Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Está Vd. en

Legislación consolidada

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comn de las Administraciones Pblicas.

Publicado en: BOE núm. 236, de 02/10/2015.
Entrada en vigor: 02/10/2016
Departamento: Jefatura del Estado
Referencia: BOE-A-2015-10565
Permalink ELI: https://www.boe.es/eli/es/l/2015/10/01/39

TEXTO ORIGINAL: Texto original publicado el 02/10/2015

FELIPE VI

REY DE ESPAA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley:

I

La esfera jurdica de derechos de los ciudadanos frente a la actuacin de las Administraciones Pblicas se encuentra protegida a travs de una serie de instrumentos tanto de carcter reactivo, entre los que destaca el sistema de recursos administrativos o el control realizado por jueces y tribunales, como preventivo, a travs del procedimiento administrativo, que es la expresin clara de que la Administracin Pblica acta con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, como reza el artculo103 de la Constitucin.

El informe elaborado por la Comisin para la Reforma de las Administraciones Pblicas en junio de2013 parte del convencimiento de que una economa competitiva exige unas Administraciones Pblicas eficientes, transparentes y giles.

En esta misma lnea, el Programa nacional de reformas de Espaa para2014 recoge expresamente la aprobacin de nuevas leyes administrativas como una de las medidas a impulsar para racionalizar la actuacin de las instituciones y entidades del poder ejecutivo, mejorar la eficiencia en el uso de los recursos pblicos y aumentar su productividad.

Los defectos que tradicionalmente se han venido atribuyendo a las Administraciones espaolas obedecen a varias causas, pero el ordenamiento vigente no es ajeno a ellas, puesto que el marco normativo en el que se ha desenvuelto la actuacin pblica ha propiciado la aparicin de duplicidades e ineficiencias, con procedimientos administrativos demasiado complejos que, en ocasiones, han generado problemas de inseguridad jurdica. Para superar estas deficiencias es necesaria una reforma integral y estructural que permita ordenar y clarificar cmo se organizan y relacionan las Administraciones tanto externamente, con los ciudadanos y empresas, como internamente con el resto de Administraciones e instituciones del Estado.

En coherencia con este contexto, se propone una reforma del ordenamiento jurdico pblico articulada en dos ejes fundamentales: las relaciones ad extra y ad intra de las Administraciones Pblicas. Para ello se impulsan simultneamente dos nuevas leyes que constituirn los pilares sobre los que se asentar el Derecho administrativo espaol: la Ley del Procedimiento Administrativo Comn de las Administraciones Pblicas, y la Ley de Rgimen Jurdico del Sector Pblico.

Esta Ley constituye el primero de estos dos ejes, al establecer una regulacin completa y sistemtica de las relaciones ad extra entre las Administraciones y los administrados, tanto en lo referente al ejercicio de la potestad de autotutela y en cuya virtud se dictan actos administrativos que inciden directamente en la esfera jurdica de los interesados, como en lo relativo al ejercicio de la potestad reglamentaria y la iniciativa legislativa. Queda as reunido en cuerpo legislativo nico la regulacin de las relaciones ad extra de las Administraciones con los ciudadanos como ley administrativa de referencia que se ha de complementar con todo lo previsto en la normativa presupuestaria respecto de las actuaciones de las Administraciones Pblicas, destacando especialmente lo previsto en la Ley Orgnica2/2012, de27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera; la Ley47/2003, de26 de noviembre, General Presupuestaria, y la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

II

La Constitucin recoge en su ttulo IV, bajo la rbrica Del Gobierno y la Administracin, los rasgos propios que diferencian al Gobierno de la Nacin de la Administracin, definiendo al primero como un rgano eminentemente poltico al que se reserva la funcin de gobernar, el ejercicio de la potestad reglamentaria y la direccin de la Administracin y estableciendo la subordinacin de sta a la direccin de aquel.

En el mencionado ttulo constitucional el artculo103 establece los principios que deben regir la actuacin de las Administraciones Pblicas, entre los que destacan el de eficacia y el de legalidad, al imponer el sometimiento pleno de la actividad administrativa a la Ley y al Derecho. La materializacin de estos principios se produce en el procedimiento, constituido por una serie de cauces formales que han de garantizar el adecuado equilibrio entre la eficacia de la actuacin administrativa y la imprescindible salvaguarda de los derechos de los ciudadanos y las empresas, que deben ejercerse en condiciones bsicas de igualdad en cualquier parte del territorio, con independencia de la Administracin con la que se relacionen sus titulares.

Estas actuaciones ad extra de las Administraciones cuentan con mencin expresa en el artculo105 del texto constitucional, que establece que la Ley regular la audiencia de los ciudadanos, directamente o a travs de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la Ley, en el procedimiento de elaboracin de las disposiciones administrativas que les afecten, as como el procedimiento a travs del cual deben producirse los actos administrativos, garantizando, cuando proceda, la audiencia a los interesados.

A ello cabe aadir que el artculo149.1.18. de la Constitucin Espaola atribuye al Estado, entre otros aspectos, la competencia para regular el procedimiento administrativo comn, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organizacin propia de las Comunidades Autnomas, as como el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones Pblicas.

De acuerdo con el marco constitucional descrito, la presente Ley regula los derechos y garantas mnimas que corresponden a todos los ciudadanos respecto de la actividad administrativa, tanto en su vertiente del ejercicio de la potestad de autotutela, como de la potestad reglamentaria e iniciativa legislativa.

Por lo que se refiere al procedimiento administrativo, entendido como el conjunto ordenado de trmites y actuaciones formalmente realizadas, segn el cauce legalmente previsto, para dictar un acto administrativo o expresar la voluntad de la Administracin, con esta nueva regulacin no se agotan las competencias estatales y autonmicas para establecer especialidades ratione materiae o para concretar ciertos extremos, como el rgano competente para resolver, sino que su carcter de comn resulta de su aplicacin a todas las Administraciones Pblicas y respecto a todas sus actuaciones. As lo ha venido reconociendo el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia, al considerar que la regulacin del procedimiento administrativo comn por el Estado no obsta a que las Comunidades Autnomas dicten las normas de procedimiento necesarias para la aplicacin de su Derecho sustantivo, siempre que se respeten las reglas que, por ser competencia exclusiva del Estado, integran el concepto de Procedimiento Administrativo Comn con carcter bsico.

III

Son varios los antecedentes legislativos relevantes en esta materia. El legislador ha hecho evolucionar el concepto de procedimiento administrativo y adaptando la forma de actuacin de las Administraciones al contexto histrico y la realidad social de cada momento. Al margen de la conocida como Ley de Azcrate, de19 de octubre de1889, la primera regulacin completa del procedimiento administrativo en nuestro ordenamiento jurdico es la contenida en la Ley de Procedimiento Administrativo de17 de julio de1958.

La Constitucin de1978 alumbra un nuevo concepto de Administracin, expresa y plenamente sometida a la Ley y al Derecho, como expresin democrtica de la voluntad popular, y consagra su carcter instrumental, al ponerla al servicio objetivo de los intereses generales bajo la direccin del Gobierno, que responde polticamente por su gestin. En este sentido, la Ley30/1992, de26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn, supuso un hito clave de la evolucin del Derecho administrativo en el nuevo marco constitucional. Para ello, incorpor avances significativos en las relaciones de las Administraciones con los administrados mediante la mejora del funcionamiento de aquellas y, sobre todo, a travs de una mayor garanta de los derechos de los ciudadanos frente a la potestad de autotutela de la Administracin, cuyo elemento de cierre se encuentra en la revisin judicial de su actuacin por ministerio del artculo106 del texto fundamental.

La Ley4/1999, de13 de enero, de modificacin de la Ley30/1992, de26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn, reformul varios aspectos sustanciales del procedimiento administrativo, como el silencio administrativo, el sistema de revisin de actos administrativos o el rgimen de responsabilidad patrimonial de las Administraciones, lo que permiti incrementar la seguridad jurdica de los interesados.

El desarrollo de las tecnologas de la informacin y comunicacin tambin ha venido afectando profundamente a la forma y al contenido de las relaciones de la Administracin con los ciudadanos y las empresas.

Si bien la Ley30/1992, de26 de noviembre, ya fue consciente del impacto de las nuevas tecnologas en las relaciones administrativas, fue la Ley11/2007, de22 de junio, de acceso electrnico de los ciudadanos a los Servicios Pblicos, la que les dio carta de naturaleza legal, al establecer el derecho de los ciudadanos a relacionarse electrnicamente con las Administraciones Pblicas, as como la obligacin de stas de dotarse de los medios y sistemas necesarios para que ese derecho pudiera ejercerse. Sin embargo, en el entorno actual, la tramitacin electrnica no puede ser todava una forma especial de gestin de los procedimientos sino que debe constituir la actuacin habitual de las Administraciones. Porque una Administracin sin papel basada en un funcionamiento ntegramente electrnico no slo sirve mejor a los principios de eficacia y eficiencia, al ahorrar costes a ciudadanos y empresas, sino que tambin refuerza las garantas de los interesados. En efecto, la constancia de documentos y actuaciones en un archivo electrnico facilita el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, pues permite ofrecer informacin puntual, gil y actualizada a los interesados.

Por otra parte, la regulacin de esta materia vena adoleciendo de un problema de dispersin normativa y superposicin de distintos regmenes jurdicos no siempre coherentes entre s, de lo que es muestra la sucesiva aprobacin de normas con incidencia en la materia, entre las que cabe citar: la Ley17/2009, de23 de noviembre, sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio; la Ley2/2011, de4 de marzo, de Economa Sostenible; la Ley19/2013, de9 de diciembre, de transparencia, acceso a la informacin pblica y buen gobierno, o la Ley20/2013, de9 de diciembre, de garanta de la unidad de mercado.

Ante este escenario legislativo, resulta clave contar con una nueva Ley que sistematice toda la regulacin relativa al procedimiento administrativo, que clarifique e integre el contenido de las citadas Ley30/1992, de26 de noviembre y Ley11/2007, de22 de junio, y profundice en la agilizacin de los procedimientos con un pleno funcionamiento electrnico. Todo ello revertir en un mejor cumplimiento de los principios constitucionales de eficacia y seguridad jurdica que deben regir la actuacin de las Administraciones Pblicas.

IV

Durante los ms de veinte aos de vigencia de la Ley30/1992, de26 de noviembre, en el seno de la Comisin Europea y de la Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmicos se ha ido avanzando en la mejora de la produccin normativa (Better regulation y Smart regulation). Los diversos informes internacionales sobre la materia definen la regulacin inteligente como un marco jurdico de calidad, que permite el cumplimiento de un objetivo regulatorio a la vez que ofrece los incentivos adecuados para dinamizar la actividad econmica, permite simplificar procesos y reducir cargas administrativas. Para ello, resulta esencial un adecuado anlisis de impacto de las normas de forma continua, tanto ex ante como ex post, as como la participacin de los ciudadanos y empresas en los procesos de elaboracin normativa, pues sobre ellos recae el cumplimiento de las leyes.

En la ltima dcada, la Ley17/2009, de23 de noviembre, y la Ley2/2011, de4 de marzo, supusieron un avance en la implantacin de los principios de buena regulacin, especialmente en lo referido al ejercicio de las actividades econmicas. Ya en esta legislatura, la Ley20/2013, de9 de diciembre, ha dado importantes pasos adicionales, al poner a disposicin de los ciudadanos la informacin con relevancia jurdica propia del procedimiento de elaboracin de normas.

Sin embargo, es necesario contar con una nueva regulacin que, terminando con la dispersin normativa existente, refuerce la participacin ciudadana, la seguridad jurdica y la revisin del ordenamiento. Con estos objetivos, se establecen por primera vez en una ley las bases con arreglo a las cuales se ha de desenvolver la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria de las Administraciones Pblicas con el objeto de asegurar su ejercicio de acuerdo con los principios de buena regulacin, garantizar de modo adecuado la audiencia y participacin de los ciudadanos en la elaboracin de las normas y lograr la predictibilidad y evaluacin pblica del ordenamiento, como corolario imprescindible del derecho constitucional a la seguridad jurdica. Esta novedad deviene crucial especialmente en un Estado territorialmente descentralizado en el que coexisten tres niveles de Administracin territorial que proyectan su actividad normativa sobre espacios subjetivos y geogrficos en muchas ocasiones coincidentes. Con esta regulacin se siguen las recomendaciones que en esta materia ha formulado la Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmicos (OCDE) en su informe emitido en2014 Spain: From Administrative Reform to Continous Improvement.

V

La Ley se estructura en133 artculos, distribuidos en siete ttulos, cinco disposiciones adicionales, cinco disposiciones transitorias, una disposicin derogatoria y siete disposiciones finales.

El ttulo preliminar, de disposiciones generales, aborda el mbito objetivo y subjetivo de la Ley. Entre sus principales novedades, cabe sealar, la inclusin en el objeto de la Ley, con carcter bsico, de los principios que informan el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria de las Administraciones. Se prev la aplicacin de lo previsto en esta Ley a todos los sujetos comprendidos en el concepto de Sector Pblico, si bien las Corporaciones de Derecho Pblico se regirn por su normativa especfica en el ejercicio de las funciones pblicas que les hayan sido atribuidas y supletoriamente por la presente Ley.

Asimismo, destaca la previsin de que slo mediante Ley puedan establecerse trmites adicionales o distintos a los contemplados en esta norma, pudindose concretar reglamentariamente ciertas especialidades del procedimiento referidas a la identificacin de los rganos competentes, plazos, formas de iniciacin y terminacin, publicacin e informes a recabar. Esta previsin no afecta a los trmites adicionales o distintos ya recogidos en las leyes especiales vigentes, ni a la concrecin que, en normas reglamentarias, se haya producido de los rganos competentes, los plazos propios del concreto procedimiento por razn de la materia, las formas de iniciacin y terminacin, la publicacin de los actos o los informes a recabar, que mantendrn sus efectos. As, entre otros casos, cabe sealar la vigencia del anexo2 al que se refiere la disposicin adicional vigsima novena de la Ley14/2000, de29 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, que establece una serie de procedimientos que quedan excepcionados de la regla general del silencio administrativo positivo.

El ttulo I, de los interesados en el procedimiento, regula entre otras cuestiones, las especialidades de la capacidad de obrar en el mbito del Derecho administrativo, hacindola extensiva por primera vez a los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurdica y los patrimonios independientes o autnomos cuando la Ley as lo declare expresamente. En materia de representacin, se incluyen nuevos medios para acreditarla en el mbito exclusivo de las Administraciones Pblicas, como son el apoderamiento apud acta, presencial o electrnico, o la acreditacin de su inscripcin en el registro electrnico de apoderamientos de la Administracin Pblica u Organismo competente. Igualmente, se dispone la obligacin de cada Administracin Pblica de contar con un registro electrnico de apoderamientos, pudiendo las Administraciones territoriales adherirse al del Estado, en aplicacin del principio de eficiencia, reconocido en el artculo7 de la Ley Orgnica2/2012, de27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Por otro lado, este ttulo dedica parte de su articulado a una de las novedades ms importantes de la Ley: la separacin entre identificacin y firma electrnica y la simplificacin de los medios para acreditar una u otra, de modo que, con carcter general, slo ser necesaria la primera, y se exigir la segunda cuando deba acreditarse la voluntad y consentimiento del interesado. Se establece, con carcter bsico, un conjunto mnimo de categoras de medios de identificacin y firma a utilizar por todas las Administraciones. En particular, se admitirn como sistemas de firma: los sistemas de firma electrnica reconocida o cualificada y avanzada basados en certificados electrnicos cualificados de firma electrnica, que comprenden tanto los certificados electrnicos de persona jurdica como los de entidad sin personalidad jurdica; los sistemas de sello electrnico reconocido o cualificado y de sello electrnico avanzado basados en certificados cualificados de sello electrnico; as como cualquier otro sistema que las Administraciones Pblicas consideren vlido, en los trminos y condiciones que se establezcan. Se admitirn como sistemas de identificacin cualquiera de los sistemas de firma admitidos, as como sistemas de clave concertada y cualquier otro que establezcan las Administraciones Pblicas.

Tanto los sistemas de identificacin como los de firma previstos en esta Ley son plenamente coherentes con lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de23 de julio de2014, relativo a la identificacin electrnica y los servicios de confianza para las transacciones electrnicas en el mercado interior y por la que se deroga la Directiva1999/93/CE. Debe recordarse la obligacin de los Estados miembros de admitir los sistemas de identificacin electrnica notificados a la Comisin Europea por el resto de Estados miembros, as como los sistemas de firma y sello electrnicos basados en certificados electrnicos cualificados emitidos por prestadores de servicios que figuren en las listas de confianza de otros Estados miembros de la Unin Europea, en los trminos que prevea dicha norma comunitaria.

El ttulo II, de la actividad de las Administraciones Pblicas, se estructura en dos captulos. El captulo I sobre normas generales de actuacin identifica como novedad, los sujetos obligados a relacionarse electrnicamente con las Administraciones Pblicas.

Asimismo, en el citado Captulo se dispone la obligacin de todas las Administraciones Pblicas de contar con un registro electrnico general, o, en su caso, adherirse al de la Administracin General del Estado. Estos registros estarn asistidos a su vez por la actual red de oficinas en materia de registros, que pasarn a denominarse oficinas de asistencia en materia de registros, y que permitirn a los interesados, en el caso que as lo deseen, presentar sus solicitudes en papel, las cuales se convertirn a formato electrnico.

En materia de archivos se introduce como novedad la obligacin de cada Administracin Pblica de mantener un archivo electrnico nico de los documentos que correspondan a procedimientos finalizados, as como la obligacin de que estos expedientes sean conservados en un formato que permita garantizar la autenticidad, integridad y conservacin del documento.

A este respecto, cabe sealar que la creacin de este archivo electrnico nico resultar compatible con los diversos sistemas y redes de archivos en los trminos previstos en la legislacin vigente, y respetar el reparto de responsabilidades sobre la custodia o traspaso correspondiente. Asimismo, el archivo electrnico nico resultar compatible con la continuidad del Archivo Histrico Nacional de acuerdo con lo previsto en la Ley16/1985, de25 de junio, del Patrimonio Histrico Espaol y su normativa de desarrollo.

Igualmente, en el captulo I se regula el rgimen de validez y eficacia de las copias, en donde se aclara y simplifica el actual rgimen y se definen los requisitos necesarios para que una copia sea autntica, las caractersticas que deben reunir los documentos emitidos por las Administraciones Pblicas para ser considerados vlidos, as como los que deben aportar los interesados al procedimiento, estableciendo con carcter general la obligacin de las Administraciones Pblicas de no requerir documentos ya aportados por los interesados, elaborados por las Administraciones Pblicas o documentos originales, salvo las excepciones contempladas en la Ley. Por tanto, el interesado podr presentar con carcter general copias de documentos, ya sean digitalizadas por el propio interesado o presentadas en soporte papel.

Destaca asimismo, la obligacin de las Administraciones Pblicas de contar con un registro u otro sistema equivalente que permita dejar constancia de los funcionarios habilitados para la realizacin de copias autnticas, de forma que se garantice que las mismas han sido expedidas adecuadamente, y en el que, si as decide organizarlo cada Administracin, podrn constar tambin conjuntamente los funcionarios dedicados a asistir a los interesados en el uso de medios electrnicos, no existiendo impedimento a que un mismo funcionario tenga reconocida ambas funciones o slo una de ellas.

El captulo II, de trminos y plazos, establece las reglas para su cmputo, ampliacin o la tramitacin de urgencia. Como principal novedad destaca la introduccin del cmputo de plazos por horas y la declaracin de los sbados como das inhbiles, unificando de este modo el cmputo de plazos en el mbito judicial y el administrativo.

El ttulo III, de los actos administrativos, se estructura en tres captulos y se centra en la regulacin de los requisitos de los actos administrativos, su eficacia y las reglas sobre nulidad y anulabilidad, manteniendo en su gran mayora las reglas generales ya establecidas por la Ley30/1992, de26 de noviembre.

Merecen una mencin especial las novedades introducidas en materia de notificaciones electrnicas, que sern preferentes y se realizarn en la sede electrnica o en la direccin electrnica habilitada nica, segn corresponda. Asimismo, se incrementa la seguridad jurdica de los interesados estableciendo nuevas medidas que garanticen el conocimiento de la puesta a disposicin de las notificaciones como: el envo de avisos de notificacin, siempre que esto sea posible, a los dispositivos electrnicos y/o a la direccin de correo electrnico que el interesado haya comunicado, as como el acceso a sus notificaciones a travs del Punto de Acceso General Electrnico de la Administracin que funcionar como un portal de entrada.

El ttulo IV, de disposiciones sobre el procedimiento administrativo comn, se estructura en siete captulos y entre sus principales novedades destaca que los anteriores procedimientos especiales sobre potestad sancionadora y responsabilidad patrimonial que la Ley30/1992, de26 de noviembre, regulaba en ttulos separados, ahora se han integrado como especialidades del procedimiento administrativo comn. Este planteamiento responde a uno de los objetivos que persigue esta Ley, la simplificacin de los procedimientos administrativos y su integracin como especialidades en el procedimiento administrativo comn, contribuyendo as a aumentar la seguridad jurdica. De acuerdo con la sistemtica seguida, los principios generales de la potestad sancionadora y de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Pblicas, en cuanto que ataen a aspectos ms orgnicos que procedimentales, se regulan en la Ley de Rgimen Jurdico del Sector Pblico.

Asimismo, este ttulo incorpora a las fases de iniciacin, ordenacin, instruccin y finalizacin del procedimiento el uso generalizado y obligatorio de medios electrnicos. Igualmente, se incorpora la regulacin del expediente administrativo estableciendo su formato electrnico y los documentos que deben integrarlo.

Como novedad dentro de este ttulo, se incorpora un nuevo Captulo relativo a la tramitacin simplificada del procedimiento administrativo comn, donde se establece su mbito objetivo de aplicacin, el plazo mximo de resolucin que ser de treinta das y los trmites de que constar. Si en un procedimiento fuera necesario realizar cualquier otro trmite adicional, deber seguirse entonces la tramitacin ordinaria. Asimismo, cuando en un procedimiento tramitado de manera simplificada fuera preceptiva la emisin del Dictamen del Consejo de Estado, u rgano consultivo equivalente, y ste manifestara un criterio contrario al fondo de la propuesta de resolucin, para mayor garanta de los interesados se deber continuar el procedimiento pero siguiendo la tramitacin ordinaria, no ya la abreviada, pudindose en este caso realizar otros trmites no previstos en el caso de la tramitacin simplificada, como la realizacin de pruebas a solicitud de los interesados. Todo ello, sin perjuicio de la posibilidad de acordar la tramitacin de urgencia del procedimiento en los mismos trminos que ya contemplaba la Ley30/1992, de26 de noviembre.

El ttulo V, de la revisin de los actos en va administrativa, mantiene las mismas vas previstas en la Ley30/1992, de26 de noviembre, permaneciendo por tanto la revisin de oficio y la tipologa de recursos administrativos existentes hasta la fecha (alzada, potestativo de reposicin y extraordinario de revisin). No obstante, cabe destacar como novedad la posibilidad de que cuando una Administracin deba resolver una pluralidad de recursos administrativos que traigan causa de un mismo acto administrativo y se hubiera interpuesto un recurso judicial contra una resolucin administrativa o contra el correspondiente acto presunto desestimatorio, el rgano administrativo podr acordar la suspensin del plazo para resolver hasta que recaiga pronunciamiento judicial.

De acuerdo con la voluntad de suprimir trmites que, lejos de constituir una ventaja para los administrados, suponan una carga que dificultaba el ejercicio de sus derechos, la Ley no contempla ya las reclamaciones previas en va civil y laboral, debido a la escasa utilidad prctica que han demostrado hasta la fecha y que, de este modo, quedan suprimidas.

El ttulo VI, sobre la iniciativa legislativa y potestad normativa de las Administraciones Pblicas, recoge los principios a los que ha de ajustar su ejercicio la Administracin titular, haciendo efectivos los derechos constitucionales en este mbito.

Junto con algunas mejoras en la regulacin vigente sobre jerarqua, publicidad de las normas y principios de buena regulacin, se incluyen varias novedades para incrementar la participacin de los ciudadanos en el procedimiento de elaboracin de normas, entre las que destaca, la necesidad de recabar, con carcter previo a la elaboracin de la norma, la opinin de ciudadanos y empresas acerca de los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa, la necesidad y oportunidad de su aprobacin, los objetivos de la norma y las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

Por otra parte, en aras de una mayor seguridad jurdica, y la predictibilidad del ordenamiento, se apuesta por mejorar la planificacin normativa ex ante. Para ello, todas las Administraciones divulgarn un Plan Anual Normativo en el que se recogern todas las propuestas con rango de ley o de reglamento que vayan a ser elevadas para su aprobacin el ao siguiente. Al mismo tiempo, se fortalece la evaluacin ex post, puesto que junto con el deber de revisar de forma continua la adaptacin de la normativa a los principios de buena regulacin, se impone la obligacin de evaluar peridicamente la aplicacin de las normas en vigor, con el objeto de comprobar si han cumplido los objetivos perseguidos y si el coste y cargas derivados de ellas estaba justificado y adecuadamente valorado.

Por lo que respecta a las disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales, cabe aludir a la relativa a la adhesin por parte de las Comunidades Autnomas y Entidades Locales a los registros y sistemas establecidos por la Administracin General del Estado en aplicacin del principio de eficiencia reconocido en la Ley Orgnica2/2012, de27 de abril.

Destaca igualmente, la disposicin sobre las especialidades por razn de la materia donde se establece una serie de actuaciones y procedimientos que se regirn por su normativa especfica y supletoriamente por lo previsto en esta Ley, entre las que cabe destacar las de aplicacin de los tributos y revisin en materia tributaria y aduanera, las de gestin, inspeccin, liquidacin, recaudacin, impugnacin y revisin en materia de Seguridad Social y Desempleo, en donde se entienden comprendidos, entre otros, los actos de encuadramiento y afiliacin de la Seguridad Social y las aportaciones econmicas por despidos que afecten a trabajadores de cincuenta o ms aos en empresas con beneficios, as como las actuaciones y procedimientos sancionadores en materia tributaria y aduanera, en el orden social, en materia de trfico y seguridad vial y en materia de extranjera.

Por ltimo, la Ley contiene las disposiciones de derecho transitorio aplicables a los procedimientos en curso, a su entrada en vigor, a archivos y registros y al Punto de Acceso General electrnico, as como las que habilitan para el desarrollo de lo previsto en la Ley.

TTULO PRELIMINAR

Disposiciones generales

Artculo1. Objeto de la Ley.

1. La presente Ley tiene por objeto regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo comn a todas las Administraciones Pblicas, incluyendo el sancionador y el de reclamacin de responsabilidad de las Administraciones Pblicas, as como los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria.

2. Solo mediante ley, cuando resulte eficaz, proporcionado y necesario para la consecucin de los fines propios del procedimiento, y de manera motivada, podrn incluirse trmites adicionales o distintos a los contemplados en esta Ley. Reglamentariamente podrn establecerse especialidades del procedimiento referidas a los rganos competentes, plazos propios del concreto procedimiento por razn de la materia, formas de iniciacin y terminacin, publicacin e informes a recabar.

Artculo2. mbito subjetivo de aplicacin.

1. La presente Ley se aplica al sector pblico, que comprende:

a) La Administracin General del Estado.

b) Las Administraciones de las Comunidades Autnomas.

c) Las Entidades que integran la Administracin Local.

d) El sector pblico institucional.

2. El sector pblico institucional se integra por:

a) Cualesquiera organismos pblicos y entidades de derecho pblico vinculados o dependientes de las Administraciones Pblicas.

b) Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Pblicas, que quedarn sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley que especficamente se refieran a las mismas, y en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas.

c) Las Universidades pblicas, que se regirn por su normativa especfica y supletoriamente por las previsiones de esta Ley.

3. Tienen la consideracin de Administraciones Pblicas la Administracin General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autnomas, las Entidades que integran la Administracin Local, as como los organismos pblicos y entidades de derecho pblico previstos en la letra a) del apartado2 anterior.

4. Las Corporaciones de Derecho Pblico se regirn por su normativa especfica en el ejercicio de las funciones pblicas que les hayan sido atribuidas por Ley o delegadas por una Administracin Pblica, y supletoriamente por la presente Ley.

TTULO I

De los interesados en el procedimiento

CAPTULO I

La capacidad de obrar y el concepto de interesado

Artculo3. Capacidad de obrar.

A los efectos previstos en esta Ley, tendrn capacidad de obrar ante las Administraciones Pblicas:

a) Las personas fsicas o jurdicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles.

b) Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuacin est permitida por el ordenamiento jurdico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Se excepta el supuesto de los menores incapacitados, cuando la extensin de la incapacitacin afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se trate.

c) Cuando la Ley as lo declare expresamente, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurdica y los patrimonios independientes o autnomos.

Artculo4. Concepto de interesado.

1. Se consideran interesados en el procedimiento administrativo:

a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legtimos individuales o colectivos.

b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisin que en el mismo se adopte.

c) Aquellos cuyos intereses legtimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolucin y se personen en el procedimiento en tanto no haya recado resolucin definitiva.

2. Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses econmicos y sociales sern titulares de intereses legtimos colectivos en los trminos que la Ley reconozca.

3. Cuando la condicin de interesado derivase de alguna relacin jurdica transmisible, el derecho-habiente suceder en tal condicin cualquiera que sea el estado del procedimiento.

Artculo5. Representacin.

1. Los interesados con capacidad de obrar podrn actuar por medio de representante, entendindose con ste las actuaciones administrativas, salvo manifestacin expresa en contra del interesado.

2. Las personas fsicas con capacidad de obrar y las personas jurdicas, siempre que ello est previsto en sus Estatutos, podrn actuar en representacin de otras ante las Administraciones Pblicas.

3. Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deber acreditarse la representacin. Para los actos y gestiones de mero trmite se presumir aquella representacin.

4. La representacin podr acreditarse mediante cualquier medio vlido en Derecho que deje constancia fidedigna de su existencia.

A estos efectos, se entender acreditada la representacin realizada mediante apoderamiento apud acta efectuado por comparecencia personal o comparecencia electrnica en la correspondiente sede electrnica, o a travs de la acreditacin de su inscripcin en el registro electrnico de apoderamientos de la Administracin Pblica competente.

5. El rgano competente para la tramitacin del procedimiento deber incorporar al expediente administrativo acreditacin de la condicin de representante y de los poderes que tiene reconocidos en dicho momento. El documento electrnico que acredite el resultado de la consulta al registro electrnico de apoderamientos correspondiente tendr la condicin de acreditacin a estos efectos.

6. La falta o insuficiente acreditacin de la representacin no impedir que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte aqulla o se subsane el defecto dentro del plazo de diez das que deber conceder al efecto el rgano administrativo, o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso as lo requieran.

7. Las Administraciones Pblicas podrn habilitar con carcter general o especfico a personas fsicas o jurdicas autorizadas para la realizacin de determinadas transacciones electrnicas en representacin de los interesados. Dicha habilitacin deber especificar las condiciones y obligaciones a las que se comprometen los que as adquieran la condicin de representantes, y determinar la presuncin de validez de la representacin salvo que la normativa de aplicacin prevea otra cosa. Las Administraciones Pblicas podrn requerir, en cualquier momento, la acreditacin de dicha representacin. No obstante, siempre podr comparecer el interesado por s mismo en el procedimiento.

Artculo6. Registros electrnicos de apoderamientos.

1. La Administracin General del Estado, las Comunidades Autnomas y las Entidades Locales dispondrn de un registro electrnico general de apoderamientos, en el que debern inscribirse, al menos, los de carcter general otorgados apud acta, presencial o electrnicamente, por quien ostente la condicin de interesado en un procedimiento administrativo a favor de representante, para actuar en su nombre ante las Administraciones Pblicas. Tambin deber constar el bastanteo realizado del poder.

En el mbito estatal, este registro ser el Registro Electrnico de Apoderamientos de la Administracin General del Estado.

Los registros generales de apoderamientos no impedirn la existencia de registros particulares en cada Organismo donde se inscriban los poderes otorgados para la realizacin de trmites especficos en el mismo. Cada Organismo podr disponer de su propio registro electrnico de apoderamientos.

2. Los registros electrnicos generales y particulares de apoderamientos pertenecientes a todas y cada una de las Administraciones, debern ser plenamente interoperables entre s, de modo que se garantice su interconexin, compatibilidad informtica, as como la transmisin telemtica de las solicitudes, escritos y comunicaciones que se incorporen a los mismos.

Los registros electrnicos generales y particulares de apoderamientos permitirn comprobar vlidamente la representacin de quienes acten ante las Administraciones Pblicas en nombre de un tercero, mediante la consulta a otros registros administrativos similares, al registro mercantil, de la propiedad, y a los protocolos notariales.

Los registros mercantiles, de la propiedad, y de los protocolos notariales sern interoperables con los registros electrnicos generales y particulares de apoderamientos.

3. Los asientos que se realicen en los registros electrnicos generales y particulares de apoderamientos debern contener, al menos, la siguiente informacin:

a) Nombre y apellidos o la denominacin o razn social, documento nacional de identidad, nmero de identificacin fiscal o documento equivalente del poderdante.

b) Nombre y apellidos o la denominacin o razn social, documento nacional de identidad, nmero de identificacin fiscal o documento equivalente del apoderado.

c) Fecha de inscripcin.

d) Perodo de tiempo por el cual se otorga el poder.

e) Tipo de poder segn las facultades que otorgue.

4. Los poderes que se inscriban en los registros electrnicos generales y particulares de apoderamientos debern corresponder a alguna de las siguientes tipologas:

a) Un poder general para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante en cualquier actuacin administrativa y ante cualquier Administracin.

b) Un poder para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante en cualquier actuacin administrativa ante una Administracin u Organismo concreto.

c) Un poder para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante nicamente para la realizacin de determinados trmites especificados en el poder.

A tales efectos, por Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Pblicas se aprobarn, con carcter bsico, los modelos de poderes inscribibles en el registro distinguiendo si permiten la actuacin ante todas las Administraciones de acuerdo con lo previsto en la letra a) anterior, ante la Administracin General del Estado o ante las Entidades Locales.

Cada Comunidad Autnoma aprobar los modelos de poderes inscribibles en el registro cuando se circunscriba a actuaciones ante su respectiva Administracin.

5. El apoderamiento apud acta se otorgar mediante comparecencia electrnica en la correspondiente sede electrnica haciendo uso de los sistemas de firma electrnica previstos en esta Ley, o bien mediante comparecencia personal en las oficinas de asistencia en materia de registros.

6. Los poderes inscritos en el registro tendrn una validez determinada mxima de cinco aos a contar desde la fecha de inscripcin. En todo caso, en cualquier momento antes de la finalizacin de dicho plazo el poderdante podr revocar o prorrogar el poder. Las prrrogas otorgadas por el poderdante al registro tendrn una validez determinada mxima de cinco aos a contar desde la fecha de inscripcin.

7. Las solicitudes de inscripcin del poder, de revocacin, de prrroga o de denuncia del mismo podrn dirigirse a cualquier registro, debiendo quedar inscrita esta circunstancia en el registro de la Administracin u Organismo ante la que tenga efectos el poder y surtiendo efectos desde la fecha en la que se produzca dicha inscripcin.

Artculo7. Pluralidad de interesados.

Cuando en una solicitud, escrito o comunicacin figuren varios interesados, las actuaciones a que den lugar se efectuarn con el representante o el interesado que expresamente hayan sealado, y, en su defecto, con el que figure en primer trmino.

Artculo8. Nuevos interesados en el procedimiento.

Si durante la instruccin de un procedimiento que no haya tenido publicidad, se advierte la existencia de personas que sean titulares de derechos o intereses legtimos y directos cuya identificacin resulte del expediente y que puedan resultar afectados por la resolucin que se dicte, se comunicar a dichas personas la tramitacin del procedimiento.

CAPTULO II

Identificacin y firma de los interesados en el procedimiento administrativo

Artculo9. Sistemas de identificacin de los interesados en el procedimiento.

1. Las Administraciones Pblicas estn obligadas a verificar la identidad de los interesados en el procedimiento administrativo, mediante la comprobacin de su nombre y apellidos o denominacin o razn social, segn corresponda, que consten en el Documento Nacional de Identidad o documento identificativo equivalente.

2. Los interesados podrn identificarse electrnicamente ante las Administraciones Pblicas a travs de cualquier sistema que cuente con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad. En particular, sern admitidos, los sistemas siguientes:

a) Sistemas basados en certificados electrnicos reconocidos o cualificados de firma electrnica expedidos por prestadores incluidos en la Lista de confianza de prestadores de servicios de certificacin. A estos efectos, se entienden comprendidos entre los citados certificados electrnicos reconocidos o cualificados los de persona jurdica y de entidad sin personalidad jurdica.

b) Sistemas basados en certificados electrnicos reconocidos o cualificados de sello electrnico expedidos por prestadores incluidos en la Lista de confianza de prestadores de servicios de certificacin.

c) Sistemas de clave concertada y cualquier otro sistema que las Administraciones Pblicas consideren vlido, en los trminos y condiciones que se establezcan.

Cada Administracin Pblica podr determinar si slo admite alguno de estos sistemas para realizar determinados trmites o procedimientos, si bien la admisin de alguno de los sistemas de identificacin previstos en la letra c) conllevar la admisin de todos los previstos en las letras a) y b) anteriores para ese trmite o procedimiento.

3. En todo caso, la aceptacin de alguno de estos sistemas por la Administracin General del Estado servir para acreditar frente a todas las Administraciones Pblicas, salvo prueba en contrario, la identificacin electrnica de los interesados en el procedimiento administrativo.

Artculo10. Sistemas de firma admitidos por las Administraciones Pblicas.

1. Los interesados podrn firmar a travs de cualquier medio que permita acreditar la autenticidad de la expresin de su voluntad y consentimiento, as como la integridad e inalterabilidad del documento.

2. En el caso de que los interesados optaran por relacionarse con las Administraciones Pblicas a travs de medios electrnicos, se considerarn vlidos a efectos de firma:

a) Sistemas de firma electrnica reconocida o cualificada y avanzada basados en certificados electrnicos reconocidos o cualificados de firma electrnica expedidos por prestadores incluidos en la Lista de confianza de prestadores de servicios de certificacin. A estos efectos, se entienden comprendidos entre los citados certificados electrnicos reconocidos o cualificados los de persona jurdica y de entidad sin personalidad jurdica.

b) Sistemas de sello electrnico reconocido o cualificado y de sello electrnico avanzado basados en certificados electrnicos reconocidos o cualificados de sello electrnico incluidos en la Lista de confianza de prestadores de servicios de certificacin.

c) Cualquier otro sistema que las Administraciones Pblicas consideren vlido, en los trminos y condiciones que se establezcan.

Cada Administracin Pblica, Organismo o Entidad podr determinar si slo admite algunos de estos sistemas para realizar determinados trmites o procedimientos de su mbito de competencia.

3. Cuando as lo disponga expresamente la normativa reguladora aplicable, las Administraciones Pblicas podrn admitir los sistemas de identificacin contemplados en esta Ley como sistema de firma cuando permitan acreditar la autenticidad de la expresin de la voluntad y consentimiento de los interesados.

4. Cuando los interesados utilicen un sistema de firma de los previstos en este artculo, su identidad se entender ya acreditada mediante el propio acto de la firma.

Artculo11. Uso de medios de identificacin y firma en el procedimiento administrativo.

1. Con carcter general, para realizar cualquier actuacin prevista en el procedimiento administrativo, ser suficiente con que los interesados acrediten previamente su identidad a travs de cualquiera de los medios de identificacin previstos en esta Ley.

2. Las Administraciones Pblicas slo requerirn a los interesados el uso obligatorio de firma para:

a) Formular solicitudes.

b) Presentar declaraciones responsables o comunicaciones.

c) Interponer recursos.

d) Desistir de acciones.

e) Renunciar a derechos.

Artculo12. Asistencia en el uso de medios electrnicos a los interesados.

1. Las Administraciones Pblicas debern garantizar que los interesados pueden relacionarse con la Administracin a travs de medios electrnicos, para lo que pondrn a su disposicin los canales de acceso que sean necesarios as como los sistemas y aplicaciones que en cada caso se determinen.

2. Las Administraciones Pblicas asistirn en el uso de medios electrnicos a los interesados no incluidos en los apartados2 y3 del artculo14 que as lo soliciten, especialmente en lo referente a la identificacin y firma electrnica, presentacin de solicitudes a travs del registro electrnico general y obtencin de copias autnticas.

Asimismo, si alguno de estos interesados no dispone de los medios electrnicos necesarios, su identificacin o firma electrnica en el procedimiento administrativo podr ser vlidamente realizada por un funcionario pblico mediante el uso del sistema de firma electrnica del que est dotado para ello. En este caso, ser necesario que el interesado que carezca de los medios electrnicos necesarios se identifique ante el funcionario y preste su consentimiento expreso para esta actuacin, de lo que deber quedar constancia para los casos de discrepancia o litigio.

3. La Administracin General del Estado, las Comunidades Autnomas y las Entidades Locales mantendrn actualizado un registro, u otro sistema equivalente, donde constarn los funcionarios habilitados para la identificacin o firma regulada en este artculo. Estos registros o sistemas debern ser plenamente interoperables y estar interconectados con los de las restantes Administraciones Pblicas, a los efectos de comprobar la validez de las citadas habilitaciones.

En este registro o sistema equivalente, al menos, constarn los funcionarios que presten servicios en las oficinas de asistencia en materia de registros.

TTULO II

De la actividad de las Administraciones Pblicas

CAPTULO I

Normas generales de actuacin

Artculo13. Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Pblicas.

Quienes de conformidad con el artculo3, tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Pblicas, son titulares, en sus relaciones con ellas, de los siguientes derechos:

a) A comunicarse con las Administraciones Pblicas a travs de un Punto de Acceso General electrnico de la Administracin.

b) A ser asistidos en el uso de medios electrnicos en sus relaciones con las Administraciones Pblicas.

c) A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autnoma, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurdico.

d) Al acceso a la informacin pblica, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley19/2013, de9 de diciembre, de transparencia, acceso a la informacin pblica y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurdico.

e) A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados pblicos, que habrn de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.

f) A exigir las responsabilidades de las Administraciones Pblicas y autoridades, cuando as corresponda legalmente.

g) A la obtencin y utilizacin de los medios de identificacin y firma electrnica contemplados en esta Ley.

h) A la proteccin de datos de carcter personal, y en particular a la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Pblicas.

i) Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitucin y las leyes.

Estos derechos se entienden sin perjuicio de los reconocidos en el artculo53 referidos a los interesados en el procedimiento administrativo.

Artculo14. Derecho y obligacin de relacionarse electrnicamente con las Administraciones Pblicas.

1. Las personas fsicas podrn elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Pblicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a travs de medios electrnicos o no, salvo que estn obligadas a relacionarse a travs de medios electrnicos con las Administraciones Pblicas. El medio elegido por la persona para comunicarse con las Administraciones Pblicas podr ser modificado por aquella en cualquier momento.

2. En todo caso, estarn obligados a relacionarse a travs de medios electrnicos con las Administraciones Pblicas para la realizacin de cualquier trmite de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos:

a) Las personas jurdicas.

b) Las entidades sin personalidad jurdica.

c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiacin obligatoria, para los trmites y actuaciones que realicen con las Administraciones Pblicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este colectivo se entendern incluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles.

d) Quienes representen a un interesado que est obligado a relacionarse electrnicamente con la Administracin.

e) Los empleados de las Administraciones Pblicas para los trmites y actuaciones que realicen con ellas por razn de su condicin de empleado pblico, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administracin.

3. Reglamentariamente, las Administraciones podrn establecer la obligacin de relacionarse con ellas a travs de medios electrnicos para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas fsicas que por razn de su capacidad econmica, tcnica, dedicacin profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrnicos necesarios.

Artculo15. Lengua de los procedimientos.

1. La lengua de los procedimientos tramitados por la Administracin General del Estado ser el castellano. No obstante lo anterior, los interesados que se dirijan a los rganos de la Administracin General del Estado con sede en el territorio de una Comunidad Autnoma podrn utilizar tambin la lengua que sea cooficial en ella.

En este caso, el procedimiento se tramitar en la lengua elegida por el interesado. Si concurrieran varios interesados en el procedimiento, y existiera discrepancia en cuanto a la lengua, el procedimiento se tramitar en castellano, si bien los documentos o testimonios que requieran los interesados se expedirn en la lengua elegida por los mismos.

2. En los procedimientos tramitados por las Administraciones de las Comunidades Autnomas y de las Entidades Locales, el uso de la lengua se ajustar a lo previsto en la legislacin autonmica correspondiente.

3. La Administracin Pblica instructora deber traducir al castellano los documentos, expedientes o partes de los mismos que deban surtir efecto fuera del territorio de la Comunidad Autnoma y los documentos dirigidos a los interesados que as lo soliciten expresamente. Si debieran surtir efectos en el territorio de una Comunidad Autnoma donde sea cooficial esa misma lengua distinta del castellano, no ser precisa su traduccin.

Artculo16. Registros.

1. Cada Administracin dispondr de un Registro Electrnico General, en el que se har el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba en cualquier rgano administrativo, Organismo pblico o Entidad vinculado o dependiente a stos. Tambin se podrn anotar en el mismo, la salida de los documentos oficiales dirigidos a otros rganos o particulares.

Los Organismos pblicos vinculados o dependientes de cada Administracin podrn disponer de su propio registro electrnico plenamente interoperable e interconectado con el Registro Electrnico General de la Administracin de la que depende.

El Registro Electrnico General de cada Administracin funcionar como un portal que facilitar el acceso a los registros electrnicos de cada Organismo. Tanto el Registro Electrnico General de cada Administracin como los registros electrnicos de cada Organismo cumplirn con las garantas y medidas de seguridad previstas en la legislacin en materia de proteccin de datos de carcter personal.

Las disposiciones de creacin de los registros electrnicos se publicarn en el diario oficial correspondiente y su texto ntegro deber estar disponible para consulta en la sede electrnica de acceso al registro. En todo caso, las disposiciones de creacin de registros electrnicos especificarn el rgano o unidad responsable de su gestin, as como la fecha y hora oficial y los das declarados como inhbiles.

En la sede electrnica de acceso a cada registro figurar la relacin actualizada de trmites que pueden iniciarse en el mismo.

2. Los asientos se anotarn respetando el orden temporal de recepcin o salida de los documentos, e indicarn la fecha del da en que se produzcan. Concluido el trmite de registro, los documentos sern cursados sin dilacin a sus destinatarios y a las unidades administrativas correspondientes desde el registro en que hubieran sido recibidas.

3. El registro electrnico de cada Administracin u Organismo garantizar la constancia, en cada asiento que se practique, de un nmero, epgrafe expresivo de su naturaleza, fecha y hora de su presentacin, identificacin del interesado, rgano administrativo remitente, si procede, y persona u rgano administrativo al que se enva, y, en su caso, referencia al contenido del documento que se registra. Para ello, se emitir automticamente un recibo consistente en una copia autenticada del documento de que se trate, incluyendo la fecha y hora de presentacin y el nmero de entrada de registro, as como un recibo acreditativo de otros documentos que, en su caso, lo acompaen, que garantice la integridad y el no repudio de los mismos.

4. Los documentos que los interesados dirijan a los rganos de las Administraciones Pblicas podrn presentarse:

a) En el registro electrnico de la Administracin u Organismo al que se dirijan, as como en los restantes registros electrnicos de cualquiera de los sujetos a los que se refiere el artculo2.1.

b) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.

c) En las representaciones diplomticas u oficinas consulares de Espaa en el extranjero.

d) En las oficinas de asistencia en materia de registros.

e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

Los registros electrnicos de todas y cada una de las Administraciones, debern ser plenamente interoperables, de modo que se garantice su compatibilidad informtica e interconexin, as como la transmisin telemtica de los asientos registrales y de los documentos que se presenten en cualquiera de los registros.

5. Los documentos presentados de manera presencial ante las Administraciones Pblicas, debern ser digitalizados, de acuerdo con lo previsto en el artculo27 y dems normativa aplicable, por la oficina de asistencia en materia de registros en la que hayan sido presentados para su incorporacin al expediente administrativo electrnico, devolvindose los originales al interesado, sin perjuicio de aquellos supuestos en que la norma determine la custodia por la Administracin de los documentos presentados o resulte obligatoria la presentacin de objetos o de documentos en un soporte especfico no susceptibles de digitalizacin.

Reglamentariamente, las Administraciones podrn establecer la obligacin de presentar determinados documentos por medios electrnicos para ciertos procedimientos y colectivos de personas fsicas que, por razn de su capacidad econmica, tcnica, dedicacin profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrnicos necesarios.

6. Podrn hacerse efectivos mediante transferencia dirigida a la oficina pblica correspondiente cualesquiera cantidades que haya que satisfacer en el momento de la presentacin de documentos a las Administraciones Pblicas, sin perjuicio de la posibilidad de su abono por otros medios.

7. Las Administraciones Pblicas debern hacer pblica y mantener actualizada una relacin de las oficinas en las que se prestar asistencia para la presentacin electrnica de documentos.

8. No se tendrn por presentados en el registro aquellos documentos e informacin cuyo rgimen especial establezca otra forma de presentacin.

Artculo17. Archivo de documentos.

1. Cada Administracin deber mantener un archivo electrnico nico de los documentos electrnicos que correspondan a procedimientos finalizados, en los trminos establecidos en la normativa reguladora aplicable.

2. Los documentos electrnicos debern conservarse en un formato que permita garantizar la autenticidad, integridad y conservacin del documento, as como su consulta con independencia del tiempo transcurrido desde su emisin. Se asegurar en todo caso la posibilidad de trasladar los datos a otros formatos y soportes que garanticen el acceso desde diferentes aplicaciones. La eliminacin de dichos documentos deber ser autorizada de acuerdo a lo dispuesto en la normativa aplicable.

3. Los medios o soportes en que se almacenen documentos, debern contar con medidas de seguridad, de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Seguridad, que garanticen la integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, proteccin y conservacin de los documentos almacenados. En particular, asegurarn la identificacin de los usuarios y el control de accesos, as como el cumplimiento de las garantas previstas en la legislacin de proteccin de datos.

Artculo18. Colaboracin de las personas.

1. Las personas colaborarn con la Administracin en los trminos previstos en la Ley que en cada caso resulte aplicable, y a falta de previsin expresa, facilitarn a la Administracin los informes, inspecciones y otros actos de investigacin que requieran para el ejercicio de sus competencias, salvo que la revelacin de la informacin solicitada por la Administracin atentara contra el honor, la intimidad personal o familiar o supusieran la comunicacin de datos confidenciales de terceros de los que tengan conocimiento por la prestacin de servicios profesionales de diagnstico, asesoramiento o defensa, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislacin en materia de blanqueo de capitales y financiacin de actividades terroristas.

2. Los interesados en un procedimiento que conozcan datos que permitan identificar a otros interesados que no hayan comparecido en l tienen el deber de proporcionrselos a la Administracin actuante.

3. Cuando las inspecciones requieran la entrada en el domicilio del afectado o en los restantes lugares que requieran autorizacin del titular, se estar a lo dispuesto en el artculo100.

Artculo19. Comparecencia de las personas.

1. La comparecencia de las personas ante las oficinas pblicas, ya sea presencialmente o por medios electrnicos, slo ser obligatoria cuando as est previsto en una norma con rango de ley.

2. En los casos en que proceda la comparecencia, la correspondiente citacin har constar expresamente el lugar, fecha, hora, los medios disponibles y objeto de la comparecencia, as como los efectos de no atenderla.

3. Las Administraciones Pblicas entregarn al interesado certificacin acreditativa de la comparecencia cuando as lo solicite.

Artculo20. Responsabilidad de la tramitacin.

1. Los titulares de las unidades administrativas y el personal al servicio de las Administraciones Pblicas que tuviesen a su cargo la resolucin o el despacho de los asuntos, sern responsables directos de su tramitacin y adoptarn las medidas oportunas para remover los obstculos que impidan, dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos de los interesados o el respeto a sus intereses legtimos, disponiendo lo necesario para evitar y eliminar toda anormalidad en la tramitacin de procedimientos.

2. Los interesados podrn solicitar la exigencia de esa responsabilidad a la Administracin Pblica de que dependa el personal afectado.

Artculo21. Obligacin de resolver.

1. La Administracin est obligada a dictar resolucin expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciacin.

En los casos de prescripcin, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud, as como de desaparicin sobrevenida del objeto del procedimiento, la resolucin consistir en la declaracin de la circunstancia que concurra en cada caso, con indicacin de los hechos producidos y las normas aplicables.

Se exceptan de la obligacin a que se refiere el prrafo primero, los supuestos de terminacin del procedimiento por pacto o convenio, as como los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos nicamente al deber de declaracin responsable o comunicacin a la Administracin.

2. El plazo mximo en el que debe notificarse la resolucin expresa ser el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento.

Este plazo no podr exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o as venga previsto en el Derecho de la Unin Europea.

3. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo mximo, ste ser de tres meses. Este plazo y los previstos en el apartado anterior se contarn:

a) En los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha del acuerdo de iniciacin.

b) En los iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrnico de la Administracin u Organismo competente para su tramitacin.

4. Las Administraciones Pblicas deben publicar y mantener actualizadas en el portal web, a efectos informativos, las relaciones de procedimientos de su competencia, con indicacin de los plazos mximos de duracin de los mismos, as como de los efectos que produzca el silencio administrativo.

En todo caso, las Administraciones Pblicas informarn a los interesados del plazo mximo establecido para la resolucin de los procedimientos y para la notificacin de los actos que les pongan trmino, as como de los efectos que pueda producir el silencio administrativo. Dicha mencin se incluir en la notificacin o publicacin del acuerdo de iniciacin de oficio, o en la comunicacin que se dirigir al efecto al interesado dentro de los diez das siguientes a la recepcin de la solicitud iniciadora del procedimiento en el registro electrnico de la Administracin u Organismo competente para su tramitacin. En este ltimo caso, la comunicacin indicar adems la fecha en que la solicitud ha sido recibida por el rgano competente.

5. Cuando el nmero de las solicitudes formuladas o las personas afectadas pudieran suponer un incumplimiento del plazo mximo de resolucin, el rgano competente para resolver, a propuesta razonada del rgano instructor, o el superior jerrquico del rgano competente para resolver, a propuesta de ste, podrn habilitar los medios personales y materiales para cumplir con el despacho adecuado y en plazo.

6. El personal al servicio de las Administraciones Pblicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, as como los titulares de los rganos administrativos competentes para instruir y resolver son directamente responsables, en el mbito de sus competencias del cumplimiento de la obligacin legal de dictar resolucin expresa en plazo.

El incumplimiento de dicha obligacin dar lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio de la que hubiere lugar de acuerdo con la normativa aplicable.

Artculo22. Suspensin del plazo mximo para resolver.

1. El transcurso del plazo mximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolucin se podr suspender en los siguientes casos:

a) Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanacin de deficiencias o la aportacin de documentos y otros elementos de juicio necesarios, por el tiempo que medie entre la notificacin del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario, o, en su defecto, por el del plazo concedido, todo ello sin perjuicio de lo previsto en el artculo68 de la presente Ley.

b) Cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un rgano de la Unin Europea, por el tiempo que medie entre la peticin, que habr de comunicarse a los interesados, y la notificacin del pronunciamiento a la Administracin instructora, que tambin deber serles comunicada.

c) Cuando exista un procedimiento no finalizado en el mbito de la Unin Europea que condicione directamente el contenido de la resolucin de que se trate, desde que se tenga constancia de su existencia, lo que deber ser comunicado a los interesados, hasta que se resuelva, lo que tambin habr de ser notificado.

d) Cuando se soliciten informes preceptivos a un rgano de la misma o distinta Administracin, por el tiempo que medie entre la peticin, que deber comunicarse a los interesados, y la recepcin del informe, que igualmente deber ser comunicada a los mismos. Este plazo de suspensin no podr exceder en ningn caso de tres meses. En caso de no recibirse el informe en el plazo indicado, proseguir el procedimiento.

e) Cuando deban realizarse pruebas tcnicas o anlisis contradictorios o dirimentes propuestos por los interesados, durante el tiempo necesario para la incorporacin de los resultados al expediente.

f) Cuando se inicien negociaciones con vistas a la conclusin de un pacto o convenio en los trminos previstos en el artculo86 de esta Ley, desde la declaracin formal al respecto y hasta la conclusin sin efecto, en su caso, de las referidas negociaciones, que se constatar mediante declaracin formulada por la Administracin o los interesados.

g) Cuando para la resolucin del procedimiento sea indispensable la obtencin de un previo pronunciamiento por parte de un rgano jurisdiccional, desde el momento en que se solicita, lo que habr de comunicarse a los interesados, hasta que la Administracin tenga constancia del mismo, lo que tambin deber serles comunicado.

2. El transcurso del plazo mximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolucin se suspender en los siguientes casos:

a) Cuando una Administracin Pblica requiera a otra para que anule o revise un acto que entienda que es ilegal y que constituya la base para el que la primera haya de dictar en el mbito de sus competencias, en el supuesto al que se refiere el apartado5 del artculo39 de esta Ley, desde que se realiza el requerimiento hasta que se atienda o, en su caso, se resuelva el recurso interpuesto ante la jurisdiccin contencioso administrativa. Deber ser comunicado a los interesados tanto la realizacin del requerimiento, como su cumplimiento o, en su caso, la resolucin del correspondiente recurso contencioso-administrativo.

b) Cuando el rgano competente para resolver decida realizar alguna actuacin complementaria de las previstas en el artculo87, desde el momento en que se notifique a los interesados el acuerdo motivado del inicio de las actuaciones hasta que se produzca su terminacin.

c) Cuando los interesados promuevan la recusacin en cualquier momento de la tramitacin de un procedimiento, desde que sta se plantee hasta que sea resuelta por el superior jerrquico del recusado.

Artculo23. Ampliacin del plazo mximo para resolver y notificar.

1. Excepcionalmente, cuando se hayan agotado los medios personales y materiales disponibles a los que se refiere el apartado5 del artculo21, el rgano competente para resolver, a propuesta, en su caso, del rgano instructor o el superior jerrquico del rgano competente para resolver, podr acordar de manera motivada la ampliacin del plazo mximo de resolucin y notificacin, no pudiendo ser ste superior al establecido para la tramitacin del procedimiento.

2. Contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliacin de plazos, que deber ser notificado a los interesados, no cabr recurso alguno.

Artculo24. Silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado.

1. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, sin perjuicio de la resolucin que la Administracin debe dictar en la forma prevista en el apartado3 de este artculo, el vencimiento del plazo mximo sin haberse notificado resolucin expresa, legitima al interesado o interesados para entenderla estimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la Unin Europea o de Derecho internacional aplicable en Espaa establezcan lo contrario. Cuando el procedimiento tenga por objeto el acceso a actividades o su ejercicio, la ley que disponga el carcter desestimatorio del silencio deber fundarse en la concurrencia de razones imperiosas de inters general.

El silencio tendr efecto desestimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de peticin, a que se refiere el artculo29 de la Constitucin, aquellos cuya estimacin tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio pblico o al servicio pblico, impliquen el ejercicio de actividades que puedan daar el medio ambiente y en los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Pblicas.

El sentido del silencio tambin ser desestimatorio en los procedimientos de impugnacin de actos y disposiciones y en los de revisin de oficio iniciados a solicitud de los interesados. No obstante, cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra la desestimacin por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, se entender estimado el mismo si, llegado el plazo de resolucin, el rgano administrativo competente no dictase y notificase resolucin expresa, siempre que no se refiera a las materias enumeradas en el prrafo anterior de este apartado.

2. La estimacin por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideracin de acto administrativo finalizador del procedimiento. La desestimacin por silencio administrativo tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposicin del recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente.

3. La obligacin de dictar resolucin expresa a que se refiere el apartado primero del artculo21 se sujetar al siguiente rgimen:

a) En los casos de estimacin por silencio administrativo, la resolucin expresa posterior a la produccin del acto slo podr dictarse de ser confirmatoria del mismo.

b) En los casos de desestimacin por silencio administrativo, la resolucin expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptar por la Administracin sin vinculacin alguna al sentido del silencio.

4. Los actos administrativos producidos por silencio administrativo se podrn hacer valer tanto ante la Administracin como ante cualquier persona fsica o jurdica, pblica o privada. Los mismos producen efectos desde el vencimiento del plazo mximo en el que debe dictarse y notificarse la resolucin expresa sin que la misma se haya expedido, y su existencia puede ser acreditada por cualquier medio de prueba admitido en Derecho, incluido el certificado acreditativo del silencio producido. Este certificado se expedir de oficio por el rgano competente para resolver en el plazo de quince das desde que expire el plazo mximo para resolver el procedimiento. Sin perjuicio de lo anterior, el interesado podr pedirlo en cualquier momento, computndose el plazo indicado anteriormente desde el da siguiente a aqul en que la peticin tuviese entrada en el registro electrnico de la Administracin u Organismo competente para resolver.

Artculo25. Falta de resolucin expresa en procedimientos iniciados de oficio.

1. En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo mximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolucin expresa no exime a la Administracin del cumplimiento de la obligacin legal de resolver, produciendo los siguientes efectos:

a) En el caso de procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, la constitucin de derechos u otras situaciones jurdicas favorables, los interesados que hubieren comparecido podrn entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo.

b) En los procedimientos en que la Administracin ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervencin, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producir la caducidad. En estos casos, la resolucin que declare la caducidad ordenar el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en el artculo95.

2. En los supuestos en los que el procedimiento se hubiera paralizado por causa imputable al interesado, se interrumpir el cmputo del plazo para resolver y notificar la resolucin.

Artculo26. Emisin de documentos por las Administraciones Pblicas.

1. Se entiende por documentos pblicos administrativos los vlidamente emitidos por los rganos de las Administraciones Pblicas. Las Administraciones Pblicas emitirn los documentos administrativos por escrito, a travs de medios electrnicos, a menos que su naturaleza exija otra forma ms adecuada de expresin y constancia.

2. Para ser considerados vlidos, los documentos electrnicos administrativos debern:

a) Contener informacin de cualquier naturaleza archivada en un soporte electrnico segn un formato determinado susceptible de identificacin y tratamiento diferenciado.

b) Disponer de los datos de identificacin que permitan su individualizacin, sin perjuicio de su posible incorporacin a un expediente electrnico.

c) Incorporar una referencia temporal del momento en que han sido emitidos.

d) Incorporar los metadatos mnimos exigidos.

e) Incorporar las firmas electrnicas que correspondan de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable.

Se considerarn vlidos los documentos electrnicos, que cumpliendo estos requisitos, sean trasladados a un tercero a travs de medios electrnicos.

3. No requerirn de firma electrnica, los documentos electrnicos emitidos por las Administraciones Pblicas que se publiquen con carcter meramente informativo, as como aquellos que no formen parte de un expediente administrativo. En todo caso, ser necesario identificar el origen de estos documentos.

Artculo27. Validez y eficacia de las copias realizadas por las Administraciones Pblicas.

1. Cada Administracin Pblica determinar los rganos que tengan atribuidas las competencias de expedicin de copias autnticas de los documentos pblicos administrativos o privados.

Las copias autnticas de documentos privados surten nicamente efectos administrativos. Las copias autnticas realizadas por una Administracin Pblica tendrn validez en las restantes Administraciones.

A estos efectos, la Administracin General del Estado, las Comunidades Autnomas y las Entidades Locales podrn realizar copias autnticas mediante funcionario habilitado o mediante actuacin administrativa automatizada.

Se deber mantener actualizado un registro, u otro sistema equivalente, donde constarn los funcionarios habilitados para la expedicin de copias autnticas que debern ser plenamente interoperables y estar interconectados con los de las restantes Administraciones Pblicas, a los efectos de comprobar la validez de la citada habilitacin. En este registro o sistema equivalente constarn, al menos, los funcionarios que presten servicios en las oficinas de asistencia en materia de registros.

2. Tendrn la consideracin de copia autntica de un documento pblico administrativo o privado las realizadas, cualquiera que sea su soporte, por los rganos competentes de las Administraciones Pblicas en las que quede garantizada la identidad del rgano que ha realizado la copia y su contenido.

Las copias autnticas tendrn la misma validez y eficacia que los documentos originales.

3. Para garantizar la identidad y contenido de las copias electrnicas o en papel, y por tanto su carcter de copias autnticas, las Administraciones Pblicas debern ajustarse a lo previsto en el Esquema Nacional de Interoperabilidad, el Esquema Nacional de Seguridad y sus normas tcnicas de desarrollo, as como a las siguientes reglas:

a) Las copias electrnicas de un documento electrnico original o de una copia electrnica autntica, con o sin cambio de formato, debern incluir los metadatos que acrediten su condicin de copia y que se visualicen al consultar el documento.

b) Las copias electrnicas de documentos en soporte papel o en otro soporte no electrnico susceptible de digitalizacin, requerirn que el documento haya sido digitalizado y debern incluir los metadatos que acrediten su condicin de copia y que se visualicen al consultar el documento.

Se entiende por digitalizacin, el proceso tecnolgico que permite convertir un documento en soporte papel o en otro soporte no electrnico en un fichero electrnico que contiene la imagen codificada, fiel e ntegra del documento.

c) Las copias en soporte papel de documentos electrnicos requerirn que en las mismas figure la condicin de copia y contendrn un cdigo generado electrnicamente u otro sistema de verificacin, que permitir contrastar la autenticidad de la copia mediante el acceso a los archivos electrnicos del rgano u Organismo pblico emisor.

d) Las copias en soporte papel de documentos originales emitidos en dicho soporte se proporcionarn mediante una copia autntica en papel del documento electrnico que se encuentre en poder de la Administracin o bien mediante una puesta de manifiesto electrnica conteniendo copia autntica del documento original.

A estos efectos, las Administraciones harn pblicos, a travs de la sede electrnica correspondiente, los cdigos seguros de verificacin u otro sistema de verificacin utilizado.

4. Los interesados podrn solicitar, en cualquier momento, la expedicin de copias autnticas de los documentos pblicos administrativos que hayan sido vlidamente emitidos por las Administraciones Pblicas. La solicitud se dirigir al rgano que emiti el documento original, debiendo expedirse, salvo las excepciones derivadas de la aplicacin de la Ley19/2013, de9 de diciembre, en el plazo de quince das a contar desde la recepcin de la solicitud en el registro electrnico de la Administracin u Organismo competente.

Asimismo, las Administraciones Pblicas estarn obligadas a expedir copias autnticas electrnicas de cualquier documento en papel que presenten los interesados y que se vaya a incorporar a un expediente administrativo.

5. Cuando las Administraciones Pblicas expidan copias autnticas electrnicas, deber quedar expresamente as indicado en el documento de la copia.

6. La expedicin de copias autnticas de documentos pblicos notariales, registrales y judiciales, as como de los diarios oficiales, se regir por su legislacin especfica.

Artculo28. Documentos aportados por los interesados al procedimiento administrativo.

1. Los interesados debern aportar al procedimiento administrativo los datos y documentos exigidos por las Administraciones Pblicas de acuerdo con lo dispuesto en la normativa aplicable. Asimismo, los interesados podrn aportar cualquier otro documento que estimen conveniente.

2. Los interesados no estarn obligados a aportar documentos que hayan sido elaborados por cualquier Administracin, con independencia de que la presentacin de los citados documentos tenga carcter preceptivo o facultativo en el procedimiento de que se trate, siempre que el interesado haya expresado su consentimiento a que sean consultados o recabados dichos documentos. Se presumir que la consulta u obtencin es autorizada por los interesados salvo que conste en el procedimiento su oposicin expresa o la ley especial aplicable requiera consentimiento expreso.

En ausencia de oposicin del interesado, las Administraciones Pblicas debern recabar los documentos electrnicamente a travs de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediacin de datos u otros sistemas electrnicos habilitados al efecto.

Cuando se trate de informes preceptivos ya elaborados por un rgano administrativo distinto al que tramita el procedimiento, stos debern ser remitidos en el plazo de diez das a contar desde su solicitud. Cumplido este plazo, se informar al interesado de que puede aportar este informe o esperar a su remisin por el rgano competente.

3. Las Administraciones no exigirn a los interesados la presentacin de documentos originales, salvo que, con carcter excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario.

Asimismo, las Administraciones Pblicas no requerirn a los interesados datos o documentos no exigidos por la normativa reguladora aplicable o que hayan sido aportados anteriormente por el interesado a cualquier Administracin. A estos efectos, el interesado deber indicar en qu momento y ante que rgano administrativo present los citados documentos, debiendo las Administraciones Pblicas recabarlos electrnicamente a travs de sus redes corporativas o de una consulta a las plataformas de intermediacin de datos u otros sistemas electrnicos habilitados al efecto. Se presumir que esta consulta es autorizada por los interesados, salvo que conste en el procedimiento su oposicin expresa o la ley especial aplicable requiera consentimiento expreso, debiendo, en ambos casos, ser informados previamente de sus derechos en materia de proteccin de datos de carcter personal. Excepcionalmente, si las Administraciones Pblicas no pudieran recabar los citados documentos, podrn solicitar nuevamente al interesado su aportacin.

4. Cuando con carcter excepcional, y de acuerdo con lo previsto en esta Ley, la Administracin solicitara al interesado la presentacin de un documento original y ste estuviera en formato papel, el interesado deber obtener una copia autntica, segn los requisitos establecidos en el artculo27, con carcter previo a su presentacin electrnica. La copia electrnica resultante reflejar expresamente esta circunstancia.

5. Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o existan dudas derivadas de la calidad de la copia, las Administraciones podrn solicitar de manera motivada el cotejo de las copias aportadas por el interesado, para lo que podrn requerir la exhibicin del documento o de la informacin original.

6. Las copias que aporten los interesados al procedimiento administrativo tendrn eficacia, exclusivamente en el mbito de la actividad de las Administraciones Pblicas.

7. Los interesados se responsabilizarn de la veracidad de los documentos que presenten.

CAPTULO II

Trminos y plazos

Artculo29. Obligatoriedad de trminos y plazos.

Los trminos y plazos establecidos en sta u otras leyes obligan a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Pblicas competentes para la tramitacin de los asuntos, as como a los interesados en los mismos.

Artculo30. Cmputo de plazos.

1. Salvo que por Ley o en el Derecho de la Unin Europea se disponga otro cmputo, cuando los plazos se sealen por horas, se entiende que stas son hbiles. Son hbiles todas las horas del da que formen parte de un da hbil.

Los plazos expresados por horas se contarn de hora en hora y de minuto en minuto desde la hora y minuto en que tenga lugar la notificacin o publicacin del acto de que se trate y no podrn tener una duracin superior a veinticuatro horas, en cuyo caso se expresarn en das.

2. Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unin Europea no se exprese otro cmputo, cuando los plazos se sealen por das, se entiende que stos son hbiles, excluyndose del cmputo los sbados, los domingos y los declarados festivos.

Cuando los plazos se hayan sealado por das naturales por declararlo as una ley o por el Derecho de la Unin Europea, se har constar esta circunstancia en las correspondientes notificaciones.

3. Los plazos expresados en das se contarn a partir del da siguiente a aquel en que tenga lugar la notificacin o publicacin del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimacin o la desestimacin por silencio administrativo.

4. Si el plazo se fija en meses o aos, stos se computarn a partir del da siguiente a aquel en que tenga lugar la notificacin o publicacin del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimacin o desestimacin por silencio administrativo.

El plazo concluir el mismo da en que se produjo la notificacin, publicacin o silencio administrativo en el mes o el ao de vencimiento. Si en el mes de vencimiento no hubiera da equivalente a aquel en que comienza el cmputo, se entender que el plazo expira el ltimo da del mes.

5. Cuando el ltimo da del plazo sea inhbil, se entender prorrogado al primer da hbil siguiente.

6. Cuando un da fuese hbil en el municipio o Comunidad Autnoma en que residiese el interesado, e inhbil en la sede del rgano administrativo, o a la inversa, se considerar inhbil en todo caso.

7. La Administracin General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autnomas, con sujecin al calendario laboral oficial, fijarn, en su respectivo mbito, el calendario de das inhbiles a efectos de cmputos de plazos. El calendario aprobado por las Comunidades Autnomas comprender los das inhbiles de las Entidades Locales correspondientes a su mbito territorial, a las que ser de aplicacin.

Dicho calendario deber publicarse antes del comienzo de cada ao en el diario oficial que corresponda, as como en otros medios de difusin que garanticen su conocimiento generalizado.

8. La declaracin de un da como hbil o inhbil a efectos de cmputo de plazos no determina por s sola el funcionamiento de los centros de trabajo de las Administraciones Pblicas, la organizacin del tiempo de trabajo o el rgimen de jornada y horarios de las mismas.

Artculo31. Cmputo de plazos en los registros.

1. Cada Administracin Pblica publicar los das y el horario en el que deban permanecer abiertas las oficinas que prestarn asistencia para la presentacin electrnica de documentos, garantizando el derecho de los interesados a ser asistidos en el uso de medios electrnicos.

2. El registro electrnico de cada Administracin u Organismo se regir a efectos de cmputo de los plazos, por la fecha y hora oficial de la sede electrnica de acceso, que deber contar con las medidas de seguridad necesarias para garantizar su integridad y figurar de modo accesible y visible.

El funcionamiento del registro electrnico se regir por las siguientes reglas:

a) Permitir la presentacin de documentos todos los das del ao durante las veinticuatro horas.

b) A los efectos del cmputo de plazo fijado en das hbiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, la presentacin en un da inhbil se entender realizada en la primera hora del primer da hbil siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepcin en da inhbil.

Los documentos se considerarn presentados por el orden de hora efectiva en el que lo fueron en el da inhbil. Los documentos presentados en el da inhbil se reputarn anteriores, segn el mismo orden, a los que lo fueran el primer da hbil posterior.

c) El inicio del cmputo de los plazos que hayan de cumplir las Administraciones Pblicas vendr determinado por la fecha y hora de presentacin en el registro electrnico de cada Administracin u Organismo. En todo caso, la fecha y hora efectiva de inicio del cmputo de plazos deber ser comunicada a quien present el documento.

3. La sede electrnica del registro de cada Administracin Pblica u Organismo, determinar, atendiendo al mbito territorial en el que ejerce sus competencias el titular de aqulla y al calendario previsto en el artculo30.7, los das que se considerarn inhbiles a los efectos previstos en este artculo. Este ser el nico calendario de das inhbiles que se aplicar a efectos del cmputo de plazos en los registros electrnicos, sin que resulte de aplicacin a los mismos lo dispuesto en el artculo30.6.

Artculo32. Ampliacin.

1. La Administracin, salvo precepto en contrario, podr conceder de oficio o a peticin de los interesados, una ampliacin de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero. El acuerdo de ampliacin deber ser notificado a los interesados.

2. La ampliacin de los plazos por el tiempo mximo permitido se aplicar en todo caso a los procedimientos tramitados por las misiones diplomticas y oficinas consulares, as como a aquellos que, sustancindose en el interior, exijan cumplimentar algn trmite en el extranjero o en los que intervengan interesados residentes fuera de Espaa.

3. Tanto la peticin de los interesados como la decisin sobre la ampliacin debern producirse, en todo caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate. En ningn caso podr ser objeto de ampliacin un plazo ya vencido. Los acuerdos sobre ampliacin de plazos o sobre su denegacin no sern susceptibles de recurso, sin perjuicio del procedente contra la resolucin que ponga fin al procedimiento.

4. Cuando una incidencia tcnica haya imposibilitado el funcionamiento ordinario del sistema o aplicacin que corresponda, y hasta que se solucione el problema, la Administracin podr determinar una ampliacin de los plazos no vencidos, debiendo publicar en la sede electrnica tanto la incidencia tcnica acontecida como la ampliacin concreta del plazo no vencido.

Artculo33. Tramitacin de urgencia.

1. Cuando razones de inters pblico lo aconsejen, se podr acordar, de oficio o a peticin del interesado, la aplicacin al procedimiento de la tramitacin de urgencia, por la cual se reducirn a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentacin de solicitudes y recursos.

2. No cabr recurso alguno contra el acuerdo que declare la aplicacin de la tramitacin de urgencia al procedimiento, sin perjuicio del procedente contra la resolucin que ponga fin al procedimiento.

TTULO III

De los actos administrativos

CAPTULO I

Requisitos de los actos administrativos

Artculo34. Produccin y contenido.

1. Los actos administrativos que dicten las Administraciones Pblicas, bien de oficio o a instancia del interesado, se producirn por el rgano competente ajustndose a los requisitos y al procedimiento establecido.

2. El contenido de los actos se ajustar a lo dispuesto por el ordenamiento jurdico y ser determinado y adecuado a los fines de aqullos.

Artculo35. Motivacin.

1. Sern motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho:

a) Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legtimos.

b) Los actos que resuelvan procedimientos de revisin de oficio de disposiciones o actos administrativos, recursos administrativos y procedimientos de arbitraje y los que declaren su inadmisin.

c) Los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de rganos consultivos.

d) Los acuerdos de suspensin de actos, cualquiera que sea el motivo de sta, as como la adopcin de medidas provisionales previstas en el artculo56.

e) Los acuerdos de aplicacin de la tramitacin de urgencia, de ampliacin de plazos y de realizacin de actuaciones complementarias.

f) Los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados.

g) Los actos que acuerden la terminacin del procedimiento por la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas, as como los que acuerden el desistimiento por la Administracin en procedimientos iniciados de oficio.

h) Las propuestas de resolucin en los procedimientos de carcter sancionador, as como los actos que resuelvan procedimientos de carcter sancionador o de responsabilidad patrimonial.

i) Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, as como los que deban serlo en virtud de disposicin legal o reglamentaria expresa.

2. La motivacin de los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva se realizar de conformidad con lo que dispongan las normas que regulen sus convocatorias, debiendo, en todo caso, quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolucin que se adopte.

Artculo36. Forma.

1. Los actos administrativos se producirn por escrito a travs de medios electrnicos, a menos que su naturaleza exija otra forma ms adecuada de expresin y constancia.

2. En los casos en que los rganos administrativos ejerzan su competencia de forma verbal, la constancia escrita del acto, cuando sea necesaria, se efectuar y firmar por el titular del rgano inferior o funcionario que la reciba oralmente, expresando en la comunicacin del mismo la autoridad de la que procede. Si se tratara de resoluciones, el titular de la competencia deber autorizar una relacin de las que haya dictado de forma verbal, con expresin de su contenido.

3. Cuando deba dictarse una serie de actos administrativos de la misma naturaleza, tales como nombramientos, concesiones o licencias, podrn refundirse en un nico acto, acordado por el rgano competente, que especificar las personas u otras circunstancias que individualicen los efectos del acto para cada interesado.

CAPTULO II

Eficacia de los actos

Artculo37. Inderogabilidad singular.

1. Las resoluciones administrativas de carcter particular no podrn vulnerar lo establecido en una disposicin de carcter general, aunque aqullas procedan de un rgano de igual o superior jerarqua al que dict la disposicin general.

2. Son nulas las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposicin reglamentaria, as como aquellas que incurran en alguna de las causas recogidas en el artculo47.

Artculo38. Ejecutividad.

Los actos de las Administraciones Pblicas sujetos al Derecho Administrativo sern ejecutivos con arreglo a lo dispuesto en esta Ley.

Artculo39. Efectos.

1. Los actos de las Administraciones Pblicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirn vlidos y producirn efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.

2. La eficacia quedar demorada cuando as lo exija el contenido del acto o est supeditada a su notificacin, publicacin o aprobacin superior.

3. Excepcionalmente, podr otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitucin de actos anulados, as como cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y sta no lesione derechos o intereses legtimos de otras personas.

4. Las normas y actos dictados por los rganos de las Administraciones Pblicas en el ejercicio de su propia competencia debern ser observadas por el resto de los rganos administrativos, aunque no dependan jerrquicamente entre s o pertenezcan a otra Administracin.

5. Cuando una Administracin Pblica tenga que dictar, en el mbito de sus competencias, un acto que necesariamente tenga por base otro dictado por una Administracin Pblica distinta y aqulla entienda que es ilegal, podr requerir a sta previamente para que anule o revise el acto de acuerdo con lo dispuesto en el artculo44 de la Ley29/1998, de13 de julio, reguladora de la Jurisdiccin Contencioso- Administrativa, y, de rechazar el requerimiento, podr interponer recurso contencioso-administrativo. En estos casos, quedar suspendido el procedimiento para dictar resolucin.

Artculo40. Notificacin.

1. El rgano que dicte las resoluciones y actos administrativos los notificar a los interesados cuyos derechos e intereses sean afectados por aqullos, en los trminos previstos en los artculos siguientes.

2. Toda notificacin deber ser cursada dentro del plazo de diez das a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, y deber contener el texto ntegro de la resolucin, con indicacin de si pone fin o no a la va administrativa, la expresin de los recursos que procedan, en su caso, en va administrativa y judicial, el rgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente.

3. Las notificaciones que, conteniendo el texto ntegro del acto, omitiesen alguno de los dems requisitos previstos en el apartado anterior, surtirn efecto a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolucin o acto objeto de la notificacin, o interponga cualquier recurso que proceda.

4. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, y a los solos efectos de entender cumplida la obligacin de notificar dentro del plazo mximo de duracin de los procedimientos, ser suficiente la notificacin que contenga, cuando menos, el texto ntegro de la resolucin, as como el intento de notificacin debidamente acreditado.

5. Las Administraciones Pblicas podrn adoptar las medidas que consideren necesarias para la proteccin de los datos personales que consten en las resoluciones y actos administrativos, cuando stos tengan por destinatarios a ms de un interesado.

Artculo41. Condiciones generales para la prctica de las notificaciones.

1. Las notificaciones se practicarn preferentemente por medios electrnicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta va.

No obstante lo anterior, las Administraciones podrn practicar las notificaciones por medios no electrnicos en los siguientes supuestos:

a) Cuando la notificacin se realice con ocasin de la comparecencia espontnea del interesado o su representante en las oficinas de asistencia en materia de registro y solicite la comunicacin o notificacin personal en ese momento.

b) Cuando para asegurar la eficacia de la actuacin administrativa resulte necesario practicar la notificacin por entrega directa de un empleado pblico de la Administracin notificante.

Con independencia del medio utilizado, las notificaciones sern vlidas siempre que permitan tener constancia de su envo o puesta a disposicin, de la recepcin o acceso por el interesado o su representante, de sus fechas y horas, del contenido ntegro, y de la identidad fidedigna del remitente y destinatario de la misma. La acreditacin de la notificacin efectuada se incorporar al expediente.

Los interesados que no estn obligados a recibir notificaciones electrnicas, podrn decidir y comunicar en cualquier momento a la Administracin Pblica, mediante los modelos normalizados que se establezcan al efecto, que las notificaciones sucesivas se practiquen o dejen de practicarse por medios electrnicos.

Reglamentariamente, las Administraciones podrn establecer la obligacin de practicar electrnicamente las notificaciones para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas fsicas que por razn de su capacidad econmica, tcnica, dedicacin profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrnicos necesarios.

Adicionalmente, el interesado podr identificar un dispositivo electrnico y/o una direccin de correo electrnico que servirn para el envo de los avisos regulados en este artculo, pero no para la prctica de notificaciones.

2. En ningn caso se efectuarn por medios electrnicos las siguientes notificaciones:

a) Aquellas en las que el acto a notificar vaya acompaado de elementos que no sean susceptibles de conversin en formato electrnico.

b) Las que contengan medios de pago a favor de los obligados, tales como cheques.

3. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificacin se practicar por el medio sealado al efecto por aquel. Esta notificacin ser electrnica en los casos en los que exista obligacin de relacionarse de esta forma con la Administracin.

Cuando no fuera posible realizar la notificacin de acuerdo con lo sealado en la solicitud, se practicar en cualquier lugar adecuado a tal fin, y por cualquier medio que permita tener constancia de la recepcin por el interesado o su representante, as como de la fecha, la identidad y el contenido del acto notificado.

4. En los procedimientos iniciados de oficio, a los solos efectos de su iniciacin, las Administraciones Pblicas podrn recabar, mediante consulta a las bases de datos del Instituto Nacional de Estadstica, los datos sobre el domicilio del interesado recogidos en el Padrn Municipal, remitidos por las Entidades Locales en aplicacin de lo previsto en la Ley7/1985, de2 de abril, reguladora de las Bases del Rgimen Local.

5. Cuando el interesado o su representante rechace la notificacin de una actuacin administrativa, se har constar en el expediente, especificndose las circunstancias del intento de notificacin y el medio, dando por efectuado el trmite y siguindose el procedimiento.

6. Con independencia de que la notificacin se realice en papel o por medios electrnicos, las Administraciones Pblicas enviarn un aviso al dispositivo electrnico y/o a la direccin de correo electrnico del interesado que ste haya comunicado, informndole de la puesta a disposicin de una notificacin en la sede electrnica de la Administracin u Organismo correspondiente o en la direccin electrnica habilitada nica. La falta de prctica de este aviso no impedir que la notificacin sea considerada plenamente vlida.

7. Cuando el interesado fuera notificado por distintos cauces, se tomar como fecha de notificacin la de aqulla que se hubiera producido en primer lugar.

Artculo42. Prctica de las notificaciones en papel.

1. Todas las notificaciones que se practiquen en papel debern ser puestas a disposicin del interesado en la sede electrnica de la Administracin u Organismo actuante para que pueda acceder al contenido de las mismas de forma voluntaria.

2. Cuando la notificacin se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente ste en el momento de entregarse la notificacin, podr hacerse cargo de la misma cualquier persona mayor de catorce aos que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. Si nadie se hiciera cargo de la notificacin, se har constar esta circunstancia en el expediente, junto con el da y la hora en que se intent la notificacin, intento que se repetir por una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres das siguientes. En caso de que el primer intento de notificacin se haya realizado antes de las quince horas, el segundo intento deber realizarse despus de las quince horas y viceversa, dejando en todo caso al menos un margen de diferencia de tres horas entre ambos intentos de notificacin. Si el segundo intento tambin resultara infructuoso, se proceder en la forma prevista en el artculo44.

3. Cuando el interesado accediera al contenido de la notificacin en sede electrnica, se le ofrecer la posibilidad de que el resto de notificaciones se puedan realizar a travs de medios electrnicos.

Artculo43. Prctica de las notificaciones a travs de medios electrnicos.

1. Las notificaciones por medios electrnicos se practicarn mediante comparecencia en la sede electrnica de la Administracin u Organismo actuante, a travs de la direccin electrnica habilitada nica o mediante ambos sistemas, segn disponga cada Administracin u Organismo.

A los efectos previstos en este artculo, se entiende por comparecencia en la sede electrnica, el acceso por el interesado o su representante debidamente identificado al contenido de la notificacin.

2. Las notificaciones por medios electrnicos se entendern practicadas en el momento en que se produzca el acceso a su contenido.

Cuando la notificacin por medios electrnicos sea de carcter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entender rechazada cuando hayan transcurrido diez das naturales desde la puesta a disposicin de la notificacin sin que se acceda a su contenido.

3. Se entender cumplida la obligacin a la que se refiere el artculo40.4 con la puesta a disposicin de la notificacin en la sede electrnica de la Administracin u Organismo actuante o en la direccin electrnica habilitada nica.

4. Los interesados podrn acceder a las notificaciones desde el Punto de Acceso General electrnico de la Administracin, que funcionar como un portal de acceso.

Artculo44. Notificacin infructuosa.

Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificacin o bien, intentada sta, no se hubiese podido practicar, la notificacin se har por medio de un anuncio publicado en el Boletn Oficial del Estado.

Asimismo, previamente y con carcter facultativo, las Administraciones podrn publicar un anuncio en el boletn oficial de la Comunidad Autnoma o de la Provincia, en el tabln de edictos del Ayuntamiento del ltimo domicilio del interesado o del Consulado o Seccin Consular de la Embajada correspondiente.

Las Administraciones Pblicas podrn establecer otras formas de notificacin complementarias a travs de los restantes medios de difusin, que no excluirn la obligacin de publicar el correspondiente anuncio en el Boletn Oficial del Estado.

Artculo45. Publicacin.

1. Los actos administrativos sern objeto de publicacin cuando as lo establezcan las normas reguladoras de cada procedimiento o cuando lo aconsejen razones de inters pblico apreciadas por el rgano competente.

En todo caso, los actos administrativos sern objeto de publicacin, surtiendo sta los efectos de la notificacin, en los siguientes casos:

a) Cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas o cuando la Administracin estime que la notificacin efectuada a un solo interesado es insuficiente para garantizar la notificacin a todos, siendo, en este ltimo caso, adicional a la individualmente realizada.

b) Cuando se trate de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva de cualquier tipo. En este caso, la convocatoria del procedimiento deber indicar el medio donde se efectuarn las sucesivas publicaciones, careciendo de validez las que se lleven a cabo en lugares distintos.

2. La publicacin de un acto deber contener los mismos elementos que el artculo40.2 exige respecto de las notificaciones. Ser tambin aplicable a la publicacin lo establecido en el apartado3 del mismo artculo.

En los supuestos de publicaciones de actos que contengan elementos comunes, podrn publicarse de forma conjunta los aspectos coincidentes, especificndose solamente los aspectos individuales de cada acto.

3. La publicacin de los actos se realizar en el diario oficial que corresponda, segn cual sea la Administracin de la que proceda el acto a notificar.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artculo44, la publicacin de actos y comunicaciones que, por disposicin legal o reglamentaria deba practicarse en tabln de anuncios o edictos, se entender cumplida por su publicacin en el Diario oficial correspondiente.

Artculo46. Indicacin de notificaciones y publicaciones.

Si el rgano competente apreciase que la notificacin por medio de anuncios o la publicacin de un acto lesiona derechos o intereses legtimos, se limitar a publicar en el Diario oficial que corresponda una somera indicacin del contenido del acto y del lugar donde los interesados podrn comparecer, en el plazo que se establezca, para conocimiento del contenido ntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento.

Adicionalmente y de manera facultativa, las Administraciones podrn establecer otras formas de notificacin complementarias a travs de los restantes medios de difusin que no excluirn la obligacin de publicar en el correspondiente Diario oficial.

CAPTULO III

Nulidad y anulabilidad

Artculo47. Nulidad de pleno derecho.

1. Los actos de las Administraciones Pblicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes:

a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.

b) Los dictados por rgano manifiestamente incompetente por razn de la materia o del territorio.

c) Los que tengan un contenido imposible.

d) Los que sean constitutivos de infraccin penal o se dicten como consecuencia de sta.

e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formacin de la voluntad de los rganos colegiados.

f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurdico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisicin.

g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposicin con rango de Ley.

2. Tambin sern nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitucin, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.

Artculo48. Anulabilidad.

1. Son anulables los actos de la Administracin que incurran en cualquier infraccin del ordenamiento jurdico, incluso la desviacin de poder.

2. No obstante, el defecto de forma slo determinar la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o d lugar a la indefensin de los interesados.

3. La realizacin de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas slo implicar la anulabilidad del acto cuando as lo imponga la naturaleza del trmino o plazo.

Artculo49. Lmites a la extensin de la nulidad o anulabilidad de los actos.

1. La nulidad o anulabilidad de un acto no implicar la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del primero.

2. La nulidad o anulabilidad en parte del acto administrativo no implicar la de las partes del mismo independientes de aqulla, salvo que la parte viciada sea de tal importancia que sin ella el acto administrativo no hubiera sido dictado.

Artculo50. Conversin de actos viciados.

Los actos nulos o anulables que, sin embargo, contengan los elementos constitutivos de otro distinto producirn los efectos de ste.

Artculo51. Conservacin de actos y trmites.

El rgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dispondr siempre la conservacin de aquellos actos y trmites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infraccin.

Artculo52. Convalidacin.

1. La Administracin podr convalidar los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan.

2. El acto de convalidacin producir efecto desde su fecha, salvo lo dispuesto en el artculo39.3 para la retroactividad de los actos administrativos.

3. Si el vicio consistiera en incompetencia no determinante de nulidad, la convalidacin podr realizarse por el rgano competente cuando sea superior jerrquico del que dict el acto viciado.

4. Si el vicio consistiese en la falta de alguna autorizacin, podr ser convalidado el acto mediante el otorgamiento de la misma por el rgano competente.

TTULO IV

De las disposiciones sobre el procedimiento administrativo comn

CAPTULO I

Garantas del procedimiento

Artculo53. Derechos del interesado en el procedimiento administrativo.

1. Adems del resto de derechos previstos en esta Ley, los interesados en un procedimiento administrativo, tienen los siguientes derechos:

a) A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitacin de los procedimientos en los que tengan la condicin de interesados; el sentido del silencio administrativo que corresponda, en caso de que la Administracin no dicte ni notifique resolucin expresa en plazo; el rgano competente para su instruccin, en su caso, y resolucin; y los actos de trmite dictados. Asimismo, tambin tendrn derecho a acceder y a obtener copia de los documentos contenidos en los citados procedimientos.

Quienes se relacionen con las Administraciones Pblicas a travs de medios electrnicos, tendrn derecho a consultar la informacin a la que se refiere el prrafo anterior, en el Punto de Acceso General electrnico de la Administracin que funcionar como un portal de acceso. Se entender cumplida la obligacin de la Administracin de facilitar copias de los documentos contenidos en los procedimientos mediante la puesta a disposicin de las mismas en el Punto de Acceso General electrnico de la Administracin competente o en las sedes electrnicas que correspondan.

b) A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Pblicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos.

c) A no presentar documentos originales salvo que, de manera excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario. En caso de que, excepcionalmente, deban presentar un documento original, tendrn derecho a obtener una copia autenticada de ste.

d) A no presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, que ya se encuentren en poder de las Administraciones Pblicas o que hayan sido elaborados por stas.

e) A formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos por el Ordenamiento Jurdico, y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trmite de audiencia, que debern ser tenidos en cuenta por el rgano competente al redactar la propuesta de resolucin.

f) A obtener informacin y orientacin acerca de los requisitos jurdicos o tcnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar.

g) A actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses.

h) A cumplir las obligaciones de pago a travs de los medios electrnicos previstos en el artculo98.2.

i) Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitucin y las leyes.

2. Adems de los derechos previstos en el apartado anterior, en el caso de procedimientos administrativos de naturaleza sancionadora, los presuntos responsables tendrn los siguientes derechos:

a) A ser notificado de los hechos que se le imputen, de las infracciones que tales hechos puedan constituir y de las sanciones que, en su caso, se les pudieran imponer, as como de la identidad del instructor, de la autoridad competente para imponer la sancin y de la norma que atribuya tal competencia.

b) A la presuncin de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario.

CAPTULO II

Iniciacin del procedimiento

Seccin1. Disposiciones generales

Artculo54. Clases de iniciacin.

Los procedimientos podrn iniciarse de oficio o a solicitud del interesado.

Artculo55. Informacin y actuaciones previas.

1. Con anterioridad al inicio del procedimiento, el rgano competente podr abrir un perodo de informacin o actuaciones previas con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento.

2. En el caso de procedimientos de naturaleza sancionadora las actuaciones previas se orientarn a determinar, con la mayor precisin posible, los hechos susceptibles de motivar la incoacin del procedimiento, la identificacin de la persona o personas que pudieran resultar responsables y las circunstancias relevantes que concurran en unos y otros.

Las actuaciones previas sern realizadas por los rganos que tengan atribuidas funciones de investigacin, averiguacin e inspeccin en la materia y, en defecto de stos, por la persona u rgano administrativo que se determine por el rgano competente para la iniciacin o resolucin del procedimiento.

Artculo56. Medidas provisionales.

1. Iniciado el procedimiento, el rgano administrativo competente para resolver, podr adoptar, de oficio o a instancia de parte y de forma motivada, las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolucin que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello, de acuerdo con los principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad.

2. Antes de la iniciacin del procedimiento administrativo, el rgano competente para iniciar o instruir el procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en los casos de urgencia inaplazable y para la proteccin provisional de los intereses implicados, podr adoptar de forma motivada las medidas provisionales que resulten necesarias y proporcionadas. Las medidas provisionales debern ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciacin del procedimiento, que deber efectuarse dentro de los quince das siguientes a su adopcin, el cual podr ser objeto del recurso que proceda.

En todo caso, dichas medidas quedarn sin efecto si no se inicia el procedimiento en dicho plazo o cuando el acuerdo de iniciacin no contenga un pronunciamiento expreso acerca de las mismas.

3. De acuerdo con lo previsto en los dos apartados anteriores, podrn acordarse las siguientes medidas provisionales, en los trminos previstos en la Ley1/2000, de7 de enero, de Enjuiciamiento Civil:

a) Suspensin temporal de actividades.

b) Prestacin de fianzas.

c) Retirada o intervencin de bienes productivos o suspensin temporal de servicios por razones de sanidad, higiene o seguridad, el cierre temporal del establecimiento por estas u otras causas previstas en la normativa reguladora aplicable.

d) Embargo preventivo de bienes, rentas y cosas fungibles computables en metlico por aplicacin de precios ciertos.

e) El depsito, retencin o inmovilizacin de cosa mueble.

f) La intervencin y depsito de ingresos obtenidos mediante una actividad que se considere ilcita y cuya prohibicin o cesacin se pretenda.

g) Consignacin o constitucin de depsito de las cantidades que se reclamen.

h) La retencin de ingresos a cuenta que deban abonar las Administraciones Pblicas.

i) Aquellas otras medidas que, para la proteccin de los derechos de los interesados, prevean expresamente las leyes, o que se estimen necesarias para asegurar la efectividad de la resolucin.

4. No se podrn adoptar medidas provisionales que puedan causar perjuicio de difcil o imposible reparacin a los interesados o que impliquen violacin de derechos amparados por las leyes.

5. Las medidas provisionales podrn ser alzadas o modificadas durante la tramitacin del procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser tenidas en cuenta en el momento de su adopcin.

En todo caso, se extinguirn cuando surta efectos la resolucin administrativa que ponga fin al procedimiento correspondiente.

Artculo57. Acumulacin.

El rgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquiera que haya sido la forma de su iniciacin, podr disponer, de oficio o a instancia de parte, su acumulacin a otros con los que guarde identidad sustancial o ntima conexin, siempre que sea el mismo rgano quien deba tramitar y resolver el procedimiento.

Contra el acuerdo de acumulacin no proceder recurso alguno.

Seccin2. Iniciacin del procedimiento de oficio por la administracin

Artculo58. Iniciacin de oficio.

Los procedimientos se iniciarn de oficio por acuerdo del rgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, a peticin razonada de otros rganos o por denuncia.

Artculo59. Inicio del procedimiento a propia iniciativa.

Se entiende por propia iniciativa, la actuacin derivada del conocimiento directo o indirecto de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento por el rgano que tiene atribuida la competencia de iniciacin.

Artculo60. Inicio del procedimiento como consecuencia de orden superior.

1. Se entiende por orden superior, la emitida por un rgano administrativo superior jerrquico del competente para la iniciacin del procedimiento.

2. En los procedimientos de naturaleza sancionadora, la orden expresar, en la medida de lo posible, la persona o personas presuntamente responsables; las conductas o hechos que pudieran constituir infraccin administrativa y su tipificacin; as como el lugar, la fecha, fechas o perodo de tiempo continuado en que los hechos se produjeron.

Artculo61. Inicio del procedimiento por peticin razonada de otros rganos.

1. Se entiende por peticin razonada, la propuesta de iniciacin del procedimiento formulada por cualquier rgano administrativo que no tiene competencia para iniciar el mismo y que ha tenido conocimiento de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento, bien ocasionalmente o bien por tener atribuidas funciones de inspeccin, averiguacin o investigacin.

2. La peticin no vincula al rgano competente para iniciar el procedimiento, si bien deber comunicar al rgano que la hubiera formulado los motivos por los que, en su caso, no procede la iniciacin.

3. En los procedimientos de naturaleza sancionadora, las peticiones debern especificar, en la medida de lo posible, la persona o personas presuntamente responsables; las conductas o hechos que pudieran constituir infraccin administrativa y su tipificacin; as como el lugar, la fecha, fechas o perodo de tiempo continuado en que los hechos se produjeron.

4. En los procedimientos de responsabilidad patrimonial, la peticin deber individualizar la lesin producida en una persona o grupo de personas, su relacin de causalidad con el funcionamiento del servicio pblico, su evaluacin econmica si fuera posible, y el momento en que la lesin efectivamente se produjo.

Artculo62. Inicio del procedimiento por denuncia.

1. Se entiende por denuncia, el acto por el que cualquier persona, en cumplimiento o no de una obligacin legal, pone en conocimiento de un rgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera justificar la iniciacin de oficio de un procedimiento administrativo.

2. Las denuncias debern expresar la identidad de la persona o personas que las presentan y el relato de los hechos que se ponen en conocimiento de la Administracin. Cuando dichos hechos pudieran constituir una infraccin administrativa, recogern la fecha de su comisin y, cuando sea posible, la identificacin de los presuntos responsables.

3. Cuando la denuncia invocara un perjuicio en el patrimonio de las Administraciones Pblicas la no iniciacin del procedimiento deber ser motivada y se notificar a los denunciantes la decisin de si se ha iniciado o no el procedimiento.

4. Cuando el denunciante haya participado en la comisin de una infraccin de esta naturaleza y existan otros infractores, el rgano competente para resolver el procedimiento deber eximir al denunciante del pago de la multa que le correspondera u otro tipo de sancin de carcter no pecuniario, cuando sea el primero en aportar elementos de prueba que permitan iniciar el procedimiento o comprobar la infraccin, siempre y cuando en el momento de aportarse aquellos no se disponga de elementos suficientes para ordenar la misma y se repare el perjuicio causado.

Asimismo, el rgano competente para resolver deber reducir el importe del pago de la multa que le correspondera o, en su caso, la sancin de carcter no pecuniario, cuando no cumplindose alguna de las condiciones anteriores, el denunciante facilite elementos de prueba que aporten un valor aadido significativo respecto de aquellos de los que se disponga.

En ambos casos ser necesario que el denunciante cese en la participacin de la infraccin y no haya destruido elementos de prueba relacionados con el objeto de la denuncia.

5. La presentacin de una denuncia no confiere, por s sola, la condicin de interesado en el procedimiento.

Artculo63. Especialidades en el inicio de los procedimientos de naturaleza sancionadora.

1. Los procedimientos de naturaleza sancionadora se iniciarn siempre de oficio por acuerdo del rgano competente y establecern la debida separacin entre la fase instructora y la sancionadora, que se encomendar a rganos distintos.

Se considerar que un rgano es competente para iniciar el procedimiento cuando as lo determinen las normas reguladoras del mismo.

2. En ningn caso se podr imponer una sancin sin que se haya tramitado el oportuno procedimiento.

3. No se podrn iniciar nuevos procedimientos de carcter sancionador por hechos o conductas tipificadas como infracciones en cuya comisin el infractor persista de forma continuada, en tanto no haya recado una primera resolucin sancionadora, con carcter ejecutivo.

Artculo64. Acuerdo de iniciacin en los procedimientos de naturaleza sancionadora.

1. El acuerdo de iniciacin se comunicar al instructor del procedimiento, con traslado de cuantas actuaciones existan al respecto, y se notificar a los interesados, entendiendo en todo caso por tal al inculpado.

Asimismo, la incoacin se comunicar al denunciante cuando las normas reguladoras del procedimiento as lo prevean.

2. El acuerdo de iniciacin deber contener al menos:

a) Identificacin de la persona o personas presuntamente responsables.

b) Los hechos que motivan la incoacin del procedimiento, su posible calificacin y las sanciones que pudieran corresponder, sin perjuicio de lo que resulte de la instruccin.

c) Identificacin del instructor y, en su caso, Secretario del procedimiento, con expresa indicacin del rgimen de recusacin de los mismos.

d) rgano competente para la resolucin del procedimiento y norma que le atribuya tal competencia, indicando la posibilidad de que el presunto responsable pueda reconocer voluntariamente su responsabilidad, con los efectos previstos en el artculo85.

e) Medidas de carcter provisional que se hayan acordado por el rgano competente para iniciar el procedimiento sancionador, sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante el mismo de conformidad con el artculo56.

f) Indicacin del derecho a formular alegaciones y a la audiencia en el procedimiento y de los plazos para su ejercicio, as como indicacin de que, en caso de no efectuar alegaciones en el plazo previsto sobre el contenido del acuerdo de iniciacin, ste podr ser considerado propuesta de resolucin cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada.

3. Excepcionalmente, cuando en el momento de dictar el acuerdo de iniciacin no existan elementos suficientes para la calificacin inicial de los hechos que motivan la incoacin del procedimiento, la citada calificacin podr realizarse en una fase posterior mediante la elaboracin de un Pliego de cargos, que deber ser notificado a los interesados.

Artculo65. Especialidades en el inicio de oficio de los procedimientos de responsabilidad patrimonial.

1. Cuando las Administraciones Pblicas decidan iniciar de oficio un procedimiento de responsabilidad patrimonial ser necesario que no haya prescrito el derecho a la reclamacin del interesado al que se refiere el artculo67.

2. El acuerdo de iniciacin del procedimiento se notificar a los particulares presuntamente lesionados, concedindoles un plazo de diez das para que aporten cuantas alegaciones, documentos o informacin estimen conveniente a su derecho y propongan cuantas pruebas sean pertinentes para el reconocimiento del mismo. El procedimiento iniciado se instruir aunque los particulares presuntamente lesionados no se personen en el plazo establecido.

Seccin3. Inicio del procedimiento a solicitud del interesado

Artculo66. Solicitudes de iniciacin.

1. Las solicitudes que se formulen debern contener:

a) Nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de la persona que lo represente.

b) Identificacin del medio electrnico, o en su defecto, lugar fsico en que desea que se practique la notificacin. Adicionalmente, los interesados podrn aportar su direccin de correo electrnico y/o dispositivo electrnico con el fin de que las Administraciones Pblicas les avisen del envo o puesta a disposicin de la notificacin.

c) Hechos, razones y peticin en que se concrete, con toda claridad, la solicitud.

d) Lugar y fecha.

e) Firma del solicitante o acreditacin de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio.

f) rgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige y su correspondiente cdigo de identificacin.

Las oficinas de asistencia en materia de registros estarn obligadas a facilitar a los interesados el cdigo de identificacin si el interesado lo desconoce. Asimismo, las Administraciones Pblicas debern mantener y actualizar en la sede electrnica correspondiente un listado con los cdigos de identificacin vigentes.

2. Cuando las pretensiones correspondientes a una pluralidad de personas tengan un contenido y fundamento idntico o sustancialmente similar, podrn ser formuladas en una nica solicitud, salvo que las normas reguladoras de los procedimientos especficos dispongan otra cosa.

3. De las solicitudes, comunicaciones y escritos que presenten los interesados electrnicamente o en las oficinas de asistencia en materia de registros de la Administracin, podrn stos exigir el correspondiente recibo que acredite la fecha y hora de presentacin.

4. Las Administraciones Pblicas debern establecer modelos y sistemas de presentacin masiva que permitan a los interesados presentar simultneamente varias solicitudes. Estos modelos, de uso voluntario, estarn a disposicin de los interesados en las correspondientes sedes electrnicas y en las oficinas de asistencia en materia de registros de las Administraciones Pblicas.

Los solicitantes podrn acompaar los elementos que estimen convenientes para precisar o completar los datos del modelo, los cuales debern ser admitidos y tenidos en cuenta por el rgano al que se dirijan.

5. Los sistemas normalizados de solicitud podrn incluir comprobaciones automticas de la informacin aportada respecto de datos almacenados en sistemas propios o pertenecientes a otras Administraciones u ofrecer el formulario cumplimentado, en todo o en parte, con objeto de que el interesado verifique la informacin y, en su caso, la modifique y complete.

6. Cuando la Administracin en un procedimiento concreto establezca expresamente modelos especficos de presentacin de solicitudes, stos sern de uso obligatorio por los interesados.

Artculo67. Solicitudes de iniciacin en los procedimientos de responsabilidad patrimonial.

1. Los interesados slo podrn solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial, cuando no haya prescrito su derecho a reclamar. El derecho a reclamar prescribir al ao de producido el hecho o el acto que motive la indemnizacin o se manifieste su efecto lesivo. En caso de daos de carcter fsico o psquico a las personas, el plazo empezar a computarse desde la curacin o la determinacin del alcance de las secuelas.

En los casos en que proceda reconocer derecho a indemnizacin por anulacin en va administrativa o contencioso-administrativa de un acto o disposicin de carcter general, el derecho a reclamar prescribir al ao de haberse notificado la resolucin administrativa o la sentencia definitiva.

En los casos de responsabilidad patrimonial a que se refiere el artculo32, apartados4 y5, de la Ley de Rgimen Jurdico del Sector Pblico, el derecho a reclamar prescribir al ao de la publicacin en el Boletn Oficial del Estado o en el Diario Oficial de la Unin Europea, segn el caso, de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma o su carcter contrario al Derecho de la Unin Europea.

2. Adems de lo previsto en el artculo66, en la solicitud que realicen los interesados se debern especificar las lesiones producidas, la presunta relacin de causalidad entre stas y el funcionamiento del servicio pblico, la evaluacin econmica de la responsabilidad patrimonial, si fuera posible, y el momento en que la lesin efectivamente se produjo, e ir acompaada de cuantas alegaciones, documentos e informaciones se estimen oportunos y de la proposicin de prueba, concretando los medios de que pretenda valerse el reclamante.

Artculo68. Subsanacin y mejora de la solicitud.

1. Si la solicitud de iniciacin no rene los requisitos que seala el artculo66, y, en su caso, los que seala el artculo67 u otros exigidos por la legislacin especfica aplicable, se requerir al interesado para que, en un plazo de diez das, subsane la falta o acompae los documentos preceptivos, con indicacin de que, si as no lo hiciera, se le tendr por desistido de su peticin, previa resolucin que deber ser dictada en los trminos previstos en el artculo21.

2. Siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, este plazo podr ser ampliado prudencialmente, hasta cinco das, a peticin del interesado o a iniciativa del rgano, cuando la aportacin de los documentos requeridos presente dificultades especiales.

3. En los procedimientos iniciados a solicitud de los interesados, el rgano competente podr recabar del solicitante la modificacin o mejora voluntarias de los trminos de aqulla. De ello se levantar acta sucinta, que se incorporar al procedimiento.

4. Si alguno de los sujetos a los que hace referencia el artculo14.2 y14.3 presenta su solicitud presencialmente, las Administraciones Pblicas requerirn al interesado para que la subsane a travs de su presentacin electrnica. A estos efectos, se considerar como fecha de presentacin de la solicitud aquella en la que haya sido realizada la subsanacin.

Artculo69. Declaracin responsable y comunicacin.

1. A los efectos de esta Ley, se entender por declaracin responsable el documento suscrito por un interesado en el que ste manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para obtener el reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentacin que as lo acredita, que la pondr a disposicin de la Administracin cuando le sea requerida, y que se compromete a mantener el cumplimiento de las anteriores obligaciones durante el perodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio.

Los requisitos a los que se refiere el prrafo anterior debern estar recogidos de manera expresa, clara y precisa en la correspondiente declaracin responsable. Las Administraciones podrn requerir en cualquier momento que se aporte la documentacin que acredite el cumplimiento de los mencionados requisitos y el interesado deber aportarla.

2. A los efectos de esta Ley, se entender por comunicacin aquel documento mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la Administracin Pblica competente sus datos identificativos o cualquier otro dato relevante para el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho.

3. Las declaraciones responsables y las comunicaciones permitirn, el reconocimiento o ejercicio de un derecho o bien el inicio de una actividad, desde el da de su presentacin, sin perjuicio de las facultades de comprobacin, control e inspeccin que tengan atribuidas las Administraciones Pblicas.

No obstante lo dispuesto en el prrafo anterior, la comunicacin podr presentarse dentro de un plazo posterior al inicio de la actividad cuando la legislacin correspondiente lo prevea expresamente.

4. La inexactitud, falsedad u omisin, de carcter esencial, de cualquier dato o informacin que se incorpore a una declaracin responsable o a una comunicacin, o la no presentacin ante la Administracin competente de la declaracin responsable, la documentacin que sea en su caso requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado, o la comunicacin, determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

Asimismo, la resolucin de la Administracin Pblica que declare tales circunstancias podr determinar la obligacin del interesado de restituir la situacin jurdica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente, as como la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un perodo de tiempo determinado por la ley, todo ello conforme a los trminos establecidos en las normas sectoriales de aplicacin.

5. Las Administraciones Pblicas tendrn permanentemente publicados y actualizados modelos de declaracin responsable y de comunicacin, fcilmente accesibles a los interesados.

6. nicamente ser exigible, bien una declaracin responsable, bien una comunicacin para iniciar una misma actividad u obtener el reconocimiento de un mismo derecho o facultad para su ejercicio, sin que sea posible la exigencia de ambas acumulativamente.

CAPTULO III

Ordenacin del procedimiento

Artculo70. Expediente Administrativo.

1. Se entiende por expediente administrativo el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolucin administrativa, as como las diligencias encaminadas a ejecutarla.

2. Los expedientes tendrn formato electrnico y se formarn mediante la agregacin ordenada de cuantos documentos, pruebas, dictmenes, informes, acuerdos, notificaciones y dems diligencias deban integrarlos, as como un ndice numerado de todos los documentos que contenga cuando se remita. Asimismo, deber constar en el expediente copia electrnica certificada de la resolucin adoptada.

3. Cuando en virtud de una norma sea preciso remitir el expediente electrnico, se har de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Interoperabilidad y en las correspondientes Normas Tcnicas de Interoperabilidad, y se enviar completo, foliado, autentificado y acompaado de un ndice, asimismo autentificado, de los documentos que contenga. La autenticacin del citado ndice garantizar la integridad e inmutabilidad del expediente electrnico generado desde el momento de su firma y permitir su recuperacin siempre que sea preciso, siendo admisible que un mismo documento forme parte de distintos expedientes electrnicos.

4. No formar parte del expediente administrativo la informacin que tenga carcter auxiliar o de apoyo, como la contenida en aplicaciones, ficheros y bases de datos informticas, notas, borradores, opiniones, resmenes, comunicaciones e informes internos o entre rganos o entidades administrativas, as como los juicios de valor emitidos por las Administraciones Pblicas, salvo que se trate de informes, preceptivos y facultativos, solicitados antes de la resolucin administrativa que ponga fin al procedimiento.

Artculo71. Impulso.

1. El procedimiento, sometido al principio de celeridad, se impulsar de oficio en todos sus trmites y a travs de medios electrnicos, respetando los principios de transparencia y publicidad.

2. En el despacho de los expedientes se guardar el orden riguroso de incoacin en asuntos de homognea naturaleza, salvo que por el titular de la unidad administrativa se d orden motivada en contrario, de la que quede constancia.

El incumplimiento de lo dispuesto en el prrafo anterior dar lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria del infractor y, en su caso, ser causa de remocin del puesto de trabajo.

3. Las personas designadas como rgano instructor o, en su caso, los titulares de las unidades administrativas que tengan atribuida tal funcin sern responsables directos de la tramitacin del procedimiento y, en especial, del cumplimiento de los plazos establecidos.

Artculo72. Concentracin de trmites.

1. De acuerdo con el principio de simplificacin administrativa, se acordarn en un solo acto todos los trmites que, por su naturaleza, admitan un impulso simultneo y no sea obligado su cumplimiento sucesivo.

2. Al solicitar los trmites que deban ser cumplidos por otros rganos, deber consignarse en la comunicacin cursada el plazo legal establecido al efecto.

Artculo73. Cumplimiento de trmites.

1. Los trmites que deban ser cumplimentados por los interesados debern realizarse en el plazo de diez das a partir del siguiente al de la notificacin del correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto.

2. En cualquier momento del procedimiento, cuando la Administracin considere que alguno de los actos de los interesados no rene los requisitos necesarios, lo pondr en conocimiento de su autor, concedindole un plazo de diez das para cumplimentarlo.

3. A los interesados que no cumplan lo dispuesto en los apartados anteriores, se les podr declarar decados en su derecho al trmite correspondiente. No obstante, se admitir la actuacin del interesado y producir sus efectos legales, si se produjera antes o dentro del da que se notifique la resolucin en la que se tenga por transcurrido el plazo.

Artculo74. Cuestiones incidentales.

Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento, incluso las que se refieran a la nulidad de actuaciones, no suspendern la tramitacin del mismo, salvo la recusacin.

CAPTULO IV

Instruccin del procedimiento

Seccin1. Disposiciones generales

Artculo75. Actos de instruccin.

1. Los actos de instruccin necesarios para la determinacin, conocimiento y comprobacin de los hechos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolucin, se realizarn de oficio y a travs de medios electrnicos, por el rgano que tramite el procedimiento, sin perjuicio del derecho de los interesados a proponer aquellas actuaciones que requieran su intervencin o constituyan trmites legal o reglamentariamente establecidos.

2. Las aplicaciones y sistemas de informacin utilizados para la instruccin de los procedimientos debern garantizar el control de los tiempos y plazos, la identificacin de los rganos responsables y la tramitacin ordenada de los expedientes, as como facilitar la simplificacin y la publicidad de los procedimientos.

3. Los actos de instruccin que requieran la intervencin de los interesados habrn de practicarse en la forma que resulte ms conveniente para ellos y sea compatible, en la medida de lo posible, con sus obligaciones laborales o profesionales.

4. En cualquier caso, el rgano instructor adoptar las medidas necesarias para lograr el pleno respeto a los principios de contradiccin y de igualdad de los interesados en el procedimiento.

Artculo76. Alegaciones.

1. Los interesados podrn, en cualquier momento del procedimiento anterior al trmite de audiencia, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio.

Unos y otros sern tenidos en cuenta por el rgano competente al redactar la correspondiente propuesta de resolucin.

2. En todo momento podrn los interesados alegar los defectos de tramitacin y, en especial, los que supongan paralizacin, infraccin de los plazos preceptivamente sealados o la omisin de trmites que pueden ser subsanados antes de la resolucin definitiva del asunto. Dichas alegaciones podrn dar lugar, si hubiere razones para ello, a la exigencia de la correspondiente responsabilidad disciplinaria.

Seccin2. Prueba

Artculo77. Medios y perodo de prueba.

1. Los hechos relevantes para la decisin de un procedimiento podrn acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en Derecho, cuya valoracin se realizar de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley1/2000, de7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

2. Cuando la Administracin no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo acordar la apertura de un perodo de prueba por un plazo no superior a treinta das ni inferior a diez, a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes. Asimismo, cuando lo considere necesario, el instructor, a peticin de los interesados, podr decidir la apertura de un perodo extraordinario de prueba por un plazo no superior a diez das.

3. El instructor del procedimiento slo podr rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolucin motivada.

4. En los procedimientos de carcter sancionador, los hechos declarados probados por resoluciones judiciales penales firmes vincularn a las Administraciones Pblicas respecto de los procedimientos sancionadores que substancien.

5. Los documentos formalizados por los funcionarios a los que se reconoce la condicin de autoridad y en los que, observndose los requisitos legales correspondientes se recojan los hechos constatados por aqullos harn prueba de stos salvo que se acredite lo contrario.

6. Cuando la prueba consista en la emisin de un informe de un rgano administrativo, organismo pblico o Entidad de derecho pblico, se entender que ste tiene carcter preceptivo.

7. Cuando la valoracin de las pruebas practicadas pueda constituir el fundamento bsico de la decisin que se adopte en el procedimiento, por ser pieza imprescindible para la correcta evaluacin de los hechos, deber incluirse en la propuesta de resolucin.

Artculo78. Prctica de prueba.

1. La Administracin comunicar a los interesados, con antelacin suficiente, el inicio de las actuaciones necesarias para la realizacin de las pruebas que hayan sido admitidas.

2. En la notificacin se consignar el lugar, fecha y hora en que se practicar la prueba, con la advertencia, en su caso, de que el interesado puede nombrar tcnicos para que le asistan.

3. En los casos en que, a peticin del interesado, deban efectuarse pruebas cuya realizacin implique gastos que no deba soportar la Administracin, sta podr exigir el anticipo de los mismos, a reserva de la liquidacin definitiva, una vez practicada la prueba. La liquidacin de los gastos se practicar uniendo los comprobantes que acrediten la realidad y cuanta de los mismos.

Seccin3. Informes

Artculo79. Peticin.

1. A efectos de la resolucin del procedimiento, se solicitarn aquellos informes que sean preceptivos por las disposiciones legales, y los que se juzguen necesarios para resolver, citndose el precepto que los exija o fundamentando, en su caso, la conveniencia de reclamarlos.

2. En la peticin de informe se concretar el extremo o extremos acerca de los que se solicita.

Artculo80. Emisin de informes.

1. Salvo disposicin expresa en contrario, los informes sern facultativos y no vinculantes.

2. Los informes sern emitidos a travs de medios electrnicos y de acuerdo con los requisitos que seala el artculo26 en el plazo de diez das, salvo que una disposicin o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor.

3. De no emitirse el informe en el plazo sealado, y sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el responsable de la demora, se podrn proseguir las actuaciones salvo cuando se trate de un informe preceptivo, en cuyo caso se podr suspender el transcurso del plazo mximo legal para resolver el procedimiento en los trminos establecidos en la letra d) del apartado1 del artculo22.

4. Si el informe debiera ser emitido por una Administracin Pblica distinta de la que tramita el procedimiento en orden a expresar el punto de vista correspondiente a sus competencias respectivas, y transcurriera el plazo sin que aqul se hubiera emitido, se podrn proseguir las actuaciones.

El informe emitido fuera de plazo podr no ser tenido en cuenta al adoptar la correspondiente resolucin.

Artculo81. Solicitud de informes y dictmenes en los procedimientos de responsabilidad patrimonial.

1. En el caso de los procedimientos de responsabilidad patrimonial ser preceptivo solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesin indemnizable, no pudiendo exceder de diez das el plazo de su emisin.

2. Cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuanta igual o superior a50.000 euros o a la que se establezca en la correspondiente legislacin autonmica, as como en aquellos casos que disponga la Ley Orgnica3/1980, de22 de abril, del Consejo de Estado, ser preceptivo solicitar dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del rgano consultivo de la Comunidad Autnoma.

A estos efectos, el rgano instructor, en el plazo de diez das a contar desde la finalizacin del trmite de audiencia, remitir al rgano competente para solicitar el dictamen una propuesta de resolucin, que se ajustar a lo previsto en el artculo91, o, en su caso, la propuesta de acuerdo por el que se podra terminar convencionalmente el procedimiento.

El dictamen se emitir en el plazo de dos meses y deber pronunciarse sobre la existencia o no de relacin de causalidad entre el funcionamiento del servicio pblico y la lesin producida y, en su caso, sobre la valoracin del dao causado y la cuanta y modo de la indemnizacin de acuerdo con los criterios establecidos en esta Ley.

3. En el caso de reclamaciones en materia de responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento anormal de la Administracin de Justicia, ser preceptivo el informe del Consejo General del Poder Judicial que ser evacuado en el plazo mximo de dos meses. El plazo para dictar resolucin quedar suspendido por el tiempo que medie entre la solicitud, del informe y su recepcin, no pudiendo exceder dicho plazo de los citados dos meses.

Seccin4. Participacin de los interesados

Artculo82. Trmite de audiencia.

1. Instruidos los procedimientos, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolucin, se pondrn de manifiesto a los interesados o, en su caso, a sus representantes, para lo que se tendrn en cuenta las limitaciones previstas en su caso en la Ley19/2013, de9 de diciembre.

La audiencia a los interesados ser anterior a la solicitud del informe del rgano competente para el asesoramiento jurdico o a la solicitud del Dictamen del Consejo de Estado u rgano consultivo equivalente de la Comunidad Autnoma, en el caso que stos formaran parte del procedimiento.

2. Los interesados, en un plazo no inferior a diez das ni superior a quince, podrn alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.

3. Si antes del vencimiento del plazo los interesados manifiestan su decisin de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos o justificaciones, se tendr por realizado el trmite.

4. Se podr prescindir del trmite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolucin otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado.

5. En los procedimientos de responsabilidad patrimonial a los que se refiere el artculo32.9 de la Ley de Rgimen Jurdico del Sector Pblico, ser necesario en todo caso dar audiencia al contratista, notificndole cuantas actuaciones se realicen en el procedimiento, al efecto de que se persone en el mismo, exponga lo que a su derecho convenga y proponga cuantos medios de prueba estime necesarios.

Artculo83. Informacin pblica.

1. El rgano al que corresponda la resolucin del procedimiento, cuando la naturaleza de ste lo requiera, podr acordar un perodo de informacin pblica.

2. A tal efecto, se publicar un anuncio en el Diario oficial correspondiente a fin de que cualquier persona fsica o jurdica pueda examinar el expediente, o la parte del mismo que se acuerde.

El anuncio sealar el lugar de exhibicin, debiendo estar en todo caso a disposicin de las personas que lo soliciten a travs de medios electrnicos en la sede electrnica correspondiente, y determinar el plazo para formular alegaciones, que en ningn caso podr ser inferior a veinte das.

3. La incomparecencia en este trmite no impedir a los interesados interponer los recursos procedentes contra la resolucin definitiva del procedimiento.

La comparecencia en el trmite de informacin pblica no otorga, por s misma, la condicin de interesado. No obstante, quienes presenten alegaciones u observaciones en este trmite tienen derecho a obtener de la Administracin una respuesta razonada, que podr ser comn para todas aquellas alegaciones que planteen cuestiones sustancialmente iguales.

4. Conforme a lo dispuesto en las leyes, las Administraciones Pblicas podrn establecer otras formas, medios y cauces de participacin de las personas, directamente o a travs de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley en el procedimiento en el que se dictan los actos administrativos.

CAPTULO V

Finalizacin del procedimiento

Seccin1. Disposiciones generales

Artculo84. Terminacin.

1. Pondrn fin al procedimiento la resolucin, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no est prohibida por el ordenamiento jurdico, y la declaracin de caducidad.

2. Tambin producir la terminacin del procedimiento la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas. La resolucin que se dicte deber ser motivada en todo caso.

Artculo85. Terminacin en los procedimientos sancionadores.

1. Iniciado un procedimiento sancionador, si el infractor reconoce su responsabilidad, se podr resolver el procedimiento con la imposicin de la sancin que proceda.

2. Cuando la sancin tenga nicamente carcter pecuniario o bien quepa imponer una sancin pecuniaria y otra de carcter no pecuniario pero se ha justificado la improcedencia de la segunda, el pago voluntario por el presunto responsable, en cualquier momento anterior a la resolucin, implicar la terminacin del procedimiento, salvo en lo relativo a la reposicin de la situacin alterada o a la determinacin de la indemnizacin por los daos y perjuicios causados por la comisin de la infraccin.

3. En ambos casos, cuando la sancin tenga nicamente carcter pecuniario, el rgano competente para resolver el procedimiento aplicar reducciones de, al menos, el20 % sobre el importe de la sancin propuesta, siendo stos acumulables entre s. Las citadas reducciones, debern estar determinadas en la notificacin de iniciacin del procedimiento y su efectividad estar condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier accin o recurso en va administrativa contra la sancin.

El porcentaje de reduccin previsto en este apartado podr ser incrementado reglamentariamente.

Artculo86. Terminacin convencional.

1. Las Administraciones Pblicas podrn celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas tanto de Derecho pblico como privado, siempre que no sean contrarios al ordenamiento jurdico ni versen sobre materias no susceptibles de transaccin y tengan por objeto satisfacer el inters pblico que tienen encomendado, con el alcance, efectos y rgimen jurdico especfico que, en su caso, prevea la disposicin que lo regule, pudiendo tales actos tener la consideracin de finalizadores de los procedimientos administrativos o insertarse en los mismos con carcter previo, vinculante o no, a la resolucin que les ponga fin.

2. Los citados instrumentos debern establecer como contenido mnimo la identificacin de las partes intervinientes, el mbito personal, funcional y territorial, y el plazo de vigencia, debiendo publicarse o no segn su naturaleza y las personas a las que estuvieran destinados.

3. Requerirn en todo caso la aprobacin expresa del Consejo de Ministros u rgano equivalente de las Comunidades Autnomas, los acuerdos que versen sobre materias de la competencia directa de dicho rgano.

4. Los acuerdos que se suscriban no supondrn alteracin de las competencias atribuidas a los rganos administrativos, ni de las responsabilidades que correspondan a las autoridades y funcionarios, relativas al funcionamiento de los servicios pblicos.

5. En los casos de procedimientos de responsabilidad patrimonial, el acuerdo alcanzado entre las partes deber fijar la cuanta y modo de indemnizacin de acuerdo con los criterios que para calcularla y abonarla establece el artculo34 de la Ley de Rgimen Jurdico del Sector Pblico.

Seccin2. Resolucin

Artculo87. Actuaciones complementarias.

Antes de dictar resolucin, el rgano competente para resolver podr decidir, mediante acuerdo motivado, la realizacin de las actuaciones complementarias indispensables para resolver el procedimiento. No tendrn la consideracin de actuaciones complementarias los informes que preceden inmediatamente a la resolucin final del procedimiento.

El acuerdo de realizacin de actuaciones complementarias se notificar a los interesados, concedindoseles un plazo de siete das para formular las alegaciones que tengan por pertinentes tras la finalizacin de las mismas. Las actuaciones complementarias debern practicarse en un plazo no superior a quince das. El plazo para resolver el procedimiento quedar suspendido hasta la terminacin de las actuaciones complementarias.

Artculo88. Contenido.

1. La resolucin que ponga fin al procedimiento decidir todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del mismo.

Cuando se trate de cuestiones conexas que no hubieran sido planteadas por los interesados, el rgano competente podr pronunciarse sobre las mismas, ponindolo antes de manifiesto a aqullos por un plazo no superior a quince das, para que formulen las alegaciones que estimen pertinentes y aporten, en su caso, los medios de prueba.

2. En los procedimientos tramitados a solicitud del interesado, la resolucin ser congruente con las peticiones formuladas por ste, sin que en ningn caso pueda agravar su situacin inicial y sin perjuicio de la potestad de la Administracin de incoar de oficio un nuevo procedimiento, si procede.

3. Las resoluciones contendrn la decisin, que ser motivada en los casos a que se refiere el artculo35. Expresarn, adems, los recursos que contra la misma procedan, rgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

4. Sin perjuicio de la forma y lugar sealados por el interesado para la prctica de las notificaciones, la resolucin del procedimiento se dictar electrnicamente y garantizar la identidad del rgano competente, as como la autenticidad e integridad del documento que se formalice mediante el empleo de alguno de los instrumentos previstos en esta Ley.

5. En ningn caso podr la Administracin abstenerse de resolver so pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de los preceptos legales aplicables al caso, aunque podr acordarse la inadmisin de las solicitudes de reconocimiento de derechos no previstos en el ordenamiento jurdico o manifiestamente carentes de fundamento, sin perjuicio del derecho de peticin previsto por el artculo29 de la Constitucin.

6. La aceptacin de informes o dictmenes servir de motivacin a la resolucin cuando se incorporen al texto de la misma.

7. Cuando la competencia para instruir y resolver un procedimiento no recaiga en un mismo rgano, ser necesario que el instructor eleve al rgano competente para resolver una propuesta de resolucin.

En los procedimientos de carcter sancionador, la propuesta de resolucin deber ser notificada a los interesados en los trminos previstos en el artculo siguiente.

Artculo89. Propuesta de resolucin en los procedimientos de carcter sancionador.

1. El rgano instructor resolver la finalizacin del procedimiento, con archivo de las actuaciones, sin que sea necesaria la formulacin de la propuesta de resolucin, cuando en la instruccin procedimiento se ponga de manifiesto que concurre alguna de las siguientes circunstancias:

a) La inexistencia de los hechos que pudieran constituir la infraccin.

b) Cuando los hechos no resulten acreditados.

c) Cuando los hechos probados no constituyan, de modo manifiesto, infraccin administrativa.

d) Cuando no exista o no se haya podido identificar a la persona o personas responsables o bien aparezcan exentos de responsabilidad.

e) Cuando se concluyera, en cualquier momento, que ha prescrito la infraccin.

2. En el caso de procedimientos de carcter sancionador, una vez concluida la instruccin del procedimiento, el rgano instructor formular una propuesta de resolucin que deber ser notificada a los interesados. La propuesta de resolucin deber indicar la puesta de manifiesto del procedimiento y el plazo para formular alegaciones y presentar los documentos e informaciones que se estimen pertinentes.

3. En la propuesta de resolucin se fijarn de forma motivada los hechos que se consideren probados y su exacta calificacin jurdica, se determinar la infraccin que, en su caso, aqullos constituyan, la persona o personas responsables y la sancin que se proponga, la valoracin de las pruebas practicadas, en especial aquellas que constituyan los fundamentos bsicos de la decisin, as como las medidas provisionales que, en su caso, se hubieran adoptado. Cuando la instruccin concluya la inexistencia de infraccin o responsabilidad y no se haga uso de la facultad prevista en el apartado primero, la propuesta declarar esa circunstancia.

Artculo90. Especialidades de la resolucin en los procedimientos sancionadores.

1. En el caso de procedimientos de carcter sancionador, adems del contenido previsto en los dos artculos anteriores, la resolucin incluir la valoracin de las pruebas practicadas, en especial aquellas que constituyan los fundamentos bsicos de la decisin, fijarn los hechos y, en su caso, la persona o personas responsables, la infraccin o infracciones cometidas y la sancin o sanciones que se imponen, o bien la declaracin de no existencia de infraccin o responsabilidad.

2. En la resolucin no se podrn aceptar hechos distintos de los determinados en el curso del procedimiento, con independencia de su diferente valoracin jurdica. No obstante, cuando el rgano competente para resolver considere que la infraccin o la sancin revisten mayor gravedad que la determinada en la propuesta de resolucin, se notificar al inculpado para que aporte cuantas alegaciones estime convenientes en el plazo de quince das.

3. La resolucin que ponga fin al procedimiento ser ejecutiva cuando no quepa contra ella ningn recurso ordinario en va administrativa, pudiendo adoptarse en la misma las disposiciones cautelares precisas para garantizar su eficacia en tanto no sea ejecutiva y que podrn consistir en el mantenimiento de las medidas provisionales que en su caso se hubieran adoptado.

Cuando la resolucin sea ejecutiva, se podr suspender cautelarmente, si el interesado manifiesta a la Administracin su intencin de interponer recurso contencioso-administrativo contra la resolucin firme en va administrativa. Dicha suspensin cautelar finalizar cuando:

a) Haya transcurrido el plazo legalmente previsto sin que el interesado haya interpuesto recurso contencioso administrativo.

b) Habiendo el interesado interpuesto recurso contencioso-administrativo:

1. No se haya solicitado en el mismo trmite la suspensin cautelar de la resolucin impugnada.

2. El rgano judicial se pronuncie sobre la suspensin cautelar solicitada, en los trminos previstos en ella.

4. Cuando las conductas sancionadas hubieran causado daos o perjuicios a las Administraciones y la cuanta destinada a indemnizar estos daos no hubiera quedado determinada en el expediente, se fijar mediante un procedimiento complementario, cuya resolucin ser inmediatamente ejecutiva. Este procedimiento ser susceptible de terminacin convencional, pero ni sta ni la aceptacin por el infractor de la resolucin que pudiera recaer implicarn el reconocimiento voluntario de su responsabilidad. La resolucin del procedimiento pondr fin a la va administrativa.

Artculo91. Especialidades de la resolucin en los procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial.

1. Una vez recibido, en su caso, el dictamen al que se refiere el artculo81.2 o, cuando ste no sea preceptivo, una vez finalizado el trmite de audiencia, el rgano competente resolver o someter la propuesta de acuerdo para su formalizacin por el interesado y por el rgano administrativo competente para suscribirlo. Cuando no se estimase procedente formalizar la propuesta de terminacin convencional, el rgano competente resolver en los trminos previstos en el apartado siguiente.

2. Adems de lo previsto en el artculo88, en los casos de procedimientos de responsabilidad patrimonial, ser necesario que la resolucin se pronuncie sobre la existencia o no de la relacin de causalidad entre el funcionamiento del servicio pblico y la lesin producida y, en su caso, sobre la valoracin del dao causado, la cuanta y el modo de la indemnizacin, cuando proceda, de acuerdo con los criterios que para calcularla y abonarla se establecen en el artculo34 de la Ley de Rgimen Jurdico del Sector Pblico.

3. Transcurridos seis meses desde que se inici el procedimiento sin que haya recado y se notifique resolucin expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo, podr entenderse que la resolucin es contraria a la indemnizacin del particular.

Artculo92. Competencia para la resolucin de los procedimientos de responsabilidad patrimonial.

En el mbito de la Administracin General del Estado, los procedimientos de responsabilidad patrimonial se resolvern por el Ministro respectivo o por el Consejo de Ministros en los casos del artculo32.3 de la Ley de Rgimen Jurdico del Sector Pblico o cuando una ley as lo disponga.

En el mbito autonmico y local, los procedimientos de responsabilidad patrimonial se resolvern por los rganos correspondientes de las Comunidades Autnomas o de las Entidades que integran la Administracin Local.

En el caso de las Entidades de Derecho Pblico, las normas que determinen su rgimen jurdico podrn establecer los rganos a quien corresponde la resolucin de los procedimientos de responsabilidad patrimonial. En su defecto, se aplicarn las normas previstas en este artculo.

Seccin3. Desistimiento y renuncia

Artculo93. Desistimiento por la Administracin.

En los procedimientos iniciados de oficio, la Administracin podr desistir, motivadamente, en los supuestos y con los requisitos previstos en las Leyes.

Artculo94. Desistimiento y renuncia por los interesados.

1. Todo interesado podr desistir de su solicitud o, cuando ello no est prohibido por el ordenamiento jurdico, renunciar a sus derechos.

2. Si el escrito de iniciacin se hubiera formulado por dos o ms interesados, el desistimiento o la renuncia slo afectar a aquellos que la hubiesen formulado.

3. Tanto el desistimiento como la renuncia podrn hacerse por cualquier medio que permita su constancia, siempre que incorpore las firmas que correspondan de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable.

4. La Administracin aceptar de plano el desistimiento o la renuncia, y declarar concluso el procedimiento salvo que, habindose personado en el mismo terceros interesados, instasen stos su continuacin en el plazo de diez das desde que fueron notificados del desistimiento o renuncia.

5. Si la cuestin suscitada por la incoacin del procedimiento entraase inters general o fuera conveniente sustanciarla para su definicin y esclarecimiento, la Administracin podr limitar los efectos del desistimiento o la renuncia al interesado y seguir el procedimiento.

Seccin4. Caducidad

Artculo95. Requisitos y efectos.

1. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralizacin por causa imputable al mismo, la Administracin le advertir que, transcurridos tres meses, se producir la caducidad del procedimiento. Consumido este plazo sin que el particular requerido realice las actividades necesarias para reanudar la tramitacin, la Administracin acordar el archivo de las actuaciones, notificndoselo al interesado. Contra la resolucin que declare la caducidad procedern los recursos pertinentes.

2. No podr acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en la cumplimentacin de trmites, siempre que no sean indispensables para dictar resolucin. Dicha inactividad no tendr otro efecto que la prdida de su derecho al referido trmite.

3. La caducidad no producir por s sola la prescripcin de las acciones del particular o de la Administracin, pero los procedimientos caducados no interrumpirn el plazo de prescripcin.

En los casos en los que sea posible la iniciacin de un nuevo procedimiento por no haberse producido la prescripcin, podrn incorporarse a ste los actos y trmites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse producido la caducidad. En todo caso, en el nuevo procedimiento debern cumplimentarse los trmites de alegaciones, proposicin de prueba y audiencia al interesado.

4. Podr no ser aplicable la caducidad en el supuesto de que la cuestin suscitada afecte al inters general, o fuera conveniente sustanciarla para su definicin y esclarecimiento.

CAPTULO VI

De la tramitacin simplificada del procedimiento administrativo comn

Artculo96. Tramitacin simplificada del procedimiento administrativo comn.

1. Cuando razones de inters pblico o la falta de complejidad del procedimiento as lo aconsejen, las Administraciones Pblicas podrn acordar, de oficio o a solicitud del interesado, la tramitacin simplificada del procedimiento.

En cualquier momento del procedimiento anterior a su resolucin, el rgano competente para su tramitacin podr acordar continuar con arreglo a la tramitacin ordinaria.

2. Cuando la Administracin acuerde de oficio la tramitacin simplificada del procedimiento deber notificarlo a los interesados. Si alguno de ellos manifestara su oposicin expresa, la Administracin deber seguir la tramitacin ordinaria.

3. Los interesados podrn solicitar la tramitacin simplificada del procedimiento. Si el rgano competente para la tramitacin aprecia que no concurre alguna de las razones previstas en el apartado1, podr desestimar dicha solicitud, en el plazo de cinco das desde su presentacin, sin que exista posibilidad de recurso por parte del interesado. Transcurrido el mencionado plazo de cinco das se entender desestimada la solicitud.

4. En el caso de procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Pblicas, si una vez iniciado el procedimiento administrativo el rgano competente para su tramitacin considera inequvoca la relacin de causalidad entre el funcionamiento del servicio pblico y la lesin, as como la valoracin del dao y el clculo de la cuanta de la indemnizacin, podr acordar de oficio la suspensin del procedimiento general y la iniciacin de un procedimiento simplificado.

5. En el caso de procedimientos de naturaleza sancionadora, se podr adoptar la tramitacin simplificada del procedimiento cuando el rgano competente para iniciar el procedimiento considere que, de acuerdo con lo previsto en su normativa reguladora, existen elementos de juicio suficientes para calificar la infraccin como leve, sin que quepa la oposicin expresa por parte del interesado prevista en el apartado2.

6. Salvo que reste menos para su tramitacin ordinaria, los procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada debern ser resueltos en treinta das, a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitacin simplificada del procedimiento, y constarn nicamente de los siguientes trmites:

a) Inicio del procedimiento de oficio o a solicitud del interesado.

b) Subsanacin de la solicitud presentada, en su caso.

c) Alegaciones formuladas al inicio del procedimiento durante el plazo de cinco das.

d) Trmite de audiencia, nicamente cuando la resolucin vaya a ser desfavorable para el interesado.

e) Informe del servicio jurdico, cuando ste sea preceptivo.

f) Informe del Consejo General del Poder Judicial, cuando ste sea preceptivo.

g) Dictamen del Consejo de Estado u rgano consultivo equivalente de la Comunidad Autnoma en los casos en que sea preceptivo. Desde que se solicite el Dictamen al Consejo de Estado, u rgano equivalente, hasta que ste sea emitido, se producir la suspensin automtica del plazo para resolver.

El rgano competente solicitar la emisin del Dictamen en un plazo tal que permita cumplir el plazo de resolucin del procedimiento. El Dictamen podr ser emitido en el plazo de quince das si as lo solicita el rgano competente.

En todo caso, en el expediente que se remita al Consejo de Estado u rgano consultivo equivalente, se incluir una propuesta de resolucin. Cuando el Dictamen sea contrario al fondo de la propuesta de resolucin, con independencia de que se atienda o no este criterio, el rgano competente para resolver acordar continuar el procedimiento con arreglo a la tramitacin ordinaria, lo que se notificar a los interesados. En este caso, se entendern convalidadas todas las actuaciones que se hubieran realizado durante la tramitacin simplificada del procedimiento, a excepcin del Dictamen del Consejo de Estado u rgano consultivo equivalente.

h) Resolucin.

7. En el caso que un procedimiento exigiera la realizacin de un trmite no previsto en el apartado anterior, deber ser tramitado de manera ordinaria.

CAPTULO VII

Ejecucin

Artculo97. Ttulo.

1. Las Administraciones Pblicas no iniciarn ninguna actuacin material de ejecucin de resoluciones que limite derechos de los particulares sin que previamente haya sido adoptada la resolucin que le sirva de fundamento jurdico.

2. El rgano que ordene un acto de ejecucin material de resoluciones estar obligado a notificar al particular interesado la resolucin que autorice la actuacin administrativa.

Artculo98. Ejecutoriedad.

1. Los actos de las Administraciones Pblicas sujetos al Derecho Administrativo sern inmediatamente ejecutivos, salvo que:

a) Se produzca la suspensin de la ejecucin del acto.

b) Se trate de una resolucin de un procedimiento de naturaleza sancionadora contra la que quepa algn recurso en va administrativa, incluido el potestativo de reposicin.

c) Una disposicin establezca lo contrario.

d) Se necesite aprobacin o autorizacin superior.

2. Cuando de una resolucin administrativa, o de cualquier otra forma de finalizacin del procedimiento administrativo prevista en esta ley, nazca una obligacin de pago derivada de una sancin pecuniaria, multa o cualquier otro derecho que haya de abonarse a la Hacienda pblica, ste se efectuar preferentemente, salvo que se justifique la imposibilidad de hacerlo, utilizando alguno de los medios electrnicos siguientes:

a) Tarjeta de crdito y dbito.

b) Transferencia bancaria.

c) Domiciliacin bancaria.

d) Cualesquiera otros que se autoricen por el rgano competente en materia de Hacienda Pblica.

Artculo99. Ejecucin forzosa.

Las Administraciones Pblicas, a travs de sus rganos competentes en cada caso, podrn proceder, previo apercibimiento, a la ejecucin forzosa de los actos administrativos, salvo en los supuestos en que se suspenda la ejecucin de acuerdo con la Ley, o cuando la Constitucin o la Ley exijan la intervencin de un rgano judicial.

Artculo100. Medios de ejecucin forzosa.

1. La ejecucin forzosa por las Administraciones Pblicas se efectuar, respetando siempre el principio de proporcionalidad, por los siguientes medios:

a) Apremio sobre el patrimonio.

b) Ejecucin subsidiaria.

c) Multa coercitiva.

d) Compulsin sobre las personas.

2. Si fueran varios los medios de ejecucin admisibles se elegir el menos restrictivo de la libertad individual.

3. Si fuese necesario entrar en el domicilio del afectado o en los restantes lugares que requieran la autorizacin de su titular, las Administraciones Pblicas debern obtener el consentimiento del mismo o, en su defecto, la oportuna autorizacin judicial.

Artculo101. Apremio sobre el patrimonio.

1. Si en virtud de acto administrativo hubiera de satisfacerse cantidad lquida se seguir el procedimiento previsto en las normas reguladoras del procedimiento de apremio.

2. En cualquier caso no podr imponerse a los administrados una obligacin pecuniaria que no estuviese establecida con arreglo a una norma de rango legal.

Artculo102. Ejecucin subsidiaria.

1. Habr lugar a la ejecucin subsidiaria cuando se trate de actos que por no ser personalsimos puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado.

2. En este caso, las Administraciones Pblicas realizarn el acto, por s o a travs de las personas que determinen, a costa del obligado.

3. El importe de los gastos, daos y perjuicios se exigir conforme a lo dispuesto en el artculo anterior.

4. Dicho importe podr liquidarse de forma provisional y realizarse antes de la ejecucin, a reserva de la liquidacin definitiva.

Artculo103. Multa coercitiva.

1. Cuando as lo autoricen las Leyes, y en la forma y cuanta que stas determinen, las Administraciones Pblicas pueden, para la ejecucin de determinados actos, imponer multas coercitivas, reiteradas por lapsos de tiempo que sean suficientes para cumplir lo ordenado, en los siguientes supuestos:

a) Actos personalsimos en que no proceda la compulsin directa sobre la persona del obligado.

b) Actos en que, procediendo la compulsin, la Administracin no la estimara conveniente.

c) Actos cuya ejecucin pueda el obligado encargar a otra persona.

2. La multa coercitiva es independiente de las sanciones que puedan imponerse con tal carcter y compatible con ellas.

Artculo104. Compulsin sobre las personas.

1. Los actos administrativos que impongan una obligacin personalsima de no hacer o soportar podrn ser ejecutados por compulsin directa sobre las personas en los casos en que la ley expresamente lo autorice, y dentro siempre del respeto debido a su dignidad y a los derechos reconocidos en la Constitucin.

2. Si, tratndose de obligaciones personalsimas de hacer, no se realizase la prestacin, el obligado deber resarcir los daos y perjuicios, a cuya liquidacin y cobro se proceder en va administrativa.

Artculo105. Prohibicin de acciones posesorias.

No se admitirn a trmite acciones posesorias contra las actuaciones de los rganos administrativos realizadas en materia de su competencia y de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido.

TTULO V

De la revisin de los actos en va administrativa

CAPTULO I

Revisin de oficio

Artculo106. Revisin de disposiciones y actos nulos.

1. Las Administraciones Pblicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u rgano consultivo equivalente de la Comunidad Autnoma, si lo hubiere, declararn de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la va administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artculo47.1.

2. Asimismo, en cualquier momento, las Administraciones Pblicas de oficio, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u rgano consultivo equivalente de la Comunidad Autnoma si lo hubiere, podrn declarar la nulidad de las disposiciones administrativas en los supuestos previstos en el artculo47.2.

3. El rgano competente para la revisin de oficio podr acordar motivadamente la inadmisin a trmite de las solicitudes formuladas por los interesados, sin necesidad de recabar Dictamen del Consejo de Estado u rgano consultivo de la Comunidad Autnoma, cuando las mismas no se basen en alguna de las causas de nulidad del artculo47.1 o carezcan manifiestamente de fundamento, as como en el supuesto de que se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales.

4. Las Administraciones Pblicas, al declarar la nulidad de una disposicin o acto, podrn establecer, en la misma resolucin, las indemnizaciones que proceda reconocer a los interesados, si se dan las circunstancias previstas en los artculos32.2 y34.1 de la Ley de Rgimen Jurdico del Sector Pblico sin perjuicio de que, tratndose de una disposicin, subsistan los actos firmes dictados en aplicacin de la misma.

5. Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de seis meses desde su inicio sin dictarse resolucin producir la caducidad del mismo. Si el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud de interesado, se podr entender la misma desestimada por silencio administrativo.

Artculo107. Declaracin de lesividad de actos anulables.

1. Las Administraciones Pblicas podrn impugnar ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo los actos favorables para los interesados que sean anulables conforme a lo dispuesto en el artculo48, previa su declaracin de lesividad para el inters pblico.

2. La declaracin de lesividad no podr adoptarse una vez transcurridos cuatro aos desde que se dict el acto administrativo y exigir la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo, en los trminos establecidos por el artculo82.

Sin perjuicio de su examen como presupuesto procesal de admisibilidad de la accin en el proceso judicial correspondiente, la declaracin de lesividad no ser susceptible de recurso, si bien podr notificarse a los interesados a los meros efectos informativos.

3. Transcurrido el plazo de seis meses desde la iniciacin del procedimiento sin que se hubiera declarado la lesividad, se producir la caducidad del mismo.

4. Si el acto proviniera de la Administracin General del Estado o de las Comunidades Autnomas, la declaracin de lesividad se adoptar por el rgano de cada Administracin competente en la materia.

5. Si el acto proviniera de las entidades que integran la Administracin Local, la declaracin de lesividad se adoptar por el Pleno de la Corporacin o, en defecto de ste, por el rgano colegiado superior de la entidad.

Artculo108. Suspensin.

Iniciado el procedimiento de revisin de oficio al que se refieren los artculos106 y107, el rgano competente para declarar la nulidad o lesividad, podr suspender la ejecucin del acto, cuando sta pudiera causar perjuicios de imposible o difcil reparacin.

Artculo109. Revocacin de actos y rectificacin de errores.

1. Las Administraciones Pblicas podrn revocar, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripcin, sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocacin no constituya dispensa o exencin no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al inters pblico o al ordenamiento jurdico.

2. Las Administraciones Pblicas podrn, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritmticos existentes en sus actos.

Artculo110. Lmites de la revisin.

Las facultades de revisin establecidas en este Captulo, no podrn ser ejercidas cuando por prescripcin de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes.

Artculo111. Competencia para la revisin de oficio de las disposiciones y de actos nulos y anulables en la Administracin General del Estado.

En el mbito estatal, sern competentes para la revisin de oficio de las disposiciones y los actos administrativos nulos y anulables:

a) El Consejo de Ministros, respecto de sus propios actos y disposiciones y de los actos y disposiciones dictados por los Ministros.

b) En la Administracin General del Estado:

1. Los Ministros, respecto de los actos y disposiciones de los Secretarios de Estado y de los dictados por rganos directivos de su Departamento no dependientes de una Secretara de Estado.

2. Los Secretarios de Estado, respecto de los actos y disposiciones dictados por los rganos directivos de ellos dependientes.

c) En los Organismos pblicos y entidades derecho pblico vinculados o dependientes de la Administracin General del Estado:

1. Los rganos a los que estn adscritos los Organismos pblicos y entidades de derecho pblico, respecto de los actos y disposiciones dictados por el mximo rgano rector de stos.

2. Los mximos rganos rectores de los Organismos pblicos y entidades de derecho pblico, respecto de los actos y disposiciones dictados por los rganos de ellos dependientes.

CAPTULO II

Recursos administrativos

Seccin1. Principios generales

Artculo112. Objeto y clases.

1. Contra las resoluciones y los actos de trmite, si estos ltimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensin o perjuicio irreparable a derechos e intereses legtimos, podrn interponerse por los interesados los recursos de alzada y potestativo de reposicin, que cabr fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artculos47 y48 de esta Ley.

La oposicin a los restantes actos de trmite podr alegarse por los interesados para su consideracin en la resolucin que ponga fin al procedimiento.

2. Las leyes podrn sustituir el recurso de alzada, en supuestos o mbitos sectoriales determinados, y cuando la especificidad de la materia as lo justifique, por otros procedimientos de impugnacin, reclamacin, conciliacin, mediacin y arbitraje, ante rganos colegiados o Comisiones especficas no sometidas a instrucciones jerrquicas, con respeto a los principios, garantas y plazos que la presente Ley reconoce a las personas y a los interesados en todo procedimiento administrativo.

En las mismas condiciones, el recurso de reposicin podr ser sustituido por los procedimientos a que se refiere el prrafo anterior, respetando su carcter potestativo para el interesado.

La aplicacin de estos procedimientos en el mbito de la Administracin Local no podr suponer el desconocimiento de las facultades resolutorias reconocidas a los rganos representativos electos establecidos por la Ley.

3. Contra las disposiciones administrativas de carcter general no cabr recurso en va administrativa.

Los recursos contra un acto administrativo que se funden nicamente en la nulidad de alguna disposicin administrativa de carcter general podrn interponerse directamente ante el rgano que dict dicha disposicin.

4. Las reclamaciones econmico-administrativas se ajustarn a los procedimientos establecidos por su legislacin especfica.

Artculo113. Recurso extraordinario de revisin.

Contra los actos firmes en va administrativa, slo proceder el recurso extraordinario de revisin cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artculo125.1.

Artculo114. Fin de la va administrativa.

1. Ponen fin a la va administrativa:

a) Las resoluciones de los recursos de alzada.

b) Las resoluciones de los procedimientos a que se refiere el artculo112.2.

c) Las resoluciones de los rganos administrativos que carezcan de superior jerrquico, salvo que una Ley establezca lo contrario.

d) Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideracin de finalizadores del procedimiento.

e) La resolucin administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, cualquiera que fuese el tipo de relacin, pblica o privada, de que derive.

f) La resolucin de los procedimientos complementarios en materia sancionadora a los que se refiere el artculo90.4.

g) Las dems resoluciones de rganos administrativos cuando una disposicin legal o reglamentaria as lo establezca.

2. Adems de lo previsto en el apartado anterior, en el mbito estatal ponen fin a la va administrativa los actos y resoluciones siguientes:

a) Los actos administrativos de los miembros y rganos del Gobierno.

b) Los emanados de los Ministros y los Secretarios de Estado en el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas los rganos de los que son titulares.

c) Los emanados de los rganos directivos con nivel de Director general o superior, en relacin con las competencias que tengan atribuidas en materia de personal.

d) En los Organismos pblicos y entidades derecho pblico vinculados o dependientes de la Administracin General del Estado, los emanados de los mximos rganos de direccin unipersonales o colegiados, de acuerdo con lo que establezcan sus estatutos, salvo que por ley se establezca otra cosa.

Artculo115. Interposicin de recurso.

1. La interposicin del recurso deber expresar:

a) El nombre y apellidos del recurrente, as como la identificacin personal del mismo.

b) El acto que se recurre y la razn de su impugnacin.

c) Lugar, fecha, firma del recurrente, identificacin del medio y, en su caso, del lugar que se seale a efectos de notificaciones.

d) rgano, centro o unidad administrativa al que se dirige y su correspondiente cdigo de identificacin.

e) Las dems particularidades exigidas, en su caso, por las disposiciones especficas.

2. El error o la ausencia de la calificacin del recurso por parte del recurrente no ser obstculo para su tramitacin, siempre que se deduzca su verdadero carcter.

3. Los vicios y defectos que hagan anulable un acto no podrn ser alegados por quienes los hubieren causado.

Artculo116. Causas de inadmisin.

Sern causas de inadmisin las siguientes:

a) Ser incompetente el rgano administrativo, cuando el competente perteneciera a otra Administracin Pblica. El recurso deber remitirse al rgano competente, de acuerdo con lo establecido en el artculo14.1 de la Ley de Rgimen Jurdico del Sector Pblico.

b) Carecer de legitimacin el recurrente.

c) Tratarse de un acto no susceptible de recurso.

d) Haber transcurrido el plazo para la interposicin del recurso.

e) Carecer el recurso manifiestamente de fundamento.

Artculo117. Suspensin de la ejecucin.

1. La interposicin de cualquier recurso, excepto en los casos en que una disposicin establezca lo contrario, no suspender la ejecucin del acto impugnado.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el rgano a quien competa resolver el recurso, previa ponderacin, suficientemente razonada, entre el perjuicio que causara al inters pblico o a terceros la suspensin y el ocasionado al recurrente como consecuencia de la eficacia inmediata del acto recurrido, podr suspender, de oficio o a solicitud del recurrente, la ejecucin del acto impugnado cuando concurran alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que la ejecucin pudiera causar perjuicios de imposible o difcil reparacin.

b) Que la impugnacin se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho previstas en el artculo47.1 de esta Ley.

3. La ejecucin del acto impugnado se entender suspendida si transcurrido un mes desde que la solicitud de suspensin haya tenido entrada en el registro electrnico de la Administracin u Organismo competente para decidir sobre la misma, el rgano a quien competa resolver el recurso no ha dictado y notificado resolucin expresa al respecto. En estos casos, no ser de aplicacin lo establecido en el artculo21.4 segundo prrafo, de esta Ley.

4. Al dictar el acuerdo de suspensin podrn adoptarse las medidas cautelares que sean necesarias para asegurar la proteccin del inters pblico o de terceros y la eficacia de la resolucin o el acto impugnado.

Cuando de la suspensin puedan derivarse perjuicios de cualquier naturaleza, aqulla slo producir efectos previa prestacin de caucin o garanta suficiente para responder de ellos, en los trminos establecidos reglamentariamente.

La suspensin se prolongar despus de agotada la va administrativa cuando, habindolo solicitado previamente el interesado, exista medida cautelar y los efectos de sta se extiendan a la va contencioso-administrativa. Si el interesado interpusiera recurso contencioso-administrativo, solicitando la suspensin del acto objeto del proceso, se mantendr la suspensin hasta que se produzca el correspondiente pronunciamiento judicial sobre la solicitud.

5. Cuando el recurso tenga por objeto la impugnacin de un acto administrativo que afecte a una pluralidad indeterminada de personas, la suspensin de su eficacia habr de ser publicada en el peridico oficial en que aqul se insert.

Artculo118. Audiencia de los interesados.

1. Cuando hayan de tenerse en cuenta nuevos hechos o documentos no recogidos en el expediente originario, se pondrn de manifiesto a los interesados para que, en un plazo no inferior a diez das ni superior a quince, formulen las alegaciones y presenten los documentos y justificantes que estimen procedentes.

No se tendrn en cuenta en la resolucin de los recursos, hechos, documentos o alegaciones del recurrente, cuando habiendo podido aportarlos en el trmite de alegaciones no lo haya hecho. Tampoco podr solicitarse la prctica de pruebas cuando su falta de realizacin en el procedimiento en el que se dict la resolucin recurrida fuera imputable al interesado.

2. Si hubiera otros interesados se les dar, en todo caso, traslado del recurso para que en el plazo antes citado, aleguen cuanto estimen procedente.

3. El recurso, los informes y las propuestas no tienen el carcter de documentos nuevos a los efectos de este artculo. Tampoco lo tendrn los que los interesados hayan aportado al expediente antes de recaer la resolucin impugnada.

Artculo119. Resolucin.

1. La resolucin del recurso estimar en todo o en parte o desestimar las pretensiones formuladas en el mismo o declarar su inadmisin.

2. Cuando existiendo vicio de forma no se estime procedente resolver sobre el fondo se ordenar la retroaccin del procedimiento al momento en el que el vicio fue cometido, sin perjuicio de que eventualmente pueda acordarse la convalidacin de actuaciones por el rgano competente para ello, de acuerdo con lo dispuesto en el artculo52.

3. El rgano que resuelva el recurso decidir cuantas cuestiones, tanto de forma como de fondo, plantee el procedimiento, hayan sido o no alegadas por los interesados. En este ltimo caso se les oir previamente. No obstante, la resolucin ser congruente con las peticiones formuladas por el recurrente, sin que en ningn caso pueda agravarse su situacin inicial.

Artculo120. Pluralidad de recursos administrativos.

1. Cuando deban resolverse una pluralidad de recursos administrativos que traigan causa de un mismo acto administrativo y se hubiera interpuesto un recurso judicial contra una resolucin administrativa o bien contra el correspondiente acto presunto desestimatorio, el rgano administrativo podr acordar la suspensin del plazo para resolver hasta que recaiga pronunciamiento judicial.

2. El acuerdo de suspensin deber ser notificado a los interesados, quienes podrn recurrirlo.

La interposicin del correspondiente recurso por un interesado, no afectar a los restantes procedimientos de recurso que se encuentren suspendidos por traer causa del mismo acto administrativo.

3. Recado el pronunciamiento judicial, ser comunicado a los interesados y el rgano administrativo competente para resolver podr dictar resolucin sin necesidad de realizar ningn trmite adicional, salvo el de audiencia, cuando proceda.

Seccin2. Recurso de alzada

Artculo121. Objeto.

1. Las resoluciones y actos a que se refiere el artculo112.1, cuando no pongan fin a la va administrativa, podrn ser recurridos en alzada ante el rgano superior jerrquico del que los dict. A estos efectos, los Tribunales y rganos de seleccin del personal al servicio de las Administraciones Pblicas y cualesquiera otros que, en el seno de stas, acten con autonoma funcional, se considerarn dependientes del rgano al que estn adscritos o, en su defecto, del que haya nombrado al presidente de los mismos.

2. El recurso podr interponerse ante el rgano que dict el acto que se impugna o ante el competente para resolverlo.

Si el recurso se hubiera interpuesto ante el rgano que dict el acto impugnado, ste deber remitirlo al competente en el plazo de diez das, con su informe y con una copia completa y ordenada del expediente.

El titular del rgano que dict el acto recurrido ser responsable directo del cumplimiento de lo previsto en el prrafo anterior.

Artculo122. Plazos.

1. El plazo para la interposicin del recurso de alzada ser de un mes, si el acto fuera expreso. Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolucin ser firme a todos los efectos.

Si el acto no fuera expreso el solicitante y otros posibles interesados podrn interponer recurso de alzada en cualquier momento a partir del da siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa especfica, se produzcan los efectos del silencio administrativo.

2. El plazo mximo para dictar y notificar la resolucin ser de tres meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga resolucin, se podr entender desestimado el recurso, salvo en el supuesto previsto en el artculo24.1, tercer prrafo.

3. Contra la resolucin de un recurso de alzada no cabr ningn otro recurso administrativo, salvo el recurso extraordinario de revisin, en los casos establecidos en el artculo125.1.

Seccin3. Recurso potestativo de reposicin

Artculo123. Objeto y naturaleza.

1. Los actos administrativos que pongan fin a la va administrativa podrn ser recurridos potestativamente en reposicin ante el mismo rgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

2. No se podr interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimacin presunta del recurso de reposicin interpuesto.

Artculo124. Plazos.

1. El plazo para la interposicin del recurso de reposicin ser de un mes, si el acto fuera expreso. Transcurrido dicho plazo, nicamente podr interponerse recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revisin.

Si el acto no fuera expreso, el solicitante y otros posibles interesados podrn interponer recurso de reposicin en cualquier momento a partir del da siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa especfica, se produzca el acto presunto.

2. El plazo mximo para dictar y notificar la resolucin del recurso ser de un mes.

3. Contra la resolucin de un recurso de reposicin no podr interponerse de nuevo dicho recurso.

Seccin4. Recurso extraordinario de revisin

Artculo125. Objeto y plazos.

1. Contra los actos firmes en va administrativa podr interponerse el recurso extraordinario de revisin ante el rgano administrativo que los dict, que tambin ser el competente para su resolucin, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

a) Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente.

b) Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolucin del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolucin recurrida.

c) Que en la resolucin hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolucin.

d) Que la resolucin se hubiese dictado como consecuencia de prevaricacin, cohecho, violencia, maquinacin fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado as en virtud de sentencia judicial firme.

2. El recurso extraordinario de revisin se interpondr, cuando se trate de la causa a) del apartado anterior, dentro del plazo de cuatro aos siguientes a la fecha de la notificacin de la resolucin impugnada. En los dems casos, el plazo ser de tres meses a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial qued firme.

3. Lo establecido en el presente artculo no perjudica el derecho de los interesados a formular la solicitud y la instancia a que se refieren los artculos106 y109.2 de la presente Ley ni su derecho a que las mismas se sustancien y resuelvan.

Artculo126. Resolucin.

1. El rgano competente para la resolucin del recurso podr acordar motivadamente la inadmisin a trmite, sin necesidad de recabar dictamen del Consejo de Estado u rgano consultivo de la Comunidad Autnoma, cuando el mismo no se funde en alguna de las causas previstas en el apartado1 del artculo anterior o en el supuesto de que se hubiesen desestimado en cuanto al fondo otros recursos sustancialmente iguales.

2. El rgano al que corresponde conocer del recurso extraordinario de revisin debe pronunciarse no slo sobre la procedencia del recurso, sino tambin, en su caso, sobre el fondo de la cuestin resuelta por el acto recurrido.

3. Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposicin del recurso extraordinario de revisin sin haberse dictado y notificado la resolucin, se entender desestimado, quedando expedita la va jurisdiccional contencioso-administrativa.

TTULO VI

De la iniciativa legislativa y de la potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones

Artculo127. Iniciativa legislativa y potestad para dictar normas con rango de ley.

El Gobierno de la Nacin ejercer la iniciativa legislativa prevista en la Constitucin mediante la elaboracin y aprobacin de los anteproyectos de Ley y la ulterior remisin de los proyectos de ley a las Cortes Generales.

La iniciativa legislativa se ejercer por los rganos de gobierno de las Comunidades Autnomas en los trminos establecidos por la Constitucin y sus respectivos Estatutos de Autonoma.

Asimismo, el Gobierno de la Nacin podr aprobar reales decretos-leyes y reales decretos legislativos en los trminos previstos en la Constitucin. Los respectivos rganos de gobierno de las Comunidades Autnomas podrn aprobar normas equivalentes a aqullas en su mbito territorial, de conformidad con lo establecido en la Constitucin y en sus respectivos Estatutos de Autonoma.

Artculo128. Potestad reglamentaria.

1. El ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde al Gobierno de la Nacin, a los rganos de Gobierno de las Comunidades Autnomas, de conformidad con lo establecido en sus respectivos Estatutos, y a los rganos de gobierno locales, de acuerdo con lo previsto en la Constitucin, los Estatutos de Autonoma y la Ley7/1985, de2 de abril, reguladora de las Bases del Rgimen Local.

2. Los reglamentos y disposiciones administrativas no podrn vulnerar la Constitucin o las leyes ni regular aquellas materias que la Constitucin o los Estatutos de Autonoma reconocen de la competencia de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autnomas. Sin perjuicio de su funcin de desarrollo o colaboracin con respecto a la ley, no podrn tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas, establecer penas o sanciones, as como tributos, exacciones parafiscales u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de carcter pblico.

3. Las disposiciones administrativas se ajustarn al orden de jerarqua que establezcan las leyes. Ninguna disposicin administrativa podr vulnerar los preceptos de otra de rango superior.

Artculo129. Principios de buena regulacin.

1. En el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las Administraciones Pblicas actuarn de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurdica, transparencia, y eficiencia. En la exposicin de motivos o en el prembulo, segn se trate, respectivamente, de anteproyectos de ley o de proyectos de reglamento, quedar suficientemente justificada su adecuacin a dichos principios.

2. En virtud de los principios de necesidad y eficacia, la iniciativa normativa debe estar justificada por una razn de inters general, basarse en una identificacin clara de los fines perseguidos y ser el instrumento ms adecuado para garantizar su consecucin.

3. En virtud del principio de proporcionalidad, la iniciativa que se proponga deber contener la regulacin imprescindible para atender la necesidad a cubrir con la norma, tras constatar que no existen otras medidas menos restrictivas de derechos, o que impongan menos obligaciones a los destinatarios.

4. A fin de garantizar el principio de seguridad jurdica, la iniciativa normativa se ejercer de manera coherente con el resto del ordenamiento jurdico, nacional y de la Unin Europea, para generar un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensin y, en consecuencia, la actuacin y toma de decisiones de las personas y empresas.

Cuando en materia de procedimiento administrativo la iniciativa normativa establezca trmites adicionales o distintos a los contemplados en esta Ley, stos debern ser justificados atendiendo a la singularidad de la materia o a los fines perseguidos por la propuesta.

Las habilitaciones para el desarrollo reglamentario de una ley sern conferidas, con carcter general, al Gobierno o Consejo de Gobierno respectivo. La atribucin directa a los titulares de los departamentos ministeriales o de las consejeras del Gobierno, o a otros rganos dependientes o subordinados de ellos, tendr carcter excepcional y deber justificarse en la ley habilitante.

Las leyes podrn habilitar directamente a Autoridades Independientes u otros organismos que tengan atribuida esta potestad para aprobar normas en desarrollo o aplicacin de las mismas, cuando la naturaleza de la materia as lo exija.

5. En aplicacin del principio de transparencia, las Administraciones Pblicas posibilitarn el acceso sencillo, universal y actualizado a la normativa en vigor y los documentos propios de su proceso de elaboracin, en los trminos establecidos en el artculo7 de la Ley19/2013, de9 de diciembre, de transparencia, acceso a la informacin pblica y buen gobierno; definirn claramente los objetivos de las iniciativas normativas y su justificacin en el prembulo o exposicin de motivos; y posibilitarn que los potenciales destinatarios tengan una participacin activa en la elaboracin de las normas.

6. En aplicacin del principio de eficiencia, la iniciativa normativa debe evitar cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionalizar, en su aplicacin, la gestin de los recursos pblicos.

7. Cuando la iniciativa normativa afecte a los gastos o ingresos pblicos presentes o futuros, se debern cuantificar y valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Artculo130. Evaluacin normativa y adaptacin de la normativa vigente a los principios de buena regulacin.

1. Las Administraciones Pblicas revisarn peridicamente su normativa vigente para adaptarla a los principios de buena regulacin y para comprobar la medida en que las normas en vigor han conseguido los objetivos previstos y si estaba justificado y correctamente cuantificado el coste y las cargas impuestas en ellas.

El resultado de la evaluacin se plasmar en un informe que se har pblico, con el detalle, periodicidad y por el rgano que determine la normativa reguladora de la Administracin correspondiente.

2. Las Administraciones Pblicas promovern la aplicacin de los principios de buena regulacin y cooperarn para promocionar el anlisis econmico en la elaboracin de las normas y, en particular, para evitar la introduccin de restricciones injustificadas o desproporcionadas a la actividad econmica.

Artculo131. Publicidad de las normas.

Las normas con rango de ley, los reglamentos y disposiciones administrativas habrn de publicarse en el diario oficial correspondiente para que entren en vigor y produzcan efectos jurdicos. Adicionalmente, y de manera facultativa, las Administraciones Pblicas podrn establecer otros medios de publicidad complementarios.

La publicacin de los diarios o boletines oficiales en las sedes electrnicas de la Administracin, rgano, Organismo pblico o Entidad competente tendr, en las condiciones y con las garantas que cada Administracin Pblica determine, los mismos efectos que los atribuidos a su edicin impresa.

La publicacin del Boletn Oficial del Estado en la sede electrnica del Organismo competente tendr carcter oficial y autntico en las condiciones y con las garantas que se determinen reglamentariamente, derivndose de dicha publicacin los efectos previstos en el ttulo preliminar del Cdigo Civil y en las restantes normas aplicables.

Artculo132. Planificacin normativa.

1. Anualmente, las Administraciones Pblicas harn pblico un Plan Normativo que contendr las iniciativas legales o reglamentarias que vayan a ser elevadas para su aprobacin en el ao siguiente.

2. Una vez aprobado, el Plan Anual Normativo se publicar en el Portal de la Transparencia de la Administracin Pblica correspondiente.

Artculo133. Participacin de los ciudadanos en el procedimiento de elaboracin de normas con rango de Ley y reglamentos.

1. Con carcter previo a la elaboracin del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se sustanciar una consulta pblica, a travs del portal web de la Administracin competente en la que se recabar la opinin de los sujetos y de las organizaciones ms representativas potencialmente afectados por la futura norma acerca de:

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.

b) La necesidad y oportunidad de su aprobacin.

c) Los objetivos de la norma.

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

2. Sin perjuicio de la consulta previa a la redaccin del texto de la iniciativa, cuando la norma afecte a los derechos e intereses legtimos de las personas, el centro directivo competente publicar el texto en el portal web correspondiente, con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades. Asimismo, podr tambin recabarse directamente la opinin de las organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que agrupen o representen a las personas cuyos derechos o intereses legtimos se vieren afectados por la norma y cuyos fines guarden relacin directa con su objeto.

3. La consulta, audiencia e informacin pblicas reguladas en este artculo debern realizarse de forma tal que los potenciales destinatarios de la norma y quienes realicen aportaciones sobre ella tengan la posibilidad de emitir su opinin, para lo cual debern ponerse a su disposicin los documentos necesarios, que sern claros, concisos y reunir toda la informacin precisa para poder pronunciarse sobre la materia.

4. Podr prescindirse de los trmites de consulta, audiencia e informacin pblicas previstos en este artculo en el caso de normas presupuestarias u organizativas de la Administracin General del Estado, la Administracin autonmica, la Administracin local o de las organizaciones dependientes o vinculadas a stas, o cuando concurran razones graves de inters pblico que lo justifiquen.

Cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad econmica, no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o regule aspectos parciales de una materia, podr omitirse la consulta pblica regulada en el apartado primero. Si la normativa reguladora del ejercicio de la iniciativa legislativa o de la potestad reglamentaria por una Administracin prev la tramitacin urgente de estos procedimientos, la eventual excepcin del trmite por esta circunstancia se ajustar a lo previsto en aquella.

Disposicin adicional primera. Especialidades por razn de materia.

1. Los procedimientos administrativos regulados en leyes especiales por razn de la materia que no exijan alguno de los trmites previstos en esta Ley o regulen trmites adicionales o distintos se regirn, respecto a stos, por lo dispuesto en dichas leyes especiales.

2. Las siguientes actuaciones y procedimientos se regirn por su normativa especfica y supletoriamente por lo dispuesto en esta Ley:

a) Las actuaciones y procedimientos de aplicacin de los tributos en materia tributaria y aduanera, as como su revisin en va administrativa.

b) Las actuaciones y procedimientos de gestin, inspeccin, liquidacin, recaudacin, impugnacin y revisin en materia de Seguridad Social y Desempleo.

c) Las actuaciones y procedimientos sancionadores en materia tributaria y aduanera, en el orden social, en materia de trfico y seguridad vial y en materia de extranjera.

d) Las actuaciones y procedimientos en materia de extranjera y asilo.

Disposicin adicional segunda. Adhesin de las Comunidades Autnomas y Entidades Locales a las plataformas y registros de la Administracin General del Estado.

Para cumplir con lo previsto en materia de registro electrnico de apoderamientos, registro electrnico, archivo electrnico nico, plataforma de intermediacin de datos y punto de acceso general electrnico de la Administracin, las Comunidades Autnomas y las Entidades Locales podrn adherirse voluntariamente y a travs de medios electrnicos a las plataformas y registros establecidos al efecto por la Administracin General del Estado. Su no adhesin, deber justificarse en trminos de eficiencia conforme al artculo7 de la Ley Orgnica2/2012, de27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

En el caso que una Comunidad Autnoma o una Entidad Local justifique ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Pblicas que puede prestar el servicio de un modo ms eficiente, de acuerdo con los criterios previstos en el prrafo anterior, y opte por mantener su propio registro o plataforma, las citadas Administraciones debern garantizar que ste cumple con los requisitos del Esquema Nacional de Interoperabilidad, el Esquema Nacional de Seguridad, y sus normas tcnicas de desarrollo, de modo que se garantice su compatibilidad informtica e interconexin, as como la transmisin telemtica de las solicitudes, escritos y comunicaciones que se realicen en sus correspondientes registros y plataformas.

Disposicin adicional tercera. Notificacin por medio de anuncio publicado en el Boletn Oficial del Estado.

1. El Boletn Oficial del Estado pondr a disposicin de las diversas Administraciones Pblicas, un sistema automatizado de remisin y gestin telemtica para la publicacin de los anuncios de notificacin en el mismo previstos en el artculo44 de esta Ley y en esta disposicin adicional. Dicho sistema, que cumplir con lo establecido en esta Ley, y su normativa de desarrollo, garantizar la celeridad de la publicacin, su correcta y fiel insercin, as como la identificacin del rgano remitente.

2. En aquellos procedimientos administrativos que cuenten con normativa especfica, de concurrir los supuestos previstos en el artculo44 de esta Ley, la prctica de la notificacin se har, en todo caso, mediante un anuncio publicado en el Boletn Oficial del Estado, sin perjuicio de que previamente y con carcter facultativo pueda realizarse en la forma prevista por dicha normativa especfica.

3. La publicacin en el Boletn Oficial del Estado de los anuncios a que se refieren los dos prrafos anteriores se efectuar sin contraprestacin econmica alguna por parte de quienes la hayan solicitado.

Disposicin adicional cuarta. Oficinas de asistencia en materia de registros.

Las Administraciones Pblicas debern mantener permanentemente actualizado en la correspondiente sede electrnica un directorio geogrfico que permita al interesado identificar la oficina de asistencia en materia de registros ms prxima a su domicilio.

Disposicin adicional quinta. Actuacin administrativa de los rganos constitucionales del Estado y de los rganos legislativos y de control autonmicos.

La actuacin administrativa de los rganos competentes del Congreso de los Diputados, del Senado, del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas, del Defensor del Pueblo, de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autnomas y de las instituciones autonmicas anlogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo, se regir por lo previsto en su normativa especfica, en el marco de los principios que inspiran la actuacin administrativa de acuerdo con esta Ley.

Disposicin transitoria primera. Archivo de documentos.

1. El archivo de los documentos correspondientes a procedimientos administrativos ya iniciados antes de la entrada en vigor de la presente Ley, se regirn por lo dispuesto en la normativa anterior.

2. Siempre que sea posible, los documentos en papel asociados a procedimientos administrativos finalizados antes de la entrada en vigor de esta Ley, debern digitalizarse de acuerdo con los requisitos establecidos en la normativa reguladora aplicable.

Disposicin transitoria segunda. Registro electrnico y archivo electrnico nico.

Mientras no entren en vigor las previsiones relativas al registro electrnico y el archivo electrnico nico, en el mbito de la Administracin General del Estado se aplicarn las siguientes reglas:

a) Durante el primer ao, tras la entrada en vigor de la Ley, podrn mantenerse los registros y archivos existentes en el momento de la entrada en vigor de esta ley.

b) Durante el segundo ao, tras la entrada en vigor de la Ley, se dispondr como mximo, de un registro electrnico y un archivo electrnico por cada Ministerio, as como de un registro electrnico por cada Organismo pblico.

Disposicin transitoria tercera. Rgimen transitorio de los procedimientos.

a) A los procedimientos ya iniciados antes de la entrada en vigor de la Ley no les ser de aplicacin la misma, rigindose por la normativa anterior.

b) Los procedimientos de revisin de oficio iniciados despus de la entrada en vigor de la presente Ley se sustanciarn por las normas establecidas en sta.

c) Los actos y resoluciones dictados con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley se regirn, en cuanto al rgimen de recursos, por las disposiciones de la misma.

d) Los actos y resoluciones pendientes de ejecucin a la entrada en vigor de esta Ley se regirn para su ejecucin por la normativa vigente cuando se dictaron.

e) A falta de previsiones expresas establecidas en las correspondientes disposiciones legales y reglamentarias, las cuestiones de Derecho transitorio que se susciten en materia de procedimiento administrativo se resolvern de acuerdo con los principios establecidos en los apartados anteriores.

Disposicin transitoria cuarta. Rgimen transitorio de los archivos, registros y punto de acceso general.

Mientras no entren en vigor las previsiones relativas al registro electrnico de apoderamientos, registro electrnico, punto de acceso general electrnico de la Administracin y archivo nico electrnico, las Administraciones Pblicas mantendrn los mismos canales, medios o sistemas electrnicos vigentes relativos a dichas materias, que permitan garantizar el derecho de las personas a relacionarse electrnicamente con las Administraciones.

Disposicin transitoria quinta. Procedimientos de responsabilidad patrimonial derivados de la declaracin de inconstitucionalidad de una norma o su carcter contrario al Derecho de la Unin Europea.

Los procedimientos administrativos de responsabilidad patrimonial derivados de la declaracin de inconstitucionalidad de una norma o su carcter contrario al Derecho de la Unin Europea iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, se resolvern de acuerdo con la normativa vigente en el momento de su iniciacin.

Disposicin derogatoria nica. Derogacin normativa.

1. Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.

2. Quedan derogadas expresamente las siguientes disposiciones:

a) Ley30/1992, de26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn.

b) Ley11/2007, de22 de junio, de acceso electrnico de los ciudadanos a los Servicios Pblicos.

c) Los artculos4 a7 de la Ley2/2011, de4 de marzo, de Economa Sostenible.

d) Real Decreto429/1993, de26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Pblicas en materia de responsabilidad patrimonial.

e) Real Decreto1398/1993, de4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.

f) Real Decreto772/1999, de7 de mayo, por el que se regula la presentacin de solicitudes, escritos y comunicaciones ante la Administracin General del Estado, la expedicin de copias de documentos y devolucin de originales y el rgimen de las oficinas de registro.

g) Los artculos2.3,10,13,14,15,16,26,27,28,29.1.a), 29.1.d),31,32,33,35,36, 39, 48,50, los apartados1,2 y4 de la disposicin adicional primera, la disposicin adicional tercera, la disposicin transitoria primera, la disposicin transitoria segunda, la disposicin transitoria tercera y la disposicin transitoria cuarta del Real Decreto1671/2009, de6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley11/2007, de22 de junio, de acceso electrnico de los ciudadanos a los Servicios Pblicos.

Hasta que, de acuerdo con lo dispuesto en la disposicin final sptima, produzcan efectos las previsiones relativas al registro electrnico de apoderamientos, registro electrnico, punto de acceso general electrnico de la Administracin y archivo nico electrnico, se mantendrn en vigor los artculos de las normas previstas en las letras a), b) y g) relativos a las materias mencionadas.

3. Las referencias contenidas en normas vigentes a las disposiciones que se derogan expresamente debern entenderse efectuadas a las disposiciones de esta Ley que regulan la misma materia que aqullas.

Disposicin final primera. Ttulo competencial.

1. Esta Ley se aprueba al amparo de lo dispuesto en el artculo149.1.18. de la Constitucin Espaola, que atribuye al Estado la competencia para dictar las bases del rgimen jurdico de las Administraciones Pblicas y competencia en materia de procedimiento administrativo comn y sistema de responsabilidad de todas las Administraciones Pblicas.

2. El ttulo VI de iniciativa legislativa y de la potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones y la disposicin adicional segunda de adhesin de las Comunidades Autnomas y Entidades Locales a las plataformas y registros de la Administracin General del Estado, se aprueban tambin al amparo de lo dispuesto en el artculo149.1.14., relativo a la Hacienda general, as como el artculo149.1.13. que atribuye al Estado la competencia en materia de bases y coordinacin de la planificacin general de la actividad econmica.

3. Lo previsto en los artculos92 primer prrafo,111,114.2 y disposicin transitoria segunda, sern de aplicacin nicamente a la Administracin General del Estado, as como el resto de apartados de los distintos preceptos que prevn su aplicacin exclusiva en el mbito de la Administracin General del Estado.

Disposicin final segunda. Modificacin de la Ley59/2003, de19 de diciembre, de firma electrnica.

En la Ley59/2003, de19 de diciembre, de firma electrnica, se incluye un nuevo apartado11 en el artculo3 con la siguiente redaccin:

11. Todos los sistemas de identificacin y firma electrnica previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo Comn de las Administraciones Pblicas y en la Ley de Rgimen Jurdico del Sector Pblico tendrn plenos efectos jurdicos.

Disposicin final tercera. Modificacin de la Ley36/2011, de10 de octubre, reguladora de la jurisdiccin social.

La Ley36/2011, de10 de octubre, reguladora de la jurisdiccin social, queda redactada en los siguientes trminos:

Uno. El artculo64 queda redactado como sigue:

Artculo64. Excepciones a la conciliacin o mediacin previas.

1. Se exceptan del requisito del intento de conciliacin o, en su caso, de mediacin los procesos que exijan el agotamiento de la va administrativa, en su caso, los que versen sobre Seguridad Social, los relativos a la impugnacin del despido colectivo por los representantes de los trabajadores, disfrute de vacaciones y a materia electoral, movilidad geogrfica, modificacin sustancial de las condiciones de trabajo, suspensin del contrato y reduccin de jornada por causas econmicas, tcnicas, organizativas o de produccin o derivadas de fuerza mayor, derechos de conciliacin de la vida personal, familiar y laboral a los que se refiere el artculo139, los iniciados de oficio, los de impugnacin de convenios colectivos, los de impugnacin de los estatutos de los sindicatos o de su modificacin, los de tutela de los derechos fundamentales y libertades pblicas, los procesos de anulacin de laudos arbitrales, los de impugnacin de acuerdos de conciliaciones, de mediaciones y de transacciones, as como aquellos en que se ejerciten acciones laborales de proteccin contra la violencia de gnero.

2. Igualmente, quedan exceptuados:

a) Aquellos procesos en los que siendo parte demandada el Estado u otro ente pblico tambin lo fueren personas privadas, siempre que la pretensin hubiera de someterse al agotamiento de la va administrativa y en sta pudiera decidirse el asunto litigioso.

b) Los supuestos en que, en cualquier momento del proceso, despus de haber dirigido la papeleta o la demanda contra personas determinadas, fuera necesario dirigir o ampliar la misma frente a personas distintas de las inicialmente demandadas.

3. Cuando por la naturaleza de la pretensin ejercitada pudiera tener eficacia jurdica el acuerdo de conciliacin o de mediacin que pudiera alcanzarse, aun estando exceptuado el proceso del referido requisito del intento previo, si las partes acuden en tiempo oportuno voluntariamente y de comn acuerdo a tales vas previas, se suspendern los plazos de caducidad o se interrumpirn los de prescripcin en la forma establecida en el artculo siguiente.

Dos. El artculo69 queda redactado como sigue:

Artculo69. Agotamiento de la va administrativa previa a la va judicial social.

1. Para poder demandar al Estado, Comunidades Autnomas, entidades locales o entidades de Derecho pblico con personalidad jurdica propia vinculadas o dependientes de los mismos ser requisito necesario haber agotado la va administrativa, cuando as proceda, de acuerdo con lo establecido en la normativa de procedimiento administrativo aplicable.

En todo caso, la Administracin pblica deber notificar a los interesados las resoluciones y actos administrativos que afecten a sus derechos e intereses, conteniendo la notificacin el texto ntegro de la resolucin, con indicacin de si es o no definitivo en la va administrativa, la expresin de los recursos que procedan, rgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente.

Las notificaciones que conteniendo el texto ntegro del acto omitiesen alguno de los dems requisitos previstos en el prrafo anterior mantendrn suspendidos los plazos de caducidad e interrumpidos los de prescripcin y nicamente surtirn efecto a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolucin o acto objeto de la notificacin o resolucin, o interponga cualquier recurso que proceda.

2. Desde que se deba entender agotada la va administrativa el interesado podr formalizar la demanda en el plazo de dos meses ante el juzgado o la Sala competente. A la demanda se acompaar copia de la resolucin denegatoria o documento acreditativo de la interposicin o resolucin del recurso administrativo, segn proceda, uniendo copia de todo ello para la entidad demandada.

3. En las acciones derivadas de despido y dems acciones sujetas a plazo de caducidad, el plazo de interposicin de la demanda ser de veinte das hbiles o el especial que sea aplicable, contados a partir del da siguiente a aqul en que se hubiera producido el acto o la notificacin de la resolucin impugnada, o desde que se deba entender agotada la va administrativa en los dems casos.

Tres. El artculo70 queda redactado como sigue:

Artculo70. Excepciones al agotamiento de la va administrativa.

No ser necesario agotar la va administrativa para interponer demanda de tutela de derechos fundamentales y libertades pblicas frente a actos de las Administraciones pblicas en el ejercicio de sus potestades en materia laboral y sindical, si bien el plazo para la interposicin de la demanda ser de veinte das desde el da siguiente a la notificacin del acto o al transcurso del plazo fijado para la resolucin, sin ms trmites; cuando la lesin del derecho fundamental tuviera su origen en la inactividad administrativa o en actuacin en vas de hecho, o se hubiera interpuesto potestativamente un recurso administrativo, el plazo de veinte das se iniciar transcurridos veinte das desde la reclamacin contra la inactividad o va de hecho, o desde la presentacin del recurso, respectivamente.

Cuatro. El artculo72 queda redactado como sigue:

Artculo72. Vinculacin respecto a la reclamacin administrativa previa en materia de prestaciones de Seguridad Social o va administrativa previa.

En el proceso no podrn introducir las partes variaciones sustanciales de tiempo, cantidades o conceptos respecto de los que fueran objeto del procedimiento administrativo y de las actuaciones de los interesados o de la Administracin, bien en fase de reclamacin previa en materia de prestaciones de Seguridad Social o de recurso que agote la va administrativa, salvo en cuanto a los hechos nuevos o que no hubieran podido conocerse con anterioridad.

Cinco. El artculo73 queda redactado como sigue:

Artculo73. Efectos de la reclamacin administrativa previa en materia de prestaciones de Seguridad Social.

La reclamacin previa en materia de prestaciones de Seguridad Social interrumpir los plazos de prescripcin y suspender los de caducidad, reanudndose estos ltimos al da siguiente al de la notificacin de la resolucin o del transcurso del plazo en que deba entenderse desestimada.

Seis. El artculo85 queda redactado como sigue:

Artculo85. Celebracin del juicio.

1. Si no hubiera avenencia en conciliacin, se pasar seguidamente a juicio y se dar cuenta de lo actuado.

Con carcter previo se resolver, motivadamente, en forma oral y odas las partes, sobre las cuestiones previas que se puedan formular en ese acto, as como sobre los recursos u otras incidencias pendientes de resolucin, sin perjuicio de la ulterior sucinta fundamentacin en la sentencia, cuando proceda. Igualmente sern odas las partes y, en su caso, se resolver, motivadamente y en forma oral, lo procedente sobre las cuestiones que el juez o tribunal pueda plantear en ese momento sobre su competencia, los presupuestos de la demanda o el alcance y lmites de la pretensin formulada, respetando las garantas procesales de las partes y sin prejuzgar el fondo del asunto.

A continuacin, el demandante ratificar o ampliar su demanda, aunque en ningn caso podr hacer en ella variacin sustancial.

2. El demandado contestar afirmando o negando concretamente los hechos de la demanda, y alegando cuantas excepciones estime procedentes.

3. nicamente podr formular reconvencin cuando la hubiese anunciado en la conciliacin previa al proceso o en la contestacin a la reclamacin previa en materia de prestaciones de Seguridad Social o resolucin que agote la va administrativa, y hubiese expresado en esencia los hechos en que se funda y la peticin en que se concreta. No se admitir la reconvencin, si el rgano judicial no es competente, si la accin que se ejercita ha de ventilarse en modalidad procesal distinta y la accin no fuera acumulable, y cuando no exista conexin entre sus pretensiones y las que sean objeto de la demanda principal.

No ser necesaria reconvencin para alegar compensacin de deudas, siempre que sean vencidas y exigibles y no se formule pretensin de condena reconvencional, y en general cuando el demandado esgrima una pretensin que tienda exclusivamente a ser absuelto de la pretensin o pretensiones objeto de la demanda principal, siendo suficiente que se alegue en la contestacin a la demanda. Si la obligacin precisa de determinacin judicial por no ser lquida con antelacin al juicio, ser necesario expresar concretamente los hechos que fundamenten la excepcin y la forma de liquidacin de la deuda, as como haber anunciado la misma en la conciliacin o mediacin previas, o en la reclamacin en materia de prestaciones de Seguridad Social o resolucin que agoten la va administrativa. Formulada la reconvencin, se dar traslado a las dems partes para su contestacin en los trminos establecidos para la demanda. El mismo trmite de traslado se acordar para dar respuesta a las excepciones procesales, caso de ser alegadas.

4. Las partes harn uso de la palabra cuantas veces el juez o tribunal lo estime necesario.

5. Asimismo, en este acto, las partes podrn alegar cuanto estimen conveniente a efectos de lo dispuesto en la letra b) del apartado3 del artculo191, ofreciendo, para el momento procesal oportuno, los elementos de juicio necesarios para fundamentar sus alegaciones. No ser preciso aportar prueba sobre esta concreta cuestin cuando el hecho de que el proceso afecta a muchos trabajadores o beneficiarios sea notorio por su propia naturaleza.

6. Si no se suscitasen cuestiones procesales o si, suscitadas, se hubieran contestado, las partes o sus defensores con el tribunal fijarn los hechos sobre los que exista conformidad o disconformidad de los litigantes, consignndose en caso necesario en el acta o, en su caso, por diligencia, sucinta referencia a aquellos extremos esenciales conformes, a efectos de ulterior recurso. Igualmente podrn facilitar las partes unas notas breves de clculo o resumen de datos numricos.

7. En caso de allanamiento total o parcial ser aprobado por el rgano jurisdiccional, odas las dems partes, de no incurrir en renuncia prohibida de derechos, fraude de ley o perjuicio a terceros, o ser contrario al inters pblico, mediante resolucin que podr dictarse en forma oral. Si el allanamiento fuese total se dictar sentencia condenatoria de acuerdo con las pretensiones del actor. Cuando el allanamiento sea parcial, podr dictarse auto aprobatorio, que podr llevarse a efecto por los trmites de la ejecucin definitiva parcial, siempre que por la naturaleza de las pretensiones objeto de allanamiento, sea posible un pronunciamiento separado que no prejuzgue las restantes cuestiones no allanadas, respecto de las cuales continuar el acto de juicio.

8. El juez o tribunal, una vez practicada la prueba y antes de las conclusiones, salvo que exista oposicin de alguna de las partes, podr suscitar la posibilidad de llegar a un acuerdo y de no alcanzarse el mismo en ese momento proseguir la celebracin del juicio.

Siete. El artculo103 queda redactado como sigue:

Artculo103. Presentacin de la demanda por despido.

1. El trabajador podr reclamar contra el despido, dentro de los veinte das hbiles siguientes a aqul en que se hubiera producido. Dicho plazo ser de caducidad a todos los efectos y no se computarn los sbados, domingos y los festivos en la sede del rgano jurisdiccional.

2. Si se promoviese papeleta de conciliacin o solicitud de mediacin o demanda por despido contra una persona a la que errneamente se hubiere atribuido la cualidad de empresario, y se acreditase con posterioridad, sea en el juicio o en otro momento anterior del proceso, que lo era un tercero, el trabajador podr promover nueva demanda contra ste, o ampliar la demanda si no se hubiera celebrado el juicio, sin que comience el cmputo del plazo de caducidad hasta el momento en que conste quin sea el empresario.

3. Las normas del presente captulo sern de aplicacin a la impugnacin de las decisiones empresariales de extincin de contrato con las especialidades necesarias, sin perjuicio de lo previsto en el artculo120 y de las consecuencias sustantivas de cada tipo de extincin contractual.

Ocho. El artculo117 queda redactado como sigue:

Artculo117. Requisito del agotamiento de la va administrativa previa a la va judicial.

1. Para demandar al Estado por los salarios de tramitacin, ser requisito previo haber reclamado en va administrativa en la forma y plazos establecidos, contra cuya denegacin el empresario o, en su caso, el trabajador, podr promover la oportuna accin ante el juzgado que conoci en la instancia del proceso de despido.

2. A la demanda habr de acompaarse copia de la resolucin administrativa denegatoria o de la instancia de solicitud de pago.

3. El plazo de prescripcin de esta accin es el previsto en el apartado2 del artculo59 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, inicindose el cmputo del mismo, en caso de reclamacin efectuada por el empresario, desde el momento en que ste sufre la disminucin patrimonial ocasionada por el abono de los salarios de tramitacin y, en caso de reclamacin por el trabajador, desde la fecha de notificacin al mismo del auto judicial que haya declarado la insolvencia del empresario.

Disposicin final cuarta. Referencias normativas.

Las referencias hechas a la Ley30/1992, de26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn, se entendern hechas a la Ley del Procedimiento Administrativo Comn de las Administraciones Pblicas o a la Ley de Rgimen Jurdico del Sector Pblico, segn corresponda.

Disposicin final quinta. Adaptacin normativa.

En el plazo de un ao a partir de la entrada en vigor de la Ley, se debern adecuar a la misma las normas reguladoras estatales, autonmicas y locales de los distintos procedimientos normativos que sean incompatibles con lo previsto en esta Ley.

Disposicin final sexta. Desarrollo normativo de la Ley.

Se faculta al Consejo de Ministros y al Ministro de Hacienda y Administraciones Pblicas, en el mbito de sus competencias, para dictar cuantas disposiciones reglamentarias sean necesarias para el desarrollo de la presente Ley, as como para acordar las medidas necesarias para garantizar la efectiva ejecucin e implantacin de las previsiones de esta Ley.

Disposicin final sptima. Entrada en vigor.

La presente Ley entrar en vigor al ao de su publicacin en el Boletn Oficial del Estado.

No obstante, las previsiones relativas al registro electrnico de apoderamientos, registro electrnico, registro de empleados pblicos habilitados, punto de acceso general electrnico de la Administracin y archivo nico electrnico producirn efectos a los dos aos de la entrada en vigor de la Ley.

Por tanto,

Mando a todos los espaoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley.

Madrid, 1 de octubre de 2015.

FELIPE R.

El Presidente del Gobierno,

MARIANO RAJOY BREY

Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.

Dudas o sugerencias: Servicio de atención al ciudadano

subir

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid