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El Juzgado de lo Penal número 12 de Sevilla ha remitido liquidación de condena de inhabilitación de empleo o cargo público desempeñado en el momento de la comisión de los hechos, practicada en relación con la ejecutoria 369/2016, procedimiento abreviado 490/2011, a don Juan Alfonso Rubio López, funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional, subescala Secretaría-Intervención, con número de registro personal 7537232724 A3015, en los siguientes términos: «Condenar al acusado don Juan Alfonso Rubio López a 8 años de inhabilitación de empleo o cargo público desempeñado en el momento de la comisión de los hechos, dando comienzo el cumplimiento de la pena el día 9 de noviembre de 2016».

Considerando que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y en el artículo 138.1.d) del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, la pena de inhabilitación especial impuesta judicialmente comporta para el afectado la pérdida definitiva de la condición de funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional, y de acuerdo con las atribuciones conferidas por el Real Decreto 256/2012, de 27 de enero, en su redacción modificada por el Real Decreto 802/2014, de 19 de septiembre, y con lo dispuesto en el Real Decreto 424/2016, de 11 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Función Pública,

Este Ministro resuelve:

Declarar la pérdida definitiva de la condición de funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional, subescala Secretaría-Intervención, de don Juan Alfonso Rubio López, con efectos de 9 de noviembre de 2016, de acuerdo con la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal número 12 de Sevilla.

Madrid, 21 de diciembre de 2016.–El Ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro Romero.