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Advertida la necesidad de modificar la Resolución de 22 de septiembre de 2017, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se efectúa formalización definitiva de adjudicaciones del concurso ordinario de provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional (publicada en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 234, de 28 de septiembre de 2017), para incluir nuevas adjudicaciones omitidas por error en dicha resolución, se efectúa la siguiente modificación:

Página 94533: Comunidad Autónoma de Cataluña. Añadir: «Secretaría de clase 3ª. Tarragona. Ayuntamiento – Perelló, (El). Catalá Ferrer, Elena. DNI 40919081. Secretaría de clase 3ª. Tarragona. Ayuntamiento – Pobla de Mafumet, (La). González Escoda, Josep. DNI 77831625».

Página 94535: Comunidad Autónoma de Galicia. Añadir: «Adjunto a la Intervención, clase 3ª. Ourense. Ayuntamiento – Barco de Valdeorras, (O). Álvarez Blanco, Ana. DNI 76730267. Secretaría de clase 3ª. Lugo. Ayuntamiento - Alfoz. Sanmartín Novoa, María Sofía. DNI 33995089».

Primero.

Para las adjudicaciones efectuadas en la presente resolución, todas las referencias del apartado cuarto de la Resolución de 22 de septiembre de 2017, relativas al cómputo de plazos, se entenderán realizadas a la presente publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Segundo.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente, recurso de reposición, en el plazo de un mes, ante esta Dirección General, o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como en los artículos 10.1 i) y 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que se pudiera interponer.

Madrid, 4 de octubre de 2017.–El Director General de la Función Pública, Javier Pérez Medina.