Legislación consolidada

Decreto 437/1969, de 27 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Estatuto del Ministerio Fiscal.

Ministerio de Justicia

«BOE» núm. 72, de 25 de marzo de 1969

Referencia: BOE-A-1969-359

Texto consolidado

Última modificación: 04 de mayo de 2022

Norma derogada, con efectos de 24 de mayo de 2022, por la disposición derogatoria única del Real Decreto 305/2022, de 3 de mayo. Ref. BOE-A-2022-7184

La Ley once/mil novecientos sesenta y seis, de dieciocho de marzo, introduce modificaciones sustanciales en el régimen jurídico-administrativo de los miembros de la carrera Fiscal al reformar y adaptar sus disposiciones orgánicas a la Ley de Funcionarios Civiles del Estado.

Tales modificaciones tienen su adecuado reflejo en el presente Reglamento Orgánico, en el que se recogen los mandatos de aquella Ley y los contenidos en el Reglamento que se deroga, en espera de una revisión general de la legislación que rige esta materia, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Estado.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Justicia, de conformidad con el Consejo de Estado en Comisión Permanente y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día veintiuno de febrero de mil novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO:

Artículo primero.

Se aprueba el adjunto Reglamento Orgánico del Estatuto del Ministerio Fiscal.

Artículo segundo.

Queda derogado el Reglamento Orgánico del Estatuto del Ministerio Fiscal aprobado por Decreto de veintiuno de febrero de mil novecientos cincuenta y ocho.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintisiete de febrero de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Justicia,

ANTONIO MARÍA DE ORIOL Y URQUIJO

REGLAMENTO ORGÁNICO DEL ESTATUTO DEL MINISTERIO FISCAL

TÍTULO I

De las funciones del Ministerio Fiscal

Art. 1.

El Ministerio Fiscal, órgano de comunicación entre el Gobierno y los Tribunales de Justicia, tiene por misión promover la acción de la Justicia en defensa de los intereses públicos tutelados por la Ley, procurar ante los Juzgados y Tribunales el mantenimiento del orden jurídico y la satisfacción del interés social.

Art. 2.

Para cumplir lo dispuesto en el artículo anterior utilizará el Ministerio Fiscal los medios y recursos que las Leyes establezcan, y cuando no encontrare en los vigentes medios que permitan remediar los abusos y deficiencias que observe, lo comunicará al Ministerio de Justicia.

Art. 3.

Con la misma finalidad deberá vigilar por el cumplimiento de las Leyes, Reglamentos, Ordenanzas y disposiciones de carácter obligatorio que se refieran a la Administración de Justicia, a fin de que se administre en la forma que las Leyes establecen, instando su observancia, presentando los escritos que para ello sea necesario en los asuntos en que intervenga, y cuando se trate de un acto oral, pidiendo la palabra, que le será concedida inmediatamente, aunque esté en el uso de ella cualquiera otra persona de las que intervengan. Los Fiscales procurarán usar de esta facultad con prudente moderación, y si, a juicio de quien preside el acto, abusaren de ella, lo pondrá en conocimiento del superior jerárquico del funcionario Fiscal.

Art. 4.

Los Fiscales de las Audiencias, de oficio o a excitación de los particulares, podrán pedir a los Tribunales de las jurisdicciones especiales noticia acerca de los hechos que hubieren dado lugar a procedimiento en dichos Tribunales cuando se tuviesen motivos racionalmente bastantes para estimar que tales hechos pudieran ser de la competencia de la jurisdicción ordinaria, y los Tribunales que reciban la petición remitirán, en el plazo de cinco días, al Fiscal que la haga una relación sucinta del hecho, con expresión del lugar donde se realizó y de las personas que, como sujetos activos y pasivos, intervinieran en el mismo. Si no se remitieran esos antecedentes, el Fiscal lo pondrá en conocimiento del superior jerárquico del requerido.

Con el fin de que el Ministerio Fiscal pueda sostener la integridad de las atribuciones de los Juzgados y Tribunales en general impidiendo toda invasión, sea cualquiera el orden o jurisdicción de donde provenga, será oído en las cuestiones, conflictos y recursos que puedan afectar a la competencia de la jurisdicción ordinaria o a la del Juzgado o Tribunal en que ejerza sus funciones.

Art. 5.

1. Cuando no existan normas que regulen la actuación del Ministerio Fiscal en los asuntos civiles en que con arreglo a las Leyes deba intervenir, ni se hayan dictado para ello por la Fiscalía del Tribunal Supremo instrucciones generales o especiales, los funcionarios Fiscales ejercerán su ministerio, realizando todo lo que según la naturaleza del asunto sea conveniente para la mejor defensa del interés público que les está encomendado.

2. En general, cuando intervengan en representación de personas incapaces o en lo que se refiera al estado civil, actuarán como el más celoso defensor, y cuando intervengan sin representar a persona determinada para velar por un interés público o social en litigios en que los particulares sostengan encontradas pretensiones, procurarán armonizar la más diligente y decidida defensa del interés general a ellos encomendado con la más prudente neutralidad en cuanto a los intereses en pugna, pero sin que puedan en caso alguno sacrificar aquella diligencia a esta prudencia, por lo que deberán, sin vacilaciones, defender el interés privado que resulte identificado con el público, cuya salvaguardia les corresponda.

3. Será, en todo caso, principal misión del Ministerio Fiscal velar por la pureza del procedimiento, ejercitando, en su caso, las acciones que sean procedentes.

Art. 6.

1. Para investigar con la mayor diligencia las detenciones arbitrarias que se efectúen y promover su castigo, los Fiscales de las Audiencias podrán pedir siempre que lo estimen conveniente, a los Jefes de los establecimientos penitenciarios de su territorio relación certificada de las personas que en ellos sufran detención o prisión, el motivo de éstas y la Autoridad que las haya decretado.

2. El Jefe del establecimiento remitirá la certificación dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, y si no la remitiera, el Fiscal que la hubiera pedido dará cuenta del retraso al Fiscal del Tribunal Supremo y éste al Ministerio de Justicia, a los efectos de la corrección que proceda. Si la certificación fuera inexacta, el Fiscal ejercitará las acciones procedentes.

3. Los Fiscales de las Audiencias, para cumplir las funciones a que se refiere el párrafo primero de este artículo, visitarán la prisión o prisiones de la capital cuando lo estimen conveniente, sin perjuicio de las visitas que, cumpliendo preceptos legales o reglamentarios, deban realizar con los Tribunales. Para la visita a las demás prisiones de la provincia podrán comisionar a los Fiscales municipales o comarcales.

4. Los Jefes y empleados del Cuerpo de Prisiones deberán dar toda clase de facilidades y antecedentes para el cumplimiento de esta misión.

5. También deberán los funcionarios del Ministerio Fiscal promover el cumplimiento de las sentencias dictadas en los asuntos en que hayan sido parte y porque se ejecuten los acuerdos gubernativos adoptados por Jueces y Tribunales en expedientes en que el Ministerio Fiscal haya intervenido.

Art. 7.

1. Los funcionarios del Ministerio Fiscal, para ejercer su ministerio, requerirán el auxilio de las Autoridades de cualquier clase y de sus Agentes, siendo aquéllas y éstos responsables, con arreglo a las Leyes, de las consecuencias que resultaren de su falta o descuido en prestar dicho auxilio, y darán a cuantos funcionarios y Agentes integran la Policía Judicial las órdenes e instrucciones convenientes en cada caso para el cumplimiento de su misión, por medio de las Autoridades o Jefes que reglamentariamente proceda, y en los casos urgentes directamente, comunicándolo a los superiores de los funcionarios así requeridos cuando sea posible.

2. A estos efectos los Fiscales Jefes en cada Audiencia darán cuenta de la posesión y cese de los funcionarios de la plantilla fiscal a todos los Jefes de los Cuerpos que integran la Policía Judicial en el territorio de su jurisdicción, a las Autoridades provinciales y a las de la capital de su residencia.

Art. 8.

1. Cuando las Autoridades gubernativas tengan que remitir a las judiciales algún tanto de culpa o formular alguna queja contra funcionarios judiciales o auxiliares de éstos, por hechos que pudieran ser constitutivos de delito o falta, lo harán por conducto del Fiscal del Tribunal Supremo, si fueren Autoridades u Organismos centrales, y, en los demás casos, por los Fiscales de las Audiencias respectivas, quienes deberán acusar inmediatamente recibo de los documentos que se les entreguen o remitan.

2. Los Fiscales que reciban de las Autoridades gubernativas los expedientes, tanto de culpa, denuncia o quejas a que se alude, los estudiarán inmediatamente y ejercerán las acciones procedentes con la mayor diligencia.

3. En caso de urgencia notoria, para la ocupación de los cuerpos del delito o el aseguramiento de los delincuentes, podrán dichas Autoridades gubernativas dirigirse a las judiciales correspondientes, pero comunicándolo inmediatamente al Fiscal respectivo

TÍTULO II

De los funcionarios del Ministerio Fiscal

CAPÍTULO I

Categorías, capacidad, incompatibilidades y prohibiciones

Art. 9.

1. El Ministerio Fiscal está constituido:

1.º Por el Fiscal del Tribunal Supremo.

2.º Por los funcionarios pertenecientes a la Carrera Fiscal.

3.º Por los Fiscales municipales, comarcales y de paz.

2. Los funcionarios al servicio del Ministerio Fiscal se regirán por sus disposiciones orgánicas especiales y con carácter supletorio por la Ley articulada de los Funcionarios Civiles del Estado.

Art. 10.

1. Los miembros del Ministerio Fiscal tendrán las categorías siguientes:

Primera.–Fiscal del Tribunal Supremo.

Segunda.–Fiscales Generales, con dotación y honores de Magistrados del Tribunal Supremo.

Tercera.–Fiscales, con dotación y honores de Magistrados.

Cuarta.–Abogados Fiscales, con dotación y honores de Jueces de Primera Instancia e Instrucción.

Quinta.–Fiscales municipales y comarcales.

Sexta.–Fiscales de paz.

2. Constituirán la Carrera Fiscal los funcionarios comprendidos en las categorías segunda a cuarta, ambas inclusive.

3. Cuando las disposiciones orgánicas o el Estatuto aludan a las categorías de entrada, ascenso o término de la Carrera Fiscal, se entenderán referidas a las únicas de Fiscal o Abogado Fiscal, respectivamente.

4. La competencia en materia de personal del Ministerio Fiscal se ejercerá por sus propios órganos y los de la Administración Central en la esfera que a cada uno las sea propia con arreglo a la Ley.

5. Las plantillas orgánicas del personal de la Carrera Fiscal habrán de ajustarse a las necesidades del servicio, para lo cual, deberán ser revisadas cada dos años, previo informe de las Salas de Gobierno de las Audiencias Territoriales y del Tribunal Supremo. En esta última actuará de Ponente el Fiscal del citado Tribunal, quien oirá previamente al Consejo Fiscal.

Art. 11.

Para ser nombrado funcionario del Ministerio Fiscal se requiere:

1.º Ser español, mayor de edad, de estado seglar.

2.º No hallarse comprendido en causa de incapacidad o incompatibilidad.

Esta capacidad general es independiente de la requerida en cada caso para el desempeño de determinados cargos.

Art. 12.

No podrán ejercer funciones fiscales:

1.º Los que no tengan aptitud física o intelectual.

2.º Los que se hallaren procesados por cualquier delito, en tanto no recaiga sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento.

3.º Los que hayan sido condenados por delito doloso, mientras no hayan obtenido la rehabilitación.

4.º Los quebrados no rehabilitados.

5.º Los concursados, mientras no sean declarados inculpables.

6.º Los que tengan vicios vergonzosos.

7.º Los que hayan cometido actos u omisiones que, aunque no penables, les hagan desmerecer en el concepto público.

Art. 13.

1. El ejercicio de los cargos de la Carrera Fiscal será incompatible:

1.º Con el de Juez o Magistrado.

2.º Con el de cualquiera otra jurisdicción.

3.º Con los de Procurador en Cortes, Diputado provincial, Alcalde o Concejal.

4.º Con todo empleo, cargo o profesión retribuido, a menos que expresamente esté vinculado a funcionarios en activo de la Carrera o declarado compatible por Ley.

2. El ejercicio de las funciones fiscales será justa causa de exención de los cargos obligatorios con los cuales sean aquéllas incompatibles. La Autoridad a quien corresponda admitir la exención no podrá rechazarla.

3. El funcionario deberá alegar la exención dentro de los ocho días siguientes a la fecha en que fehacientemente se le haya comunicado el nombramiento para el cargo incompatible y, en todo caso, a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Si no lo hace se entenderá que opta por la Carrera Fiscal, a menos que solicite del Ministerio de Justicia, dentro del referido plazo, la situación que le corresponda por aceptación del cargo incompatible.

Art. 14.

Será también incompatible el desempeño de las funciones fiscales:

1.º Con el ejercicio de la Abogacía, excepto cuando tengan por objeto asuntos personales del funcionario, de su cónyuge, de los hijos sujetos a su patria potestad o de las personas sometidas a su tutela. El funcionario fiscal que tenga necesidad de abogar en estos casos lo pondrá, por conducto de su Jefe inmediato en conocimiento del Ministerio de Justicia, a través del Fiscal del Tribunal Supremo, y solicitará autorización, sin perjuicio de seguir los demás trámites establecidos para el ejercicio de la Abogacía por los Estatutos o disposiciones orgánicas de la profesión.

2.º Con el ejercicio directo, o mediante persona interpuesta, de industria, comercio o granjería por el funcionario o su cónyuge. Se exceptúa la transformación y venta de productos obtenidos de los bienes propios, operaciones que podrán realizarse; pero sin tener establecimiento abierto al público y salvo lo dispuesto en los números primero y segundo del artículo siguiente.

3.º Con los cargos de Director, Gerente, Administrador, Consejero, socio colectivo o cualquier otro que implique intervención directa, administrativa o económica en Bancos, Empresas o Sociedades mercantiles o particulares de cualquier género.

Art. 15.

Serán incompatibles los funcionarios fiscales para ejercer sus cargos:

1.º En las Audiencias Provinciales, dentro de cuya demarcación posean ellos, sus cónyuges o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, bienes por los que satisfagan una contribución anual cuya cuota líquida correspondiente al Tesoro exceda de 24.000 pesetas.

2.º En las Audiencias en cuya demarcación ejerzan ellos o sus cónyuges la industria o tráfico que permite la excepción al número segundo del artículo 14, cuando por el ejercicio de tal industria se satisfaga contribución anual que sin recargos exceda de 24.000 pesetas.

3.º En las Audiencias en cuya demarcación ejerzan individualmente o como Directores, Gerentes, Administradores, Consejeros o socios colectivos de alguna Empresa o Sociedad, los parientes del funcionario dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, industria, comercio o tráfico, por el cual contribuyan al Tesoro con cuotas anuales que excedan de la expresada en el número anterior.

4.º En las Audiencias Territoriales o Provinciales en que ejerzan los cargos de Presidente, Fiscal Jefe, Magistrado, Auxiliar o subalterno algún pariente dentro del cuarto grado civil, de consanguinidad o segundo de afinidad, o en cuya demarcación ejerza el cargo de Juez de Primera Instancia e Instrucción alguno de dichos parientes.

Las incompatibilidades a que se refiere este artículo no son aplicables a los funcionarios de la Carrera Fiscal que presten sus servicios en Madrid y Barcelona.

Art. 16.

1. Los funcionarios fiscales deberán cumplir y observar los deberes e incompatibilidades que les impone su legislación especial, sin que en ningún caso puedan ejercer cargo, profesión o actividad que impida o menoscabe el estricto cumplimiento de aquéllos.

2. Cuando pretendan ejercer cualquier profesión, actividad o cargo que no esté expresamente comprendido en las incompatibilidades específicas del Ministerio Fiscal, deberán obtener previa autorización del Ministerio de Justicia, que solicitarán por conducto y con informe de sus superiores jerárquicos.

3. No será necesaria la autorización anteriormente indicada cuando se trate de actividades vinculadas al empleo de Carrera, siempre que la disposición que las regule confíe directamente su ejercicio, sin necesidad de especial nombramiento, al titular de determinado cargo de la Carrera Fiscal, o se hubiera hecho la designación por el Gobierno, el Ministerio de Justicia o Autoridad dependiente de éste.

Art. 17.

No podrán los funcionarios fiscales:

1.º Dirigir a los poderes y funcionarios públicos ni a Corporaciones oficiales felicitaciones y censuras por sus actos.

2.º Tomar en elecciones, plebiscitos y actos análogos más parte que la de emitir su voto personal, pero ejercerán las funciones y cumplirán los deberes que por razón de su cargo les correspondan.

3.º Mezclarse en reuniones, manifestaciones u otros actos de carácter político.

4.º Aceptar, acatar o cumplir órdenes relativas al ejercicio de sus funciones, más que de sus superiores jerárquicos.

5.º Participar en discusiones, publicaciones o polémicas públicas, salvo cuando tengan por objeto temas científicos o culturales y, en este caso, previa autorización del Fiscal del Tribunal Supremo.

6.º Publicar escritos en defensa de su conducta oficial (salvo cuando tengan para ello autorización escrita y expresa del Fiscal del Tribunal Supremo) o atacando la de otros funcionarios.

7.º Concurrir con toga a actos que no sean oficiales o respecto a los cuales no esté mandado expresamente que se vista aquélla. A los demás actos oficiales que sean invitados los Fiscales asistirán por sí solos o con los funcionarios de la Fiscalía, según sea la extensión de la invitación, ostentando placa, medalla y bastón reglamentarios y vistiendo traje adecuado al carácter del acto. Si fueran invitados a otros actos sociales, asistirán también con traje adecuado al carácter del acto y ostentando o no las insignias, según las circunstancias del mismo, debiendo tener en cuenta para aceptar y responder a la invitación el arraigo del acto de que se trate con las costumbres locales, la consideración que merezcan los organizadores del mismo y las personas que en él hayan de actuar y el mutuo respeto y cordialidad en que han de inspirarse siempre las relaciones entre las Autoridades y Corporaciones de una misma población.

CAPÍTULO II

Ingreso, ascenso, juramento y toma de posesión

Art. 18.

El ingreso en la Carrera de Fiscales municipales y comarcales se acomodará a lo dispuesto en el Reglamento Orgánico de la misma.

Art. 19.

El ingreso en la Carrera Fiscal se hará por la categoría cuarta de las mencionadas en el artículo 10 de este Reglamento.

Art. 20.

1. Quienes superen las pruebas de aptitud establecidas para el ingreso en la carrera Fiscal, según las normas establecidas por el Reglamento de la Escuela Judicial, serán nombrados funcionarios en prácticas, con el carácter de Aspirantes y seguirán los cursos que aquellas normas establecen.

2. Con dichos funcionarios se proveerán las plazas vacantes de Abogados Fiscales por el orden de calificación definitiva para cubrir las que existan en el Cuerpo.

Art. 21.

1. La cualidad de funcionario fiscal se ostentará para todos los efectos, desde la toma de posesión en el primer destino, en la forma y con los requisitos prevenidos en las disposiciones vigentes. Cuando fueren varios los nombrados simultáneamente figurarán en el Escalafón por el orden de su nombramiento, siempre que la posesión se verifique dentro del plazo legal o de la prórroga, en su caso.

2. A los Aspirantes les será de abono a todos los efectos el tiempo de servicios prestados con carácter eventual.

Art. 22.

Desde la categoría de Abogado Fiscal a la de Fiscal, de las establecidas en este Reglamento, se ascenderá por rigurosa antigüedad, previa declaración de aptitud que hará el Consejo Fiscal, sin que el ascenso entrañe la necesidad de cambiar de destino.

Art. 23.

1. Los cargos de Abogado Fiscal del Tribunal Supremo, Teniente Inspector Fiscal, Teniente Fiscal de las Audiencias de Madrid y Barcelona y Fiscal de las demás Audiencias Territoriales, se proveerán por libre designación del Gobierno, a propuesta del Ministro de Justicia, entre funcionarios con categoría de Fiscal que tengan informe favorable del Consejo Fiscal y lleven, al menos, siete años de antigüedad efectiva en dicha categoría, o diez si se tratare de Fiscales de Audiencia Territorial. Para este cargo será también requisito necesario haber completado veinte años de servicio activo en la Carrera.

2. El informe a que se refiere el párrafo anterior se emitirá por el Consejo Fiscal mediante relación de funcionarios que elevará anualmente al Ministerio de Justicia, con expresión razonada de la inclusión por las cualidades de laboriosidad, competencia, rectitud y dominio de los medios de expresión orales y escritos de cada funcionario.

3. Los cargos de Teniente Fiscal de Audiencia Territorial, Fiscal de Audiencia Provincial, Abogado Fiscal de las Audiencias de Madrid y Barcelona y Fiscales de los Juzgados Especiales de Vagos y Maleantes de las mismas poblaciones se proveerán, normalmente, con funcionarios con categoría de Fiscal. Cuando no existan peticionarios para los referidos destinos o las conveniencias del servicio lo aconsejen a juicio del Ministerio, podrán ser designados para los expresados cargos funcionarios de la categoría inferior.

4. Los cargos de Fiscal y Teniente Fiscal del Tribunal de Orden Público y Secretarios Técnicos de la Inspección Fiscal se proveerán siempre entre funcionarios con categoría de Fiscal.

5. Sin perjuicio de las facultades del Gobierno, el Consejo Fiscal remitirá anualmente al Ministerio de Justicia relación de funcionarios que considere más idóneos para servir el cargo de Fiscal de Audiencia Provincial.

Art. 24.

1. El ascenso a la categoría segunda de Fiscales generales, se efectuará eligiendo libremente por el Gobierno, entre los funcionarios de la categoría tercera.Fiscales que lleven, al menos, diez años de servicios efectivos en la categoría y hayan prestado cuando menos, veinte años de servicio de carrera, previo informe del Fiscal general del Estado que oirá al efecto al Consejo Fiscal.

A tal fin, el Consejo Fiscal remitirá anualmente al Ministerio de Justicia relación de no menos de diez funcionarios, con expresión de las circunstancias que justifiquen su inclusión.

2. Además de los Fiscales Generales, pertenecen a la segunda categoría los cargos de Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, Inspector Fiscal y los Fiscales de las Audiencias Territoriales de Madrid y Barcelona.

Art. 25.

1. Los Abogados Fiscales tomarán posesión ante la Sala de Gobierno o Tribunal en que hayan de ejercer sus funciones, asistiendo los demás Abogados Fiscales, Fiscales municipales y los Secretarios y Subalternos que no estuvieren ocupados en otro servicio.

2. Los Fiscales y Tenientes Fiscales tomarán posesión de sus cargos ante el Tribunal respectivo constituido en Pleno y en audiencia pública.

3. A la toma de posesión de los Fiscales de las Audiencias Provinciales asistirán los funcionarios fiscales de la Fiscalía, Jueces de Primera Instancia, Jueces y Fiscales municipales de la capital y Auxiliares y Subalternos de la Audiencia.

4. A la toma de posesión de los Fiscales de las Audiencias Territoriales asistirán los funcionarios Fiscales de la Fiscalía, los Jueces de Primera Instancia, Jueces y Fiscales municipales de la capital en que resida la Audiencia, los Auxiliares y Subalternos de ésta y Comisiones de los Colegios de Abogados, Notarios, Registradores de la Propiedad y Procuradores.

5. Los Abogados Fiscales, el Teniente Fiscal y Secretarios Técnicos de la Inspección Fiscal, de la Fiscalía del Tribunal Supremo, tomarán posesión ante la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo y en audiencia pública.

6. La posesión del Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, Inspector Fiscal y Fiscales Generales, se efectuará en la forma y con los requisitos que los preceptos de la Ley Orgánica de los Tribunales exijan para los Magistrados del Tribunal Supremo.

7. El Fiscal del Tribunal Supremo tomará posesión ante el Tribunal Supremo en pleno y audiencia pública. A su toma de posesión asistirán los funcionarios fiscales de dicho Tribunal, la Audiencia de Madrid en Corporación y los funcionarios del Ministerio Fiscal de dicha Audiencia, y serán invitados los Decanos de los Colegios de Abogados, Notarios, Registradores de la Propiedad y Procuradores.

Art. 26.

1. En el acto de la toma de posesión del primer cargo de funcionario Fiscal que se ejerza y ante el Tribunal, Sala o Junta de Gobierno o Juzgado, se prestará juramento con arreglo a la fórmula siguiente: Juro servir a España con absoluta lealtad, al Jefe del Estado, estricta fidelidad a los principios básicos del Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales del Reino, poniendo el máximo celo y voluntad en el cumplimiento de las obligaciones del cargo para el que he sido designado.

2. Los funcionarios pertenecientes a la Carrera Fiscal sólo tendrán que prestar este juramento antes de posesionarse del primer cargo en ella, aunque lo ejerzan eventualmente.

Art. 27.

1. Los funcionarios fiscales deberán posesionarse de sus cargos dentro de los treinta días naturales siguientes al de la publicación de sus nombramientos en el Boletín Oficial del Estado y de cuarenta y cinco los que sean destinados a las islas Canarias o que, estando sirviendo en ellas, fueren trasladados a la Península o Baleares.

2. Cuando cambien de destino dentro de la misma población, deberán posesionarse dentro de los ocho días naturales siguientes al del cese, a menos que el cumplimiento de las formalidades precisas para la posesión requieran mayor plazo, que no podrá exceder de veinte días.

3. En casos excepcionales, el Ministerio de Justicia, de oficio o a instancia de los interesados, podrá reducir o prorrogar en la medida necesaria los plazos antes señalados.

Art. 28.

1. La cualidad de funcionario fiscal se ostentará desde la toma de posesión en el primer cargo para el que se haya obtenido nombramiento en virtud del procedimiento legal establecido, y se pierde por las causas y las formas establecidas en los artículos 48, 49, 50 y 52 y por renuncia voluntaria al ser aceptada por la Administración.

2. Si transcurrido el plazo señalado del artículo 27 o, en su caso, la prórroga del mismo, el nombrado no se presentara a tomar posesión de su primer destino, se entenderá que renuncia definitivamente a formar parte de la Carrera Fiscal.

3. Cuando en los cambios de destino, al finalizar el disfrute de licencia o permiso, no se presentare el funcionario a posesionarse de su cargo en el plazo superior a diez días al señalado a tal fin, o hubiere reincidencia, se entenderá que existe abandono de servicio, el cual determinará la baja del funcionario de que se trate en el Escalafón de la Carrera Fiscal. Igual efecto producirá el ocultar causa de incompatibilidad en el percibo de sueldo, sin solicitar la situación administrativa procedente, si hubiera reincidencia.

4. En ambos casos el funcionario podrá ser rehabilitado a su instancia por el Ministerio de Justicia si concurren causas muy justificadas y mediante la instrucción del oportuno expediente que será tramitado por la Inspección Fiscal.

5. Si el retraso en la posesión no fuese superior a diez días y no hubiere reincidencia y en la ocultación de incompatibilidad tampoco la hubiere, el funcionario deberá ser sometido a expediente disciplinario.

CAPÍTULO III

De la situación de los funcionarios del Ministerio Fiscal con relación al servicio

Sección 1.ª Situaciones en general

Art. 29.

Los funcionarios del Ministerio Fiscal pueden hallarse en alguna de las situaciones siguientes:

a) Servicio activo.

b) Excedente en sus diversas modalidades.

c) Supernumerario.

d) Suspensión.

Sección 2.ª Servicio activo

Art. 30.

1. Los funcionarios del Ministerio Fiscal se hallan en situación de servicio activo:

a) Cuando ocupen plaza correspondiente a la plantilla del Cuerpo.

b) Cuando por Orden ministerial sean nombrados para servir puestos de trabajo de libre designación en el Ministerio de Justicia, siempre que el Reglamento de éste exija, para desempeñarlos, pertenecer a la Carrera Fiscal.

c) Cuando les haya sido conferida por el Ministerio de Justicia o con su autorización comisión de servicio de carácter temporal para el desempeño de puestos de trabajo en otros Tribunales u Organismos.

2. El disfrute de licencias o permisos reglamentarios o el desempeño de actividades vinculadas al empleo de Carrera no altera la situación de servicio activo.

3. Los funcionarios del Ministerio Fiscal en situación de servicio activo tienen todos los derechos, prerrogativas, deberes y responsabilidades inherentes a su condición.

4. Solamente a la situación de servicio activo es inherente la plenitud de derechos que al funcionario corresponda con arreglo a las Leyes.

Sección 3.ª Situación de excedencia

Art. 31.

Los funcionarios fiscales que cesen temporalmente en el ejercicio de su cargo y no tengan derecho a situación diferente con arreglo a los preceptos de este Decreto orgánico pasarán a la de excedente, que por razón de su causa puede ser:

a) Especial.

b) Forzosa.

c) Voluntaria.

Art. 32.

1. Se considerará en situación de excedencia especial a los funcionarios en que concurra alguna de las circunstancias siguientes:

a) Nombramiento, por Decreto, para cargo político o de confianza de carácter no permanente.

b) Prestación del servicio militar si no fuera compatible con su destino como funcionario.

2. A los funcionarios en situación de excedencia especial, que seguirán ascendiendo en el Escalafón, se les reservará la plaza y destino que ocupasen y se les computará, a efectos de trienios y derechos pasivos, el tiempo transcurrido en esta situación, pero dejarán de percibir su sueldo personal a no ser que renunciasen al correspondiente al cargo para el que fuesen designados.

Art. 33.

1. Las plazas reservadas a los funcionarios en situación de excedencia especial podrán ser cubiertas, cuando las necesidades del servicio lo aconsejen, por el Ministerio de Justicia, con carácter eventual, oyendo al Consejo Fiscal por otro funcionario en activo de la Carrera Fiscal que tuviere categoría administrativa suficiente para desempeñar el cargo de que se trate o, en su defecto, de la inferior, y, en ambos supuestos, lo hubiere solicitado con ese carácter eventual.

2. Las resultas se proveerán, en caso necesario, en igual forma hasta la última categoría, para la que será designado el aspirante que ocupe el primer lugar.

3. Éste percibirá sus haberes con cargo al capítulo de personal, y si en él no hubiere crédito disponible, con el señalado expresamente para estos casos, y le será de abono a todos los efectos el tiempo de servicios prestados en esta situación.

4. La posesión en el destino eventual se verificará en el plazo máximo de ocho días y se cesará en él el mismo día en que se incorpore su titular. La reintegración al destino en propiedad se hará dentro de los ocho días siguientes.

Art. 34.

1. La excedencia forzosa se producirá por las causas siguientes:

a) Reforma de plantilla o supresión de la plaza de que sea titular el funcionario cuando signifiquen el cese obligado en el servicio activo.

b) Imposibilidad de obtener el reingreso al servicio activo en los casos en que el funcionario cese con carácter forzoso en la situación de supernumerario.

2. Los excedentes forzosos tendrán derecho a percibir su sueldo personal y el complemento familiar, al abono del tiempo en la situación a efectos pasivos y de trienios y a los ascensos que le correspondan en la Carrera.

La declaración de excedencia forzosa no impedirá la incoación de expediente disciplinario al funcionario que pase a tal situación, y si la naturaleza del correctivo que en definitiva pudiera imponérsele no resultase de posible cumplimiento mientras permanezca en la misma se hará efectiva a su reingreso.

Art. 35.

1. Procederá declarar la excedencia voluntaria, a petición del funcionario, en los siguientes casos:

a) Cuando el funcionario pertenezca a otro Cuerpo o sea titular de otra plaza del Estado o de la Administración Local y esté en ellos en la situación de activo, supernumerario o excedente en sus modalidades de especial o forzosa.

b) La mujer funcionario, por causa de matrimonio.

c) Por interés particular del funcionario.

2. En los casos del apartado c) del párrafo anterior, la concesión de la excedencia quedará subordinada a la buena marcha del servicio.

3. Los funcionarios en situación de excedencia voluntaria, en la que permanecerán como mínimo un año, no devengarán derechos económicos ni les será computable el tiempo a efectos de trienios ni de clases pasivas.

4. La situación de excedencia voluntaria no podrá otorgarse cuando al funcionario se le instruya expediente disciplinario o no haya cumplido la sanción que con anterioridad le hubiese sido impuesta.

No obstante, cuando el correctivo requiera un plazo no inferior a seis meses para su cumplimiento podrá otorgarse la excedencia con la condición expresa de que deberá ser cumplido aquél o la parte del mismo pendiente al reingreso del funcionario.

Sección 4.ª Situación de supernumerario

Art. 36.

1. En la situación de supernumerario serán declarados los funcionarios fiscales siguientes:

a) Los que, previa autorización del Ministerio de Justicia, sirvan empleos no incluidos en la plantilla orgánica de su Escala, en Organismo autónomo o del Movimiento, percibiendo sueldo con cargo al presupuesto del mismo, salvo que tales empleos hayan sido declarados compatibles por Ley.

b) Quienes presten servicios públicos para los que hayan sido nombrados o designados precisamente por su calidad de funcionarios fiscales.

c) Los que presten sus servicios en virtud de contrato a Organismos internacionales o Gobierno extranjero, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 17 de julio de 1958.

Lo dispuesto en este apartado no será aplicable a los Fiscales que por razón de su Carrera presten servicio al Gobierno marroquí, que se regirán por lo establecido en el apartado c) del artículo 30 de este Reglamento.

2. Los funcionarios supernumerarios, mientras se encuentren en esta situación administrativa, no percibirán el sueldo personal que les correspondería en servicio activo ni remuneración alguna complementaria de carácter general ni especial, declarándose vacante la plaza de la plantilla orgánica, que se proveerá en forma reglamentaria.

3. Salvo lo dispuesto en el número anterior, la situación de supernumerario se reputará, a los demás efectos, como en servicio activo.

4. Los Organismos o Entidades en que presten servicios funcionarios fiscales en situación de supernumerarios no vendrán obligados a efectuar ingreso alguno al Tesoro por dicha causa, sin perjuicio de que tales funcionarios hayan de ingresar la cantidad que, en su caso, corresponda a efectos pasivos.

Sección 5.ª Suspensión de funciones

Art. 37.

El funcionario declarado en situación de suspenso quedará privado temporalmente del ejercicio de sus funciones y de los derechos y prerrogativas anejos a su condición de funcionario. La suspensión puede ser provisional o firme.

Art. 38.

1. La suspensión provisional podrá acordarse preventivamente durante la tramitación del procedimiento judicial o disciplinario que se instruya al funcionario.

2. La suspensión tendrá lugar:

1.º Por auto del Tribunal correspondiente en que, conforme a lo dispuesto en el artículo 775 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se acuerde la admisión de querella por delitos cometidos por el funcionario Fiscal en el ejercicio de sus funciones.

2.º Por acuerdo del Tribunal que conozca de la causa cuando por cualquier clase de delito, a excepción de los culposos, se dicte contra un funcionario Fiscal auto de procesamiento.

3.º Por resolución del Consejo Fiscal, cuando lo estimare procedente durante el curso de expediente de destitución de un funcionario Fiscal.

3. El Tribunal respectivo, en los dos primeros casos, y el Consejo Fiscal, en el tercero, remitirá inmediatamente al Ministerio de Justicia copia certificada de la resolución en que se acuerde la suspensión. El Ministro ordenará que se lleve a efecto ésta.

4. La suspensión disciplinaria se regirá por lo dispuesto acerca de esta clase de correcciones.

Art. 39.

1. El suspenso provisional tendrá derecho a percibir en esta situación el 75% de su sueldo y la totalidad del complemento familiar. No se le acreditará haber alguno en caso de incomparecencia o declaración de rebeldía.

2. El tiempo de suspensión provisional como consecuencia del expediente disciplinario no podrá exceder de seis meses, salvo en caso de paralización del procedimiento imputable al interesado. La concurrencia de esta circunstancia determinará la pérdida de toda retribución hasta que el expediente sea resuelto.

3. Cuando la suspensión no sea declarada firme, el tiempo de duración de la misma se computará como de servicio activo, debiendo acordarse la inmediata reincorporación del funcionario a su cargo, con reconocimiento de todos sus derechos económicos y demás que procedan desde que tuvo efecto la suspensión.

Art. 40.

1. La suspensión tendrá carácter firme cuando se imponga en virtud de condena criminal o de sanción disciplinaria.

2. La condena y la sanción de suspensión determinará la pérdida del cargo.

3. La suspensión por condena podrá imponerse como pena o por consecuencia de la inhabilitación para el ejercicio de cargos y funciones públicas con carácter de principal o de accesoria, en los términos de la sentencia en que fuere acordada.

4. La imposición de la pena de inhabilitación especial para la Carrera del funcionario o la absoluta para el ejercicio de funciones públicas, si una u otra fueran con carácter definitivo, determinará la baja del funcionario en el servicio, sin otra reserva de derechos que los consolidados a efectos pasivos.

5. La suspensión firme por sanción disciplinaria no podrá exceder de seis años, siendo de abono al efecto el periodo de permanencia del funcionario en la situación de suspenso provisional.

6. En el tiempo de cumplimiento de la sanción o de la pena de suspensión firme, el funcionario estará privado de todos los derechos inherentes a su condición.

Sección 6.ª Reingreso en el servicio activo

Art. 41.

1. El reingreso en el servicio activo de los funcionarios del Ministerio Fiscal de quienes no tengan reservada su plaza o destino se verificará con ocasión de vacante y respetando el siguiente orden de prelación:

a) Excedentes forzosos.

b) Supernumerarios.

c) Suspensos.

d) Excedentes voluntarios.

2. Salvo para los excedentes forzosos, que se acomodarán a lo establecido en el artículo 43, la preferencia para el reingreso dentro de cada grupo se determinará por la antigüedad de la fecha de entrada en el Registro del Ministerio de la solicitud de reingreso.

3. Quienes cesen en la situación de supernumerario o procedan de las de excedente forzoso o suspenso estarán obligados a solicitar el reingreso en la Carrera, declarándoles, de no hacerlo, en la situación de excedencia voluntaria. Gozarán, por una sola vez, de derecho preferente para ocupar alguna de las vacantes que exista en donde servían cuando se produjo su cese en el servicio activo.

4. Los excedentes voluntarios sólo podrán utilizar este derecho de preferencia por una sola vez, y durante un plazo de quince años, a partir del momento de su excedencia.

Art. 42.

Cuando los excedentes especiales cesen en el cargo de confianza o en la prestación del servicio militar deberán incorporarse a su destino de origen en el plazo de treinta días, como máximo, a contar desde el cese en el cargo o desde la fecha del licenciamiento, respectivamente. De no hacerlo así pasarán automáticamente a la situación prevista en el apartado C) del artículo 35.

Art. 43.

1. El reingreso de los excedentes forzosos se hará por orden de mayor tiempo en esta situación y en vacante de su categoría.

2. El Ministerio de Justicia podrá disponer, cuando las necesidades del servicio lo exijan, la incorporación obligatoria de dichos funcionarios a puestos de la Carrera Fiscal.

Art. 44.

1. El supernumerario que cese con carácter forzoso en el cargo que venga sirviendo en Organismo autónomo o del Movimiento, por supresión de aquel o del propio Organismo, reingresará en el servicio activo, en su Escala, con efectividad del día siguiente al del cese, cubriendo vacante de su categoría si la hubiere.

2. De no poder llevarse a efecto el reingreso por falta de plaza disponible será declarado automáticamente excedente forzoso.

3. Cuando el cese sea motivado por faltas imputables al supernumerario, su reingreso se regirá por las normas establecidas en el párrafo anterior, pero en todo caso se le instruirá expediente disciplinario para esclarecer su conducta, con arreglo a los preceptos reglamentarios.

4. El cese voluntario en Organismos autónomos o del Movimiento sin previo reingreso al servicio activo o pase a una de las situaciones previstas en los artículos 32, 34 y apartado a) del 35, o a otro Organismo autónomo o del Movimiento, sin la autorización ministerial, motivará la declaración de excedencia voluntaria del apartado c) del propio artículo 35 y el reingreso al servicio activo se acomodará a lo establecido para ésta.

Art. 45.

Los funcionarios de la Carrera Fiscal que hayan ingresado por concurso en el Cuerpo Técnico de Letrados del Ministerio de Justicia podrán reincorporarse a su Carrera, a petición propia, una vez prestados tres años de servicios en el Cuerpo de Letrados, conservando los derechos que hayan podido adquirir en el mismo.

Art. 46.

1. Los excedentes voluntarios del apartado 1 a) del artículo 35 al cesar en el Cuerpo en que estuvieren sirviendo en activo podrán pedir el reingreso dentro del plazo de diez días acompañando certificación de la Jefatura de Personal del Cuerpo de procedencia, acreditativa de los servicios prestados hasta su cese y de la conducta observada, y les será concedido únicamente con ocasión de vacante. Si de dicho certificado resultase haber sido sancionado, el reingreso quedará condicionado a un nuevo enjuiciamiento con arreglo a las normas propias de la Carrera Fiscal.

2. De no presentar solicitud de reingreso en el término expresado, se le declarará incluido en el apartado c) del mismo precepto, con efecto desde la fecha de cese en el Cuerpo en que estaba en activo.

3. Los excedentes voluntarios de los apartados b) y c) del artículo 35 que soliciten la vuelta al servicio activo presentarán para constancia en su expediente personal certificado de antecedentes penales, declaración jurada de si se encuentran o no procesados, así como de las sanciones en que pudieran haber incurrido en el servicio de otro Cuerpo.

4. Para adjudicar vacante a los excedentes voluntarios tendrá que haber transcurrido un mes desde la fecha de presentación de la instancia en el Registro General del Ministerio de Justicia y haber sido declarados aptos para el reingreso por el Consejo Fiscal. A tal fin la instancia en que soliciten el reingreso, en unión del expediente personal del interesado, se remitirá al Fiscal del Tribunal Supremo, para que, en el referido Consejo Fiscal se informe con respecto a la aptitud del solicitante.

5. Recibido el informe de referencia, el Ministerio, en el plazo de ocho días resolverá la petición, concediéndole o no la vuelta al servicio activo. En caso afirmativo, de no existir funcionarios con preferente derecho, ocupará la primera vacante que se produzca con posterioridad a la fecha en que el Ministerio resuelva la petición y será destinado al cargo que con arreglo a su categoría personal le corresponda, de acuerdo con las normas establecidas en este Reglamento. A los funcionarios reingresados sólo les serán abonados servicios en su categoría y Carrera a partir de la fecha de la posesión en el destino para que fueron nombrados, sin que antes de tomar posesión puedan solicitar traslado.

Sección 7.ª De las jubilaciones.

Art. 47.

1. La jubilación de los funcionarios de la Carrera Fiscal podrá ser voluntaria o forzosa, y ésta por incapacidad o por edad.

2. Podrán solicitar la jubilación voluntaria los que hayan cumplido la edad de sesenta y cinco años o tengan prestados al menos cuarenta de servicios efectivos al Estado.

3. Cuando se aprecie incapacidad física o intelectual de carácter permanente para el ejercicio del cargo, cualquiera que fuera la edad, el Fiscal de la Audiencia Territorial respectiva tendrá la obligación, bajo su responsabilidad, de abrir expediente, al que se aportará dictamen médico, se recogerán y harán constar los datos que se estimen oportunos y se oirá al interesado, remitiéndolo después con su propuesta al Consejo Fiscal, el que emitirá informe y lo cursará al Ministerio de Justicia para la resolución que proceda.

4. Cuando se trate de miembros de la Carrera Fiscal con destino en la Fiscalía del Tribunal Supremo, el expediente a que se refiere el párrafo se promoverá por el Fiscal del expresado Tribunal, por sí o a petición del Fiscal general correspondiente, y con informe del Consejo Fiscal se elevará al Ministerio de Justicia a los efectos que procedan.

5. La jubilación forzosa por edad se acordará cuando el funcionario alcance la de setenta años. Por excepción, los miembros de la Carrera Fiscal que hayan alcanzado la categoría de Fiscal y deseen continuar en servicio activo hasta los setenta y dos deberán comunicarlo al Ministerio de Justicia por conducto jerárquico con antelación a la fecha en que cumplan los setenta años, entendiéndose que renuncian a este derecho si así no lo hicieren.

6. Los que deseen continuar en servicio activo a partir de los setenta y dos años solicitarán prórrogas anuales mediante instancia dirigida al Ministerio de Justicia y que presentarán ante la Sala de Gobierno de la Audiencia Territorial correspondiente con dos meses de antelación por lo menos a la fecha en que les corresponda ser jubilados. La falta de presentación de la instancia implicará la renuncia a la prórroga.

Si la Sala de Gobierno estimare procedente la concesión de la prórroga, elevará la instancia, con su propuesta, al Ministerio de Justicia, el que, previo informe del Consejo Fiscal, que lo emitirá oyendo a la Inspección Fiscal, resolverá lo que proceda.

7. Los Fiscales de Audiencia Territorial y miembros de la Fiscalía del Tribunal Supremo remitirán sus solicitudes de prórroga a la Sala de Gobierno del citado Tribunal, y previo informe del Consejo Fiscal, que lo emitirá oyendo a la Inspección Fiscal, la referida Sala elevará al Ministerio de Justicia el expediente con la propuesta que estime oportuna para la resolución que proceda.

8. En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores actuará de ponente en la Sala de Gobierno el Fiscal del respectivo Tribunal.

9. Los trámites que establece este artículo se observarán con la mayor diligencia a fin de que la resolución ministerial pueda ser adoptada antes de que el solicitante de la prórroga cumpla la edad de jubilación.

10. Los Fiscales que, conforme a lo dispuesto en el número 6 de este artículo, obtengan prórrogas de la edad de jubilación no podran desempeñar cargos que impliquen mayor categoría, jefatura o mando que el que sirvan al cumplir los setenta y dos años.

Sección 8.ª De las separaciones y rehabilitaciones

Art. 48.

Los funcionarios fiscales podrán quedar separados del servicio:

1.º Por destitución.

2.º Por renuncia.

Ningún funcionario de la Carrera Fiscal podrá ser separado del servicio sin expediente para ello, salvo lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 10 del Estatuto respecto del Fiscal del Tribunal Supremo.

Art. 49.

1. Procede de derecho la destitución de cualquier funcionario fiscal:

1.º Por sentencia firme en que la destitución se declare.

2.º Por sentencia firme en que se imponga al funcionario pena por delito doloso.

3.º Cuando la acuerde el Ministerio de Justicia, en virtud de propuesta del Consejo Fiscal constituido en Tribunal de Honor, según lo preceptuado en este Reglamento.

2. Los Tribunales que pronuncien las sentencias referidas en el número primero y segundo de este artículo remitirán certificación fehaciente de ellas al día siguiente de su firmeza al Ministerio de Justicia y al Fiscal del Tribunal Supremo, a los efectos procedentes.

Art. 50.

Podrán ser destituidos los funcionarios de la Carrera Fiscal:

1.º Cuando hubieren incurrido en alguno de los casos de incapacidad que establece el artículo 12, a excepción del segundo, o en alguna incompatibilidad de las expresadas en el artículo 13.

2.º Cuando hubiesen sido corregidos disciplinariamente por hechos graves que, sin constituir delito, comprometan la dignidad de su ministerio o les hagan desmerecer en el concepto público.

3.º Cuando hayan sido una o más veces declarados responsables civilmente.

4.º Cuando infundada, abierta o reiteradamente hayan faltado a las instrucciones de sus superiores jerárquicos.

Art. 51.

La destitución a que el artículo anterior se refiere se acordará por Decreto, a propuesta del Ministro de Justicia, previa formación de expediente, que instruirá el Consejo Fiscal por los trámites establecidos en este Reglamento para los de corrección disciplinaria y en el que además informarán los funcionarios en activo que como Fiscales Jefes hayan tenido bajo sus órdenes al expedientado.

El Consejo Fiscal con su dictamen elevará el expediente al Ministerio de Justicia, el que, previamente a su propuesta, podrá oír al Consejo de Estado.

Art. 52.

La renuncia puede ser expresa o tácita. Habrá renuncia expresa cuando el funcionario solicite la separación en instancia firmada y dirigida, por conducto reglamentario, al Ministerio de Justicia, quien la otorgará; pero podrá aplazar la concesión si las necesidades del servicio lo aconsejaran. La renuncia tácita se declarará por el Ministerio de Justicia cuando un funcionario se encuentre en alguno de los casos en que, según el Estatuto y este Reglamento, deba ser declarado renunciante.

Art. 53.

Ningún funcionario Fiscal podrá ser declarado excedente, suspenso ni separado del servicio activo sino en los casos y del modo que se establece en el Estatuto y en este Reglamento.

Art. 54.

1. Los que hubieren sido separados de la Carrera Fiscal por alguna de las causas señaladas en este Reglamento podrán solicitar la vuelta al servicio activo mediante el oportuno expediente de rehabilitación.

2. El expediente se iniciará a instancia del interesado, dirigida al Ministerio de Justicia, en la que se hará constar categoría y cargo que ejercía en la Carrera, causa y fecha de separación, lugar de residencia durante el tiempo de ésta y cualquiera otra circunstancia que considere procedente.

3. Los que hubieren sido separados por razón de delito deberán justificar que tienen extinguida la responsabilidad penal y civil y que le han sido cancelados los antecedentes en el Registro Central de Penados y Rebeldes.

4. En ningún caso podrá solicitarse la apertura del expediente antes de haber transcurrido seis años a partir de la fecha del acuerdo de separación, a menos que ésta hubiera sido acordada por las causas previstas en los números 2 y 3 del artículo 28.

5. La instancia, en unión de los antecedentes que obren en el Ministerio, se remitirá a la Inspección Fiscal para que aporte al expediente cuantos datos sean necesarios o convenientes para formar juicio acerca de la conducta del peticionario, especialmente en relación con los hechos o circunstancias que motivaron la separación y razones específicas y cualificadas que pudieran aconsejar la rehabilitación, y con informe resumen del expediente, se pasará éste al Consejo Fiscal, que, con su informe, lo remitirá al Ministerio de Justicia para la resolución que proceda.

6. La resolución del expediente se comunicará al interesado, y si fuere desfavorable, no podrá iniciarse nuevo expediente hasta transcurridos otros seis años.

CAPÍTULO IV

Traslados

Art. 55.

1. Los traslados de los funcionarios del Ministerio Fiscal pueden ser voluntarios y forzosos, y éstos, por conveniencia del servicio, por incompatibilidad del funcionario o impuestos como corrección disciplinaria.

2. El traslado voluntario se solicitará en instancia dirigida al Ministerio de Justicia por conducto del Jefe inmediato, quien, con las observaciones oportunas, la enviará al Ministerio de Justicia.

3. En la instancia, los solicitantes indicarán por orden de prelación cuantos destinos aspiren a servir, consignando además su nombre y apellidos, categoría personal y cargo que desempeñan, con expresión de las fechas en que fueron nombrados y tomaron posesión del mismo.

4. No podrán solicitar traslado los funcionarios electos y los que hubieran sido designados a su instancia para cualquier cargo, antes de que transcurra un año desde la fecha en que se posesionaron de él.

5. Tampoco podrán solicitar traslado los que estén sujetos a expediente de cualquier clase, ni los que se hallen suspensos en sus cargos hasta que se resuelva el expediente o se les levante la suspensión respectivamente.

6. Las instancias surtirán efecto en tanto el funcionario interesado no desista expresamente de su petición; perderán eficacia cuando aquél haya obtenido alguno de los cargos que hubiere solicitado, y podrán ser modificadas total o parcialmente mediante nueva solicitud del funcionario a quien afecte. Las peticiones que se formulen en forma condicionada o no aparezcan redactadas con claridad suficiente carecerán de validez.

No podrán autorizarse permutas de destino.

Art. 56.

1. Los funcionarios fiscales serán trasladados conforme a las conveniencias del servicio, si bien se procurará atender a los deseos que cada uno manifieste, conforme al artículo anterior, en cuanto sea compatibles con las conveniencias expresadas.

2. A falta de solicitud expresa, los traslados podrán acordarse:

a) Por iniciativa del Ministerio de Justicia, oyendo previamente al Fiscal del Tribunal Supremo, que, a su vez, lo recabará del Fiscal de la Audiencia Territorial correspondiente. Estos informes podrán ser verbales o telegráficos cuando la urgencia del caso lo requiera.

b) A propuesta razonada del Fiscal del Tribunal en que preste sus servicios el funcionario, que se cursará por conducto, en su caso, del Fiscal de la Territorial y siempre del Fiscal del Tribunal Supremo, que informará sobre conveniencias del traslado.

c) Cuando en expediente, que instruirá la Inspección Fiscal por los trámites establecidos en este Reglamento para los de corrección disciplinaria, se compruebe alguna de las causas de incompatibilidad señaladas en el artículo 15. En el caso de parentesco será trasladado el funcionario cuyo nombramiento sea posterior, y si hubieren sido nombrados en la misma fecha, el más moderno en el Escalafón. El expediente, informado por el Consejo Fiscal, se remitirá al Ministerio de Justicia para la resolución que proceda.

d) Cuando en expediente de corrección disciplinaria se imponga la sanción de traslado forzoso.

3. El cambio de destino implicará el cese además en la comisión o eventualidad que, en su caso, se desempeñe, a menos que otra cosa se disponga.

CAPÍTULO V

Escalafón

Art. 57.

1. Por la Dirección General de Justicia se publicará periódicamente en el Boletín Oficial del Estado el Escalafón del Ministerio Fiscal, según la situación de cada funcionario.

2. En el Escalafón se comprenderá a todos los funcionarios que se hallaren en servicio activo o cualquier situación que lleve implícita el abono de servicios, incluso en la Carrera Judicial antes del 1 de julio de 1926, relacionados por orden de mayor antigüedad en la categoría respectiva. Al final de cada una de éstas se relacionarán los que perteneciendo a ellas se encuentren en situación de excedencia voluntaria.

3. En el referido Escalafón se hará constar:

1.º El número de orden.

2.º Nombre y apellidos.

3.º Cargo o situación.

4.º Fecha de nacimiento.

5.º Tiempo de servicios efectivos en la categoría y en el Cuerpo.

4. Durante los quince días siguientes a los de la publicación del Escalafón en el Boletín Oficial del Estado los interesados podrán formular las reclamaciones que estimen procedentes y el Ministerio de Justicia resolverá dentro de otro término de quince días, publicándose entonces el Escalafón definitivo en la forma que se disponga.

CAPÍTULO VI

Honores de los funcionarios fiscales

Art. 58.

1. Los funcionarios fiscales de las dos primeras categorías y los Fiscales de las Audiencias Territoriales tendrán el tratamiento de excelentísimos señores. Los restantes de la tercera categoría, el de ilustrísimos señores, y los de la cuarta, el de señoría. Todos ellos usarán en su actuación oficial la medalla y placa ajustadas al modelo aprobado por el Ministerio de Justicia.

2. Los funcionarios de la Carrera Fiscal que hayan ejercido el cargo de Fiscal del Tribunal Supremo tendrán derecho a usar los distintivos de dicho cargo cuando dejen de desempeñarlo y ocupen destino propio de la Carrera.

3. Los funcionarios comprendidos en el caso tercero de la Real Orden de 1 de mayo de 1926 tendrán derecho a usar sobre la toga, debajo de la placa, un pasador de oro o plata dorada, en la que irá esmaltada la fecha del Decreto aprobando el Estatuto del Ministerio Fiscal.

4. En los actos de oficio, los funcionarios fiscales no podrán recibir mayor tratamiento que el que les corresponda a su empleo efectivo en la Carrera Fiscal, aunque lo tuvieran superior en diferente Carrera o por otros títulos.

5. Tampoco podrán usar cuando se reúnan en Cuerpo, ninguna condecoración que les dé derecho a tratamiento superior que el que corresponda al que preside el acto.

6. Los Fiscales de las Audiencias tendrán siempre la consideración de primera autoridad, y en los actos oficiales a que asistan ocuparán el lugar inmediato al del Presidente de la Audiencia.

Art. 59.

1. El Fiscal del Tribunal Supremo y los de las Audiencias Territoriales tendrán en las reuniones de Pleno y en las Salas de Gobierno el lugar que les corresponda según la antigüedad en la categoría respectiva entre los Presidentes de Sala del mismo Tribunal.

2. Los Fiscales de las Audiencias Provinciales en las Juntas de Gobierno ocuparán siempre el primer puesto, a la derecha del Presidente si fuesen de categoría de Fiscal, y el primero a la izquierda si fuesen de inferior categoría.

3. El Teniente Fiscal del Tribunal Supremo y, en su caso, el Inspector Fiscal, cuando asistan en sustitución del Fiscal ocuparán el lugar que les corresponda por su categoría y antigüedad en ésta entre los funcionarios de igual categoría a la suya personal que asistan a la sesión. De igual modo se procederá en las Audiencias, y si el funcionario Fiscal que asista fuera de categoría inferior a los Magistrados, ocupará el último lugar.

4. Cuando el funcionario que sustituya al Fiscal sea un Abogado Fiscal se procederá análogamente a lo que en el párrafo anterior se dispone.

5. En las Salas de Justicia, los Fiscales de las Audiencias y del Tribunal Supremo, cualquiera que sea su categoría, tendrán su mesa y asiento al lado derecho de la mesa del Tribunal.

6. Los Tenientes y Abogados Fiscales, cuando ejerzan las funciones de su cargo, tendrán su mesa y asiento en el lado izquierdo.

7. Cuando por designación especial, hecha conforme al artículo 49 del Estatuto, actúe en un Tribunal funcionario fiscal no adscrito al mismo, tomará asiento a la derecha, si fuese de igual o superior categoría que el Fiscal de dicho Tribunal, y a la izquierda en otro caso.

8. Los Fiscales municipales, comarcales y de paz tendrán en los actos judiciales asiento al lado derecho de la mesa del Juez.

Art. 60.

1. Los funcionarios Fiscales separados libremente del servicio y los renunciantes voluntarios, excedentes, jubilados y suspensos conservarán en tales situaciones el tratamiento personal que por la categoría alcanzada en el Ministerio Fiscal les correspondiera. Lo perderán los funcionarios destituidos y los renunciantes forzosos.

2. Los funcionarios que al ser jubilados hubiesen servido por más de veinticinco años efectivos podrán obtener los honores de la categoría superior inmediata a la de su último cargo si, a juicio del Consejo Fiscal, mereciesen esta recompensa por los servicios prestados en la Carrera. Se computara en los veinticinco años el tiempo servido en la Carrera Judicial antes del 1 de julio de 1926.

3. Fuera del caso expresado en el párrafo anterior no se concederán honores de funcionario fiscal ni se dará a los que lo sean honores de categoría superior a los de los que efectivamente tengan.

Art. 61.

1. En los actos de los Tribunales y en los de Corte vestirán, sobre traje negro, la toga, placa y medalla reglamentaria.

2. En los demás actos, tanto en cuanto a la asistencia como en cuanto al traje que han de vestir e insignias que han de ostentar, se atendrán a lo expresado en el número séptimo del artículo 17 de este Reglamento.

Art. 62.

Ningún funcionario fiscal en servicio activo podrá usar uniforme, traje oficial ni otras insignias que las correspondientes a su cargo dentro de la Carrera Fiscal ni usar condecoraciones que le den derecho a tratamiento superior al que le corresponda a su Jefe inmediato, cuando concurra con éste en actos oficiales.

CAPÍTULO VII

Residencia de los funcionarios fiscales, vacaciones y licencias

Art. 63.

1. Los funcionarios fiscales están obligados a residir en la localidad donde tengan su destino desde que tomen posesión hasta que cesen en el mismo y durante este tiempo no podrán ausentarse del lugar de su residencia.

2. Cuando el funcionario se ausentare injustificadamente será corregido disciplinariamente, si la ausencia no excediese de diez días y no fuera reincidente. Si excediese de ellos o hubiese reincidencia, se aplicará lo dispuesto en el artículo 28 de este Reglamento.

Art. 64.

1. No se considerarán ausencias las excursiones en días festivos sin salir el funcionario de los límites de su demarcación, siempre que no deje de pernoctar en el lugar de su residencia.

2. Asimismo los funcionarios fiscales podrán ausentarse de la población de su destino desde el día anterior a un inhábil al terminar las horas de despacho hasta el día inmediato hábil antes de comenzar aquéllas, pero deberán obtener previa autorización del Fiscal Jefe respectivo, quien podrá denegarla cuando las necesidades del servicio, por causas justificadas, así lo aconsejaren. Estas ausencias no podrán disfrutarse por los Fiscales de las Audiencias Territoriales y Provinciales sin la previa conformidad del Fiscal del Tribunal Supremo o el de la Territorial, respectivamente.

3. Tampoco se estimarán como licencias las ausencias de los Fiscales de las Audiencias Territoriales cuando fueren llamados por el Ministro o por el Fiscal del Tribunal Supremo para conferenciar.

El Fiscal del Tribunal Supremo dará cuenta al Ministerio de Justicia siempre que haga uso de esta facultad.

Art. 65.

1. Los funcionarios de la Carrera Fiscal tendrán derecho a disfrutar durante cada año completo de servicio activo, una vacación retribuida de un mes, o a los días que en proporción les corresponda, si el tiempo servido fuera menor.

2. El tiempo de vacaciones se disfrutará en general dentro del periodo comprendido entre el 15 de julio y el 14 de septiembre de cada año, distribuyéndose en forma que siempre queden de servicio en la Fiscalía la mitad de los miembros que integran su plantilla orgánica, o uno más si fuera impar.

3. El derecho del funcionario al disfrute de vacaciones se regulará tomando en cuenta los deseos de los funcionarios, en cuanto ello fuera posible, si resulta compatible con las necesidades del servicio, y en otro caso, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde la última vez que las disfrutó cada uno de los funcionarios, o en último término, por la categoría y antigüedad de los funcionarios, concediéndose la facultad de elegir a los de mayor categoría y antigüedad.

Art. 66.

Las vacaciones a que se refiere el artículo anterior serán incompatibles con la licencia que se regula en el 71 y se concederán por los Fiscales del Tribunal Supremo y de las Audiencias Territoriales en sus respectivos casos, cuidando en todos ellos que el servicio quede debidamente atendido.

Art. 67.

El 15 de septiembre se estimarán caducadas las vacaciones de verano y deberán reintegrarse todos los funcionarios a sus respectivos cargos.

Art. 68.

En ninguna Fiscalía se empezará a disfrutar de vacaciones sin cumplir los requisitos siguientes:

1.ª Que el Jefe de la Fiscalía manifieste dos días antes del en que deben comenzar las vacaciones que el funcionario de que se trate está absolutamente al día en el despacho de los asuntos que tenga encomendados.

2.ª Que la Fiscalía haya cumplido el servicio de estadística a que se refiere el artículo 47 del Estatuto, debiendo el Fiscal del Tribunal Supremo acusar recibo, por telégrafo, de cada servicio que se le remita y esté bien cumplido, o pedir del mismo modo las adiciones o rectificaciones que procedan.

Art. 69.

Durante las vacaciones del Fiscal del Tribunal Supremo alternarán al frente de la Fiscalía el Teniente Fiscal y el Inspector Fiscal.

Art. 70.

1. Podrá ser llamado a prestar servicio el funcionario que disfrute vacaciones y se presentará en la respectiva Fiscalía inmediatamente que reciba el aviso, cuando sea necesario para sustituir a alguno de los que prestaban servicio y que hayan enfermado o sido trasladado, jubilado suspenso, destituido o declarado excedente o renunciante.

2. Reanudará aquél las vacaciones cuando cese la enfermedad o suspensión o se haya posesionado el funcionario nombrado en sustitución del que prestaba servicio de vacaciones.

3. Si el funcionario en disfrute de vacaciones llamado a prestar servicio estuviere prestándolo por más de quince días, se entenderá que no ha disfrutado vacación a los efectos del artículo 65.

Art. 71.

El Ministerio de Justicia podrá conceder licencia de treinta días a los funcionarios fiscales que no hayan disfrutado vacación de verano, previo informe del Fiscal de la Audiencia Territorial respectiva o del Fiscal del Tribunal Supremo, si se tratara de Fiscales Territoriales o funcionarios de la Fiscalía del expresado Tribunal.

Art. 72.

1. El funcionario fiscal que no pueda acudir al despacho por hallarse enfermo se dará de baja en el servicio, participándolo al inmediato superior dentro del primer día, el cual, a la mayor urgencia o telegráficamente lo pondrá en conocimiento del Ministerio de Justicia por conducto del Fiscal del Tribunal Supremo o del Fiscal de la Audiencia Territorial respectiva.

2. La referida baja no podrá durar más de diez días, cuando se trate de primera enfermedad dentro del año natural, ni de cinco días, si es segunda o ulterior enfermedad en el año. Si ésta excediese de los plazos establecidos o la curación exigiese cambio de residencia, el funcionario deberá solicitar licencia por enfermo, que se retrotraerá al undécimo o sexto día de la baja, según los casos; si no lo hiciere, dejará de percibir sus haberes a partir del undécimo o sexto día, respectivamente de la falta de asistencia al despacho, y el reintegro a sus funciones deberá ir precedido del consiguiente expediente de rehabilitación.

3. La baja por enfermo no autoriza, en ningún caso, para ausentarse de la población de residencia sin la oportuna licencia.

4. Las enfermedades que impidan el normal desempeño de las funciones encomendadas a los funcionarios que integran el Ministerio Fiscal darán lugar a licencias hasta de seis meses cada año natural, con plenitud de derechos económicos. Dichas licencias se concederán por el Ministerio de Justicia y podrán prorrogarse por periodos mensuales, devengando sólo durante esas prórrogas el sueldo y el complemento familiar.

5. Tanto inicialmente como para solicitar la prórroga deberá acreditarse la enfermedad y la no procedencia de la jubilación por inutilidad física.

6. Las licencias y bajas por enfermedad deberán justificarse con certificación facultativa, asegurándose además el Jefe que las conceda e informe de la certeza del motivo y de la necesidad de interrumpir sus tareas el solicitante.

7. Las solicitudes elevadas al Ministerio para la concesión de licencias, ya por razón de enfermedad o para asuntos propios, serán siempre informadas, bajo su responsabilidad, por el Jefe inmediato del solicitante, expresando siempre, además de lo que se refiere a la certeza de la causa en que la licencia se funde, el comportamiento del funcionario en el servicio y si la conveniencia y estado de éste permite la concesión.

8. Si se alegare inexactamente la enfermedad como causa para obtener licencia, será corregido disciplinariamente el funcionario fiscal y el Jefe que informase favorablemente la solicitud, afirmando constarle la certeza de la causa alegada.

Art. 73.

1. El Ministerio de Justicia, previo informe del superior jerárquico del solicitante, podrá conceder licencias por asuntos propios sin retribución alguna y su duración acumulada no podrá exceder de tres meses cada dos años.

2. El periodo en que se disfruten las licencias por asuntos propios se subordinará a las necesidades del servicio.

Art. 74.

1. Por razón de matrimonio, el funcionario tendrá derecho a una licencia de quince días.

2. También se concederá licencia a la mujer funcionario fiscal que haya entrado en el octavo mes de embarazo, y no se reintegrará al cargo hasta que transcurra un periodo de seis semanas posterior al parto.

3. Estas licencias no afectarán a los derechos económicos del funcionario.

Art. 75.

1. Podrá concederse por el Ministerio de Justicia licencias para realizar estudios sobre materias directamente relacionadas con la Administración de Justicia previo informe favorable del superior jerárquico correspondiente y del Fiscal del Tribunal Supremo, con derecho al percibo del sueldo y del complemento familiar.

2. El período en que se disfruten esta clase de licencias se subordinará a las necesidades del servicio.

Art. 76.

1. El Fiscal del Tribunal Supremo y los Fiscales de las Audiencias Territoriales, respecto a los funcionarios que de ellos dependan, podrán conceder permiso de hasta quince días cada año cuando existan razones justificadas para ello.

2. Los Fiscales Jefes podrán disfrutar permisos de tres días para sus asuntos, sin carácter de licencia, los que no podrán exceder de seis en el año natural, ni de uno al mes, debiendo justificar su necesidad al ponerlo en conocimiento de sus superiores respectivos, sin cuya conformidad no podrán ausentarse.

Los referidos Fiscales Jefes podrán conceder estos permisos de tres días al personal fiscal que inmediatamente dependa de ellos.

3. Los permisos a que se refiere este artículo no afectan a los derechos económicos del funcionario.

Art. 77.

Los Fiscales de las Audiencias Provinciales comunicarán al del Tribunal Supremo y a los de las Territoriales, éstos al del Tribunal Supremo y todos al Director general de Justicia, los permisos que concedan y el comienzo y término del disfrute de las licencias, así como el lugar donde durante su uso fijen la residencia.

Art. 78.

Todas las licencias concedidas se anotarán en los expedientes personales de los funcionarios, y los permisos, además, en el libro de personal de las Fiscalías en que sirvan aquéllos a quienes se hubiesen concedido.

Art. 79.

1. Durante las vacaciones no se podrán obtener licencias para asuntos propios; las concedidas y no terminadas caducarán «ipso facto» al inaugurarse un período de vacaciones.

2. Por enfermedad solamente se concederán o subsistirán las concedidas y no terminadas, cuando el estado del funcionario sea tal que le impida en absoluto encargarse del servicio.

Art. 80.

El Ministerio de Justicia podrá, por conveniencia del servicio, declarar caducadas las licencias y períodos de vacaciones o suprimir éstos en general, o con relación a Audiencia determinada.

Art. 81.

1. Los Fiscales de las Audiencias llevarán un libro en el que se anotarán las concesiones que hagan de permisos y remisión de solicitudes de licencias al Ministerio, según los casos.

2. Cuando sea trasladado un funcionario, comunicará éste al Fiscal de la Audiencia, bajo cuya jurisdicción haya de prestar sus servicios, las licencias que hubiere disfrutado en el año natural.

Art. 82.

Las licencias se concederán siempre por el Ministerio de Justicia. Las vacaciones y permisos, por la autoridad que en cada caso proceda.

Art. 83.

Las licencias y permisos caducarán al ser trasladado el funcionario que se hallare haciendo uso de los mismos.

Art. 84.

Los funcionarios trasladados a punto distinto de aquél en que venían residiendo, tendrán derecho a que los Fiscales de las Audiencias Territoriales les concedan diez días de permiso dentro de los dos meses siguientes a la toma de posesión, exclusivamente para trasladar su familia y casa siempre que justifiquen ser ésta la finalidad del permiso, a juicio del Fiscal.

Art. 85.

Todas las licencias y permisos de cualquier clase podrán ser denegados por la Autoridad a quien corresponda su concesión, siempre que de los datos que haya obtenido no aparezca debidamente justificada la necesidad de concederlos o así lo determinen urgentes necesidades del servicio.

TÍTULO III

CAPÍTULO I

Unidad y dependencia del Ministerio Fiscal

Art. 86.

1. Las funciones encomendadas al Ministerio Fiscal se ejercerán por medio de sus órganos, ordenados conforme a los principios de unidad y dependencia jerárquica.

2. El Ministro de Justicia podrá dirigir al Fiscal del Tribunal Supremo orden escrita o verbal, en caso de urgencia, respecto de asuntos genéricos o especialmente determinados en los que, conforme a las funciones que le son propias, deba intervenir el Ministerio Fiscal. El Fiscal del Tribunal Supremo cumplirá dichas órdenes, ejercitando las acciones procedentes conforme a las Leyes.

3. El Fiscal del Tribunal Supremo deberá dar al Ministro de Justicia los informes que éste le pida respecto a los asuntos en que el Ministerio Fiscal intervenga, así como sobre el funcionamiento en general de la Administración de Justicia.

4. En casos de excepcional urgencia, el Ministro de Justicia podrá dar las órdenes y pedir las noticias a que los párrafos anteriores se refieren a los Fiscales de las Audiencias Territoriales y Provinciales, dando cuenta al Fiscal del Tribunal Supremo, tanto el Ministro como los referidos Fiscales. Estos tendrán, en tal caso, las mismas facultades y obligaciones que el del Tribunal Supremo respecto al cumplimiento de las órdenes del Ministro.

Art. 87.

El Fiscal del Tribunal Supremo, como Jefe del Ministerio Fiscal, tendrá las facultades siguientes:

1.º Exponer al Presidente del Tribunal Supremo lo que estime necesario o conveniente en orden a la más cumplida administración de Justicia.

2.º Respecto del Ministerio Fiscal:

a) Dar a todos sus subordinados las instrucciones generales o especiales sobre interpretación y aplicación de preceptos legales o sobre cualquier otro extremo relativo al cumplimiento de sus deberes, encaminados a mantener la unidad de acción y de interpretación de las Leyes en el Ministerio Fiscal.

b) La alta inspección de todos los servicios fiscales y de la actuación de todos los funcionarios del Ministerio Fiscal, pudiendo disponer y girar por sí mismo, o por medio de quien designe las visitas que tenga por conveniente a las Fiscalías con carácter general o limitadas a asuntos determinados.

c) Imponer correcciones disciplinarias a los funcionarios de la Carrera Fiscal y personal de servicios en las Fiscalías, en los casos en que, con arreglo a los preceptos legales, no sea preceptiva la formación de expediente.

d) Examinar y calificar las Memorias de los Fiscales Jefes de las Audiencias Territoriales y las observaciones que éstos hayan hecho relativas a las Memorias de los Fiscales Jefes de las Audiencias Provinciales.

e) Llamar a los funcionarios de la Carrera Fiscal que necesite para comunicarles directamente instrucciones.

La ausencia por esta causa no podrá exceder de ocho días.

f) Designar a un miembro del Ministerio Fiscal para que intervenga en un asunto determinado, aunque pertenezca a Fiscalía que no sea la llamada a intervenir en el procedimiento.

g) Dar a los funcionarios del Ministerio Fiscal por conducto de sus Jefes inmediatos, o directamente en caso de urgencia, y por escrito o verbalmente las órdenes que estime convenientes en cuanto al cumplimiento de las funciones enumeradas en el título primero del Estatuto y en el título primero de este Reglamento, modo de realizarlas ejercicio de las acciones que en cada caso procedan y peticiones concretas que hayan de hacer en los procedimientos en que intervengan.

h) Pedir a los funcionarios del Ministerio Fiscal informes sobre el modo de funcionar los Tribunales, ya en general, ya en asuntos determinados en los que el Fiscal intervenga.

Art. 88.

1. Los Fiscales de las Audiencias Territoriales, como Jefes del Ministerio Fiscal en sus respectivos territorios, tendrán respecto de los funcionarios fiscales que les están subordinados, las mismas facultades que en el artículo anterior se reconocen al Fiscal del Tribunal Supremo, pero siempre sujetándose a las instrucciones y órdenes generales o especiales de éste, si las hubiese dado.

2. Los llamamientos que hagan a los funcionarios del territorio que le estén subordinados para comunicarles instrucciones no podrán exceder de cuatro días.

Art. 89.

Los Fiscales de las Audiencias Provinciales en sus respectivas provincias tendrán, respecto de los funcionarios Fiscales que les estén subordinados y con excepción de lo que se refiere a materias civiles, las mismas facultades que en el artículo anterior se reconocen a los Fiscales de las Audiencias Territoriales, pero siempre sujetándose a las instrucciones y órdenes generales y especiales de éstos y del Fiscal del Tribunal Supremo si las hubiese dado.

Art. 90.

1. Los funcionarios subordinados del Ministerio Fiscal son los Tenientes Fiscales y los Abogados Fiscales, que están bajo las inmediatas órdenes del Fiscal Jefe y participan de las funciones de éste por delegación originada por reparto de asuntos.

2. Estos funcionarios subordinados obran en nombre de su Jefe inmediato.

3. Son funcionarios Fiscales subordinados del Fiscal del Tribunal Supremo: El Teniente Fiscal, el Inspector Fiscal, los Fiscales generales y los Abogados Fiscales del mismo Tribunal.

4. Son funcionarios subordinados del Inspector Fiscal: El Teniente Inspector Fiscal y los Secretarios Técnicos de la Inspección Fiscal.

5. Los funcionarios Fiscales subordinados a sus Jefes inmediatos firmaran los escritos y dictámenes, expresando su delegación con las iniciales P. D. en la antefirma.

6. Las Fiscalías de los Órganos judiciales autónomos dependerán, a todos los efectos, del Fiscal del Tribunal Supremo cuando tengan jurisdicción en todo el territorio nacional, y del Fiscal de la Audiencia Territorial en donde radique la sede del mismo, en otro caso, aunque su jurisdicción alcance a provincias diversas, algunas de las cuales no formen parte de la Territorial respectiva.

Art. 91.

1. El Fiscal del Tribunal Supremo y los de las Audiencias Territoriales y Provinciales responderán exclusivamente del ejercicio de las funciones de su respectivo Ministerio, salvo respecto de los Fiscales de las Audiencias Territoriales, cuando obrasen en virtud de órdenes expresas del Fiscal de Tribunal Supremo, y respecto de los Fiscales de las Audiencias Provinciales, cuando obren en virtud de órdenes expresas del Fiscal del Tribunal Supremo o del Fiscal de la respectiva Audiencia Territorial, si al recibir las órdenes hubieran hecho por escrito las observaciones a que se refiere el número cuatro del artículo 92 de este Reglamento.

2. Los funcionarios subordinados del Ministerio Fiscal responderán siempre de su actuación en las funciones de sus cargos, excepto cuando, habiendo obrado por orden de sus Jefes, hayan hecho por escrito las observaciones a que se refiere el número cuatro del artículo 92 de este Reglamento.

3. En caso de no haber obrado en virtud de órdenes superiores o de no haber hecho respecto de ellas en el modo referido las observaciones dichas, los Fiscales Jefes a que se refiere el párrafo primero de este artículo responderán personal y exclusivamente de su actuación. Los funcionarios Fiscales subordinados, en el mismo caso, responderán personalmente también, pero solidariamente con su Jefe, si no se demuestra que aquellos obraron por su propia iniciativa, lo cual se presumirá, salvo prueba en contrario respecto de su actuación en los juicios, vista y demás actos orales.

4. Los Fiscales pueden hacer a su superior jerárquico las observaciones que estimen conducentes relativas a las órdenes e instrucciones que consideren contrarias a las Leyes o que por apreciaciones equivocadas o por cualquier otro motivo estimen improcedentes; pero sin que pueda separarse de ellas hasta que así se lo ordene su superior.

5. Los Fiscales Jefes, en cada caso, podrán exigir que las observaciones hechas por un subordinado suyo en el ejercicio del derecho que el párrafo anterior otorga, se formulen sucintamente por escrito; y cuando, a pesar de las observaciones hechas por el subordinado el Fiscal insista en instrucciones que el subordinado tenga que cumplir, tendrá éste derecho a que aquél le dé la orden por escrito. Si la súplica en tal sentido no fuese atendida, el subordinado cumplirá lo mandado e inmediata y directamente pondrá lo ocurrido en conocimiento del superior de ambos.

6. El superior que reciba las observaciones que el inferior le haga respecto a las órdenes e instrucciones recibidas, si estima que son ajustadas a la Ley y procedentes, reformará o dejará sin efecto las órdenes o instrucciones que él mismo hubiera dado.

7. Si proviniere de otro superior jerárquico, dará a éste noticia de tales consideraciones, informando lo que estime procedente para que resuelva lo que corresponda.

8. Cuando las órdenes o instrucciones procedan del Gobierno, el Fiscal del Tribunal Supremo dará cuenta por mediación del Ministro de Justicia para que decida.

9. Cuando el superior no encuentre ajustado a la Ley o estimase improcedentes las observaciones hechas por el inferior, dará a éste las instrucciones que estime convenientes, y si lo considera oportuno, podrá nombrar otro funcionario Fiscal para que le sustituya en el despacho de los asuntos a que las observaciones se refieran.

Art. 92.

1. Como consecuencia de la unidad y dependencia del Ministerio Fiscal, será obligación de cada funcionario Fiscal:

1.º Dar cuenta a su inmediato superior de los delitos y faltas de que tenga conocimiento, ya se hayan promovido a instancia de parte agraviada, ya de oficio, ya por requerimiento, haciéndolo en el tiempo y forma que se ordene por las disposiciones legales y reglamentarias o por las de sus superiores en el orden jerárquico.

2.º Cumplir exacta y lealmente las instrucciones que sus superiores jerárquicos le comuniquen, en lo que se refiere al ejercicio del Ministerio Fiscal.

3.º Consultar a su inmediato superior jerárquico cuando la gravedad del asunto, la dificultad del caso o cualquiera otra circunstancia lo hiciese necesario o conveniente.

4.º Hacer respectivamente, a su superior jerárquico las observaciones que estime conducentes relativas a las órdenes e instrucciones que considere contrarias a las Leyes o que por apreciaciones equivocadas o por cualquier otro motivo estime improcedentes; pero sin que pueda separarse de ellas hasta que así se lo ordene su superior.

5.º Interponer en tiempo y forma, cuando no tuviese instrucciones en contrario, los recursos procedentes en los asuntos en que sea parte, sin perjuicio de lo que su superior resuelva acerca de su seguimiento.

2. Las consultas a que se refiere el número tercero de este artículo deberán recaer en asuntos concretos, siempre que además sean de la competencia, atribuida al Ministerio Fiscal, planteando el funcionario a su superior jerárquico, con los datos necesarios, la cuestión dudosa y exponiendo razonadamente cuál es, a su juicio, el modo legal de resolverla.

3. Todos los funcionarios Fiscales cumplirán puntualmente lo prevenido en este artículo y no podrán dar a entender clara ni veladamente si su actuación obedece a iniciativa y convencimiento personales o a órdenes superiores, estén o no conformes con ellas.

Art. 93.

Ningún funcionario Fiscal podrá dirigir instancias, solicitudes o quejas al Ministerio de Justicia, al Gobierno ni a los demás Organismos del Estado, ni al Fiscal del Tribunal Supremo, sino por conducto del de la Territorial y, en su caso, del de la Provincial respectiva, excepto cuando se trate de formular quejas contra uno de los Jefes, caso en que se remitirá por conducto del Jefe superior a aquel contra quien la queja se dirija y cuando un precepto expreso lo autorice.

Art. 94.

1. Las peticiones indicadas como procedentes en los extractos hechos por el funcionario Fiscal que le haya instruído de un asunto, no obligarán al funcionario que haya de formularlas oficialmente, si el último fuese de opinión distinta, salvo que el Jefe, a quien deberá consultar en tal caso la disparidad, las apruebe.

2. Tampoco las peticiones hechas u opiniones formuladas oficialmente en determinado asunto obligarán a seguir el criterio por ellas marcado a un funcionario Fiscal que opine de modo distinto del que las suscribió; pero para que pueda cambiarse tal criterio será preciso que el Jefe, a quien se consultará, lo autorice expresamente.

3. Los Fiscales de los Tribunales en que un asunto se vea en segunda instancia, podrán sostener distinto criterio del que el Ministerio Fiscal sostuvo en la primera, cuando así lo aconsejen las circunstancias del caso.

4. El Fiscal que sucede a otro en la misma Audiencia podrá modificar el criterio que éste sostuviera en cualquier asunto, si en la sucesiva tramitación de éste tuviere que intervenir de nuevo el Ministerio Fiscal; pero deberá consultar para ello con su superior jerárquico, si hubiese tiempo, y si no, poner en su conocimiento el cambio de criterio hecho y sus motivos.

Art. 95.

1. Los Fiscales municipales y comarcales dependerán directamente en su actuación en materia civil de los Fiscales de las audiencias Territoriales y, en su función penal, de estos mismos o de los Fiscales provinciales, respectivamente, viniendo obligados a cumplir las instrucciones que de ellos reciban, a consultar en los asuntos que por su dificultad o circunstancias lo aconsejen y a darles cuenta detallada de su gestión.

2. Para dar cumplimiento a esta obligación, en la primera decena de cada mes, y con referencia a la mensualidad anterior, elevarán al Fiscal de la Audiencia Territorial o Provincial, respectivamente, una relación de los asuntos en que hayan intervenido, petición que hayan formulado y resolución recaída, con expresa indicación de los recursos interpuestos y de las resoluciones dictadas en los mismos. Cuando el procedimiento se encuentre pendiente de resolución o de recurso, lo hará constar en esta forma y en su día se indicará la resolución recaída.

CAPÍTULO II

Memorias de las Fiscalías

Art. 96.

1. Para mantener la unidad y dependencia del Ministerio Fiscal y reforzar los criterios aplicables a los distintos problemas que se plantean en cada una de las Fiscalías, dentro de una línea interpretativa general, que a la Fiscalía del Tribunal Supremo incumbe establecer, los Fiscales de las Audiencias Provinciales remitirán anualmente al Fiscal de la Territorial respectiva una Memoria expresiva del funcionamiento y de los resultados de la Administración de Justicia en la provincia correspondiente.

2. Cada Fiscal de Audiencia Territorial examinará y calificará las Memorias de los Fiscales de las Audiencias Provinciales de su territorio; hará a éstos las observaciones que estime oportunas, de las cuales dará cuenta al Fiscal del Tribunal Supremo y remitirá a dicho superior una Memoria anual relativa al funcionamiento y estado de la Administración de Justicia en el territorio y especialmente en la provincia capital del mismo.

3. El Fiscal del Tribunal Supremo, a su vez, examinará y calificará las Memorias de los Fiscales Territoriales y las censuras y observaciones que éstos hayan hecho relativas a las Memorias de los Fiscales provinciales; hará a unos y otros las observaciones que estime pertinentes y redactará una Memoria general sobre los mismos puntos ya expresados referentes a todo el territorio nacional, exponiendo razonadamente al mismo tiempo las reformas que considere convenientes para el mejor servicio y el resultado de las que se hayan realizado. Dará, además, cuenta de las instrucciones generales y solución de consultas comunicadas a sus subordinados durante el período de tiempo al que la Memoria afecta, y si sobre esto quiere además desarrollar algún punto técnico interesante para la Administración de Justicia, podrá hacerlo.

4. La parte expositiva de la Memoria se dividirá en capítulos, algunos de los cuales tendrán carácter preceptivo, mientras que otros se desarrollarán sólo en el caso de que así lo estime el Fiscal que suscriba la Memoria.

A) Tendrán carácter preceptivo los siguientes capítulos:

Capítulo primero.–Funcionamiento de la Administración de Justicia en el orden penal.

Se incluirá en este capítulo, con la atención que estime conveniente quien suscriba la Memoria, los siguientes extremos:

a) Funcionamiento de los Tribunales, Juzgados de Instrucción y Juzgados Municipales, Comarcales y de Paz en materia penal (delitos y faltas).

b) Estudio del asunto o disminución de los delitos en comparación con años anteriores y con especial separación de los dolosos y culposos.

Capítulo segundo.–Funcionamiento de la Administración de Justicia en el orden civil.

En este capítulo se incluirá:

a) Los Fiscales de las Audiencias Provinciales: El funcionamiento de los Juzgados de Primera Instancia de la capital de la provincia.

b) Los Fiscales de las Audiencias Territoriales: El funcionamiento de la Audiencia Territorial en materia civil el de los Juzgados de Primera Instancia, Municipales, Comarcales y de Paz, en el mismo orden y en todo el territorio, excepto aquellos de que hayan informado los Fiscales de las Audiencias Provinciales, según el apartado a).

c) Todos: Comentario general sobre la intervención del Ministerio Fiscal en materia civil.

Capítulo tercero.–Funcionamiento de la Fiscalía.

En este capítulo, los Fiscales de las Audiencias Territoriales y los de las Provinciales incluirán:

a) Comentario general sobre las funciones del Ministerio Fiscal y su desarrollo durante el tiempo a que se contrae la Memoria.

b) Indicación de los asuntos graves o de mayor complejidad en que la Fiscalía haya intervenido.

c) Inspecciones de sumarios; retiradas de acusación; vigilancia de las ejecutorias y cumplimiento de las instrucciones generales y Circulares de la Fiscalía del Tribunal Supremo.

d) Comentarios sobre las conformidades y disconformidades de las sentencias con la petición fiscal y sobre los recursos de casación preparados.

Los Fiscales de las Audiencias Territoriales, además de los puntos anteriores, incluirán en este capítulo un informe sobre las instrucciones remetidas, consultas resueltas, visitas realizadas y reuniones llevadas a cabo con los Fiscales de las Audiencias Provinciales.

Capítulo cuarto.–Aspectos penitenciarios.

Este capítulo hará referencia, siempre que existan datos de interés para ello, de los siguientes extremos:

a) Estudio sobre el aumento o disminución del número de presos y penados por razón de causas de la competencia de la jurisdicción ordinaria, que existen en los establecimientos penitenciarios radicados en la provincia y referidos al 31 de diciembre del año a que se refiere la Memoria, sin perjuicio de señalar lo que estime oportuno en relación con el resto del mismo año.

b) Comentario sobre la aplicación de la condena condicional y de los beneficios concedidos en orden al cumplimiento de las penas privativas de libertad (indultos, redención de penas por el trabajo, libertad condicional y libertad vigilada).

c) Comentarios en relación con la pena de muerte; número de reos condenados; clase de delito por el que lo fueron y casos en que la pena fue ejecutada.

d) Informe sobre el contenido del número ocho del artículo segundo del Estatuto en relación con el artículo sexto de este Reglamento.

Capítulo quinto.–Informe general sobre la situación de la provincia en materias relacionadas con la criminalidad.

Los puntos a que se deben referir los Fiscales en este capítulo, si encuentran materia suficiente para su inclusión y análisis, serán los siguientes:.

a) Brotes específicos de delincuencia y conducta antisociales que existen en la provincia.

b) Medidas de carácter no penal adoptadas para atender a los anteriores extremos.

c) Causas específicas a que obedecen los más característicos brotes criminosos apuntados y sugerencias de las medidas de todo género que deben adoptarse.

B) Podrán ser incluídos en la Memoria, si así lo estima el Fiscal que suscribe, los siguientes capítulos:

Capítulo sexto.–Reformas legislativas.

Se apuntarán las que convenga introducir sobre las disposiciones vigentes, estudio crítico sobre las dificultades surgidas en la aplicación o interpretación de las mismas, estudio específico de las disposiciones aparecidas durante el año, en lo que haga referencia a las funciones del Ministerio Fiscal o a puntos de interés general.

Capítulo séptimo.–Otras cuestiones de interés general.

Se incluirán en este capítulo aquellas cuestiones no mencionadas en los anteriores que, a juicio de quien suscriba la Memoria, merezcan una consideración especial; puntos de doctrina, estudios y comentarios de interés, referencias a la doctrina jurisprudencial, legislación comparada, etc.

Los Fiscales municipales y comarcales, durante el mes de enero de cada año, remitirán a los Fiscales de las Audiencias Territorial y Provincial en que radiquen los Juzgados de su Agrupación una Memoria expresiva del funcionamiento de los Juzgados en que presten sus servicios, referente a los extremos indicados en este artículo, en el orden civil y penal y Registro Civil, que permitan el conocimiento de los resultados de la Administración de Justicia durante el año anterior en los respectivos Juzgados.

También tratarán en la Memoria aquellas cuestiones que les indiquen los Fiscales de las Audiencias de quienes dependen.

Acompañarán con la Memoria las estadísticas de los asuntos tramitados por cada Juzgado durante el año anterior y la de aquellos en que el Ministerio Fiscal sea parte.

Art. 97.

1. Los informes de carácter reservado, que en ningún caso serán puramente formularios, sobre las condicione especiales de cada funcionario, menciones honoríficas, juicio crítico sobre su labor y espíritu de trabajo se enviarán separadamente, dentro de los dos primeros meses del año, al Ministerio de Justicia y al Fiscal del Tribunal Supremo.

2. Estos informes se adicionarán con notas e informaciones concretas, cada vez que el Fiscal de la Audiencia estime que debe hacerlo, para dar cuenta de los asuntos en que algún funcionario haya actuado con notorio celo y eficacia o cuando considere que debe comunicar a la Superioridad algún extremo que convenga conocer.

3. Las propuestas de recompensas y distinciones se formularán también cuando el Fiscal estime que exista alguna razón objetiva para ello, sin esperar al informe anual.

4. Las Memorias anuales se referirán necesariamente al año natural anterior al en que la Memoria se redacta.

Art. 98.

1. Las Memorias anuales serán rendidas sin demora los datos estadísticos se remitirán en cuanto obren en poder de las Fiscalías, para facilitar, en lo posible, su comunicación ulterior, pero, en todo caso, se deberán acompañar a la Memoria, si no han sido remitidos antes.

2. Las Memorias se confeccionarán en un solo formato, en papel de tamaño folio, mecanografiadas por una sola cara y comenzando cada capítulo en folio separado.

3. Los Fiscales de las Audiencias Provinciales, al remitir su Memoria al Fiscal de la Territorial, enviarán dos copias a la Fiscalía del Tribunal Supremo. Los Fiscales de las Territoriales enviarán también dos copias de la suya a la Fiscalía del Tribunal Supremo, conservando en su poder las Memorias de las Audiencias Provinciales.

Art. 99.

Podrá el Fiscal del Tribunal Supremo disponer que se omita en las Memorias de los Fiscales alguno de los extremos expresados en el artículo 96, o que se adicionen otros, o que se modifiquen, añadan o supriman datos estadísticos necesarios para el desarrollo de dichas Memorias y de la que el propio Fiscal del Tribunal Supremo ha de redactar, según lo dispuesto en el párrafo cuarto del artículo 47 del Estatuto.

TÍTULO IV

De las Fiscalías

CAPÍTULO I

Organización y atribuciones

Art. 100.

1. La Fiscalía del Tribunal Supremo estará constituida por el Fiscal del Tribunal Supremo como Jefe y, a sus órdenes, por el Teniente Fiscal, el Inspector Fiscal y demás funcionarios Fiscales que se determinen en la plantilla vigente.

2. El Inspector Fiscal, además de las funciones inspectoras que le corresponden como Delegado permanente del Fiscal del Tribunal Supremo, tendrá en los demás asuntos todas aquellas facultades que el Fiscal le encomiende.

3. El Teniente Fiscal sustituirá al Fiscal en los casos de ausencia, enfermedad o vacante y, a falta del Teniente, el Inspector Fiscal, y en su caso, el Fiscal general más antiguo del Tribunal Supremo.

4. La Secretaría Técnica de la Fiscalía del Tribunal Supremo estará integrada por un Fiscal general y los funcionarios Fiscales de dicha Fiscalía que designe el Fiscal del Tribunal Supremo, de quien depende directamente la Secretaría, con las funciones indicadas en el artículo 122 de este Reglamento.

Art. 101.

Corresponde a la Fiscalía del Tribunal Supremo intervenir en todos aquellos asuntos de carácter criminal, civil, social, contencioso-administrativo y gubernativo que las disposiciones vigentes atribuyen al Ministerio Fiscal y sean de la competencia del Tribunal Supremo.

Art. 102.

1. Las Fiscalías de las Audiencias de Madrid y Barcelona estarán integradas por un Fiscal Jefe de la categoría segunda, un Teniente Fiscal de la categoría tercera que reúna las condiciones especiales de idoneidad indicadas en el artículo 23 de este Reglamento y los Abogados Fiscales que formen su plantilla.

2. Las Fiscalías de las Audiencias Territoriales y Provinciales estarán constituídas por un Fiscal Jefe que reúna las condiciones especiales de idoneidad para el cargo indicado en el artículo 23 de este Reglamento, Tenientes Fiscales y Abogados Fiscales de las categorías tercera o cuarta, nombrados de modo que el de más categoría o antigüedad en la misma sea siempre el Fiscal Jefe, el que le siga en categoría o antigüedad, el Teniente, y los demás, más modernos o de inferior categoría, los Abogados Fiscales, donde los hubiere.

Art. 103.

Corresponde a las Fiscalías de las Audiencias Territoriales intervenir:

1.º En todos los asuntos correspondientes a la jurisdicción criminal en que el Ministerio Fiscal deba ejercitar acciones u oponerse a ellas y que competen a la Audiencia Provincial respectiva o a los Juzgados de Instrucción de la provincia.

2.º En todos los asuntos civiles en que el Ministerio Fiscal ejercite acciones, se oponga a ellas o deba ser oído y que competan a la Audiencia Territorial respectiva y a los Juzgados de Primera Instancia del territorio.

3.º En todos los demás asuntos, de cualquier clase que sean en los que un precepto legal lo establezca o le autorice a intervenir.

Art. 104.

Corresponde a las Fiscalías de las Audiencias Provinciales intervenir:

1.º En todos los asuntos correspondientes a la jurisdicción criminal en que el Ministerio Fiscal ejercite acciones o se oponga a ellas y que competan a la Audiencia Provincial respectiva y a los Juzgados de Instrucción de la provincia.

2.º En todos los asuntos civiles en que el Ministerio Fiscal ejercite acciones o se oponga a ellas o deba ser oído y que competan al Juzgado o Juzgados de la capital de la provincia.

3.º En todos los demás asuntos, de cualquier clase que sean, en los que un precepto legal lo establezca o le autorice a intervenir.

Art. 105.

1. Los Fiscales de las Audiencias Territoriales podrán delegar en los Fiscales municipales de los distritos de la capital donde resida la Audiencia para que intervengan en los asuntos civiles en que deba intervenir el Ministerio Fiscal que en los respectivos Juzgados de Primera Instancia se tramiten; la misma delegación podrán hacerla los Fiscales de las Audiencias Provinciales.

2. En el procedimiento regulado en el libro IV, título tercero, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, titulado «Del procedimiento de urgencia para determinados delitos», los Fiscales de las Audiencias pueden delegar sus funciones para constituirse en las actuaciones, en la forma y extensión que estimen oportuno, en el Fiscal municipal o comarcal respectivo o, cuando por cualquier causa falte el Fiscal titular, en otro del territorio de su jurisdicción.

3. En la Justicia Municipal las atribuciones de los funcionarios Fiscales serán las que les confieren las disposiciones vigentes.

4. En todos los casos en que los funcionarios Fiscales, tanto de las Audiencias Territoriales como de las Provinciales, tengan que delegar en otro o actuar como delegados, se atendrán, en cuanto a la naturaleza y extensión de la delegación, a los preceptos del Estatuto Fiscal y de este Reglamento.

5. Lo dispuesto en este capítulo se entiende sin perjuicio de lo establecido en el artículo 49 del Estatuto.

CAPÍTULO II

De los Auxiliares de las Fiscalías y de los Subalternos

Art. 106.

A. De los Auxiliares.

Bajo esta denominación se comprenden los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia pertenecientes a los Cuerpos de:

Secretarios, Oficiales, Auxiliares y Agentes.

En todas las Fiscalías habrá un funcionario que ejercerá las funciones de Secretario y el personal auxiliar que se considere necesario para la buena marcha de los servicios.

En la Fiscalía del Tribunal Supremo podrá adscribirse un funcionario del Cuerpo de Secretarios Judiciales, Rama de Tribunales.

En las demás Fiscalías de las Audiencias Territoriales y Provinciales, incluídas las de Barcelona y Madrid, que se estime necesario por el Ministerio de Justicia, a propuesta del Fiscal del Tribunal Supremo, la función de Secretario será ejercida por un funcionario del mismo Cuerpo con categoría de Secretario de Audiencia.

En las restantes Fiscalías el cargo de Secretario será ejercido por el funcionario de la carrera fiscal designado por el Fiscal Jefe o, si éste no hiciera la designación, por el de categoría inferior o el más moderno entre los de la misma categoría.

Cada Fiscalía contará con el personal de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administración de Justicia necesario en atención al número de asuntos en que intervienen los Fiscales adscritos a la misma.

Los Secretarios y Auxiliares, en relación con los servicios que se les encomienden, cumplirán con las obligaciones propias de su cargo en la forma indicada en los Reglamentos orgánicos a que pertenezcan.

La competencia sobre el personal adscrito a las Fiscalías corresponderá a los Fiscales de las mismas, que serán sus superiores jerárquicos, y a los Órganos de la Administración Central en la esfera que a cada uno le sea propia, con arreglo a las Leyes y Reglamentos orgánicos del Cuerpo a que pertenezca el funcionario.

B. De los Subalternos.

A cada Fiscalía se adscribirá el personal subalterno procedente del Cuerpo General Subalterno de la Administración Civil del Estado, necesario para los servicios de portería y aquellos otros complementarios no atribuidos especialmente a los auxiliares.

CAPÍTULO III

Régimen interior

Art. 107.

1. Los Fiscales del Tribunal Supremo y de las Audiencias, en relación con sus subordinados, deberán con su ejemplo alentarlos en el cumplimiento de sus deberes, premiar por sí mismo, con expresión de su satisfacción, comunicada al interesado y a la superioridad, a los que se distingan en el ejercicio de sus funciones y propondrán recompensas adecuadas para quienes se hagan acreedores a ellas por su labor extraordinaria, por vencer retrasos en el despacho de asuntos que otros hubieran motivado, por la importancia de determinados trabajos, por su cultura superior o cualquiera otra actividad funcional merecedora de ser destacada.

2. Por otra parte, hará a quienes lo merezcan advertencias para que cumplan con sus deberes, haciéndoles en privado las observaciones oportunas por actos que no sean sancionables con corrección disciplinaria o de otro modo más grave.

Art. 108.

Los Fiscales organizarán los servicios de su Fiscalía y serán responsables de la distribución del trabajo entre los funcionarios que les estén subordinados, pero siempre procurando que la distribución sea equitativa. Modificarán la distribución que hagan, siempre que sea conveniente, y no obstante la que se halle vigente, podrán encomendar los asuntos que les parezca oportuno a quien con arreglo a dicha distribución no le correspondiese, reservándose los servicios o la parte de ellos que mayor importancia tengan y más cuidada labor requieran.

Art. 109.

1. Para cumplir la prescripción de la última parte del artículo cuarto del Estatuto los Fiscales de las Audiencias Territoriales y Provinciales deberán personalmente:

1.º En materia criminal, despachar las causas y asistir a los juicios de mayor importancia, ya por la gravedad de la pena asignada al delito, ya por la alarma producida en la opinión, ya por la calidad de las personas que hubiesen sido sujetos activos o pasivos, ya por la trascendencia para el orden público o ya por el peligro personal que pueda significar para el funcionario que en ellos intervenga.

2.º En materia civil, intervenir en aquellos asuntos que por la extraordinaria cuantía de los intereses que en ellos se ventilen, por el número de personas interesadas o por otras circunstancias alcancen notable relieve.

2. Estas normas no serán aplicables a los Fiscales de las Audiencias de Madrid y Barcelona, que despacharán únicamente los asuntos y asistirán a los juicios que a su prudente arbitrio lo exijan, o cuando se lo ordene el Fiscal del Tribunal Supremo, excepción que requieren la organización y vigilancia de los servicios en las Audiencias de tan extraordinario número de asuntos.

Art. 110.

Los funcionarios Fiscales cumplirán cuanto el Fiscal Jefe disponga respecto a la distribución del trabajo. No obstante, podrán exponer a dicho Fiscal Jefe observaciones fundadas relativas a tal distribución si se considerasen perjudicados por falta de equidad en la misma. Cuando se produzca este caso, el Fiscal estudiará las observaciones formuladas, pudiendo oír a los demás funcionarios Fiscales de la Fiscalía, y de la resolución que acuerde dará cuenta al Consejo Fiscal, el cual podrá modificar aquélla, acordando, además, cuanto estime oportuno.

Art. 111.

A los efectos del artículo anterior, los Fiscales de las Audiencias Territoriales y Provinciales remitirán directamente al Fiscal del Tribunal Supremo, dentro de los cinco primeros días de cada mes, un estado expresivo de los juicios a que cada funcionario haya asistido y de los asuntos que haya despachado durante el anterior, consignando las circunstancias que permitan formar juicio exacto de la labor efectuada por cada uno. El Fiscal del Tribunal Supremo los pasará a examen del Consejo Fiscal o de la Inspección Fiscal, según proceda.

Art. 112.

1. Los Secretarios de las Fiscalías, ayudados por el personal auxiliar indicado en el artículo 106 de este Reglamento, despacharán la correspondencia oficial y efectuarán en los libros de la Fiscalía los asientos necesarios, con arreglo a las disposiciones reglamentarias y a las instrucciones que ordene el Fiscal Jefe.

2. En caso de vacante, sustituirá al Secretario el que designe el Fiscal Jefe entre los Auxiliares de la Secretaría, y, a falta de designación especial, el de más categoría o antigüedad dentro de la categoría.

3. En las Juntas de Fiscalía actuará de Secretario el funcionario Fiscal designado por el Jefe, o si éste no hiciere la designación, el de categoría inferior o el más moderno dentro de la misma. También podrá actuar de Secretario de la Junta el Secretario de la Fiscalía cuando el Fiscal Jefe lo estime oportuno.

Art. 113.

En cada Fiscalía se llevarán obligatoriamente los libros siguientes:

1.º «Libro de Registro General», en el que se anotarán diariamente todos los asuntos, sin distinción de procedencia y trámite, que tengan ingreso en Fiscalía.

2.º «Libro de denuncias y querellas», en el que se anotarán las que formule la Fiscalía.

3.º «Libro de diligencias previas», en el que se anotarán los partes de incoación de esta clase de actuaciones y su ulterior tramitación.

4.º «Libro de causas», en el que se anotarán los partes de incoación de sumarios y lo más saliente de la ulterior tramitación de los mismos.

5.º «Libro de causas por delitos cuyo fallo compete a los Juzgados de Instrucción», en el que se anotarán los partes de incoación de esta clase de actuaciones y los datos más destacados de su tramitación.

6.º «Libro de inspección de sumarios y diligencias», en el que se anotarán las que personalmente o por medio de testimonio se practiquen.

7.º «Libro de recursos», en el que se harán constar los interpuestos por el Ministerio Fiscal y su resultado.

8.º «Libro de señalamiento y asistencia a vistas» en que intervenga el Ministerio Fiscal.

9.º «Libro o fichero de ejecutorias», en el que se anotarán por el orden de notificación al Fiscal las declaraciones de firmeza de las sentencias y su ejecución.

10. «Libro de asuntos civiles», en el que se anotarán todos aquellos en que intervenga el Ministerio Fiscal.

11. «Libro de comunicaciones», en el que se anotarán las dirigidas por la Fiscalía o recibidas por ésta, sin distinción de procedencia o clase de las mismas.

12. «Libro de expedientes gubernativos», en el que se anotarán todos los que tengan entrada en Fiscalía.

13. «Libro de actas» de las Juntas Fiscales.

14. «Libro de personal», en el que se anotarán los nombramientos de Fiscal, Teniente Fiscal y Abogados Fiscales, donde los haya; Secretarios y Auxiliares de plantilla, posesiones, licencias y permisos, comienzo y término de los mismos y ceses.

En este libro también se anotarán las recompensas y correcciones de los funcionarios y los informes del Consejo Fiscal sobre personal.

15. «Libro de informes reservados», en el que anotarán los indicados en el artículo 97 de este Reglamento.

16. «Libro inventario» de libros, muebles y enseres existentes en la Fiscalía.

Los folios de estos libros se dividirán de modo adecuado para que consten en ellos los números, fechas y datos suficientes que permitan identificar el procedimiento o asunto a que se refieran y sus incidencias.

Los libros números 3, 4, 5 y 10 se llevarán en la forma que se estime más adecuada para el servicio y la finalidad a que están destinados y podrán dividirse en varios tomos, por Juzgados o por Secciones, cuando, a juicio del Fiscal, fuera más conveniente.

Todos los libros de Fiscalía se acomodarán al modelo que oficialmente se adopte.

Art. 114.

El libro número 14 será reservado y estará siempre en poder del Fiscal o del que le sustituya.

Los libros referidos, sellados y foliados, se abrirán por diligencia firmada por el Fiscal y el Secretario, en la que, en letra, se haga constar el número de folios.

No se harán en ellos raspaduras y las enmiendas se salvarán a continuación del asiento o por diligencia que se extenderá en cuando sean advertidas, y cuando terminen se pondrá diligencia de cierre, firmada por el Fiscal y el Secretario.

El Fiscal comprobará con frecuencia si los asientos en los libros están al corriente y examinará con especial cuidado todos los meses los libros 3, 4, 5 y 10, y si notase retraso en alguna causa o ejecutoria, dará las oportunas órdenes a quienes corresponda el despacho de los asuntos retrasados para que hagan las indicaciones o formulen las peticiones correspondientes, cuidando de cerciorarse de que esas órdenes se cumplan.

Art. 115.

En cuanto se anote un parte de incoación de sumario o procedimiento en el libro correspondiente, se formará con medio pliego de papel, que podrá ser de oficio, una carpeta, y en ésta se anotarán el delito, el nombre de la Fiscalía, el del Juzgado, el del pueblo donde tuvo lugar el hecho, los números de la causa en el Juzgado, en la Fiscalía y en la Audiencia, la fecha del parte de incoación y, en su día, la de conclusión.

Dentro de la carpeta se irán guardando todos los antecedentes relativos a la causa. Las carpetas serán conservadas en la Secretaría de la Fiscalía, y el Secretario y sus Auxiliares guardarán absoluta reserva sobre el contenido de las mismas.

Cuando pase la causa para instrucción o cualquiera otro trámite en esta fase del procedimiento a la Fiscalía, el Secretario anotará la fecha de entrada y pasará la carpeta, junto con la causa, al funcionario a quien corresponda despacharla. Si dicho funcionario, no conforme con el criterio del Instructor o del Tribunal que hubiera acordado el pase de la causa al Fiscal, estima que debe devolverse para la práctica de nuevas diligencias o la interposición de algún recurso o le ofreciere dudas la petición que deba formularse, acudirá en consulta al Fiscal Jefe, por escrito o verbalmente, según éste disponga, para que resuelva lo procedente, consulta que, con copia del dictamen o petición que haga, se guardará en la carpeta, devolviendo la causa a Secretaría de la Fiscalía; el Secretario anotará la fecha de salida y conservará la carpeta.

Cuando se notifique la resolución recaída en el trámite de instrucción, el Secretario lo hará constar en la carpeta, que seguirá en la Secretaría, volviéndose a entregar con la causa, si se abriera el juicio oral, al funcionario que haya de calificar, quien anotará el día en que lo verifique, y dejará dentro de aquélla el borrador de la calificación y el extracto.

Cuando se celebre el juicio oral se entregará la carpeta al funcionario que haya de asistir a él, quien anotará si se suspendió o se celebró, su nombre como asistente al acto y la petición de pena que hizo o si retiró la acusación; si no se celebra el juicio por conformidad del acusado con la pena, se hará constar, así como la fecha, por la Secretaría. También ésta anotará la fecha de la sentencia que se dicte y fallo y el día en que se declare firme. Si en la causa se promoviera algún recurso u otro incidente y se diera traslado de los autos o de algún testimonio a la Fiscalía, se pasará al funcionario que haya de evacuar aquél la carpeta correspondiente y se anotarán en la misma el día en que se evacue dicho traslado y el funcionario que dictamine, así como la fecha de la celebración de las vistas a que el incidente diera lugar, funcionario que asista y resolución que se dicte y su fecha.

Art. 116.

El funcionario que despache la instrucción de una causa en que haya de solicitarse la apertura del juicio oral hará personalmente el proyecto de calificación y un extracto de las declaraciones de los procesados y de las de los testigos, de los informes de los peritos que hayan de comparecer en el juicio y de las actuaciones escritas que propongan como prueba documental, extracto que será suficientemente expresivo para que el funcionario que haya de asistir al juicio tenga conocimiento del contenido de dichos informes, declaraciones y actuaciones.

Dichos proyectos de calificación serán visados y corregidos o aceptados por el Jefe, el cual adoptará las medidas oportunas para que en cada causa la conclusión primera de la calificación fiscal responda a las realidades del sumario y para que las demás conclusiones sean perfecta aplicación del derecho positivo a lo afirmado en la primera.

El proyecto de calificación con el extracto, una vez que el Jefe los devuelva, serán conservados en la Secretaría de la Fiscalía hasta que la causa entre nuevamente en Fiscalía para calificación; entonces se copiará y firmará el escrito de calificación, que se acompañará a la causa y se colocará dentro de la carpeta correspondiente el borrador o proyecto con el extracto de la causa, conservándose todo ello en Secretaría.

Art. 117.

Las carpetas referidas se tendrán en la Secretaría clasificadas por Juzgados, y dentro de cada uno de éstos se harán los siguientes grupos:

1.ª Diligencias previas y causas en sumario y terminadas pendientes de ingreso en la Fiscalía.

2.ª Causas con petición de apertura de juicio oral pendientes de resolución o entrada en Fiscalía para calificación.

3.ª Causas calificadas pendientes de la celebración de juicio oral.

4.ª Causas pendientes de sentencia firme.

Las carpetas, correspondientes a las causas mandadas archivar por el Tribunal serán archivadas por la Fiscalía, conservándolas clasificadas por años, y dentro de ellos en los siguientes grupos:

a) Causas inhibidas a favor de los Juzgados Municipales, Comarcales y de Paz.

b) Causas inhibidas a favor de otros Juzgados de Instrucción o Audiencias Provinciales.

c) Causas inhibidas a favor de otras jurisdicciones.

d) Rebeldías.

e) Sobreseimientos provisionales.

f) Sobreseimientos libres.

g) Retiradas de acusación.

h) Sentencias condenatorias.

i) Sentencias absolutorias.

j) Extinción de responsabilidad.

k) Delitos privados.

Art. 118.

De los pleitos, expedientes de jurisdicción voluntaria y demás asuntos civiles en que intervenga el Ministerio Fiscal, el funcionario encargado de ellos en cada Fiscalía formará carpetas análogas a las referidas en los artículos anteriores, debiendo anotar en ellas lo más importante de la tramitación, la fecha y contenido de los escritos que presenten y formar extractos de las cuestiones de hecho y de derecho cuando se le dé vista para la instrucción, extracto que con las copias de los escritos de las demás partes y de las resoluciones que se les notifique colocará dentro de las carpetas respectivas.

Estas carpetas serán archivadas cuando termine la intervención del Ministerio Fiscal en cada asunto.

Art. 119.

El Fiscal y el Teniente Fiscal concurrirán diariamente a su despacho en la Audiencia en horas hábiles, cuando no estén de vacaciones, con licencia o enfermos, y aquél señalará una hora para recibir a las personas que acudan a formular reclamaciones, presentar denuncias o con otro objeto relacionado con las funciones del Ministerio Fiscal. Si por estar en alguna vista o concurrir a algún acto oficial no pudiese estar en su despacho a la hora fijada para audiencias, encomendará la misión de recibirlos al Teniente Fiscal o a otro funcionario Fiscal.

El Teniente Fiscal sustituirá al Fiscal en los casos de ausencia, enfermedad o vacante, y a falta de Teniente sustituirá al Fiscal el Abogado Fiscal de mayor categoría y antigüedad, sin perjuicio de la facultad del Jefe para delegar en cualquiera de sus subordinados el ejercicio de sus funciones relativas a casos concretos.

Tanto el Fiscal como los funcionarios que tengan que asistir a vista irán con la anticipación debida a su despacho de la Audiencia, en el que esperarán que se les avise de la Sala.

Los Abogados Fiscales tendrán la obligación de asistir diariamente a la hora que designe el Jefe de la Fiscalía respectiva, salvo que dicho Jefe les releve expresamente de ello en atención a conveniencias del servicio.

CAPÍTULO IV

De las Juntas de Fiscales

Art. 120.

1. En las Fiscalías se celebrarán Juntas, cuando menos una vez por semana, previa convocatoria del Jefe de todos los funcionarios adscritos a cada una, en las cuales darán cuenta de la labor realizada por cada funcionario y serán discutidos los casos dudosos que se presenten. Los acuerdos de la mayoría tendrán carácter de informe y prevalecerá el criterio que después de oír a los que asistan a ella adopte el Fiscal Jefe; pero si este criterio fuere otro que el de la mayoría de la Junta, deberá a su vez consultarlo con su superior jerárquico, quien decidirá lo procedente.

También se celebrarán Juntas extraordinarias cuando circunstancias urgentes o casos de excepcional importancia lo requieran a juicio del Fiscal.

El Secretario de la Fiscalía redactará un acta de cada Junta, con indicación breve y sucinta de las materias tratadas y acuerdos adoptados cuando la índole de éstas lo requieran.

Se procurará, mediante la celebración de tales Juntas, unificar las prácticas en la Fiscalía respectiva en todo aquello que no esté legislado o reglamentado o dispuesto por los superiores jerárquicos.

Los asuntos que hayan de tratarse en la Junta serán puestos a discusión por el Jefe, que la encauzará, señalando el orden en que han de emitir su opinión los asistentes a la misma y retirándoles la palabra cuando lo estime conveniente.

2. En la Fiscalía del Tribunal Supremo se celebrarán, además, Juntas de Fiscales generales, de la que bajo la presidencia del Fiscal formarán parte: El Teniente Fiscal como Vicepresidente, el Inspector Fiscal y todos los Fiscales generales, incluso los de Madrid y Barcelona, si bien este último asistirá a las sesiones cuando la trascendencia de los asuntos lo requieran y previa citación especial.

Actuará de Secretario, con voz pero sin voto, el Abogado Fiscal del Tribunal Supremo más antiguo de los que presten sus funciones en la Secretaría Técnica de la Fiscalía.

La Junta de Fiscales generales tiene función asesora e informativa. Es órgano consultivo y sus propuestas tendrán el valor de informes al Fiscal del Tribunal Supremo, que resolverá en definitiva. Podrán someterse a la Junta cuestiones relativas a los siguientes asuntos:

a) Mantenimiento de la unidad y dependencia del Ministerio Fiscal mediante instrucciones generales, circulares, resolución de consultas, instrucciones particulares sobre asuntos determinados, etcétera.

b) Orientación general de la Memoria anual de la Fiscalía del Tribunal Supremo y temas que deban incluirse en la misma.

c) Elaboración de estudios, informe de proyectos, sugerencia de modificaciones que sobre cuestiones en que intervenga el Ministerio Fiscal deban ser elevados al Gobierno.

d) Cuantas otras cuestiones no atribuidas específicamente a ningún órgano determinado del Ministerio Fiscal crea oportuno someterle el Fiscal del Tribunal Supremo.

En ningún caso, en tanto no se modifiquen las disposiciones orgánicas vigentes, intervendrá la Junta de Fiscales generales en asuntos propios del Consejo Fiscal o de la Inspección Fiscal.

La Junta funcionará en pleno y por ponencias. Sobre cada asunto podrá designar una ponencia que lo estudie y prepare para ser sometido al pleno de la Junta. Estas ponencias podrán ser o no unipersonales y quien las presida podrá requerir, con autorización del Tribunal Supremo, la colaboración de cualquiera de los Abogados Fiscales del Tribunal Supremo o de cualquier funcionario en activo del Ministerio Fiscal.

Las sesiones de la Junta serán convocadas por su Presidente, con expresión del orden del día y remisión a cada uno de sus componentes de una copia o extracto de los proyectos o puntos a considerar. Cada miembro de la Junta puede sugerir y proponer, con antelación a la Jefatura, temas o cuestiones que a su juicio deban ser tratados en las sesiones sucesivas.

El Secretario de la Junta custodiará los documentos de trabajo de la misma, dirigirá la actividad de los Auxiliares y llevará un libro de actas donde se reflejen sucintamente los asuntos tratados y los informes elevados al Fiscal.

3. Asimismo, en la Fiscalía del Tribunal Supremo se celebrarán Juntas de Fiscales entre los funcionarios adscritos o cada una de las Salas del Tribunal Supremo, de lo Civil, Penal y Social.

Cada una de estas Juntas, que será presidida por un Fiscal general, se celebrará por lo menos una vez por semana y en la que actuará como Secretario el Abogado Fiscal más moderno.

Los Fiscales generales que presidan cada una de estas Juntas darán cuenta al Fiscal del Tribunal Supremo de las incidencias de cada sesión.

No se fijará criterio, pasando el asunto a la Junta de la Fiscalía en pleno, en los siguientes casos:

a) Cuando la importancia o complejidad del asunto aconseje el conocimiento de la totalidad de la Junta.

b) Cuando no exista unanimidad en los criterios de los asistentes a la Junta de Sección.

c) Cuando a juicio del Jefe de Sección existan cuestiones que aconsejen el conocimiento por el pleno de la Junta y especialmente cuando se trate de casos dudosos, respecto de los que no se hayan visto con anterioridad casos similares.

d) Los recursos preparados por los Fiscales de las Audiencias.

e) Aquellos otros que el Fiscal del Tribunal Supremo acuerde sean tratados por la Junta en pleno de la Fiscalía.

El acta de cada Junta se llevará al libro de actas de las Juntas de Fiscalía.

Las actas de las Juntas de Fiscales generales se llevarán en un libro aparte.

CAPÍTULO V

De la instalación de la Fiscalía

Art. 121.

Las Fiscalías deben disponer, por lo menos, de un despacho para el Fiscal, otro para el Teniente Fiscal, otro para los Abogados Fiscales y otro para la Secretaría, y cuando el número de miembros de funcionarios exceda de cuatro, otro local adecuado como Sala de Juntas y Biblioteca.

Sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden que procedieran, el Fiscal durante cuya jefatura se extraviasen libros o enseres de la Fiscalía tendrá la obligación de reponerlos.

Cuando sea preciso cambiar a lugar distinto las dependencias en que se hallen instaladas las Fiscalías por resultar el local insuficiente, inadecuado o por cualquier otra causa, el Fiscal, previa autorización del Fiscal del Tribunal Supremo, lo comunicará al Presidente de la Audiencia, y la decisión que se adopte se comunicará al Fiscal del Tribunal Supremo, quien a su vez lo pondrá en conocimiento del Ministro de Justicia a los efectos que procedan.

CAPÍTULO VI

De la Secretaria Técnica del Fiscal del Tribunal Supremo

Art. 122.

En la Fiscalía del Tribunal Supremo, bajo la inmediata dependencia del Fiscal, funcionará una Secretaría Técnica a la que se asigna el cometido de recopilar la doctrina expuesta en las Memorias, circulares e instrucciones de la Fiscalía del Tribunal Supremo para su utilización constante por todos los funcionarios del Ministerio Fiscal; preparar los antecedentes necesarios para la confección de las Memorias anuales de la Fiscalía y los que sean convenientes para la redacción de circulares e instrucciones generales; ordenar por conceptos el contenido de los acuerdos de las Juntas de la Fiscalía del Tribunal Supremo para su utilización constante por la propia Junta; la formación de ficheros legislativos, jurisprudenciales y bibliográficos con las anotaciones necesarias para su adecuada utilización; preparar los datos convenientes en orden a los estudios de Derecho comparado y de doctrina en materias que afecten al Ministerio Fiscal; realizar las funciones de colaboración que el Fiscal, del Tribunal Supremo le asigne, especialmente en las materias en que convenga adoptar criterios de unidad para el Ministerio Fiscal, y cualesquiera otras que en el cumplimiento de su función pueda atribuirle el Fiscal del Tribunal Supremo.

La Secretaría Técnica será encomendada por el Fiscal del Tribunal Supremo a uno de los Fiscales generales de plantilla en dicha Fiscalía, con los funcionarios Fiscales de la misma que el Fiscal estime conveniente.

TÍTULO V

Responsabilidad del Ministerio Fiscal

CAPÍTULO I

De las correcciones disciplinarias

Art. 123.

1. Únicamente pueden imponer corrección disciplinaria a los funcionarios del Ministerio Fiscal:

1.º El Fiscal del Tribunal Supremo, a todos los funcionarios del Ministerio Fiscal.

2.º El Consejo Fiscal, a todos los funcionarios del Ministerio Fiscal, excepto al Fiscal del Tribunal Supremo.

3.º Los Fiscales de las Audiencias Territoriales, al Teniente Fiscal y Abogados Fiscales de sus Fiscalías, a los Fiscales de las Audiencias Provinciales y a los Fiscales Municipales, Comarcales y de Paz del territorio respectivo.

4.º Los Fiscales de las Audiencias Provinciales, al Teniente Fiscal y Abogados Fiscales, si los hubiera, y a los Fiscales Municipales, Comarcales y de Paz de la provincia.

2. Las correcciones disciplinarias a los miembros de los Cuerpos de Secretarios, Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administración de Justicia, por faltas cometidas durante el tiempo que presten o hayan prestado servicios en las Fiscalías, se regirán, en primer término, por los Reglamentos orgánicos de sus respectivos Cuerpos, y en lo no previsto en los mismos, por lo dispuesto en este Reglamento.

Art. 124.

Serán corregidos disciplinariamente los funcionarios mencionados en el artículo 123:

1. Cuando faltaren manifiestamente en forma grave a la subordinación debida a sus superiores jerárquicos, sin perjuicio de la responsabilidad criminal en que pudieran incurrir.

2. Por abandono del servicio.

3. Cuando en sus informes escritos u orales adoptaren acuerdos o emitiesen informes manifiestamente ilegales.

4. Cuando observaren conducta contraria a los principios fundamentales del Movimiento Nacional.

5. Cuando de palabra o por escrito falten a la subordinación debida a sus superiores jerárquicos, a la corrección y consideración debida a sus iguales o a sus superiores, a los Tribunales, a los Auxiliares o subalternos de éstos, a los funcionarios públicos de otro orden y a los Letrados, Procuradores, peritos y testigos que intervengan en las actuaciones judiciales o gubernativas.

6. Cuando fueren negligentes en el cumplimiento de sus deberes, o hubiesen sido condenados por sentencia firme en que se impusiera al funcionario una pena grave por delito culposo; no sostuvieren en forma debida la dignidad y prerrogativas de su cargo, o faltaren en sus informes escritos y orales a las prescripciones legales o reglamentarias.

7. Cuando perturbaren el servicio de la Fiscalía, infringiendo las prescripciones reglamentarias en las peticiones y uso de permisos, vacaciones y licencias, no utilizándolos para la finalidad que les fueron concedidos o no presentándose en los plazos señalados en los cambios de destinos o al finalizar el disfrute de los mismos; y cuando se valieren de terceras personas para recomendar o apoyar sus pretensiones en orden a la Carrera.

8. Cuando observen conducta moral irregular o incurran en vicios de los que hacen desmerecer en el concepto público; cuando por gastos innecesarios y superiores a sus medios de vida contrajesen deudas que den lugar a que se proceda contra ellos ejecutivamente; cuando por incumplimiento, sin razón suficiente, de obligaciones legítimamente contraídas y en proporción con los expresados medios de vida, sean condenados en juicio civil y cuando por su negativa a pagar impuestos o arbitrios legítimos al Estado, la Provincia o el Municipio haya de seguirse contra ellos procedimiento de apremio.

9. Cuando infrinjan las prohibiciones del artículo 17 de este Reglamento o los deberes que les imponen el párrafo último del artículo 34 del Estatuto.

10. Cuando hubiesen incurrido por causas que les fuese imputable en alguno de los casos de incompatibilidad previstos en los artículos 13 y 14 de este Reglamento o en disposiciones legales especiales; y cuando ocultaren causa de incompatibilidad en el percibo de sueldos o remuneraciones sin solicitar la situación administrativa correspondiente.

11. Cuando se ausentasen injustificadamente del lugar de su residencia, si no procediese otra resolución.

12. Cuando reiteradamente, y no obstante las advertencias del Consejo Fiscal, los Fiscales Jefes faltaren notoriamente a la equidad en la distribución del trabajo.

Art. 125.

1. Podrán ser impuestas a los funcionarios del Ministerio Fiscal las sanciones siguientes:

A) Separación del Servicio.

B) Suspensión de funciones.

C) Traslado forzoso.

D) Pérdida de diez a veinte días de remuneraciones, excepto la del complemento familiar.

E) Pérdida de cinco a diez días de remuneraciones, excepto el complemento familiar.

F) Pérdida de uno a cuatro días de remuneraciones, excepto el complemento familiar.

G) Apercibimiento, que consistirá en la comunicación que el que imponga la corrección hará al corregido, por conducto del Jefe inmediato de éste, haciéndole notar la falta cometida y amonestándole para que no incurra en ella en lo sucesivo.

H) Advertencia.

Incurrirán en responsabilidad no sólo los autores e inductores de una falta sino también los Jefes que las toleren y los funcionarios que las encubran.

2. Las faltas indicadas en el artículo anterior serán muy graves, graves y leves.

Se considerarán faltas muy graves las comprendidas en los números 1, 2, 3 y 4 del artículo 124 de este Reglamento.

Las faltas muy graves pueden sancionarse con la separación del servicio, que se acordará por el Gobierno, a propuesta del Ministro de Justicia, o con pérdida de diez a veinte días de remuneraciones, excepto el complemento familiar, previa formación de expediente que instruirá el Consejo Fiscal.

Se considerarán las demás faltas enumeradas en el artículo 124 muy graves, graves o leves, teniendo en cuenta las circunstancias y los efectos de la falta cometida.

3. Las faltas graves se sancionarán: a), con suspensión de funciones, sanción que no podrá exceder de seis años, con los efectos indicados en el artículo 40 de este Reglamento; b), traslado forzoso; c), pérdida de cinco a diez días de remuneraciones, excepto el complemento familiar.

El sancionado con suspensión, cumplida ésta podrá reingresar a su instancia, previo informe del Consejo Fiscal.

Las faltas leves se sancionarán: a), con pérdida de uno a cuatro días de remuneraciones, excepto el complemento familiar; b), apercibimiento, y c), advertencia.

4. Quedará incurso en falta grave el funcionario que sea corregido tres veces por faltas leves y el que, habiendo incurrido en falta muy grave, no sea sancionado con separación del Servicio.

Las sanciones establecidas en este artículo son independientes de aquellas otras que de modo especial se mencionan en este Reglamento.

Art. 126.

Las sanciones indicadas para las faltas se impondrán sin sujeción al orden indicado en el artículo anterior.

La sanción que se imponga, salvo la de advertencia, se reflejará en el expediente personal del funcionario, con indicación de las faltas que la motiven.

Constituirá nota desfavorable en el expediente personal del funcionario la existencia de una anotación por falta grave o muy grave o de tres faltas leves.

Los funcionarios sancionados con traslado forzoso no podrán solicitar nuevo destino en el plazo de un año, ni otro de la misma localidad en que se les impuso la sanción hasta transcurridos cinco años.

Este último plazo podrá ser reducido o ampliado por el Ministerio de Justicia con informe razonado del Consejo Fiscal y previa audiencia del interesado.

Las faltas leves prescriben al mes; las graves, a los dos años, y las muy graves, a los seis años.

Art. 127.

Se impondrán de plano las correcciones disciplinarias cuando las faltas cometidas por el funcionario resulten de sus dictámenes o informes escritos, o de los autos en que haya de intervenir, o de lo consignado en el acta por el Secretario por orden de quien presida el acto de que se trate, tanto de lo que se considere digno de corrección como de las explicaciones dadas por el interesado. Estas correcciones que pueden imponerse de plano, sólo serán aplicables a las faltas leves.

El funcionario corregido de plano será oído en justicia, si lo solicitare dentro de los cinco días siguientes al en que se le hubiera notificado la corrección.

La audiencia en justicia tendrá lugar ante el Jefe que hubiese impuesto la corrección y por los trámites y con los recursos establecidos en los artículos 128, 129 y 130 de este Reglamento.

Art. 128.

Fuera de los casos comprendidos en el párrafo primero del artículo anterior, las correcciones se impondrán previa formación de expediente.

La orden de formar expediente puede darse por el Ministerio de Justicia o por cualquiera de los que, según el artículo 123, tienen facultad para imponer la corrección. En la misma orden, cuando dimane de funcionarios u Organismos del Ministerio Fiscal, se hará la designación de Instructor, si el que mande formar el expediente no lo instruye por sí. El Delegado será, en su caso, de categoría superior o de la misma y con mayor antigüedad que el funcionario contra quien se dirija el expediente. También en la misma orden se designará Secretario o se delegará en el Instructor la facultad de nombrarle.

La designación de Secretario recaerá precisamente en un funcionario fiscal de categoría inferior al Instructor o cuando menos de menor antigüedad, y si se nombrase por éste, deberá pertenecer a la misma Fiscalía que él, siempre que sea posible.

Art. 129.

El expediente se acomodará a los trámites siguientes:

Se encabezará con la orden de proceder, original o testimoniada, a la que seguirá inmediatamente el nombramiento de Secretario, si no constase en la orden. Se aportarán los elementos que el Instructor estime necesarios para comprobar si existe o no la falta, oyendo sobre los extremos que juzgue convenientes al funcionario contra quien el expediente se dirija. Cuando a juicio del Instructor se hayan completado las investigaciones se formulará el correspondiente pliego de cargos, del que se dará traslado al expedientado; contendrá aquél cuantas imputaciones se estimen probadas y se harán constar con la debida amplitud las actuaciones en que tales cargos se apoyen, si bien, en cuanto al informe, declaraciones testificales y dictámenes periciales, se anotarán tan sólo los nombres y circunstancias de los informantes, testigos y peritos, al único efecto de que puedan ser objeto de tacha.

El expedientado podrá contestar por escrito en el término de ocho días, formulando las alegaciones y proponiendo las pruebas que estime conducentes a su defensa y a la justificación de las tachas alegadas.

Transcurrido dicho plazo, háyase o no presentado contestación, acordará el Instructor lo que estime pertinente en cuanto a la admisión y práctica de la prueba propuesta. Una vez llevada a efecto la admisión, si de la misma no se derivan nuevos cargos, elevará lo actuado con su informe-propuesta a la autoridad que hubiere acordado la instrucción del expediente.

En el caso de que resultaren nuevos cargos de las pruebas practicadas a virtud de los escritos presentados se comunicarán aquellos al inculpado concediéndosele un último plazo igual al señalado para contestar, y, transcurrido éste, con o sin contestación, se dará por terminada la instrucción en la forma antes establecida.

Concluso el expediente, se remitirá por el Instructor con informe-propuesta a la autoridad a quien corresponda resolverlo. Recibido por el superior lo resolverá dentro de cuatro días salvo que estime procede la separación del Servicio del funcionario sujeto a expediente, en cuyo caso se enviará éste al Consejo Fiscal, para que proceda en la forma dispuesta en el artículo 51 de este Reglamento para los casos de destitución.

La resolución será fundada y en ella se impondrá la corrección que proceda o se declarará no haber lugar a ello. En ambos casos, por conducto de su Jefe inmediato y mediante certificación literal, se comunicará el Decreto resolutorio al funcionario contra quien se haya dirigido el expediente.

Los que instruyen un expediente de corrección disciplinaria tendrán para obligar a comparecer y declarar o emitir dictámenes periciales, o informar acerca de los extremos que interesen en el expediente, todas las facultades que a los Jueces instructores de los sumarios concede la Ley de Enjuiciamiento Criminal, respecto de todas las personas que sean citadas, conforme a las prescripciones de la misma Ley, por los Subalternos de la Fiscalía donde se halle el Instructor del expediente. Las declaraciones, informes periciales y demás diligencias que en éste se practiquen, se acomodarán también a lo establecido en la Ley citada respecto de la Instrucción de sumarios.

El Instructor podrá trasladarse, previa autorización superior, o sin ella si no hubiese de salir del territorio del Tribunal donde ejerza sus funciones, a los sitios que estime conveniente para practicar diligencias de comprobación.

Salvo circunstancias excepcionales, la instrucción de estos expedientes no excederá de treinta días, y el Consejo Fiscal vigilará el cumplimento de esta disposición y corregirá su inobservancia.

Art. 130.

De todas las correcciones impuestas por los Fiscales de las Audiencias Territoriales y Provinciales se podrá recurrir ante el Consejo Fiscal, y de las impuestas por éste o por el Fiscal del Tribunal Supremo, al Ministerio de Justicia, dentro de los tres días siguientes al en que se comunique al corregido la resolución del expediente, y en escrito que se presentará ante el Jefe inmediato del mismo o se remitirá certificado por correo al superior que haya de conocer del recurso.

El superior ante quien se recurra reclamará por telégrafo el expediente de quien lo haya resuelto, que deberá remitirlo por el primer correo, y una vez que el superior lo reciba, decidirá, en resolución fundada y sin ulterior recurso, dentro del quinto día, lo que estime procedente, confirmando, agravando o atenuando o dejando sin efecto la corrección.

Art. 131.

De la incoación de todo expediente de corrección disciplinaria y de la imposición de las correcciones de plano se dará cuenta inmediatamente al Consejo Fiscal. Este podrá recabar para sí el conocimiento de cualquier expediente de corrección de cuya incoación tenga noticia.

Art. 132.

Una vez firme la resolución dictada de plano o en expediente en que se imponga una corrección disciplinaria, se dispondrá su cumplimiento por quien la haya dictado, se comunicará al Consejo Fiscal, al Director general de Justicia y al Jefe de la Fiscalía en que preste sus servicios el corregido y se anotará en el expediente personal de éste, en el libro de correcciones de la Fiscalía respectiva y en el de la misma clase que deberá llevar el Consejo Fiscal.

Si la corrección fuera de las comprendidas en el artículo 125, 1, B), C), D), E) y F), se comunicará su imposición al Ministro de Justicia, el cual dictará las órdenes necesarias para su cumplimiento, efectuándose, además, las anotaciones correspondientes.

Art. 133.

El funcionario separado del servicio, en virtud de condena por delito doloso, según el artículo 49 de este Reglamento, extinguida la responsabilidad penal y civil y cancelados sus antecedentes penales, podrá ser rehabilitado por el Ministerio de Justicia previo informe del Consejo Fiscal.

En caso de delito culposo, si en el expediente de corrección disciplinaria se hubiese acordado la separación, será rehabilitado en la forma y con los requisitos que previene el párrafo anterior.

En ambos supuestos se seguirá el procedimiento establecido en el artículo 54.

Art. 134.

Transcurridos dos ó seis años desde el cumplimiento de la sanción, según se trate de faltas graves o muy graves no sancionadas con separación del Servicio, podrá acordarse por el Ministerio de Justicia la cancelación de aquellas anotaciones, a instancia del interesado que acredite buena conducta desde que se le impuso la sanción, a través del oportuno expediente en que emitirá informe el Consejo Fiscal. La cancelación de anotaciones por faltas leves podrá acordarse a los seis meses, por el mismo procedimiento.

La cancelación no impedirá la apreciación de reincidencia si el funcionario vuelve a incurrir en falta. En este caso, los plazos de cancelación de las nuevas anotaciones serán de duración doble que los señalados anteriormente.

Art. 135.

La cancelación de las correcciones a que se refiere el artículo anterior producirá los siguientes efectos:

1.º Que se anule su constancia en el expediente personal del interesado y en los libros del Consejo Fiscal y de las Fiscalías en que hubieran sido anotadas.

2.º Que no se haga constar su imposición en los informes que respecto del interesado se den en lo sucesivo.

3.º Que no se tengan en cuenta en lo sucesivo en cuanto se refiera a traslados, ascensos, destituciones y agravaciones de otras causas de corrección en que pueda ulteriormente incurrir el funcionario.

Art. 136.

La cancelación se declarará por el Consejo Fiscal a instancia del interesado o de oficio en virtud de examen que periódicamente debe hacer del libro de correcciones y se comunicará al Ministerio de Justicia y a las Fiscalías en cuyos libros conste anotada la corrección, para que desaparezca.

Los plazos señalados en el artículo 134 quedarán en suspenso por la excedencia voluntaria del corregido.

Art. 137.

El Presidente del Tribunal Supremo podrá comunicar al Ministro de Justicia los hechos que estime merecedores de su conocimiento y observación, en orden a la actuación del Fiscal del Tribunal Supremo en las Salas de Justicia, de Gobierno y en el Pleno.

CAPÍTULO II

Responsabilidad civil

Art. 138.

La responsabilidad civil que se podrá exigir a funcionarios fiscales, conforme a lo dispuesto en el artículo 33 del Estatuto, estará limitada al resarcimiento de los daños y perjuicios estimables que causen a los particulares, a las Corporaciones o al Estado, cuando en el desempeño de sus funciones infrinjan las leyes por negligencia o ignorancia inexcusable; todo ello sin perjuicio de las responsabilidades de la Administración, exigibles en los términos previstos en la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado.

Art. 139.

La responsabilidad civil solamente podrá exigirse a instancia de la parte perjudicada o de sus causahabientes, en juicio ordinario y ante el Tribunal que se determina en este Reglamento. La demanda por responsabilidad civil no podrá interponerse hasta que termine por sentencia o auto firme el pleito o causa en que se suponga causado el agravio.

Dicha demanda deberá entablarse dentro de los seis meses siguientes a la firmeza de la sentencia o auto que haya puesto término al pleito o causa, transcurrido este término quedará prescrita la acción.

Art. 140.

No tendrá acción para exigir dicha responsabilidad civil el que a su tiempo no hubiese reclamado en forma, pudiendo hacerlo, o no haya utilizado los recursos legales ordinarios para evitar o reparar los perjuicios que, por la actuación del funcionario Fiscal, haya sufrido.

Art. 141.

A toda demanda de responsabilidad civil deberá acompañarse testimonio fehaciente:

1.º De la resolución que ponga término al asunto en que se suponga causado el perjuicio.

2.º De las actuaciones que en concepto del demandante conduzcan a demostrar la infracción de la Ley por negligencia e ignorancia inexcusables.

Estos testimonios se pedirán al Tribunal en que radiquen los autos, haciendo constar la finalidad de la petición. El Secretario dará recibo de la presentación del escrito y el Tribunal mandará, bajo su responsabilidad, que se faciliten sin dilación los testimonios, pudiendo acordar que se adicionen con los particulares que estimare necesarios para que resulte la verdad de los hechos.

No será admitida la demanda a la que no acompañaren los expresados testimonios.

Si transcurridos diez días, a contar de la presentación del escrito, no se hubiesen entregado a la parte las certificaciones o testimonios, podrá ésta recurrir en queja al Tribunal que deba conocer de la demanda, el cual hará al inferior las prevenciones oportunas o le reclamará los autos originales, si lo estimase más conveniente y no fuesen necesarios para la ejecución de la sentencia. En estos casos se pondrán los autos de manifiesto al actor o se le entregará el testimonio para que formule la demanda, reteniéndose, en su caso, los autos para tenerlos a la vista hasta la conclusión del juicio de responsabilidad.

Art. 142.

Cualquiera que sea el Tribunal que deba conocer de la demanda de responsabilidad civil, se sustanciará este juicio por los trámites establecidos para el ordinario de mayor cuantía.

Art. 143.

Cuando la demanda se dirija contra un Fiscal de la Justicia Municipal, conocerá de ella el Juez de Primera Instancia del partido a que el Juzgado Municipal a que aquél estuviere adscrito corresponda. Contra la sentencia del Juez de Primera Instancia procederá el recurso de apelación ante la Audiencia Territorial, y contra lo que ésta decida, el de casación.

Las Salas de lo Civil de las Audiencias Territoriales conocerán en primera y única instancia de las demandas de responsabilidad civil que se entablen contra funcionarios fiscales de las categorías 4.ª, y que al ocurrir los hechos que dieran motivo a la responsabilidad civil sirvieran en el territorio de dichas Audiencias. Contra las sentencias que dictaran aquellas Salas sólo se dará el recurso de casación.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo conocerá en única instancia y sin ulterior recurso de dichas demandas cuando se entablen contra los funcionarios de la categoría tercera.

De las que se dirijan contra funcionarios fiscales de las categorías primera y segunda conocerá en única instancia y sin ulterior recurso el Tribunal Supremo en pleno, constituído en Sala de Justicia, funcionando como Presidente y Secretario los que lo fueran del Tribunal.

Art. 144.

Cualquiera que sea el Tribunal que conozca el pleito, una vez emplazado el demandado podrá, dentro de los ocho días siguientes, alegar ante el Tribunal como cuestión previa, la de que obró en virtud de obediencia debida, ofreciendo la comprobación oportuna, que se aportará al Tribunal con la mayor rapidez, y una ves aportada se dará vista al demandante de lo actuado para que modifique o dirija su acción contra quien hubiere dado la orden, pudiendo pedir, si éste estuviera sometido a otro Tribunal, que se le remitan los autos.

Art. 145.

En caso de dirigirse la demanda contra dos o más funcionarios por responsabilidad conjunta, mancomunada o solidaria, conocerá del pleito el Tribunal a quien correspondiera conocer de la demanda dirigida contra el de mayor categoría.

Art. 146.

La sentencia que absuelva de la demanda de responsabilidad civil condenará en todas las costas al demandante, siendo potestativa la imposición cuando sólo se dé lugar parte de aquélla.

En ambos casos se remitirá copia literal fehaciente de la sentencia al Consejo Fiscal para los efectos que procedan.

En ningún caso la sentencia pronunciada en el juicio de responsabilidad civil alterará la sentencia firme que haya recaído en el pleito o causa en que se hubiese ocasionado el agravio.

Art. 147.

No se exigirá durante la tramitación de estos pleitos derecho ni desembolso alguno a ninguna de las partes y se empleará papel del sello de oficio; pero una vez firme la sentencia se tasarán las costas causadas, incluyendo todo los derechos que debieren haberse satisfecho y el timbre correspondiente, según la cuantía del papel invertido, y se harán efectivas por vía de apremio.

El particular demandante no declarado pobre totalmente deberá afianzar, a satisfacción del Tribunal, el pago de las costas que pudieran imponérsele, no dándose curso a la demanda mientras tal requisito no se cumpla.

CAPÍTULO III

Responsabilidad criminal

Art. 148.

Podrá exigirse a los funcionarios fiscales responsabilidad criminal por los delitos que cometan en el ejercicio o con ocasión de las funciones de sus cargos.

Esta responsabilidad podrá únicamente exigirse:

1.º En virtud de querella del Ministerio Fiscal; para entablarla se necesitará orden expresa del Fiscal del Tribunal Supremo.

2.º Por acuerdo del Tribunal competente, pero oyendo previamente al superior jerárquico del inculpado. Para que dicho superior emita su informe, el Tribunal le comunicará cuantos antecedentes tenga a su disposición.

Art. 149.

Para exigir la responsabilidad criminal al Fiscal del Tribunal Supremo se necesitará que el Teniente Fiscal o, en su caso, el Inspector Fiscal del Tribunal Supremo, cumpliendo orden del Ministro, entable la correspondiente querella.

Art. 150.

Serán competentes para conocer:

1.º De las causas por delitos cometidos por funcionarios Fiscales de primera y segunda categorías, el Tribunal Supremo en pleno constituído en Sala de Justicia.

2.º De las causas por delitos cometidos por funcionarios Fiscales de tercera categoría, la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

3.º De los delitos cometidos por funcionarios Fiscales de la cuarta, las Audiencias Territoriales en pleno.

4.º De los delitos cometidos por los Fiscales Municipales, Comarcales y de Paz en el ejercicio de sus cargos o con ocasión de los mismos, las Audiencias Provinciales.

Los mismos Tribunales expresados en los números 1.º, 2.º y 3.º serán también competentes para conocer de las causas que por delitos no cometidos en ejercicio ni con ocasión de sus cargos se atribuyan a los funcionarios fiscales a que dichos números se refieren.

En todo caso, los Tribunales mencionados anteriormente conocerán de las causas expresadas, aunque el funcionario Fiscal haya dejado de pertenecer a la Carrera.

La competencia expresada se extenderá a la instrucción del sumario respectivo, con delegación en el Magistrado del mismo Tribunal que previamente se designe.

La sustanciación de las causas se acomodará a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, libros II y III.

TÍTULO VI

Recompensas

Art. 151.

Podrán ser recompensados los funcionarios Fiscales:

1.º Cuando en todo un año judicial, además de observar una conducta intachable pública y privada, hayan desempeñado su cometido en la Fiscalía o Fiscalías a que hayan estado adscritos con competencia extraordinaria, sin retrasos en el despacho y sin haber dado motivo ni a la más leve advertencia por parte de sus Jefes.

2.º Cuando en el mismo lapso de tiempo por si solos o ayudando a otros compañeros hayan conseguido vencer retrasos ostensibles que no les fueran imputables en todo ni en parte en el despacho de sus asuntos.

3.º Cuando en el mismo período de tiempo se hubieran distinguido por la eficacia de su actuación en los juicios orales o vistas en materia civil, penal o social, demostrando excepcionales dotes oratorias y solidez de conocimientos jurídicos.

4.º Cuando en las comisiones especiales y extraordinarias que se les confieran hubieran realizado trabajos de excepcional importancia o intensidad.

5.º Cuando en sus informes y trabajos, en los asuntos en que como Fiscales intervengan, patenticen superior cultura general y jurídica.

6.º Cuando en el curso de su vida oficial, y con motivo de hechos sociales de extraordinario relieve o de cuestiones judiciales directamente relacionadas con el orden público, hayan dado pruebas indudables de valor cívico sobresaliente, de plausible serenidad o de ejemplar independencia.

7.º Cuando durante dos años consecutivos en los que no hayan gozado de licencias para asuntos propios ni estado ausentes de su destino más que en el período normal de vacaciones hayan desempeñado el cargo de Fiscal Jefe en una Audiencia Territorial o Provincial.

8.º Cuando en su vida privada demuestren abnegación ejemplar.

Art. 152.

Se podrán conceder a los funcionarios del Ministerio Fiscal, las recompensas siguientes:

1.º Mención honorífica.

2.º Mención extraordinaria.

3.º Concesión del grado que corresponda en la Orden de San Raimundo de Peñafort u otra condecoración adecuada, a juicio del Gobierno.

4.º Recomendación especial para su nombramiento para cargo en la categoría 3.ª de este Reglamento para los que se precisa declaración especial de idoneidad del Consejo Fiscal.

5.º Recomendación especial para ascensos a la categoría 2.ª del Ministerio Fiscal.

Art. 153.

La primera de las expresadas recompensas consistirá en la anotación en el expediente personal del interesado de la resolución en que se le conceda la mención. La Segunda, en alusión laudatoria al funcionario, hecha en la Memoria anual del Fiscal del Tribunal Supremo, a que le refiere el párrafo segundo del artículo 31 del Estatuto. La tercera, en la concesión del grado correspondiente en la Orden de San Raimundo de Peñafort o en cualquier otra Orden que el Gobierno disponga. Y la cuarta y quinta, en que al hacer el Consejo Fiscal la declaración de aptitud para el ascenso que se le encomienda en los artículos 14 y 16 del Estatuto, o después de hecho, recomienden especialmente, y por alguno de los motivos expresados en el artículo 151, el ascenso del funcionario de que se trate.

Art. 154.

La concesión de las recompensas primera y segunda corresponden al Fiscal del Tribunal Supremo por propia iniciativa, previo informe del Jefe inmediato del funcionario o a propuesta del Consejo Fiscal, cuando por virtud de alguna inspección o expediente tenga conocimiento de hechos que puedan motivarlas, o del Jefe inmediato del funcionario, mediante informe previo del Consejo Fiscal.

La concesión de la recompensa tercera corresponde al Gobierno a propuesta del Ministro de Justicia, o a éste, en su caso, ya por propia iniciativa y previo informe del Consejo Fiscal, ya por solicitud del Fiscal del Tribunal Supremo, previo acuerdo del Consejo y dirigida al Ministro.

La concesión de las recompensas cuarta y quinta corresponde al Consejo Fiscal, quien elevará propuesta al Ministerio de Justicia, por si se digna tener en cuenta la recomendación especial para el nombramiento o la promoción.

Art. 155.

La concesión de la recompensa secunda se consignará, como la primera, en el expediente personal del interesado, y de todas ellas se dará traslado al recompensado y a sus jefes.

Los Fiscales de las Audiencias Territoriales y Provinciales anotarán todo lo relativo a recompensas de sus subordinados en el libro de personal.

Art. 156.

No podrá ser propuesto para ninguna recompensa el funcionario que en los dos años anteriores haya sido corregido disciplinariamente, con apercibimiento, ni el que lo haya sido más gravemente, mientras no se cancelen las anotaciones.

TÍTULO VII

De la Inspección

Art. 157.

La inspección del Ministerio Fiscal corresponde al Fiscal del Tribunal Supremo y por su delegación con el carácter de permanente y sin perjuicio de sus facultades de delegación, al Inspector Fiscal y en su caso al Teniente Inspector Fiscal y a los Fiscales de las Audiencias Territoriales y Provinciales, en los términos señalados en el artículo 21 del Estatuto.

Art. 158.

El Fiscal del Tribunal Supremo es el Jefe de todos los Servicios de la Inspección, cuya organización, unificación y dirección le corresponde.

Bajo su inmediata dependencia, el Inspector Fiscal, en todo aquello que no recabe para sí el Fiscal del Tribunal Supremo o le esté exclusivamente atribuido por disposiciones legales o reglamentarias, ejercerá dichas funciones organizadoras, unificadas y directivas. Será el encargado de los libros; documentos y expedientes relativos a la Inspección, y en todo lo relacionado con ella que actúe el Consejo Fiscal intervendrá como ponente.

El Teniente Inspector Fiscal ejercerá funciones organizadoras, unificadas y directivas que le encomiende el Inspector Fiscal, y le sustituirá en caso de enfermedad, vacaciones y licencias o cuando por cualquier otro motivo no pueda ejercer su cargo.

Bajo la dependencia del Inspector actuarán los Secretarios Técnicos de la Inspección Fiscal, quienes desempeñarán los servicios propios de su carácter que les encomiende el Inspector, y tendrán además especialmente a su cargo la conservación y ordenación de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y la remitirán a las Fiscalías de las Audiencias cuando el Fiscal de dicho Alto Tribunal lo disponga.

Art. 159.

La Inspección tiene por objeto:

1.º El conocimiento de la regularidad con que funcione el Ministerio Fiscal.

2.º El de las prácticas generales que en las Fiscalías se siguen para el despacho y curso de los asuntos en que deba intervenir el Ministerio Fiscal.

3.º El de las condiciones, aptitudes y conducta de los funcionarios Fiscales.

4.º El examen de las quejas que se produzcan sobre el modo de proceder los funcionarios Fiscales.

Art. 160.

La Inspección se hará por comunicaciones o por medio de visitas; la primera será permanente y se practicará conforme a las disposiciones generales o especiales que dicte el Fiscal del Tribunal Supremo, o por su delegación, el Inspector Fiscal.

Art. 161.

Las visitas serán ordinarias y extraordinarias; aquéllas podrán hacerlas el Fiscal del Tribunal Supremo, y por su delegación el Inspector Fiscal, y dentro de cada año judicial se visitará la quinta parte de las Fiscalías de Audiencia, cuando menos. Las extraordinarias se dispondrán siempre por el Fiscal del Tribunal Supremo o por el Consejo Fiscal, respecto de cualquier Fiscalía; por los Fiscales de las Audiencias Territoriales, respecto de las Fiscalías Provinciales y Municipales de su territorio, y por los Fiscales de las Audiencias Provinciales, respecto de las Fiscalías Municipales de la provincia; pero los Fiscales de las Territoriales y de las Provinciales no podrán realizar las visitas que dispongan sin autorización del Fiscal del Tribunal Supremo, salvo caso de notoria urgencia, en que las practicarán poniéndolo en conocimiento y sin esperar autorización. Tanto el Fiscal del Tribunal Supremo como los de las Audiencias podrán delegar, para practicar visitas extraordinarias, en un funcionario Fiscal que les esté subordinado.

Art. 162.

Las visitas ordinarias comprenderán todos los extremos enumerados en el artículo siguiente, las extraordinarias tendrán la extensión y alcance fijados en el acuerdo al practicarlas.

Art. 163.

El Visitador para cumplir su misión tendrá facultades:

1.º Para examinar los procesos y autos de todas clases fenecidos o pendientes, sin alterar en cuanto a éstos la normalidad de su curso.

2.º Para pedir a las Autoridades, funcionarios y particulares cuantos datos o informes oficiales o confidenciales estime necesarios o convenientes.

3.º Para dirigir observaciones a los Fiscales y funcionarios Fiscales respecto al puntual y más acertado cumplimiento de sus deberes, amonestando privadamente a los que se muestren poco diligentes en el ejercicio de sus cargos o cuya conducta no sea la que a éstos corresponde.

4.º Para acordar lo conveniente respecto del orden, custodia y conservación de los documentos, libros y expedientes de la Fiscalía, y para remediar la omisión o forma defectuosa en que se lleven los libros y registros.

5.º Para hacer constar en notas firmadas, sin designación de nombres, cuando los que faciliten noticias así lo interesen, los datos que recoja acerca de los funcionarios, la calidad de las personas de que dichos datos procedan, el grado de credulidad de las mismas personas, su parcialidad respecto del informado y cuantas circunstancias puedan influir en la resolución de la propuesta que el Inspector pudiera formular en su visita.

Art. 164.

Salvo el caso en que la redacción de la Memoria es potestativa, el Visitador redactará una expresiva del resultado y de las determinaciones adoptadas, exponiendo, además, cuanto juzgue oportuno para la mejora de los servicios, haciendo con carácter reservado todas aquellas observaciones que por su índole lo requieran, especialmente de la idoneidad, condiciones de actividad, moralidad y dotes de gobierno que concurran en los funcionarios de la Fiscalía visitada, el concepto que merezcan a la opinión pública y cuantos antecedentes existan relativos a correcciones que se les hubieran impuesto o recompensas que se les hubieran concedido.

Todas las Memorias de visita se elevarán al Fiscal del Tribunal Supremo que dará vista de ellas al Inspector Fiscal y, con informe de éste, se someterán al conocimiento y resolución del Consejo Fiscal. En caso de que la visita hubiese sido practicada por el Fiscal del Tribunal Supremo, por el Inspector Fiscal o por el Teniente Inspector Fiscal, éstos informarán, como conclusión de la Memoria, lo que estimen conveniente y sin más trámites conocerá el Consejo Fiscal.

Art. 165.

Los Presidentes de las Audiencias y Jueces de Primera Instancia e Instrucción prestarán el auxilio que quepa dentro de sus atribuciones para el mejor resultado de la inspección, ya se haga ésta por escrito, ya por medio de visitas, proporcionando al Fiscal del Tribunal Supremo o de la Audiencia Territorial, al Inspector Fiscal o al Visitador los datos y relacione que éstos pidan, y permitiéndoles examinar los autos que deseen.

Art. 166.

Tendrán los Visitadores para hacer comparecer a las personas que sean citadas por su orden todas las facultades que el artículo 129 de este Reglamento concede a los Instructores de expedientes de corrección disciplinaria.

El Visitador podrá practicar las visitas por sí solo o designará Secretario a cualquier funcionario, aunque no sea Fiscal, que preste sus servicios de plantilla en la Fiscalía del Tribunal Supremo, en las Audiencias Territoriales o Provinciales o en los Juzgados de Instrucción, Municipales o Comarcales.

Art. 167.

Al disponer la práctica de una visita ordinaria o extraordinaria se hará constar la cantidad que se estima necesaria para atender a los gastos de traslación, material de oficinas y pago de dietas a los funcionarios que la hayan de realizar, dándose conocimiento al Ministerio de Justicia para su aprobación.

El pago de estas atenciones se verificará con arreglo a lo establecido en la legislación vigente sobre la materia.

Art. 168.

La acción de los Inspectores será siempre tan rápida como sea posible, sin perjudicar a la acabada e imparcial depuración de los hechos sobre que recaiga y, como regla general, en ningún caso de visita deberá emplearse más de un mes, ni la instrucción de los expedientes durará de dicho término, no debiendo transcurrir más de otro mes hasta la definitiva resolución del expediente o hasta la propuesta que, en su caso, se haga al Ministerio, debiendo incluirse en estos plazos la actuación, en su caso, del Consejo Fiscal. La prórroga de dichos términos sólo podrá tener lugar previo acuerdo fundado del Consejo Fiscal, que deberá ponerse en conocimiento del Ministerio de Justicia.

TÍTULO VIII

Del Consejo Fiscal

Art. 169.

En la Fiscalía del Tribunal Supremo residirá el Consejo Fiscal, que estará constituído por un Presidente y cuatro Vocales, actuando como Secretario, sin voto, uno de los de la Inspección Fiscal. El Presidente será el Fiscal del Tribunal Supremo, y los Vocales, el Teniente Fiscal del mismo Tribunal, el Inspector Fiscal, el Fiscal de la Audiencia de Madrid y el Fiscal general más antiguo del propio Tribunal.

El Consejo Fiscal atenderá cuidadosamente en la realización de su misión respecto del personal del Ministerio Fiscal y especialmente en el ejercicio de sus funciones inspectoras, a observar los defectos y deficiencias y a corregir, y a ser posible evitar, toda infracción o abuso; pero no deberá dar menos importancia a señalar positivos méritos y procurar el premio de cuantos lo merezcan.

El Consejo Fiscal tendrá como atribución y deber examinar los expedientes personales de todos los funcionarios de la Carrera Fiscal y adquirir datos o informes convenientes, procurando en la aportación de éstos prescindir de toda investigación vejatoria para los interesados. Tendrá también cuantas facultades y deberes se le encomienden en el Estatuto o en este Reglamento o en cualquier otra disposición con fuerza de Ley.

Art. 170.

El Presidente del Consejo Fiscal despachará y se relacionará directamente, cuando haya de hacerlo, con el Ministro de Justicia.

Art. 171.

Será considerado como Vicepresidente del Consejo Fiscal, sin necesidad de nombramiento expreso, el Vocal de mayor categoría y antigüedad dentro de ella, y presidirá cada sesión aquel en quien concurran estas circunstancias entre los que asistan.

Art. 172.

El cargo de Consejero llevará inherente la inmovilidad en el mismo y será irrenunciable. Sólo cesará en él por jubilación o excedencia voluntaria, por ser nombrado para cargos distintos a los que dan derecho a serlo o que impongan el deber de residir fuera de Madrid o por suspensión o separación debidamente acordadas.

Los Consejeros sólo podrán ser suspendidos en sus cargos cuando lo sean en el que desempeñen en la Carrera Fiscal.

La suspensión habrá de ser propuesta por el Consejo o por el Ministro de Justicia y acordada por el Consejo de Ministros y será alzada o convertida en separación en su día, según se resuelva el expediente o el proceso con ocasión del cual se hubiera acordado.

Art. 173.

La asistencia a las sesiones será obligatoria para los Consejeros y para el Secretario, debiendo justificar el motivo de la ausencia que se hará constar en el acta correspondiente.

No podrán, sin embargo, asistir los Consejeros cuando hayan de tratarse asuntos que personalmente les afecten o afecten a sus parientes en línea recta de consanguinidad o afinidad o en la línea colateral dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

Art. 174.

El Fiscal del Tribunal Supremo designará, eligiéndolos entre el personal de la Fiscalía, los funcionarios administrativos y subalternos cuyos servicios sean necesarios para la debida actuación del Consejo Fiscal.

Art. 175.

El Consejo Fiscal, por medio de su Presidente, podrá dirigirse a todos los Tribunales y Jueces de la jurisdicción ordinaria, a los de las jurisdicciones especiales, a todos los funcionarios fiscales y a las autoridades de otros órdenes para todo cuanto interese al cumplimiento de su misión.

Art. 176.

El Consejo Fiscal se reunirá por lo menos una vez al mes. Además se reunirá siempre que lo considere necesario el Presidente. Este determinará los asuntos a tratar y el orden en que hayan de ser tratados.

Todos los Vocales que asistan a una sesión podrán tomar parte por el orden que determine el Presidente en las deliberaciones y tendrán obligación de votar cuando se haya de tomar alguna resolución. Votarán por orden inverso al de su categoría y dentro de la misma, por el orden inverso de antigüedad.

Se extenderá un acta de cada sesión, consignando los asuntos tratados y acuerdos tomados, actas que constarán en un libro, sellado, foliado y con diligencias de apertura y cierre, firmadas por el Presidente y el Secretario.

Art. 177.

Llevará en la misma forma el Consejo un libro para anotar las correcciones disciplinarias, otro para anotar las recompensas de los funcionarios fiscales, otro de visitas ordinarias y extraordinarias y otro en que se anotarán los expedientes de que conozca por orden de su entrada en el Consejo, cuyos libros serán custodiados por el Secretario del Consejo.

Art. 178.

El Consejo Fiscal abrirá un expediente personal para cada uno de los funcionarios de la Carrera Fiscal, con los datos que recabe por sí mismo y además utilizando la facultad que le concede el último párrafo del artículo 22 del Estatuto.

Estos expedientes estarán al inmediato cargo del Secretario que designe el Consejo.

TÍTULO IX

Tribunales de honor

Art. 179.

Los Tribunales de honor conocerán y sancionarán los actos deshonrosos cometidos por funcionarios pertenecientes a la Carrera Fiscal, que no teniendo sanción expresa en las Leyes penales, los haga desmerecer en el concepto público o indignos de continuar desempeñando las funciones del cargo, o que causen el desprestigio del Cuerpo.

Art. 180.

Pueden ser sometidos al Tribunal de honor todos los funcionarios de la Carrera Fiscal que se hallen en servicio activo, excedentes o suspensos.

Art. 181.

Podrán promover la formación del Tribunal de honor:

1.º El Fiscal del Tribunal Supremo o el Consejo Fiscal, bien por orden del Ministro de Justicia, bien por el resultado de los expedientes de que conozcan o de las causas criminales, o juicios de responsabilidad civil, que contra aquellos funcionarios se sigan, los que  le serán remitidos para tal efecto por el Tribunal correspondiente, una vez terminados, aunque la sentencia recaída haya sido absolutoria, o se haya acordado el sobreseimiento.

2.º Las mismas autoridades por denuncia concreta y firmada de un número de funcionarios de la Carrera no inferior a diez y, a ser posible de la misma categoría y mayor antigüedad que el inculpado.

En todo caso antes de la iniciación del procedimiento se comunicará al Ministro de Justicia.

La disposición que acuerde la formación del Tribunal de honor fijará los plazos para la designación de los componentes del mismo, el lugar en que ha de funcionar y el término durante el cual haya de tener su actuación y haya de dictarse la resolución procedente.

Art. 182.

El Tribunal de honor lo constituirán siete funcionarios y dos suplentes, todos pertenecientes a la Carrera y en servicio activo, designados por sorteo entre los que tengan la misma categoría que el inculpado y sean de mayor antigüedad que éste. Si el funcionario residenciado fuere el más antiguo de su categoría, o no tuviere delante en la respectiva escala un número suficiente de funcionarios para formar el Tribunal, se completará éste con los pertenecientes a la categoría inmediata superior. Si el inculpado perteneciere a la categoría segunda u ocupare uno de los primeros números de la categoría tercera y no hubiere por ello siete funcionarios que reúnan aquellas condiciones, se completará el número de Vocales del Tribunal, tomándolos de la escala en que él figure y de la inmediata inferior por orden de antigüedad.

La misma regla se observará cuando por recusación, incapacidad o excusa, debidamente fundada de alguno de los funcionarios llamados a formar el Tribunal, no haya en él número suficiente de ellos que reúnan aquellas preferentes condiciones.

No podrán formar parte del Tribunal de honor los funcionarios que tengan nota desfavorable en su expediente personal.

Los dos de menor categoría o de menor antigüedad, en su caso, serán los suplentes.

Art. 183.

Será el Presidente del Tribunal el funcionario de mayor categoría y antigüedad dentro de ella, y si hubiere varios con iguales condiciones, el de más edad. Actuará de Secretario el Vocal de menor categoría o el de menor antigüedad, si todos pertenecieren a la misma y, en su caso, el de menor edad.

Cuando alguno de ellos no pueda actuar por enfermedad u otro impedimento legítimo, será sustituído por el que le siga o preceda en antigüedad o edad, conforme a las mismas normas.

Art. 184.

El Tribunal de Honor se constituirá y actuará en el lugar que determine la disposición que acuerde su formación, teniendo en cuenta las conveniencias del servicio a la vista de la distribución del personal, del destino del inculpado y del sitio en que se supongan cometidos los hechos objeto del procedimiento.

Art. 185.

El cargo de Vocal del Tribunal de honor es irrenunciable y obligatorio para su desempeño, pero podrán excusarse de actuar o ser recusados los elegidos en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes:

1.º Parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o afinidad con el funcionario que haya de ser juzgado, o con algún otro Vocal.

2.º Amistad intima o enemistad manifiesta con el inculpado.

3.º Tener interés personal en el asunto que motive la actuación del Tribunal.

Las excusas y las recusaciones se formularán ante el Consejo Fiscal con las debidas justificaciones dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de los nombramientos y serán admitidas o rechazadas por el mismo Consejo, previas las diligencias de prueba que estime precisas, sin que contra su acuerdo se dé recurso alguno.

La alegación infundada de alguna excusa se considerará como falta grave y será sancionado disciplinariamente el funcionario que la haya producido.

Art. 186.

La tramitación de todas las diligencias necesarias para la constitución del Tribunal de honor será llevada por el Consejo Fiscal, que designará para ello un Ponente, al que auxiliará como Secretario el de este Organismo. Las actuaciones se practicarán sin pérdida de día y el mismo Consejo podrá sancionar en vía disciplinaria de plano cualquier demora injustificada, si la falta hubiere sido cometida por funcionario que le esté subordinado. En otro caso, acudirá con la oportuna queja al superior jerárquico del moroso, para que le sancione.

El Consejo procederá a la designación del Presidente y los Vocales que hayan de formar el Tribunal de honor con arreglo a las precedentes reglas, y una vez firmes los nombramientos, trasladará al Presidente la denuncia original con cuantos antecedentes obren en su poder en relación con los hechos o asuntos de que se trate y con el inculpado que puedan servir de elementos de juicio.

Art. 187.

En seguida que el Presidente reciba los documentos mencionados en el artículo anterior se constituirá el Tribunal en el lugar que se le haya designado y comenzará su actuación, que se acomodará a las sucintas reglas contenidas en el párrafo quinto de la Base III de la Ley de 17 de octubre de 1941, y en cuanto al término para dictar el fallo a lo que se haya dispuesto al ordenar su constitución o, en su defecto, a lo que acuerde en la reunión que tenga para este fin y para los demás que se señalan en ese precepto.

Todas las actuaciones del Tribunal serán reservadas y de cada sesión se extenderá acta por duplicado, que autorizarán el Presidente y el Secretario, salvo la en que se acuerde la resolución final, que deberá ser firmada por todos los miembros del Tribunal. Esta resolución absolutoria o condenatoria será adoptada en conciencia y honor por mayoría de votos, debiendo concurrir a la sesión en que se haya de adoptar, todos los Vocales. Para las demás sesiones y actuaciones del Tribunal bastará la asistencia de cinco. En uno y otro caso, los propietarios que falten serán reemplazados por los suplentes hasta completar el número exigido. La asistencia a sesiones es obligatoria, a menos de impedirla causa legítima debidamente justificada y ningún Vocal podrá abstenerse de votar en sentido concreto.

Un ejemplar de cada acta se archivará en el Consejo Fiscal.

Art. 188.

La resolución del Tribunal de Honor deberá contener uno de estos pronunciamientos.

a) Absolución.

b) Separación del servicio con reserva del derecho a la pensión que corresponda al funcionario por el tiempo de sus servicios.

Contra la resolución del Tribunal no se dará recurso alguno.

Art. 189.

La resolución absolutoria será inmediatamente cumplida, alzándose la suspensión impuesta al acusado, reintegrándole a su destino y ordenando el abono de los haberes que hubiere dejado de percibir.

Si la resolución fuere condenatoria se remitirá el expediente al Consejo de Estado al solo efecto de que dictamine sobre el cumplimiento de los preceptos que regulan este procedimiento, y una vez devuelto el informe que deberá emitir el Alto Cuerpo en el plazo más breve posible, se elevará al Ministro de Justicia, para que, en término de ocho días, dicte la disposición, separando del servicio al funcionario condenado, si aquel dictamen fuere afirmativo de la regularidad y observancia de las normas procesales. Si acusase algún quebrantamiento de forma, dictará el Ministro resolución anulando lo actuado desde el trámite en que se hubiere cometido la falta y ordenado la formación de nuevo Tribunal de Honor. En uno y otro caso se archivará en el Consejo Fiscal copia certificada de la resolución.

Disposición transitoria primera.

Por el Ministerio de Justicia se publicará el escalafón de miembros de la Carrera Fiscal relacionados por el orden en que lo están en el vigente, con las modificaciones operadas con posterioridad, sin perjuicio de revisar el tiempo de servicios prestados por cada funcionario a partir de la fecha de posesión en el primer destino, que servirá de base para el cómputo de trienios.

Disposición transitoria segunda.

La antigüedad de siete años a que se refiere el artículo 23.1, no será exigible a quienes, conforme a la legislación anterior, reunieran, a la publicación de este Reglamento las condiciones necesarias para servir los cargos de Abogado Fiscal del Tribunal Supremo, Teniente Inspector Fiscal y Tenientes Fiscales de las Audiencias Territoriales de Madrid y Barcelona.

Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.