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La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del día 27 de febrero de 2018, a la vista del Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del Informe Anual de fiscalización de la Comunidad Autónoma de La Rioja, ejercicio 2015, acuerda:

1. Asumir el contenido del citado Informe, así como sus conclusiones y recomendaciones.

2. Instar al Gobierno a:

– Adoptar las posibles soluciones legales y administrativas respecto a lo dictado en la Orden HAP/1489/2013, de 18 de julio, por la que se aprueban las normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas en el ámbito del sector público, en el sentido de: considerar la presentación de una Cuenta General única consolidada, incluyendo la totalidad de entidades empresariales, fundacionales o consorcios integrantes del sector público autonómico, mediante la que se pueda reflejar la situación presupuestaria y patrimonial del conjunto del sector público de la Comunidad.

– Adoptar las posibles soluciones legales y administrativas respecto a lo dictado en la Orden HAP/801/2014, de 9 de mayo: regular el procedimiento de rendición de cuentas anuales en los casos de modificaciones estructurales entre entidades del sector público que supongan una extinción de entidades públicas sin que exista un proceso de liquidación.

– Implementar la reforma del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas que permita a las mismas la prestación de los servicios básicos a los ciudadanos que tienen encomendados, tales como servicios sanitarios, de educación y prestaciones sociales, actualmente en riesgo de prestación por el estrangulamiento financiero que sufren debido al retraso de la puesta en marcha de la citada reforma.

– Incluir en el orden del día de la Conferencia de Presidentes de Comunidades Autónomas, máximo órgano de cooperación política entre el Gobierno de España y los Gobiernos de las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla, un punto específico que aborde la fiscalización de fondos públicos, con especial referencia al deber de colaboración con el Tribunal de Cuentas para las Comunidades Autónomas sin Órgano de Control Externo y la necesaria coordinación y cooperación con el Tribunal de Cuentas para aquellas Comunidades Autónomas que cuentan con sus propios Órganos de Control Externo.

– Que el Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales establezca un plan específico de reuniones bilaterales con las Comunidades Autónomas sin Órgano de Control Externo y las dos Ciudades con estatuto de autonomía, con el fin de establecer un plan de seguimiento para garantizar el cumplimiento de las recomendaciones del Tribunal de Cuentas en sus Informes de Fiscalización anuales.

3. Instar al Ministerio de Hacienda y Función Pública a:

– Elaborar un plan integral de reestructuración de entidades integrantes del sector público, contemplando:

a) La evaluación de posibles duplicidades e ineficiencias en la prestación de servicios por entidades públicas, en función del objeto de las mismas.

b) La extinción de entidades sin actividad o con actividad muy reducida.

4. Instar a la Comunidad Autónoma de La Rioja a:

– Asumir las conclusiones y seguir las recomendaciones del informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas.

– Revisar los cambios normativos propuestos en materia presupuestaria y de contabilidad, en especial las modificaciones normativas oportunas para adelantar el plazo de rendición de las cuentas a 30 de junio del ejercicio siguiente al que se refieran, a fin de facilitar el acercamiento en el tiempo del control externo a efectuar por el Tribunal de Cuentas.

– Implantar sistemas de control de los proyectos cofinanciados con fondos europeos que permitieran la adecuada imputación anual de los derechos presupuestarios en función del avance del gasto, de acuerdo con los criterios contables señalados por Eurostat.

– Desarrollar en la Universidad de la Rioja los controles financieros previstos en la Ley Orgánica de Universidades.

– Agilizar las actuaciones llevadas a cabo para hacer efectivas las deudas pendientes de cobro para lograr su deseable recuperación y, en cualquier caso, evitar su prescripción.

– Evaluar y reforzar la gestión de las ayudas a la rehabilitación edificatoria.

– Dedicar a la ejecución de las medidas en materia de igualdad efectiva de hombres y mujeres un programa presupuestario específico, que permitiera efectuar un adecuado seguimiento global de los proyectos contemplados en el Plan Integral de la Mujer aprobado en la Comunidad.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero de 2018.–El Presidente de la Comisión, Eloy Suárez Lamata.–El Secretario Primero de la Comisión, Vicente Ten Oliver.