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La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha dictado sentencia, con fecha 31 de octubre de 1994, en el recurso contencioso-administrativo número 532/1993, en el que son partes, de una, como demandante, don Ernesto Angel Alcolea Jiménez y otros, y de otra, como demandada, la Administración General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio para las Administraciones Públicas de fecha 26 de abril de 1991, que desestimaba el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución del mismo Ministerio de fecha 15 de febrero de 1991, sobre convocatoria de puestos de trabajo en la Mutualidad de Funcionarios de la Administración Civil del Estado.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallamos: Declaramos la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo planteado contra la Orden de 15 de febrero de 1991, del Ministerio para las Administraciones Públicas, por la que se convocaba concurso para la provisión de puestos de trabajo vacantes en la Mutualidad de Funcionarios de la Administración Civil del Estado, por don Ernesto Angel Alcolea Jiménez, don José Luis Alemany Monescillo, don Heliodoro Alemany Monescillo, doña Pilar de Assas y Martínez de Morentín, doña María Rosa Arrieta Carrillo, doña Pilar Arroyo González, don Francisco Baena Rabadán, doña María Victoria Calzada Cabeza, doña María José Castaño Esteban, don Gregorio Coello Cañas, don Crescencio Cuesta Martín del Olmo, doña María Teresa Chicharro Bernat, doña Trinidad Delgado Taberner, don Francisco Díaz Gutiérrez, don Santiago Duque Tapia, don Angel Fernández Cámara, doña María del Mar Fernández Barahona, don Francisco Fernández Jado, don Modesto Galipienzo Alava, don Fermín Gavilán Prieto, doña Carmen Isabel García Santamaría, doña Olvido García Rubio, doña María del Carmen García Romero, don Enrique García Balande, doña Eloísa Garrido Fernández, doña Laura Gil García, doña María Teresa Hernández Prieto, doña Agustina Luis Moreno, don José J. Martínez de la Torre, don Narciso Merinero Sánchez, don Angel Moro Jimeno, doña María Nieves Nevado Benito, doña Josefa Novo Pardo, doña Mercedes Navarro Martínez, don Francisco J. Olarte Echenique, doña María Concepción Rodríguez Martínez, doña María Consolación Rincón Alia, doña Ana María Sesma Montanel, doña Carmen Simón Baciero, doña María Teresa Toledo Moreno, doña Gloria Villanueva Cornejo, doña Mercedes Fajardo Gómez, doña María Luisa García Pérez, doña María Paz García Carmona, doña María Jesús Gil Agudo, doña María Purificación González García, doña María Luisa Morales Espadero, doña Teresa de Jesús Miguel Ferreras, doña María Mercedes Méndez Naranjo, doña Berta Esther Olivas Cestafe, doña Victoria Fernández Fernández, doña Germana Vollalaín Blanco, don Bernardo Rodríguez-Morcillo Privado, don Enrique Serna Benavides, doña María Teresa Díaz-Miguel del Pozuelo, don José Gregorio Román Alcarazo, don Miguel Migallón Cárdenas, don José Luis Agraso Rodríguez, don Miguel Moral Pérez, doña Montserrat García García y doña María Ascensión Galindo Ortiz. No hacemos imposición de costas.»

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución; 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a V. I.

Madrid, 31 de agosto de 1995.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992, «Boletín Oficial del Estado» del 22), el Subsecretario, Manuel Ortells Ramos.

Ilmo. Sr. Subsecretario.