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Visto el recurso potestativo de reposición interpuesto por doña Sabra Manjón Enfeddal contra Resolución de 6 de abril de 2015, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se aprueban las modificaciones a las listas de admitidos y excluidos en el proceso selectivo para ingreso como personal laboral fijo, con categoría de Ayudante de Gestión y Servicios Comunes, para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual, convocado por Resolución de 10 de diciembre de 2014, en la que resulta excluida a pesar de haber presentado la documentación requerida en tiempo y forma en el registro de la Delegación de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta, una vez comprobada la misma y ser conforme a derecho, procede declarar admitida a la recurrente doña Sabra Manjón Enfeddal al proceso selectivo, modificando la Resolución recurrida de 6 de abril de 2015, de esta Dirección General.

Se comunica a la interesada que el ejercicio de la fase de oposición está convocado para el día 9 de mayo de 2015, a las 11:00 horas, en el Aulario de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, avenida Complutense, s/n, Madrid, donde deberá presentarse en el aula de incidencias (C-005).

Contra la presente resolución podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la Directora General de la Función Pública en el plazo de un mes o bien recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde su publicación, ante el órgano jurisdiccional competente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, significándose, que en caso de interponer recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo.

Madrid, 8 de mayo de 2015.–La Directora General de la Función Pública, Elena Collado Martínez.