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Vista la sentencia de fecha 12 de julio de 2007 de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Oviedo, recaída en el Rollo Procedimiento Abreviado 23/2007, Ejecutoria 54/2007, declarada firme por Auto de 11 de septiembre de 2007, por la que se condena a Don Juan Benito Salgado Neira, funcionario del Cuerpo de Auxilio Judicial con destino en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2 de Mieres, «como autor criminalmente responsable de un delito continuado de falsedad en documento oficial, en concurso con un delito continuado de malversación de caudales públicos, ya definidos, concurriendo en el acusado en relación con ambos delitos la eximente incompleta de alteración psíquica y en el delito de falsedad la atenuante de reparación, a las penas de un año y seis meses de prisión, y seis meses de multa, con cuota diaria de cinco euros, con responsabilidad personal subsidiaria, caso de insolvencia, de 1 día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos años por el delito continuado de falsedad; y a las penas de seis meses de multa, con cuota diaria de cinco euros, con responsabilidad personal subsidiaria, en caso de insolvencia, de un 1 día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses por el delito continuado de malversación.» Considerando que los artículos 491.2 y 443.2.d) de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, establecen que la condición de funcionario se pierde «por inhabilitación absoluta o especial impuesta como pena principal o accesoria por los tribunales cuando la misma sea firme» Este Ministerio acuerda declarar la pérdida de la condición de funcionario de carrera de don Juan Benito Salgado Neira.

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición ante este Ministerio en el plazo de un mes, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses, contados ambos desde el día siguiente al de su notificación (arts. 116 y 117 Ley 30/1992 y arts. 11 y 46 Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Madrid, 14 de noviembre de 2007.-El Ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo.