Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
La economía social engloba un conjunto de actividades económicas y empresariales que en el ámbito privado llevan a cabo entidades que persiguen, o bien el interés colectivo de las personas que lo integran, o bien el interés general económico o social, o ambos, mostrándose día a día como un actor fundamental en el desarrollo de la sociedad actual.
Según dispone el artículo 30.I.1 del Estatuto de autonomía de Galicia, de acuerdo con las bases y la ordenación de la actuación económica general y la política monetaria del Estado, corresponde a la Comunidad Autónoma de Galicia, en los términos de lo dispuesto en el artículo 149.1.13 de la Constitución española, la competencia exclusiva para el fomento y planificación de la actividad económica en Galicia.
Las instituciones de la Unión Europea han puesto de manifiesto reiteradamente la importancia de la economía social, que contribuye a un modelo económico sostenible en el cual las personas son más importantes que el capital y que pone en evidencia un modelo de empresas que no se caracteriza por el tamaño o por el sector de actividad, sino por el respeto a valores comunes, y cuyo motor principal no es la rentabilidad financiera, sino los beneficios para toda la sociedad.
En este sentido, es necesario destacar por su relevancia el Informe 2008/2250 (INI), de 26 de enero de 2009, del Parlamento Europeo, que considera la economía social como agente clave para el logro de los objetivos de Lisboa, estableciendo los medios necesarios para conseguirlos, dando una visibilidad institucional clara a la realidad de la economía social, instando a decidir qué políticas pueden ser determinantes para ayudar a este sector, tales como establecer clarificaciones conceptuales y estadísticas o fomentar programas europeos que la favorezcan.
En España, la Ley estatal 5/2011, de 29 de marzo, de economía social, definió el concepto y concretó sus principios orientadores, configurando un marco jurídico de aplicación en el conjunto del Estado que, sin sustituir la normativa aplicable a cada una de las entidades que conforman su ámbito, pretende un mayor reconocimiento y visibilidad de la economía social otorgándole mayor grado de seguridad jurídica.
Entre las entidades que forman parte de la economía social es necesario citar a las cooperativas, mutualidades, fundaciones y asociaciones que lleven a cabo actividad económica, las sociedades laborales, las empresas de inserción, los centros especiales de empleo, las cofradías de pescadores y las sociedades agrarias de transformación.
Esta norma común reconoce como tarea de interés general la promoción, el estímulo y el desarrollo de las entidades que conforman la economía social y señala los objetivos que los poderes públicos han de tener presentes a la hora de abordar su política de promoción.
II
Galicia no es ajena a esta actividad de fomento y ha realizado un importante esfuerzo de promoción, a través de múltiples programas e iniciativas, entre los que destaca, en los últimos tiempos, la creación de la Red Eusumo para el fomento del cooperativismo y la economía social.
La situación actual demanda reforzar la apuesta de futuro por la economía social y dar un salto cualitativo que permita visibilizar el sector en toda su amplitud y que reconozca específicamente las importantes aportaciones que realiza a la sociedad, así como las oportunidades de mejora económica y social que ofrece.
Es necesario destacar que las características de este sector le permiten afrontar las demandas, retos y desafíos de la sociedad y la economía global, adaptándose especialmente bien a las situaciones de crisis. Todas las personas pueden beneficiarse de las ventajas que la economía social proyecta sobre la sociedad, el territorio y la realidad económica. En particular, el colectivo de personas emprendedoras tiene a su disposición una interesante vía para llevar a cabo su proyecto y crear su propio empleo.
Habida cuenta de las potencialidades de la economía social y las competencias que tiene atribuidas la Comunidad Autónoma de Galicia en esta materia, resulta importante la aprobación de una norma legal que dote al sector de una regulación propia en sintonía con la realidad gallega y que fomente su consolidación y expansión.
Esta Ley de la economía social de Galicia tiene entre sus objetivos principales el de poner en valor este sector económico, dotarlo de la relevancia que merece por sus aportaciones a la sociedad e impulsar su capacidad de generar un modelo de desarrollo económico y social equilibrado y sostenible.
Pretende, igualmente, aportar soluciones al complejo panorama sociolaboral y constituirse en un estímulo para la dinamización del autoempleo y del emprendimiento enraizado en el territorio, teniendo como protagonistas a las personas.
Por medio de la presente ley se integra al sector, hasta ahora disperso, situándose en un plano de participación que abre vías de interlocución capaces de mejorar la eficacia de las políticas activas de empleo y la dinamización económica y social de Galicia. Se establecen, asimismo, mecanismos de coordinación entre los distintos agentes públicos y las entidades de economía social, los cuales facilitan concretar objetivos y aglutinar esfuerzos e incentivos para el desarrollo del sector.
III
Con ocasión de la regulación en nuestra Comunidad Autónoma de este sector de la economía, en este escenario normativo representado por la Ley de la economía social de Galicia, resulta procedente adaptar la normativa autonómica en materia de autorización de servicios sociales prevista en la Ley 13/2008, de 3 de diciembre, de servicios sociales de Galicia, a lo dispuesto en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, la cual diseña un sistema que elimina regulaciones innecesarias, establece procedimientos más ágiles y minimiza las cargas administrativas, en aras de fomentar e impulsar el emprendimiento y la iniciativa de los operadores económicos. Esa pretensión no puede, sin embargo, desconocer las especificidades propias de los servicios sociales, especialmente la protección de los derechos de las personas destinatarias de los mismos y la garantía de unos servicios sociales de calidad, que hacen preciso configurar un régimen propio descrito en esta ley respecto a la exigencia de autorización.
La Ley de servicios sociales de Galicia está sujeta genéricamente en sus artículos 2.4 y 29.2 al requisito de la autorización a las entidades que creen centros de servicios sociales, así como a las que gestionen programas y prestaciones de esta naturaleza. Y en sus artículos 59.d) y 68 atribuye respectivamente a la Xunta de Galicia competencias sobre la autorización de centros, servicios y programas sociales, y la determinación del régimen de autorización administrativa en materia de servicios sociales, difiriendo a su desarrollo reglamentario las condiciones y procedimientos para la obtención, revocación y suspensión de las autorizaciones.
Ese reflejo legal en favor de la autorización para la creación y prestación de servicios, centros y programas sociales acogía una interpretación del régimen de registro y de autorización conciliable con las previsiones de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, que se vio afectada por la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, especialmente respecto al control administrativo, al declarar dicha ley genéricamente el libre acceso y ejercicio de todas las actividades económicas en todo el territorio nacional, con la única limitación de lo establecido en esa ley y de lo dispuesto en la normativa de la Unión Europea o en tratados y convenios internacionales.
Asimismo, parece preciso adaptar la Ley de servicios sociales a las disposiciones de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley 17/2009, y la Ley 1/2010, de 11 de febrero, de modificación de diversas leyes de Galicia para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior.
A mayores, también se tuvieron en cuenta en la redacción del presente texto legal la Resolución de 13 de octubre de 2014, de la Dirección General de Relaciones Institucionales y Parlamentarias, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia en relación con la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, y la Resolución de 31 de octubre de 2014, de la Dirección General de Relaciones Institucionales y Parlamentarias, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia en relación con la Ley 14/2013, de 26 de diciembre, de racionalización del sector público de Galicia.
En definitiva, de acuerdo con lo anterior, la exigencia del régimen de autorización, sometido a los principios de necesidad y proporcionalidad, suficientemente motivados legalmente, especificando su concurrencia, se encuentra circunscrita a que esas razones no puedan salvaguardarse mediante la presentación de una declaración responsable o de una comunicación previa.
Sin perjuicio de lo anterior, el mantenimiento del régimen de autorización es una garantía necesaria para la prestación de determinados servicios sociales, fundamentada en razones imperiosas de salud pública, orden público, seguridad pública e interés general, que en suma se constituyen en una garantía para los usuarios.
Finalmente, en el marco de la adaptación de la Ley de servicios sociales de Galicia a la legislación vigente operada a través de la presente ley, se modifica también el artículo 40.2.c) de dicha Ley de servicios sociales de Galicia, para su adaptación a la disposición adicional decimotercera, «Participación institucional», de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia.
IV
La ley se estructura en cuatro capítulos con dieciocho artículos, cinco disposiciones adicionales, dos transitorias, una derogatoria y cinco finales.
El capítulo primero recoge las disposiciones generales y en él se refleja el objeto de la norma, destacando la voluntad de conseguir un mayor reconocimiento y visibilidad del conjunto de las entidades asociativas que conforman la economía social, así como la de fomentar su desarrollo. Se definen el concepto de economía social, el ámbito de aplicación y los valores y principios orientadores comunes, teniendo en cuenta los aspectos singulares derivados de la realidad gallega.
El capítulo segundo identifica las entidades que forman parte de la economía social en Galicia y establece las bases de su organización y representación. Entre las aportaciones singulares que realiza la ley, es preciso resaltar la incorporación de las comunidades de montes vecinales en mano común, institución peculiar recogida en el derecho civil gallego, al Catálogo gallego de entidades de la economía social.
El tercer capítulo define el marco gallego de participación del sector respetando las competencias atribuidas al Consejo Gallego de Cooperativas. Se crea el Consejo de la Economía Social de Galicia como órgano de carácter consultivo y asesor para las actividades relacionadas con la economía social, y también en materia de promoción y difusión de la economía social.
Su creación tiene como objeto establecer un foro de comunicación y diálogo que favorezca la participación del conjunto del sector de la economía social y que permita una coordinación de las actuaciones para su fomento y promoción, a la vez que culmina la estructura representativa de las entidades de la economía social y permite aglutinar a todo el sector, así como a los poderes y entidades públicas interesadas para una más eficaz tarea de desarrollo.
Se establece la composición de este consejo teniendo en cuenta las peculiaridades del sector en Galicia. La composición se ajusta a las características e implantación de las entidades de la economía social en Galicia, procurando la representación de los distintos órganos de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia que se relacionan más directamente con la promoción y fomento de la economía social desde una perspectiva sectorial. Se contempla la participación de la Administración local y de las universidades gallegas por su papel central en la investigación y divulgación, así como la de las organizaciones sindicales y empresariales de conformidad con la normativa de aplicación en materia de participación institucional.
Se fija su estructura y funciones, al tiempo que se establece una regulación básica con el contenido preciso para que el órgano pueda constituirse y funcionar adecuadamente, con una amplia capacidad de autorregulación.
El cuarto y último capítulo se centra en la promoción, fomento y difusión de la economía social, de sus principios y valores, incorporando objetivos específicos para un eficaz despliegue de esta labor en todo el territorio gallego, entre los cuales es preciso destacar la especial referencia al cometido de impulso y dinamización del autoempleo, del emprendimiento de base cooperativa y de la colaboración empresarial.
También la introducción de la formación en materia de economía social en el currículo de las distintas enseñanzas, la mejora de la formación y de la gestión empresarial, así como el estímulo de los procesos de innovación y de inmersión en las tecnologías de la información y las comunicaciones, constituyen objetivos básicos de este conjunto de medidas, que promueven, además, la utilización de herramientas que permitan poner en valor las aportaciones del sector a la sostenibilidad social y medioambiental.
Igualmente se procura como objetivo la integración de las políticas de fomento de la economía social con las desarrolladas en las áreas de desarrollo rural, emprendimiento económico, prestación de servicios sociales, dependencia e integración social, así como la simplificación de trámites administrativos para la creación de empresas de economía social y la introducción de cláusulas de carácter social que estimulen su participación en la contratación pública.
La ley reconoce el papel de asesoramiento central que corresponde a los representantes del propio sector en el diseño de las políticas de fomento, y procura la incorporación del conjunto de entidades públicas a la labor de promoción de la economía social. De igual modo se prevé la colaboración de entidades privadas y ciudadanos en general. Se estimula el trabajo en red y colaborativo, en particular a través de la Red Eusumo para el fomento del cooperativismo y la economía social, creada por Decreto 225/2012, de 15 de noviembre, que regula su creación y funcionamiento.
La financiación de los proyectos de emprendimiento es una de las dificultades más importantes con las que se encuentran sus promotores, por lo que se prevé el fomento de instrumentos financieros adaptados a las necesidades de las nuevas iniciativas de economía social.
Mediante dos disposiciones adicionales se establece la necesaria coordinación del Consejo de la Economía Social de Galicia con el Consejo Gallego de Cooperativas y se regula específicamente el acceso de la economía social a los órganos de participación institucional, en aras de fomentar su visibilidad y facilitar el conocimiento de sus alternativas.
En línea con las medidas de fomento, la tercera disposición adicional promueve la plena integración de los avances tecnológicos en la gestión de los registros administrativos y jurídicos, al objeto de agilizar de forma efectiva la tramitación de los procedimientos y conseguir un importante ahorro de tiempo y la reducción de costes, tanto en la inscripción de la constitución de entidades como en el cumplimiento de trámites durante su funcionamiento.
En la quinta disposición adicional se establece el Plan gallego de impulso de las entidades de la economía social.
La primera de las disposiciones finales modifica la Ley 5/1998, de 18 de diciembre, de cooperativas de Galicia, con el objetivo fundamental de adecuar su texto a las previsiones y orientaciones de la presente ley, incidiendo en la promoción del autoempleo, en la ampliación de posibilidades de captación de financiación interna y, muy especialmente, en la creación de una nueva clase de cooperativa que responde a la preocupación por el alto nivel de desempleo existente entre la juventud gallega, y propone, asimismo, una solución que facilita el tránsito desde las etapas formativas al desarrollo profesional.
Esta nueva clase de cooperativas está constituida mayoritariamente por jóvenes comprendidos entre dieciséis y veintinueve años, o treinta y cinco años en el caso de personas con discapacidad, que pongan en común su trabajo personal. Su creación trata de facilitar el acceso al autoempleo cooperativo, por lo que se simplifican los requisitos de constitución y se concibe como un paso intermedio, contemplándose una duración limitada en el tiempo y su conversión en cooperativa ordinaria.
Esta modificación incide, asimismo, en incrementar las posibilidades organizativas de las asociaciones representativas del sector, permitiendo la constitución de uniones de cooperativas de distinta clase.
En la segunda disposición final se autoriza a la Xunta de Galicia para aprobar el Texto refundido de la Ley de cooperativas de Galicia que incorpore las modificaciones efectuadas.
En la tercera disposición final se incluye la modificación de la Ley 13/2008, de 3 de diciembre, de servicios sociales, para la adaptación de la misma a la normativa estatal de unidad de mercado, así como la adaptación de la composición del Consejo Gallego de Bienestar a lo dispuesto con respecto a la participación institucional en la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia para las organizaciones sindicales, empresariales y agrarias más representativas a nivel gallego, fijándose en sendas disposiciones el régimen transitorio aplicable en cada caso en tanto no se lleve a cabo el desarrollo reglamentario preciso para su aplicación.
Por último, en dos disposiciones finales se recoge la habilitación normativa para la aplicación y desarrollo de la ley, así como su entrada en vigor.
El anteproyecto de la presente ley fue sometido al preceptivo dictamen del Consejo Económico y Social de Galicia, del Consejo Gallego de Relaciones Laborales y del Consejo Gallego de Cooperativas.
Por todo lo expuesto, el Parlamento de Galicia aprobó y yo, de conformidad con el artículo 13.2 del Estatuto de Autonomía de Galicia y con el artículo 24 de la Ley 1/1983, de 22 de febrero, de normas reguladoras de la Xunta y de su Presidencia, promulgo en nombre del Rey, la Ley de la economía social de Galicia.
1. La presente ley tiene por objeto establecer una regulación común aplicable al conjunto de las entidades que integran la economía social en Galicia, así como orientar las acciones de fomento e impulso con pleno respeto a la normativa específica que se aplica a cada clase de entidades, y a la normativa básica estatal, la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de economía social.
2. En todo caso, las entidades de la economía social se regularán por sus normas substantivas específicas.
La presente ley tiene por finalidad reconocer, fomentar e impulsar las entidades que integran la economía social para el eficaz cumplimiento de los fines económicos y sociales que les son propios, potenciando su presencia, crecimiento e influencia en todos los campos de la acción social, económica y empresarial, así como el establecimiento de mecanismos para su organización y coordinación, respetando su autonomía.
Se denomina economía social al conjunto de las actividades económicas y empresariales que, en el ámbito privado, llevan a cabo aquellas entidades que se rigen por los principios recogidos en el artículo 5 de la presente ley, las cuales persiguen el interés colectivo de las personas que las integran, el interés general económico o social, o ambos.
1. La presente ley es de aplicación al conjunto de entidades de economía social cuyo domicilio social se radique en Galicia y que desarrollen su actividad empresarial y económica principalmente en su ámbito territorial, sin perjuicio de las competencias que puedan corresponder al Estado.
2. Se entenderá que una entidad desarrolla su actividad empresarial y económica principalmente en Galicia cuando esté inscrita en el registro gallego que le corresponda en razón a su naturaleza.
Las entidades de economía social, inspiradas por los valores de ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad, solidaridad, honestidad, transparencia, autonomía, autogestión, responsabilidad social y preocupación por las demás personas, están informadas por los siguientes principios orientadores:
a) La primacía de las personas y del fin social sobre el capital, que se concreta en una gestión autónoma y transparente, democrática y participativa, la cual lleva a priorizar la toma de decisiones más en función de las personas y sus aportaciones de trabajo y servicios prestados a la entidad, o en función del fin social, que en relación a sus aportaciones al capital social.
b) La aplicación de los resultados obtenidos de la actividad económica, principalmente en función del trabajo aportado y del servicio o actividad realizados por las socias y socios o por las personas integrantes, en su caso, al fin social objeto de la entidad, al servicio de la consecución de objetivos como el desarrollo sostenible, el interés de los servicios a los miembros y el interés general.
c) La promoción de la solidaridad interna y con la sociedad que favorezca el compromiso con el desarrollo local, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la cohesión social, la cooperación, la inserción de personas con discapacidad y de personas en riesgo o en situación de exclusión social, la generación de empleo estable y de calidad, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y la sostenibilidad.
d) La independencia con respecto a los poderes públicos.
e) El compromiso con el territorio, frente a la despoblación y el envejecimiento en el medio rural gallego, inyectando estabilidad y futuro.
f) El fortalecimiento de la democracia institucional y económica.
1. Forman parte de la economía social de Galicia:
a) las sociedades cooperativas gallegas,
b) las mutualidades,
c) las fundaciones y asociaciones que lleven a cabo actividad económica,
d) las sociedades laborales,
e) las empresas de inserción,
f) los centros especiales de empleo,
g) las cofradías de pescadores,
h) las sociedades agrarias de transformación,
i) las comunidades y mancomunidades de montes vecinales en mano común, y
j) las entidades singulares creadas por normas específicas que se rijan por los valores y principios orientadores establecidos en la presente ley, siempre y cuando desarrollen una actividad económica y empresarial.
2. Asimismo, podrán formar parte de la economía social de Galicia las entidades que realicen actividad económica y empresarial, cuyas reglas de funcionamiento respondan a los principios regulados en el artículo 5, y que sean incluidas en el Catálogo de entidades de la economía social, regulado en el siguiente artículo.
1. Corresponde a la consejería competente en materia de economía social de la Xunta de Galicia, previo informe del Consejo de la Economía Social de Galicia, elaborar y mantener actualizado el Catálogo gallego de entidades de la economía social, en el cual se incluirán los diferentes tipos de entidades de la economía social relacionadas en el artículo 6 de la presente ley.
2. Todos los órganos de la Administración general de la Comunidad Autónoma con competencias registrales sobre las entidades de la economía social del artículo 6 de esta ley deberán notificar y remitir anualmente a la consejería competente en materia de economía social, para su inclusión en el Catálogo gallego de entidades de la economía social, una relación de las inscripciones efectuadas en dichos registros relativas a la constitución, fusión, transformación o disolución de dichas entidades.
3. El Catálogo gallego de entidades de la economía social regulado en el presente artículo tendrá carácter único en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia, deberá ser público y no tendrá carácter constitutivo, se elaborará de forma coordinada con el Catálogo de entidades de economía social de ámbito estatal, y su funcionamiento así como el acceso al mismo se articularán a través de medios electrónicos.
Las entidades de la economía social gallega podrán constituir asociaciones que representen y defiendan sus intereses, pudiendo agruparse entre sí, de acuerdo con lo previsto en la normativa de aplicación correspondiente.
A tal objeto, la Xunta de Galicia impulsará y promoverá la creación de entidades de integración del sector.
1. Se crea el Consejo de la Economía Social de Galicia como órgano consultivo y asesor para las actividades relacionadas con la economía social, especialmente en el ámbito de la promoción y difusión de la economía social.
2. El Consejo promoverá el diálogo, la coordinación y la colaboración entre todos los actores de la economía social, siendo la vía principal de participación de las entidades de la economía social.
3. Este órgano colegiado quedará integrado en la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia, a través de la consejería competente en materia de economía social, sin participar en su estructura jerárquica.
1. Corresponden al Consejo de la Economía Social de Galicia las siguientes funciones:
a) Asesorar, cuando sea requerido para ello, en la planificación, fomento, coordinación y ejecución de los programas de promoción y difusión de la economía social, en especial mediante la elaboración de recomendaciones.
b) Emitir informe, con carácter facultativo y no vinculante, sobre los proyectos de normas reguladoras que afecten a las entidades de la economía social gallega.
c) Elaborar estudios y propuestas sobre cuestiones que afecten a la economía social en Galicia, así como los informes que con carácter facultativo y no vinculante le soliciten las autoridades competentes sobre esta materia.
d) Colaborar en la elaboración y evaluación de los programas de desarrollo de la economía social, cuando sea requerido para ello.
e) Formular e informar propuestas de incorporación o exclusión en el Catálogo gallego de entidades de la economía social de tipos de entidades de la economía social.
f) Orientar la cooperación empresarial entre las entidades que forman parte de la economía social.
g) Asesorar, cuando sea requerido para ello, en la integración y coordinación de la promoción de la economía social con las demás políticas públicas, en especial con las dirigidas a la creación de empleo, el fomento del emprendimiento y el desarrollo local y rural.
h) Velar por la promoción y adecuada aplicación de los principios de la economía social expresados en la presente ley.
i) Todas aquellas funciones que vengan determinadas por disposiciones legales o reglamentarias.
2. El Consejo de la Economía Social de Galicia podrá solicitar de las instituciones de la Comunidad Autónoma cuanta información precise para el desarrollo de sus funciones.
3. Al Consejo de la Economía Social de Galicia, como órgano de colaboración, coordinación e interlocución en el ámbito de la economía social de Galicia, le corresponde designar a las personas que hayan de tener la representación de las entidades de economía social en los órganos de participación institucional de carácter general o específico, de conformidad con lo que establezcan las normas reguladoras del funcionamiento de estos, así como la designación de personas interlocutoras y representantes de la economía social de Galicia en los ámbitos en que proceda.
1. Integran el Consejo de la Economía Social de Galicia:
a) La presidencia, que la ocupará el consejero o consejera competente en materia de economía social, o persona en quien delegue.
b) La vicepresidencia primera, que la ocupará la persona titular de la dirección general competente en materia de economía social, o persona en quien delegue.
c) La vicepresidencia segunda, que será ocupada por la persona elegida mayoritariamente por las personas miembros del Consejo de la Economía Social representantes de las entidades de la economía social, de entre ellas.
d) Doce personas en representación de las entidades de la economía social de Galicia, nombradas de la manera siguiente:
1.º Seis personas propuestas por el Consejo Gallego de Cooperativas de entre sus miembros representantes de las cooperativas en función de su representatividad en ese órgano.
2.º Una persona propuesta por la entidad de representación de las sociedades laborales más representativa.
3.º Una persona propuesta por la entidad de representación de los centros especiales de empleo más representativa.
4.º Una persona propuesta por la entidad de representación de las empresas de inserción más representativa.
5.º Una persona propuesta por la entidad de representación de las asociaciones y fundaciones más representativa.
6.º Una persona propuesta por la Federación Gallega de Cofradías de Pescadores.
7.º Una persona propuesta por la entidad de representación de las comunidades y mancomunidades de montes vecinales en mano común más representativa.
e) Nueve personas en representación de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia:
1.º Una persona representante de la consejería competente en materia de economía social.
2.º Una persona representante de la consejería competente en materia de desarrollo rural.
3.º Una persona representante de la consejería competente en materia de desarrollo marino.
4.º Una persona representante de la consejería competente en materia de economía e industria.
5.º Una persona representante de la consejería competente en materia de empleo.
6.º Una persona representante de la consejería competente en materia de educación.
7.º Una persona representante de la consejería competente en materia de fundaciones y asociaciones.
8.º Una persona representante de la consejería competente en materia de política social.
9.º Una persona representante de la consejería competente en materia de igualdad.
f) Una persona designada conjuntamente por las organizaciones sindicales intersectoriales de la comunidad autónoma con derecho de participación institucional conforme a la normativa de aplicación.
g) Una persona en representación de las organizaciones empresariales intersectoriales más representativas a nivel gallego.
h) Una persona representante de los municipios de Galicia propuesta por la Federación Gallega de Municipios y Provincias.
i) Una persona representante de las universidades de Galicia designada conjuntamente por las universidades del Sistema universitario de Galicia.
2. La secretaría será ocupada por una persona funcionaria propuesta por la dirección general competente en materia de economía social, que actuará con voz pero sin voto.
3. La composición y organización del Consejo, así como de sus órganos, se realizará atendiendo al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en su composición total.
4. A los efectos previstos en la letra d) del apartado 1 de este artículo, se considera como entidad más representativa a la que agrupe a un mayor número de personas físicas a través de las entidades asociadas, como socios o socias, patrones o patronas, personas asociadas o trabajadores y trabajadoras.
1. Las personas titulares y suplentes integrantes del Consejo de la Economía Social de Galicia serán nombradas y cesadas por el consejero o consejera competente en materia de economía social, a propuesta de la entidad u órgano al que le corresponde o de las decisiones derivadas del propio Consejo.
2. La duración del mandato de las personas integrantes del Consejo de la Economía Social de Galicia será de cuatro años, renovándose a la finalización de este período, sin perjuicio de su reelección.
3. Las personas integrantes del Consejo de la Economía Social de Galicia podrán ser sustituidas a iniciativa de la entidad u órgano al cual le corresponde realizar la propuesta de nombramiento.
1. El Consejo funcionará en pleno y a través de comisiones de trabajo.
2. Corresponde al Pleno el ejercicio de las funciones previstas en el artículo 10 de la presente ley, aprobar las normas de régimen interno, constituir comisiones de trabajo y cualesquiera otras funciones que resulten precisas para el cumplimiento de sus objetivos.
3. Podrán crearse comisiones de trabajo para el estudio de cuestiones concretas y la elaboración de informes y dictámenes. Su creación y extinción se acordarán expresamente por el Pleno.
4. El funcionamiento del Consejo se ajustará a lo dispuesto en la presente ley, en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, y en la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia, y se complementará con las normas de régimen interno aprobadas por el Pleno del Consejo.
En todo caso, a las reuniones del Pleno o de las comisiones de trabajo podrán asistir, sin derecho a voto, una persona asesora por cada una de las entidades de la economía social, de la Administración general de la Comunidad Autónoma, de los municipios de Galicia y de las universidades de Galicia, representadas en el Consejo de la Economía Social de Galicia, así como las personas que autorice el correspondiente órgano.
5. En casos de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal e inexistencia de delegación expresa, la presidencia será sustituida por la vicepresidencia primera y esta a su vez, en los mismos términos, será sustituida por la persona titular de la vicepresidencia segunda.
6. En casos de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, los miembros titulares del órgano, salvo los de la presidencia y la vicepresidencia primera, serán sustituidos por las personas que les suplan.
1. La Xunta de Galicia reconoce de interés general y social la promoción, estímulo y desarrollo de las entidades de la economía social y de sus organizaciones representativas.
2. La Administración general de la Comunidad Autónoma y las entidades integrantes del sector público autonómico realizarán una política de fomento y difusión de la economía social que tendrá entre sus objetivos, además de los previstos en la Ley 5/2011, de economía social, los siguientes:
a) La promoción de los principios y valores de la economía social.
b) Facilitar las iniciativas de economía social, especialmente mediante la creación de un entorno que fomente su desarrollo en los planos económico y social.
c) La mejora de la gestión de las entidades.
d) La promoción de la formación y actualización profesional de las personas vinculadas a las entidades de la economía social.
e) El estímulo de los procesos de innovación tecnológica y organizativa, así como de inmersión en tecnologías de la información y las comunicaciones.
f) La promoción de la participación de las entidades de la economía social en las políticas activas de empleo, especialmente en las dirigidas a mujeres, juventud, personas desempleadas de larga duración, personas con discapacidad y personas en riesgo o en situación de exclusión social.
g) El impulso y dinamización del autoempleo, del emprendimiento de base cooperativa y de la colaboración empresarial.
h) El fomento de los procesos de mejora de la competitividad y de la internacionalización de las entidades de la economía social, integrando la promoción de sistemas de producción y servicios eficaces con los objetivos sociales de cara a su consolidación en el tejido económico.
i) La introducción de contenidos formativos en materia de economía social en el currículo de las distintas enseñanzas, en particular en los niveles previos al acceso al mundo laboral y en la formación para el empleo.
j) La integración de las políticas de fomento de la economía social con las desarrolladas en las diferentes áreas de gestión, en especial las de desarrollo rural, emprendimiento económico, prestación de servicios sociales, dependencia e integración social, procurando la efectiva coordinación entre consejerías, departamentos y organismos dependientes de la Administración autonómica.
k) La promoción de la elaboración y utilización de herramientas que permitan evaluar y poner en valor las aportaciones del sector a la sostenibilidad social y medioambiental.
l) La introducción de cláusulas de carácter social que, habida cuenta de las características y valores de la economía social, favorezcan su participación en la contratación pública y permitan evaluar adecuadamente sus aportaciones y contribuciones a la sociedad.
m) La remoción de obstáculos que impidan el inicio y desarrollo de actividades económicas por parte de las entidades de la economía social.
n) La simplificación de trámites administrativos para la creación de entidades de la economía social, en particular incorporando soluciones basadas en las tecnologías de la información y las comunicaciones.
3. Las correspondientes actuaciones se llevarán a cabo por la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia y las entidades integrantes del sector público autonómico, a través del impulso y la coordinación de la consejería competente en materia de economía social y el asesoramiento del Consejo de la Economía Social de Galicia, y sin perjuicio de las competencias atribuidas a otras consejerías en función de la actividad empresarial que desarrollen las entidades de economía social.
4. La Administración local, las universidades y el conjunto de entidades públicas procurarán la promoción de la economía social dentro de sus actuaciones.
5. Por la especial contribución de las entidades de la economía social al desarrollo económico y social de Galicia se promoverá la implicación de las entidades privadas y ciudadanos en general en la labor de promoción y fomento de la economía social.
Las actividades de fomento y difusión de la economía social, de acuerdo con la orientación del Consejo de la Economía Social de Galicia, se impulsarán especialmente a través de la Red Eusumo para el fomento del cooperativismo y la economía social como instrumento creado por Decreto 225/2012, de 12 de noviembre.
La planificación de las actividades de fomento de la economía social tendrá especialmente en cuenta la existencia de programas europeos de colaboración y procurará la elaboración de programas específicos enmarcados en los distintos instrumentos comunitarios.
1. En orden a promover el desarrollo de nuevas iniciativas de economía social, mediante la creación de nuevas entidades o mediante la ampliación de actividades de las existentes, se fomentarán instrumentos financieros específicos que contribuyan a su lanzamiento e inicio de actividades.
2. Se estimulará el acceso de las pequeñas y medianas empresas de la economía social gallega a programas de microcréditos o fondos de capital riesgo que puedan concertarse específicamente para el lanzamiento de nuevas iniciativas de economía social y, en general, se promoverá su acceso a todos aquellos instrumentos financieros que puedan adaptarse a las necesidades de las nuevas iniciativas de la economía social.
La Xunta de Galicia impulsará y fomentará la implantación efectiva de planes de responsabilidad social empresarial, planes de igualdad y de conciliación en las entidades de la economía social de Galicia.
1. El Consejo Gallego de Cooperativas, máximo órgano de promoción y difusión del cooperativismo, sigue teniendo las funciones y competencias atribuidas por la Ley de cooperativas de Galicia y constituye el superior órgano de representación del cooperativismo en el ámbito de la Comunidad Autónoma, a quien le corresponden en exclusiva las funciones de carácter consultivo y asesor de las administraciones públicas gallegas, en aquellos temas que afecten al cooperativismo.
2. El Consejo de la Economía Social de Galicia coordinará sus actuaciones con las del Consejo Gallego de Cooperativas, a través de una comisión específica formada por seis personas, nombradas de forma paritaria entre las personas integrantes de cada uno de dichos órganos y una presidencia designada por la consejería competente en materia de economía social.
La comisión se reunirá a iniciativa de su presidencia o a petición de cualquiera de dichos órganos, al objeto de formular propuestas de coordinación de actuaciones.
Las normas reguladoras del funcionamiento de los órganos consultivos de carácter económico y social, en particular del Consejo Económico y Social y del Consejo Gallego de Economía y Competitividad, así como de los órganos que se creen específicamente para la participación institucional en la definición de políticas activas de empleo y de desarrollo en los planos económico y social, determinarán la forma en la cual participarán en ellos las entidades de la economía social, cuya representación será designada por las entidades que integran el Consejo de la Economía Social de Galicia.
1. Se promoverá la plena integración de los avances tecnológicos en la gestión de los registros de entidades de la economía social, en particular la incorporación de los medios y procedimientos informáticos.
2. La tramitación de los procedimientos relativos a los registros administrativos de sociedades laborales, centros especiales de empleo y empresas de inserción podrán ser realizados por medios telemáticos.
3. La tramitación de los procedimientos de inscripción y depósito de títulos y documentos, la obtención de certificados y notas simples, así como los trámites vinculados con el Registro de Cooperativas, podrán ser realizados por medios telemáticos, en la medida en que lo permita la implantación de la administración electrónica y los mecanismos de colaboración que se establezcan con la Administración del Estado y el Consejo General del Notariado.
4. La Administración gallega adoptará medidas de coordinación entre sus departamentos y con la Administración del Estado con competencia en materia registral de la economía social para garantizar una información estadística actualizada y ajustada al catálogo regulado en el artículo 7 de la presente ley.
La constitución, puesta en marcha y funcionamiento del Consejo de la Economía Social de Galicia no generará incrementos de las consignaciones presupuestarias del departamento al que se adscribe.
La Xunta de Galicia aprobará, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente ley, un plan de impulso de las entidades de la economía social, con especial atención a las de singular arraigo en su entorno y a las que generen empleo en los sectores más desfavorecidos, siendo convocado el Consejo de la Economía Social de Galicia para su aprobación y evaluación.
En el plazo máximo de seis meses desde la publicación de la presente ley se procederá a adaptar el Decreto 246/2011, de 15 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 13/2008, de 3 de diciembre, de servicios sociales de Galicia, en lo referente a los órganos consultivos y de participación, con arreglo a lo dispuesto en el apartado dos de la disposición final tercera de esta ley. En tanto no se proceda a adaptar el decreto, el Consejo Gallego de Bienestar estará integrado por cuatro vocales en representación de las organizaciones sindicales más representativas en la comunidad autónoma y de las que estén presentes en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, cuatro vocales en representación de las organizaciones empresariales más representativas a nivel gallego y cuatro vocales en representación de las organizaciones profesionales agrarias más representativas a nivel gallego.
1. En tanto el Consello de la Xunta de Galicia no dicte las disposiciones necesarias para la adaptación del régimen previsto en el actual Decreto 254/2011, de 23 de diciembre, por el que se regula el régimen de registro, autorización, acreditación e inspección de servicios sociales en Galicia, a lo establecido en la presente ley en materia de autorización, declaración responsable y comunicación previa para la prestación de servicios sociales, y en particular para cada tipología de servicios sociales dicte las disposiciones necesarias para la adaptación de la normativa sectorial reguladora de cada una de dichas tipologías de servicios al nuevo régimen de intervención administrativa, todos aquellos servicios, centros y programas no sometidos a autorización de acuerdo con lo previsto en esta ley quedarán sometidos al régimen de declaración responsable.
2. Sin perjuicio de lo anterior, quedan sujetos al régimen de comunicación previa los servicios de prevención de las situaciones de dependencia y promoción de la autonomía personal de la cartera de servicios comunes y de la cartera de servicios específicos destinada a personas con alzhéimer y otras demencias neurodegenerativas, a excepción del Servicio de Supervisión y Apoyos Puntuales en Equipamientos Especiales y del Servicio de Apoyo a la Vida Independiente, regulados en el Decreto 149/2013, de 5 de septiembre, los cuales quedan sujetos a autorización previa.
Asimismo, los servicios de prevención de las situaciones de dependencia y promoción de la autonomía personal que en el momento de la entrada en vigor de la presente ley consten comunicados al órgano con atribuciones en materia de autorización e inspección de la consejería de la Xunta de Galicia con competencia en materia de servicios sociales no estarán obligados a presentar nueva comunicación previa.
3. Las solicitudes de autorización conforme a lo previsto en la Ley 13/2008, de servicios sociales de Galicia, y en la normativa que la desarrolla, que se encuentren en tramitación a la entrada en vigor de la presente ley respecto a servicios, centros y programas que en virtud de lo dispuesto en la misma y en la correspondiente normativa sectorial pasen a estar sujetos al régimen de declaración responsable o comunicación previa se resolverán de conformidad con el procedimiento previsto en la normativa anterior y según los requisitos exigidos en la normativa sectorial específica reguladora de ellos vigente en el momento de la presentación de la solicitud, salvo que el o la solicitante opte por desistir de su solicitud e iniciar un nuevo procedimiento.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan o contradigan lo establecido en la presente ley.
La Ley 5/1998, de 18 de diciembre, de cooperativas de Galicia, queda modificada de la siguiente manera:
Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 5, el cual queda redactado en los siguientes términos:
«1. El capital social mínimo para constituirse y funcionar una sociedad cooperativa no será inferior a tres mil euros, expresándose en esta moneda, debiendo estar totalmente desembolsado desde su constitución. Se exceptúan las cooperativas juveniles, para las que el capital social mínimo será de trescientos euros».
Dos. Se modifica el primer párrafo del apartado 2 del artículo 12, el cual queda redactado en los siguientes términos:
«2. La asamblea constituyente deliberará y adoptará, como mínimo, los acuerdos sobre todos aquellos extremos que resulten necesarios para el otorgamiento de la correspondiente escritura de constitución, aprobando, en todo caso, los estatutos de la cooperativa y designando de entre los promotores a las personas que tengan que otorgar la escritura pública de constitución, cuyo número no podrá ser inferior a tres, debiendo estar entre ellos, al menos, el designado como secretario de la asamblea constituyente y los designados para desempeñar los cargos del primer órgano de administración».
Tres. Se suprimen el último párrafo del apartado 1 y el contenido íntegro del apartado 3 del artículo 29. Por tanto, el artículo 29 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 29. Socios colaboradores.
1. Los estatutos podrán prever y regular la existencia de socios colaboradores, personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que, sin poder realizar plenamente el objeto social cooperativo, puedan colaborar en su consecución.
Estatutariamente se determinarán los derechos y obligaciones, fijándose en todo caso la aportación obligatoria mínima, el desembolso de la misma, los requisitos para adquirir la condición de socio, su régimen de baja y el derecho al retorno cooperativo, y, en lo no previsto por estos, por acuerdo de la asamblea general. El conjunto de estos socios, salvo que sean sociedades cooperativas, no podrá superar un tercio de los miembros del órgano de administración, sin que en ningún caso puedan desempeñar los cargos de presidente y vicepresidente del mismo.
Los socios colaboradores que aporten exclusivamente capital percibirán el interés pactado, que no podrá ser inferior al percibido por los socios, ni exceder en más de seis puntos del interés legal del dinero, sin que en ningún caso tengan derecho a percibir el retorno cooperativo.
2. También podrán ser socios colaboradores aquellas cooperativas con las que se hubiera suscrito un acuerdo de colaboración intercooperativo, en las mismas condiciones establecidas en el apartado anterior».
Cuatro. Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 73, con la siguiente redacción:
«4. Con carácter complementario al depósito de los documentos indicados en el apartado anterior, podrá depositarse en el Registro de Cooperativas la memoria social de conformidad con los modelos aprobados por el Consejo Gallego de Cooperativas».
Cinco. Se modifica el apartado 2 del artículo 74, el cual queda redactado en los siguientes términos:
«2. El acuerdo sobre cambio de denominación, cambio de domicilio y modificación del objeto social o del capital social mínimo se anunciará en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia del domicilio social de la cooperativa con carácter previo a su inscripción. La publicación de la inscripción de estos acuerdos en el ‘‘Diario Oficial de Galicia’’ será tramitada por el registro de cooperativas competente con carácter gratuito».
Seis. Se modifica el primer párrafo del apartado 2 del artículo 107, el cual queda redactado en los siguientes términos:
«2. Estatutariamente podrá establecerse para las nuevas personas socias un periodo de prueba no superior a seis meses, salvo que la incorporación esté acogida a programas de promoción del autoempleo cooperativo, caso en el que podrá ser prorrogado por otros seis meses adicionales».
Siete. Se modifica el apartado 1 del artículo 133, el cual queda redactado en los siguientes términos:
«1. Las uniones de cooperativas estarán constituidas, como mínimo, por cinco sociedades cooperativas gallegas, pudiendo formar parte de las mismas las sociedades agrarias de transformación».
Ocho. Se añade una nueva disposición adicional, con la siguiente redacción:
«Disposición adicional novena. Cooperativas juveniles.
Objeto y normas de aplicación.
1. Son cooperativas juveniles las que tienen por objeto proporcionar empleo y un marco apropiado para el desarrollo profesional a la juventud, mediante la prestación de su trabajo personal produciendo en común bienes y servicios para terceros.
Deberán estar formadas mayoritariamente por personas socias trabajadoras con edades comprendidas entre dieciséis y veintinueve años, salvo en caso de que sean personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 %, en el cual la edad máxima será de treinta y cinco años.
2. Las cooperativas juveniles constituyen una especialidad de las cooperativas de trabajo asociado y asimiladas, o de las cooperativas de explotación comunitaria de la tierra o de explotación de recursos acuícolas, resultándoles de aplicación la regulación general y específica que corresponda a su clase, con las siguientes particularidades:
a) Completarán la parte obligatoria de su denominación con la palabra ‘‘juvenil’’ de la siguiente forma: ‘‘Sociedad Cooperativa Gallega Juvenil’’ o ‘‘S. Coop. Gallega Juvenil’’.
b) El capital social mínimo necesario para constituirse y funcionar una sociedad cooperativa juvenil será de trescientos euros, debiendo estar totalmente desembolsados desde su constitución.
c) La inscripción de los actos de constitución, modificación de estatutos, disolución, reactivación y liquidación de las sociedades cooperativas juveniles podrá realizarse en virtud de documentos de carácter privado con los mismos requisitos que los previstos para las escrituras públicas en la Ley de cooperativas de Galicia, en lo que resulte procedente. Las firmas que consten en los documentos deberán estar legitimadas notarialmente o autenticadas por el registro de cooperativas que resulte competente para la inscripción de los referidos actos. Cuando la publicación de los acuerdos referidos a dichos actos resulte preceptiva, se realizará en el ‘‘Diario Oficial de Galicia’’ y será tramitada por el registro de cooperativas competente con carácter gratuito, no resultando obligatoria la publicación en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia del domicilio social de la cooperativa.
d) La cooperativa juvenil se constituirá por tiempo determinado fijado estatutariamente y deberá transformarse en cooperativa ordinaria o disolverse transcurridos cinco años desde su inscripción en el Registro de Cooperativas. Transcurrido el plazo de cinco años sin que se hubiera adoptado el acuerdo de transformación en cooperativa ordinaria, la cooperativa juvenil quedará disuelta de pleno derecho y entrará en periodo de liquidación.
e) El acuerdo de transformación en sociedad cooperativa ordinaria deberá ser adoptado por la asamblea general por más de la mitad de los votos válidamente expresados, no siendo computables a estos efectos los votos en blanco ni las abstenciones, y deberá elevarse a escritura pública e inscribirse en el Registro de Cooperativas.
La transformación requiere el cumplimiento de todos los requisitos exigidos legalmente para la constitución de una cooperativa ordinaria de la clase que se trate y se realizará a través del procedimiento previsto en el artículo 74, en cuanto resulte procedente.
f) La reducción del número de personas socias trabajadoras que tengan entre dieciséis y veintinueve años por debajo de la mayoría exigida para la constitución de cooperativas juveniles sin que se restablezca en el plazo de seis meses, y sin que se acuerde la transformación en cooperativa ordinaria, será causa de disolución, aplicándose lo dispuesto en el artículo 86, apartado d), y concordantes de la presente ley.
g) Anualmente deberá someterse a aprobación de la asamblea general un plan de formación profesional individualizado, que alcance a la totalidad de las personas socias y al que habrán de asignarse los recursos económicos precisos, entre los cuales deberá figurar la dotación total del Fondo de Formación y Promoción Cooperativa».
1. En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente ley, la Xunta de Galicia, a propuesta del consejero o consejera competente en materia de trabajo, aprobará el correspondiente decreto legislativo que refunda la Ley 5/1998, de 18 de diciembre, de cooperativas de Galicia, y sus modificaciones, incluyendo los correspondientes preceptos contenidos en esta ley.
2. La autorización a que se refiere esta disposición incluye la facultad de regularizar, clarificar y armonizar los textos legales que tengan que refundirse.
La Ley 13/2008, de 3 de diciembre, de servicios sociales de Galicia, queda modificada de la siguiente manera:
Uno. Se modifica el párrafo último del apartado 2 del artículo 29, el cual queda redactado como sigue:
«Por razones de salud pública directamente vinculadas con la garantía de la adecuada atención y protección de los usuarios de los servicios sociales, siempre que incluyan prestaciones ligadas a la salud de acuerdo con las respectivas normativas sectoriales que los regulan, la prestación de los servicios para personas mayores, con discapacidad y/o con dependencia, de los servicios para la infancia y la adolescencia, y de los servicios de acogida o inclusión está sujeta, con carácter previo al inicio de la actividad, a la correspondiente autorización dictada por el órgano con atribuciones en materia de autorización e inspección de la consejería de la Xunta de Galicia con competencia en materia de servicios sociales, en los términos previstos en la presente ley y en su normativa de desarrollo.
La prestación de los servicios que supongan el ejercicio privado de funciones públicas relativas al acogimiento residencial de menores o a la aplicación de medidas judiciales a menores, así como la prestación de servicios de educación infantil sujetos a autorización de conformidad con las leyes en materia educativa que los regulan, está sujeta con carácter previo al inicio de la actividad a la correspondiente autorización dictada por el órgano con atribuciones en materia de autorización e inspección de la consejería de la Xunta de Galicia con competencia en materia de servicios sociales, en los términos previstos en la presente ley y en su normativa de desarrollo.
La prestación de los restantes servicios sociales está sujeta, con carácter previo al inicio de la actividad y en los términos previstos en la presente ley y en su normativa de desarrollo, a la presentación de la correspondiente declaración responsable o comunicación previa, de acuerdo con lo previsto en la normativa sectorial de aplicación, sin perjuicio de las facultades de control, comprobación e inspección que corresponden al órgano con atribuciones en materia de autorización e inspección de la consejería de la Xunta de Galicia con competencia en materia de servicios sociales. Dichas facultades de control, comprobación e inspección podrán ejercitarse en cualquier momento».
Dos. Se modifica la letra c) y se añaden dos nuevas letras c bis) y c ter) en el artículo 40.2, las cuales quedan redactadas como sigue:
«c) Las organizaciones empresariales más representativas a nivel gallego, que designarán de común acuerdo a sus representantes.
c bis) Las organizaciones sindicales más representativas a nivel gallego y las que estén presentes en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, que designarán de común acuerdo a sus representantes.
c ter) Las organizaciones profesionales agrarias más representativas a nivel gallego, que designarán de común acuerdo a sus representantes».
Tres. Se modifica el apartado 1 del artículo 67, el cual queda redactado como sigue:
«1. La inscripción de las entidades titulares o gestoras de servicios, centros o programas en el Registro Único de Entidades Prestadoras de Servicios Sociales, adscrito a la consejería de la Xunta de Galicia con competencias en materia de inspección de servicios sociales, se efectuará de oficio con la resolución de autorización, o con la presentación de la declaración responsable o de la comunicación previa conforme a lo dispuesto en la correspondiente normativa sectorial.
Sin prejuicio de lo anterior, las entidades prestadoras de servicios sociales, según la definición de los servicios sociales contenida en el artículo 2 de la presente ley, podrán solicitar su inscripción en dicho registro».
Cuatro. Se modifica el artículo 68, el cual queda redactado como sigue:
«Artículo 68. Régimen de la autorización, declaración responsable o comunicación previa.
1. Los servicios, centros y programas de servicios sociales de titularidad pública y privada que se desarrollen en Galicia precisarán, con carácter previo, para su creación o construcción, inicio de actividades, modificación sustancial y cese de actividades obtener la autorización o presentar la correspondiente declaración responsable o comunicación previa ante el órgano con atribuciones en materia de autorización e inspección de la consejería de la Xunta de Galicia con competencia en materia de servicios sociales, de conformidad con lo dispuesto en la normativa de unidad de mercado, en la presente ley y en la correspondiente normativa sectorial, sin perjuicio de otras autorizaciones o licencias exigibles de acuerdo con la legislación vigente.
2. En el supuesto de servicios, centros y programas promovidos por los municipios o diputaciones, además de lo indicado en el apartado anterior, estos quedarán supeditados al cumplimiento de los requisitos siguientes:
a) Plan de viabilidad económica del ayuntamiento o de la diputación, con informe favorable de la persona que ejerza la intervención de la entidad local, en el que se garantice la sostenibilidad financiera de las nuevas actividades económicas, respetando en todo caso el principio de eficiencia y el resto de los requerimientos de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
b) Informe previo y preceptivo, emitido por el órgano competente de la Comunidad Autónoma, acerca de la inexistencia de duplicidades en las competencias o servicios, así como de la oportunidad y necesidad del recurso en cuestión, a efectos de la planificación estratégica de servicios sociales de la Comunidad Autónoma.
3. Reglamentariamente se desarrollarán las condiciones y los procedimientos para la obtención, revocación y suspensión de las autorizaciones, así como el régimen de la declaración responsable o comunicación previa según lo previsto en la normativa sectorial de aplicación.
Los procedimientos administrativos para la tramitación de las diferentes autorizaciones tendrán una duración máxima de seis meses. Una vez transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado resolución administrativa, las solicitudes se entenderán desestimadas por silencio administrativo en los procedimientos relativos a la obtención de las diferentes autorizaciones, con lo cual se producirá la caducidad en los procedimientos relativos a la suspensión y revocación de las autorizaciones administrativas.
4. Cuando la creación o construcción, la modificación sustancial o el inicio de actividades de un servicio, centro o programa de servicios sociales se realice sin la preceptiva autorización administrativa o, en su caso, sin la presentación de la declaración responsable o comunicación previa de conformidad con lo previsto en la presente ley y en su normativa de desarrollo, el órgano con atribuciones en materia de autorización e inspección de la consejería de la Xunta de Galicia con competencia en materia de servicios sociales podrá disponer la clausura del centro o la suspensión inmediata de las actividades, previa tramitación del correspondiente procedimiento en los términos que reglamentariamente se establezcan, con audiencia, en todo caso, de la persona interesada, y sin perjuicio de lo que proceda en materia sancionadora».
Cinco. Se modifican las letras a) y g) del artículo 73, las cuales quedan redactadas como sigue:
«a) Verificar el cumplimiento de los requisitos y condiciones exigibles para la prestación y el funcionamiento de los servicios de conformidad con su normativa sectorial específica, y para la acreditación en materia de servicios sociales».
«g) Emitir informes y proponer la iniciación de expedientes sancionadores, la adopción de medidas cautelares, la clausura o cese definitivo de servicios, centros y programas, la suspensión o cese temporal de servicios, centros y programas, la revocación de las autorizaciones y de las resoluciones dictadas en el procedimiento de comprobación en el caso de servicios sujetos a declaración responsable, así como la revocación y suspensión de las acreditaciones concedidas».
Seis. Se modifican las letras a) y c) del artículo 81, las cuales quedan redactadas como sigue:
«a) El inicio, modificación sustancial o cese de actividades de servicios, centros o programas careciendo de la autorización administrativa correspondiente o, en su caso, la no presentación de la declaración responsable o de la comunicación previa que resulte procedente según la normativa sectorial de aplicación.
La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se adjunte o incorpore a la solicitud de autorización o a la presentación de una declaración responsable o comunicación previa».
«c) No prestar el tratamiento técnico propio de la finalidad específica del servicio, centro o programa según la normativa sectorial de aplicación».
Siete. Se añade una nueva disposición adicional, con la redacción siguiente:
«Disposición adicional séptima bis. Referencias normativas a la autorización y al régimen de autorización.
Las referencias a la autorización contenidas en la Ley de servicios sociales de Galicia en el artículo 2, apartados 3 y 4, el artículo 59, letra d), relativa a la competencia, y el artículo 69, relativo a la acreditación, se entenderán efectuadas a la autorización, declaración responsable o comunicación previa de conformidad con lo dispuesto en la presente ley y en la correspondiente normativa sectorial.
A su vez, las referencias contenidas en la rúbrica del capítulo I del título VIII de la ley y en el artículo 70 al régimen de autorización administrativa se entenderán efectuadas al régimen de la autorización, declaración responsable o comunicación previa de conformidad con lo dispuesto en la presente ley y en la correspondiente normativa sectorial».
1. Se autoriza al Consello de la Xunta de Galicia para dictar las disposiciones reglamentarias que sean precisas para la aplicación y desarrollo de la presente ley.
2. En particular, el Consello de la Xunta de Galicia dictará en el plazo de seis meses desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial de Galicia las disposiciones reglamentarias que sean precisas para la aplicación y desarrollo de lo previsto en la disposición final tercera.
La presente ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Diario Oficial de Galicia».
Santiago de Compostela, 4 de mayo de 2016.–El Presidente, Alberto Núñez Feijóo.
(Publicada en el «Diario Oficial de Galicia» número 93, de 18 de mayo de 2016)
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