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En cumplimiento de lo dispuesto en la base 6.3 de la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a la Subescala de Intervención-Tesorería, categoría de entrada, de la Escala de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, convocadas por Orden APU/1522/2004, de 10 de mayo («Boletín Oficial del Estado» de 29 de mayo de 2004), y certificado por los Tribunales constituidos para juzgar las citadas pruebas selectivas el número de aspirantes realmente presentados a la realización del proceso selectivo, he resuelto:

Primero.-Determinar el número de plazas a proveer por los Tribunales en función del número total de plazas convocadas y el número total de aspirantes realmente presentados a la realización del proceso selectivo, en relación con los presentados al mismo en cada Tribunal en los términos que se indican en el Anexo de esta Resolución.

Segundo.-Las plazas reservadas para ser cubiertas, dentro del turno libre, por personas con discapacidad de grado igual o superior al 33 por 100, de conformidad con la base 1.1 de la convocatoria, serán asignadas por tribunales mediante Resolución del Director del Instituto Nacional de Administración Pública, una vez concluido el segundo ejercicio. En el supuesto de que, una vez finalizado el segundo ejercicio, el número de aspirantes aprobados que optan por el cupo de reserva de discapacitados estén distribuidos de manera que no sea posible realizar una asignación de las plazas reservadas, se determinará el tribunal en que dichos aspirantes continuarán el proceso selectivo y, en consecuencia, la correspondiente asignación de plazas, que se especificará en la citada Resolución.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación de la misma en el Boletín Oficial del Estado, ante el mismo órgano que la ha dictado, o interponer directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su publicación en el Boletín Oficial del Estado, ante el órgano competente del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.

Madrid, 15 de noviembre de 2004.-El Director, Francisco Ramos Fernández-Torrecilla.