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La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del día 10 de diciembre de 2020, a la vista del Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del Informe de fiscalización de la contratación realizada por los Ministerios del Área Político-Administrativa del Estado y sus organismos dependientes durante el ejercicio 2016, acuerda:

1. Asumir el contenido del citado informe, así como sus conclusiones y recomendaciones.

2. Instar a los órganos de contratación de los distintos ministerios y organismos dependientes a:

– Asegurar el envío al Tribunal de Cuentas, tanto de las relaciones anuales de los contratos celebrados como de los expedientes de contratación conforme a la normativa vigente.

– Determinar con mayor rigor y precisión las necesidades que fundamentan la celebración de los contratos, conteniendo referencias específicas a las particulares circunstancias concurrentes en el momento en el que se proponga la tramitación de cada expediente de contratación en lugar de meras referencias genéricas, y realizar los estudios económicos necesarios que justifiquen el importe de las prestaciones objeto del contrato y justificar los criterios que se tendrán en consideración para la adjudicación, favoreciendo así la eficiencia en la utilización de los fondos públicos.

– Elaborar, en la fase preparatoria de los contratos, los estudios económicos necesarios que justifiquen el importe de las prestaciones objeto del contrato, calculado conforme los precios habituales en el mercado e incorporar dichos estudios como parte del expediente.

– Emplear una mayor diligencia a la hora de justificar los criterios que se tendrán en consideración para adjudicar el contrato. Asimismo, cuando en los pliegos de cláusulas administrativas particulares se establezcan criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, han de especificar la forma de valoración y de asignación de las puntuaciones correspondientes sin limitarse a señalar la puntuación máxima que se puede reconocer a cada uno de ellos.

– Procurar un mayor cuidado y precisión en la redacción de la solvencia exigida a las empresas licitadoras, concretando en todo caso los mínimos que dichas empresas han de acreditar.

– Cumplir con las obligaciones de publicidad en los términos y plazos previstos en la normativa de contratación garantizándose de esta forma los principios de publicidad y transparencia que rigen la contratación del sector público.

– Incorporar en los contratos que celebren, y resultando adecuado, las previsiones en relación con la protección del medio ambiente que podrán incluirse al diseñarse los criterios de adjudicación, como criterios cualitativos de valoración de ofertas o como condiciones especiales de ejecución.

– Aplicar de forma efectiva y regular las previsiones que, con carácter potestativo, se encuentran contenidas en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, tendentes a promover dicha igualdad a través de la contratación.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de diciembre de 2021.–El Presidente de la Comisión, Santos Cerdán León.–El Secretario Primero de la Comisión, Jesús Manuel Alonso Jiménez.