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Documento BOE-A-1999-5190

Resolución de 8 de febrero de 1999, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por don José Luis Ruiz Castro, contra la negativa del Registrador de la Propiedad de San Bartolomé de Tirajana número 2, don Gonzalo Aguilera Anegón, a inscribir un testimonio de auto de adjudicación en virtud de apelación del recurrente.

Publicado en:
«BOE» núm. 53, de 3 de marzo de 1999, páginas 8591 a 8592 (2 págs.)
Sección:
III. Otras disposiciones
Departamento:
Ministerio de Justicia
Referencia:
BOE-A-1999-5190

TEXTO ORIGINAL

En el recurso gubernativo interpuesto por el Letrado don Adolfo Llamas

Sánchez, en nombre de don José Luis Ruiz Castro, contra la negativa

del Registrador de la Propiedad de San Bartolomé de Tirajana

número 2, don Gonzalo Aguilera Anegón, a inscribir un testimonio de auto

de adjudicación en virtud de apelación del recurrente.

Hechos

I

El 20 de mayo de 1981, mediante escritura autorizada por el Notario

de vecindario don Vicente Rojas Mateos, "Edificios Barbados, Sociedad

Anónima", constituyó hipoteca a favor de la Caja Postal de Ahorros sobre

varias fincas, entre las que se encontraba la finca registral número 26.067

del Registro de la Propiedad de San Bartolomé de Tirajana (apartamento

tipo C, cuarta planta, del bloque B, del edificio "Barbados de Playa del

Inglés", de dicha localidad), la cual quedó respondiendo de 1.700.000

pesetas de principal, intereses de tres anualidades al 18 por 100 anual y del

30 por 100 de dicho principal para costas y gastos; en total 3.128.000

pesetas. Posteriormente, mediante escritura autorizada el 8 de julio de

1981 por don Juan A. Morell Salgado, Notario de vecindario, don Hendrick

Jacobus Marie Van Os y doña Elisabeth María Van Os, adquirieron por

compra a la entidad referida la finca 26.067, subrogándose en la condición

de deudores de la referida hipoteca. Que en los autos del procedimiento

judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria numero 284/1986,

seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número 18 de los de Madrid,

a instancia de la Caja Postal de Ahorros, contra los señores Van Os, en

reclamación de 1.591.072 pesetas de principal, 763.083 pesetas de intereses

vencidos y 2.100.428 pesetas por tasación de costas y liquidación de

intereses; seguidos todos sus trámites y resultando de la certificación registral

expedida conforme a la regla 4. a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria

la inexistencia de titulares de derechos y acreedores posteriores, se

adjudicó la finca a don José Luis Ruiz Castro, por auto firme de 7 de marzo

de 1994, por el precio de 3.400.000 pesetas. Por providencia de 3 de febrero

de 1995 del Juzgado citado, se aclara el referido auto dictado en el sentido

de que si bien la hipoteca garantiza una cantidad total de 3.128.000 pesetas,

no obstante establecer el artículo 131 de la Ley Hipotecaria, en su regla

17, que el exceso del remate se consigue en establecimiento público

destinado al efecto a disposición de los acreedores, no habiendo acreedores

posteriores en el presente procedimiento, por economía procesal; con

objeto de evitar posteriores demandas judiciales a la actora se procedió a

liquidar los intereses que hasta la fecha se deberán a la actora-acreedora

de don Hendrik Jacobus Marie Van Os y doña Dina Elisabeth María Van

Os, siendo el total reclamado en autos de 3.454.153 pesetas.

II

Presentado testimonio del auto de adjudicación en unión de testimonio

de la referida providencia en el Registro de la Propiedad de San Bartolomé

de Tirajana, fueron calificados con la siguiente nota: "Calificado el

precedente documento teniendo a la vista la escritura de compraventa

autorizada el 27 de junio de 1994 por el Notario de Maspalomas don José

Chafer Rudilla, protocolo 1181, de la que resultan las circunstancias

personales y régimen económico matrimonial del adjudicatario y situación

arrendaticia de la finca a los efectos del artículo 55 de la Ley de

Arrendamientos Urbanos, se suspende la inscripción solicitada porque dada

la naturaleza del procedimiento de ejecución hipotecaria prevista en el

artículo 131 de la Ley Hipotecaria sólo la parte del crédito del actor que

esté garantizada por la hipoteca ejecutada puede ser pagada con arreglo

al precio del remate; el resto deberá obtenerlo el acreedor por la vía

oportuna, pero, en ningún caso, como ha ocurrido en el procedimiento a que

se refiere el precedente documento, con cargo al sobrante del precio del

remate, por más que el mismo, a falta de otros interesados correspondiere

al deudor (artículo 131, reglas 5. a , 15. a , 16. a y 17. a de la Ley Hipotecaria).

No se ha solicitado anotación de suspensión. Contra la presente nota de

calificación el interesado puede interponer recurso gubernativo ante el

excelentísimo señor Presidente del Tribunal Superior de Justicia de

Canarias, con apelación, en su caso, ante la Dirección General de los Registros

y del Notariado, en el plazo de cuatro meses a contar de la fecha de

la presente nota, en la forma y demás requisitos señalados en los

artículos 112 y siguientes del Reglamento Hipotecario. San Bartolomé de Tirajana,

4 de marzo de 1995. El Registrador, Gonzalo Aguilera Anegón".

III

El Letrado don Adolfo Llamas Sánchez, en representación de don José

Luis Ruiz Castro, interpuso recurso gubernativo contra la anterior

calificación y alego: Que el artículo 100 del Reglamento Hipotecario limita

las potestades del Registrador de la Propiedad a los términos que el mismo

establece. Así pues, cualquier otro examen o tacha intrínseca del

documento judicial le está expresamente vedado. Que es constante la doctrina

contenida en las Resoluciones de 21 de octubre, 2 y 13 de febrero

de 1992, 17 de julio de 1989, 15 de julio de 1988, y 18 de noviembre

de 1986, entre otras. La calificación recurrida alega como únicos

argumentos los contenidos en las reglas 5. a , 15. a , 16. a y 17. a del artículo 131

de la Ley Hipotecaria, sin especificar en qué términos han sido vulnerados.

Que es más ajustada a derecho la providencia del Secretario judicial. Que

la doctrina de la Dirección General de los Registros y del Notariado dice

que sólo en caso de incompetencia judicial, o cuando pudiera producirse

indefensión para los titulares registrales no partícipes en el pleito seguido,

cabría la intervención del Registrador para desoír el mandato judicial.

IV

El Registrador de la Propiedad, en defensa de su nota, informó: 1. o Que

la calificación de los documentos judiciales viene establecida en el

artículo 100 del Reglamento Hipotecario. Que dentro de la expresión "obstáculos

que surjan del Registro", y según la doctrina de la Dirección General de

los Registros y del Notariado, encuentra fundamento la calificación por

el Registrador de aspectos del proceso, tales como las que se recogen

en la nota de calificación, sin que suponga extralimitación alguna, pues

su finalidad se orienta a garantizar la defensa del titular inscrito

(Resoluciones de 30 de junio de 1989, 27 de julio de 1988 y 30 de enero

de 1987). Que en lo que se refiere a la congruencia del mandato con el

procedimiento o juicio en que se hubiere dictado hay que decir que se

trata de la correspondencia o adecuación entre lo que ordena el Juez

o Tribunal que expide el mandamiento y la naturaleza objeto y trámites

del procedimiento o juicio de que aquél dimana (confróntense Resoluciones

de 16 de febrero de 1988, y 20 de marzo y 28 de septiembre de

1968). 2. o Que facultado el Registrador, sin extralimitación de sus

funciones, para la calificación de la consignación o no del sobrante (artículo

131, reglas 15. a , 16. a y 17. a de la Ley Hipotecaria y Resoluciones citadas)

habrá que plantearse si tal calificación, además, puede extenderse a la

averiguación en relación con el contenido de los asientos registrales de

la existencia o no de sobrante y su cuantía, y ello a pesar de la propia

dicción de la resolución judicial. En este sentido, es fundamental la

Resolución de 27 de julio de 1988. 3. o Que el principio genérico establecido

en el artículo 104 de la Ley Hipotecaria tiene su momento culminante

cuando se hace efectiva dicha disposición por el incumplimiento de la

obligación garantizada y se realiza la hipoteca mediante el ejercicio de

la acción real hipotecaria, a través del procedimiento judicial sumario

del artículo 131 de la Ley Hipotecaria (artículo 129 de la Ley Hipotecaria).

Que hay que señalar lo que dice la Resolución de 17 de junio de 1950

y la sentencia del Tribunal Supremo de 8 de junio de 1948. Por tanto,

en el ejercicio de la acción real hipotecaria a través del procedimiento

judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, sólo podían ser

reclamadas las cantidades efectivamente garantizadas con la hipoteca que

se ejercite (confróntese regla 15. a del citado artículo 131) y de una forma

no comunicante, como pusieron de relieve las Resoluciones de 19 de febrero

y 15 de marzo de 1935, que ha corroborado la de 27 de julio de 1988,

y, además, con toda claridad y precisión lo afirma la Resolución de 27

de julio de 1988. 4. o Que siendo la cantidad reclamada por principal

la de 1.591.072 pesetas y por intereses la de 763.083 pesetas, y si, de

acuerdo con lo expuesto, la cantidad a reclamar por costas no puede

exceder de 510.000 pesetas (30 por 100 de principal), ni comunicarse a otros

conceptos que no agoten sus respectivas cantidades garantizadas, quiere

ello decir que el total objeto de reclamación dentro del judicial sumario

de este procedimiento asciende a la cantidad de 2.864.155 pesetas, por

lo que, siendo el precio de adjudicación de 3.400.000 pesetas, existe un

sobrante de 535.845 pesetas, que deberá ponerse a disposición de quien

corresponda (propietario de la finca, no habiendo acreedores posteriores),

constituyéndose entre tanto en depósito en el establecimiento público

destinado al efecto (artículo 131, regla 16. a , de la Ley Hipotecaria). Que la

providencia aclaratoria viene a reconocer la existencia de

sobrante. 5. o Que la circunstancias de no existir acreedores posteriores no

exime de la consignación del sobrante para su entrega al deudor o al

propietario, como afirma la Resolución de 27 de julio de 1988, que viene

a reiterar lo puesto de manifiesto en la Resolución de 27 de noviembre

de 1961.

V

El ilustrísimo señor Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia

número 18 de los de Madrid informó: Que parece más razonable conforme

al artículo 24 de la Constitución Española que, si el acreedor hipotecario

tiene derecho a que se satisfaga su crédito por entero, incluido todos

los intereses devengados hasta su total ejecución con las costas procesales

y demás gastos, y ello es posible en el mismo procedimiento sin perjudicar

a terceros ni al deudor, de existir un sobrante no hay inconveniente en

satisfacerle con la cantidad trabada. El Registrador no debe impedir la

inscripción del documento judicial en que se adjudica la finca, según auto

de 7 de marzo de 1994, al no vulnerarle la finalidad perseguida con

principios de eficacia y protección del derecho inscrito que protege el

Registrador (sentencias de la Audiencia Provincial de Córdoba, Sección Segunda,

de 7 de octubre de 1992 y de la Audiencia Provincial de A Coruña, Sección

Cuarta, de 17 de junio de 1993).

VI

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias confirmó

la nota del Registrador fundándose en las Resoluciones de 28 de enero

de 1987 y 27 de julio de 1988.

VII

El Letrado recurrente apeló el auto presidencial, manteniéndose en

sus alegaciones, y añadió que la realización por parte del señor Registrador

de cálculos matemáticos de cantidades cubiertas por la garantía, no

contempladas en la resolución judicial, se entiende que sobrepasa las

facultades de calificación y supondría una intromisión en las facultades de

revisión de los actos judiciales que corresponden a la jurisdicción ordinaria.

Fundamentos de Derecho

Vistos los artículos 1.348 y 1.857 del Código Civil; 9, 17, 104, 114,

131 y 132 de la Ley Hipotecaria, y 126, 129, 131, 175 y 225 a 233 de

su Reglamento, y las Resoluciones de este centro directivo de 20 de octubre

y 11 de diciembre de 1984, 14 de febrero y 15 de marzo de 1985, 23

de octubre de 1987, 17 de marzo de 1994, y 11 de febrero de 1998 y

15 de enero de 1999.

1. o Es objeto del presente recurso dilucidar si es inscribible un auto

de adjudicación en procedimiento judicial sumario de ejecución hipotecaria

en el que se despachó la ejecución por una cantidad superior a la

garantizada por la hipoteca y no existiendo titulares de derechos posteriores;

el sobrante sobre la cantidad garantizada se entregó al acreedor ejecutante

por economía de procedimiento.

2. o Sin entrar en el tema de cual ha de ser el destino que se dé

al sobrante en una ejecución hipotecaria, y como dicen las Resoluciones

de esta Dirección General de 11 de febrero de 1998 y 15 de enero

de 1999, si bien es cierto que la indebida extensión de la reclamación

inicial crea ambigüedad sobre la cantidad que el propietario de la finca

hipotecada debe desembolsar para conseguir el sobreseimiento del

procedimiento o la que los terceros titulares de cargas posteriores han de

abonar si quieren subrogarse en la posición jurídica del acreedor satisfecho

y continuar o paralizar las actuaciones, no lo es menos que si se tiene

en cuenta: a) Que en el caso debatido una parte de la cantidad incluida

en la reclamación inicial (el principal y los intereses remuneratorios

garantizados) es fundamento suficiente para el ejercicio de la acción hipotecaria;

b) que, pese a la ambigüedad referida, el propietario de la finca hipotecada

o los terceros titulares de cargas posteriores pueden exigir desde el

principio (que deben ser requeridos o notificados al inicio del procedimiento)

la concreción de la ejecución a la cantidad garantizada o la paralización

de las actuaciones, abonando exclusivamente esta última

cantidad; c) que el Registrador no podrá acceder a la cancelación de los

asientos posteriores a la hipoteca ejecutada si no consta que el exceso

del precio de remate sobre la cantidad garantizada ha sido debidamente

depositado; d) la posición restrictiva de la Ley Orgánica del Poder

Judicial en torno a la nulidad de actuaciones (confróntese artículo 238) debe

rechazarse el criterio del Registrador, pues, en definitiva, la relevancia

de la cuestión no transciende a la eficacia de la enajenación realizada,

sino al destino del precio obtenido, lo que obstaculizaría la actuación

registral cancelatoria, que no existe en el presente caso.

Esta Dirección General ha acordado estimar el recurso interpuesto,

con revocación del auto presidencial y la calificación del Registrador.

Madrid, 8 de febrero de 1999.-El Director general, Luis María Cabello

de los Cobos y Mancha.

Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Su perior de Justicia de Canarias.

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