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Concluido el plazo para formular reclamaciones de conformidad con lo establecido en la Resolución de 14 de septiembre de 2005 (Boletín Oficial del Estado del 23), por la que se convocan pruebas de aptitud para acceder al ejercicio de la profesión de Abogado en España, por parte de ciudadanos de la Unión Europea y otros Estados partes en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, y de conformidad con lo previsto en el apartado decimoquinto de la Orden de 30 de abril de 1996 (Boletín Oficial del Estado de 8 de mayo), por la que se desarrolla el Real Decreto 1665/1991, de 25 de octubre, en lo que afecta a las profesiones de Abogado y Procurador, he resuelto:

Primero.-Aprobar la relación de aspirantes admitidos y excluidos, con carácter definitivo, que figura en el anexo a la presente resolución.

Segundo.-Convocar a los aspirantes admitidos para la realización de la primera fase de la prueba de aptitud, el próximo día 25 de noviembre de 2005, a las 8,30 horas, en el Centro de Estudios Jurídicos, Ciudad Universitaria, s/n, Madrid. La segunda fase de la prueba comenzará el día 28 de noviembre, siendo los aspirantes sucesivamente convocados, con al menos doce horas de antelación, para la realización de la lectura de los ejercicios en el lugar y hora que se señale. Tercero.-Para la resolución por escrito del caso práctico, se permitirá la utilización de todo tipo de textos legales y manuales jurídicos, que habrán de ser aportados por el interesado para la ocasión, quedando expresamente prohibida la utilización de medios informáticos.

Cuarto.-En todo momento los aspirantes deberán estar provistos de su pasaporte u otro documento acreditativo de su personalidad.

Madrid, 15 de noviembre de 2005.-El Director general, Ricardo Bodas Martín.

ANEXO Lista definitiva de excluidos a las pruebas de aptitud para Abogados Comunitarios (Resolución de 14 de octubre de 2005)

Codificación de las causas de exclusión:

A. No haberse dictado por parte de la Secretaría de Estado de Justicia o de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, resolución en la que se exige la superación de una prueba de aptitud.