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Con fecha 18 de abril se publicó en el «Boletín Oficial del Estado» la Resolución de 12 de abril de 2017, de esta Secretaría de Estado de Justicia, por la que, una vez instruido el procedimiento de concesión directa y acreditado que el Consejo General de los Procuradores de España cumplía con los requisitos previstos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en su Reglamento de desarrollo, se resolvía la concesión al Consejo General de los Procuradores de España de una subvención directa por importe de 2.796,86 miles de euros para la prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita, en el ámbito de competencia del Ministerio de Justicia.

El apartado noveno de la Resolución de 12 de abril de 2017, establece que la misma podrá modificarse como consecuencia de la alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, estableciendo también que la modificación de la resolución de concesión se dictará por el titular de la Secretaría de Estado de Justicia y deberá ser motivada. En base al mencionado apartado noveno, y teniendo en cuenta que finalmente el número de actuaciones profesionales de procuradores del turno de oficio han sido superiores a las valoradas en el momento de la concesión de la subvención, esta Secretaría de Estado, a propuesta de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, resuelve:

Primero.

Ampliar en 149.481,22 euros el importe de la subvención directa concedida al Consejo General de los Procuradores de España por Resolución de 12 de abril de 2017, para la prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita, en el ámbito del Ministerio de Justicia.

De forma que la cantidad total de concesión de la subvención directa sea 2.946.341,22 euros, con cargo al crédito disponible en la aplicación presupuestaria 13.02.112ª.484 del Presupuesto de Gastos del Ministerio de Justicia.

Esta resolución pone fin a la vía administrativa, pudiendo ser recurrida en reposición en el plazo de un mes ante el Ministerio de Justicia de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o directamente, mediante la interposición de recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses de acuerdo con lo dispuesto en artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Madrid, 15 de diciembre de 2017.–La Secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés Martín.