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La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha dictado sentencia, con fecha 1 de diciembre de 1994, en el recurso contencioso-administrativo número 270/1992, en el que son partes, de una, como demandantes, don Germán Borja Marti de Veses y otros, y de otra, como demandada, la Administración General del Estado, representada y defendida por el Letrado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio para las Administraciones Públicas de fecha 29 de noviembre de 1991, que desestimaba el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración Pública de fecha 7 de octubre de 1991, sobre nombramiento de funcionarios de carrera del Cuerpo de Gestión de la Hacienda Pública.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallamos: Primero.-Que estimamos el presente recurso interpuesto por la representación de don Germán Borja Marti de Veses, doña Rosa María López Latorre, doña María del Mar Medina García, doña Clara Isabel Gomis Martí, doña María Paz Murias Lorenzo, doña Rosa Montoliu Amorós, doña María Jesús Olivares de la Torre, don Senén García Díez, don Angel Fernández Docampo, don Fernando García Ferrándiz, doña Ester Acosta Acosta, don Andrés Virgos Pascual, don Manuel Altamira Campomanes y don Juan José Sainz Romero, contra las resoluciones del Ministerio para las Administraciones Públicas de 7 de octubre de 1991 y las confirmatorias de 29 de noviembre, 10 y 18 de diciembre siguientes, éstas en reposición, descritas en el primero de los antecedentes de hecho, por considerarlas en cuanto a los extremos que han sido impugnados y sustanciados en estas actuaciones, que no han sido ajustadas al ordenamiento jurídico, declarando su anulación en cuanto a las plazas adjudicadas a los funcionarios de nuevo ingreso de la convocatoria de 16 de mayo de 1990 del Cuerpo de Gestión de la Hacienda Pública, y que por el contrario se reconoce el derecho de los recurrentes a que le sean ofrecidas dichas plazas, concediéndoseles la que le corresponda según su opción y méritos, mediante el oportuno concurso, con los efectos administrativos y económicos de la fecha en que fueron indebidamente concedidas dichas plazas a los funcionarios aludidos de nuevo ingreso.

Segundo.-No hacemos una expresa condena en costas.»

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución; 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.

Madrid, 21 de marzo de 1995.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992, «Boletín Oficial del Estado» del 22), el Subsecretario, Francisco Hernández Spínola.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Función Pública.