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Declarada la entidad en estado legal de suspensión de pagos, por Auto

del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Barcelona de 27 de abril

de 1987, se probó el Convenio de Acreedores que puso fin a dicho

procedimiento. En dicho convenio se constituyó una Comisión de acreedores

que en virtud de las competencias que el mencionado Auto le confería

adoptó, con fecha 29 de octubre de 1987, el acuerdo de proceder a la

disolución y liquidación de la entidad "Médica del Carmen, Sociedad

Anónima".

A pesar de los reiterados requerimientos de la Dirección General de

Seguros y Fondos de Pensiones a los liquidadores de la misma, no consta

hasta la fecha la finalización de las operaciones de liquidación de la citada

entidad.

Por su parte, los artículos 27.3 y 31.1c) de la Ley 30/1995, de 8 de

noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, prevén

el retraso en la liquidación como circunstancia en la que el Ministerio

de Economía puede acordar el cese de los liquidadores y encomendar

la liquidación a la Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras.

En virtud de lo anteriormente expuesto, y de los antecedentes que

constan en el expediente tramitado por la Dirección General de Seguros

y Fondos de Pensiones y con arreglo a lo previsto en los artículos 27.3

y 31.1.c) de la Ley 30/1995, he resuelto acordar el cese los liquidadores

de la entidad "Médica del Carmen, Sociedad Anónima", y encomendar la

liquidación de la misma a la Comisión Liquidadora de Entidades

Aseguradoras, regulada en los artículos 29 y siguientes de la citada Ley.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, de

conformidad con lo previsto en el artículo 109 de la Ley 30/1992, de 26

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y

del Procedimiento Administrativo Común y disposición adicional

decimoquinta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento

de la Administración General del Estado, se podrá interponer con carácter

potestativo recurso de reposición en el plazo de un mes, contado a partir

del día siguiente a la notificación de la misma, de acuerdo con los

artículos 116 y 117 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Asimismo

se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de

lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de

dos meses, a partir del día siguiente a su notificación, de conformidad

con lo dispuesto en los artículos 11.1.a), 25 y 46 de la Ley 29/1998,

de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 16 de octubre de 2002.-El Ministro, P. D. (Orden

ECO/2489/2002, de 3 de octubre, "Boletín Oficial del Estado" del 10), el

Secretario de Estado de Economía, Luis de Guindos Jurado.

Ilma. Sra. Directora general de Seguros y Fondos de Pensiones.