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Vista la sentencia número 228/2011, dictada el 3 de junio de 2011 por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, por la que se condenó a don José Luis Muñoz Palacios, funcionario del Cuerpo General Administrativo de la Administración General del Estado, como autor responsable de un delito de falsedad en documento oficial, del artículo 390.1.3 del Código Penal, a la pena, entre otras, de inhabilitación especial para el ejercicio de sus funciones como funcionario público por tiempo de dos años y por el delito de cohecho en continuidad delictiva del artículo 74 del artículo 425.1 y 2 del Código Penal a la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo publico por tiempo de doce años. Esta sentencia es firme al haber declarado el Tribunal Supremo en Auto de fecha 23 de febrero de 2012, la no admisión del recurso de casación interpuesto por el interesado.

Vistos los artículos 63.e) y 66 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público en los que se establece que la pena principal o accesoria de inhabilitación especial, que tuviera carácter firme, produce la pérdida de la condición de funcionario respecto a todos los empleos o cargos que tuviera.

Esta Subsecretaría, en uso de las facultades que tiene conferidas, resuelve:

Declarar la pérdida de la condición de funcionario del Cuerpo General Administrativo de la Administración General del Estado de don José Luis Muñoz Palacios, con la anotación correspondiente en el Registro Central de Personal, y ello con independencia de que desde el 16 de mayo de 2011, por Resolución de la Delegada del Gobierno en Canarias, el Sr. Muñoz está jubilado por incapacidad permanente para el servicio.

Madrid, 8 de octubre de 2012.–El Subsecretario del Interior, Luis Aguilera Ruiz.