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El artículo 6 de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, establece que la resolución del Ministerio de Fomento que acuerde el establecimiento o modificación de las líneas ferroviarias o tramos de las mismas determinará si el ejercicio de las citadas facultades corresponde al propio Ministerio de Fomento o al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.

Por su parte el artículo 8 del Reglamento del Sector Ferroviario, aprobado por Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, señala que la resolución del Ministerio de Fomento que acuerde el establecimiento o modificación de una línea o un tramo de línea ferroviaria, determinará si la aprobación y ejecución de los proyectos básicos y de construcción corresponde al Ministerio de Fomento o al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).

Señala este artículo en su número 2 que en el supuesto de que la resolución a que se refiere el apartado anterior determine que la aprobación de los proyectos básicos y de construcción se realice por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, corresponderán a éste, igualmente, las facultades de supervisión y replanteo de los referidos proyectos y, en su caso, la de certificación del cumplimiento de la declaración de impacto ambiental.

El número 3 del citado artículo señala que cuando la referida resolución determine que la ejecución de las obras de construcción debe ser realizada por el Ministerio de Fomento, éste podrá encomendar al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, la ejecución de dichas obras con cargo a recursos del Estado o de terceros, conforme al correspondiente convenio.

Mientras que el apartado 4 del mencionado artículo 8 dispone que cuando corresponda al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias la ejecución de las obras de construcción de líneas ferroviarias integrantes de la Red Ferroviaria de Interés General o de tramos de las mismas, éste habrá de acometer la construcción con sus propios recursos, en el marco presupuestario autorizado, a estos efectos, por el Ministerio de Economía y Hacienda.

La Resolución de aprobación del trazado de la Conexión del Corredor Mediterráneo con la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona-Frontera Francesa: Vandellós-Área de Tarragona es anterior a la aprobación de la Ley del Sector Ferroviario, por lo que su construcción correspondía al Ministerio de Fomento, que ha iniciado su ejecución con cargo al Presupuesto de la Dirección General de Ferrocarriles. Existen, asimismo, proyectos en redacción.

La construcción de la totalidad de la línea requiere de la disponibilidad de un importante volumen de recursos económicos en un corto plazo de tiempo que supera las posibilidades de ejecución mediante su financiación a través de las previsiones Presupuestarias del Ministerio de Fomento, por lo que se considera necesario que su construcción se encomiende a ADIF, con cargo a sus propios recursos o a través de recursos de terceros, de manera que, en el marco presupuestario correspondiente, se gestionen los recursos disponibles en la forma más eficaz y eficiente posible.

En consecuencia, a propuesta de la Secretaría General de Infraestructuras, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 6 de la Ley del Sector Ferroviario y en el artículo 8 del Reglamento del Sector Ferroviario, previa autorización de Consejo de Ministros de fecha 11 de mayo de 2012.

Esta Secretaría de Estado ha resuelto:

Primero.

Encomendar a la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) la construcción de la Conexión del Corredor Mediterráneo con la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona-Frontera Francesa: Vandellós-Área de Tarragona, determinando que la construcción se realice con cargo a sus propios recursos.

La encomienda a ADIF incluye la redacción y aprobación de los proyectos que no hayan sido ya aprobados por el Ministerio de Fomento, la aprobación económica de los proyectos e incidencias de contratos que estén en tramitación, las obligaciones derivadas del cumplimiento de los condicionantes ambientales que resulten legalmente exigibles de conformidad con lo establecido en el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y la realización de las obras e instalaciones necesarias para la ejecución de esta Conexión, siendo en estos supuestos de aplicación lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 8 de Reglamento del Sector Ferroviario.

Segundo.

ADIF se subrogará en todos los contratos que hayan sido licitados o adjudicados por la Dirección General de Ferrocarriles del Ministerio del Fomento para la redacción y aprobación de los proyectos pendientes, para ejecución de las obras, para el seguimiento de las obras de esta infraestructura y para apoyo de expropiaciones, en la situación administrativa en la que se encuentren a la firma de esta Resolución.

Tercero.

La dirección facultativa para la ejecución de las obras, de los contratos de asistencia asociados y de los proyectos en curso se llevará a cabo por los funcionarios de la Dirección General de Ferrocarriles que al efecto ésta designe, siendo su conformidad necesaria para dar por recibidas las obras y proyectos conforme a los pliegos contractuales suscritos, pudiendo ser de cuenta de la entidad pública empresarial los gastos por las comisiones de servicios.

La Resolución será de aplicación a partir del día siguiente al de su firma.

Madrid, 11 de mayo de 2012.–El Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Rafael Catalá Polo.