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Documento BOE-A-2020-15647

Resolución de 29 de octubre de 2020, de Puertos del Estado, por la que se publica el Convenio por el que se establecen las aportaciones financieras de la Autoridad Portuaria de Barcelona con cargo al Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria, para la actuación de implementación de apartaderos y mejoras en los corredores ferroviarios Madrid-Barcelona y Zaragoza-Pamplona para trenes de 750 metros. Primera fase: tramo Zaragoza-Reus.

Publicado en:
«BOE» núm. 317, de 4 de diciembre de 2020, páginas 109979 a 109987 (9 págs.)
Sección:
III. Otras disposiciones
Departamento:
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
Referencia:
BOE-A-2020-15647

TEXTO ORIGINAL

Con fecha 21 de octubre de 2020 fue suscrito, previa la tramitación correspondiente, entre el organismo público Puertos del Estado, la Autoridad Portuaria de Barcelona y la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), el Convenio por el que se establecen las aportaciones financieras de la Autoridad Portuaria de Barcelona con cargo al Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria, para la actuación de implementación de apartaderos y mejoras en los corredores ferroviarios Madrid-Barcelona y Zaragoza-Pamplona para trenes de 750 metros. Primera Fase: Tamo Zaragoza-Reus.

En cumplimiento de lo dispuesto en al apartado 8 del artículo 48 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, se acuerda la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho convenio, que figura como anexo a esta Resolución.

Madrid, 29 de octubre de 2020.–El Presidente de Puertos del Estado,Francisco Toledo Lobo.

ANEXO
Convenio por el que se establecen las aportaciones financieras de la Autoridad Portuaria de Barcelona con cargo al Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria para la actuación de implementación de apartaderos y mejoras en los corredores ferroviarios Madrid-Barcelona y Zaragoza-Pamplona para trenes de 750 m. Primera fase: Tramo Zaragoza-Reus

En Madrid, a 21 de octubre de 2020.

REUNIDOS

De una parte, doña Isabel Pardo de Vera Posada, Presidenta del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, en adelante ADIF, en virtud de su nombramiento efectuado mediante Real Decreto 735/2018, de 29 de junio, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» (BOE) del 30 de noviembre de 2018. ADIF es una entidad pública empresarial con CIF Q2801660H y domicilio a efectos de este acuerdo en Madrid, calle Sor Ángela de la Cruz, 3 (CP 28020), que actúa conforme a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y de acuerdo con el Estatuto de la entidad, aprobado por Real Decreto 2395/2004, de 30 de diciembre.

De otra parte, don Francisco Toledo Lobo comparece en su nombre y en representación de Puertos del Estado, en su condición de Presidente, nombramiento otorgado por Real Decreto 422/2020, de 25 de febrero, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» del 26 de febrero de 2020. Puertos del Estado es un organismo público, con CIF Q-28670022-B, domiciliado en Madrid, Campo de las Naciones, avenida del Partenón, 10 (CP 28042), con personalidad jurídica y patrimonio propios, así como plena capacidad de obrar, regulado por el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (en adelante TRLPEMM), aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre.

Y, de otra parte, doña Mercè Conesa i Pagès comparece en su nombre y en representación de la Autoridad Portuaria de Barcelona, en adelante APB, en su condición de Presidenta, nombramiento otorgado por Decreto 141/208, de fecha 3 de julio, de la Generalidad de Cataluña y publicado en el BOE de 18 de julio de 2018. La APB es un organismo público, con CIF Q-0867012G, domiciliado en Barcelona, Moll Barcelona, World Trade Center, edificio Este (CP 08039), con personalidad jurídica y patrimonio propios, así como plena capacidad de obrar, regulado por el TRLPEMM, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre.

Las partes se reconocen la capacidad legal necesaria para suscribir el presente Convenio, y a tal efecto

EXPONEN

Primero.

La APB es un organismo público adscrito al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana al que corresponden, entre otras competencias, la coordinación de las operaciones de los distintos modos de transporte en el espacio portuario. Asimismo, tiene entre sus funciones, «la de promover que las infraestructuras y servicios portuarios respondan a una adecuada intermodalidad marítimo-terrestre, por medio de una red viaria y ferroviaria eficiente y segura, conectada adecuadamente con el resto del sistema de transporte y con los nodos logísticos que puedan ser considerados de interés general» (artículo 26.1.r) del TRLPEMM.

Segundo.

El ADIF es una entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que goza de personalidad jurídica propia, plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines y patrimonio propio, y se rige por lo establecido en la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en las disposiciones de desarrollo de ambas, en su Estatuto y en la legislación presupuestaria y demás normas de aplicación. En defecto de dichas normas, se le aplicará el ordenamiento jurídico privado.

En el ejercicio de sus funciones, ADIF actúa con autonomía de gestión, dentro de los límites establecidos en la Ley del Sector Ferroviario y en su Estatuto, teniendo en cuenta, en todo caso, la garantía del interés público, la satisfacción de las necesidades sociales con la máxima calidad, la seguridad de los usuarios y la eficacia global del sistema ferroviario.

Conforme al artículo 23.1 de la Ley del sector ferroviario, corresponde al ADIF, entre otras funciones, las siguientes:

a)  La aprobación de los proyectos básicos y de construcción de infraestructuras ferroviarias que deban formar parte de la Red Ferroviaria de Interés General y su construcción, siempre que se lleve a cabo con sus propios recursos y con arreglo a lo que determine el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

b)  La construcción, con recursos ajenos, de infraestructuras ferroviarias, conforme al correspondiente Convenio.

Asimismo el ADIF está legitimado para proceder a la suscripción del presente Convenio, al amparo de lo establecido en el artículo 4.2 del Real Decreto 2395/2004, de 30 de diciembre, que faculta expresamente a esta entidad pública empresarial para poder celebrar convenios con la Administración General del Estado, con otras Administraciones Públicas, así como con cualquier otra entidad pública o privada.

Tercero.

Puertos del Estado es un Organismo Público adscrito al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana al que compete la ejecución de la política portuaria del Gobierno. Asimismo, tiene funciones de coordinación y control sobre el conjunto del sistema portuario de titularidad estatal, en relación con la materia de coordinación con los diferentes modos de transporte en el ámbito de la competencia estatal [artículo 17.b) TRLPEMM]. Igualmente, le corresponde la coordinación y supervisión de las actuaciones que se lleven a cabo dentro del sistema portuario ante los diferentes órganos de la Administración General del Estado con competencias en materia de intermodalidad, logística y transporte, al regular el artículo 18.1.l) TRLPEMM lo siguiente:

«l) Coordinar y supervisar las actuaciones de los diferentes órganos de la Administración General del Estado con competencias en materia de intermodalidad, logística y transporte, que se refieran a los puertos de interés general. En particular, Puertos del Estado participará, establecerá y tramitará los Convenios de conexión entre las Autoridades Portuarias y ADIF, para su aprobación por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y coordinará su aplicación y seguimiento.»

Asimismo, Puertos del Estado es, junto a las Autoridades Portuarias, uno de los administradores del Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria al que se refiere el expositivo 4 del presente Convenio.

Cuarto.

El artículo 159.bis) del TRLPEMM, contempla y regula el Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria como instrumento para aplicar sus recursos económicos a la financiación de la construcción de las infraestructuras de conexión viaria y ferroviaria necesarias para dotar de una adecuada accesibilidad a los puertos de interés general desde el límite vigente de su zona de servicio hasta el punto de conexión con las redes generales de transporte de uso común, así como a la mejora de las redes generales de transporte de uso común, a los efectos de potenciar la competitividad del transporte intermodal de mercancías viario y ferroviario.

Este precepto legal ha sido objeto de desarrollo reglamentario por el Real Decreto 707/2015, de 24 de julio, por el que se regula el Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria. Este Fondo se nutre, entre otras, con las aportaciones que, con naturaleza de préstamo, realicen los organismos públicos portuarios, que tendrán carácter obligatorio o voluntario en los términos que se determinan en los artículos 4 y 5 de dicho Real Decreto 707/2015.

Su artículo 4.4 del Real Decreto 707/2015, de 24 de julio, dispone que «los organismos públicos portuarios podrán compensar las aportaciones obligatorias cuyo desembolso sea exigido con los pagos efectuados, así como con los previstos en el presupuesto del ejercicio de desembolso de la aportación, una vez deducidas las subvenciones asociadas a los mismos, correspondientes a inversiones y aportaciones patrimoniales en aquellas obras que estén financiadas con el Fondo o, sin estar financiadas por el mismo, cumplan sus requisitos y finalidad, siempre que estén contempladas en el correspondiente presupuesto y hayan sido aprobadas para su compensación por el Comité de Distribución del Fondo de Compensación Interportuario. A la finalización del ejercicio se regularizarán, en su caso, las compensaciones atendiendo a los pagos efectivamente realizados, imputando el saldo resultante a los desembolsos del ejercicio siguiente o sucesivos».

De conformidad con lo estipulado en el precepto transcrito en el párrafo precedente, la APB está en condiciones de asumir a través del Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria la financiación de la actuación de «implementación de apartaderos y mejoras en el corredor ferroviario Madrid-Barcelona para trenes de 750 m» correspondiente a la primera fase (tramo Zaragoza-Reus), conforme al acuerdo alcanzado por unanimidad por el Comité de Distribución del Fondo de Compensación Interportuario en su reunión del 19 de septiembre de 2019, y en los términos regulados por este Convenio.

Dicha actuación se enmarca dentro los supuestos de actuación previstos en el artículo 159.bis) del TRLPEMM antes citado y ha sido contemplada en la programación del citado Fondo con el carácter de «a compensar» con las aportaciones obligatorias al mismo que corresponden a la Autoridad Portuaria que suscribe. Así mismo, se encuentra recogida en el Plan de Inversiones 2019-2023 de la APB, integrado en el correspondiente Plan de Empresa 2020, acordado con Puertos del Estado.

Por su parte, la actuación se recoge en los Presupuestos Generales del Estado en vigor en el código 5160 bajo la denominación «Actuaciones en Mercancías».

Quinto.

La actuación objeto de este Convenio mejorará las prestaciones del corredor Madrid-Barcelona y con ello las condiciones económicas y de calidad de las operaciones de circulación de trenes en la citada relación, de interés estratégico para la APB, reduciendo los costes directos de explotación de los servicios de transporte ferroviario de mercancías.

En todo caso, la citada actuación deberá:

– Guardar la debida coherencia con las actuaciones que la APB esté ejecutando o tenga previsto ejecutar para el desarrollo o mejora de las conexiones ferroviarias al puerto de Barcelona, así como con aquéllas otras dirigidas al desarrollo o reordenación de las terminales ferroviarias o de la red ferroviaria interior de dicho puerto.

– Guardar la debida coherencia con las actuaciones que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana está desarrollando, directamente o a través del ADIF, en los tramos del corredor ferroviario Madrid-Barcelona solapados con el corredor Mediterráneo de la Red Transeuropea de Transporte.

Por otro lado, ADIF está elaborando un estudio funcional de corredores ferroviarios de mercancías que incluye de forma específica los tramos Madrid-Barcelona y Pamplona-Zaragoza, en el que se analizarán, entre otras cuestiones, la posibilidad de aumentar la longitud máxima básica en el tramo Reus-Zaragoza a partir de las actuaciones ya previstas en este Convenio, así como las actuaciones necesarias para el aumento de las longitudes máximas básicas a 750 metros en ambos corredores.

Sexto.

La Presidenta de la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), suscribe el presente Convenio en el ejercicio de la facultad prevista por el artículo 24 del Estatuto de la Entidad, aprobado por Real Decreto 2395/2004, de 30 de diciembre, en virtud del cual, «excepcionalmente, en los casos de urgente necesidad, el Presidente podrá adoptar las decisiones reservadas a la competencia del Consejo de Administración, viniendo obligado a dar cuenta a éste de los acuerdos adoptados, en la primera reunión ordinaria que celebre con posterioridad a la adopción de los mismos, a fin de que sean ratificados».

La Presidenta de la Autoridad Portuaria de Barcelona (APB) suscribe el presente Convenio en el ejercicio de la facultad prevista en la delegación del Consejo de Administración de fecha 29 de enero de 2020 (BOE de 12 de marzo de 2020) por la que el Consejo de Administración solo recaba para sí aquellos convenios en los que sea necesaria para su firma la autorización del consejo de Ministros (artículo 30.5.ñ del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante).

Séptimo.

Considerando las partes, relevante la actuación citada en el expositivo 4, por cuanto implica una mejora de la red general ferroviaria con directo interés portuario, las partes acuerdan regular las condiciones para su financiación de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del Convenio.

El objeto del presente Convenio consiste en regular las condiciones para la financiación por parte de la APB de la actuación de «implementación de apartaderos y mejoras en el corredor ferroviario Madrid-Barcelona para trenes de 750 m» correspondiente a una primera fase de actuaciones en el tramo Zaragoza-Reus, incluida en la programación vigente del Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria y que se enmarca además en el Presupuesto del ADIF, con el código 5160, denominado «Actuaciones en Mercancías».

Segunda. Desarrollo de la actuación objeto del Convenio.

1. La actuación referida en la cláusula anterior debe permitir el aumento de la longitud máxima especial en el tramo Reus-Zaragoza a 750 metros, a incluir en la Declaración de Red. Este aumento de la longitud máxima especial dará continuidad al aumento de longitud máxima básica a 750 metros en el tramo Barcelona-Reus que se obtendrá cuando finalicen las obras en marcha en el corredor mediterráneo.

A tal fin, la Comisión de Seguimiento identificará y seleccionará de forma precisa los apartaderos y actuaciones de mejora a las que se refiere la cláusula anterior, que cumplirán en su conjunto con los requisitos establecidos en el expositivo quinto y en este apartado. La identificación y selección de actuaciones se hará por unanimidad y constituirá requisito previo a la redacción de proyectos y a la ejecución de las obras.

En ningún caso serán objeto de la financiación prevista en este Convenio las actuaciones de mantenimiento, seguridad u otras que tengan por finalidad el restablecimiento de las condiciones de explotación de la línea a los parámetros de diseño de los proyectos originales que han servido de base para la ejecución de todos los elementos del corredor ferroviario Madrid-Barcelona.

2. Corresponde al ADIF la licitación, redacción, supervisión y aprobación definitiva de los proyectos constructivos correspondientes a las actuaciones en los apartaderos y de mejora objeto de financiación. Previamente a su aprobación definitiva, dichos proyectos deberán ser validados por la Comisión de Seguimiento prevista en la cláusula 7 de este Convenio.

3. El ADIF licitará los contratos de ejecución de las obras correspondientes a las actuaciones proyectadas y ejecutará las obras asumiendo su titularidad.

4. Corresponde a la APB efectuar el pago de los proyectos y las obras ejecutadas en los términos previstos en este Convenio.

5. Puertos el Estado asumirá la secretaría de la Comisión de Seguimiento.

Tercera. Condiciones de financiación.

1. Serán objeto de financiación por parte de la APB los costes de redacción de los proyectos constructivos, así como los de ejecución de las obras correspondientes a las actuaciones de mejora objeto de financiación. Dentro de estos costes se incluyen los asociados a las posibles expropiaciones, pilotos de seguridad, materiales y demás costes asociados a la inversión correspondiente que se ejecuten en el periodo de vigencia del Convenio.

Para que estos costes sean financiables por la APB deberán haberse generado en el periodo de tiempo comprendido entre la fecha del último acuerdo del Comité de Distribución de Fondo de Compensación Interportuario al que se refiere el expositivo 4 y el momento de la liquidación de las obras, en cada caso.

2. La financiación de la APB alcanzará también los supuestos de modificación de contratos.

3. No será exigible al ADIF la ejecución de obra por valor superior a la programación aprobada en cada momento para la actuación objeto de financiación por el Comité de Distribución del Fondo de Compensación Interportuario que gestiona el Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria.

4. No serán exigibles a la APB en virtud de este Convenio cantidades adicionales ni repartidas de forma distinta a la programación aprobada en cada momento para la actuación objeto de financiación por el Comité de Distribución del Fondo de Compensación Interportuario que gestiona el Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria.

5. De acuerdo con la programación vigente a la fecha de firma del presente Convenio, dicha cantidad no podrá superar los 30.000.000 de euros (IVA excluido), repartidos de acuerdo con las siguientes anualidades (IVA excluido):

– 2020: 5.000.000 de euros.

– 2021: 10.000.000 de euros.

– 2022: 10.000.000 de euros.

– 2023: 5.000.000 de euros.

6. El presente Convenio podrá sujetarse a una nueva programación de anualidades, siempre y cuando ésta haya aprobada con carácter previo por el Comité de Distribución del Fondo de Compensación Interportuario que gestiona el Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria, y las partes la tengan debidamente incorporada a sus respectivos Presupuestos.

Cuarta. Control e inspección de las actuaciones financiadas.

1. Las partes se informarán regularmente, a través de la Comisión de Seguimiento prevista en el presente Convenio, de los hitos principales y avance de las actuaciones previstas.

2. La APB podrá solicitar a ADIF cuanta información precise relativa a los proyectos constructivos hasta su aprobación.

3. La APB podrá realizar visitas de inspección a las obras de ejecución de las actuaciones de mejora objeto de financiación, conforme al protocolo que pueda fijar el ADIF para la realización de las mismas. Asimismo, la APB tendrá acceso a todos los documentos que integren los expedientes de contratación y de ejecución de las actuaciones de mejora. La APB podrá realizar estas actuaciones por sí o por representante con garantía de confidencialidad.

Las circunstancias que como consecuencia de lo previsto en los párrafos precedentes se pongan de manifiesto y puedan afectar a los requisitos funcionales y técnicos fijados en el expositivo 5, así como los informes que, en su caso, se emitan como consecuencia de las visitas de inspección a las obras, se analizarán en los términos que acuerde la Comisión de Seguimiento.

4. Cualquier modificación de contrato de cualquiera de las actuaciones ha de ser puesta en conocimiento de Puertos del Estado y de la APB a la mayor brevedad, a los efectos de que validen previamente la modificación contractual. Con este fin, el ADIF deberá elaborar un informe justificativo de la necesidad y contenido de la modificación del contrato. Cuando la modificación afecte o pueda afectar a los requisitos técnicos y funcionales de la actuación acordados en el expositivo 5 del presente Convenio, el informe deberá incluir una valoración de su incidencia en el cumplimiento de dichos requisitos.

5. El régimen previsto en el apartado precedente se aplicará a la liquidación final de las obras.

Quinta. Régimen de pagos y supuestos de eventual reintegro de las cantidades abonadas.

1. Los pagos al ADIF correspondientes a la redacción de los proyectos se efectuarán por la APB una vez estos sean aprobados definitivamente por ADIF, siempre que dicha aprobación se haya producido en los términos acordados en el presente Convenio.

2. Los pagos al ADIF por obras ejecutadas se efectuarán por la APB previa presentación por parte de aquél de un certificado, conformado por el responsable técnico designado por la APB para el seguimiento de las actuaciones, y por trimestres vencidos, con el siguiente contenido para cada actuación de mejora objeto de financiación:

i) Las certificaciones de obra aprobadas durante el periodo en cuestión, incluyendo sus correspondientes relaciones valoradas.

ii) El resto de los costes correspondientes a conceptos que forman parte de la inversión devengados en el periodo correspondiente, en los términos de la cláusula 3.

iii) Una relación descriptiva del estado de situación de las obras en relación con el grado de cumplimiento del programa de trabajo.

iv) Además, hará constar cualquier otra circunstancia de la que pueda tener conocimiento con incidencia en la consecución de los requisitos funcionales y técnicos fijados en el expositivo 5.

3. Las cantidades abonadas al ADIF por la APB en virtud de lo estipulado en el presente Convenio tendrán la consideración de «anticipo» hasta que se liquiden todas las obras de las actuaciones de mejora objeto de financiación, momento en el que adquirirán la condición de definitivas.

4. Las cantidades abonadas por la APB en virtud de lo estipulado en este Convenio deberán ser reintegradas a la misma en el caso de que, en el plazo de cuatro años a contar desde la fecha de formalización del Acta de Inicio de Obras, no se hayan ejecutado las actuaciones objeto de financiación, salvo que concurra causa justificativa de la demora.

5. Los cobros correspondientes a fondos europeos que el ADIF pueda recibir con posterioridad a la liquidación de las obras contempladas en el presente Convenio se transferirán a la APB.

Sexta. Finalización de la actuación.

En el acto de recepción de las obras de cada una de las actuaciones de mejora objeto de financiación participará un representante de la APB.

Séptima. Comisión de Seguimiento.

Se constituirá una Comisión de Seguimiento formada por un representante de la APB, un representante de Puertos del Estado y dos representantes del ADIF. A efectos de su constitución inicial, ambas partes deberán designar a sus respectivos representantes en el plazo de un mes desde la vigencia del presente Convenio. En la primera sesión se elegirá entre sus miembros un presidente y un secretario.

La Comisión de Seguimiento se reunirá con carácter ordinario con periodicidad semestral y, en cualquier caso, cuando una de las partes lo solicite. Sus reuniones se formalizarán en acta en cada caso.

La Comisión de Seguimiento tendrá las siguientes funciones:

– Realizar el seguimiento del desarrollo de lo estipulado en este Convenio.

– Aprobar sus normas de funcionamiento interno.

– Validación de los proyectos técnicos

– Conocer y valorar el avance de la redacción de los proyectos y de la ejecución de las obras.

– Estudiar y, en su caso, proponer a las partes la reprogramación de las anualidades fijadas en la cláusula 3.

– Interpretar, en caso de duda, el contenido del Convenio.

– Resolver las discrepancias que puedan surgir en la aplicación del presente Convenio.

– Analizar las circunstancias y los informes previstos en la cláusula 4, en los términos que acuerde.

– Identificar y seleccionar las actuaciones de mejora objeto de financiación con arreglo a lo dispuesto en la cláusula 2.1

– Conocer los resultados del estudio funcional al que se refiere el expositivo 5, para lo cual ADIF informará de dichos resultados a la Comisión de Seguimiento. En virtud de ello, la Comisión de seguimiento, si procede, decidirá sobre la posibilidad de proponer nuevas fases que completen la fase 1 objeto de este Convenio.

Octava. Vigencia y extinción del Convenio.

1. Este Convenio producirá efectos una vez inscrito en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal y publicado en el «Boletín Oficial del Estado» y permanecerá en vigor hasta la liquidación de las obras y, en su caso, hasta el pago del saldo resultante de la misma al ADIF o su devolución a la APB. En todo caso, este plazo no podrá ser superior a cuatro años, de conformidad con el artículo 49.h) de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, pudiendo acordarse unánimemente su prórroga antes de la finalización del referido plazo, observándose para ello el mismo procedimiento seguido para su autorización.

2. El presente Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto.

3. De acuerdo con el artículo 51.2 de la Ley 40/2015 el incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes será causa de resolución del Convenio. La resolución del Convenio por esta causa podrá conllevar la indemnización de los perjuicios causados si dicho incumplimiento se produce por causa injustificada. En la determinación de la posible indemnización se tendrá en cuenta el grado de consecución de la finalidad del Convenio y la realización de los compromisos asumidos por las partes en virtud de su firma.

4. Asimismo, serán causas de resolución de este Convenio, además de las previstas en el artículo 51.2 de la Ley 40/2015, las siguientes:

a) La imposibilidad de alcanzar su fin.

b) La concurrencia de la causa establecida en la cláusula 5.4 de este Convenio.

Extinguido el Convenio por cualquiera de las causas de resolución previstas en este apartado se iniciará la fase de liquidación del mismo conforme a la finalidad mediante éste perseguida y esencialmente expresada en la cláusula 1. En la correspondiente liquidación quedarán así cuantificadas las respectivas obligaciones de las partes y la forma de pago o reintegro, según proceda, y período de cumplimiento. En el caso del supuesto recogido en la letra b), en la liquidación se tendrá en cuenta el estado de ejecución de los compromisos asumidos por las partes en virtud de su firma.

Novena. Modificación e Interpretación del Convenio.

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y queda sometido al régimen jurídico de los convenios previsto en el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y sujeto a lo dispuesto en particular en el Real Decreto 707/2015, de 24 de julio, por el que se regula el Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria.

La modificación de este Convenio requerirá el acuerdo unánime de los firmantes y el cumplimiento de los mismos requisitos estipulados para su firma.

Décima. Resolución de conflictos.

El conocimiento de cualquier divergencia, desavenencia o disputa que surja entre las partes con motivo de la interpretación, ejecución y cumplimiento de lo previsto en el Convenio será resuelto por la Comisión de Seguimiento.

En el caso de que la Comisión no resuelva el conflicto en cuestión, se someterá al arbitraje institucional del Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda.

Y en prueba de conformidad con el contenido del presente Convenio, se firma por triplicado, en lugar y fecha arriba indicados.–Por ADIF, Isabel Pardo de Vera Posada.–Por Puertos del Estado, Francisco Toledo Lobo.–Por la Autoridad Portuaria de Barcelona, Mercè Conesa i Pagès.

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