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Por Resolución de 26 de julio de 2002 se acordó iniciar a la entidad

Mapfre Seguros Generales, Compañía de Seguros y Reaseguros, expediente

de revocación de la autorización administrativa concedida, para realizar

la actividad aseguradora en los ramos de vehículos marítimos, lacustres

y fluviales, mercancías transportadas (comprendidos los equipajes y demás

bienes transportados) y caución, ramos números 6, 7 y 15 de la clasificación

de los riesgos por ramos establecida en la disposición adicional primera

de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de

los Seguros Privados.

Dicho acuerdo se adoptó al considerar que el volumen de primas

devengadas por la entidad durante los ejercicios 2000 y 2001 no había superado

los importes mínimos que establece el artículo 81.1.4.o del Reglamento

de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por Real

Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, y que dicha circunstancia está

incluida como causa de revocación de los mencionados ramos, conforme

a los artículos 25.1.b) de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, y 81.1.2.o del

Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 84.2 de la Ley 30/1992, de

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común, el 26 de julio de 2002, se

concedió a la entidad un plazo de quince días para que se formulasen

las alegaciones que se estimasen oportunas.

La entidad no ha efectuado alegaciones referentes a este punto.

El artículo 25.1.b) de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, dispone que

el Ministro de Economía revocará la autorización administrativa concedida

a las entidades aseguradoras cuando la entidad aseguradora no haya

iniciado su actividad en el plazo de un año o cese de ejercerla durante un

período superior a seis meses. A esta inactividad, por falta de iniciación

o cese de ejercicio, se equiparará la falta de efectiva actividad en uno

o varios ramos, en los términos que se determinen reglamentariamente.

De acuerdo con los datos reflejados por la entidad en la documentación

estadístico-contable remitida a la Dirección General de Seguros y Fondos

de Pensiones se desprende que el volumen de primas devengadas (seguro

directo y reaseguro aceptado) en los referidos ramos no parece superar

los importes mínimos que establece el artículo 81.1.4.o del Reglamento

de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados en los ejercicios

2000 y 2001.

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente, al amparo de lo

dispuesto en el artículo 25.1.b) de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre,

de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, y en el artículo

81.1.2.o del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros

Privados, aprobado por Real Decreto 2486/1998, y demás disposiciones

aplicables al efecto, he resuelto:

Primero.-Revocar a la entidad Mapfre Seguros Generales, Compañía

de Seguros y Reaseguros la autorización administrativa para el ejercicio

de la actividad aseguradora en los ramos de vehículos marítimos, lacustres

y fluviales, mercancías transportadas (comprendidos los equipajes y demás

bienes transportados) y caución.

Segundo.-Inscribir en el Registro administrativo de entidades

aseguradoras el acuerdo de revocación de la autorización administrativa

concedida a la entidad Mapfre Seguros Generales, Compañía de Seguros y

Reaseguros para el ejercicio de la actividad aseguradora en los ramos

citados anteriormente.

Contra la presente Orden ministerial, que pone fin a la vía

administrativa, de conformidad con lo previsto en el artículo 109 de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común y disposición adicional

decimoquinta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y

Funcionamiento de la Administración General del Estado, se podrá interponer

con carácter potestativo recurso de reposición, en el plazo de un mes,

contado a partir del día siguiente a la notificación de la misma, de acuerdo

con los artículos 116 y 117 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Asimismo, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante

la Sala de Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, en el

plazo de dos meses, a partir del día siguiente a su notificación, de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 11.1. a), 25 y 46 de la Ley

29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción

Contencioso-Administrativa.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.

Madrid, a 4 de noviembre de 2002.-El Ministro.-P. D. (Orden

ECO/2489/2002, de 3 de octubre, "Boletín Oficial del Estado"

del 10), el Secretario de Estado de Economía, Luis de Guindos Jurado.

Ilma. Sra. Directora general de Seguros y Fondos de Pensiones.