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En el recurso gubernativo interpuesto por el Letrado del Principado

de Asturias, en representación de la Comunidad Autónoma, contra la

negativa del Registrador de la Propiedad de Oviedo, número 5, don Manuel

Parga López, a practicar una anotación preventiva de embargo, en virtud

de apelación del recurrente.

Hechos

I

En procedimiento de apremio administrativo, seguido contra

"Confecciones Gijón, Sociedad Anónima", por débitos del Impuesto sobre Bienes

Inmuebles, años 1991, 1992 y 1993, el 22 de noviembre de 1994, el Servicio

Regional de Recaudación del Principado de Asturias, el Recaudador dictó

providencia, ordenando el embargo del edificio sito en la calle Balmes,

números 52-54, de Gijón, finca registral número 2.499 del Registro de la

Propiedad de Oviedo, número 5, indicándose que se ha notificado y

requerido el pago al deudor "Confecciones Gijón, Sociedad Anónima", y al

propietario actual de la finca embargada "Construcciones Tascón, Sociedad

Limitada", al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 39/1988,

Reguladora de las Haciendas Locales, puesto que en procedimiento

ejecutivo seguido ante el Juzgado de lo Social número 1 de dicha ciudad,

la finca mencionada fue subastada, adjudicada y cedida el remate a favor

de "Construcciones Tascón, Sociedad Limitada" el 5 de mayo de 1995,

inscribiéndose a su favor en el Registro de la Propiedad.

II

Presentado mandamiento de embargo de la citada finca en el Registro

de la Propiedad de Oviedo, número 5, expedido por el Servicio Regional

de Recaudación del Principado de Asturias, fue calificado con la siguiente

nota: "Presentado nuevamente el mandamiento en este Registro el 8 de

marzo de 1995, motivando el asiento 1.530 del diario 20, se califica

nuevamente en la siguiente forma: Suspendida la práctica de la anotación

de embargo ordenada porque la finca se encuentra inscrita a favor de

"Construcciones Tascón, Sociedad Limitada", y de conformidad con el

artículo 195 de la Ley Hipotecaria, la hipoteca legal por contribuciones

alcanza solamente a la anualidad corriente y la última vencida no satisfecha,

es decir, las anualidades de 1994 (año en que se expidió el presente

mandamiento) y 1993. El mandamiento de anotación incluye, sin distribuir,

los débitos de contribución de 1990, 1991, 1992 y 1993, y además no se

dice expresamente que las contribuciones son por IBI devengado por la

propia finca objeto de embargo. Defecto subsanable. No se solicita

anotación de suspensión. Contra la presente nota de calificación cabe recurso

gubernativo ante el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del

Principado de Asturias, conforme al artículo 66 de la Ley Hipotecaria, y en

la forma y plazos que señalan los artículos 112 y siguientes del Reglamento

Hipotecario. Gijón, 13 de marzo de 1995.-El Registrador.-Firmado, Manuel

Parga López".

III

El Letrado del Principado de Asturias, en representación de la

Comunidad Autónoma, interpuso recurso gubernativo contra la anterior

calificación, y alegó: "1. o Que respecto a que la finca figura inscrita a nombre

de "Construcciones Tascón, Sociedad Limitada", carece de fundamento

legal y lógico. El mandamiento va dirigido contra la entidad cuyo nombre

figura inscrito dicho bien en el Registro, y así se hace constar expresamente.

Que, igualmente, se hace constar que el titular registral ha sido notificado

y requerido de pago, así con la fundamentación legal en base a la cual

se ha efectuado. Que en la calificación el señor Registrador se extralimita

de las facultades que le confiere el artículo 99 del Reglamento Hipotecario.

Que la causa de denegación no se ajusta a lo dispuesto en la norma de

directa aplicación, cual es el artículo 76 de la Ley 39/1988, de 28 de

diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales. 2. o Que la denegación por

considerar que la hipoteca legal sólo abarca dos anualidades, configura a

la misma como una limitación de la afección de bienes y no como una

figura autónoma o independiente de la misma: a) El requerimiento

realizado por el Servicio Regional de Recaudaciones no se hizo al amparo

de lo dispuesto en el artículo 194 de la Ley Hipotecaria, sino tal como

señala el mandamiento al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de

la Ley 39/1988, antes citado. b) Que hay que considerar lo dispuesto en

el artículo 41 de la Ley General Tributaria de que los adquirientes a bienes

afectos por la Ley a la deuda tributaria, responden con ellos, por derivación

de la acción tributaria, si la deuda no se paga. c) Que el precepto citado

anteriormente se remite a la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

para señalar los límites de la derivación de la acción tributaria, pero el

procedimiento viene establecido en la Ley General Tributaria. Que así

es la interpretación de los Tribunales de Justicia, señalándose lo declarado

en la sentencia de la Audiencia Territorial de Barcelona, de fecha 8 de

marzo de 1989. Que se concluye considerando que no deben existir otros

límites que aquéllos aplicables a cualquier otra deuda tributaria, como

por ejemplo, es el plazo de prescripción de cinco años, señalado en el

artículo 64 de la Ley Tributaria. d) Que tampoco puede denegarse la

anotación preventiva de embargo por falta de distribución de los débitos,

puesto que el embargo recae única y exclusivamente sobre la finca registral

número 2.499, y no se dan por tanto las condiciones señaladas en el

artículo 119 de la Ley Hipotecaria, y 296 de su Reglamento, para proceder

a la distribución del crédito garantizado. e) Que el criterio mantenido

se refuerza a la vista de lo que disponen los artículos 73 de la Ley General

Tributaria, y 35 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por

Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre, en los que se contempla

otra garantía, añadida y no excluyente, de la Administración para lograr

el cobro de las deudas tributarias, consistente en la existencia de una

prelación especial, conforme a la cual quedan al margen los principios

hipotecarios, ostentando la Administración una preferencia de cobro de

la anualidad corriente en el momento de efectuarse la transmisión y la

inmediata anterior. 3. o Que en cuanto a que en el mandamiento no se

hace mención a que los débitos son por Impuesto sobre Bienes Inmuebles,

devengado por la propia finca embargada, resulta intrascendente al tener

carácter subsanable".

IV

El Registrador de la Propiedad, en defensa de su nota, informó: "Que

en lo referente al tercer defecto de la nota, se modifica la calificación

retirando dicho defecto, por entenderse que queda acreditado en virtud

de documentos aportados en el recurso gubernativo. Que los extremos

a discutir en este recurso son dos: a) Si un mandamiento dictado en

procedimiento seguido contra quien no es titular de la finca, puede ser anotado

simplemente porque el mismo mandamiento dice que el titular actual ha

sido notificado y requerido de pago. Que para que un documento se inscriba

en el Registro de la Propiedad es esencial que la persona contra quien

se ha seguido el procedimiento en los administrativos sea precisamente

el titular registral. Esta materia no se puede sustraer a la calificación

del Registrador. Que en este caso el documento presentado es un

mandamiento administrativo de embargo. Que "Confecciones Gijón, Sociedad

Anónima" era titular de la finca y que en procedimiento ejecutivo la finca

fue embargada y subastada el 22 de marzo de 1994, y se cedió en remate

el 5 de mayo siguiente, dictando auto aprobatorio el 5 de septiembre,

que se inscribió el 15 de febrero de 1995. Que cuando se dicta la providencia

de apremio de 20 de diciembre de 1993 la finca es propiedad de

"Confecciones Gijón, Sociedad Anónima", contra la que se sigue el

procedimiento; pero en el momento de proceder al embargo, el 21 de septiembre

de 1994, resulta que la finca ha sido adquirida recientemente por

"Construcciones Tascón, Sociedad Limitada". Que se considera que no es

suficiente para entender cumplido el tracto registral que en un procedimiento

seguido contra el titular anterior se diga que el actual titular ha sido

notificado y requerido de pago, y tampoco es suficiente para practicar

la anotación que en el mandamiento de embargo se diga lo mismo. Que

es necesario que el actual titular haya sido parte esencial en el

procedimiento, o sea, que se haya seguido contra él. Que si no es así, la

Administración sólo podrá ejecutar los débitos por razón de la afección real,

o sea, por la hipoteca legal tácita. b) Que conforme a lo dispuesto en

el artículo 194 de la Ley Hipotecaria, 41 y 73 de la Ley General Tributaria,

la situación es clara; el adquiriente de una finca que inscribe su adquisición

sabe, cualquiera que fuere la situación fiscal del vendedor, él solamente

responderá como máximo de dos mensualidades de contribución (hoy IBI).

Que, sin embargo, se publica el 30 de diciembre de 1988 la Ley Reguladora

de las Haciendas Locales, cuyas disposiciones, y en concreto el artículo 76,

introducen una distorsión que tiene que ser interpretada. Que el

ordenamiento jurídico es un conjunto que debe ser interpretado

armónicamente. Que hay un principio básico en la regulación del Derecho

Inmobiliario en España: "Lo no inscrito no puede perjudicar al que inscribe".

Que toda solución contraria ha de ser tomada como una excepción que

debe estar claramente expresada y ser interpretada restrictivamente. Que

no cabe interpretar el artículo 76 de la Ley de las Haciendas Locales

como una clara excepción al principio sentado por la Ley Hipotecaria

y la Ley General Tributaria, cuando señalan que el derecho absoluto de

la Hacienda al cobro de sus tributos queda limitado cuantitativamente

cuando entra en colisión con el tercer adquiriente, máxime cuando el

artículo 76 antes citado hace expresa referencia a los términos previstos

en la Ley General Tributaria. Que el Reglamento General de Recaudación,

publicado el 3 de enero de 1991, en sus artículos 34 y 35, sigue recogiendo

el sistema general. Que, por tanto, para poder interpretar en conjunto

las disposiciones anteriores hay que concluir que las Haciendas Locales

podían exigir, a los titulares de los inmuebles, el pago de la totalidad

de los débitos pendientes por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, a menos

que el adquiriente sea tercero registral, en cuyo caso sólo se le podría

exigir un máximo de dos anualidades. Que de acuerdo con esta

interpretación es lógica la exigencia de la nota de calificación de desglosar

por anualidades los débitos, pues de esa forma podría tomarse la anotación

limitada a dos anualidades garantizadas por la Ley".

V

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Principado de

Asturias confirmó la nota del Registrador fundándose en los argumentos

expuestos por éste en su informe.

VI

El Letrado recurrente apeló el auto presidencial, manteniéndose en

sus alegaciones y añadió: "Que el artículo 76 de la Ley 39/1988, de 20

de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, no contiene limitación

temporal alguna respecto de los débitos cuya anotación se solicita".

Fundamentos de Derecho

Vistos los artículos 24 de la Constitución Española; 1.923.1 del Código

Civil; 1, 20, 40 y 194 de la Ley Hipotecaria; 76 de la Ley 39/1988, de

20 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, y 37 y 41 de la

Ley General Tributaria.

1. En el supuesto del presente recurso se debate sobre la procedencia

de una anotación preventiva de embargo acordado en procedimiento de

apremio administrativo seguido para el cobro del Impuesto sobre Bienes

Inmuebles, devengado por la finca trabada en los ejercicios 1990 a 1994,

contra la entidad "Confecciones Gijón, Sociedad Anónima", que era

propietaria en esos años, habida cuenta que: a) El 22 de diciembre de 1993,

se dicta providencia de apremio contra "Confecciones Gijón, Sociedad

Anónima". b) El 22 de noviembre de 1994, se dicta providencia del Recaudador

ordenando su embargo de la finca en cuestión, indicándose en ella que

se ha notificado y requerido de pago al deudor "Confecciones Gijón,

Sociedad Anónima" y al propietario de la finca "Construcciones Tascón, Sociedad

Limitada", quien la había adquirido de aquél por subasta pública el 5

de mayo de 1994, inscribiéndola a su favor en el Registro de la Propiedad

el 15 de febrero de 1995. c) El Registrador suspende el despacho por

el siguiente defecto: "Suspendida la práctica de la anotación de embargo

ordenada, porque la finca se encuentra inscrita a favor de "Construcciones

Tascón, Sociedad Limitada", y de conformidad con el artículo 195 de la

Ley Hipotecaria, la hipoteca legal por contribuciones alcanza solamente

a la anualidad corriente y la última vencida y no satisfecha, es decir,

las anualidades de 1994 (año en que se expidió el presente mandamiento)

y 1993. El mandamiento de anotación incluye, sin distribuir, los débitos

de contribución de 1990, 1991, 1992 y 1993, y además no se dice

expresamente que las contribuciones son por IBI devengado por la propia finca

objeto de embargo. Defecto subsanable".

2. La primera de las cuestiones que ahora ha de decidirse es la de

si la inscripción de la finca a favor de persona distinta de aquélla contra

la que se sigue el procedimiento es obstáculo para la anotación de embargo

pretendida o, si como invoca el recurrente, la práctica de la notificación

y requerimiento de pago a dicho titular registral actual es suficiente en

tales efectos. A este respecto ha de tenerse en cuenta que: a) Es principio

básico de nuestro sistema registral el de que todo título que pretenda

su acceso al Registro ha de venir otorgado por el titular registral o en

procedimiento seguido contra él (cfr. artículos 20 y 40 de la Ley

Hipotecaria), alternativa esta última que no hace sino desenvolver en el ámbito

registral el principio constitucional de salvaguardia jurisdiccional de los

derechos e interdicción de la indefensión (cfr. artículo 24 de la Constitución

Española) y el propio principio registral de salvaguardia judicial de los

asientos registrales (cfr. artículo 1 de la Ley Hipotecaria). b) Que si bien

es cierto que, de conformidad con los artículos 76.1 regulador de las

Haciendas Locales, y 41 de la Ley General Tributaria, el bien ahora embargado,

cualquiera que sea titular, está afecto a las deudas tributarias derivadas

del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (sin prejuzgar por ahora del alcance

de esa afección), no lo es menos que para hacer valer esa afección cuando

los bienes no pertenecen ya al sujeto pasivo de esa deuda tributaria es

preciso una previa derivación de la acción tributaria, contra el propio

actual, lo que, a su vez, requiere el consiguiente acto administrativo de

derivación de la acción, reglamentariamente notificado y concediendo al

destinatario la posibilidad de pagar, dejar que prosiga la acción, reclamar

contra la liquidación o contra la procedencia de dicha derivación

(cfr. artículos 37.4 y 41.2 de la Ley General Tributaria), conciliándose

así las exigencias fiscales con aquéllas señaladas anteriormente relativas

al tracto registralyalasalvaguardia judicial de los derechos. En

consecuencia, ha de concluirse en la procedencia del defecto impugnado dada

la imposibilidad de asimilar a este acto de derivación de la acción tributaria

el mero requerimiento de pago efectuado en el caso debatido al titular

registral actual.

Las consideraciones anteriores hacen innecesario examinar el segundo

de los defectos, esto es, la extensión de la afección prevista en los

artículos 76 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 41 y 7 de la Ley

General Tributaria, 194 de la Ley Hipotecaria y 1.923.1 del Código Civil.

Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar

el auto apelado.

Madrid, 2 de febrero de 1999.-El Director general, Luis María Cabello

de los Cobos y Mancha.

Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.