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En el recurso gubernativo interpuesto por don Fernando Sánchez

Cornejo, en nombre y representación de "Cristacor, Sociedad Anónima", frente

a la negativa del Registrador Mercantil XIII de los de Madrid, don José

María Méndez-Castrillón Fontanilla, a inscribir el nombramiento de

Liquidador de dicha sociedad.

Hechos

I

Por escritura que autorizó el Notario de Madrid don Rafael

Martín-Forero Lorente el 24 de julio de 1998, subsanada por otra autorizada por

el mismo Notario el 30 de septiembre siguiente, se elevó a público el acuerdo

adoptado en Junta General Extraordinaria de "Cristacor, Sociedad

Anónima", celebrada el 23 de julio anterior con asistencia del 66 por 100

del capital social, de nombrar Liquidador de la misma a don Fernando

Sánchez Cornejo. En los anuncios de convocatoria de dicha Junta consta

que lo ha sido "Por haberlo acordado el Administrador saliente y la mayoría

del capital social", apareciendo firmados los anuncios por "El

Administrador saliente".

II

Presentada copia de dicha escritura en el Registro Mercantil de Madrid

fue objeto de dos calificaciones y, posteriormente, como consecuencia de

una nueva presentación, de una tercera según nota al pie del título que

dice: "El Registrador Mercantil que suscribe previo examen y calificación

del documento precedente de conformidad con los artículos 18.2 del Código

de Comercio y 6 del Reglamento del Registro Mercantil, ha resuelto no

practicar la inscripción solicitada por haber observado el/los siguiente/s

defecto/s que impiden su práctica: Defectos: El Administrador saliente

que convoca la Junta está caducado en el cargo y cancelado en el Registro

al tiempo de convocatoria de la Junta, según los anuncios que ahora se

acompañan. Artículo 94 de la Ley de Sociedades Anónimas. En el plazo

de dos meses a contar de esta fecha puede interponer recurso gubernativo

de acuerdo con los artículos 66 y siguientes del Reglamento del Registro

Mercantil. Madrid, 13 de noviembre de 1998. El Registrador". Sigue la

firma.

III

Don Fernando Sánchez Cornejo, en nombre y representación de

"Cristacor, Sociedad Anónima", interpuso recurso gubernativo frente a la

anterior calificación alegando: Que la sociedad está disuelta de pleno derecho

como consecuencia de la aplicación de la disposición transitoria sexta

de la Ley de Sociedades Anónimas aunque conserva su personalidad

jurídica; que toda sociedad ha de tener un representante legal en cuanto

necesita actuar frente a terceros y esa representación la ostenta antes

de que se produzca la disolución el órgano de administración concretado

en determinadas personas (artículo 128 LSA) y a partir de su disolución

los Liquidadores (artículo 267 en relación con el 272 de la misma Ley);

que partiendo de la base de que el nombramiento de Liquidadores

corresponde a la Junta General queda por dilucidar las personas facultadas

para convocarla, estimando el Registrador que no puede hacerlo el

recurrente que era el Presidente del Consejo de Administración por estar

su cargo caducado; que la inscripción en el Registro Mercantil de los cargos

no es constitutiva (SSTS. de 23 de mayo de 1965 y 25 de noviembre de

1970), por lo que no cabe denegar el acto social certificado por el hecho

de que el Administrador tuviera su cargo caducado si lo único que cabe

inscribir en derecho con posterioridad a la disolución es el nombramiento

de Liquidador; que lo anterior viene corroborado por la Resolución de

12 de mayo de 1978 que admitió la posibilidad de que los cargos caducados

convocasen Junta General para realizar el primer acto social necesario,

doctrina a la que ha dado validez la STS. de 22 de octubre de 1974

confirmada por la de 3 de marzo de 1977; y que no puede ser de otra forma

porque lo impone la realidad ya que si el Administrador convocante no

puede hacerlo porque no representa a la sociedad, menos aún puede

realizar actos jurídicos en su nombre ni representarla judicialmente cuando

no ha perdido su personalidad jurídica quedando en otro caso la sociedad

paralizada e indefensa.

IV

El Registrador decidió desestimar el recurso manteniendo su

calificación con base en los siguientes fundamentos: Que la Junta General debe

ser convocada por sus órganos de administración vigentes en el cargo

(artículos 94 y 126 de la Ley de Sociedades Anónimas; que el Consejo

de Administración de "Cristacor, Sociedad Anónima", está designado en

Junta General de 24 de enero de 1989, previendo el artículo 16 de los

estatutos sociales su renovación, por mitad y por sorteo, una mitad al

final del segundo ejercicio social y la otra al final de cuarto, renovación

que no se ha producido; que la doctrina jurisprudencial acerca de los

llamados Administradores de hecho ha plasmado normativamente en el

artículo 145 del R.R.M. que difiere la caducidad a la fecha de celebración

de la primera Junta General posterior a la fecha de la caducidad o aquella

en que debiera haberse celebrado la ordinaria, en este con anterioridad

a la Junta de 7 de julio de 1998; que a mayor abundamiento los cargos

aparecen cancelados en el Registro según nota marginal de 2 de noviembre

de 1995 de conformidad con el artículo 145 del mismo Reglamento; que

la sociedad aparece en el Registro como disuelta de pleno derecho conforme

a la disposición transitoria sexta de la Ley de Sociedades Anónimas según

nota de 1 de octubre de 1997; que por todo ello el Administrador saliente

que firma la convocatoria está doblemente cancelado, tanto por caducidad

de su nombramiento como por disolución de la sociedad.

V

El recurrente se alzó frente a la decisión del Registrador reiterando

sus argumentos.

Fundamentos de Derecho

Vistos los artículos 93, 94, 101 y 126 de la Ley de Sociedades Anónimas;

145.1 del Reglamento del Registro Mercantil; las Sentencias del Tribunal

Supremo de 22 de octubre de 1974 y 3 de marzo de 1977 y las Resoluciones

de 12 de mayo de 1978, 13 de mayo de 1998 y 15 de febrero de 1999.

1. Se centra la cuestión a resolver en el presente recurso en la validez

de la convocatoria de la Junta General de una sociedad anónima, disuelta

de pleno derecho por aplicación de lo dispuesto en la disposición transitoria

sexta de la Ley de Sociedades Anónimas, que hace uno de los miembros

de su Consejo de Administración con cargo caducado y cancelada en el

Registro Mercantil la inscripción de su nombramiento.

2. La competencia para convocar la Junta General de una sociedad

anónima viene atribuida a sus Administradores por el artículo 94 de su

Ley Reguladora, a salvo los supuestos especiales que la propia Ley

contempla. Si, a su vez, la convocatoria en debida forma es presupuesto de

la válida constitución de la Junta (cfr. artículo 93 de la misma Ley), la

falta de competencia de quienes hayan realizado aquélla determinará la

invalidez de la reunión y la ineficacia de sus acuerdos.

En el presente caso aquella falta de competencia es manifiesta por

cuanto: Si el órgano estatutario de administración era colegiado -un

Consejo de Administración- colegiada había de ser la decisión de convocar

la Junta, careciendo de facultades para ello un "Administrador saliente"

que ni tan siquiera alega que las tenía delegadas; al haber transcurrido

en exceso el plazo por el que habían sido nombrados todos los miembros

de dicho Consejo, con la consiguiente cancelación de los asientos en que

tales nombramientos figuraban, no puede hablarse de Administradores,

pues no tienen tal condición quienes han cesado en el cargo, cese que

se produce, entre otras causas, por el transcurso de dicho plazo (cfr.

artículo 126 de la misma Ley); finalmente, las alegaciones del recurrente en

torno a la validez de la convocatoria llevada a cabo por Administradores

con cargo caducado al amparo de la doctrina de la Resolución de 12 de

mayo de 1978 y las Sentencias del Tribunal Supremo de 22 de octubre

de 1974 y 3 de marzo de 1977, conocida como doctrina del Administrador

de hecho, ha de entenderse limitada, como señalaron las Resoluciones

de 13 de mayo de 1998 y 15 de febrero de 1999, a supuestos de caducidad

reciente en línea con la solución que el artículo 145.1 del Reglamento

del Registro Mercantil ha introducido sobre pervivencia de los asientos

de nombramientos, aun transcurridos los plazos por los que tuvieron lugar,

hasta la celebración de la primera Junta General o el transcurso del plazo

en que debiera haberse celebrado la primera Junta General Ordinaria en

las que hubieran podido realizarse nuevos nombramientos. Sin que, por

último, quepa admitir el argumento esgrimido de la imposibilidad de

convocar la Junta en otro caso a la vista de la solución que supone la

convocatoria judicial prevista en el artículo 10.1 de aquella Ley.

Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso confirmando

la decisión apelada.

Madrid, 24 de enero de 2001.-La Directora general, Ana López-Monís

Gallego.

Sr. Registrador Mercantil de Madrid, XIII.