debido a la influencia de factores excepcionales en 1987, pero el déficit del sector público solo se reducirá si se adoptan medidas complementarias; en cuanto a la balanza por cuenta corriente, apenas registrará mejora alguna.
El final de 1987 marca formalmente la conclusión del plan de estabilización. Este plan, adoptado al final de 1985, tenía como objetivo obtener, mediante una contracción deliberada de la demanda interna una mejora rápida de la balanza de pagos, con el fin de estabilizar el nivel de la deuda exterior a partir de 1988. Dicho plan ha contado con el apoyo de las autoridades comunitarias, que han concedido para ello un préstamo a efectos de la balanza de pagos. De acuerdo con los objetivos previstos, la tasa de inflación quedaría en un 10 % al final de 1987, el saldo neto a financiar del sector público se reduciría al 8 % del PIB en el espacio de dos años y la expansión del crédito interior se limitaría a un 17 % en 1986 y a un 11 % en 1987.
La política salarial, instrumento esencial de la moderación de la demanda interna se basaba en un sistema de indiciación regresivo basado en una tasa de inflación programada, con exclusión del efecto de los precios de las importaciones. Por otra parte, se ha autorizado una evolución muy moderada de las rentas agrarias. El rigor de la política de rentas dio lugar a una reducción de los salarios reales de un 10 % y de la renta real disponible de las economías domésticas de un 7 % para el período 1986-1987.
Sin embargo, a causa de las dudas que los agentes económicos privados tuvieron inicialmente en cuanto a la durabilidad del plan y a causa de comportamientos especulativos, el consumo privado sólo ha disminuido ligeramente, dando así lugar a un acentuado descenso de la tasa de ahorro de las economías domésticas, facilitado especialmente por la gran liquidez de dicho ahorro. El saldo neto a financiar del sector público del 17,6 % del PIB en 1985, se ha reducido al 13,7 % en 1986, gracias en parte a un aumento de la fiscalidad que compensó la baja del precio del petróleo. En 1987, se habrá conseguido sin duda una nueva reducción, a un 12% del PIB, siendo este nivel superior al objetivo fijado en el programa.
Esta evolución, así como la diferencia negativa de las ventas de bonos del Tesoro y de títulos a medio plazo en relación con las previsiones, ha hecho que se sobrepase el objetivo de expansión del total del crédito interior, aun cuando el crédito bancario del sector privado ha mantenido en conjunto las tasas previstas. El aumento de los precios al consumo, después de haber fluctuado en tomo a un 20 % durante varios años, aunque alcanzando el 25 % al final de 1985, ha podido rebajarse hasta el 17% en 1986. Ese nivel se habrá reducido sin duda en casi tres puntos al final de 1987, a pesar de la repercusión inflacionista de la introducción del IVA.
La restricción de la demanda interior y el menor importe de la factura petrolífera han favorecido notablemente la balanza de pagos por cuenta corriente, cuyo déficit ha pasado de un 9,8 % del PIB en 1õ85 a un 4,3 % en 1986 y un 3,1 % en 1987. El déficit de la balanza por cuenta corriente en 1986, valorado en 1700 millones de dólares, se ajusta formalmente al objetivo fijado en el marco del préstamo comunitario, pero el de 1987, aunque inferior al de 1986, quedará probablemente algo por encima del objetivo.
La reforma del sistema financiero ha logrado progresos notables. Los tipos de interés favorables concedidos a determinadas categorías de intermediarios han sido suprimidos. El nivel general de los tipos de interés,. que anteriormente era inferior a la tasa de inflación, se ha elevado, y se ha concedido a los bancos comerciales cierta libertad para fijar los tipos de interés de los préstamos. Además, se han flexibilizado las estrictas normas administrativas sobre la administración del crédito y se han hecho esfuerzos para colocar bonos del Tesoro y títulos a medio plazo entre agentes privados no bancarios. La continuación de estos esfuerzos, completados con la creación de un mercado financiero extrabancario eficaz, debería facilitar la aplicación de la política monetaria y contribuir a la modernización del sistema financiero, indispensable para el desarrollo del país.
Desde hace varios años, el sector público se ha caracterizado en Grecia por la rápida expansión de su dimensión y por una viva progresión de la deuda pública. Indudablemente, habrá que dar prioridad al control de los déficit corrientes del presupuesto del Estado, pero el déficit de la seguridad social plantea el problema más difícil de resolver. El rápido deterioro observado en este campo es el resultado de las opciones adoptadas desde los primeros años ochenta con el fin de aumentar considerablemente las pensiones y ampliar las prestaciones de la seguridad social a personas que no habían cotizado anteriormente. El esfuerzo de contracción del déficit público, ya iniciado por las autoridades, deberá continuar durante varios años todavía para estabilizar el nivel de la deuda en relación con el PIB.
Desde el punto de vista estructural, el problema fundamental de la economía heléncia es el retroceso continuado, desde 1980, de la inversión productiva, causado por un clima poco propicio a la actividad industrial, unido a una amplia regulación de los mercados. Desde el final de 1985, el gobierno ha iniciado el desmantelamiento de los controles de los precios, lo que, gracias también a la evolución muy moderada de los costes salariales y a una política coherente de tipos de cambio, ha contribuido a mejorar sensiblemente la posición financiera de las empresas. Esto debería tener como consecuencia una reactivación importante de la inversión productiva, aún cuando al principio las empresas se hayan esforzado sobre todo por mejorar la estructura de sus balances.
En consecuencia, al haberse debilitado fuertemente la capacidad productiva del país, la política deberá seguir conteniendo en 1988 la presión de la demanda interior con el fin de evitar un deterioro de la balanza de pagos. En cualquier caso, dada la amplitud del ajuste de las rentas salariales reales durante los dos últimos años, la política salarial no podrá seguir siendo el instrumento principal de regulación de la demanda. Las negociaciones salariales deberán tener en cuenta una tasa de inflación compatible con los objetivos macroeconómicos perseguidos, mientras que el carácter regresivo de los incrementos salariales, que ha conducido a una nivelación poco propicia al crecimiento de la productividad, deberá ser eliminado gradualmente. En conjunto, esa política podría ser compatible con una ligera mejora de los salarios reales durante el año.
En estas condiciones, la contracción del déficit del sector público deberá ser el instrumento prioritario de regulación. Su puesta en práctica será tanto más difícil cuanto que el déficit de la seguridad social tiende a aumentar, que la política de rentas no contribuirá ya tanto como en los dos años precedentes a la moderación de la masa salarial del sector público y que determinados ingresos excepcionales ya no son renovables. Sería conveniente efectuar rápidamente algunos cambios legislativos indispensables, en particular, reordenar el sistema de pensiones y ampliar la base imponible mediante una tributación más completa de determinadas categorías de contribuyentes, y por otra parte, contener la masa salarial en la función pública mediante una congelación de la contratación y una limitación de las subidas de salarios por debajo de la media de la economía. Paralelamente al desmantelamiento de las subvenciones a la exportación, ya iniciado en 1987, habrá que reducir las subvenciones agrarias, que todavía aumentaron sensiblemente en 1987. La racionalización de la gestión de las empresas y organismos públicos debería permitir la reducción tanto de las transferencias presupuestarias en su favor como de sus propios déficit.
Teniendo en cuenta los objetivos establecidos a medio plazo para las finanzas públicas y con el fin de estabilizar la deuda exterior en 1988, la política presupuestaria debería fijarse como objetivo para el año próximo corregir el incumplimiento del objetivo que se registró en 1987 y conseguir nuevos progresos sustanciales en la reducción del saldo neto a financiar del sector público en porcentaje del PIB. Esta orientación restrictiva debería ir acompañada de una política monetaria activa de reducción del ritmo de la expansión del crédito interior. En estas circunstancias, la demanda interior continuaría reduciéndose, la tasa de inflación se reduciría a menos de un 10 % a finales de 1988 y el déficit de la balanza por cuenta corriente se reduciría a alrededor de un 2 % del PIB.
Grecia: Principales agregados económicos, 1983-1988
(TABLA OMITIDA)
ESPAÑA
En 1987, el crecimiento económico de España sobrepasará de nuevo el de los demás Estados miembros, siendo otra vez el crecimiento de la demanda interior más rápido que en el resto de la Comunidad. La progresión del producto interior bruto, en términos reales, será superior a un 4 %. El consumo privado ha sido favorecido tanto por los aumentos de los salarios reales en el sector privado como por la fuerte expansión del empleo no agrícola. La expansión muy marcada de la inversión fija ha continuado, reflejando la evolución siempre favorable de los beneficios de las empresas, las perspectivas positivas de ventas, así como la necesidad de modernización del aparato productivo con vistas a una competencia extranjera que no cesa de intensificarse después de la adhesión a la Comunidad. Los resultados de las exportaciones, que fueron mediocres en 1986, han mejorado gradualmente durante el año, gracias a una demanda sostenida procedente de los Estados de la CEE con los que mantiene relaciones comerciales. El crecimiento de las importaciones ha seguido siendo muy fuerte y, por ello, el dinamismo excepcional de la demanda interna solo ha repercutido parcialmente en el producto interior bruto. Asimismo, el déficit comercial ha aumentado rápidamente y la disminución del superávit por cuenta corriente solo ha sido frenada por el importante desarrollo de los ingresos turísticos. Gracias a una evolución muy positiva del empleo, la tasa de desempleo ha quedado por debajo de 21 %, pero su disminución sigue obstaculizada por el fuerte crecimiento de la población activa. Ha continuado la reducción de la inflación, favorecida entre otras cosas por el buen comportamiento de los precios de los productos alimenticios, por lo que probablemente se conseguirá el objetivo fijado al respecto por la autoridades (+ 5 % a la baja para el índice de precios al consumo al final de 1987).
Las principales tendencias observadas en 1987 deberían, en conjunto, continuar en 1988 ; el PIB en volumen debería crecer a un ritmo aproximado de un 3,75%. La demanda interior seguiría siendo dinámica, pero con cierta tendencia a desacelerarse, tanto a nivel del consumo como de la inversión. En particular, después del auge de la inversión productiva en 1986-1987, la nueva disminución de la capacidad de financiación de las empresas podría ejercer una influencia moderadora. Asimismo, la progresión de las exportaciones podría debilitarse ligeramente a pesar de cierta mejora de los mercados. La balanza de pagos por cuenta corriente debería continuar degradándose y mostrar un déficit moderado (12 % del PIB) a causa concretamente del dinamismo de las importaciones, ocasionado sobre todo por la persistencia de una notable diferencia de crecimiento de la demanda interior frente a los demás Estados miembros. El empleo experimentará un ritmo de crecimiento notable (1,7 %) aunque más lento, mientras que la tasa de desempleo solo disminuirá ligeramente a causa del fuerte aumento de la población activa. El proceso de desinflación continuará a pesar de un alza algo más acentuada de los precios de importación.
La política económica del gobierno, inalterada en sus grandes líneas desde 1983, se ha mantenido ajustada a las orientaciones de la estrategia de cooperación para el crecimiento y el empleo. Aspira esencialmente a la reducción de los desequilibrios macroeconómicos - el más preocupante de los cuales es ciertamente el desempleo - y a una modernización de las estructuras de producción, tanto más necesaria cuanto que España se abre rápidamente al exterior. En una perspectiva a medio plazo, esta política tiene como objetivos un crecimiento económico de un 3,5 % a un 4 % en términos reales como promedio anual, sostenido esencialmente por el dinamismo de la inversión y de las exportaciones, una reducción de la necesidad de financiación de las administraciones públicas del orden de medio punto del PIB por año y la convergencia de la tasa de inflación hacia la media comunitaria. De este modo, podría seguir reduciéndose la diferencia entre la renta per cápita en España y los países más prósperos de la Comunidad.
En 1986 y 1987 se han obtenido ya resultados importantes en el sentido de la estrategia de crecimiento y de empleo, cuyo elemento más positivo sigue siendo, sin duda, el auge de la inversión productiva. Por efecto de la recuperación de los márgenes de beneficio y de la mejora del entorno económico, las empresas han manifestado su voluntad de modernizar el aparato productivo y de aceptar el desafío de la integración en la Comunidad, que implica tanto el desmantelamiento de las barreras previsto por el Tratado de adhesión como la consecución del mercado interior de aquí a 1992. El fuerte crecimiento del empleo ha sido también un resultado positivo y una confirmación del dinamismo coyuntural y de la recuperación de la confianza por parte de los empresarios: el empleo no agrícola debería aumentar un 3,3 % en 1987 y un 2,4 % en 1988, en gran parte en forma de contratos a tiempo parcial o temporales.
Como la tasa de actividad y el grado de participación de la población femenina son relativamente bajos, la evolución positiva del empleo ha contribuido a movilizar muchos "trabajadores desalentados". En consecuencia, la población activa crece mucho más que la población en edad de trabajar. En estas condiciones, será necesario un fuerte aumento del empleo durante largos años para reducir de manera significativa el nivel de desempleo.
Fracasada la concertación social a principios de 1987 y con el propósito de asegurar en mayor medida la paz social y de prevenir el riesgo de un deslizamiento salarial durante los próximos años, el gobierno, durante el verano, tomó la iniciativa de proponer la firma de un nuevo pacto social para el término de la legislatura actual (1988-1990). Aun cuando la realización de ese pacto haya tropezado con dificultades, es importante que pueda lograrse la concertación más amplia posible, no solo en el tema de la evolución de los salarios y de las condiciones de trabajo, sino también en el de la estrategia económica y social a medio plazo.
Los esfuerzos por reducir la necesidad de financiación del conjunto de las administraciones públicas deberían permitir reducir su peso en el PIB de un 5,7 % en 1986 a un 5,0 % en 1987 y un 4,9 % en 1988. Por lo que se refiere a los ingresos, el mantenimiento de los principales tipos y baremos de la imposición directa en 1987, así como una mayor eficacia en la recaudación, deberían producir un notable aumento de la recaudación fiscal. En cuanto a los gastos, en 1987 se ha producido un deslizamiento importante, a pesar de la moderación de las subvenciones a las empresas públicas. Será, pues, necesario asegurar en 1988 el control efectivo de los gastos para reducir la necesidad de financiación del conjunto de las administraciones y crear, en su caso, un margen para un alivio de la imposición directa y de las cargas sociales.
La política monetaria ha tenido que hacer frente a determinadas tensiones durante el primer semestre de 1987, ya que la evolución de los activos líquidos del sector privado (ALP) sobrepasó ampliamente los objetivos. Este exceso se debió a una fuerte demanda de crédito del sector privado, observada desde el segundo trimestre de 1986, y más recientemente al fuerte empuje de la financiación monetaria del sector público, así como al crecimiento de la contrapartida exterior. Después de una fuerte progresión en primavera, el nivel de los tipos de interés a corto plazo se ha reducido algo después del verano. Sin embargo, los tipos se mantienen a niveles bastante elevados. Por otra parte, los tipos de interés a largo plazo han sido afectados por ese movimiento, a pesar de seguir siendo favorables las previsiones con respecto a la inflación. En estas condiciones, el restablecimiento de una tendencia a la baja de los tipos de interés exige una dosificación apropiada de la gestión presupuestaria y de la política monetaria por el camino de la desinflación.
La constante mejora del empleo exige un crecimiento económico sostenido e incluso acelerado, fundado en la inversión productiva y en las exportaciones. La política económica debe conceder un papel prioritario a la moderación de los costes salariales, no sólo por la importancia de los desequilibrios en el mercado de trabajo, sino también para moderar la inflación y mejorar la competitividad de la economía. Aumentos salariales excesivos conducirían, en particular, a un consumo privado demasiado dinámico, lo que implicaría un crecimiento adicional de las importaciones.
En efecto, el saldo de la balanza de pagos por cuenta corriente corre el peligro, en una perspectiva a medio plazo de convertirse en una restricción cada vez más grave: incluso siendo optimistas en cuanto a la modernización del stock de capital, la oferta interna seguirá siendo durante años insuficiente para contrarrestar los efectos combinados de un aumento de la tasa de penetración de las importaciones ocasionada por el mayor dinamismo de la economía y por una evolución de los intercambios intracomunitarios inferior a la que resultaría de una aplicación generalizada de la Estrategia de Cooperación de crecimiento y empleo. Es, por tanto, de esperar, que las importaciones crezcan con mayor rapidez que las exportaciones y que el déficit comerical continue pesando cada vez más. Aun cuando la evolución del saldo de las transacciones invisibles pueda aportar una compensación parcial, las autoridades deben cuidar de que la degradación de la necesidad de financiación de la nación no pese de manera excesiva sobre las empresas. Además, habrá que reducir el déficit de las administraciones públicas hasta un nivel muy inferior al 5 % del PIB en 1988, con el fin de dejar libres recursos financieros complementarios para un desarrollo sostenido de la inversión productiva.
España: Principales agregados económicos, 1983-1988
(TABLA OMITIDA)
FRANCIA
En 1987, el entorno económico internacional habrá sido menos favorable de lo que se había supuesto en otoño de 1986, haciendo más difícil la consecución de los objetivos en materia de crecimiento y de empleo que se había fijado el gobierno salido de las elecciones de marzo de 1986. El crecimiento del producto interior bruto, estimado en un 1,2% en términos reales para el conjunto de 1987, se ha basado enteramente en la expansión de la demanda interior, habiendo sido negativa la contribución del saldo exterior. A pesar de cierta revisión a la baja de los proyectos de inversión debida al deterioro del entorno internacional, la inversión productiva ha sido su elemento más dinámico. En el comercio y en la industria privada, su progresión ha sido notable, mientras que se observó una contracción en las grandes empresas nacionales y en la agricultura. Habiendo aumentado la inversión de las economías domesticas alrededor del 2 % en volumen y siendo asimismo creciente la inversión de las administraciones públicas, el conjunto de la formación bruta de capital fijo ha crecido a un ritmo ligeramente inferior al 3 % registrado en 1986. En cambio, el consumo privado ha perdido parte de su dinamismo, principalmente a causa de una menor progresión de las rentas salariales. Así, la tasa de crecimiento de la demanda interna real (2,2 %) se ha reducido en relación con la conseguida en 1986 (3,5%).
El alza de los precios al consumo ha sido bastante moderada, variando poco en promedio anual en relación con 1986 ; el efecto a la baja causado por los precios de importación no ha sido sensible, pero la tendencia de los costes interiores ha flexionado a la baja.
En 1988, a falta de modificaciones notables del tipo de cambio real, pero teniendo en cuenta una expansión algo más rápida de los mercados de exportación que en 1987, las ventas al exterior deberían impulsar más enérgicamente la economía francesa. En cambio, la demanda interior sólo debería reforzarse en términos moderados. Ciertamente, a causa de la mejora de las condiciones de rentabilidad, la inversión en bienes de equipo seguirá bien orientada y la construcción de viviendas podrá mantener un crecimiento moderado. En cambio, aunque según todas las probabilidades la desinflación debería progresar todavía algo en 1988, el consumo de las economías domésticas no debería aumentar más de un 1,7% en términos reales, manteniéndose la evolución de las rentas de las economías domésticas y sobre todo la masa salarial en una pendiente muy poco ascendente.
Teniendo en cuenta la tasa de penetración bastante elevada del mercado francés, la progresión de las importaciones seguirá de cerca a la de las exportaciones. Así pues, el saldo exterior no aportará contribución positiva alguna al crecimiento del PIB en términos reales. Este podría situarse entre un 1,5 % y un 2 %, lo que no permite presuponer una reducción de la tasa de desempleo. A pesar de la consolidación de los precios del petróleo y de otras materias primas, la relación real de intercambio podría mejorar algo. La balanza de pagos por cuenta corriente (definición de la contabilidad nacional) estaría en equilibrio, en comparación con un ligero déficit en 1987.
El problema del desempleo sigue siendo la principal Preocupación de las autoridades francesas. Desde mediados de 1986, se han puesto en práctica con éxito una seria de medidas concretas para contener muy en particular el desempleo de los jóvenes y el de larga duración, especialmente mediante la organización de formaciones alternativas y la exención de cargas de las empresas en favor de nuevas contrataciones. Para los parados de larga duración, se ha mejorado el régimen de indemnización con la supresión del plazo entre el final del pago de la prestación por el seguro de desempleo y la toma a su cargo por el Estado.
Las condiciones macroeconómicas de una progresión notable del empleo siguen, sin embargo siendo delicadas, ya que la expansión de la actividad continúa frenada por la restricción exterior y condicionada por la consecución de una mayor flexibilidad de la economía francesa.
La disminución del ritmo de crecimiento de los costes interiores inherente al rigor salarial y, hasta cierto punto, el reajuste de enero de 1987 han permitido conseguir ganancias en los mercados europeos que han compensado en parte las pérdidas registradas en los mercados extracomunitarios. Es importante que se mantenga en 1988 la tendencia a la moderación de los salarios reales, para que las exportaciones francesas puedan continuar beneficiándose de una mejora de la competitividad precio y la tasa de penetración en el mercado francés, en particular de los bienes de consumo, pueda al menos estabilizarse.
Por el lado de la oferta, las autoridades han continuado con sus esfuerzos para estimular la adaptabilidad del tejido económico. Mientras que en 1986 esos esfuerzos se dirigieron principalmente al mercado de trabajo, recurriendo, por ejemplo, a reducciones de la jornada de trabajo y de las condiciones de jubilación, en 1987 las autoridades han puesto el acento en la liberalización de los movimientos de capital y de los cambios, en la flexibilización del mercado monetario y en la supresión de las últimas restricciones en materia de control de precios. Todas estas disposiciones deberían contribuir a una adaptación más flexible a las condiciones cambiantes de la demanda y engendrar una mayor competitividad ; deberían constituir un estímulo a una actividad más intensa de inversión.
Por su parte, las autoridades, reservando para el reembolso de la deuda pública alrededor de las tres cuartas partes de los ingresos, previstos inicialmente, resultantes de la privatización, consagrarán la cuarta parte restante a la dotación de capital de las empresas del sector público. Habiendo sido sobrepasadas las previsiones en alrededor de 20000 millones, esta cifra se repartirá en proporciones semejantes entre el desendeudamiento y la aportación de capital a las empresas publicas. Así se llevará a buen término el saneamiento financiero y el desendeudamiento de dichas empresas públicas.
La política monetaria debería por su parte contribuir a la expansión de la inversión productiva por la vía de la reducción de los tipos de interés nominales y reales. En adelante debería ser posible perseguir ese objetivo mediante una estrategia más ajustada a las fuerzas del mercado. Desde el 1 de enero de 1987 se ha abolido el encuadramiento del crédito, en favor de una utilización de los tipos de interés como regulador principal. El control de los cambios se ha mitigado en varias etapas. Al unificar la duración de la vida des los bonos de tesorería emitidos por las empresas y de los certificados de depósito negociables de los bancos, por una parte, y de los bonos del Tesoro, por otra, las autoridades han abierto el mercado de esos títulos para que sea más activo. En adelante, los costes del crédito a las empresas serán determinados más por las condiciones del mercado monetario que por los tipos básicos aplicados por los bancos comerciales.
El conjunto de estas disposiciones puede influir en el comportamiento de los agregados monetarios y crear un vínculo más directo con los tipos de interés aplicados en los mercados internacionales. Así es como, a consecuencia de una mayor demanda de certificados de depósito, el crecimiento de M 3 ha tendido en 1987 (cifras de finales de julio de 1987) a aumentar con mayor rapidez que la rama superior de la horquilla fijada por las autoridades monetarias, mientras que M 1 y M 2 han evolucionado a un ritmo menos rápido que el previsto. Después del reajuste de 12 de enero de 1987, que fue precedido por un alza brusca de los tipos de interés, éstos han disminuido gradualmente.
Para 1988, las autoridades monetarias podrían elegir tasas de crecimiento de los agregados monetarios próximas al aumento de la renta nacional nominal. Teniendo en cuenta la evolución favorable de la tasa de inflación, que tiende a alinearse con la de otros países de la Comunidad como Alemania y Países Bajos y, por consiguiente, el debilitamiento de las previsiones de inflación, los tipos de interés, tanto a corto como a largo plazo, podrían acentuar su movimiento a la baja. La amplitud de éste debería determinarse especialmente mediante la punción efectuada por el Tesoro en los mercados financieros, que se espera sea bastante limitada. Se crearían así las condiciones propicias para una reducción bastante continua de los tipos reales de interés.
El control de la hacienda pública es primordial, no solo desde este punto de vista, sino también para contener la demanda interna en límites compatibles con el equilibrio exterior. El gobierno aspira a conseguir en 1989 el equilibrio del presupuesto del Estado sin contar los intereses, es decir, un nivel de déficit equivalente a cerca de un 2% del producto interior bruto, y las intenciones en materia de política presupuestaria para 1988 se sitúan en esta perspectiva. Como, por otra parte, el gobierno se ha comprometido a reducir en 1988 la carga fiscal que recae sobre las empresas y las economías domésticas (incluida la reducción del tipo del IVA para ciertos productos) por un importe de unos 30 000 millones (0,5 % del PIB), es necesario limitar el aumento de los gastos públicos a alrededor del 2 % en términos nominales. Las economías que se han de lograr afectarán principalmente a los gastos de funcionamiento y a las subvenciones a las empresas públicas. El saldo neto que debe financiar el Estado podría, pues no sobrepasar los 115 000 millones de FF. Por otra parte, el equilibrio de las cuentas de la seguridad social podría obligar a la realización de nuevos esfuerzos de saneamiento como complemento de las medidas ya tomadas en mayo de 1987, con el consiguiente aumento de las cotizaciones sociales y la elaboración de un plan de racionalización de los gastos en sanidad. La fijación de un techo a los gastos, ligada a la moderación de los salarios y a la ampliación del paro, así como el aumento de las prestaciones, siguen, en efecto, pesando en la situación, financiera de este sector.
En conjunto, la orientación de la hacienda pública parece conforme a las necesidades de la situación y de las perspectivas acutales. Sin embargo, si la coyuntura mundial se deteriorase en relación con las previsiones acutales, habría que reconsiderar la orientación de la política presupuestaria, en particular por lo que se refiere a saber en qué medida sería conveniente dejar actuar a los estabilizadores automáticos.
Francia: Principales agregados económicos, 1983-1988
(TABLA OMITIDA)
IRLANDA
En Irlanda, el ritmo de la reactivación en 1987 ha sido lento, pero constante. A pesar del claro endurecimento de una política presupuestaria que ya era restrictiva, el PIB real debería aumentar un 2 % durante este año, después de haber registrado un crecimiento nulo en 1986. La expansión del consumo privado continúa a un ritmo moderado, pero la inversión experimenta una evolución irregular ; si bien la baja de los tipos de interés interiores ha favorecido la inversión en bienes de equipo, la actividad del sector de la construcción sigue siendo mediocre a causa de una demanda de viviendas privadas en regresión y de la disminución del ritmo de crecimiento de la actividad del sector público. En el plano comercial, los volúmenes de exportaciones han aumentado fuertemente durante este año y, teniendo en cuenta una evolución más lenta de las importaciones, se ha producido un superávit sustancial de los intercambios comerciales. El alza de los precios al consumo debería ser un 3 % en promedio en 1987, lo que representa la tasa más baja desde los años sesenta, siendo favorecida esta evolución por la debilidad de los precios de las importaciones y de los precios al por mayor y por la repercusión diferida de las bajas de los precios de los productos petrolíferos en 1986. En relación con las monedas de los principales países con los que comercia, el tipo de cambio de la libra irlandesa ha permanecido estable durante la mayor parte del año, mientras que los tipos de interés interiores han descendido de manera significativa por influencia de una política presupuestaria firme y de la evolución de los mercados monetarios internacionales. En cambio, la tasa de desempleo ha seguido aumentando en ausencia de una expansión sostenida del empleo.
El crecimiento económico debería continuar en 1988, aunque a un ritmo moderado y en un contexto de nuevas restricciones presupuestarias importantes. El consumo privado acusará sin duda de nuevo una ligera tendencia al alza, mientras que la recuperación de la confianza por parte de las empresas, consecuencia de los progresos obtenidos en el campo de la reducción del déficit presupuestario, debería estimular la inversión privada. La persistencia de una tasa de inflación reducida y la posibilidad de una baja sostenida de los tipos de interés interiores favorecerán el sostenimiento de la competitividad de las exportaciones, mientras que los volúmenes de importaciones deberían aumentar paralelamente a la demanda de consumo. La situación de la balanza comercial debería, por tanto, seguir siendo sana. Para 1988 se prevé un crecimiento del PIB de alrededor de un 1,25 % en términos reales. En estas condiciones, el empleo podría aumentar en el sector privado, excluida la agricultura, en una medida suficiente para detener la tendencia al alza de la tasa de desempleo.
No obstante, el desempleo y las finanzas públicas siguen siendo claramente los principales problemas estructurales de la economía. Si la evolución demográfica reciente, incluidas las tendencias de la emigración, ha compensado el fuerte crecimento tendencial de la oferta de mano de obra, no hay que esperar una reducción significativa del desempleo sin una expansión sostenida de la demanda. Esta dependerá a su vez de la mejora de los resultados de la economía en general. El restablecimiento de un ambiente favorable al crecimiento gracias a un nuevo esfuerzo de ajuste presupuestario constituye, pues, una condición esencial para la eliminación del desempleo. Además, para que el crecimiento contribuya notablemente a la creación de puestos de trabajo, es necesario un mayor esfuerzo a nivel de la oferta, cuya flexibilidad sería conveniente aumentar. Cambios en el proceso de formación de los salarios a comienzos del presente decenio han favorecido una evolución más suave de los salarios que ha tenido más en cuenta los costes, pero quedan otros campos del mercado de trabajo, como los modos de ordenación del tiempo de trabajo, la legislación relativa a la protección de los trabajadores o los costes administrativos del empleo, que también podrían ser objeto de examen. Mientras tanto, la moderación de los salarios sigue siendo un factor esencial del sostenimiento de los niveles existentes de empleo. Los programas de formación y de creación de puestos de trabajo siguen siendo elementos importantes de una solución a corto plazo a las dificultades del mercado de trabajo. Por lo que se refiere a la formación profesional, hay que actuar más sobre la adquisición de calificaciones en el campo de la gestión y de la comercialización, con el fin de completar los esfuerzos que se hacen paralelamente para desarrollar la industria y los servicios de exportación.
En 1978, la política presupuestaria se ha caracterizado por una restricción presupuestaria relativamente importante. En porcentaje del PIB, el saldo a financiar del presupuesto del Estado debería bajar alrededor de un 2 % para quedar en menos del 10 %, y el déficit del presupuesto corriente debería disminuir en más de un 1 % del PIB. El ajuste de las finanzas públicas resulta de la contracción o de la rebaja de ciertos gastos de inversión, de diversas economías en la provisión de servicios y de una limitación muy estricta del aumento de las remuneraciones en la función pública. La moderación salarial en el sector público es, en efecto, un elemento clave de la estrategia presupuestaria utilizada para dominar los gastos del Estado y frenar las reivindicaciones salariales en los demás sectores de la economía. En este campo, como en otros, la política presupuestaria ha conseguido en gran parte sus objetivos en 1987 y ha contribuido a una baja sostenida de los tipos de interés interiores reales, que a comienzos de año alcanzaban todavía más del 10 % en el mercado a corto plazo.
La persistencia de déficit presupuestarios considerables impone restricciones severas al crecimiento económico por el sesgo de tipos de interés elevados, de una fiscalidad gravosa y de la afectación de recursos públicos al servicio de la deuda más bien que a fines más productivos ; durante varios años todavía, habrá pues que proceder a ajustes importantes. La estabilización de la razón deuda pública/PIB, teniendo en cuenta las posibilidades de crecimiento a medio plazo y de las hipótesis en materia de tipos de interés, obligaría a una reducción del saldo a financiar del Tesoro que debería llevarse a cerca de un 5-6 % del PIB. Esto implica nuevas reducciones sustanciales de gasto público, sin contar los intereses, durante los próximos años.
En 1988, deberá, pues, mantenerse la orientación restrictiva de la política presupuestaria, sería oportuno llegar a una nueva reducción progresiva del saldo a financiar del Tesoro por importe al menos de 1,5 puntos del PIB en relación con el resultado previsto para este año. Tal orientación debería ser compatible con un crecimiento continuado del PIB real en 1988. Esta restricción representa un obstáculo a cualquier reducción de la presión fiscal global en 1988, aún cuando las autoridades presupuestarias deberían considerarlas posibilidades de ampliar la base tributaria y de racionalizar la estructura de los impuestos en el futuro. Parece oportuno hacer que las reducciones del gasto público recaigan en los sectores en los que son también posibles economías a plazo medio. En este aspecto, es evidente que el dominio de la masa salarial a cargo del Tesoro puede ser una fuente de ahorro importante. Teniendo en cuenta la difícil situación del empleo, la moderación salarial en todos los sectores de la economía constituye un factor determinante para el mantenimiento de la competitividad y el restablecimiento de un crecimiento sano, sostenido por el desarrallo de la inversión y de las exportaciones. La expansión de las transferencias sociales debería ser también limitada y debería cuidarse de que se dé una mejor correspondencia entre las prestaciones y las necesidades.
Irlanda: Principales agregados económicos, 1983-1988
(TABLA OMITIDA)
ITALIA
En Italia, los efectos retardados de la crisis petrolífera inversa, los aumentos salariales decididos a principios de año en el marco de las negociaciones colectivas trianuales y cierta aceleración del ritmo de los gastos públicos han determinado en 1987 una progresión rápida de la demanda interior y de las importaciones. El vigor de la demanda ha pesado en la balanza comercial, induciendo a las autoridades, desde la formación del nuevo gobierno salido de las elecciones anticipadas de 15 de junio, a endurecer la política monetaria y a tomar una serie de medidas fiscales destinadas a frenar el consumo de las economías domésticas y a evitar una acentuación de las previsiones de inflación.
Para el conjunto del año 1987, la progresión de la demanda interna sobrepasará un 4 % ; el deterioro del saldo exterior en términos reales será tres veces mayor que en 1986 - a causa igualmente de la contracción de las exportaciones - y la progresión del PIB será de alrededor de un 3 %. A pesar de una temporada turística bastante favorable, el superávit de la balanza por cuenta corriente conseguido el último año desaparecerá en gran parte. El rebrote de la inflación observado desde julio se prolongará durante algún tiempo a consecuencia del aumento de una serie de impuestos indirectos. Aunque el empleo ha seguido progresando en el sector de los servicios, la debilidad de los mercados de exportación y cierto deterioro de las perspectivas de actividad de los jefes de empresa han frenado la contratación de trabajadores en la industria; la tasa de desempleo ha continuado aumentando.
En 1988, cierta disminución del ritmo de crecimiento de la renta disponible de las economías domésticas, así como las medidas tomadas en el campo presupuestario y del crédito, deberían conducir a una evolución algo menos rápida de la demanda interior. Sin embargo, la aceleración de las exportaciones, que deberían beneficiarse de un crecimiento más sostenido de los mercados internacionales, permitirá reducir sensiblemente la punción operada por el déficit exterior en términos reales. En conjunto, el PIB real debería progresar alrededor del 3 %, ritmo apenas inferior al de 1987. En estas condiciones, y en la hipótesis de estabilización de la relación real de intercambio, la balanza de pagos por cuenta corriente no debería registrar más que un déficit bastante pequeño. La tasa de paro no debería variar con respecto a 1987.
Parece probable un crecimiento más lento de la inflación durante 1988, a causa del compromiso acordado en el marco de la renovación de los convenios colectivos, según el cual no se concederá aumento salarial alguno fuera de los ya pactados, y teniendo en cuenta el carácter restrictivo de la política monetaria. La amplitud de la desaceleración de los precios sigue, sin embargo, siendo incierta. El objetivo del gobierno en esta materia (+ 4,5% de media para 1988) supone cierta desaceleración de los precios durante el año (alrededor de un punto de enero a diciembre) que no parece absolutamente asegurada, ni por la tendencia de la productividad, ni por la evolución de las finanzas públicas, en particular del gasto.
En efecto, la política presupuestaria sigue enfrentada al problema estructural planteado por la cuantía del déficit y por la tendencia persistente al aumento del endeudamiento, cuya relación con el PIB asciende a un 90 % sobre la basé de la nueva contabilidad nacional (14). El plan a plazo medio aprobado en junio de 1986 tenía como objetivo estabilizar esa relación para 1990, eliminando, sin alterar la presión fiscal, el déficit sin los intereses y manteniendo la carga de la deuda en tomo a un 6 % del PIB. De ello resultaría una reducción de casi la mitad del peso del déficit del Tesoro en el PIB en relación con el nivel alcanzado en 1986, estando subordinada esa reducción a un crecimiento real del orden de un 3,5 % en promedio de aquí a 1990 y a una tasa de inflación de un 3 % a partir de 1988. Sin embargo, la evolución de la actividad económica, menos dinámica de lo previsto, y la tendencia de los tipos de interés reales observada desde finales de 1986 han obligado a una puesta al día de estas previsiones. El nuevo cuadro macroeconómico prevé un crecimiento ligeramente superior a un 3 % anual para el período 1988 a 1990, y una reducción continuada de la inflación. Se reafirma el objetivo de equilibrar el saldo neto a financiar del Tesoro, sin intreses, en 1990, lo que deja todavía lugar para un ligero aumento de la deuda pública en relación con el PIB al final del decenio.
Este objetivo parece ambicioso, especialmente a la luz de la evolución de las finanzas públicas en 1987. Mientras que la necesidad de financiación del Tesoro no hubiera debido pasar de 102 billones de Lit (10,2% del PIB en 1987), el resultado se acercará mas a 110 billones, dada la aceleración del ritmo del gasto derivada, entre otras cosas, de la aplicación de los nuevos convenios salariales. Para 1988, el gobierno, en su proyecto de presupuesto presentado en noviembre, pretende limitar el saldo neto a financiar a 103,5 billones de Lit, lo que reduciría el déficit al 9,9 % del PIB, un poco por debajo del objetivo inicial de 1987, pero deja todavía un margen de 2,5 puntos en comparación con el saldo previsto para 1990 (alrededor de un 7,5 % del PIB). El proyecto de presupuesto conlleva una reducción del impuesto sobre las personas físicas para lograr el nivel de inflación previsto y retrasa el aumento del IVA. Ingresos adicionales están previstos, concretamente en forma de aumento de ciertos impuestos indirectos y gracias a una recaudación acelerada de impuestos y gracias a una recaudación acelerada de impuestos directos. No obstante, serán necesarias importantes economías de gasto para limitar el déficit público en 1988. Se trata, en efecto, de una etapa importante para la consecución del saldo previsto para 1990, que es crucial, no solo para el equilibrio de las finanzas públicas, sino también para el retorno a una estabilidad monetaria duradera.
La orientación cada día más restrictiva de la política monetaria en 1987 se ha impuesto a causa de una aceleración muy viva de la demanda de crédito del sector privado y de la superación de los objetivos presupuestarios. Las tasas límite fijadas para finales de año a la expansión de los principales agregados de crédito (un 6 a 9 % para el crédito al sector privado y un 11 % para el conjunto del crédito interior, sobre la base de un déficit del Tesoro de 100 billones de Lit) han sido sobrepasadas durante el primer semestre. La situación del mercado financiero se ha mantenido tensa durante el tercer trimestre, obligando a las autoridades e elevar en varias ocasiones los tipos de interés. Estas precauciones deben examinarse asimismo en el contexto de las nuevas medidas de liberalización de los movimientos de capital adoptadas en el mes de mayo, mediante las cuales se ha abolido el depósito obligatorio sin interés exigible para la compra de valores extranjeros. La Comisión ha podido así suprimir a principios del mes de agosto de 1987 la cláusula de salvaguardia concedida a Italia en virtud del apartado 3 del artículo 108 del Tratado CEE. Sin embargo, dado que las salidas de capital han aumentado notablemente desde el verano y que una parte del crédito interior parece haber sido utilizado para esas operaciones, así como para operaciones de adelantos y retrasos, las autoridades monetarias han vuelto a introducir recientemente medidas destinadas a regular el crédito bancario. Los riesgos potenciales que pesan sobre el equilibrio interior y exterior hacen deseable una orientación moderadora de la política monetaria en 1988. Sería oportuno mantener, para los agregados principales, tasas indicativas de crecimiento compatibles con un crecimiento del PIB nominal próximo a un 7,5 %.
Si la reforma de la indiciación de los salarios y los aumentos previstos para los próximos años a nivel de rama productiva son capaces de favorecer una lenta desaceleración tendencial de los precios, con la condición de que no se produzca nuevo aumento alguno fuera de los ya programados, parece poco probable una desinflación más marcada en ausencia de una fuerte expansión de la inversión, único medio para aliviar duraderamente la dependencia exterior y acelerar los progresos de la productividad. La inversión de las empresas deberá convertirse en el elemento central para mantener un crecimiento suficientemente rápido y sano de la economía italiana.
La orientación de la política económica centrada en el rigor monetario y en la flexibilidad de los ajustes de los salarios se halla ciertamente en la base de los resultados positivos registrados durante los últimos años. En la perspectiva de la creación de un mercado único para 1992, parece necesario reforzar las estructuras internas para que la fusión de los mercados contribuya a elevar el potencial de crecimiento. En este aspecto, el saneamiento de la hacienda pública y la liberalización de los movimientos de capital representan dos objetivos prioritarios. La apertura de los mercados de capital permitirá especialmente a las instituciones financieras diversificar las modalidades de colocación y aumentar la fluidez de los circuitos financieros. Por otra parte, los poderes públicos representan un papel destacado en el refuerzo de la capacidad productiva: éste supone una mejora de la infraestructura económica, así como una reorganización de los servicios públicos. En el mismo contexto, parece oportuno reconsiderar las opciones adoptadas en materia de política energética, teniendo en cuenta la fuerte dependencia de Italia en este campo, así como los riesgos que el encarecimiento de la factura petrolífera implica para el equilibrio de los pagos exteriores.
La defensa de la capacidad competitiva de la economía italiana es, en efecto , el elemento clave para llegar a una expansión sana y a la disminución del desempleo. Si bien el crecimiento económico ha sido durante los últimos años relativamente más satisfactorio que en la mayor parte de los demás países de la Comunidad, ha estado unido, salvo en 1986, a una diferencia positiva considerable de la expansión de la demanda interna con respecto al resto de la Comunidad, mientras que el tipo real de cambio de la lira se ha revalorizado hasta principios de 1987. Las políticas monetaria y presupuestaria deben contribuir conjuntamente, tanto a la limitación del aumento de los costes, como a la de la demanda interior en una medida compatible con el mantenimiento del equilibrio exterior. El margen de maniobra de las autoridades sería, evidentemente, mayor si la acción conjunta de los Estados miembros consiguiera acelerar los intercambios intracomunitarios.
Italia: Principales agregados económicos, 1983-1988
(TABLA OMITIDA)
LUXEMBURGO
En Luxemburgo, el crecimiento económico se ha debilitado en 1987 y la tasa de expansión del producto interior bruto se ha reducido a un 2 % en términos reales. Mientras que el consumo de las economías domésticas se benefició de un aumento notable de la renta disponible de las mismas, sostenido entre otras cosas por reducciones fiscales, la formación bruta de capital fijo en la industria experimentaba cierta inseguridad derivada especialmente del debilitamiento de la demanda en el sector siderúrgico después de la fuerte progresión de los años precedentes. La atonía de las ventas de esta industria ha provocado, por otra parte, una menor progresión de las exportaciones totales. Las importaciones también han perdido ritmo. La tasa de inflación se ha mantenido a un nivel moderado gracias a la disminución de los precios a la importación, y la tasa de desempleo no ha aumentado.
En 1988, el producto interior bruto debería crecer alrededor de un 1,8 % en términos reales. Teniendo en cuenta el retroceso de las ventas de acero, las exportaciones totales sólo aumentarían lentamente. Aunque el aumento de los salarios per cápita deberá ser comparable al del año precedente, la repercusión de las reducciones fiscales concedidas a las economías domésticas será menor, y la renta disponible de éstas progresará menos en términos reales que en 1987. El consumo privado se desarrollaría, por tanto, más débilmente que el año precedente. La tendencia a un crecimiento más lento de la inversión de las empresas iniciada en 1987 debería prolongarse, y se estabilizaría la construcción de viviendas. El aumento de los precios de consumo podría acelerarse con bastante claridad por efecto del aumento de los precios de importación. Las pérdidas en el sector siderúrgico apenas afectarían a la tasa de desempleo, que disminuiría ligeramente.
La política económica aplicada en el Gran Ducado corresponde, en numerosos aspectos, a las líneas de fuerza de la estrategia de cooperación para el crecimiento y el empleo. El margen presupuestario de maniobra, que aparece a medida que progresa la reestructuración de la siderurgia, se utiliza para reconstituir los medios financieros de los fondos de inversión del Estado y para reforzar la posición competitiva de las empresas, especialmente mediante la reducción de los impuestos directos sobre las sociedades. Las medidas de reducción fiscal en favor de las empresas y de las economías domésticas han alcanzado cerca de un 2,5 % del PIB en 1987, sin por ello poner en peligro el equilibrio presupuestario.
En cambio, la evolución salarial parece preocupante, teniendo en cuenta el carácter muy abierto de la economía luxemburguesa y la necesidad, no sólo de mejorar la rentabilidad de las empresas, sino sobre todo de salvaguardar su posición competitiva. Ahora bien, para el conjunto de la economía, los salarios per cápita han aumentado en términos reales un 3,9 % en 1987, y las previsiones para 1988 indican un aumento probable de cerca de un 2,0 %, cifras que superan bastante el crecimiento simultáneo de la productividad (0,4 % en 1987 y 1,2 % en 1988). La acumulación de los aumentos salariales y de las cargas sociales puede frenar las posibilidades de desarrollo económico a plazo más largo.
La política de diversificación y de reestructuración del aparato productivo no sólo ha hecho que la economía dependa menos de la siderurgia, sino que, a la vez, ha permitido crear nuevos puestos de trabajo. Además, medidas específicas, como la jubilación anticipada, han contribuido a mantener el número de desempleados a un nivel muy bajo. Teniendo en cuenta el empleo creciente de trabajadores fronterizos y de inmigrantes en varias profesiones, el gobierno ha activado la orientación y la formación profesionales con el fin de absorber el núcleo de desempleo persistente. Además, aspira a crear el marco legal para que la flexibilidad del mercado de trabajo pueda aumentar, en caso de acuerdo entre las diferentes partes en cuestión, mediante otras medidas, como la reorganización del trabajo semanal y la revisión de la legislación sobre el trabajo dominical.
En 1988, la capacidad de financiación de las administraciones públicas debería ser algo mayor que en 1987, lo que permitiría reforzar los medios de los fondos de inversión públicos. El aumento del gasto público no podrá compensar las consecuencias de la debilidad de la demanda exterior, pero la reducción de la fiscalidad directa de las empresas, acordada en relación con los presupuestos de 1987 y 1988, aportará una ayuda eficaz a la política de diversificación de la estructura económica y la disminución de la carga fiscal individual sostendrá el consumo. Sin embargo, habrá que actuar con cierta prudencia en materia de gestión de los gastos, ya que las medidas de política social (jubilación anticipada, pensiones, salarios en el sector público) reducen ciertamente el margen presupuestario disponible.
Luxemburgo: Principales agregados económicos 1983-1988
(TABLA OMITIDA)
PAÍSES BAJOS
En los Países Bajos, el crecimiento del PIB en volumen se ha hecho mas lento en 1987, disminuyendo hasta una tasa de cerca de un 1,7 % a causa, en particular del debilitamiento de la demanda interna. Al igual que el año precedente, el consumo privado, estimulado por un aumento sustancial de la renta disponible de las economías domésticas en términos reales, ha aumentado en 1987 casi un 3 % en volumen, pero han disminuido el consumo público y la inversión. Después de un desarrollo sostenido durante varios años, la inversión de las empresas y en particular las compras de bienes de equipo se han debilitado notablemente, en tanto que la inversión pública ha retrocedido principalmente a causa de la terminación de las grandes obras hidráulicas. Mientras que las ventas al extranjero de gas natural han seguido disminuyendo en relación con 1986, las exportaciones de productos manufacturados se han mantenido relativamente estables a pesar de una revalorización importante del florín en 1986 y 1987. Este resultado positivo sólo ha podido alcanzarse a costa de una disminución de los márgenes de beneficio de la exportación.
El número de personas ocupadas ha aumentado un 1,4 % en 1987 a causa, entre otras cosas, del incremento del trabajo a tiempo parcial, y el desempleo ha retrocedido. El superávit de la balanza comercial ha disminuido de manera sensible y el saldo de la balanza por cuenta corriente se ha reducido consiguientemente de casi un 3 % del PIB en 1986 a un 1,9 % en 1987.
En 1988, el ritmo de crecimiento del producto interior bruto, afectado, como en 1987, por una disminución de la producción en el sector energético, se haría más lento de nuevo y apenas alcanzaría un 1,2 % en términos reales. Las exportaciones de bienes progresarían aproximadamente al mismo ritmo que en 1987, pero la expansión de la demanda interior se haría mucho más lenta. Debido en particular al reducido aumento de los salarios, el crecimiento de la renta disponible de las economías domésticas sólo alcanzaría un 1,2 % en términos reales. Aun suponiendo una baja de la tasa de ahorro en relación con el año precedente, el consumo privado aumentaría sólo lentamente. En ausencia de una mejora sensible del entorno exterior, el volumen de la inversión de las empresas no crecería en 1988 y la inversión pública se estancaría. Después de la baja producida en 1987, el nivel de los precios de consumo podría elevarse algo, difuminándose progresivamente el efecto de la reducción de los precios del gas natural y de los precios de importación. A pesar de un ligero deterioro de la relación real de intercambio, el superávit de la balanza por cuenta corriente se estabilizaría al nivel alcanzado en 1987. El número de personas ocupadas podría aumentar alrededor de un 1 %, debido, entre otras causas, a la aplicación de programas en favor del empleo y de la formación profesional y a la ampliación del trabajo a tiempo parcial ; la tasa de desempleo disminuiría en consecuencia, para situarse en un 11 % de la población activa.
La orientación dada a la política económica desde el otoño de 1982, que ha permitido una reducción apreciable del déficit del sector público, un aumento del empleo y un funcionamiento más suave del mercado de trabajo, ha sido reconducida por el nuevo gobierno que tomó posesión en julio de 1986. En el acuerdo gubernamental se ha puesto el acento en la necesidad de atenuar los desequilibrios más importantes - el déficit presupuestario y el elevado nivel de desempleo - evitando agravar, e incluso tratando de disminuir, las cargas colectivas, así como en el mantenimiento global de la capacidad de compra de las economías domésticas. Las autoridades aspiran a una reducción del desempleo en 200000 personas, quedando con ello su número en 500000 de aquí a 1990.
En el campo presupuestario, el programa gubernamental prevé una reducción del déficit presupuestario de la administración central de un 8 % de la renta nacional neta en 1987 a un 7 % en 1988, un 6 % en 1989 y un 5,25 % en 1990. Teniendo en cuenta el compromiso aceptado de estabilizar la presión fiscal y parafiscal, el ajuste pesa esencialmente sobre los gastos. Se conseguirán economías sustanciales gracias a la estabilización de las transferencias sociales, a una importante disminución de las subvenciones al sector privado y a una reducción de personal en la función pública.
La consecución de estos objetivos se basa en hipótesis de entorno internacional relativamente favorables, en la estabilización de la participación relativa de los salarios en el PIB entre 1986 y 1990 y en el aumento del empleo en hombres-año de más de un 3% durante el mismo período, acompañado de una reducción de la jornada de trabajo y de la ampliación del trabajo a tiempo parcial. Toda evolución económica menos favorable que la prevista supondrá un esfuerzo complementario si se desea realizar el ajuste deseado por las autoridades públicas.
Mientras que, desde 1983, el saneamiento de la hacienda pública ha hecho progresos ciertos, permitiendo reducir el déficit neto de las administraciones públicas, el contexto internacional y la pérdida de ingresos no fiscales han impuesto en 1986 y 1987 una pausa en la marcha hacia los objetivos plurianuales. En 1988, las líneas de fuerza de la política presupuestaria no deberían diferir de las aplicadas actualmente, que permiten en lo esencial evitar un deslizamiento de los gastos.
La obtención de plusvalías fiscales ha inducido a las autoridades a reducir para 1988 los tipos impositivos sobre las rentas de los particulares hasta la cifra de 1350 millones de florines, pero el peligro de rebasar ampliamente los objetivos presupuestarios en cuanto el gasto les ha obligado a realizar economías complementarias por encima de las previstas por el acuerdo gubernamental. En conjunto, resulta de ello un ligero aflojamiento del objetivo presupuestario (el déficit de la administración central sería un 7,2 % de la RNN en 1988, mientras que el objetivo inicial era un 7 % y el déficit comparable para 1987 asciende a un 7,6 %). Este exceso se mantiene dentro de límites aceptables, dado el contexto de crecimiento desfavorable en el que se realiza actualmente el saneamiento de la hacienda pública. Implica, no obstante, una intensificación del esfuerzo de contracción durante los años siguientes, con el fin de conseguir los objetivos plurianuales, en vista del aumento continuado de la carga de intereses de la deuda pública hasta 1991.
La gestión del banco central concede una alta prioridad a la estabilidad de la paridad florín/DM. El diferencial de interés que implica podría disminuir progresivamente si se mantuvieran las previsiones de aumentos moderados de precios. La propensión a invertir recibiría así un estímulo. En el plano interior, las autoridades monetarias han firmado a finales de 1986 un convenio para dos años, durante los cuales los bancos limitarán su creación de liquidez a un 11-12 %. Los objetivos de aumento de la masa monetaria definidos por el banco central parecen ser apropiados para garantizar un grado de liquidez adecuado para la economía, aunque favoreciendo el mantenimiento de una baja tasa de inflación.
La política presupuestaria, aunque restrictiva, moviliza medios no despreciables para la formación adecuada de la mano de obra y para la creación de puestos de trabajo para los jóvenes y los desempleados de edad avanzada. Además, continúa la descentralización de las negociaciones salariales, lo que permitirá adaptar mejor los salarios en función de los aumentos sectoriales de productividad y seguir moderando así globalmente la progresión de los salarios reales. Los esfuerzos por suavizar el funcionamiento del mercado de trabajo aspiran asimismo a la congelación del nivel del salario mínimo, que influye en el abanico de rentas primaria y es importante para la evolución de los costes salariales de las empresas a causa de su estrecha vinculación con el salario medio. En la medida en que las autoridades públicas se han retirado formalmente del proceso de determinación de los salarios, la evolución de las cargas reales de mano de obra dependerá más de los mecanismos del mercado y de la actitud de los interlocutores sociales. Al reducir la carga fiscal, las autoridades han contribuido a la moderación salarial. Como los aumentos de la productividad siguen siendo moderados, los aumentos de los salarios reales deberían seguir siendo limitados a fin de favorecer el proceso de crecimiento de la inversión iniciado en 1985 y 1986, pero que desde entonces tiene de nuevo tendencia a debilitarse.
Países Bajos: Principales agregados económicos 1983-1988
(TABLA OMITIDA)
PORTUGAL
La reactivación económica que se inició en 1985 ha continuado desde entonces bajo la influencia de la viva recuperación de la demanda interior. Después de un claro aumento en 1986 (+ 4,3 %), el PIB en volumen (15) debería, sin embargo, registrar un crecimiento algo menor en 1987 (3,75 %). Esta desaceleración solo es imputable al efecto de mayor contracción causado por la balanza exterior ya la menor progresión de los stocks. En cambio, ha continuado el vigoroso movimiento de alcance del consumo privado, mientras que la inversión ha experimentado, concretamente por el impulso de la adhesión de Portugal a la Comunidad, un crecimiento sensiblemente acelerado. La mejora del empleo se ha reforzado y la tasa de desempleo ha disminuido notablemente (de un 8,6 % en 1986 a un 7,2 % en 1987). Al mismo tiempo, la inflación se ha desacelerado claramente, aunque presenta una diferencia notable con respecto a los demás Estados miembros. El superávit exterior se ha atenuado sensiblemente después de haber experimentado una marcada recuperación en 1935 y 1986.
Bajo el efecto de una sensible desaceleración de la demanda interior y a pesar del buen comportamiento de las exportaciones, el ritmo de crecimiento del PIB en volumen (15) debería aproximarse a un 3 % en 1988. La mejora menos marcada del empleo se traduciría en una disminución sensiblemente más lenta del desempleo. Conforme a los objetivos perseguidos por las autoridades, se registrarán de nuevo progresos notables en la reducción de la inflación. La balanza de pagos por cuenta corriente continuaría deteriorándose y, por vez primera desde 1984, se saldaría con déficit (del orden de un 1 % del PIB).
Aunque menos que en los años precedentes, en 1988 se mantendrá un diferencial importante en el ritmo de progresión de la demanda interna en comparación con los demás Estados miembros. Este diferencial se halla ciertamente justificado por la necesidad de progresar por el camino de la atenuación de las deficiencias estructurales de Portugal mediante una recuperación duradera de la tasa de inversión, que todavía se halla netamente por debajo del nivel observado hasta comienzos de los años ochenta. Sin embargo, teniendo a la vez en cuenta las incertidumbres que pesan sobre el entorno exterior, la gran dependencia de la economía portuguesa con respecto a las importaciones petrolíferas y su apertura creciente, una evolución semejante implica riesgos en cuanto a los pagos por cuenta corriente. La aplicación del "Programa de corrección estructural del déficit exterior y del desempleo" (PCEDED), adoptado en marzo último y confirmado a finales de agosto con motivo de la presentación al Parlamento del programa del nuevo gobierno, permitirá evitar mucho más cómodamente estos riesgos, tanto más cuanto que la política propuesta se ajusta, en sus líneas generales, a la Estrategia de Cooperación para el crecimiento y el empleo seguida por la Comunidad.
Ya se han logrado sensibles progresos en la mejora de las condiciones de la demanda y de la oferta. En particular, la política de desvalorización programada del escudo y la política salarial han sido sometidas al imperativo de una mayor convergencia nominal con los demás Estados miembros. Desde julio de 1986, un Consejo permanente de concertación social representa un papel activo en este campo. Además, ciertas medidas de ajuste en el campo fiscal y de modernización del mercado financiero sostienen el esfuerzo de inversión. La Comunidad, por su parte, sigue prestando una aportación significativa para favorecer una mayor convergencia real y una reducción de la diferencia con respecto al nivel de desarrollo de los demás Estados miembros. Así, la parte relativa de los fondos estructurales y de los instrumentos financieros de la Comunidad en el producto interior bruto portugués ha rebasado el 2,8 % en 1986. En conjunto, sin embargo, sigue siendo insuficiente y frágil. Este proceso debe, pues, proseguirse activamente e incluso reforzarse.
En este contexto, la política presupuestaria tiene asignado un papel particularmente importante. La disminución de la necesidad de financiación del conjunto de las administraciones públicas observada en 1985 ha podido ser mantenida por las autoridades en 1986 gracias, en particular, a los gravámenes fiscales sobre los hidrocarburos y a la aplicación del IVA. Sin embargo, las tendencias de la evolución del presupuesto del Estado para 1987 evidencian la necesidad de un acompañamiento riguroso para la consecución de los objetivos presupuestarios en términos de ingresos, especialmente en lo que se refiere al impuesto sobre el valor añadido. El objetivo de una reducción a medio plazo de la necesidad de financiación del Estado, que se ha fijado por vez primera en 1987 y que aspira a rebajarse de un 8,8 % del PIB en 1987 a menos de un 5 % del PIB a partir de 1990-1991, no se alcanzará sin un esfuerzo continuado de moderación de los gastos de funcionamiento, sin una reducción de las transferencias, especialmente en beneficio de las empresas del sector competitivo, y sin una ampliación de la base impositiva. La aplicación lo más rápidamente posible de la reforma fiscal podría representar un papel positivo en este aspecto. Si no se obtienen resultados tangibles en estos campos, pueden peligrar la política de mejora de la infraestructura y, en un plano más general, la necesaria contribución de la, política presupuestaria a un aumento de la tasa de inversión del país, a un refuerzo de la formación profesional y a la valoración del capital humano. Así ocurriría si, en ausencia de una reducción suficiente del déficit público ya en 1988, la cuenta exterior se degradara a un ritmo excesivo, obligando al retorno a políticas restrictivas que en un pasado reciente han obstaculizado el proceso de crecimiento del país y sus posibilidades de reducción del subempleo agrícola.
La consecución del objetivo presupuestario es esencial para facilitar la tarea de la política monetaria tanto en el plano interior, especialmente con respecto a la necesaria moderación del crecimiento de los agregados monetarios, como desde el punto de vista de la evolución del tipo de cambio. Solo con esta condición podrá continuarse la aminoración de las previsiones de inflación y el proceso de redución de los tipos de interés. Nuevos progresos en la modernización de los circuitos financieros podrían actuar en el mismo sentido.
Gracias a su acción sobre las previsiones de inflación y sobre la evolución de los costes de producción, la continuación de la política activa de concertación social constituye otro elemento esencial para la expansión equilibrada y duradera que se requiere para el éxito de la integración progresiva de la economía portuguesa en la Comunidad. Es necesario en particular que se mantenga el consenso sobre la tasa programada de inflación de un 6 % para 1988 y que se tenga efectivamente en cuenta en las negociaciones salariales para el año próximo.
En conclusión, las diversas acciones necesarias para la consecución de los objetivos macroeconómicos marcados por las autoridades deben ser aplicadas de forma enérgica. Solo así podrá mantenerse un proceso satisfactorio de crecimiento, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo, y reducirse la inflación a un ritmo cada vez más próximo a la media comunitaria.
Portugal: Principales agregados económicos, 1983-1988
(TABLA OMITIDA)
REINO UNIDO
En el Reino Unido, la expansión de la actividad económica, ininterrumpida desde 1981, se ha reforzado aún más desde mediados de 1986, y el crecimiento del PIB real debería alcanzar en 1987 aproximadamente un 3,5 %. El número de desempleados registrados muestra una tendencia neta a la baja desde mediados de 1986 y el empleo ha comenzado una aceleración de su crecimiento. Aun cuando la inflación, en claro retroceso durante el último año, se ha acelerado, he tasa anual de inflación de los precios al por menor ha aumentado moderadamente en 1987, manteniéndose en tomo a un 4 %. La posición de la balanza por cuenta corriente se ha debilitado menos de lo previsto, a pesar del deterioro de la relación real de intercambio en más de un 3 % en 1986 y 1987.
La fuerza relativa de la economía en 1987 se basa en la reducción de un 17% del tipo de cambio efectivo entre el tercer trimestre de 1985 y el último trimestre del año anterior, lo que ha elevado la competitividad-precio de la economía. La débil expansión de los mercados de exportación se ha advertido, pues, menos en el Reino Unido que en los países cuyas monedas se han revalorizado. Las exportaciones se han recuperado claramente en el segundo semestre de 1986 y se han mantenido a nivel elevado durante este año, a pesar de la revalorización de un 5 % de la libra esterlina durante los meses que precedieron a las elecciones generales de junio. Además, el estancamiento de las importaciones a comienzos de 1987 muestra que se ha producido un fenómeno de sustitución en detrimento de estas últimas y que la evolución de la oferta ha mejorado.
Aun habiendo dejado de ser el principal factor del crecimiento, el consumo privado se ha mantenido muy dinámico en 1987. El recrudecimiento de la inflación y la estabilización de la tasa de ahorro después de su baja del último año sólo han compensado parcialmente los efectos de estimulo del consumo resultantes del rápido aumento de los salarios nominales y otras rentas personales y de la reducción a un 27 % del tipo básico del impuesto sobre la renta en el presupuesto de marzo. En general, la confianza de las empresas y de los consumidores ha tendido de reforzarse y se ha producido un relanzamiento a nivel de la inversión de las empresas, especialmente manufactureras, después de un periodo de debilidad que duraba desde 1985, lo que explica en parte las modificaciones introducidas en el sistema del impuesto sobre sociedades. Las presiones al alza sobre la libra esterlina durante el primer semestre del año han permitido rebajar en conjunto los tipos básicos bancarios en dos puntos, lo que ha reforzada la demanda interior, aun cuando este movimiento haya sido parcialmente contrarrestado en agosto a consecuencia de un brote de debilidad de la libra esterlina y de una fuerte expansión de la demanda de crédito.
En 1988, la evolución debería seguir siendo positiva, teniendo en cuenta las perspectivas mundiales relativamente estimulantes. Es probable que el consumo privado crezca de nuevo fuertemente, sobre todo si la tasa de inflación debe estabilizarse como se piensa y el tipo básico del impuesto sobre la renta se reduce de nuevo. El crecimiento de la inversión fija debería acentuarse. En cambio, los volúmenes de exportaciones podrían aumentar más lentamente, dando lugar a cierto deterioro de la balanza por cuenta corriente. En conjunto, se prevé un crecimiento del PIB real de alrededor de un 2,5 %, es decir, un poco menos que en 1987.
La expansión de la actividad tiene una repercusión cada vez mas marcada sobre las cifras de paro. Después del derrumbamiento del empleo en 1983, se han creado 1250000 puestos de trabajo. El crecimiento del empleo se ha acelerado en los últimos trimestres ; en particular, el empleo masculino ha progresado vigorosamente a principios de 1987. Hasta hace poco, la repercusión de la expansión del empleo en el total de desempleados se ha visto atenuada por la propia estructura de esa expansión, pero la tendencia del desempleo se orienta firmemente a la baja, lo que parece imputable en gran medida al crecimiento sostenido de la economía. Los programas de empleo y de formación del gobierno han contribuido asimismo a la expansión del empleo y a la reducción del paro. En los últimos meses, el número de personas afectadas por estos programas ascendió a 400000, es decir, cifra algo mayor que la correspondiente al año precedente.
La tasa de desempleo sigue siendo superior al 10 % ; la persistencia de un rápido aumento de los salarios per cápita y de los costes salariales por unidad producida es preocupante. Hacia finales de 1986, los salarios pactados han manifestado cierta moderación, pero, dado el aumento del número de horas extraordinarias, esta no ha influido en la tasa tendencial de alza de los salarios medios, que apenas ha variado desde 1983 (7,5 %). De hecho, el aumento de los salarios pactados ha comenzado a acelerarse de nuevo recientemente. Prescindiendo de un retroceso en los primeros años ochenta debido a la recesión, los salarios reales han aumentado fuertemente durante la presente década. No obstante, la rentabilidad ha experimentado una sensible elevación durante el mismo período debido a incrementos sustanciales de la productividad, especialmente en la industria manufacturera. En los últimos años, el stock de capital ha crecido débilmente. Dado el incremento del número de empresas con capacidad insuficiente y el alto nivel de desempleo, se impone doblemente una expansión sensible de la inversión productiva. En este aspecto, son alentadores los signos evidentes de recuperación que manifiesta desde hace poco la inversión de las empresas.
En 1986, el saldo de la balanza de transacciones invisibles se deterioró considerablemente a causa de la baja de los precios petrolíferos y del crecimiento de las importaciones a consecuencia de la fuerte expansión del consumo privado. La mejora de la competitividad ha contribuido temporalmente a estabilizar la posición de la balanza en el primer semestre de 1987, pero es probable un nuevo deterioro, ya que las importaciones se aceleran de nuevo bajo el efecto de la expansión de la demanda final y la producción interior de petróleo disminuirá progresivamente a medio plazo. Para limitar este movimiento, conviene sostener la oferta y mejorarla, lo que obliga, a la vez, a mantener la competitividad actuando de forma que los costes salariales unitarios evolucionen paralelamente con los de los principales competidores del Reino Unido, que los tipos de cambio permanezcan estables y que la capacidad de producción de la economía se refuerce constantemente. Por lo que se refiere a la balanza de transacciones invisibles, las rentas procedentes del stock creciente de activos extranjeros han aumentado en valor. Si bien es improbable que el fuerte crecimiento de las rentas netas de los factores registrado en 1986 continúe a medio plazo, las rentas invisibles deberían ser suficientes para compensar en gran parte este año el déficit de la balanza comercial y contribuir fuertemente durante los próximos años a mantener el déficit de la balanza por cuenta corriente en límites que no impliquen ninguna restricción importante al crecimiento.
La consecución de los objetivos presupuestarios especificados en el marco de la estrategia financiera a medio plazo ha progresado bastante. La abundancia de los ingresos no petrolíferos y la aceleración del programa de privatización han permitido alcanzar el objetivo a largo plazo de reducción del saldo a financiar del sector público a un 1 % del PIB ya desde el ejercicio 1986-1987, es decir, antes de la fecha prevista. Una vez conseguido un bajo nivel de la necesidad de financiación, los esfuerzos se orientan ahora a la utilización del margen de maniobra logrado mediante el control riguroso del gasto para aliviar aún más la presión fiscal en la medida en que sea prudente hacerlo (uno de los objetivos específicos de esta política es la reducción del tipo básico del impuesto sobre la renta a un 25 %) Durante el presente ejercicio 1987-1988, subsistirán, sin embargo, presiones al alza sobre el gasto, concretamente en los campos de las remuneraciones del sector público y de los gastos de los entes locales, ya que éstos escapan en gran parte al control del gobierno central. Sin embargo, teniendo en cuenta la abundancia tendencial de los ingresos, parcialmente imputable a la recuperación de los precios petrolíferos, es poco probable que los gastos excedentarios que no puedan ser cubiertos por la reserva presupuestaria provoquen un exceso sobre la previsión del 1 % del PIB que mantiene el presupuesto respecto al saldo a financiar del sector público.
En cuanto a la política monetaria, el papel de las horquillas de expansión de los agregados monetarios distintos de la oferta monetaria, la masa monetaria en sentido estricto, ha perdido su importancia. El contenido informativo de los agregados mayores en cuanto se refiere al crecimiento de la renta nacional ha disminuido por efecto de la desregulación y de las innovaciones en los mercados financieros. No obstante, las autoridades han precisado que el comportamiento de la liquidez es un factor esencial que ha de tenerse en cuenta para la evaluación de las condiciones monetaries. La rápida expansión de M 3 durante este año, aun explicable en parte por las intervenciones masivas del Banco de Inglaterra destinadas a frenar el alza de la libra esterlina en el primer semestre, es quizá indico de una expansión demasiado rápida del crédito a los particulares, que conviene vigilar. Durante muchos años, la política monetaria ha tenido como objetivo promover un equilibrio entre las condiciones monetarias interiores y el tipo de cambio, a fin de que existiera una presión constante a la baja sobre la inflación. Sin embargo, parece ser que se ha favorecido el tipo de cambio en cuanto indicador de las condiciones monetarias. En 1986, a raíz de la disminución del precio del petróleo, las autoridades aceptaron un ajuste notable a la baja del tipo de cambio y actuaron de forma que los tipos de interés no se vieran demasiado afectados. Después del Acuerdo del Louvre de febrero de 1987, el Ministro de Hacienda declaró que sería deseable iniciar un período de estabilidad para los tipos de cambio de la libra esterlina y de otras monedas ; aprovechando una combinación juiciosa de intervenciones y modificaciones de los tipos de interés, la paridad libra esterlina/DM ha podido mantenerse dentro de un margen relativamente estrecho.
El gobierno sigue insistiendo en las políticas estructurales encaminadas a promover el buen funcionamiento y la flexibilidad de los mercados. En relación con los mercados financieros, desde 1979 se han suprimido numerosos controles legislativos o de otra clase. Actualmente, el problema esencial que se plantea en este aspecto es saber cómo se pueden conciliar una vigilancia apropiada y la desregulación. Otras medidas a nivel de la oferta son la reducción del tipo básico del impuesto sobre la renta, los incentivos fiscales para la promoción de la remuneración vinculada a los beneficios, los programas de empleo y de formación profesional, la ayuda a las pequeñas empresas, en las que se ve un poderoso factor de crecimiento, la reforma del estatuto de los sindicatos y una ampliación importante del programa de privatizaciones.
Las autoridades quizá tengan que resolver el problema de saber cómo convendría reaccionar en la hipótesis de que el entorno exterior fuera menos favorable de lo previsto. Si el crecimiento del PIB nominal resultara demasiado lento, quizá fuera conveniente suavizar la política, admitiendo, por ejemplo, que el saldo a financiar del sector público pudiera superar temporalmente el nivel del 1 % del PIB fijado como objetivo a medio plazo, con el fin de prestar cierto apoyo a la demanda nominal.
En 1988 y en años posteriores, convendrá cuidarse de sostener y reforzar el proceso ya iniciado de mejora de las condiciones del mercado de trabajo. Sabiendo que la expansión del empleo ha sido mayor en unas regiones que en otras y que subsisten zonas más afectadas por el paro, parecería deseable que las autoridades trataran de utilizar una parte del margen disponible para la reducción de impuestos durante el próximo ejercicio en acciones específicas en las regiones que presentan un desempleo elevado, aligerando, por ejemplo, las cargas fiscales que pesan sobre el coste del trabajo, con el fin de estimular la creación de nuevos puestos de trabajo y atraer inversiones a esas regiones. Sería también prudente elevar el nivel y aumentar la eficacia de la formación en esas regiones, teniendo en cuenta las amenazas de escasez de mano de obra calificada que pesan sobre la economía. En este aspecto, parecería también deseable promover la movilidad a través de medidas apropiadas, de manera que se dispusiera de un número suficiente de viviendas a precios razonables, especialmente en el Sudeste, región en la que la actividad es la más sostenida ; en la actualidad, la escasez de tales viviendas desalienta la movilidad. Recientemente, las autoridades han insistido en la necesidad de renovar los centros urbanos: preconizan una mejor coordinación de los programas públicos existentes y de la iniciativas del sector privado. Se podría aprovechar esta ocasión para aumentar juiciosamente los gastos de inversión en dichos centros con el fin de renovar la infraestructura en particular.
Si bien es deseable una mejor diferenciación regional de los salarios reales, es más urgente moderar con carácter general los aumentos salariales, con el fin de preservar la competitividad y promover una expansión satisfactoria del empleo. El gobierno no se inclina por una política de rentas, ya que ésta sería incompatible con su voluntad de liberalizar los mercados y estimular la diferenciación de los salarios. El control de las remuneraciones en el sector público constituye, sin embargo, un instrumento eficaz para influir en la evolución de los salarios en el conjunto de la economía. Un período prolongado de estabilidad del tipo de cambio, reforzada por la participación plena del Reino Unido en el sistema monetario europeo, podría también causar en su momento un efecto moderador sobre los salarios al influir en las previsiones de inflación. Simultáneamente, sería deseable acelerar la reforma completa de las estructuras del impuesto sobre las personas físicas y de la seguridad social, a pesar de la acogida bastante fría reservada al reciente Libro Verde, con el fin de reforzar los incentivos y reducir la pobreza y el desempleo, pero también de promover la moderación de los salarios.
Reino Unido: Principales agregados económicos, 1983-1988
(TABLA OMITIDA)
ANEXO ESTADÍSTICO
Informe Económico Anual 1987/1988
CUADROS
.................................................................Página
1. Resumen de los principales agregados macroeconómicos por
países, 1960-1988....................................................76
2. Resumen de los principales agregados económicos para EUR 12.......79
3. Producción, intercambios y precios mundiales......................80
4. Contribuciones al crecimiento del PIB real........................81
5. Importaciones y exportaciones de bienes...........................81
6. Balanzas comerciales reales, (1985-1988)..........................82
7. Balanza por cuenta corriente de los países en desarrollo..........82
8. Financiación externa y endeudamiento de los países en desarrollo
importadores de capital..............................................83
9. Comparación de las previsiones para 1987..........................83
10. Tipos de cambio bilaterales nominales, tipos efectivos nominales
y reales.............................................................85
11. Resultados de la encuesta sobre la revisión de planes y de
expectativas en respuesta a las variaciones de los tipos de cambio...85
12. Deflactor del consumo privado y convergencia de las evoluciones
de los precios.......................................................85
13. Convergencia real - PIB per cápita y dispersión del mismo en la
Comunidad............................................................86
14. Salarios nominales reales y costes salariales unitarios reales...86
15. Evoluciones sectoriales del empleo...............................87
16. Parte de los asalariados que trabajan a tiempo parcial con
respecto al conjunto de los asalariados..............................88
17. Empleo - contratos de duración determinada.......................88
18. Estructura del desempleo.........................................88
19. Desempleo de larga duración en % del desempleo total.............89
20. Evolución de las tasas de desempleo por regiones.................89
21. Evolución de la población activa 1985-1995.......................89
22. Proyecciones a medio plazo de los servicios de la Comisión y
realización de las mismas EUR 10.....................................90
23. Principales hipótesis de trabajo de la proyección de referencia
1987-1991 de septiembre de 1987 - EUR 12.............................90
24. Proyección de referencia 1987-1991 de septiembre de 1987
- EUR 12.............................................................91
25. Equilibrio del crecimiento desde el punto de vista de la demanda,
PIB, consumo privado, inversión privada y exportaciones netas de la
Comunidad............................................................91
26. Parte del comercio intracomunitario en el total de las
importaciones de bienes..............................................92
27. Parte del comercio intracomunitario en el total de las
exportaciones de bienes..............................................92
28. Efectos directos sobre las exportaciones de los Estados miembros
de un aumento del 10 % de sus importaciones..........................93
29. Efectos de un aumento de la inversión pública en determinados
Estados miembros de la Comunidad, habida cuenta de las
interdependencias dentro de la Comunidad.............................94
30. Convergencia real, tasa de inversión, productividad del capital
y balanzas por cuenta corriente......................................95
31. Cuotas del mercado de exportación................................96
32. Ganancias y pérdidas de cuotas del mercado de exportación
durante el período 1985-1979.........................................97
33. Tasa de variación de la formación bruta de capital fijo
industrial por sectores..............................................98
34. Tasa de variación del empleo por sectores........................98
35. Presupuesto general de las Comunidades Europeas, 1985-1988:
créditos de pago, millones de ECU en % del total.....................99
36. Objetivos monetarios y de crédito y realización de los mismos...100
37. Tipos de interés nominales a largo plazo........................101
38. Indicadores sintéticos de la política presupuestaria de la
Comunidad...........................................................102
39. Gastos, ingresos y capacidad de financiación de las
administraciones públicas...........................................103
40. Parte correspondiente a un conjunto de partidas de los ingresos
y los gastos de las administraciones públicas, en % del PIB.........105
GRÁFICOS
.................................................................Página
1. Tipos de cambio ECU/dólar........................................106
2. Precios mundiales del petróleo bruto, de las materias primas
(excluidos los combustibles) y de los productos manufacturados, en
dólares.............................................................107
3. Balanza de las transacciones corrientes con el resto del mundo
en % del PIB........................................................108
4.-11. Evolución comparada de las economías de la Comunidad, Estados
Unidos y Japón, 1984-1987...........................................109
12. Rentabilidad, demanda final total e inversión privada...........111
13. Crecimiento, empleo y desempleo según las proyecciones
centrales de 1986 y 1987 - EUR 12...................................112
14. Cuotas del mercado mundial de las exportaciones comunitarias de
productos industriales (índices 1963 = 100).........................113
15. Masa monetaria real y desaceleración de las variables nominales
(tasas de variación en % anual de las medias anuales)...............114
16. Tipos de interés nominales a largo y corto plazo................115
CUADRO 1
Resumen de los principales agregados macroeconómicos por países, 1960-1988
a) PIB real
(TABLA OMITIDA)
b) Demanda interna final real (Stocks incluidos)
(TABLA OMITIDA)
c) Saldo de las transacciones por cuenta corriente con el resto del mundo
(TABLA OMITIDA)
d) Deflactor del consumo privado
(TABLA OMITIDA)
e) Empleo total
(TABLA OMITIDA)
f) Tasa de desempleo (16)
(TABLA OMITIDA)
CUADRO 2
Resumen de los principales agregados económicos para EUR 12 1960-1988
(TABLA OMITIDA)
CUADRO 3
Producción, intercambios y precios mundiales
(TABLA OMITIDA)
Producto interior/nacional bruto en volumen
(TABLA OMITIDA)
Volumen de importaciones mundiales (bienes)
(TABLA OMITIDA)
Precios mundiales de exportación en dólares
(TABLA OMITIDA)
Balanza por cuenta corriente
(TABLA OMITIDA)
CUADRO 4
Contribuciones al crecimiento del PIB real
(TABLA OMITIDA)
CUADRO 5
Importaciones y exportaciones de bienes (en volumen)
(TABLA OMITIDA)
CUADRO 6
Balanzas comerciales reales, 1985-1988 (17)
(TABLA OMITIDA)
CUADRO 7
Balanza por cuenta corriente de los países en desarrollo
(TABLA OMITIDA)
CUADRO 8
Financiación externa y endeudamiento de los países en desarrollo importadores de capital
(TABLA OMITIDA)
a) financiación externa
(TABLA OMITIDA)
b) endeudamiento exterior
(TABLA OMITIDA)
CUADRO 9
Comparación de las previsiones para 1987 (EUR 12): octubre de 1986-septiembre de 1987
(TABLA OMITIDA)
CUADRO 10
Tipos de cambio bilaterales nominales, tipos efectivos nominales y reales
(TABLA OMITIDA)
CUADRO 11
Resultados de la encuesta sobre la revisión de planes y de expectativas en respuesta a las variaciones de los tipos de cambio (saldo ponderado) (18)
(TABLA OMITIDA)
CUADRO 12
Deflactor del consumo privado y convergencia de las evoluciones de los precios
(TABLA OMITIDA)
Media ponderada
(TABLA OMITIDA)
Índice de dispersión calculado con respecto a la media (19)
(TABLA OMITIDA)
Índice de dispersión calculado con respecto al nivel más bajo (19)
CUADRO 13
Convergencia real - PIB per cápita y dispersión del mismo en la Comunidad (20)
(TABLA OMITIDA)
CUADRO 14
Salarios nominales reales y costes salariales unitarios reales
(TABLA OMITIDA)
(a) Remuneración nominal por asalariado
(TABLA OMITIDA)
(b) Remuneración nominal por asalariado deflactada por el deflactor del consumo privado
(TABLA OMITIDA)
(c) Costes salariales unitarios reales (21)
(TABLA OMITIDA)
CUADRO 15
Evoluciones sectoriales del empleo (EUR 10)
(TABLA OMITIDA)
CUADRO 16
Parte de los asalariados que trabajan a tiempo parcial con respecto al conjunto de los asalariados
(TABLA OMITIDA)
CUADRO 17
Empleo - contratos de duración determinada
(TABLA OMITIDA)
CUADRO 18
Estructura del desempleo (EUR 12) (22)
(TABLA OMITIDA)
CUADRO 19
Desempleo de larga duración (23) en % del desempleo total
(TABLA OMITIDA)
CUADRO 20
Evolución de las tasas de desempleo por regiones en % de la población activa
(TABLA OMITIDA)
CUADRO 21
Evolución de la población activa (1985-1995) (24)
(TABLA OMITIDA)
CUADRO 22
Proyecciones a medio plazo de los servicios de la Comisión y realización de las mismas - EUR 10
(TABLA OMITIDA)
CUADRO 23
Principales hipótesis de trabajo de la proyección de referencia 1987-1991 de septiembre de 1987 - EUR. 12 (tasas de crecimiento anuales medias en %, salvo que se indique lo contrario)
(TABLA OMITIDA)
CUADRO 24
Proyección de referencia 1987-1991 de septiembre de 1987 - EUR 12 (tasas de crecimiento anuales medias en %, excepto que se indique lo contrario)
(TABLA OMITIDA)
CUADRO 25
Equilibrio del crecimiento desde el punto de vista de la demanda, PIB, consumo privado, inversión privada y exportaciones netas de la Comunidad (tasa de crecimiento anual media, a precios constantes)
(TABLA OMITIDA)
CUADRO 26
Parte del comercio intracomunitario, en el total de las importaciones de bienes (a precios corrientes)
(TABLA OMITIDA)
CUADRO 27
Parte del comercio intracomunitario en el total de las exportaciones de bienes (a precios corrientes)
(TABLA OMITIDA)
CUADRO 28
(TABLA OMITIDA)
Efectos directos sobre las exportaciones de los Estados miembros de un aumento del 10 % de sus importaciones (a precios constantes) (25)
CUADRO 29
Efectos de un aumento de la inversión pública en determinados Estados miembros de la Comunidad, habida cuenta de las interdependencias dentro de la Comunidad: ejemplo ilustrativo bajo la hipótesis de un aumento de la inversión pública del 1 % del PIB (medias anuales para los cinco primeros años)
(TABLA OMITIDA)
CUADRO 30
Convergencia real, tasa de inversión, productividad del capital y balanzas por cuenta corriente
(TABLA OMITIDA)
PIB per cápita (a precios constantes, tasas de variación anuales medias en %)
(TABLA OMITIDA)
Tasa de inversión (en % del PIB)
(TABLA OMITIDA)
Productividad marginal del capital (26)
(TABLA OMITIDA)
Balanzas por cuenta corriente (en % del PIB)
(TABLA OMITIDA)
CUADRO 31
Cuotas del mercado (27) de exportación
(TABLA OMITIDA)
CUADRO 32
Ganancias (+) y pérdidas (-) de cuotas del mercado de exportación durante el período 1979-1985 (por orden decreciente) (28)
EUR 10 (29)
(TABLA OMITIDA)
Estados Unidos
(TABLA OMITIDA)
Japón
(TABLA OMITIDA)
CUADRO 33
Tasa de variación de la formación bruta de capital fijo industrial por sectores (a precios de 1980)
(TABLA OMITIDA)
CUADRO 34
Tasa de variación del empleo por sectores
(TABLA OMITIDA)
CUADRO 35
Presupuesto general de las Comunidades Europeas, 1985-1988: créditos de pago, millones de ECU en % del total
(TABLA OMITIDA)
CUADRO 36
Objetivos monetarios y de crédito y realización de los mismos
(TABLA OMITIDA)
CUADRO 37
Tipos de interés nominales a largo plazo
(TABLA OMITIDA)
Tipos de interés a largo plazo ajustados por la inflación (30) corriente
(TABLA OMITIDA)
CUADRO 38
Indicadores sintéticos de la política presupuestaria de la Comunidad (en % del PIB)
(TABLA OMITIDA)
CUADRO 39
Gastos, ingresos y capacidad de financiación de las administraciones públicas
(TABLA OMITIDA)
a) Total de los ingresos corrientes
(TABLA OMITIDA)
b) Total de los gastos, incluidos los gastos de capital (31)
(TABLA OMITIDA)
c) Capacidad (+) o necesidad (-) de financiación total, incluidos los intereses
(TABLA OMITIDA)
d) Intereses pagados sobre la deuda pública
(TABLA OMITIDA)
CUADRO 40
Parte correspondiente a un conjunto de partidas de los ingresos y los gastos de las administraciones públicas, en % del PIB
(TABLA OMITIDA)
a) Formación bruta de capital fijo de las administraciones públicas
(TABLA OMITIDA)
b) Impuestos directos
(TABLA OMITIDA)
c) Cotizaciones sociales
(TABLA OMITIDA)
GRÁFICO 1
Tipos de cambio ECU/dólar (medias trimestrales) (32)
(IMAGEN OMITIDA)
GRÁFICO 2
Precios mundiales del petróleo bruto, de las materias primas (excluidos los combustibles) y de los productos manufacturados, en dólares
(índice 1980 = 100) (32)
(IMAGEN OMITIDA)
GRÁFICO 3
Balanza de las transacciones corrientes con el resto del mundo en % del PIB (32)
(IMAGEN OMITIDA)
GRÁFICOS 4 a 7
Evolución comparada de las economías de la Comunidad, Estados Unidos y Japón, 1984 - 1987
(IMAGEN OMITIDA)
GRÁFICOS 8 a 11
Evolución comparada de las economías de la Comunidad, Estados Unidos y Japón, 1984 - 1987
(IMAGEN OMITIDA)
GRÁFICO 12
Rentabilidad, demanda final total e inversión privada (evoluciones pasadas y proyecciones a medio plazo)
(IMAGEN OMITIDA)
GRAFICO 13
Crecimiento, empleo y desempleo según las proyecciones centrales de 1986 y 1987 - EUR 12
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GRÁFICO 14
Cuotas del mercado mundial de las exportaciones comunitarias de productos industriales (índice 1963 = 100)
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GRÁFICO 15
Masa monetaria real y desaceleración de las variables nominales (32) (tasas de variación en % anual de las medias anuales)
EUR 12
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GRÁFICO 16
Tipos de interés nominales a largo y corto plazo (32)
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(1) DO nº L 63 de 5. 3. 1974, p. 16.
(2) DO nº L 330 de 24. 12. 1975, p. 52.
(3) DO nº L 35 de 9. 2. 1979, p. 8.
(4) DO nº C 345 de 21. 12. 1987.
(5) DO nº C 356 de 31. 12. 1987.
(6) Una encuesta realizada por cuenta de la Comisión (véase Economía europea, nº 27, Problema del empleo: opiniones de los empresarios y de los trabajadores) revela que solamente de un 10 a un 20 % de los trabajadores a tiempo parcial desearían trabajar más, pero que la proporción de los trabajadores a tiempo completo que desearían trabajar menos puede alcanzar el 30 %. De dicha encuesta se desprende asimismo que una ordenación más flexible del tiempo de trabajo y de producción permitirla un aumento del número de puestos de trabajo, que podría ascender al 6 %.
(7) Véase La consecución del mercado interior. Libro Blanco de la Comisión para el Consejo. Documento de la Comisión CE, Luxemburgo 1985.
(8) Véase "Informe económico anual 1985-86", en Economía europea nº 26, noviembre 1985, Bruselas, p. 10, 42 y siguientes.
(9) Véase "Informe económico anual 1986-87", en Economía europea nº 30, noviembre 1986, Bruselas, p. 63 y siguientes.
(10) COM (87) 229
(11) Para una descripción más detallada, véase el Memorándum de la Comisión sobre la lucha contra el desempleo de larga duración [COM (87) 231].
(12) Los créditos comerciales a largo plazo, las adquisiciones de títulos no negociados en bolsa y la admisión de títulos en el mercado de capitales.
(13) Sector privado = Conjunto de la economía, menos la agricultura, la vivienda y el sector público.
(14) Una revisión de las cuentas nacionales publicada en 1987 ha elevado el PIB un 17,7 % en 1986, reduciendo automáticamente el valor en porcentaje de una serie de indicadores presupuestarios (deuda pública, saldo a financiar, peso de las deducciones obligatorias, etc...)
(15) A precios de 1985. Sobre la base de los precios del año precedente, el crecimiento sería de un 5,2% en 1987 y un 4,2% en 1988.
(16) Las cifras corresponden al desempleo registrado, medido de acuerdo con la definición armonizada de Eurostat, excepto en el caso de Grecia, España y Portugal, donde los datos proceden de encuestas nacionales.
(17) Según las cuentas nacionales, fob-fob.
(18) Esta encuesta especial fue realizada en abril/mayo de 1987. La preguntase formuló en los términos siguientes: "Las sucesivas apreciaciones de la moneda nacional han conducido a las siguientes revisiones de nuestros planes/expectativas para 1987 con respecto al último otoño". Las respuestas posibles eran: sin cambios/sin respuesta, importante revisión al alza, ligera revisión al alza, importante revisión a la baja, ligera revisión a la baja. El saldo se calculó para el conjunto de la industria, asignando a las revisiones importantes una ponderación doble. Todavía no se dispone de los resultados para Portugal. Dinamarca no participó en esta encuesta especial.
(19) El índice de dispersión es una suma no ponderada del valor absoluto de las desviaciones con respecto a una magnitud de referencia (media ponderada o límite inferior, por ejemplo).
(20) BIP per cápita a precios y patrones de poder adquisitivo corrientes, en % de la media comunitaria.
(21) Provisiones económicas, septiembre de 1987.
(22) Los datos se han tomado de la encuesta por sondeo sobre la población activa realizada sobre una base comunitaria armonizada. Por ello, las tasas difieren de las publicadas sobre la base del paro registrado en porcentaje de la población activa civil.
(23) Desempleo de duración superior a 1 año.
(24) En la hipótesis de un saldo migratorio nulo entre regiones.
(25) Estimaciones sobre la base del modelo QUEST. El modelo QUEST ha sido desarrollado por los servicios de la Comisión. Para detalles metodológicos sobre el sector del comercio internacional en el modelo, véase: "Estimation et simulation du système des échanges intemationaux de biens du modèle QUEST", en Economie európéenne nº 31, marzo de 1987.
(26) Variación del PIB provocada por un incremento del capital en una unidad = variación del PIB dividida por la formación bruta de capital fijo.
(27) Definidas como la parte de las exportaciones en valor de un país o de una zona determinados en el total de las exportaciones de los países de la OCDE, incluido el comercio intracomunitario (a precios corrientes).
(28) La cuota de mercado se define como las exportaciones de Estados Unidos, Japón o EUR 10 al resto del mundo, con respecto alas exportaciones de los países de la OCDE al resto del mundo.
(29) Únicamente se tiene en cuenta, el comercio extracomunitario.
(30) Deflactor del PIB.
(31) Neto de transferencias en capital recibidas.
(32) Para 1987/1988: Previsiones económicas, septiembre de 1987.