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En el recurso contencioso-administrativo número 2.823/1995, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, por la representación procesal de la entidad mercantil "Enrique Ortiz e Hijos Contratista de Obras, Sociedad Anónima", contra la Resolución de la Dirección General de Costas de 27 de febrero de 1995, desestimatoria de la alzada deducida contra la anterior, del Servicio Provincial de Costas, en Alicante, de 3 de abril de 1992, relativa a sanción por realizar depósito de materiales y desmonte de terrenos en zona de dominio público marítimo terrestre en Cala de los Judíos, de Alicante, en fecha 10 de octubre de 1997, se ha dictado sentencia, cuya parte dispositiva, literalmente dice:

"Fallamos: Que estimando como estimamos el recurso contencioso formulado por "Enrique Ortiz e Hijos Contratista de Obras, Sociedad Anónima", contra los actos aquí recurridos, debemos declarar y declaramos ser los mismos contrarios a derecho, por lo que las anulamos. Todo ello, sin hacer imposición de las costas causadas."

Este Ministerio, a los efectos de lo establecido en los artículos 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cumpla, en sus propios términos, la referida sentencia.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y cumplimiento.

Madrid, 31 de marzo de 1998.-P. D. (Orden de 25 de septiembre de 1996, "Boletín Oficial del Estado" del 27).-El Subsecretario, Claro José Fernández-Carnicero González.

Ilmo. Sr. Director general de Costas.