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Vista la propuesta del Instructor del

expediente 7/2002 SGPIIPP, sobre exigencia de reintegro

de cantidad, relativa a notificación de la Resolución

de 12 de agosto de 2002, recaída en el antecitado

expediente, esta Dirección General de Instituciones

Penitenciarias,

Ha resuelto notificar a don Felipe Navas Miguel,

la parte dispositiva de la mencionada Resolución,

mediante la inserción del siguiente edicto en el

"Boletín Oficial del Estado":

Edicto: No siendo posible notificarle a don Felipe

Navas Miguel, que ostentó la condición de

funcionario del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones

Penitenciarias, procede en cumplimiento de lo

prevenido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, notificarle, y se le notifica, la

parte dispositiva de la Resolución de 12 de agosto

de 2002 del Director general de Instituciones

Penitenciarias.

Resolución:

1. Emplazar a don Felipe Navas Miguel para

que proceda al reintegro voluntario de la cantidad

de seis mil cuatrocientos noventa y seis euros con

noventa y un céntimos de euro (6.496,91),

equivalentes a un millón ochenta mil novecientas

noventa y cinco pesetas (1.080.995 pesetas), de

conformidad con lo dispuesto en el punto segundo de

la Orden de 10 de mayo de 1998, del entonces

Ministerio de Economía y Hacienda, sobre

tramitación de reintegros.

2. Que de no obtener del Ministerio de

Hacienda el pago fraccionado de la deuda y no efectuar

el reintegro aludido se procederá a notificar estos

extremos en el plazo de un mes a la Dirección

General del Tesoro y Política Financiera, al objeto

de que por ese Centro Directivo se inicie el

expediente económico-administrativo que resulte

procedente, conforme a lo señalado en la Orden de 10

de mayo de 1988, antes citada.

La presente Resolución, que pone fin a la vía

administrativa, de conformidad con el artículo 116

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, podrá ser

recurrida potestativamente ante esta Dirección

General mediante la interposición de recurso de

reposición en el plazo de un mes, contado a partir

del día siguiente a su notificación, o ser impugnada

directamente ante el Tribunal Superior de Justicia

de Madrid o el del domicilio del interesado, a su

elección, pudiendo interponerse, en este caso,

recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos

meses a contar desde el día siguiente al de su

notificación.

Madrid, 25 de septiembre de 2002.-El Director

general de Instituciones Penitenciarias, Angel Yuste

Castillejo.-43.116.