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Vista la Sentencia número 1/2014, de fecha 20 de enero de 2014, declarada firme, de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Badajoz, en el procedimiento iniciado en el Juzgado de lo Penal n.º 1 de Don Benito, procedimiento abreviado número 303/2012, por la que se condena a doña María Jesús Romero Gil, funcionaria de carrera del Cuerpo de Secretarios Judiciales, como responsable en concepto de autora, de un delito contra la Administración de Justicia en concurso medial con un delito contra la Administración Pública, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de tres años y un día de inhabilitación especial para el empleo o cargo público y pena de multa de 71.000 euros, con aplicación de la responsabilidad personal subsidiaria del artículo 53 del Código Penal en caso de impago de la misma e imposición de las costas causadas.

Considerando que, de conformidad con lo establecido en el artículo 46.d) del Real Decreto 1608/2005, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales, «la pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para el ejercicio de cargos públicos» es causa de la pérdida de la condición de Secretario Judicial.

Por todo ello, este Ministerio acuerda declarar la pérdida de la condición de funcionaria del Cuerpo de Secretarios Judiciales y su baja en el escalafón del mencionado Cuerpo de doña María Jesús Romero Gil.

Contra esta Resolución cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo establecido en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a su recepción por el interesado. Todo ello sin perjuicio de la interposición del recurso potestativo de reposición, ante este Ministerio, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su notificación, conforme a lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Madrid, 28 de noviembre de 2014.–El Ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo.