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Documento BOE-A-1999-408

Resolución de 24 de noviembre de 1998, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en recurso gubernativo interpuesto por doña Áurea Renedo Pascual, Administradora única de la entidad mercantil «Viuda de Mariano Renedo, Sociedad Anónima», contra la negativa de la Registradora Mercantil de Segovia, doña María Ángeles Echave-Sustaeta de la Torre, a inscribir una escritura de poder.

Publicado en:
«BOE» núm. 7, de 8 de enero de 1999, páginas 774 a 775 (2 págs.)
Sección:
III. Otras disposiciones
Departamento:
Ministerio de Justicia
Referencia:
BOE-A-1999-408

TEXTO ORIGINAL

En el recurso gubernativo interpuesto por doña Áurea Renedo Pascual,

Administradora única de la entidad mercantil "Viuda de Mariano Renedo,

Sociedad Anónima", contra la negativa de la Registradora Mercantil de

Segovia, doña María Ángeles Echave-Sustaeta de la Torre, a inscribir una

escritura de poder.

Hechos

I

Mediante escritura autorizada por el Notario de Madrid don José María

Olivares James el día 3 de agosto de 1995, doña Áurea Renedo Pascual,

actuando en su calidad de Administradora única de la entidad mercantil

"Viuda de Mariano Renedo, Sociedad Anónima", otorgó poder tan amplio

y bastante como en Derecho se requiera y sea necesario, a favor de sus

cuatro hermanas (todas ellas accionistas de la citada sociedad) y de sí

misma, para que en nombre y representación de dicha sociedad ejerciten,

individualmente o por separado, las facultades que en la escritura se

mencionan.

II

Presentada copia de la escritura en el Registro Mercantil de Segovia,

fue calificada con la siguiente nota: "Denegada la inscripción en cuanto

al poder conferido a doña Áurea Renedo Pascual, por las siguientes razones:

1. Porque teniendo la representación orgánica la máxima amplitud, no

puede después restringirse concediendo un poder. 2. Porque las

facultades de actuación de doña Áurea Renedo Pascual, derivan de su condición

de Administradora única, y carece por tanto de sentido que se atribuya

facultades por otra vía. 3. Porque no está reconocido en nuestro

ordenamiento la figura del autopoder. En cuanto a los poderes conferidos a

las demás personas, no se ha practicado la inscripción por no haber sido

solicitada la inscripción parcial, según lo dispuesto en el artículo 63 del

Reglamento del Registro Mercantil. La presente nota podrá recurrirse en

el plazo de dos meses en los términos previstos en los artículos 66 y

siguientes del Reglamento del Registro Mercantil. Segovia, 17 de octubre

de 1996.-El Registrador. Firma ilegible".

III

Doña Áurea Renedo Pascual interpuso recurso de reforma contra la

anterior calificación, y solicitó que si la decisión del Registrador mantiene

en todo la calificación se eleve, sin más trámites a la Dirección General

de los Registros y del Notariado y alegó: 1. o Que la nota no contiene

expresión de normativa alguna (ni legal ni estatutaria) que se considere

infringida, ni tampoco doctrina de la Dirección General de los Registros

y del Notariado. 2. o Que en lo que atañe al primero de los defectos,

hay que señalar que el apoderamiento voluntario de facultades concretas

a favor de la persona del Administrador único no implica restricción para

éste de las que ostente en virtud de representación orgánica, aunque sólo

sea por aplicación del principio jurídico "Non debet, cui plus licet, quod

minus est non licere" (sic). Que el sistema representativo de la sociedad

anónima tiene dos vertientes: a) La representación orgánica, por parte

del órgano de administración, establecida por la normativa legal y

estatutaria; b) la representación voluntaria por medio de miembros del órgano

de administración o de cualquier otra persona; y no existe incompatibilidad

entre ambos, pues son distintas y compatibles. 3. o Que en cuanto al

segundo de los puntos de la nota de calificación, hay que reiterar lo dicho

en el apartado anterior y añadir que "carece de sentido" parece aludir

a algo absurdo o sin utilidad, pues en cuanto a criterios de utilidad, es

algo a decidir por el órgano de administración, entre cuyas facultades

está organizar la representación voluntaria de la sociedad anónima en

la forma que tenga por conveniente, mediante los apoderamientos o

mandatos que considere oportunos, en tanto no se infrinja alguna norma legal

o estatutaria. 4. o Que el tercero de los defectos de la nota, hay que decir

que lo relevante jurídicamente es la falta de prohibición de la figura de

autopoder y, por tanto, el principio de libertad que rige en el ámbito

del Derecho privado debe conducir a admitir tal figura. Que en nuestro

ordenamiento no está vedada la figura de la autocontratación, siempre

que se tengan la representación y las facultades necesarias. Que la

concesión de poderes deviene facultad exclusiva del órgano de administración,

según establece claramente el artículo 141 de la Ley de Sociedades

Anónimas, texto refundido de 1989. Que de ello se deduce que el Administrador

único, como representación orgánica de la sociedad, puede organizar la

representación voluntaria mediante el otorgamiento de tal representación

a favor de sí mismo, como persona física, no habiendo en nuestro

ordenamiento precepto que prohíba tal figura de autopoder. 5. o Que se trata

de otorgar poder dentro de una sociedad de carácter familiar, a todos

los accionistas integrantes de la misma.

IV

La Registradora decidió mantener en su integridad la calificación

recurrida, e informó: 1. Que la nota reúne todos los rasgos formales y

de fondo exigidos por el Reglamento del Registro Mercantil, y no se citan

disposiciones y doctrina jurisprudencial, porque la calificación no se basa

en ellos (según artículo 62, apartado 3 del Reglamento del Registro

Mercantil), sino que se basa en ideas tal elementales del Derecho de sociedades

y de la lógica, que resulta innecesario aducir preceptos concretos. 2. Que

al atribuirse facultades limitadas a la Administradora única, y a pesar

de ello no se limitan, caben tres posibilidades inadmisibles: a) Que se

atribuye aún poder al Administrador único, con el propósito de limitar

sus facultades. En tal caso, la atribución del poder sería contraria a la

Ley; b) que se atribuya poder al Administrador único con el propósito

de limitar sus facultades pero sin limitárselas de hecho. Esta posibilidad,

como es inimaginable, el legislador no la ha prohibido; c) que se le

atribuya un poder general cuyo ámbito coincida con las facultades

representativas orgánicas. En este caso, el Administrador no vería alteradas

en absoluto las facultades que ostentaba. Que el Administrador único puede

hacer todo en representación para cualquier acto concreto. Que de

inscribirse el apoderamiento concedido, los asientos registrales crearían una

confusión, pues se introduciría en el Registro una contradicción entre

ilimitación de las facultades representativas orgánicas y limitación de las

facultades representativas voluntarias, que implicaría oscuridad del

contenido registral y, consiguientemente vulneración del principio de

especialidad. 3. Que cuando la Registradora firma en la nota que "carece

de sentido...", no está haciendo un juicio en términos de utilidad, sino

en términos jurídicos. 4. Que hay que señalar que todo contrato requiere

dos voluntades (artículo 1.261 del Código Civil). En el caso del "autopoder",

a la ilegalidad por falta de un requisito esencial, se une el absurdo, porque

el autocontrato tiene dos variedades: Autocontrato en sentido estricto

(contratación en nombre de dos personas distintas del apoderado) y negocio

de aplicación (contratación en nombre propio y en nombre de un

poderdante); y este "autopoder" ni siquiera encaja en uno de esos dos esquemas,

porque sólo existe una única persona en ambas partes contractuales, y

una persona no puede concederse poder a sí misma para hacer algo que

ya puede hacer por sí. 5. Que la finalidad perseguida de que si cesa

como Administradora única conserva las facultades representativas es

contraria a la Ley.

Fundamentos de Derecho

Vistos los artículos 128 y 129 del texto refundido de la Ley de Sociedades

Anónimas; los artículos 63 y 94.5. o del Reglamento del Registro Mercantil;

y las Resoluciones de 4 de octubre de 1982, 16 de julio de 1984, 9 de

junio de 1986, 26 de febrero de 1991, 12 de septiembre de 1994 y 30

de diciembre de 1996.

1. En el supuesto de hecho del presente recurso la Administradora

única de una sociedad anónima nombra apoderados solidarios de la

sociedad a cuatro personasyasímisma, con atribución de amplias facultades

representativas. La Registradora deniega la inscripción respecto del poder

conferido a la persona que es titular del mencionado cargo de

representación orgánica, y respecto de los poderes conferidos a las demás personas,

no practica la inscripción por no haber sido solicitada la inscripción parcial.

2. Según la reiterada doctrina de este centro directivo (cfr.

Resoluciones de 12 de septiembre de 1994 y 30 de diciembre de 1996), la

representación orgánica constituye el instrumento a través del cual el ente

societario manifiesta externamente la voluntad social y ejecuta los actos

necesarios para el desenvolvimiento de sus actividades; es el propio ente

el que actúa, siendo, por tanto, un elemento imprescindible de su estructura

y conformación funcional, y sus actos directamente vinculantes para el

órgano actuante, por lo que, en puridad, no puede afirmarse que exista

una actuación "alieno nomine", sino que es la propia sociedad la que ejecuta

sus actos a través del sistema de actuación legal y estatutariamente

establecido (autoeficacia); de esta naturaleza peculiar derivan, a su vez, las

características que la definen: Actuación vinculada, competencia exclusiva

del órgano, determinación legal del ámbito del poder representativo

mínimo eficaz frente a terceros, y supeditación, en todo lo relativo a su

existencia y composición, a las decisiones del órgano soberano de

manifestación de la voluntad social.

A diferencia de ella, la representación voluntaria se dirige a posibilitar

la actuación de un sujeto distinto del titular de la relación jurídica con

plenos efectos para que este último (heteroeficacia), por lo que queda

sometida a principios de actuación diferentes de los de la primera: Su

utilización, de carácter potestativo, y su contenido, en todo lo concerniente

al ámbito de la actuación representativayalaactuación del apoderado,

se somete a lo estrictamente estipulado en el acto de otorgamiento del

poder, correspondiendo la decisión sobre su conveniencia y articulación,

en sede de persona jurídica, al órgano de administración, al tratarse de

una materia reservada a su ámbito de competencia exclusiva, sin perjuicio

de la obligación de respetar las disposiciones estatutarias al respecto.

3. La diferencia conceptual entre la representación orgánica y la

representación voluntaria, así como su distinta naturaleza y eficacia permiten

afirmar que su posible concurrencia se encuentra fuera de duda, tal como

reconocen expresamente los artículos 281 del Código de Comercio; 15.2

y 141.1 de la Ley de Sociedades Anónimas y 94.5 del Reglamento del

Registro Mercantil.

Y precisamente esta posibilidad, en unión de la falta de una norma

que expresamente lo prohíba, debe llevar a admitir, en tesis de principio,

la circunstancia de que en la misma persona puedan confluir, de manera

simultánea, las condiciones de administrador y de apoderado. No debe

verse en ello una desnaturalización de la configuración estatutaria del

órgano de administración, pues son diversos la naturaleza, la finalidad

y los efectos de cada figura -como revela su distinta caracterización-,

por lo que es el órgano de administración el que debe escoger entre las

modalidades representativas de carácter voluntario que estime más

oportunas; aunque, naturalmente, siempre quedará a salvo la competencia de

la Junta general de ejercer su función de control cuando la voluntad social,

expresada en Junta, estime que ha existido un mal uso de las facultades

específicas del órgano de administración (por vía de exigencia de

responsabilidad o incluso mediante la destitución y sustitución del

Administrador).

4. Admitida, con carácter general, la posibilidad de concurrencia, se

hace preciso introducir una matización que modifica parcialmente las

anteriores conclusiones: La diferencia funcional entre ambas figuras y su

diferente ámbito operativo pueden originar que en su desenvolvimiento surjan

algunas dificultades de armonización que deben ser analizadas, atendiendo

a las circunstancias concurrentes en cada supuesto fáctico (por ejemplo,

en cuanto a las posibilidades de revocación o de modificación del poder

conferido, la exigencia de responsabilidad al apoderado o la subsistencia

del poder, en tanto no haya sido revocado incluso más allá de la propia

duración del cargo de Administrador). La solución de tales dificultades

es la pauta que permitirá decidir, sólo a la vista de cada supuesto de

hecho, acerca de la posibilidad de concurrencia entre ambas figuras.

En el presente caso, al establecer los Estatutos un sistema de

representación por Administrador único, sería ilusoria tanto la posibilidad de

revocación del poder conferido a quien desempeña dicho cargo como la

de exigencia de responsabilidad a tal apoderado por parte del órgano

de administración. Por otra parte, mientras desempeña dicho cargo

unipersonal, investigo con las más amplias facultades representativas, carece

de fundamento que se atribuya a sí mismo, mediante apoderamiento

voluntario, unas facultades que ya tiene; y, después del eventual cese como

Administrador no tiene justificación que por su sola voluntad pueda seguir

como apoderado, pues debe advertirse que la destitución del Administrador

único no impediría la subsistencia del poder, aunque fuera

transitoriamente, mientras no sea eficazmente revocado por el nuevo Administrador

(sin que tal dificultad pueda ser soslayada mediante acuerdo de la Junta

general, ya que, conforme a la doctrina de esta Dirección General, ha

de ser el órgano de administración el que, en ejecución del acuerdo de

la Junta -que por sí carece de facultades representativas-, comparezca

ante el Notario y otorgue la correspondiente escritura de revocación de

poder -cfr. Resolución de 26 de febrero de 1991-).

Esta Dirección general ha acordado desestimar el recurso en los

términos que resultan de los procedentes fundamentos de Derecho.

Madrid, 24 de noviembre de 1998.-El Director general, Luis María

Cabello de los Cobos y Mancha.

Sr. Registrador Mercantil de Segovia.

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