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La Orden VIV/3508/2005, de 2 de noviembre, por la que se crean los Premios Nacionales de Arquitectura, de Urbanismo y a la Calidad de la Vivienda del Ministerio de Vivienda, se establecen sus bases reguladoras y su convocatoria correspondiente al año 2004 (Boletín Oficial del Estado de 11 de noviembre) crea y regula el Premio Nacional de Urbanismo del Ministerio de Vivienda. La referida Orden efectúa la convocatoria de dicho Premio por lo que se refiere a la edición correspondiente al año 2004 y establece las bases que lo han de regir. Una vez presentadas las candidaturas a dicho Premio, de acuerdo con el informe motivado del Jurado y cumplidos los trámites establecidos, se ha acordado la concesión del Premio Nacional de Urbanismo del Ministerio de Vivienda correspondiente al año 2004:

En su modalidad de Premio a un Trabajo, Plan o Proyecto de Ordenación Urbanística, a los arquitectos don Jesús Gago Dávila y doña José M.ª García-Pablos Ripoll, por su trabajo de Planeamiento de Desarrollo del Plan General de Fuenlabrada, valorando la preocupación por la ordenación coherente y realista de distintas piezas de la periferia urbana del municipio, la sintonía con la estrategia del Plan General, y la contribución a la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos y a la cohesión social.

En su modalidad de Premio a una Iniciativa Periodística en materia de Urbanismo y Ordenación Territorial, a doña María Rubert de Ventós, por el conjunto de artículos publicados en El Periódico de Cataluña y en otros medios, valorando la capacidad de la autora para elevar a categoría temas cotidianos y acontecimientos concretos, el carácter estimulante de los artículos y el impacto positivo en la opinión pública.

En consecuencia, conforme establece la base octava de entre las reguladoras del Premio Nacional de Urbanismo del Ministerio de Vivienda, y el apartado primero de su convocatoria correspondiente al año 2004, esta Presidencia ha resuelto la concesión de dicho Premio, y su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a partir de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, y, con carácter previo y potestativo, ante el mismo órgano que dictó la resolución, recurso de reposición en el plazo de un mes.

Madrid, 31 de marzo de 2006.-La Presidenta, María Antonia Trujillo Rincón.