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Vista la sentencia dictada por la Sala de lo Penal del Tribunal

Supremo en recurso de casación número 2466/1999 de la dictada

en la Audiencia Provincial de Navarra con el número 67, de 31

de marzo de 1999, en la que se condena a la recurrente doña

María José Rubio Pérez, entre otras, a las penas de seis años

de prisión menor con sus correspondientes accesorias legales de

inhabilitación absoluta por diez años como autora de un delito

continuado de malversación de caudales públicos y a la de tres

años de prisión menor e inhabilitación especial para cargo público

de Habilitada por seis años como autora de un delito continuado

de fraude.

Visto el artículo 3.7.d) y 2 de la Ley Articulada de Funcionarios

Civiles del Estado, de 7 de febrero de 1964, en redacción dada

por la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, que preceptúa que la

condición de funcionario se pierde en virtud de pena principal

o accesoria de inhabilitación absoluta y también cuando recaiga

pena principal o accesoria de inhabilitación especial en el ejercicio

de las funciones correspondientes al puesto de trabajo o empleo

relacionado con esta condición, especificado en la sentencia.

Visto que la sentencia referida dictada en casación por la Sala

de lo Penal del Tribunal Supremo en relación con la norma

anteriormente citada, determinan la pérdida de la condición de

funcionaria de la inculpada sin que la misma pueda ser considerada

como una sanción de carácter disciplinario, sino como una mera

consecuencia de la ejecución de la pena impuesta en la jurisdicción

penal.

Vista la atribución de competencias establecida por el

artículo 34 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre,

Acuerdo dar cumplimiento a la sentencia dictada en casación

por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y, en consecuencia,

declarar la pérdida de la condición de funcionaria del Cuerpo

General Administrativo de la Administración del Estado, de doña María

José Rubio Pérez, con la anotación correspondiente en el Registro

de Personal y notificación a la interesada.

Madrid, 18 de febrero de 2002.

POSADA MORENO