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Documento BOE-A-2000-3151

Resolución de 3 enero 2000, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por don José María Buxeda Maisterra, en nombre y representación de la Comisión Liquidadora del Convenio de Acreedores de la Suspensión de Pagos de la Compañía "Andaluza de Minas, S. A.", frente a la negativa de los Registradores mercantiles XV y XVI de Madrid, don Juan Pablo Ruano Borrella y don José María Rodríguez Barrocal, a admitir el recurso interpuesto frente a sendas calificaciones de los mismos.

Publicado en:
«BOE» núm. 40, de 16 de febrero de 2000, páginas 7126 a 7128 (3 págs.)
Sección:
III. Otras disposiciones
Departamento:
Ministerio de Justicia
Referencia:
BOE-A-2000-3151

TEXTO ORIGINAL

En el recurso gubernativo interpuesto por don José María Buxeda

Maisterra, en nombre y representación de la Comisión Liquidadora del Convenio

de Acreedores de la Suspensión de Pagos de la Compañía "Andaluza de

Minas, S. A.", frente a la negativa de los Registradores mercantiles XV

y XVI de Madrid, don Juan Pablo Ruano Borrella y don José María Rodríguez

Barrocal, a admitir el recurso interpuesto frente a sendas calificaciones

de los mismos.

Hechos

I

De copias simples de las respectivas escrituras, que son las que obran

en el expediente, resulta: Que por la autorizada el 23 de abril de 1997

por el Notario de Madrid don Gerardo Muñoz de Dios se elevaron a públicos

los acuerdos de la junta general, extraordinaria y universal de accionistas

de "Andaluza de Minas, S. A." Unipersonal, celebrada el mismo día, entre

los que figuraban los de disolución, cese del Administrador único y

nombramiento de tres liquidadores ; y por la autorizada para el mismo protocolo

por imposibilidad accidental de su titular por el también Notario de Madrid

don Roberto Blanquer Uberos el 13 de mayo siguiente, se elevaron a

públicos los acuerdos de la junta del mismo carácter, celebrada el mismo 13

de mayo, de aceptación de la renuncia presentada por dos de los

liquidadores anteriormente nombrados y designación como liquidador único

de Don Francisco José Pérez-Manzuco y Hernanz, que resulta ser el otro

liquidador de los tres inicialmente nombrados.

II

Presentadas dichas escrituras en el Registro Mercantil de Madrid se

extendieron a su pie las siguientes notas: En la primera, firmada por el

señor Ruano, en la parte referente a observaciones e incidencias, la que

dice: "Practicada la inscripción únicamente en cuanto a la disolución de

la sociedad y cese del Administrador Unico en virtud de la inscripción

parcial solicitada y conforme a la inscripción del cese del Administrador

a la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado

de 24 de marzo de 1994. Y teniendo en cuenta las Disposiciones contenidas

en los apartados cuarto, sexto, noveno, décimo, decimocuarto y

decimoquinto del Convenio de Acreedores al que se llegó en el expediente de

suspensión de pagos de esta entidad corresponde a la comisión de control

asumir las funciones de comisión liquidadora, sin que de la documentación

presentada se acredite que tal comisión ha adoptado acuerdo alguno que

conlleve la no asunción de las facultades que como tal comisión liquidadora

le atribuye el convenio que figura inscrito en este Registro Mercantil" ;

y en la segunda, firmada por el señor Rodríguez Berrocal, se consignaron

los siguientes defectos: "Presentado el documento precedente junto con

acta autorizada ante el Notario de Madrid don Gerardo Muñoz de Dios

el 10 de abril de 1997, número 2236, y de otro escrito firmado por quien

manifiesta ser don Victorino Pérez, comisión liquidadora de la compañía

"Andaluza de Minas, S. A.", se suspende la inscripción del mismo por

adolecer de los siguientes defectos calificables, en principio, como

subsanables: 1. Ha de inscribirse previamente la escritura autorizada el 23

de abril de 1997, ante don Gerardo Muñoz de Dios, número 2515 de

protocolo, por la cual se acuerda la Disolución de esta sociedad (artículo

11 Reglamento del Registro Mercantil) ; 2. No procede inscribir la renuncia

de los Liquidadores don José Carlos Armengod López de Roa y don Jorge

Bueno Palacios en tanto no consten previamente inscritos como

Liquidadores (artículo 11 Reglamento del Registro Mercantil) ; 3. Conforme

a las Disposiciones contenidas en los apartados cuarto, sexto, noveno,

décimo, decimocuarto y decimoquinto del Convenio de Acreedores al que

se llegó en el expediente de suspensión de pagos de esta entidad

corresponde a la comisión de control asumir las funciones de comisión

liquidadora, sin que de la documentación presentada se acredite que tal

Comisión ha adoptado acuerdo alguno que conlleve la no asunción de las

funciones que como tal comisión liquidadora le atribuye el convenio que figura

inscrito en este Registro Mercantil ; 4. De la documentación presentada

parece deducirse que la comisión de control ya ha adoptado las funciones

como comisión liquidadora lo cual, y en base a las estipulaciones del

convenio, impiden que pueda inscribirse como Liquidador a don Francisco

José Pérez-Manzuco y Hernanz".

III

Don José María Buxeda Maisterra, en nombre y representación de la

Comisión Liquidadora del Convenio de Acreedores de la suspensión de

Pagos de la Compañía "Andaluza de Minas, S. A.", interpuso recurso

gubernativo frente a las anteriores calificaciones en base al argumento esencial

de que no existe incompatibilidad entre la existencia de una comisión

liquidadora nombrada en un convenio de acreedores logrado en el

expediente de suspensión de pagos, cuyas competencias radican en la

realización de unos activos previamente cedidos a los citados acreedores al

transformarse el mismo como consecuencia del incumplimiento por la

suspensa de los pagos a que se había obligado en convenio de cesión

de activos en pago del pasivo, y un liquidador de la sociedad disuelta

con posterioridad, cuyas funciones, representación y naturaleza están

claramente diferenciadas, procediendo a un detallado examen de la naturaleza

de la cesión de bienes en pago de deudas acordada, las funciones de la

comisión liquidadora de las mismas y las que son propias de un liquidador

de una sociedad disuelta.

IV

Los Registradores acordaron inadmitir el recurso en base a los

siguientes fundamentos: 11: No se acredita la representación alegada por el

recurrente ; 21: que la comisión liquidadora, a la que manifiesta representar,

ya está debidamente inscrita y carece de legitimación a los efectos del

articulo 67.a) del Reglamento del Registro Mercantil, no solo por no

acreditar el interés en asegurar los efectos de la inscripción sino, además,

porque el argumento esgrimido, que la calificación del Registrador

Mercantil señala "que la liquidación de la Sociedad Anónima le corresponde

a esta comisión liquidadora" no se corresponde con lo que en la nota

de calificación se expresa ; 31: no se acompañan los documentos a que

se refiere el art. 69 del Reglamento del Registro Mercantil, y 41: Contra

dicha nota ya se ha interpuesto recurso.

V

El recurrente se alzó ante la anterior decisión y por lo que se refiere

a los fundamentos de la inadmisión alegó: Que su representación quedó

acreditada con la copia de la escritura de poder que acompañó al escrito

de interposición del recurso y de existir en el mismo algún defecto de

tipo formal debió otorgársele un plazo para su subsanación ; que en cuanto

a la falta de legitimación de la Comisión Liquidadora la misma consta

efectivamente inscrita en el Registro Mercantil, pero a los únicos efectos

que se inscribió el convenio en el que se nombró, y el acuerdo recurrido

en cuanto inadmite la inscripción del nombramiento de liquidador

efectuado por los accionistas de compañía "Andaluza de Minas S. A."

especificando que tales facultades corresponden a la comisión liquidadora

nombrada en el Convenio de suspensión de pagos afecta sin duda a tal comisión

dado que esa calificación le está atribuyendo unas facultades de las que

carece en absoluto al ser la misma una mera representación de los

acreedores y su función liquidar los bienes que le han sido previamente cedidos,

pero que en ningún caso puede asumir las funciones de liquidador previstas

en el artículo 272 de la Ley de Sociedades Anónimas por lo que, a tenor

del artículo 67.a) del Reglamento del Registro Mercantil ha de considerase

que tiene "interés conocido en asegurar los efectos de la inscripción" del

nombramiento de liquidador ; que si bien los documentos aportados son

copias simples de las escrituras calificadas lo han sido porque al no haber

sido parte interesada en ninguna de ellas no puede obtener copias

autorizadas de las mismas, por lo que de mantenerse en su rigor la exigencia

del artículo 69 de aquel Reglamento se estaría cercenando la legitimación

para recurrir que concede el artículo 67 a quien tenga interés en que

se mantenga la inscripción tan solo a los que, a su vez, estuvieran

legitimados para obtener copias de las correspondientes escrituras y, que

en todo caso, de ser así, debería habérsele concedido un plazo para que

pudiera recabar tales documentos auténticos del Notario autorizante ; y

finalmente, que el hecho de haberse interpuesto recurso frente a la misma

calificación no puede dar lugar a la inadmisión de otro por la sencilla

razón de que aquel extremo puede ser ignorado por el recurrente y supone

una limitación no razonable a la legitimación para recurrir, máxime cuando

el otro recurrente puede conformarse con la resolución desestimatoria

del Registrador sin recurrir frente a ella.

Fundamentos de Derecho

Vistos los artículos 267 y 272 de la Ley de Sociedades Anónimas ; 67.a),

69.2 y 71 del Reglamento del Registro Mercantil ; 224 del Reglamento

notarial y las Resoluciones de 24 de febrero de 1995 y 29 de junio de 1999.

1. Habiendo decidido los Registradores cuyas notas de calificación se

recurren inadmitir el recurso, ha de procederse al examen de las causas

que determinaron tal decisión.

2. La primera consiste en considerar no acreditada, sin mayores

precisiones sobre cual sea la causa de esa falta de acreditación, la

representación alegada por el recurrente. Invoca éste en su escrito la fotocopia

de un poder que acompaña y que según el expediente resulta ser un poder

general para pleitos otorgado por los representantes de tres entidades

jurídicas de las varias que integran la Comisión Liquidadora del Convenio

de Acreedores de la sociedad Compañía Andaluza de Minas, S.A., el 12

de mayo de 1997 ante el Notario de Madrid don Isidoro Lora-Tamayo

Fernández, en el que se conceden amplias facultades, ente otros y

solidariamente al recurrente, para llevar a cabo una serie de actuaciones

judiciales, pero igualmente "para comparecer ante cualquier funcionario

del Estado, provincia o municipio, entablando y siguiendo [...] seguir y

renunciar toda clase de recursos, incluso los gubernativos". Esa falta de

precisión sobre las concretas causas que determinan la alegada falta de

representación, sea la autenticidad del documento aportado, la legitimación

de los poderdantes o el contenido de las facultades concedidas, acarrea,

en aras de evitar una indefensión, que deba desestimarse este motivo

de inadmisión.

3. El segundo de los motivos de inadmisión del recurso es la carencia

de legitimación de la comisión liquidadora resultante de un convenio

logrado en un expediente de suspensión de pagos de la sociedad que ha acordado

su disolución y el nombramiento de liquidador. Al enumerar el

artículo 67 del Reglamento del Registro Mercantil quiénes están legitimados

para interponer recurso gubernativo frente a las calificaciones de los

Registradores se refiere de modo concreto, en su apartado a), a "quien tenga

interés conocido en asegurar los efectos de ésta". En principio cabría

considerar que la comisión liquidadora nombrada en un expediente de

suspensión de pagos es ajena a los acuerdos que en cuanto a su organización

interna pueda adoptar la sociedad, careciendo de legitimación para recurrir

la negativa a su inscripción por falta de interés en asegurar sus efectos.

Pero si la legitimación para ejercitar cualquier acción o interponer recursos

en defensa de los intereses propios ha de ser objeto de interpretación

amplia, en este caso, además, ha de tenerse en cuenta que: Por un lado,

tal comisión de alguna manera tiene que entrar en relación con el propio

suspenso y tal relación ha de serlo a través de los órganos que ostenten

su representación que en el caso de sociedades disueltas deja de

corresponder a los administradores (cfr. artículo 267 de la Ley de Sociedades

Anónimas) corresponde a los liquidadores el conjunto de facultades y

obligaciones que enumera el artículo 272 de la misma Ley, muchas de ellas

evidentemente relacionadas con las actuaciones que ha de llevar a cabo

una comisión liquidadora nombrada en un expediente de suspensión de

pagos, y por otro, y en especial, que en este caso el motivo de la denegación

de la inscripción del nombramiento de liquidador lo basa el Registrador

en que sus funciones competen a la citada comisión liquidadora, extremo

sobre el que ésta se manifiesta en desacuerdo, no puede negársele que

tenga un interés legítimo en que tal inscripción se practique, delimitando

así las funciones que le son propias y evitando que se le puedan imputar

otras que considera que no le corresponden, por lo que también este motivo

de inadmisión ha de desestimarse.

4. El tercero de los motivos por los que no se ha dado lugar a admitir

el recurso es la falta de aportación de los documentos que a tal fin exige

el artículo 69.2 del Reglamento del Registro Mercantil. Y esta causa de

la inadmisión ha de mantenerse. Exige aquella norma que al escrito de

interposición del recurso se acompañen, originales o debidamente

testimoniados, los documentos calificados por el Registrador. Esta exigencia,

como han señalado las Resoluciones de 24 de febrero de 1995 y 29 de

junio de 1999 aparece justificada por el hecho de que el recurso, en su

primera fase, trata de obtener del Registrador una reconsideración o

reforma de su calificación, para lo que es imprescindible que a la vista de

los argumentos del recurrente, pueda volver a examinar los documentos

que dieron lugar a ella y que habrán sido devueltos con la nota

correspondiente, sean los mismos u otros que garanticen la identidad de su

contenido. A estos efectos el interés legítimo para recurrir habrá de

compaginarse, en su caso, con el que para la obtención de copias de las

escrituras públicas por interesados distintos de los otorgantes establece el

artículo 224 del Reglamento Notarial.

5. El cuarto y último de los motivos de inadmisión no puede

mantenerse. El hecho de que cualquiera de las personas legitimadas para

recurrir una calificación haya hecho uso de tal derecho no puede ser un

obstáculo para que otra de las que también lo estén no puedan acudir

al mismo. La posible ignorancia sobre la existencia de otro recurso, la

diversidad de argumentos en que cada uno puede fundar el suyo, la

posibilidad de desistir del mismo una vez entablado o el carácter facultativo

de la alzada frente a la decisión del Registrador (cfr. artículo 71 del

Reglamento del Registro Mercantil) obligan a admitir cuantos se presenten frente

a una misma calificación por quien esté legitimado para recurrirla.

Esta Dirección General ha acordado desestimar parcialmente el recurso

y confirmar la inadmisión acordada por los Registradores tan solo por

el tercero de los motivos en que se fundó.

Madrid, 3 de enero de 2000.-El Director general, Luis María Cabello

de los Cobos y Mancha.

Sr. Registrador Mercantil de Madrid número XV y XVI.

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