LEGISLACIÓN CONSOLIDADA

Instrumento de ratificación del Convenio sobre Seguridad Social entre España y la República de Finlandia, hecho en Helsinki el 19 de diciembre de 1985.

Jefatura del Estado

«BOE» núm. 167, de 14 de julio de 1987

Referencia: BOE-A-1987-16337

TEXTO CONSOLIDADO

Última modificación: sin modificaciones

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA

Por cuanto el día 19 de diciembre de 1985, el Plenipotenciario de España firmó en Helsinki, juntamente con el Plenipotenciario de la República de Finlandia, nombrados ambos en buena y debida forma al efecto, el Convenio sobre Seguridad Social entre España y la República de Finlandia.

Vistos y examinados los 45 artículos del Convenio.

Concedida por las Cortes Generales la autorización prevista en el artículo 94.1 de la Constitución.

Vengo en aprobar y ratificar cuanto en él se dispone, como en virtud del presente lo apruebo y ratifico, prometiendo cumplirlo, observarlo y hacer que se cumpla y observe puntualmente en todas sus Partes, a cuyo fin, para su mayor validación y firmeza, mando expedir este Instrumento de Ratificación firmado por Mí, debidamente sellado y refrendado por el infrascrito Ministro de Asuntos Exteriores.

Dado en Madrid a 19 de mayo de 1987.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Asuntos Exteriores,

FRANCISCO FERNÁNDEZ ORDOÑEZ

CONVENIO SOBRE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE FINLANDIA EL GOBIERNO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE FINLANDIA

El Gobierno de España y el Gobierno de la República de Finlandia, considerando conveniente reguIar sus relaciones recíprocas en materia de Seguridad Social, han acordado lo siguiente:

TÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1.

1. A efectos del presente Convenio, las palabras y expresiones que se enumeran a continuación tendrán el significado siguiente:

a) «Partes Contratantes», España y la República de Finlandia.

b) «Territorio», en relación a España, su territorio nacional, y en relación a Finlandia, el territorio de la República de Finlandia.

c) «Legislación», las Leyes, Reglamentos y otras disposiciones en vigor que aparecen especificadas en el artículo 2.

d) «Autoridad Competente», en relación a España, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y en relación a Finlandia, el Ministerio de Asuntos Sociales y Sanidad.

e) «Institución aseguradora», en relación a España, las Instituciones gestoras de los Regímenes General y Especiales enumerados en el apartado A) del artículo 2, y en relación a Finlandia, el Organismo o autoridad responsable de la aplicación de la legislación a que se hace referencia en el apartado B) del artículo 2.

f) «Institución aseguradora competente», la Institución aseguradora que en cada caso sea competente, de acuerdo con la legislación vigente.

g) «Organismo de Enlace», el Organismo responsable de la coordinación e información entre las Instituciones aseguradoras de ambas Partes Contratantes con objeto de facilitar la aplicación del Convenio, así como de informar a los interesados sobre sus derechos y obligaciones dimanantes del Convenio.

h) «Familiar», una persona definida como tal por la legislación vigente.

i) «Períodos de seguro», períodos de cotización, de empleo u otros períodos que, de acuerdo con la legislación bajo la que fueron cubiertos, sean considerados como períodos de seguro o equivalentes, así como, en el caso de Finlandia, cada mes natural por el cual se ha pagado cotización por el seguro, de acuerdo con la Ley sobre los Empleos de Breve Duración.

j) «Períodos de residencia», períodos definidos o reconocidos como tales de acuerdo con la legislación bajo la cual fueron cubiertos o se considera que han sido cubiertos.

k) «Prestaciones económicas», «Pensión o subsidio», una prestación en efectivo, pensión o indemnización, según la legislación aplicable, incluyendo todas las Partes correspondientes a tal prestación que son abonadas por los fondos públicos, así como cualquier incremento o suplemento.

l) «Prestación familiar», en España, las prestaciones previstas en su legislación; en Finlandia, las prestaciones por los hijos y subsidio por maternidad.

m) «Asistencia sanitaria», en relación con España, la prestación de los servicios médicos y farmacéuticos previstos en su legislación, en los supuestos de enfermedad común o profesional, accidente, cualquiera que sea su causa, y maternidad. En relación con Finlandia, los Servicios de salud pública y los Servicios sanitarios en hospital, así como las prestaciones sanitarias concedidas en virtud del seguro de enfermedad y el seguro contra accidentes y enfermedades profesionales.

2. Cualesquiera otros términos y expresiones utilizados en este Convenio tendrán el significado que se les atribuya en la legislación de que se trate.

Artículo 2.

1. El presente Convenio se aplicará:

A) En España:

1. A las disposiciones legales del Régimen General de Seguridad Social relativas a:

a) maternidad, enfermedad común o profesional, incapacidad laboral transitoria y accidente, sea o no de trabajo;

b) invalidez provisional o permanente;

c) vejez;

d) muerte y supervivencia;

e) protección a la familia;

f) reeducación y rehabilitación de incapacitados;

g) asistencia social y servicios sociales;

h) desempleo;

2. A las disposiciones legales sobre los Regímenes Especiales de Seguridad Social siguientes en los casos a que se refiere el inciso A) número 1:

a) agrario;

b) del Mar;

c) de la Minería del Carbón;

d) de Trabajadores Ferroviarios;

e) de Empleados del Hogar;

f) de Trabajadores por cuenta propia o Autónomos;

g) de Representantes de Comercio;

h) de Estudiantes;

i) de Artistas;

j) de Escritores de Libros;

k) de Toreros;

l) de Jugadores profesionales de futbol;

B) en Finlandia:

A la legislación sobre:

a) Seguro de enfermedad, incluidas las prestaciones por maternidad, así como los servicios de salud pública y servicios sanitarios hospitalarios;

b) Seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales;

c) Seguro de pensiones, incluidos los sistemas de pensiones de empleo, así como el seguro de pensión nacional y el seguro general de pensión por supervivencia;

d) Sistema de protección por desempleo;

e) Subsidios por maternidad, prestaciones por hijos, asistencia por invalidez y subsidios para mantenimiento de hijos, así como otras formas de asistencia social;

f) las cotizaciones relacionadas con las pensiones o prestaciones antes mencionadas.

2. A reserva de lo dispuesto en el apartado 4, el presente Convenio se aplicará igualmente a las disposiciones legales que codifiquen, modifiquen o complementen a la legislación enumerada en el apartado 1 del presente artículo.

3. El Convenio solamente se aplicará a las disposiciones legales que establezcan una Rama o Régimen de Seguridad Social distintos de los especificados en el apartado 1 de este Artículo, si las dos Partes Contratantes establecen un acuerdo a tal efecto.

4. El Convenio no se aplicará a las disposiciones legales de una Parte Contratante que extiendan los regímenes existentes a nuevas categorías profesionales o que establezcan nuevos regímenes si la Autoridad competente de la otra Parte notifica su oposición a la Autoridad competente de la primera, dentro de un período de tres meses contados a partir de la fecha en que le sea comunicada oficialmente la publicación de dichas disposiciones.

Artículo 3.

Este Convenio se aplicará, mientras no se disponga lo contrario, a los nacionales de las Partes Contratantes, a las personas que estén o hayan estado sometidas a la legislación de una u otra de las Partes Contratantes y a las personas cuyos derechos deriven de estas o de aquellos.

Artículo 4.

En la medida en que no se disponga de otro modo en el presente Convenio en la aplicación de la legislación de una de las Partes Contratantes se equipara con los nacionales de dicha Parte las siguientes personas residentes dentro del territorio de la citada Parte:

a) Los nacionales de la otra Parte contratante.

b) Los refugiados de acuerdo con el Convenio de 28 de julio de 1951 sobre la situación jurídica de los refugiados y el Protocolo de 31 de enero de 1967 de dicho Convenio.

c) Los apátridas, entendiendo como tales aquella persona a la cual ningún Estado considera como nacional suyo por aplicación de su legislación.

d) Los miembros de sus familias y supervivientes de las personas citadas en los párrafos anteriores siempre que estos funden sus derechos en los de las citadas personas.

Artículo 5.

1. Las pensiones y otras prestaciones económicas a excepción de las prestaciones de desempleo no estarán sujetas a reducción, modificación, suspensión o retención por el hecho de que el beneficiario resida en el territorio de la otra Parte, salvo que en el presente Convenio se disponga otra cosa.

2. Las prestaciones económicas debidas por una de las Partes Contratantes se pagarán a los nacionales de la otra Parte que residan en un tercer país en las mismas condiciones y con igual extensión que a los nacionales de la primera Parte residentes en el tercer país de referencia, salvo que en el presente Convenio se disponga otra cosa.

TÍTULO II

Disposiciones sobre legislación aplicable

Artículo 6.

Salvo lo dispuesto en los artículos 7 y 8 del presente Convenio, las personas comprendidas en el campo de aplicación del mismo estarán sometidas:

a) A la legislación española siempre que residan en España y que dentro de su territorio trabajen por cuenta propia o ajena o figuren en situación de alta o asimilada.

b) A la legislación de Finlandia

– en lo concerniente a pensión de empleo y a prestaciones por accidente de trabajo, enfermedad profesional y cotización empresarial de seguridad social, si trabajan en Finlandia.

– en lo concerniente a otras prestaciones, incluidas las derivadas del seguro de pensión nacional, el seguro de enfermedad, la prestación por hijos, la asistencia social y la protección por desempleo, si residen en Finlandia.

Artículo 7.

1. Cuando un empresario destaque a una persona del territorio de una de las Partes a trabajar en el territorio de la otra Parte, y la duración prevista del empleo no sea superior a veinticuatro meses, continuara aplicándosele la legislación de la primera Parte como si la persona estuviera empleada y residiera en el territorio de esa Parte. Si su empleo en el territorio de la Parte a la que ha sido enviada a trabajar, continuara después de dicho período de veinticuatro meses, seguirá aplicándosele la legislación de la primera Parte mientras que las autoridades competentes de las dos Partes den su consentimiento.

2. El personal itinerante perteneciente a empresas de transporte terrestre y aéreo que desempeñe su actividad en el territorio de ambas Partes quedará sujeto a la legislación de la Parte en cuyo territorio tenga su sede la empresa; sin embargo, cuando dicho personal resida en el territorio de la otra Parte quedará sujeto a la legislación de esta.

3. La tripulación de los buques quedará sujeta a la legislación de la Parte cuya bandera enarbole el buque. Los trabajadores empleados en la carga, descarga, reparación de buques o en servicios de vigilancia en un puerto, quedarán sujetos a la legislación de la Parte a cuyo territorio pertenezca el puerto.

Artículo 8.

1. Quedan exceptuados de la aplicación del presente Convenio las personas de la Representación Diplomática o Consular de cualquiera de las dos Partes Contratantes que gocen de estatuto diplomático o consular.

2. Igualmente quedan excluidos los funcionarios públicos no mencionados en el apartado 1 que el Gobierno de una Parte Contratante envíe al territorio de la otra.

3. Si una persona no referida en los apartados 1 y 2 de este artículo, que no forme Parte de la Representación Diplomática o Consular de cualquiera de las dos Partes Contratantes, se hallase empleada al servicio de una Misión Diplomática o Consular de una Parte en el territorio de la otra, o al servicio particular de un funcionario de dicha misión, podrá optar, dentro de los tres primeros meses, a contar desde la entrada en vigor del presente Convenio o, en su caso, dentro de los tres meses siguientes a la fecha de iniciación del trabajo en el territorio de dicha Parte, por acogerse bien a la legislación de la primera Parte, o bien a la legislación del país en el que está empleada.

Artículo 9.

Las Autoridades competentes de las Partes Contratantes podrán, de mutuo acuerdo, establecer modificaciones a lo dispuesto en los artículos 6 al 8 del presente Convenio en relación con determinadas personas o categorías de personas.

Artículo 10.

Si una persona reside en el territorio de una Parte, y de acuerdo con las disposiciones anteriores, tiene que aplicársele, por una actividad determinada, la legislación de la otra Parte, no existirá la obligación de abonar cotizaciones, en razón de esa actividad, de acuerdo con la legislación de la primera Parte.

TÍTULO III

Disposiciones especiales

CAPÍTULO I

Prestaciones por vejez, invalidez y supervivencia

Sección A) Aplicación de la legislación finlandesa

Subsección 1. Pensiones de empleo

Artículo 11.

1. La persona a la que se hace referencia en el artículo 4 del presente Convenio tiene, mientras resida en España, el derecho a la pensión de empleo de Finlandia, bajo las mismas condiciones que durante su residencia en Finlandia, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 12.

2. Al establecer el derecho a la pensión de empleo, y al computar su cuantía, las Instituciones aseguradoras competentes de Finlandia aplicarán su propia legislación, siempre que los artículos 13 y 39 del presente Convenio no sean aplicables.

Artículo 12.

Si al producirse la invalidez, una persona no cumple el requisito de residencia establecido en el sistema finlandés de pensiones de empleo, los períodos de seguro obligatorio cumplidos bajo legislación española se equipararán a períodos de residencia en Finlandia, siempre que no se superpongan.

Artículo 13.

1. Si una persona tiene derecho a la pensión de invalidez, de acuerdo con la legislación de ambas Partes Contratantes, y la pensión debida por legislación española, ha sido determinada según lo dispuesto en el artículo 17, se calculará la pensión finlandesa aplicando las siguientes disposiciones:

a) Se tomará como período que da derecho a la pensión el período real de empleo cumplido en Finlandia.

b) La pensión establecida de acuerdo con el párrafo a) se incrementará multiplicando la cuantía de la pensión por el coeficiente resultante de dividir 480 por el número de meses completos incluidos en el período transcurrido desde la fecha en que el beneficiario hubiera cumplido los veintitrés años, hasta la fecha del hecho causante. El coeficiente máximo a aplicar será 40. En el caso de empleos en los cuales la pensión se acumula mas rápidamente que en el sistema básico establecido en la Ley de pensiones de empleo, se utilizará, en vez de las cifras 480 y 40, las cifras 360 y 30. El incremento no se aplicará, sin embargo, si la persona no tiene períodos de seguro cumplidos, de acuerdo con la legislación de cualquiera de las Partes Contratantes, en el año inmediatamente anterior a la fecha del hecho causante. En el caso de personas con veintitrés años de edad o menos, la cuantía de la pensión determinada según este párrafo será igual a la pensión que se le hubiese otorgado, si la invalidez le hubiese sobrevenido al finalizarse el último empleo cumplido en Finlandia.

c) Si la pensión establecida de acuerdo con los párrafos a) y b) es superior a la diferencia entre la «pensión teórica» mencionada en el apartado 1 del artículo 17 del presente Convenio, y la «pensión prorrata», establecida de acuerdo con el mismo apartado, la pensión se incrementa hasta el valor de dicha diferencia, como máximo.

d) Si la cuantía total resultante de la suma de la pensión establecida de acuerdo con el apartado 1 de este artículo y la pensión otorgada por España aplicando el artículo 17, es inferior a la cuantía de la pensión otorgada únicamente de acuerdo con la legislación finlandesa, la Institución aseguradora competente de Finlandia pagará la diferencia. La diferencia se calculará considerando la cuantía de las pensiones tal como estuvo en la fecha del comienzo del derecho a la pensión, o, si el derecho a una de las pensiones comienza con posterioridad a la otra, contando desde la fecha de la pensión posterior.

2. Si una persona a quien ha de aplicarse la legislación de ambas Partes Contratantes no tiene derecho a pensión, según la legislación española, por no cumplir los períodos de seguro exigidos por esa legislación, y aplicándose la legislación finlandesa sobre pensiones de empleo tampoco cumple las condiciones para incluir en el período que le da derecho a pensión, el tiempo futuro hasta alcanzar la edad de pensión se computará, a este efecto, a su favor el período de seguro cumplido en España después de finalizar el último trabajo en Finlandia. Ese período de seguro se considerará equivalente a los períodos a que hace referencia la legislación finlandesa, que prolongan, después de finalizarse el trabajo, el tiempo durante el cual se mantiene el derecho a la pensión íntegra, es decir, computándose el tiempo futuro. Si aplicando esta disposición, se reúnen los requisitos para computar a favor del beneficiario el tiempo futuro hasta alcanzar la edad de pensión, se aplicarán las disposiciones de los párrafos a) y b) del apartado 1 del presente artículo.

3. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 del presente artículo se aplicarán también para la determinación de la pensión de supervivencia prevista en la legislación finlandesa.

4. La pensión se pagará de acuerdo con la legislación finlandesa, hasta que el derecho del beneficiario a la pensión española haya sido establecido. Entonces, la pensión se fijará nuevamente de acuerdo con el presente Convenio. En caso de que la aplicación del Convenio tenga como resultado que la cuantía de la pensión debiera haber sido inferior, se considerará el exceso como anticipo de la pensión y podrá ser deducido de las prestaciones futuras.

Subsección 2. Pensiones nacionales y régimen general de pensiones de supervivencia

Artículo 14.

1. Un nacional español al que se haya concedido en Finlandia una pensión por vejez o por invalidez, de acuerdo con la Ley finlandesa sobre pensiones nacionales, o una prestación de viudedad, a tenor de la Ley finlandesa sobre pensiones de supervivencia, tendrá derecho, mientras resida en España, a percibir esta pensión o prestación en las mismas condiciones que un nacional finlandés.

2. Un nacional español residente en España o en Finlandia, y que no cumpla las condiciones para tener derecho a la pensión de vejez, de acuerdo con la Ley finlandesa sobre pensiones nacionales, tendrá derecho, siempre que cumpla los demás requisitos, a la cuantía básica de esta pensión si ha residido en Finlandia durante un período ininterrumpido de cinco años como mínimo, después de haber cumplido la edad de dieciséis años.

3. Un nacional español residente en España o en Finlandia y que no cumpla los requisitos exigidos por la Ley finlandesa sobre pensiones por supervivencia relativos a la residencia en Finlandia del fallecido o de la viuda, tendrá, sin embargo, siempre que cumpla los demás requisitos, derecho a la cuantía básica de la pensión de viudedad, si el fallecido fuera nacional español, y tanto él como su viuda hubieran residido en Finlandia durante un período ininterrumpido de cinco años, como mínimo, después de haber cumplido dieciséis años, y el fallecido hubiera residido en Finlandia o en España en la fecha del fallecimiento.

4. Un nacional español residente en España o en Finlandia y que no cumpla los requisitos exigidos por la Ley finlandesa sobre pensiones por supervivencia relativos a la residencia en Finlandia del hijo y del fallecido tendrá derecho, siempre que cumpla los demás requisitos, a la pensión de orfandad, si el fallecido fuera nacional español, y habiendo residido en Finlandia durante un período ininterrumpido de cinco años, como mínimo, después de haber cumplido dieciséis años estuviese residiendo en Finlandia o en España en la fecha del fallecimiento.

Sección B) Aplicación de la legislación española

Artículo 15.

El derecho a pensiones de vejez, invalidez y de supervivencia previstas en la legislación española para personas sometidas al seguro de pensiones de las dos Partes Contratantes se regirá por las disposiciones de los artículos 16 al 20.

Artículo 16.

1. Con sujeción a lo dispuesto en el apartado 2 de este artículo, las personas a que hace referencia el artículo 4 del presente Convenio tendrán derecho a prestaciones bajo la legislación española sobre vejez, invalidez y supervivencia, según las mismas normas aplicables a los nacionales españoles, siempre que hayan estado asegurados de conformidad con las disposiciones contenidas en dicha legislación por un período total de doce meses como mínimo, a no ser que un período inferior de seguro les otorgue derecho a prestaciones.

2. Para determinar el derecho a una prestación por vejez, invalidez o supervivencia bajo la legislación española, la Institución española competente aplicará su propia legislación.

3. Sin embargo, en los casos en que una persona a la que se aplique el presente Convenio haya estado sometida a la legislación de ambas Partes Contratantes, no cumpliera las condiciones que le otorgaran derecho a una pensión teniendo en cuenta exclusivamente los períodos de seguro cumplidos bajo la legislación española, la Institución competente española tomará en cuenta los períodos de seguro o equivalentes, cubiertos en relación con el sistema finlandés de pensión de empleo, como si dichos períodos fueran períodos de seguro o equivalentes cumplidos bajo la legislación española, siempre que no se superpongan.

4. Para obtener una prestación de acuerdo con las disposiciones legales españolas en los casos previstos en el apartado 3 del presente artículo se considerará cubierto el requisito de alta o situación asimilada, exigido por las disposiciones legales españolas, si la persona en cuestión estuviera sometida a las disposiciones legales finlandesa o percibiera una prestación prevista en la legislación finlandesa.

Artículo 17.

1. Cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16, apartado 3, una persona cumpla los requisitos para tener derecho a una pensión de conformidad con la legislación española, la Institución española competente establecerá en primer lugar el importe de la pensión que habría de abonarse según su legislación, como si todos los períodos de seguro cumplidos por la persona afectada bajo las legislaciones de ambas Partes Contratantes hubieran sido cubiertos de acuerdo con la legislación española («pensión teórica»). La Institución competente española reducirá entonces el importe total de la prestación así determinada, proporcionalmente a los períodos de seguro o equivalentes cumplidos por la persona afectada bajo la legislación española con anterioridad al hecho causante, en relación con la totalidad de los períodos de seguro cumplidos bajo la legislación de ambas Partes Contratantes («pensión prorrata»).

2. En los casos en que el importe de la pensión teórica señalada en el apartado 1 fuera inferior a la cuantía de la pensión mínima prevista en cualquier momento por la legislación española, la Institución española competente, al aplicar lo previsto en el apartado 1 tomará en consideración el importe a que asciende la pensión mínima en lugar de la cuantía a que asciende la «pensión teórica».

3. Cuando de conformidad con la legislación española se produzcan incrementos de pensión como consecuencia de un aumento del nivel general de ingresos, coste de vida u otros factores similares, los cálculos de incremento se realizarán tomando como base el importe de la pensión teórica y la cuantía resultante será reducida por aplicación de las mismas normas de proporcionalidad establecida en el apartado 1 de este artículo.

Artículo 18.

1. Para determinar las bases de cálculo de una prestación cuyo derecho haya sido adquirido de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16, la Institución competente española aplicará su propia legislación.

2. En los casos en que el período de seguro elegido por el solicitante para el cálculo de la base reguladora de prestaciones se hubiera cumplido en todo o en parte según el sistema finlandés de pensión de empleo, la Institución competente española determinará dicha base reguladora:

a) sobre las bases mínimas de cotización vigentes en España durante dicho período o fracción, para los trabajadores de la misma categoría profesional que haya ostentado en España la persona interesada, o

b) sobre las bases de cotización que en su caso hubiera escogido el trabajador autónomo.

3. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la base reguladora de la prestación respecto a los trabajadores por cuenta ajena no será en ningún caso inferior al promedio de los importes que hubiera tenido el salario mínimo interprofesional según la legislación española durante el período elegido.

Artículo 19.

1. Para la admisión de una persona a quien se aplique el presente Convenio al seguro voluntario o facultativo según la legislación española, los períodos de seguro cumplidos según el sistema finlandés de pensión de empleo, mencionados en el apartado 3 del artículo 16 del presente Convenio se considerarán como si los mismos fueran períodos de seguro cumplidos bajo la legislación española.

2. Las disposiciones del apartado anterior se aplicarán solamente a las personas que no puedan beneficiarse del seguro obligatorio bajo la legislación española.

3. Cuando una persona a quien se le haya reconocido el derecho a asegurarse voluntariamente conforme a la legislación española adquiera la condición de asegurado en un régimen de seguridad social obligatorio en una de las Partes Contratantes cesará automáticamente en su condición de asegurado voluntario.

Artículo 20.

Cuando la legislación española condicione el derecho a la cuantía de la pensión al cumplimiento de períodos de seguro derivados del ejercicio de una profesión para la que exista un régimen especial de seguridad social, la Institución competente española totalizará a dichos fines los períodos de seguro cumplidos según el sistema finlandés de pensión de empleo a los que se hace referencia en el apartado 3 del artículo 16 del presente Convenio, siempre que hubieran sido cubiertos en la misma profesión.

CAPÍTULO II

Prestaciones de enfermedad y maternidad

Artículo 21.

Para obtener, conservar o recuperar el derecho a prestaciones de enfermedad o de maternidad, en caso de que una persona haya cubierto períodos de seguro de acuerdo con las disposiciones de las dos Partes Contratantes, dichos períodos se totalizarán siempre que no se superpongan.

Artículo 22.

1. La persona que resida en el territorio de una Parte contratante y según la legislación de esta Parte tenga derecho a prestaciones de asistencia sanitaria obtendrá dichas prestaciones en caso de estancia temporal en el territorio de la otra Parte, si debido a su estado de salud tiene necesidad inmediata de tales prestaciones.

2. Las personas comprendidas en los artículos 7 y 8.3 de este Convenio que se hallen sometidas a la legislación de una Parte, cuando se encuentren o residan en el territorio de la otra Parte tendrán derecho a las prestaciones de asistencia sanitaria de acuerdo con la legislación de la primera Parte durante el tiempo de su estancia o residencia.

3. La extensión y modalidades del servicio de las prestaciones de regirá por la legislación que aplique la Institución aseguradora del lugar de estancia o residencia.

4. Los gastos de las prestaciones de asistencia sanitaria concedidas en virtud del presente artículo serán reembolsados por la Institución aseguradora competente a la Institución del lugar de estancia o residencia en la forma que se determine en el Acuerdo Administrativo previsto en el artículo 34 del presente Convenio.

Artículo 23.

1. El titular de una pensión según la legislación de ambas Partes Contratantes tendrá derecho a prestaciones de asistencia sanitaria de acuerdo con las disposiciones legales de la Parte en cuyo territorio esté residiendo. El coste de dichas prestaciones correrá a cargo de la Institución aseguradora competente del país de residencia del beneficiario de la pensión.

2. El titular de una pensión debida solamente en aplicación de la legislación finlandesa tendrá derecho, cuando esté residiendo en España, junto con los miembros de la familia a su cargo que le acompañen, a las prestaciones de asistencia sanitaria previstas en la legislación española para sus propios pensionistas, previa formalización de un contrato que deberá ser concertado entre el pensionista y la Institución aseguradora española y mediante el pago de las cuotas mensuales determinadas por la autoridad española competente.

3. El titular de una pensión debida solamente en aplicación de la legislación española tendrá derecho, cuando esté residiendo en Finlandia, junto con los miembros de la familia a su cargo que le acompañen, a las prestaciones de asistencia sanitaria previstas por la legislación finlandesa para sus propios pensionistas.

Artículo 24.

La concesión de prótesis, grandes aparatos y otras prestaciones sanitarias de gran importancia, cuya relación se incluirá en el acuerdo administrativo, estará subordinada, salvo casos de urgencia, a la autorización de la Institución aseguradora competente.

CAPÍTULO III

Subsidios familiares

Artículo 25.

Los períodos de seguro cubiertos bajo la legislación de una de las Partes Contratantes se totalizarán, cuando sea preciso, con los cubiertos bajo la legislación de la otra Parte Contratante a fin de establecer el derecho a subsidios familiares.

Artículo 26.

1. Si una mujer que reside en el territorio de una de las Partes Contratantes o está asegurada de acuerdo con la legislación de una de las Partes Contratantes, diera a luz en el territorio de otra Parte, tendrá derecho a la prestación familiar por maternidad a tenor de la legislación de la primera Parte.

2. Si una mujer tuviera derecho, a tenor de lo dispuesto en el presente Convenio o por cualquier otra razón, a una prestación familiar por maternidad, de acuerdo con la legislación de ambas Partes, simultáneamente, la prestación se concederá únicamente a tenor de la legislación de aquella Parte en el territorio de la cual tuvo lugar el nacimiento.

Artículo 27.

El subsidio por hijos establecido por la legislación finlandesa se abonará a los nacionales españoles por los hijos o menores a su cargo, que residan en Finlandia, en las mismas condiciones que a los nacionales finlandeses.

CAPÍTULO IV

Prestaciones por accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales

Artículo 28.

1. Las prestaciones por accidentes de trabajo y enfermedad profesional se regirán por la legislación aplicable a la persona asegurada en la fecha del accidente, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6-9 del presente Convenio.

2. Una persona que, por causa de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, tenga derecho a prestaciones de asistencia sanitaria de acuerdo con la legislación de una de las Partes Contratantes, se beneficiará, mientras esté en el territorio de la otra Parte, de las prestaciones de asistencia sanitaria, servidas con la extensión y modalidades que establece la legislación de la segunda Parte por cuenta de la Institución aseguradora competente de la primera Parte.

3. Las prestaciones de asistencia sanitaria, a que se hace referencia en el apartado 2 del presente artículo, se concederán en España a través de la Institución aseguradora española y, en Finlandia, a través de la federación de instituciones aseguradoras contra accidentes de Finlandia (Suomen Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto).

4. Las prestaciones de asistencia sanitaria a que se hace referencia en el apartado 2 del presente artículo, servidas en el lugar de estancia o residencia a causa de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional serán reembolsadas a las entidades mencionadas en el apartado 3 del presente artículo, en la forma que se determine en el acuerdo administrativo previsto en el artículo 34 del presente Convenio.

Artículo 29.

1. Si fuera necesario de conformidad con la legislación de una de las Partes Contratantes, para valorar la disminución de la capacidad derivada del accidente de trabajo y de la enfermedad profesional, se tendrán en cuenta las secuelas de anteriores accidentes de trabajo o enfermedades profesionales que pudiera haber sufrido el interesado en el territorio de la otra Parte Contratante.

2. La Institución aseguradora competente para la indemnización de un nuevo accidente de trabajo o de una enfermedad profesional fijará la cuantía de las prestaciones teniendo en cuenta el grado de disminución de la capacidad de trabajo producida por el accidente o enfermedad profesional de conformidad con las disposiciones legales aplicables por dicha Institución.

Artículo 30.

1. Las prestaciones por enfermedad profesional se regularán de acuerdo con la legislación de la Parte contratante que fuera aplicable al causante durante el tiempo que estuvo ejerciendo una actividad sujeta a riesgo de enfermedad profesional, aun cuando esta fuera diagnosticada por primera vez en el territorio de la otra Parte Contratante.

2. En caso de que la persona asegurada haya realizado dicha actividad en los territorios de ambas Partes Contratantes, solo se aplicará la legislación de la Parte en cuyo territorio haya desarrollado últimamente dicha actividad.

3. En caso de que una enfermedad profesional haya originado la concesión de prestaciones por Parte de la Institución aseguradora de una Parte Contratante, la misma Institución aseguradora responderá de cualquier agravación de la enfermedad que pueda tener lugar en el territorio de la otra Parte Contratante, a menos que la agravación se refiera a actividades realizadas en el territorio de la última Parte Contratante que entrañen el riesgo de agravación de dicha enfermedad.

CAPÍTULO V

Prestaciones por defunción

Artículo 31.

Las prestaciones por defunción previstas en la legislación española sobre seguridad social serán reconocidas por aplicación exclusiva de dicha legislación y conforme a requisitos y condiciones exigidas en la misma.

CAPÍTULO VI

Prestaciones por desempleo

Artículo 32.

1. Cuando una persona haya cubierto, desde su última llegada al territorio de una Parte, un período de seguro al amparo de la legislación de esa Parte, será considerada, a efectos de una solicitud de prestación por desempleo a tenor de la legislación de dicha Parte, como si el período de seguro cubierto en virtud de la legislación de la otra Parte fuese un período de seguro cubierto al amparo de la legislación de la primera Parte.

2. La aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 bajo la legislación finlandesa presupone que la persona afectada ha estado empleada en Finlandia un total de cuatro semanas como mínimo durante los doce meses anteriores a la fecha de presentación de su solicitud. Sin embargo, aun cuando su empleo hubiera expirado antes de terminar las cuatro semanas, se aplicará lo dispuesto en el apartado 1 cuando haya finalizado sin mediar culpa imputable al interesado y se hubiera tenido la intención de que se prolongase por un período más largo.

3. Cuando una persona solicite prestación por desempleo al amparo de la legislación de una Parte en virtud de lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo, todo período por el cual haya recibido dicha prestación a tenor de la legislación de la otra Parte durante los doce meses anteriores a la fecha de su solicitud, será tenido en cuenta como si fuese un período en el que hubiese percibido dicha prestación al amparo de la legislación de la primera Parte.

TÍTULO IV

Disposiciones diversas

Artículo 33.

Para la aplicación del presente Convenio, las autoridades competentes e instituciones aseguradoras de ambas Partes Contratantes se prestarán sus buenos oficios y ofrecerán la necesaria colaboración técnica y administrativa recíproca precisa, actuando a tal fin como si se aplicase su propia legislación. Esta ayuda será gratuita, a menos que en el presente Convenio se disponga expresamente lo contrario.

Artículo 34.

Las autoridades competentes de ambas Partes Contratantes establecerán Acuerdos administrativos para la aplicación del presente Convenio.

Artículo 35.

Las autoridades competentes de ambas Partes Contratantes deberán:

a) determinar sus respectivos organismos de Enlace;

b) comunicarse las medidas adoptadas para la aplicación de este Convenio;

c) notificarse todas las disposiciones legislativas y reglamentarias que modifiquen las que se enumeran en el artículo 2.

Artículo 36.

1. Las autoridades competentes deberán resolver mediante negociación las diferencias de interpretación o aplicación de este Convenio y de sus Acuerdos administrativos que puedan surgir entre las Instituciones aseguradoras de ambas Partes Contratantes.

Si no es posible resolver una diferencia mediante negociación en un plazo de tres meses posteriores al comienzo de la misma, será sometida a una Comisión de Arbitraje cuya composición y procedimiento serán fijados de común acuerdo entre las dos Partes Contratantes o, en caso de que de esta forma no se pueda llegar a una resolución dentro de un período adicional de tres meses, por un Árbitro que a petición de una y otra de las Partes Contratantes designe el Presidente del Tribunal Internacional de Justicia.

2. La decisión de la Comisión Arbitral o del Arbitro, según proceda, será considerada como vinculante y final.

Artículo 37.

Las autoridades competentes e Instituciones aseguradoras de las dos Partes pueden relacionarse directamente entre ellas utilizando los idiomas español, finlandés, sueco o inglés.

Artículo 38.

1. La Institución aseguradora competente podrá abonar al solicitante un anticipo durante la tramitación de su solicitud.

2. Dicho anticipo será concedido de forma discrecional por la Institución aseguradora competente y se basará principalmente en el grado de necesidad del solicitante, en la comprobación de su probable derecho a las prestaciones solicitadas y en el tiempo que probablemente tarde la resolución definitiva de su solicitud.

3. En caso de que la Institución aseguradora de una Parte Contratante haya pagado anticipos a un beneficiario, esta Institución aseguradora o bien, a su petición, la Institución aseguradora competente de la otra Parte, podrá descontar los mencionados anticipos de los pagos pendientes que hayan de hacerse al citado beneficiario.

Artículo 39.

1. Las solicitudes, declaraciones, recursos u otros documentos que, para la aplicación de la legislación de una Parte, puedan ser presentados en un plazo determinado ante las autoridades o instituciones correspondientes de esa Parte se considerarán como presentados ante ellas si hubieran sido presentados dentro del mismo plazo, ante la autoridad o Institución competente de la otra Parte.

2. Cualquier solicitud de prestación presentada según la legislación de una Parte será considerada como solicitud de la prestación correspondiente según la legislación de la otra Parte, siempre que la persona interesada presente otra solicitud correspondiente a la legislación de la segunda Parte dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que se le comunique que debe presentarla.

3. Al calcularse el incremento por demora a la pensión previsto en la legislación finlandesa, la solicitud se considerará como presentada en la fecha en que haya llegado con todos los anexos necesarios a la Institución aseguradora competente de Finlandia. No se pagará, sin embargo, ese incremento respecto de la cuantía suplementaria retroactiva que pueda concederse a tenor del apartado 4 del artículo 13 del presente Convenio.

Artículo 40.

1. Los pagos realizados en aplicación de este Convenio podrán efectuare válidamente en la moneda de la Parte a la que pertenezca la Institución aseguradora responsable del pago.

2. En caso de que se promulguen por cualquiera de las Partes Contratantes disposiciones tendentes a la restricción de la transferencia de divisa extranjera, las dos Partes adoptarán inmediatamente las medidas necesarias para garantizar la efectividad de los derechos derivados de este Convenio.

Artículo 41.

1. Toda exención o reducción de timbres, derechos notariales o de Registro u otros análogos previstos en la legislación de una de las Partes Contratantes para los certificados y documentos expedidos en aplicación de la legislación de dicha Parte, se extenderá también a los documentos y certificados expedidos para la aplicación de la legislación de la otra Parte o de este Convenio.

2. Todos los documentos y certificados expedidos para la aplicación de este Convenio quedarán exentos de los requisitos de legalización.

Artículo 42.

Para la determinación del derecho a prestaciones según este Convenio, se tendrán en cuenta también los períodos de seguro y de residencia cumplidos antes de su entrada en vigor.

Artículo 43.

1. Este Convenio será también aplicable a hechos causantes ocurridos antes de su entrada en vigor. Sin embargo, el Convenio no confiere derecho alguno al pago de prestaciones por el tiempo transcurrido antes de su entrada en vigor.

2. A partir de la entrada en vigor del Convenio, las prestaciones no concedidas a causa de la nacionalidad de la persona interesada o las suspendidas a causa de su residencia en el territorio de la otra Parte serán concedidas a solicitud de aquellas.

3. Las prestaciones concedidas antes de entrar en vigor el Convenio serán revisadas, a petición de los interesados, teniendo en cuenta sus disposiciones. Estas prestaciones podrán también ser revisadas incluso sin haberse presentado solicitud alguna. La cuantía de las prestaciones no podrá ser reducida bajo ninguna circunstancia a causa de revisión.

4. Las normas sobre prescripción de la legislación de las Partes Contratantes no se aplicarán a los derechos previstos en los tres apartados anteriores, siempre que las personas interesadas presenten sus solicitudes dentro del plazo de los dos años posteriores a la fecha de vigencia de este Convenio.

5. Si la solicitud se presenta después de expirar este plazo, el derecho a prestaciones será adquirido desde la fecha de la solicitud, salvo que exista una norma más favorable en la legislación de la Parte afectada.

Artículo 44.

1. Este Convenio se estipula por tiempo indefinido. Cada una de las Partes Contratantes podrá denunciarlo en cualquier momento. En este caso cesará su vigencia después de seis meses desde la fecha en que la denuncia haya sido notificada por escrito a la otra Parte.

2. En caso de que este Convenio sea denunciado, se mantendrán los derechos adquiridos con anterioridad, de acuerdo con sus disposiciones.

3. Las Partes Contratantes deberán ponerse de acuerdo sobre las disposiciones que garanticen los derechos en curso de adquisición derivados de los períodos de seguro cumplidos antes de la fecha de terminación del Convenio.

Artículo 45.

1. Este Convenio debe ser ratificado. Los Instrumentos de ratificación serán intercambiados tan pronto como sea posible en Madrid.

2. Este Convenio entrará en vigor el día 1 del segundo mes siguiente a aquel en que se hayan intercambiado los Instrumentos de ratificación.

En fe de lo cual los signatarios, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, firman el presente Convenio.

Hecho en Helsinki el 19 de diciembre de 1985, en dos ejemplares escritos en los idiomas español y finés, teniendo ambos textos igual valor legal.

Por el Gobierno de España,

Por el Gobierno de la República de Finlandia

Fernando Sartorius y Álvarez de Bohorques, Embajador

Eeva kuuskoski-Viktmaa, Ministro de Asuntos Sociales y Sanidad

Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.