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Las exigencias que impone la resocialización obligan a la Administración Penitenciaria a un esfuerzo adicional dirigido a la individualización del tratamiento, a fin de preparar a los reclusos para la vida en libertad.
El Reglamento Penitenciario, aprobado por Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, establece el fin de los Centros de Inserción Social, cuyo destino es el cumplimiento de penas privativas de libertad en régimen abierto y cuya actividad tendrá por objeto esencial potenciar las capacidades de inserción social positivas que presente la persona.
El régimen abierto tiene como principio fundamental el desarrollo de un sistema que equipare, en la medida de lo posible, el régimen de vida de un interno a las condiciones de vida en el mundo exterior. Sin quedar ahí, el régimen abierto va más allá de la suavización de penas; resulta ser un medio de apoyo a la socialización de aquellos sujetos que en su trayectoria personal no han disfrutado de posibilidades de participación de los bienes sociales.
Ahora bien, la profundización en el principio de individualización científica en la ejecución de la pena privativa de libertad se ha potenciado en el señalado Reglamento Penitenciario, aprobado por Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, con el establecimiento del principio de flexibilidad, establecido en el apartado segundo de su artículo 100, que permite adaptar el tratamiento a las necesidades individuales de los internos, cuyo programa podrá combinar elementos de los diferentes grados de clasificación.
Con la aprobación en el año 1991 del Plan de Amortización y Creación de Centros Penitenciarios, y las sucesivas modificaciones del mismo, se está logrando una importante renovación en la red de establecimientos del sistema penitenciario.
La finalización de las obras de construcción y el equipamiento de este nuevo inmueble va a permitir su puesta en funcionamiento. La apuesta por desarrollar las infraestructuras idóneas para que los internos que pueden llevar un régimen de vida en semilibertad, nos empuja a desarrollar espacios físicos adecuados a las necesidades que su tratamiento impone, potenciando las capacidades de inserción social positivas de los internos a ellos destinados mediante el desarrollo de actividades y programas de tratamiento para favorecer su incorporación al medio social, fomentando la responsabilidad y la ausencia de controles rígidos que contradigan la confianza que inspira su funcionamiento.
En virtud de cuanto antecede, dispongo:
Se crea, en el término municipal de Navalcarnero, un Centro de Inserción Social, con la denominación de «Centro de Inserción Social Josefina Aldecoa», cuya organización, administración y funcionamiento se regirán por lo dispuesto en la legislación vigente.
El Centro de Inserción Social Josefina Aldecoa no dependerá, ni orgánica ni funcionalmente, del Centro Penitenciario de su área territorial, con lo que tendrá autonomía propia y adscripción propia del personal destinado al mismo.
Se autoriza a la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias para que adopte cuantas medidas sean necesarias, a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en esta Orden, concretando los distintos aspectos del destino y régimen penitenciarios que correspondan al nuevo Centro de Inserción Social y adoptando las actuaciones que procedan a fin de reordenar los recursos humanos disponibles.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 26 de mayo de 2011.–El Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.
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