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La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, ha dictado sentencia, con fecha 10 de febrero de 1995, en el recurso contencioso-administrativo número 5/1.580/1992 en el que son partes, de una, como demandante don Juan Antonio Campo Herbera, y de otra como demandada la Administración General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio de Administraciones Públicas de fecha 10 de junio de 1992, que desestimaba el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de la Inspección General de Servicios de la Administración Pública, de fecha 10 de junio de 1991, sobre compatibilidad.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallamos: Estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de don Juan Antonio Campo Herbera, contra la Resolución de fecha 10 de junio de 1992, del Subsecretario para las Administraciones Públicas, a que estas actuaciones se contraen, que se anula por no ser ajustada a Derecho, declarando la compatibilidad de las actividades realizadas por el recurrente en su solicitud, desestimando el resto de las pretensiones formuladas.

Sin expresa imposición de costas a ninguna de las partes procesales.»

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución, 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.

Madrid, 7 de mayo de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre de 1996, «Boletín Oficial del Estado» de 4 de octubre), el Secretario general Técnico, Tomás González Cueto.

Ilmos. Sres.: Subsecretario y Director general de la Inspección General de Servicios de la Administración Pública.